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El viceintendente Juan Pablo Luque anunció en conferencia de prensa la realización de un encuentro sobre medición de impacto para empresas y el desarrollo de una economía más humana y sostenible. El mismo, tendrá lugar este jueves, desde las 18:00, en instalaciones del CEPTur, con la organización de la Comunidad B Patagonia y un fuerte acompañamiento del Municipio.

En ese contexto, el viceintendente señaló que “desde nuestro punto de vista, Comodoro Rivadavia es una ciudad ideal para trabajar este tipo de cuestiones, dada su industrialización y su nivel de producción. El año pasado llevamos adelante un primer evento sobre esta temática novedosa y contó con una concurrencia muy importante de público”.

Continuando en esa línea, sostuvo que “las empresas B marcan la tónica de que no sólo son unidades económicas que además generan fuentes de trabajo, sino que también tenemos el desafío de hacerlas amigables con el medio ambiente y con la sociedad, que es algo que planteamos desde nuestra gestión”.

En ese sentido, recalcó que “desde el Concejo Deliberante se está trabajando en un proyecto de ordenanza para impulsar este tipo de acciones, ya que estamos ante una oportunidad importantísima para la ciudad y también para la región”.

“En su momento, sancionamos la ordenanza de Responsabilidad Social Empresaria, que tiene que ver justamente con amigar a la sociedad con las empresas y no ver a éstas como enemigas. Debemos defenderlas, porque eso significa defender puestos laborales, generar empleo y brindar dignidad a nuestra comunidad”, concluyó Luque.

“Las empresas B buscan un desarrollo económico amigable con el planeta”

Por su parte, la referente de Comunidad B Patagonia, Verónica Galardi, explicó que “las empresas B son aquellas que, además de tener su foco en ganar dinero, tienen un triple impacto, destacando al medio ambiente y a las personas. Su objetivo es generar un desarrollo económico más amigable con el planeta”.

Asimismo, indicó que “este movimiento comenzó en el año 2006, en Estados Unidos y en 2017 nació Comunidad B Patagonia, algo innovador para la región. Estamos muy contentos con el acompañamiento que nos está brindando la Municipalidad para trabajar en esta transformación”.

Es debido a la numerosa cantidad de personas con Discapacidad usuarias de los medios de transporte que tienen dificultad para hacer uso de sus derechos.

La Municipalidad de Rawson a través de la Dirección de Discapacidad, mantuvo un encuentro con autoridades provinciales y nacionales a fin de tratar la problemática que presentan las personas con discapacidad a la hora de acceder a su derecho de transporte público gratuito.

El Director de Discapacidad Municipal, Jorge Dorado, se reunió con la Defensora del Pueblo de la Nación Dra. Sandra Riquelme, el Defensor del Pueblo, Dr. Héctor Omar Simionatti y el Subsecretario de Autotransporte Terrestre Provincial, Gustavo Pinchulef, donde se planteó que en reiteradas ocasiones diferentes empresas de transporte de pasajeros que circulan por la ciudad capital no respetan la resolución vigente que les permite a las personas con discapacidad viajar sin acompañante en forma gratuita, aunque su certificado de discapacidad así lo indique.

Ante esta problemática, Dorado comentó que “desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se enviaron nuevos criterios de acompañamiento para personas con discapacidad, lo cual incluyó la confección de una nueva resolución aclaratoria que supuso además la modificación de los certificados de discapacidad del año en curso (2019) que deberán incluir la siguiente leyenda: En los casos que se indique SI, el titular del CUD podrá optar entre viajar solo o acompañado».

En este sentido, el funcionario municipal indicó que “desde la Defensoría del Pueblo de Nación y desde la Provincial se comprometieron a asesorar a la población que siga presentando problemas, mientras que la Subsecretaría de Autotransporte notificará a las empresas prestatarias de servicios“.

Comunicación Oficial

La Dirección Provincial de Atención Integral de la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut comunicó mediante nota a las empresas de transporte interurbano y a las Direcciones municipales de transporte público de pasajeros que “EN CASO DE QUE EL CERTIFICADO UNICO DE DISCAPACIDAD INDIQUE SI, EL TITULAR DEL CUD PODRA OPTAR ENTRE VIAJAR SOLO O ACOMPAÑADO”.

