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Para los fiscales el empresario Martín Castillo, cuya firma reparó el muelle de Rawson por 76 millones, contactó a Diego Correa, ex funcionario de la gestión del fallecido Mario Das Neves, y le ofreció “retornos” en efectivo para que libere pagos. Lo mismo hicieron Gonzalo Cordón; Osvaldo Bergareche; Peblo Menedin; Juan Carlos Bossi y Carlos Di Benedetto. Los imputan de “cohecho activo”.

Durante la audiencia que se realiza este jueves en la oficina judicial de Rawson, la nuevos empresarios de la construcción fueron imputados por el Ministerio Públicos Fiscal en la llamada causa “Revelación”, que investiga el pago de retornos a funcionarios del Gobierno de Chubut a cambio de liberar pagos de certificados de obras.

Para los fiscales del caso, el empresario Martín Miguel Castillo “a sabiendas que un alto funcionario público, Diego Miguel Correa, a la sazón Secretario a cargo de la Unidad Gobernador, era quien decidía -junto a otros encumbrados funcionarios- que acreedores del estado provincial percibían sus acreencias y cuáles no; se contactó con este y le ofreció pagarle una suma dineraria en concepto de “retorno” a fin que este ordene se liberen los pagos respectivos”.

Tras señalar que Correa “aceptó la oferta”, los investigadores mencionan que Castillo primero un “retorno” de 200.000 pesos en efectivo en diciembre de 2016; otros 300.000 pesos en marzo de 2017 y 100.000 pesos en abril de 2017. Los fiscales dieron a las maniobras del empresario de Trelew la calificación jurídica provisoria de “cohecho activo” en tres hechos en concurso real.

Además de Castillo, los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez pidieron la apertura de investigación a Gonzalo Cordón, de la constructora Transredes, por haber pagado retornos a Correa para que destrabe los pagos por obras que por 38 millones de pesos realizaba en Comodoro Rivadavia.

Los otros imputados son Osvaldo Bergareche, de Esquel Construcciones; Pablo Menedin de la firma Menedin Ingeniería y Construcciones por pagar coimas para cobrar certificados por una obra en Puerto Madryn; Juan Carlos Bossi, de Auda Construcciones por retornos por obras en Comodoro Rivadavia y Carlos Di Benedetto, de la constructora Didelco, a quien acusa de haber pagados dos coimas para que le liberen certificados de obras que realizaba en Trelew.

La jueza Mirta Moreno realizó la apertura de investigación contra los dueños de las empresas La Agrícola, Mall Don Bosco, Kiosco Emanuel, Matices y Thor. También ampliaron las imputaciones contra Correa, Luthers, Gilardino, Huichaqueo y Suárez. El 26 de diciembre vence el plazo para presentar el escrito formal de la acusación. Los fiscales analizar pedir una prórroga.

La causa de la emergencia climática en Comodoro Rivadavia sumó a cinco nuevos imputados. Los fiscales Omar Rdríguez y Alex Williams presentaron los presuntos ilícitos vinculados a una defraudación al Estado por más de 10 millones de pesos.

Las irregularidades que describió fiscalía en la audiencia de ayer está vinculada a diversas contrataciones entre el gobierno provincial y cinco empresas en el marco de la emergencia climática de 2017.

En todos los casos, los fiscales detectaron que la mercadería no fue entregada o existieron sobreprecios que rondaron en el 200%.

«Los ex funcionarios provinciales, con pleno dominio de hecho y división de funciones, pergeñaron un plan para defraudar al Estado provincial, realizando todos ellos aportes esenciales en el tramo ejecutivo para alcanzar el fin propuesto», señaló Rodríguez en la audiencia de apertura de investigación.

El fiscal sostuvo que para la concreción del plan «resultó imprescindible la intervención de distintos particulares que aparecen contratando con el Estado Provincial, en alguno de los hechos cobrando valores muy superiores a los que los productos tenían en el mercado, y en otros directamente cobrando por mercadería que nunca entregaron».

