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En una denuncia penal que presentaran en la fiscalía en los próximos días lo involucran en maniobras con las cuales se violaba la intimidad de las personas, accediéndose a datos confidenciales. Con esas prácticas, Massoni conocía hasta lo que comían, lo que consumían, hacían o dejaban de hacer aquellos ciudadanos que debían tramitar un permiso para circular y que eran gran parte de la población.

Estos delitos, que por lo general se cometen utilizando la informática, estarían enmarcados en el Artículo 157 bis del Código Penal y tienen penas severas para aquellos funcionarios que los comenten.

El que un funcionario –solapadamente– haga espionaje sobre los ciudadanos y en democracia es muy grave; y más lo es si se suma la utilización de la policía para ir en contra de los derechos de las personas como ocurrió en Trelew y otras ciudades de la provincia con detenciones ilegales, apremios o vejaciones, tal como se lo puso en evidencia en su momento, en esas cuarenta denuncias que todavía no tienen ninguna definición en la Justicia.

Pese a la lentitud que están demostrando los fiscales, el polémico ministro de Seguridad de la provincia debería irse preparando para afrontar más de un proceso penal en su contra y más de un pedido de juicio político buscando su destitución. Revelan en el Poder Judicial que ya se estarían preparando algunas cedulas de notificaciones al respecto.  

Omnipresente. Así es el escándalo que enfrenta el Gobierno del presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada luego de que este viernes 28 de febrero fuera allanada la casa presidencial en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía por un caso de presunto espionaje y acceso ilegal a datos sensibles de personas y organizaciones en todo el país centroamericano.

En el ojo del huracán está la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que fue creada por un decreto publicado el pasado 17 de febrero y que cuatro días después el mismo presidente Alvarado derogó debido a la lluvia de críticas por parte de la oposición y otros sectores, los cuales alegaban la posibilidad de que dicha unidad accediera a datos confidenciales de los ciudadanos.

La polémica se centra específicamente en el artículo 7 del decreto, en el cual se estipula que «las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada secreto de Estado».

El artículo agregaba que «también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD».

Si bien el Gobierno asegura que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabaja en la casa presidencial desde hace 18 meses, el mismo Alvarado reconoció que hubo «errores» en la redacción del texto, por lo cual fue derogado.

El Ejecutivo también asegura que nunca hubo acceso a datos sensibles porque «ese no era el objetivo y porque además las leyes lo impiden». Según el mandatario, su objetivo al derogar el decreto era abrir un espacio de discusión sobre la necesidad de crear una política pública basada en la ciencia de los datos.

La Fiscalía sospecha que se pudo violar la privacidad de los datos  

El ente investigador emitió un documento en el que expone que entre 2018 y 2019 se reveló el nombre de varios funcionarios que «se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal».

Según los investigadores, los allanamientos al palacio presidencial, al Ministerio de Planificación y a algunas viviendas de otros funcionarios, se debe a que «se presume que, entre las labores de este grupo (UPAD), se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto».

En total, las pesquisas se realizan específicamente a ocho personas entre las que se encuentran el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y otros funcionarios cercanos al Gobierno.

Las presuntas amenazas y espionaje contra el vicegobernador Ricardo Sastre y su familia, abrió un nuevo capítulo en la trama secreta de espionaje en Chubut, realizada por agentes de la Policía del Chubut.

El procurador general de la Provincia, Jorge Miquelarena, confirmó a EL CHUBUT que un comisario que le hizo llegar a Sastre por interpósita persona «está involucrado en una causa federal que tramita el juez Canicoba Corral por presunto espionaje contra el gobernador Arcioni».

El juez federal envió a Miquelarena un oficio porque habían detectado que con la IP que estaba bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, habían ingresado a Migraciones para conocer las entradas y salidas del país al gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni.

A partir de ese momento, Miquelarena empezó a recabar información y en paralelo abrió un sumario administrativo porque no existía ninguna causa en donde se lo investigue a Arcioni y en donde haya un pedido a Migraciones sobre la entrada y salida del país por parte del Gobernador.