Criterios para la Indicación de un Acompañante en el uso de Transporte Público Terrestre de Corta, Media y Larga Distancia.

Una vez que la Junta Evaluadora Interviniente ha concluido que al solicitante le corresponde el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad, debe aplicar el siguiente criterio para determinar si corresponde consignar Acompañante:

El acompañante solo será indicado a aquellas personas con discapacidad cuyo desempeño se encuentre moderadamente afectado por limitaciones en la movilidad y/o comprensión y/o conductas que dificulten el ascenso/descenso y/o permanencia en el transporte público de pasajeros.

Características del acompañante

  • Es la persona que actúa como apoyo para facilitar el desempeño de la persona con iscapacidad en el uso de transporte público, para fomentar su vida independiente, promoviendo su autonomía personal.
  • El acompañante indicado en el Certificado Único de Discapacidad no cumple ninguna función de índole legal.
  • El beneficio de gratuidad en el transporte público es un derecho instituido a favor de la persona con discapacidad, es la misma la que debe decidir si hace uso o no del apoyo del acompañante, respetándose su autodeterminación.
  • En aquellos caso en el que el Certificado Único de Discapacidad indique acompañante, su presencia no es obligatoria ni puede constituir una condición para que la persona con discapacidad pueda acceder al transporte público en forma gratuita, ya que la discapacidad es un concepto dinámico por el cual la persona puede variar su perfil de funcionamiento a lo largo de la vida.

La AFIP autorizó el ajuste por inflación para el pago del impuesto a las Ganancias de los balances financieros anuales de las empresas cerrados en abril último, luego de que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado arrojara una suba del 55,8% según la medición publicada por el Indec.

Lo hizo a través de la resolución general 4483/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que los estados contables correspondientes a ejercicios anuales o de períodos intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 inclusive, deberán expresarse en moneda de poder adquisitivo de cierre.

La semana pasada, el administrador federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, anticipó que las empresas que cierren sus balances contables en abril y mayo «seguramente» aplicarán el ajuste por inflación sobre sus resultados, con lo cual pagarán menos Ganancias.

La legislación precisa que las empresas pueden ajustar sus balances por inflación, cuando el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) supera el 55% anual, y ayer se conoció el nuevo IPC que arrojó una suba de 55,8%, superando por primera vez el umbral fijado.

De continuar la tendencia actual, el ajuste por inflación podrá ser aplicado también por las empresas de seguros, sector que cierra sus balances en junio de cada año.

 

 

Grupo La Provincia

En una sesión especial, y con ayuda de los bloques del Frente Renovador y de Argentina Federal, Cambiemos logró convertir en ley la reforma de la ley electoral, que habilita las contribuciones de las empresas a los partidos políticos, con un tope por empresa del 2 % del total permitido por la Justicia para cada campaña.

Tal como se preveía, la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió apoyó en general, pero votó en contra del artículo 4 que legaliza las contribuciones de personas jurídicas. Con 147 votos positivos y 69 negativos, el oficialismo logró su objetivo de contar con la reforma electoral para que esté vigente en el proceso de este año.

La diputada del Frente para la Victoria María Emilia Soria cuestionó el proyecto al plantear que «es ajeno a la función social de las personas jurídicas financiar a partidos políticos, en tanto que su finalidad es el lucro y al aportar al financiamiento de la vida política es lógico que pretendan una contraprestación a cambio». Además indicó que se trata de una iniciativa «hecha a medida de Cambiemos», para «solucionar sus problemas legales», como el que salió a la luz con la polémica por supuestos «aportantes truchos» en la campaña 2017.

El miembro informante del oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (PRO), se encargó de defender la iniciativa que, en sus palabras, «restablece el financiamiento mixto de los partidos», «evita la informalidad» al prohibir las donaciones anónimas, y le devuelve a «los ciudadanos el derecho a contribuir en el desenvolvimiento ordinario» de las agrupaciones políticas.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados salió al cruce de las críticas sobre una supuesta «privatización de la política», como sostuvieron el FpV y la izquierda, y dijo que ese tipo de argumentos «esconden una hipocresía» porque en los hechos las empresas siempre «terminan contribuyendo a las campañas». «Sólo que en lugar de hacerlo en nombre de las empresas de las que se trate, lo hace en nombre de 10 o 15 gerentes o funcionarios de las empresas, y nos parece mucho más transparente que sepamos qué empresa contribuye y no personas cuyos nombres no sabemos a qué corresponde», evaluó.

