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El modelo de pronóstico del coronavirus realizado por el Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington acaba de cambiar sus proyecciones asegurando que pueden morir hasta 134 mil personas a consecuencia de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, cerca del doble de lo que estimaban hasta la mañana de hoy que eran 72.433 fallecimientos.

El pronóstico de la Universidad de Washington ha sido frecuentemente citado por la Casa Blanca y es uno de los más respetados en el país. Esta nueva y desalentadora cifra se suma a los dichos del Presidente Donald J. Trump anoche en los que afirmó que la cifra de fallecidos pudiera elevarse a 90 mil. Algunos allegados a la administración Trump, como la doctora Deborah Birx, del comité oficial de coronavirus de la Casa Blanca, han ido más allá declarando que esperan que la cifra de muertos oscile entre 100 mil y 240 mil estadounidenses.

¿Qué ha cambiado que hace que todos estimen que la cifra de muertos será sustancialmente superior a lo que creían hasta ahora? Según la Universidad de Washington la diferencia es que comenzando mayo pudieron comprobar que apenas se relajaran un poco las reglas de la cuarentena, la gente no estaría respetando rigurosamente el distanciamiento social. Además se espera que con el correr de los días aumente la movilidad entre estados y esto pudiera convertirse en otro foco de contagio.

El doctor Ali Mokdad, uno de los autores del estudio que da pie a la proyección del IHME, ha dicho en dialogo con varios medios comunicación que se ha podido comprobar ya que las fases incipientes de reapertura están generando más contagios ?de acuerdo a datos preliminares, para las cifras oficiales habrá que esperar dos semanas-, sobre todo en el medio-oeste del país, pero sin descartar estados con mucha población como Florida, Nebraska, Colorado, Indiana y Carolina del Sur, donde comenzó el proceso de reapertura. Según explica, esto se traducirá en mayor cantidad de gente fallecida.

Otro factor que el pronóstico ha tenido en cuenta es lo que ellos denominan como la «cola de muertes», es decir, puede empezar a haber menos contagios pero eso no significa que inmediatamente van a disminuir los fallecimientos. En promedio, los contagiados de COVID19 que terminan muriendo tardan cuatro semanas entre ser diagnosticados y el fatal desenlace. Eso hace que el recuento de personas fallecidas vaya mucho más lento que el de contagiados. Según estos expertos, hasta ahora no habían considerado el porcentaje real de fallecidos porque recién ha pasado poco más de un mes desde la explosión de contagios en Estados Unidos.

En línea con esta hipótesis de la Universidad de Washington están los números que maneja la Casa Blanca. Según ha publicado el periódico The New York Times, un documento de la administración Trump detalla que para la semana del 1 de junio se espera que haya un promedio de 3000 muertes en todo el país. Hasta hoy el promedio es de 2000 fallecidos por semana, de acuerdo con los datos otorgados por la Universidad Johns Hopkins.

Números nada alentadores en un país que lleva ya seis semanas paralizado y cuya población está ansiosa por salir a la calle. 31 estados han flexibilizado sus reglas de confinamiento estos primeros días de mayo. A lo largo y ancho del país hemos visto mucha gente hacer uso y abuso de las nuevas reglas sociales. Desde las playas de California donde se acumularon centenares de personas, hasta los parques en Miami Beach donde tuvieron que dar marcha atrás con la reapertura porque miles de personas se negaban a usar máscaras.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, subrayó este domingo que es un “hecho de soberanía” incluir en las estadísticas nacionales la cantidad de casos de Coronavirus de las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña.

Los casos en Malvinas son cinco (de acuerdo a la información oficial) y este domingo fueron contabilizados por primera vez con el resto de los de la provincia de Tierra del Fuego.

Esta decisión “va a pesar, va a valer” en las discusiones por el archipiélago, subrayó al respecto el Intendente Pérez.

“Ha sido una decisión muy positiva e importante del Gobierno nacional; claramente celebramos porque es un hecho de soberanía que la Argentina contabilice como propios a los contagiados de Covid-19”, enfatizó.

De acuerdo al parte matutino de este domingo, en Tierra del Fuego son 91 al momento, cinco de los cuales corresponden a las islas. Contabilizarlos implica “una presencia argentina y el principio soberano”, insistió el Intendente de Río Grande.

“El pueblo de Tierra del Fuego celebra esta decisión, por historia, por cercanía, por vínculo y porque Malvinas es parte de la provincia”, sentenció.

Finalmente, reconoció que esto puede “no ser una decisión del todo aceptada por los isleños -pero- es acertada la decisión del Gobierno y tal vez al final de esta larga película va a pesar, va a valer”.

La Fundación Salud sin Obstáculos (FUSSO) denuncia que sólo conocemos los datos brindados por el INDEC que nos informa que la pobreza y la indigencia van en aumento.