En el sumario administrativo, de acuerdo a los IP de los dispositivos con los cuales habían entrado a la base de datos, Miquelarena averiguó a quién correspondía esa IP.

Desde Telefónica le brindaron al procurador el nombre y apellido de la persona de donde se registró el IP: era el padre del policía que había actuado como informante del vicegobernador Ricardo Sastre en los recientes hechos por presuntas amenazas, espionaje y persecución.

A partir de ese momento, Miquelarena solicitó que al policía (supuesto informante de Sastre) se le revoque la adscripción. No querían que siga estando en el equipo multidiscplinario del Ministerio Público Fiscal.

Escurridizo 

El fiscal Báez aseguró a EL CHUBUT que después de un trabajo de entrecruzamiento de datos, la Fiscalía de Madryn pudo dar con el policía involucrado en la causa de espionaje contra Arcioni. «No querían que lo encuentre», señaló el fiscal.

Este agente involucrado tanto en la causa de Sastre como en el espionaje a Arcioni, declararía hoy en Fiscalía de Puerto Madryn.

Lo que dijo Cleri 

El fiscal Daniel Báez de Puerto Madryn ya entrevistó a uno de los policías, de apellido Cleri, que le advirtió a Sastre del presunto intento de armado de causas contra él y sus hijos, y en las próximas horas declarará el otro agente de la fuerza de seguridad provincial que le aportó datos similares.

Hasta el momento el único testimonio en la causa que investiga presuntas amenazas y espionaje contra Sastre es uno de los policías de apellido Cleri.

Cleri afirmó que la información se la dio una persona que conoció en 2008 y que lo volvió a ver en 2015 en Casa de Gobierno.

Cleri fue chofer del exministro Coordinador de Gabinete y excandidato a vicegobernador en la fórmula que encabeza Martín Buzzi, Juan Garitano.

Hace dos semanas y media atrás, Cleri le cuenta a Sastre en la ciudad de Puerto Madry que «estaban intentando hacerle una cama a él y sus hijos».

La hipótesis de fiscalía 

La hipótesis de Báez está centrada en estos dos policías y no así en los investigadores del área de Drogas Peligrosas de Puerto Madryn, que fueron los que «accidentalmente» frenaron en la puerta del edificio donde reside el vicegobernador y su familia.

¿Por qué el fiscal apunta a estos dos policías «informantes»? Fundamentalmente porque dos agentes de la fuerza, de distintos lugares, presuntamente sin conocerse y casi al mismo tiempo, advierten a Sastre de la existencia de personas que «querían armarle causas al vicegobernador,» pero también «a sus hijos».

Asimismo, resultó llamativo que los agentes no hayan notificado al Jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, y lo hayan hecho en forma directa y sin filtro con el vicegobernador.

Los policías de drogas peligrosas 

El jefe de Drogas Peligrosas de Puerto Madryn, Sergio Salamín, explicó ante Báez que la causa federal que investigan «viene desde hace tiempo» y exhibió la documentación con todos los antecedentes del caso. El fiscal Daniel Báez pedirá esa información al Juzgado Federal.

Salamín relató ante Báez que el seguimiento que estaban haciendo «viene desde antes de que se hayan estacionado frente a la vivienda del vicegobernador y está documentado», incluso mostró fotos, domicilios y personas.

Según Salamím, el auto que frenó en la casa de Sastre «fue porque el vehículo que estaban siguiendo había parado unos metros adelante».

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, realizó este martes en Sala de Situación de Casa de Gobierno, una conferencia de prensa, en donde se aclaró que en la Provincia del Chubut no existen casos de espionaje de ninguna persona y menos de un político como había denunciado el vicegobernador, Ricardo Sastre, en algún medio de comunicación.

De la conferencia de prensa participaron también el subjefe de Policía, Néstor Gómez Ocampo; los directores de Seguridad, Paulino Gómez y de Policía Judicial, Ricardo Cerda; y el subsecretario de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves.

En el mismo sentido, el funcionario provincial contó que “con respecto a esta causa no puedo decir mucho porque hay un fiscal que está trabajando y sabemos que en el corto plazo vamos a contar con los resultados que van a demostrar lo que venimos sosteniendo”.