El radical Diego Mestre, titular de la comisión de Justicia, subrayó que la iniciativa consolida la «trazabilidad» de los aportes electorales, que supone un seguimiento estricto transparente de «quién aporta, cómo aporta, hacia dónde va y cómo se usan esos fondos». Por su parte, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, respaldó el proyecto que en el Senado había contado con el apoyo de la bancada justicialista, y dijo que no ve «el escándalo que se planteó de parte de algunos discursos».

La diputada massista ponderó «la trazabilidad» que garantizaría el nuevo marco legal, y justificó su punto de vista: «Si alguna empresa eléctrica financia la campaña de Cambiemos, yo lo quiero saber, porque allí se explicarían los tarifazos y demás».

En contra del proyecto, el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá, consideró que la prohibición de las contribuciones de compañías «debe ser absoluta», y opinó que «el financiamiento de la política debe estar absolutamente en manos del Estado».

En la misma sintonía, el jefe de la bancada FpV, Agustín Rossi, cargó contra el financiamiento privado y reivindicó al Estado como «el gran distribuidor, en éste como en tantos otros temas». «Las empresas aportan más a los oficialismos, a los partidos con más posibilidades electorales y aquellos partidos que tienen líneas argumentales pro-empresa. Eso produce un desequilibrio. El financiamiento estatal, en cambio, genera una mayor equidad, porque no hace una diferencia entre partidos pro-obreros y los partidos que defienden a las empresas», agregó.

La reforma aprobada este miércoles también disminuye del 10 al 5 por ciento el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en período de campaña, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias.

Este punto genera especial discordia en la izquierda, con menos espalda para comprar espacios de publicidad de medios tradicionales. La diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) repudió el proyecto al sostener que pese a que se viste de «transparencia, huele peor que el Riachuelo» porque «va a blanquear el financiamiento corrupto que antes se hacía a escondidas».

 

 

Pagina 12

El Ejecutivo nacional dictó la conciliación obligatoria que fue acatada por el sector petrolero de Chubut. Hoy habrá una cumbre para intentar destrabar las deudas que mantienen las empresas con los trabajadores por el pago de horas extras.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge «Loma» Avila, y su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, explicaron los alcances de la resolución ministerial y luego de su puesta a consideración por parte de las bases, que derivó en el acatamiento por amplia mayoría.

«Hemos acatado la conciliación obligatoria. Lo que sí, los trabajadores han decidido presentar la carpeta de quienes hacen horas extra, hay 3.800 empleados que han decidido no hacerlas hasta que la industria no pague la deuda que tiene, y nosotros contra eso no podemos hacer nada», expresó Avila.

El líder sindical resaltó que los trabajadores «han decidido no hacer horas extras», principalmente por considerar que las empresas les deben plata y no están ajustando el índice inflacionario en lo que va del año.

Avila ironizó que el Gobierno nacional «nos está aplicando una Conciliación a nosotros sin tener un conflicto, porque hoy no tenemos ninguno».

En este escenario, el dirigente petrolero cuestionó que si el Gobierno nacional aplica la conciliación obligatoria a los trabajadores, también debería activar la misma medida con las empresas «por incumplir con el pago de horas extras».

Respetan el convenio

Asimismo, aseguró que «se trabaja 8 horas normales. No hay horas extras, no hay trabajo a reglamento. Las 8 horas normales están dentro de la Ley, de la Constitución. Nosotros no estamos cometiendo ningún delito». «Lo que los trabajadores han hecho con estas 3.800 firmas, es decir que no van a hacer más horas extras hasta que no les paguen lo que les deben», sentenció Avila.

«Sería muy de hipócritas que el Gobierno nos dicte una conciliación sin haber un conflicto y que lleguemos y no tengan resuelto, por lo menos, qué es lo que van a hacer o cómo van a llegar a aplicar una solución a este conflicto. La verdad que sería muy injusto llegar a esos términos», concluyó.