Los cinco empresarios fueron imputados provisoriamente en carácter de «partícipes primarios».

BLANQUERIA MATICES

La dueña de «Blanquería Matices, Muebles & Objetos», junto a los ex funcionarios del Gabiente del gobernador Mario Das Neves, fueron sindicados por los fiscales de «provocar una defraudación de $ 2.911.845».

Esta empresa fue contratada para abastecer a los afectados al temporal de Comodoro Rivadavia con colchones, mantas, botas de agua, capas de agua y toallas, entre otros elementos.

«Muchas de las facturas resultaron apócrifas», sentenció Rodríguez.

LA AGRICOLA S.R.L.

De acuerdo al desglose efectuado por los fiscales, la empresa La Agrícola S.R.L. provocó un perjuicio contra el Estado de $ 3.141.258.

«La Agrícola S.R.L. aparece suministrado mercadería que en un caso no cuenta con respaldo de proveedor alguno, en otros las facturas de los supuestos proveedores tienen serios signos de ser apócrifas y por último en otros de los supuestos la mercadería que se le vendió a la Provincia se le cobró a un precio que superaría un 200% de ganancia en un breve lapso de tiempo», explicó el fiscal Rodríguez en la audiencia de ayer.

También precisó que pudieron corroborar la intervención directa de Correa: «Se consignó en la contabilidad que llevaba Luthers, que el imputado habría retornado la suma de $250.000, con fecha 3 de agosto de 2017, el cual figura como entregado en la propia casa del ex subsecretario, Diego Correa».

MALL DON BOSCO

El Ministerio Público fiscal imputó al titular de la mueblería por considerar que generó una defraudación contra el Estado de $ 6.814.530.

El informe de los fiscales fue categórico: «No existe respaldo por parte del proveedor que justifique el volumen de venta realizado al Ministerio de Familia durante el período señalado. De la documental aportada surge que compró durante el lapso señalado 17 colchones de características idénticas a las supuestamente entregadas al Estado Provincial, cuando de los expedientes administrativos analizados surge que le vendió al Estado en el marco de la emergencia, 1.800 colchones de esas características».

Por otro lado, advirtieron que en este caso particular «corroboramos que Diego Luthers, para el caso puntual y específico de los proveedores de la emergencia registró que Mall Don Bosco retornó a manos de los funcionarios la suma de $1.220.000».

THOR S.R.L

En el caso específico de la firma Thor S.R.L., el Ministerio Público Fiscal visualizó que la defraudación contra el Estado alcanzó a $ 1.200.000.

En el escrito de imputación, los fiscales relatan que en el período analizado de 2017 «el proveedor de los 800 colchones vendidos al Estado, solamente tiene el respaldo documental por 40 colchones».

En otro tramo de la audiencia, Rodríguez evidenció que la fiscalía pudo comprobar a través de las planillas confeccionadas por Luthers y de las pericias informáticas y telefónicas que el dueño de la empresa Thor «acordó el retorno a cambio del pago a su compañía».

«De la planilla que confeccionaba Luthers figura que el responsable de la firma retornó el 8 de agosto de 2017 a manos de los funcionarios la suma de $ 210.000. A este dato lo debemos ponderar con otro dato relevante consistiendo en que, en la misma fecha, el dueño de la empresa retiró por ventanilla del Banco del Chubut la suma de $ 200.000».

KIOSCO EMANUEL

El caso de este proveedor deja de relieve las presuntas maniobras irregulares del Gobierno provincial. El Estado contrató a un kiosco para que suministre 1.500 botellas de agua. Sin embargo Kiosco Emanuel se la compró a otro proveedor de la provincia: fue a Friosur por un monto de $ 19.985.

Sin embargo, Kiosco Emanuel se las vendió al gobierno provincial a $ 57.000, generando un desfasaje de $ 37.000. Los fiscales aseguraron que en este caso, también hubo un direccionamiento en la compra, porque había proveedores que contaban con la capacidad de entregar esa cantidad y a un precio sensiblemente menor.