Causa de espionaje 

A su vez, Massoni fue categórico en decir que “este tipo de cosas no las vamos a aceptar de ninguna manera, porque en Chubut no hay ningún tipo de espionaje o seguimiento a ninguna persona, y menos a un político. Ni el Gobierno ni la Policía del Chubut se va a prestar a este tipo de cosas”.

Y aclaró: “En caso de que se debiera aplicar este tipo de metodologías, lo vamos a hacer dentro de un legajo fiscal que es lo que corresponde”.

Medidas administrativas 

Asimismo, el Ministro Massoni explicó que “una vez que se finalice con las investigaciones tomaremos las medidas administrativas con respecto a los policías que están siendo culpados de estas prácticas, pero nosotros sabemos que ellos estaban efectuando trabajos en una causa por drogas y creemos que no han cometido ninguna irregularidad, por eso no los hemos apartado de su cargo como han publicado, y lo haremos si realmente se demuestra que son culpables por lo que se los acusa”.

Narcomenudeo 

Por otra parte, el titular dela cartera de Seguridad provincial aprovecho la ocasión para referirse al tema del narcomenudeo. “Estamos trabajando en varios aspectos sobre esta problemática, intentando crear la unidad antinarcóticos”, dijo.

Reunión con la DEA 

En ese marco, Massoni comentó que “ya se ha creado la Subsecretaría de Prevención de los Delitos Financieros y Económicos porque sabemos que todos lo que es el narcotráfico y narcomenudeo tiene mucha relación con movimiento de dinero, por eso tenemos personal especializado”.

“En el día de ayer he tenido una reunión en la Embajada de Estados Unidos con el representante de la DEA Latinoamericana, el cual con todo su equipo en el mes de abril nos estarán visitando en la provincia para empezar un trabajo mancomunado” indicó el funcionario.

Trabajo en conjunto 

Para finalizar, Massoni remarcó que “creemos que este trabajo en conjunto nos va a permitir ser extremadamente efectivo en los golpes que demos, tanto contra el narcotráfico como contra el narcomenudeo, y paralelamente mande un proyecto a los Tribunales Federales de Comodoro Rivadavia para desfederalizar la Ley que contempla estos delitos, que deberá ser debatido por los diputados en profundidad en su debido momento”.

El presidente Alberto Fernández se comunicó con el vicegobernador Ricardo Sastre y le manifestó su apoyo ante su denuncia por supuesto espionaje.

Según publicó Radio libre, el presidente le manifestó su apoyo a Sastre y le dijo que “estos hechos no pueden pasar en democracia”

Radio Libre
@RadioLibreFM
#Primicia
Colega de @LANACION nos cuenta que el presidente @alfedez se comunicó con @ric_sastre por lo ocurrido y se puso a disposición del vice gobernador de #Chubut «Estos hechos no pueden pasar en democracia»

El fiscal federal Franco Picardi imputó este viernes a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a otros tres funcionarios de esa cartera.

Se los acusa de haber montado un plan para favorecer negocios inmobiliarios en el sur del país en perjuicio de las comunidades mapuches.

Además de Bullrich, el fiscal imputó a Pablo Noceti, secretario de Cooperación y ex jefe de Gabinete de esa cartera; Gonzalo Cané, ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, y Gerardo Milman, actual titular de la unidad de coordinación general de dicha cartera.

La causa se inició a raíz de una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Ese organismo acusó a los funcionarios imputados de lanzar un “plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios».

La denuncia repasa los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo como parte de ese supuesto plan en perjuicio de las comunidades mapuches.

Y destaca una serie de notas periodísticas para avalar la supuesta teoría de los negocios inmobiliarios que estarían siendo perjudicados por la causa mapuche. En ese marco, aparece mencionada la designación, en 2016, de Eugenio Indalecio Breard como titular de la Administración de Parques Nacionales.

“Con la llegada al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se inicia un plan sistemático de persecución y lucha contra el mal llamado «problema mapuche» que adquiere envergadura de grandes dimensiones y que culminaría con la muerte de dos jóvenes”, se puede leer en la presentación de la APDH.