 

 

El Chubut

La destrucción de Precios Cuidados muestra lo que ocurre desde que Macri es presidente. Para burlar el programa sobresalieron el reemplazo de productos, algunos de los cuales luego volvieron al listado mucho más caros, y la incorporación de segundas y terceras marcas, poco consumidas en el mercado.

El programa Precios Cuidados es una de las pocas políticas públicas implementadas durante el kirchnerismo que el gobierno de Mauricio Macri decidió mantener, incluso preservando su nombre. Sin embargo, las modificaciones introducidas en el listado de productos y la falta de controles para garantizar su cumplimiento lo terminaron convirtiendo casi en una herramienta decorativa. Un informe de CEPA advierte que entre las estrategias escogidas por las empresas para eludir el programa, con el aval oficial, sobresalieron el reemplazo permanentemente de productos, algunos de los cuales luego volvieron al listado con precios sustancialmente más caros, y la incorporación de segundas y terceras marcas, poco consumidas en el mercado y que ya no operan como precios de referencia dentro de las distintas categorías.

CEPA detalla que solo el 8,9 por ciento de los productos incluidos en la lista de bienes acordada en 2016 se mantuvo hasta comienzos de este año. “El reemplazo de productos tiene un efecto concreto: cuando salen del Programa aumentan sensiblemente de precio. Y cuando reingresan, lo hacen con los aumentos incorporados”, advierte el informe difundido horas después de los anuncios oficiales sobre un nuevo congelamiento de 64 bienes de la canasta básica por seis meses.

Un ejemplo citado en el informe son los pañales Huggies Classic de Kimberly Clarck, que en octubre de 2018 reingresaron al Programa (aunque no en todos los talles). Si se toma como base de comparación el talle G, en octubre de 2015 el precio por 52 unidades era de 121 pesos (2,32 pesos por unidad) y en septiembre de 2018 al reingresar el precio por 22 unidades es de 115,27 pesos (5,23 pesos por unidad). En total el incremento es de 125 por ciento. Además, ese producto aumentó otro 70 por ciento su precio entre septiembre de 2018 y hoy. Otro caso lo constituye el aceite Cada Día de AGD por 900 cc que costaba 9,10 pesos en octubre de 2015 y reingresó en septiembre de 2018 con un precio de 48,40 pesos, con un incremento total de 431 por ciento.

Respecto del aumento de precios de productos una vez que salen del Programa, el aceite cocinero de 900 ml. costaba en abril de 2016, cuando salió del Programa, 12,22 pesos y en la actualidad vale 66,35 pesos, 443 por ciento más en un periodo donde la inflación se estimó en 145 por ciento.

Durante el kirchnerismo, Precios Cuidados buscó limitar el margen de acción de las empresas formadoras de precios en el mercado de consumo masivo. El acuerdo de precios alcanzaba a productos de primeras y segundas marcas porque el objetivo era oficiar como precios de referencia en las distintas alternativas de consumo, teniendo efecto por lo tanto sobre el resto de los precios de los productos de la competencia: si un producto representativo de una determinada categoría tenía un aumento de precios trimestral ubicado entre 2 y 3 por ciento, difícilmente otros productos y marcas, fuera del acuerdo, por encima de ese valor. Sin embargo, el Gobierno modificó de raíz este funcionamiento habilitando la salida de los principales productos de distintos segmentos de consumo.

En la línea de lácteos desde mayo de 2016 ya no están las dos principales marcas del rubro -La Serenísima y SanCor, que representan el 80 por ciento del mercado lácteo- en lo que refiere a la leche en sachet. Lo que hizo Mastellone fue reemplazar La Serenísima por la segunda marca denominada La Armonía y en los últimos meses dejó de abastecer el mercado con esa segunda marca frente a la pasividad absoluta del gobierno. La empresa llenó las góndolas de leche La Serenísima que oscila entre, 42,50 y 45 pesos según el comercio, y el ministro de Producción, Dante Sica, ni su secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, ni siquiera hicieron una declaración advirtiendo a la empresa por ese tema. En el nuevo “pacto de caballeros” anunciado este miércoles 17 Mastellone dobló la apuesta porque ya no ofrece ni siquiera la segunda marca sino su tercera leche, llamada La Martona.

