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Espionaje ilegal

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Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron procesados por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos, en el marco de la causa en la que se investigan actividades de vigilancia prohibidas realizadas sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, en 2018.

La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, quien además les trabó embargos sobres sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno y les prohibió la salida del país, según consta en el fallo de 172 páginas al que accedió Télam.

En la misma resolución, el magistrado además procesó al exjefe de contrainteligencia del organismo, Martín Coste, a quien también le prohibió la salida del país y le fijó un embargo sobre sus bienes de 700 mil pesos.

El juez sostuvo que en lo que va de la investigación se pudo acreditar que “al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018” el entonces director general de la AFI, Arribas, y la subdirectora, Majdalani, “impartieron órdenes” al procesado exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordinara “un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal”.

Las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido “en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”.

Por su parte, Martín Coste, quien asumió como director de Contrainteligencia en junio de 2018, “conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas”, sostuvo el juez en su resolución.

Los procesamientos fueron dispuestos a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes habían señalado en su dictamen que, de acuerdo con lo investigado, el espionaje ilegal tenía por objetivo detectar la supuesta entrada de bolsos o mochilas con dinero al domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner o al Instituto Patria, y no el de vigilar los perímetros de ambos domicilios ante supuestas amenazas de atentado, en el marco de las cumbres internacionales que se realizaron en Buenos Aires en 2018.

Augé relató además que después de llevar a cabo esas maniobras y tras ser descubiertos, Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, “entre otros funcionarios, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales”.

Esta investigación se inició por una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.

Espoleado por las revelaciones de la Operación Puf, en la que está apuntado como supuesto partícipe de una maniobra para lastimar la causa de los cuadernos de las coimas, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla firmó este martes un escrito en el que pone al día y comunica los límites de su investigación de una supuesta red de espionaje ilegal, identifica 31 supuestas operaciones de inteligencia por parte de una asociación ilícita y enumera a todos los procesados en el caso, los querellantes, quienes pretenden ser aceptados en esa condición y los próximos investigados: el periodista de Clarín Daniel Santoro, a quien este lunes citó a prestar declaración indagatoria, el juez federal Claudio Bonadio y las diputadas y referentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, a quienes «invitó» a «presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles».

El juez responde a la orden de la Cámara Federal de Mar del Plata, que le había indicado que determine «con total claridad y precisión» el «concreto y definitivo objeto procesal» de la causa, que comenzó investigando un supuesto intento de extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest y terminó descubriendo una red de espionaje ilegal cuyos miembros, actos y víctimas no terminaron de aclararse en el transcurso de la instrucción.

Antes que nada, Ramos Padilla anticipa que la resolución de este martes se exponen «algunas consideraciones generales sin ahondar en el análisis y valoración de la prueba de cada uno de los casos particulares que fueron o habrán de ser materia de tratamiento específico en las resoluciones de mérito que corresponda dictar en relación a cada uno de los posibles involucrados.»

El juez sintetiza entonces que «se investiga en estos actuados una organización criminal clandestina que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos y económicos que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros».

Se trata de una organización extensa, de tipo modular,que modificó su composición y despliegue de acuerdo a los distintos tipos de operaciones a desarrollar. Así, sus integrantes entraron en acción conformando distintos grupos, aliándose con terceros, tomando cualquier recurso a su disposición, sin importar su legalidad o ilegalidad».

«Para concretar sus fines delictivos la organización tuvo a su disposición recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los tres poderes del Estado; también se valió de la utilización de periodistas y medios de prensa que fueron claves para el éxito de sus operaciones», sigue la explicación del juez.

En su resumen, Ramos Padilla enumera a todos los procesados y detenidos en la causa -Marcelo Sebastián D’Alessio, Ricardo Oscar Bogoliuk,Norberto Aníbal Degastaldi, Rolando Hugo Barreiro y Juan Ignacio Bidone-;  a quienes fueron aceptados como querellantes -Pedro Etchebest, Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira, Roberto Porcaro, Ricardo Echegaray, Gabriel Traficante, Roberto Baratta, Gonzalo Brusa Dovat, Eduardo Félix Valdés, Gabriel Garcés, Gustavo Vera y Mario Cifuentes-; a los que pidieron esa condición y aún no tuvieron respuesta -entre otros, Aníbal Fernández, Julio De Vido, Hugo Moyano, el narco Ibar Pérez Corradi y el ex camarista Eduardo Freiler-.

El magistrado aclara entonces que «se encuentran querellados el doctor Claudio Bonadio, las legisladoras Paula Oliveto Lago, Elisa Carrió, Mariana Zuvic, y el periodista Daniel Santoro», quien será indagado el 25 de junio. Además, recuerda que el fiscal Carlos Stornelli se mantiene en rebeldía, y que fueron indagadas otras ocho personas sobre quienes aún no se decidió su situación procesal.