En su requerimiento, el fiscal también pide investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con Carabineros de Chile, “para involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del ‘R.A.M.’ una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten”.

Picardi además busca determinar si existió un acuerdo entre los funcionarios para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso en los casos de Maldonado y Nahuel.

En su requerimiento, de unas 80 carillas, el fiscal le sugirió a la jueza María Eugenia Capuchetti una serie de medidas de pruebas como declaraciones testimoniales, la recopilación de documentación y pedidos de colaboración internacional. También aceptó a la APDH como querellante.

La ministra Bullrich publicó un tuit en alusión al requerimiento de Picardi. “Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar”, dice.

La investigación sobre el espionaje a jueces y gobernadores que lleva adelante el juez Rodolfo Canicoba Corral (foto) sumó ahora nuevos nombres. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, los datos de Migraciones permitieron acreditar que se consultaron los movimientos de los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Oscar Domingo Peppo (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut) y Hugo Mario Passalacqua (Misiones).

Los gobernadores cuyos movimientos migratorios fueron consultados son de diferentes signos políticos y entre ellos está el mendocino que pertenece al oficialismo nacional.

A la lista de gobernadores que recibió el juez Canicoba Corral se agregan los nombres de tres legisladores nacionales. Figuran en el listado Agustin Rossi, diputado y jefe de la bancada del Frente para la Victoria, junto al diputado por Santa Fe Alejandro Ariel Ramos (quien fuera secretario de Transporte durante el kirchnerismo) y el diputado por San Luis y ex gobernador de esa provincia Claudio Poggi.

Por el momento, los investigadores no indicaron si se acreditó desde qué usuario ingresaron para conocer los movimientos migratorios de estos dirigentes. Pero los nombres vienen a sumarse a la causa que investiga Canicoba Corral junto al fiscal Ramiro González.

En uno de los dictámenes de la causa que firmó González explicó que en el expediente se trata de determinar por qué se habrían llevado adelante acciones de “espionaje e inteligencia ilegal” sobre magistrados y legisladores. Ahora se agrega una lista de gobernadores. El juez Canicoba Corral también le pidió a Migraciones que informe si integrantes del Poder Ejecutivo figuran entre los nombres de quienes fueron consultados sin autorización legal para hacerlo.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, González le había pedido a Canicoba Corral que constate si a través del sistema e-log de la AFIP se realizaron consultas “por fuera de un marco legal que la justifique” y que, de ser necesario, se convoque a personal especializado de la AFIP para que explique cómo funciona el sistema. En el programa ADN de C5N, se sostenía que el presunto espionaje incluyó desde Susana Giménez, Mirtha Legrand, Jorge Lanata y Santiago del Moro hasta a Hugo Moyano, Angelo Calcaterra, (primo de Mauricio Macri) y al propio Franco Macri (padre del Presidente, que falleció este año).

En el programa de C5N se vinculó a al diputada oficialista Elisa Carrió con el ingreso a los perfiles impositivos de ciertas personas en la base de datos de AFIP.

El principal punto de la investigación son las consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en diferentes organismos públicos: el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.

En la causa ya se acreditó que se detectaron consultas sobre los movimientos de los jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Pero también de los camaristas Ana María Figueroa, Martín Irurzun, Mariano Llorens y los jueces Rodolfo Canicoba Corral, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Osvaldo Rodríguez, María Servini, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio Gutierrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Angel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Feliciano Río, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

El pedido de la información a la AFIP surge en el marco de una investigación que se abrió hace más de dos años, luego de que el periodista Carlos Pagni publicara un artículo llamado “El pestilente círculo negro del espionaje», en el que se mencionaba la existencia de distintas operaciones de espionaje ilegal, en ese caso vinculadas a la AFI. En ese marco, fue la propia AFI la que radicó la denuncia que recayó en manos del fiscal Federico Delgado y el juez Canicoba Corral en donde se hicieron distintas diligencias, pero hasta ahora nunca había trascendido ninguna.