Lo mismo ocurrió con la Coca-Cola de litro y medio, que representa un 70 por ciento del volumen de ventas de la línea Coca-Cola. El producto formaba parte de Precios Cuidados y en mayo de 2017 fue reemplazado por Coca-Cola Zero, que representa solamente el 10 por ciento del volumen de ventas de la empresa.

Estas estrategias se complementaron con diversos mecanismos destinados también a incumplir el acuerdo como directamente la ausencia de productos en las góndolas, la falta o poca visibilidad de la cartelería, y la presentación de productos similares que no son parte del programa a precios superiores. En este último caso, el producto suele presentar alguna “característica” particular que lo diferencia del bien acordado y que es difícil de percibir por el consumidor.

 

Pagina 12

Mientras hablan de un acuerdo para congelar los precios, los precios suben. Para cuando los congelen, ya estarán –al menos– un 10% más arriba que una semana atrás.

Esta situación comienza a reproducirse en buena parte de los alimentos, bebidas y artículos de consumo masivo. También se observa en los insumos que emplean estas fábricas para elaborar sus productos, como el cartón de los envases o la chapa de las latas de conservas.

Tras más de una semana meneando la posibilidad de un acuerdo que congelase los precios, el gobierno y las empresas han logrado su contrario: implementar un «colchón» que les permita solventar cualquier congelamiento, con lo cual se anula el efecto del congelamiento.

Con el agravante de que existen serias posibilidades de que los anuncios del presidente Mauricio Macri del próximo miércoles no incluyan ningún congelamiento de precios.

En la semana que pasó, trascendió una nueva lista de precios emitida por la gigante Molinos y dirigida a los supermercados y a los mayoristas. En ese Excel, los aumentos iban del 5% al 9% en productos como las yerbas Nobleza Gaucha y Cruz Malta y el aceite Cocinero.

En el mismo sentido, se conoció que la productora de arroz Carogran, que envasa para las marcas propias de las principales cadenas de supermercados, subió un 12 por ciento. La Paulina entregó listas con nuevos valores entre el 5 y el 6 por ciento.

Pero esto es el principio porque también hay remarcación de precios en los insumos de los fabricantes de alimentos y de productos de consumo masivo.

Tiempo pudo conocer que en la última semana Acindar remarcó los precios de algunos de sus productos un 5 por ciento. «Las empresas que fabrican insumos ya remarcaron en marzo con la última devaluación del peso y se puede decir que entre todos los tipos de envases –cartón, vidrio, envases especiales– ya promediaron un aumento del 9% en marzo», dijo una fuente del sector comercial con conocimiento del tema.

De acuerdo con esta posición, en lo que va de abril hubo una suba de entre el 2 y el 3% de los productores que venden materiales para elaborar envases.

Pero también subieron, y más aun, las materias primas con las que se elaboran los alimentos. Según el cálculo de la fuente consultada, materias primas como el café y el cacao subieron entre el 5 y el 10% en apenas una semana.

Concentrados

La devaluación ya no alcanza para explicar el alza de precios de la última semana. Es más, la cotización del dólar mayorista cerró el viernes pasado a un valor unas décimas de peso más abajo que el del lunes 1 de abril.

Otra explicación apunta a la estructura muy concentrada del sector productor de alimentos, bebidas y bienes de consumo masivo. «Se trata de 30 empresas que tienen el 70% de todo el mercado de consumo masivo, no sólo de alimentos sino también de productos de tocador y limpieza», señaló.

El asunto se vuelve más complejo en el caso de las empresas que están integradas de manera vertical y que abastecen incluso a su competencia. En el mercado se menciona a Arcor, la firma de la familia Pagani que fabrica el cartón con el cual se hacen los envases de múltiples productos alimenticios. Arcor abastece a su competencia, la que depende de sus precios a la hora de estimar los costos. Si Arcor sube el valor de sus cartones, su competencia deberá subir el precio de sus productos finales.