Respecto a Bonadio y las legisladoras de la Coalición Cívica, en cambio, el magistrado los «notifica», «haciéndoles saber de su derecho de presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y conducentes».

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla citó a declaración indagatoria al periodista Daniel Santoro en la causa por supuesto espionaje ilegal en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Santoro fue convocado para el próximo 25 de junio a las 11 al juzgado federal de Dolores.

«El imputado no sólo se nutría de la información que le proveía la organización, sino que habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal», sostuvo el juez en el escrito.

Ramos Padilla sostuvo que el periodista «contribuía al desarrollo de los planes ilícitos» de la asociación investigada.

En la causa también está citado a indagatoria el fiscal federal Carlos Stornelli pero no se presentó a declarar amparado en sus fueros.

El mes pasado echaron al jefe de asesores que operaba desde Coordinación. Ahora el blanco de las “filtraciones” fue el propio Marcial Paz.

El Gobernador Arcioni supo navegar en la tormenta y ordenar la interna, al parecer este orden interno continuará después del 9 de Junio en donde con poder propio el primer mandatario termine de ordenar la casa y comience una nueva era «Post Das Neves».

La nueva zaga de audios y videos circulando por whatsapp y las redes sociales vuelve a provocar un tembladeral al precandidato a intendente de Comodoro Rivadavia Marcial Paz y recrea viejas internas que demás está decir quienes son sus actores principales en esta nueva temporada de netflix en Fontana 50.

Una vez más un funcionario deja expuesto a las claras que, lejos de la unidad de criterios y el respaldo mutuo, “en privado” salen a la luz los rencores más profundos. Y nuevamente es la jefatura de gabinete el área más permeable.

Cómo el mes pasado cuando se filtraron en las redes audios del ex jefe de asesores del gobernador (también devenido en vocero oficial) Claudio Blanchart y que le costaron la renuncia, ahora el protagonista es Marcial Paz.

Blanchart operaba como línea directa con Paz y con el propio Arcioni, funcionando en lo operativo ligado al Ministro y el área de Coordinación. En ese ámbito fue grabado y filtrado. Hoy el objetivo es Paz. ¿Espionaje Ilegal en las paredes de Casa de Gobierno? ¿Micrófonos y micro cámaras? ¿o alguién sin códigos políticos que se mueve como los agentes de la DEA?.

Como ocurre en estos casos, las sospechas se disparan para adentro y hacia afuera. ¿Es casual que sea nuevamente Coordinación el objetivo? Se habla también de la existencia de otros audios y hasta de videos comprometedores, algunos que son de vieja data pero que permanecen guardados a la espera de que sea el momento indicado para que vean la luz.

Estos audios y videos ¿podrían generar nuevos cambios en el gabinete? No es novedad que haya ojos sobre el sillón del jefe del gabinete. No hace muchos días circuló hasta el nombre de un posible reemplazante. Lo cierto es que la “oxigenación” (que es el término elegante para utilizar cuando echan a algún alto funcionario) anda dando vueltas y más que “oxigenación” pareciera una “conspiración”. Final abierto para esta nueva temporada de «ROMA» en Fontana 50.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, declaró en rebeldía al fiscal federal Carlos Stornelli luego de que ayer no se presentara a prestar declaración indagatoria, por tercera vez, en el marco de la causa que investiga por los presuntos delitos de «espionaje ilegal» y «extorsión» por la que ya se encuentra detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio.

El fiscal posee fueros, por lo que no podrá ser trasladado por la fuerza publica, ante lo cual el magistrado podría pedir su desafuero ante la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal.

En lugar de Stornelli, ayer en el juzgado de Dolores se apersonó su abogado, Roberto Ribas, quien entregó un escrito en el que  volvió a rechazar el pedido de indagatoria de Ramos Padilla y aseguró que «no se encuentra precedido el último llamado a indagatoria de una debida atención a los planteos formulados por esta parte y que el juez dilatoriamente se empeña en no abordar».

«El fiscal no encuentra garantías en este tribunal. A nuestro juicio, los hechos, de haber ocurrido, son competencia de la Capital Federal. Eso está planteado en diferentes escritos del 18 de febrero, del 28 de febrero, y del 1 de marzo», señaló Ribas.

Se trata de la causa en la que el empresario Pedro Etchebest denunció al detenido falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal por supuesta extorsión. Stornelli hizo dos pedidos de recusación por competencia contra Ramos Padilla y la semana pasada en uno de ellos la Cámara Federal confirmó al juez al frente del caso

 

 

 

 

 

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