Sin embargo, hace unas semanas, el fiscal González (reemplazante de Delgado durante su licencia) requirió una ampliación de la investigación. En su dictamen, el fiscal señala que el juez decidió separar la paja del trigo. Es decir “una cantidad de vínculos interpersonales entre agentes, ex agentes de inteligencia y abogados pero de momento sin hipótesis fácticas concretas” de “hechos puntuales de espionaje pasibles de verificación”.

Un empresario patagónico habría denunciado a dos diputados y al pariente del jefe de gabinete para presionarlo a que ceda su empresa de servicios petroleros.

El dueño de la firma OPS, Mario Cifuentes, habría denunciado ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que varias personas se reunieron con él para presionarlo: dos diputados enviados por un primo de Marcos Peña. El empresario había denunciado extorsión por parte de Marcelo D’Alessio, involucrando también al periodista Daniel Santoro.

A esto, un empresario de la construcción, con vínculos con el PRO, sería citado a indagatoria en Comodoro Py puesto que habría utilizado los servicios de D’Alessio para apretar a Cifuentes.

El periodista Juan Alonso adelantó a través de Twitter: “Es penoso que Marcos Peña Braun no haya explicado por qué un familiar suyo se habría reunido con el empresario patagónico Mario Cifuentes para apoderarse de su empresa de servicios petroleros en un claro accionar de extorsión entre D’Alessio y su banda de espías”.


A continuación, agregó: “El empresario Mario Cifuentes denunció ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que varias personas identificadas como X1, X2, X3, y X4 se reunieron con él. Dos serían diputados supuestamente enviados por un primo de Marcos Peña Braun”

Según publica Urgente 24, el martes 26 de febrero, Mario Cifuentes, dueño de la firma OPS, se presentó a declarar en Dolores ante Ramos Padilla. El empresario sería el primero en ser extorsionado por el falso abogado y presunto espía Marcelo D’Alessio y habría presentado un pendrive con capturas de pantalla de chats entre D’Alessio y él.

A Cifuentes lo habría citado Ramos Padilla debido a que en la investigación que lleva al mando sobre el presunto espionaje, encontró documentos en los que había información de sus entradas y salidas del país, listados de llamadas telefónicas, datos sobre sus empresas y su familia.

Según su declaración, Cifuentes habría conocido a D’Alessio en el verano del 2018. En ese momento estaba buscando un comprador para su empresa, que tenía serios problemas financieros, y luego de varias negociaciones con supuestos empresarios que representaban a un inversor fue llevado a la casa de D’Alessio en el country Saint Thomas Este, de Canning.

“D Alessio fue parte de una maniobra para quedarse con OPS”, dijo Cifuentes a la prensa. La empresa de servicios petroleros decretó su quiebra. “(D’Alessio) Me extorsionó y me amenazó. Al final, me pidió US$1.2 millones para que mi empresa quedara ‘limpia’, pero yo nunca le había pedido nada porque no lo necesitaba.”, habría declarado entonces Cifuentes

Ahora estaría involucrando a cuatro personas más, entre ellas a dos legisladores aparentemente de Cambiemos enviados por un pariente del jefe de gabinete Marcos Peña. Una serie de maniobras que estarían destinadas a quedarse con OPS.

 

 

 

El Comodorense

La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el planteo del fiscal federal, quien había recusado al magistrado y demoraba con ese argumento su declaración indagatoria. El Presidente pidió públicamente que se destituya al juez de Dolores.

La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó este viernes al juez Alejo Ramos Padilla al frente de la causa que investiga una presunta red de espionaje en la que está procesado y detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli fue llamado a declaración indagatoria.

El tribunal de Apelaciones rechazó un planteo del mismo Stornelli, quien había recuzado al juez de Dolores. A la espera de esta decisión fue que el fiscal eludió presentarse a indagatoria. Ahora, el fiscal deberá comparacer el próximo 26/03.

El respaldo de la Cámara implica también un revés para el presidente Mauricio Macri, quien públicamente atacó al juez Ramos Padilla y pidió su destitución.

La sentencia de la Cámara de Mar del Plata se conoce en la misma semana en la que la Corte Suprema dotó a Ramos Padilla de asistencia que había solicitado para avazar en la investigación sobre una presunta organización paraestatal de inteligencia.