Arcor es uno de los principales actores de la negociación con el gobierno, tanto en relación con el Programa Precios Cuidados como con esta supuesta propuesta de precios congelados hasta octubre.

Mañana se reúnen grandes empresas del sector de alimentos y consumo masivo para discutir qué hacen ante la propuesta del gobierno.

Grandes empresas aseguraron que no fueron convocadas a discutir un acuerdo. Otras admitieron el pedido pero aseguraron que no hay firmado ningún acuerdo de congelamiento de precios.

Daniel Funes de Rioja, titular de la cámara empresaria que agrupa a todas estas firmas, dijo: «No tengo información sobre qué es el acuerdo y en qué consiste».

Para las grandes empresas, un acuerdo de precios con octubre como horizonte sólo es viable si el gobierno asegura estabilidad cambiaria y de tarifas. La demanda suena como imposible de cumplir. En ese contexto, en el sector supermercadista dudan que Macri presente un acuerdo de precios el miércoles. «

Analizan medidas para el sector de la construcción

El conjunto de medidas que el gobierno estudia implementar para reanimar la actividad incluye al sector de la construcción. Este martes, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, recibirá a un grupo de empresas del sector para anunciar la apertura de una línea de créditos para la compra de materiales de construcción.

«Este es un plan de créditos que el gobierno ya tenía en carpeta en una etapa muy previa de evaluación y que ahora resolvió implementar. Es un plan de créditos pequeños para incentivar el consumo. Una de esas líneas es para apoyar la compra de materiales», contó Pedro Brandi, titular del grupo Construya, que nuclea a varias empresas que fabrican insumos para el sector.

La iniciativa apunta a la obra privada pequeña. Se trata de préstamos por montos pequeños para que los solicitantes puedan construir su propia vivienda o hacer refacciones. «Es una apuesta interesante en un momento difícil. Por supuesto que generó entusiasmo en el sector», expresó Brandi. De la misma manera, trascendió que el gobierno también está trabajando en un plan de vivienda sustentable que busca facilitar el ahorro de energía por parte de sus moradores, tanto en consumo de gas como de electricidad, principalmente por el aire acondicionado.

En cuanto a la obra pública, la idea oficial sigue siendo la reactivación de los proyectos de participación público-privada (PPP). Su relanzamiento está sujeto a eliminar las trabas legales para la creación de fideicomisos.

 

 

 

Diario del Sur Digital

El intendente Carlos Linares presentó la lista de los productos incluidos en el Programa Precios Cuidados, que se acordó con las grandes cadenas de supermercados de la ciudad. En ese marco, destacó el acompañamiento del empresariado del sector y, por otra parte, aseguró que “es la única herramienta que tenemos como Estado para minimizar el impacto de la inflación en el bolsillo de la gente”.

Este lunes, en el despacho municipal, el intendente Carlos Linares, junto al subsecretario de Fiscalización, Daniel Campillay, convocó a los referentes de las grandes cadenas de supermercados para definir y presentar a la comunidad el listado de los 30 productos incluidos en el Programa Precios Cuidados. Los descuentos van desde un 5% hasta un 14% sobre el precio de oferta, y permanecerán vigentes durante un período de 60 días, desde el 1º de abril.

En la ocasión, el intendente Linares destacó el acompañamiento de las 6 empresas que se sumaron a Precios Cuidados y subrayó que “sin lugar a dudas, es un enorme gesto de voluntad y compromiso para con los vecinos, ante la complicada situación inflacionaria que se está viviendo en todo el país y que impacta profundamente en Comodoro”.

“Entendemos lo que está pasando la gente y cómo las políticas económicas nacionales complican, todos los días, el bolsillo de los comodorenses; y en ese sentido, trabajamos en la generación de esta propuesta, con una excelente recepción por parte de las cadenas de supermercados”, explicó.

En ese tenor, sostuvo que “desde el Municipio no podemos revertir la realidad económica, pero sí poner a disposición de la comunidad estas acciones paliativas, con una canasta básica familiar estable por 60 días; que permita a la gente llevar a su casa los productos de primera necesidad”.

Por último, Linares dijo que “esta propuesta de Precios Cuidados va a seguir creciendo, con la fijación de precios accesibles para la compra de verduras y cortes de carne, que próximamente serán presentados a la comunidad”.