A través de un comunicado desde FUSSO indican que “Lo que resalta y predomina en nuestra provincia es la indiferencia, ineptitud y/o la crueldad, mostrada por los gobernantes para abordar esta problemática. Al respecto existe mucha hipocresía y mentiras, esto está provocando un gran daño a numerosas personas, (sobre todo a niños y ancianos) por ello es necesario poner blanco sobre negro en algunos aspectos:

La información con la que se cuenta para evaluar el estado nutricional de la población es prácticamente nula. Sólo conocemos los datos brindados por el INDEC que nos informa que la pobreza y la indigencia van en aumento, que en el tercer trimestre del año 2019 en Trelew y Rawson habían 53.931 personas por debajo de la línea de la pobreza y 10.579 indigentes. 37.53%; 7.4%. de la población total respectivamente. En Comodoro Rivadavia ha sido menor.

En este aspecto cabe señalar que entran en la categoría de indigentes las personas cuyos ingresos son inferiores a una canasta básica alimentaria. Para decirlo en un lenguaje sencillo, que están pasando hambre.

Ahora bien, si la alimentación es insuficiente, hay que pensar que muchos de ellos están desnutridos, pero, ¿Cuántos son? ; ¿Qué grado de desnutrición tienen?. Estos datos no han sido investigados por las autoridades provinciales ni municipales.

¿Es por decidía? ; ¿Por vergüenza?. Debe ser por ambas cosas.

Los funcionarios municipales y provinciales en sus discursos nos quieren hacer creer que el hambre y la desnutrición es un tema que a ellos no les compete, siempre se defienden deslindando responsabilidades en “la Nación “que recortó los programas….,o que las partidas de alimentos no las envía en tiempo y forma….. o las envía en forma insuficiente…… o que las dejó de enviar…” etc., etc, y si esto no convence por último descargan la culpa cruelmente en los mismos carenciados.

Todo sirve a la hora de defenderse, pero es indefendible, ya que tienen la obligación constitucional de atender las necesidades nutricionales de quienes no puedan adquirir sus alimentos, además deberían recordar que muchos de esos ciudadanos hambrientos son los mismos que los votaron para que gobiernen esta provincia, pero, por supuesto.. Para que lo hicieran con equidad!!.

Uno puede observar sin esmerarse demasiado, la manera infame e imperdonable que aquellos que tienen la obligación de garantizar al pueblo ese mínimo de dignidad que representa poder comer todos los días, gastan fortunas en gastos superfluos. A estos mismos funcionarios encima tenemos que soportarlos a diario, que en sus discursos se muestren sensibles y expresen conocer la realidad del pueblo que sufre. No hay dudas son unos hipócritas.

Estos funcionarios ineptos e insensibles deberían dejar de hacer política de atrás de un escritorio y deben empezar a caminar los barrios, a hablar con los que tienen hambre, a conocer a la gente, porque la política social se hace todos los días en la trinchera, si así lo hicieran tendrían la ocasión de observar como niños y adultos, recurren cada vez en mayor número a los contenedores y tachos con desperdicios para poder alimentarse.

También podrían escuchar a representantes de distintas instituciones de nuestro medio que están en contacto con la gente de los barrios periféricos (junta vecinales, cooperadoras, Iglesias, etc.), ellos si, que están al tanto de las innumerables personas que sufren a diario la inseguridad alimentaria.

Siendo Chubut una provincia tan rica, que tiene tantos recursos, así como buena infraestructura para llevar a cabo acciones y programas de alimentación, con lo cual sin demasiado esfuerzo se podría erradicar la desnutrición. ¿Entonces, Cómo es posible que haya cada vez más hambre?

Esta es la pregunta que me hace hervir de indignación. La respuesta la encuentro en la insensata crueldad, implementada en las políticas del área social, que por convicción o por ineptitud, siguen dominando el pensamiento gubernamental.

Esta es la situación. La sociedad civil tiene que luchar para que cualquier otro proyecto oficial pase a segundo plano, frente a la urgencia de salvar a nuestros niños y a nuestro pueblo. Se requerirá utilizar apenas una pequeñísima parte de los millones de pesos que se están destinando a gastos menos prioritarios o innecesarios.

Debe quedar bien claro, que la desnutrición es evitable y fácilmente curable y que el hambre debe y puede terminar ya. No se debe esperar.

Dr. Fernando Urbano. Pediatra y Especialista Universitario en Medicina Sanitaria. Presidente de la Fundación FUSSO.

Sobre un total de 1.070 reclamos callejeros que se produjeron durante 2018 en toda la Patagonia. Chubut registró 209 manifestaciones de ese tipo y el país un total de 5.857. El epicentro de los reclamos estuvo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia homónima.