Sobre el fallo de este viernes, informa el Centro de Información Judicial (CIJ):

“Al analizar la pertinencia de la resolución que rechazaba la recusación intentada, el tribunal se centró en el análisis de la invocada parcialidad y los visos de prejuzgamiento en los que el recusante argumenta que habría incurrido Ramos Padilla, pues el tratamiento de cuestiones vinculadas con la competencia del órgano investigador o los reales alcances del impulso fiscal que también se mencionan en la presentación de Stornelli, implicaría adelantar opinión sobre un thema decidendum que está siendo ventilado en otro incidente y que eventualmente puede ser traído en un futuro a estudio de la alzada.

El tribunal consideró que deviene necesario no emitir juicio a tal respecto a fin de evitar una contingente causal de recusación de los jueces de cámara Alejandro Tazza y Eduardo Pablo Jiménez.

La Cámara, considerando la interpretación restrictiva que debe regir el estudio de las causales de recusación, sin dejar de lado la primacía que reviste el aseguramiento de la imparcialidad del órgano jurisdiccional llamado a decidir una controversia como garantía del debido proceso, hasta el momento y en relación a las razones invocadas por el recusante, no observó que la actividad del juez instructor evidencie la alegada falta de neutralidad y el adelanto de opinión que argumenta Stornelli”.

El Comodorense

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había sobreseído a Fernando Luis Rivarola, junto a su par, la fiscal María Bottini, al comisario Adrián Alejandro Muñoz y al oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez, en una causa de espionaje ilegal a vecinos y dirigentes de Esquel.

Sin embargo, un año más tarde la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, desechó el fallo chubutense y dispuso que el cuarteto en cuestión debía seguir siendo investigado por sus vínculos con el espionaje interno.

Hasta entonces los cuatro habían quedado desvinculados, y sólo seguía involucrado el agente de la Agencia Federal de Informaciones (AFI), cuya identidad tiene las iniciales D. C. G., que habría espiado al grupo denunciante que abarcaba a dirigentes, periodistas y militantes por el No a la mina.

En febrero de 2017 el juez federal de Esquel, Guido Otranto, había escrito 64 páginas para explicar las razones por las que acusaba a fiscales y policías de haberse relacionado de manera prohibida con el integrante de la AFI, dependiente de la delegación Trelew, que actuó de manera ilegal en la zona cordillerana.

La causa se inició por una denuncia en el Juzgado Federal de Esquel el 31 de agosto de 2015, por los propios Rivarola y Bottini, además de su colega Fernanda Révori que luego fue apartada de la causa. Los fiscales estaban a cargo de investigar la ocupación de un predio de la Compañía Tierras del Sud Argentino, en la zona de Leleque.

En ese marco, el 28 de mayo de 2015, la sede del Ministerio Público Fiscal de Esquel fue escenario de una reunión entre los fiscales Rivarola y Bottini con una persona que se identificó con una credencial de la Delegación Trelew de la AFI.

El agente manifestó a los fiscales que desde hacía más de un año trabajaba con el grupo mapuche que había realizado la ocupación territorial, y ofreció aportar información para identificar a esas personas.

Los fiscales aceptaron el ofrecimiento, y descargaron el disco externo del espía a la computadora del fiscal Rivarola. En junio esa información fue entregada en un “pendrive” a la defensora pública Paola Bagnato, y el 28 de agosto tomó estado público cuando el defensor público Fernando Radziwilowski, durante una audiencia, hizo referencia a su contenido.

El juez consideró comprobado que el espía llegó a la región cordillerana el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque (marzo de 2015), y se involucró activamente en la investigación de la Brigada de Esquel.

El espía fue al lugar y fotografió a las personas que ocupaban el predio, y a otras que fueron en el momento en que la Policía intentaba identificarlos; tomó datos de los vehículos; realizó averiguaciones para identificar a todas estas personas; se comunicó con el teléfono que usarían los ocupantes del predio y hasta obtuvo la titularidad de los celulares, identificando de ese modo a una mujer relacionada al movimiento “No a la mina”.

El Patagónico