Compromiso empresarial

Por su parte, el subsecretario Campillay coincidió con el intendente Linares al destacar los alcances del convenio rubricado con las cadenas Diarco, La Proveeduría, Walmart, Jumbo, La Anónima y Carrefour, que permitirá congelar los precios durante 60 días, con un esquema superador al implementado durante el año pasado.“A sabiendas de que la situación económica es mucho más crítica que el año anterior, se ha logrado acordar un sistema de precios cuidados, rebajando la oferta desde un 5% hasta un 14% de descuento, en el caso de los mayoristas”, indicó al respecto.

Asimismo, explicó que “se trata de una forma de ahorro que permite el acceso al mínimo de los productos correspondientes a la canasta básica familiar, incluyendo alimentos aptos para celíacos y artículos de limpieza; de cara a ayudar a la economía de los comodorenses”.

Por último, Campillay recordó que “los precios acordados en esta oportunidad estarán congelados a partir de este lunes 1° de abril, con la cartelería correspondiente; que será verificada en controles permanentes a cargo de los inspectores de Defensa del Consumidor”.

En lo que va del 2019 ya fueron 30 las empresas que pidieron a la Secretaría de Trabajo la apertura de procedimientos preventivos de crisis (PPC), la etapa previa a despidos o suspensiones de personal que en los últimos tiempos volvieron a incrementarse en el país con casos resonantes como Fate, Coca Cola Femsa o Avianca.

El dato se desprende del extenso informe —el 117— que la Jefatura de Gabinete de ministros envió este lunes al Senado, en la previa de la visita de Marcos Peña a la Cámara alta, la primera de este año. La presencia del jefe de ministros se da en medio de la crisis del programa económico del Gobierno, y en el inicio de la campaña electoral. Los legisladores habían enviado más de 800 preguntas —un promedio más alto que el habitual— vinculadas a la gestión de Cambiemos.

El año pasado, habían sido 146 las compañías que solicitaron PPC ante el ministerio que conduce Dante Sica, de los cuales 107 todavía están en trámite, 25 terminaron con acuerdo y 14 fracasaron en la negociación, según el informe de la Jefatura de Gabinete.

En el 2017, antes del inicio de la crisis del programa económico, los procedimientos preventivos de crisis pedidos por las empresas fueron 66, menos de la mitad de los solicitados en el 2018, según la información oficial. El dato marca, en ese sentido, la magnitud de la crisis del programa económico del Gobierno, que empezó a arrojar resultados negativos desde el año pasado.

Por caso, los PPC pedidos este año entre enero y mitad de marzo ya alcanzan la mitad de los que fueron requeridos en el 2017. Uno cada casi tres días.

Los procedimientos, previstos en la ley de empleo 24.013, se establecieron para empresas que prevean suspender o despedir personal «por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas» y que deben comunicar la solicitud ante el Ministerio de Producción y Trabajo. Lo pueden exigir compañías con menos de 400 trabajadores que planeen medidas para más del 15% de la plantilla de personal; firmas con entre 400 y 1.000 empleados con más del 10% comprometido, y con más del 5% para empresas con más de 1.000 trabajadores.

Según publicó este medio, a mediados del mes pasado, Producción había sido notificado de 7.666 desvinculaciones sin causa del sector privado, un requisito estipulado en el decreto de noviembre del 2018 en el que el Gobierno estableció el pago de un bono para paliar la espiral inflacionaria.

La mayor cifra de pedidos de los procedimientos preventivos había sido en 2003, después de la crisis del 2001: fueron 379, según publicó el diario La Nación en base a información oficial. La siguiente fue el año pasado, en el momento más complejo de la crisis económica del gobierno de Macri.

De los 30 procedimientos preventivos presentados por las empresas, 27 continúan en trámite y uno finalizó sin acuerdo, según el informe de la Jefatura de Gabinete, de más de 600 páginas.

El pasado 10 de marzo, la cartera dirigida por Sica habilitó la apertura formal del procedimiento solicitado por Fate, la principal fabricante de neumáticos del país que emplea a más de 1.600 trabajadores bajo convenio y que manifestó que, por las dificultades de la economía, evaluaba despedir a más de 400.