Se viene una «ola» de pedidos de probation en la causa que investiga los retornos de la obra pública. Hay casos avanzados entre los abogados de los empresarios y los fiscales. Todas las obras ofrecidas rondan entre los $ 3 millones y los $ 5 millones. En los borradores hay arreglos de escuelas, obras para actividades deportivas y sociales y centros para discapacitados.

Una fuente de la Justicia confirmó a EL CHUBUT que «el 90% de los empresarios están pidiendo la probation». Los imputados del club de la obra pública ya hicieron diversos ofrecimientos para acogerse a la suspensión de juicio a prueba.

«Están haciendo ofrecimientos de reparación, algunas fueron desestimadas porque tenían inversiones muy chicas», confió a este Diario un funcionario judicial que dio a conocer los pormenores de la causa Revelación.

El abogado penalista Emilio Galende que patrocina al empresario Juan Carlos Villegas habría trasladado una propuesta a los fiscales de la causa «Revelación» orientada a la construcción un centro para discapacitados en la ciudad de Puerto Madryn. De acuerdo a las dimensiones, la obra rondaría entre los 4 y los 5 millones de pesos.

También circularon ofertas para realizar mejoramientos en establecimientos educativos y la construcción de proyectos vinculados a actividades deportivas y sociales.

Los empresarios que serán imputados son Franco Finiguerra, de Mall Don Bosco; Bruno Taurelli Chiribao, de Agrícola, y Cecilia Sabada, de Kiosco Emanuel; todos de Trelew y Madryn.

Están acusados de “cobrar valores superiores a los productos de mercado o por no entregar la mercadería”, tal como informó semanas atrás ADNSUR.

Son considerados partícipes necesarios de la defraudación al Estado, mientras que los funcionarios imputados son considerados autores del delito.

Los comercios están acusados de hacer facturas truchas, sobrefacturar y no entregar los elementos solicitados, en connivencia con Diego Correa, Diego Lüters y el resto de los imputados por corrupción en Chubut.

Los fiscales de la causa son Alex Williams y Omar Rodríguez. También participan de la audiencia Cristian Martínez y Mario Romero, de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la jueza es Mirta Moreno.

A su vez, según pudo confirmar ADNSUR, no asistieron a la audiencia los empresarios Marta Fracasso, de Blanquerna Matices ni Guillermo Williams, de Casa Maza.

Por la causa Emergencia investigan al ex jefe de Unidad Gobernador, Diego Correa, el secretario, Diego Lüters, la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez (ex subsecretario de Desarrollo Social) y ahora también a Vanina Varale, ex jefa de Depósito e imputada como coautora.

Fuente: ADNSUR

El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió en la causa denominada “Revelación” que los imputados Diego Correa, Pablo Bastida, Pablo Oca, Víctor Cisterna, Federico Piccione, Gonzalo Carpintero continúen con las medidas de coerción. En los casos de Diego Luther resolvió autorizar a una única salida de cuatro horas para poder estar junto a su familia y en el caso de Alejandro Pagani, lo autorizó a viajar a la ciudad de la Plata y realizar visitas a su madre que se encuentro con problemas de salud.

En el marco de la audiencia de control de detención que se realizó por la mañana en la oficina judicial de la ciudad de Rawson. El juez Sergio Piñeda alrededor de las 0930 hs. formalizo el inicio. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, los cuales solicitaron que se mantengan todas las medidas de coerción que recaen sobre los imputados hasta la audiencia de elevación a juicio. Los defensores que asistieron a la audiencia fueron, el Dr. Emilio Galende como defensor de Víctor Cisterna, el Dr. Fabian Gabalachis por los imputados Diego Correa, Pablo Bastida y Pablo Oca, el Dr. Federico Ruffa por el imputado Gonzalo Carpintero, el Dr. Lisandro Benítez por Diego Luther, el Dr. Salt por el empresario Federico Piccione.

Cabe recordar que esta causa denominada “revelación” involucra además de altos funcionarios provinciales, una treintena de empresarios de la construcción de toda la provincia del Chubut, en perjuicio del estado.