Recesión económica y un gobierno débil en un año electoral decisivo anticipan lo que será el 2019 para la protesta social; un escenario donde los reclamos de la gente, cansada de aumentos y recortes, se reflejaría en las calles.

Solo el último año hubo 5.857 piquetes en todo el país, según indica el último informe del sitio Diagnostico Político, y del total el 18% tuvieron lugar en alguna ciudad de la Patagonia.

El número global de Argentina marca un aumento del 12% a comparación de 2017, pero dista de los 6805 bloqueos que hubo en 2014, año record de la última década.

En la Patagonia hubo 1.070 piquetes de todo 2018. La provincia donde se registraron mayor cantidad de reclamos fue Neuquén con 292. Santa Cruz con 273 también registró un número alto, y en tercer lugar se ubicó Río Negro con 292.

¿Qué pasó con Chubut? en esta provincia hubo 209 piquetes en todo el año. Mientras que en Tierra del Fuego solo se registraron 70.

Un pais en conflicto

El informe de Diagnostico Político marca en parte la conflictividad social que existe en el país más allá del gobierno de turno. Los registros indican que en los últimos siete años siempre hubo más de 5000 piquetes, y si se cuenta la década completa el número asciende a 50.654.

En el análisis distrito por distrito, la provincia de Buenos Aires tuvo 1269 cortes, con una suba de 11% respecto a 2017. En segundo lugar se ubicó Capital Federal que tuvo su año record de la última década con 1076 y un importante aumento de 21% respecto al año anterior.

Otras provincias con número de bloqueos relativamente alto fueron: Santa Fe con 379 y Misiones con 253.

Mientras que la jurisdicción menos conflictiva fue San Luis (17), como el año anterior, y cerca se ubicaron Santiago del Estero (24), San Juan (31) y La Rioja (32).

En análisis nacional indica que la mayor cantidad de piquetes fueron realizados por trabajadores estatales que protagonizaron 1343 reclamos, impulsados principalmente por el escaso incrementó en los sueldos, paritarias con techo y el recorte de puestos de trabajo.

Luego se ubicaron las organizaciones sociales con 1313 piquetes y tercer lugar las organizaciones políticas partidarias que concentraron 865 reclamos, por delante de trabajadores privados que aumentaron su disconformidad en el último año.

El Comodorense

Lo revela un informe de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad, publicado este martes por el diario La Nación. En 2017 se registraron 3.921 denuncias por abuso sexual con acceso carnal, 6% más que el año anterior. En Chubut hubo 121 casos.

Según el último informe de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad, publicado este martes por el diario La Nación, en 2017 se registraron 3.921 denuncias por abuso sexual con acceso carnal, un 6% más que el año anterior. La cifra es la más alta desde que se tiene registro y representa 11 violaciones por día en el país.

Un análisis federal realizado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), demuestra que ninguna provincia queda exenta de este delito. Si se tiene en cuenta la proyección poblacional elaborada por el INDEC, los distritos con las cifras más altas de violación son: Misiones, Salta y Chubut con una tasa que supera las 20 víctimas cada 100.000 habitantes. Entre Ríos y Neuquén figuran en el otro extremo como las provincias con menor cantidad de denuncias y una tasa de 3,9 y 4,1.

La abogada penalista Raquel Hermida Leyenda explica que la disparidad entre localidades tiene raíz en la cultura patriarcal y machista que predomina en cada una. «No es aleatorio, es ideológico y el abusador sexual es un criminal muy especial que se aloja en lugares determinados que le son de algún modo complacientes a la hora de condenarlo», dice.

Las estadísticas surgen de las denuncias realizadas ante las fuerzas policiales federales y provinciales del país. Y si a los casos de violación se le agrega el resto de los delitos que figuran en el marco normativo contra la integridad sexual como abuso sexual simple, estupro, corrupción de menores y prostitución, la cantidad de afectados asciende a 15.134 en 2017. Se trata de 41 víctimas por día. Pero ese número aún puede ser bajo si se tiene en cuenta que los ataques sexuales denunciados son una minoría.

Según la última Encuesta de Victimización del INDEC, «de los delitos violentos, el menos denunciado es la ofensa sexual, que sólo es reportada en el 12,5% de los casos». Además, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal publicó en su informe sobre la situación de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, que un alto porcentaje de hechos no se denuncian inmediatamente, sino que transcurre un periodo prolongado de tiempo hasta que eso ocurra.

«Hubo un aumento en el número de denuncias, pero todavía hay mucha cifra negra. Para que las mujeres puedan hablar tiene que haber un contexto que lo permita. Está cambiando la cultura en relación a la reacción social hacia la violencia que sufren las mujeres, pero todavía falta», sostiene Sabrina Cartabia, abogada feminista y miembro de Red de Mujeres.

La Nación