La misma situación atravesó Femsa, principal embotelladora de la marca Coca Cola. Al final, tras reuniones entre la firma, las autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo y el sindicato, se descartó la apertura del PPC pero se acordó la salida de 30 trabajadores. La compañía de capitales mexicanos había alegado problemas por la caída del consumo.

Hubo otras firmas que solicitaron el mismo procedimiento, como Avianca, la aerolínea que fue habilitada para operar en la Argentina durante esta administración.

El Gobierno encara la campaña electoral con malas noticias en el rubro de la economía. La semana pasada, el INDEC informó que el desempleo alcanzó el 9,1% en el último trimestre del 2018, y que afecta a más de 1.752.000 argentinos, el número más alto desde el 2005 en la comparación trimestral.

Unos días antes, el organismo había oficializado en 3,8% la inflación de febrero, con un acumulado del 51,3% en los últimos 12 meses. Este lunes, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) ubicó en 31,3% la pobreza multidimensional: el índice oficial, que revelará un aumento de la cantidad de pobres, será publicado este jueves por el INDEC

 

 

 

El Diario Nuevo Día

Las empresas argentinas no tienen previsto incrementar sus planteles de personal en el segundo trimestre del año, según mostró un relevamiento de la consultora internacional Manpower realizado entre 800 firmas locales. “Los empleadores argentinos informan planes de contratación laboral modestos para el segundo trimestre de 2019”, señala el informe privado.

De acuerdo con el relevamiento 9 % de las empresas consultadas prevé aumentar su dotación, en tanto que un 8% anticipa una merma. El 79% no anticipa cambios en su plantilla, lo que deja una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de 1%. Al ajustar los datos para tener en cuenta la variación estacional, la expectativa se reduce a cero.

Aunque el dato es negativo, presenta un punto rescatable. Y es que las intenciones de contratación crecieron 4 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre, lo cual estaría marcando un piso. En la comparación interanual el dato es pésimo, con una caída de 6 puntos.

Las expectativas de creación de empleo son de las más bajas desde 2007, destacó Fernando Podestá, vicepresidente de ManpowerGroup Argentina. Indicó que “en aquellos años las expectativas positivas era del 25 al 30%, y ahora están por debajo del 5%” y recordó que “hace tres o cuatro años se ubicaban debajo del 10%”. En realidad, si se mira el resultado de la encuesta a nivel internacional, en casi todos los países las expectativas están en ese nivel.

El ejecutivo reflexionó que más allá de los elevados costos de contratar mano de obra que hay en Argentina, existe un “fenómeno estructural”. “Cuando las empresas buscan eficiencia ahora contratan robots o incorporan más tecnología. Un ejemplo es en el norte argentino, hay empresas que en vez de contratar obreros para la zafra de la caña prefieren usar máquinas”, explicó. Indicó además que “desde hace ya varios años observamos que entre el 79% al 81% se mantienen estables”. Podestá además indicó que “hay mejores expectativas para este año entre las grandes y medianas empresas, mientras que las chicas y micro tienen expectativas negativas”.

El estudio muestra que en la Industria los empleadores anticipan una expectativa 1 punto negativa. Las intenciones de contratación laboral mejoran 4 puntos porcentuales respecto del trimestre previo, pero son 8 puntos porcentuales más débiles respecto del segundo trimestre de 2018

Agricultura & Pesca es la actividad que lidera la encuesta con una perspectiva de 7 puntos porcentuales, seguida por la Administración Pública & Educación y Transporte & Servicios Públicos, ambos con 4, y Construcción con 1. Por otro lado, el sector de Comercio Mayorista & Minorista es el que informa las intenciones más débiles, con una expectativa negativa de 5 puntos, seguido por los sectores de Manufacturas y Servicios, ambos con 1 punto. Finalmente, tanto Minería & Extracción como Finanzas, Seguros & Bienes Raíces informan expectativas nulas.

El relevamiento de expectativas de creación de empleo se llevó a cabo en 44 naciones. Argentina se ubica junto con Hungría, España y Turquía como las únicas economías en las que las expectativas de empleo son nulas.

 

 

Ambito