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Emergencia climática

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El fiscal Omar Rodríguez, se refirió a la investigación que se está realizando por el accionar del  ex funcionario provincial de Servicios Públicos, Pablo Korn, en el marco de la emergencia climática que sufrió Comodoro Rivadavia en marzo del año pasado. “La causa de Korn tiene que ver con la contratación directa de una persona amiga de él. Hizo una negociación incompatible con sus deberes de funcionario público. En esto la Ley es clara: el funcionario no puede tener intereses personales de por medio”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “nos entrevistamos con personas que trabajan en la SCPL que el año pasado intervinieron en el contacto que hizo el ex funcionario provincial Pablo Korn durante la emergencia climática que atravesó Comodoro Rivadavia en marzo de 2017”.

“La causa de Pablo Korn tiene que ver con la contratación directa de una persona amiga de él. Hizo una negociación incompatible porque incumplió sus deberes de funcionario público”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “el material de la contratación fue entregado. Pero estamos hablando de una contratación de cerca de 4 millones de pesos y eso violenta la libre competencia”.

“El funcionario público debe ser imparcial. No puede tener intereses personales. Está prohibido contratar parientes o amigos”, indicó.

En este marco, aseguró que “la SCPL nos contó cómo se dio el contacto con Pablo Korn. El primer encuentro ocurrió la primera semana de abril de 2017. Servicios Públicos se contactó con un proveedor local a pesar que desde la Cooperativa le pasaron el contacto de otro proveedor de Comodoro Rivadavia que tenía solvencia”.

“Ahora estamos trabajando en los particulares que le vendieron mercadería al estado y en muchos casos no se entregó nada. Debemos localizar las usinas de facturas truchas desde donde se cometió fraude al Estado Provincial”, añadió.

A su vez, el funcionario afirmó que “acá estamos hablando de un sistema corrupto. La corrupción fue sistémica y es difícil de desterrar. La única manera de eliminar esto es con el compromiso de la gente y el compromiso social”.

Finalmente, Rodríguez concluyó que “la gente se hartó del sistema corrupto. Nos merecemos tener una sociedad libre de corrupción. Ahora hay una suerte de conciencia de hacer mejor las cosas. Los números de la Provincia se están acomodando y eso quiere decir que no se están metiendo las manos en la lata”.

 

 

El Comodorense

En la mañana de ayer los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams acompañados por dos miembros de la Policía Judicial, se trasladaron a la Comodoro Rivadavia con el objeto de recabar entrevistas en el marco de la causa conocida como “emergencia climática”, tramitada en la ciudad de Rawson. La investigación ya formalizada se calificó provisoriamente para Pablo Korn y Rubén D’Amico como  “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado” en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”.

Así los fiscales Rodríguez y Williams se reunieron con autoridades y directivos de la S.C.P.L., como también con empresarios locales recolectando valiosa información para la causa.

La imputación a Korn y D’Amico

Respecto del imputado Pablo Korn en carácter de subsecretario de servicios públicos del Chubut, priorizo direccionar las compras a su “amigo y socio” Rubén D’Amico  sin haber siquiera realizados consultas a proveedores de Comodoro o de la ciudad de Trelew.

Se trata de la compra de materiales por algo más de 3.700.000 pesos realizados al comercio de D’Amico para restablecer parte de los servicios públicos afectados por un fuerte temporal que sobre fines de marzo y principios de abril del año pasado azotó la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Diez expedientes de pago

En el pedido de apertura de investigación por el plazo de seis meses se indica que “Pablo Sebastian Korn, siendo Subsecretario de Servicios Públicos -Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, de la Provincia de Chubut, designado por decreto nro. 671/16, en fecha 6/05/2016” en el marco de 10 expedientes administrativos “se interesó en la contratación directa con la firma Electrocity S.A., perteneciente a su amigo y socio, Dario Rubén D’Amico. El objeto de las contrataciones tenía que ver con la adquisición de elementos necesarios para llevar adelante la reparación de buena parte de la infraestructura de los Servicios Públicos de la Ciudad de Comodoro Rivadavia dañados, en algunos casos destruidos, por el temporal de lluvia ocurrido a partir del 29 de marzo del año 2017.

En este contexto, en plena emergencia provincial, Pablo Korn, aprovechándose de la función pública que desempeñaba, en función del cargo que ocupaba, con la clara intención de beneficiar económicamente a su amigo Dario D’Amico, direccionó las contrataciones directas aludidas en favor del último de los nombrados. Para ello, firmó numerosas notas de elevación al Ministro Coordinador de Gabinete a través de las cuales solicitaba se abonase las facturas presentadas por la firma. A su vez el propio funcionario conformó las facturas en su totalidad.

De lo dicho se desprende que, el Subsecretario en razón de su cargo intervino de manera directa en el trámite administrativo donde se contratara a la firma antedicha. En este sentido, el nombrado insertó un interés particular, por encima del interés público, al cual el funcionario debió dar preeminencia. Cabe destacar, además, que los 10 expedientes mencionados fueron iniciados el 14/07/17, generaron una acreencia en favor de D’Amico, de 3.726.244 $, los cuales fueron abonados entre el 15 y 18 de agosto del año 2017”.

Los diputados provinciales Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour, también serán querellantes en la causa que investiga presuntos sobreprecios en el área de Servicios Públicos de la Provincia.

Está imputado el ex subsecretario Pablo Korn por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, y también el comerciante de Trelew, Darío D’amico.

 

El Chubut

El juez Marcelo Orlando rechazó un planteo del defensor del imputado Pablo Korn y esté seguirá imputado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Enrique Korn, padre y defensor del ex funcionario, había argumentado que a su asistido no se le permitió el derecho a legítima defensa. Manifestó que los fiscales que investigan el caso, no le permitieron declarar, aportar pruebas y documentación cuatro días después –el 20 de septiembre del año pasado- de que diputados provinciales del Frente para la Victoria, presentaran la denuncia por presuntos sobreprecios en la adquisición de materiales eléctricos para Comodoro Rivadavia tras una situación emergencia climática que afectó severamente los servicios en esa ciudad. Korn estaba a cargo de los Servicios Públicos de la provincia y los elementos que se compraron se adquirieron a Oscar D’Amico, de un comercio del rubro de la ciudad de Trelew, allegado además –según los fiscales- a Korn. Este último se encuentra imputado en la misma causa como partícipe necesario.

El juez Marcelo Orlando en la audiencia de este martes convalidó la postura de los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez, en el sentido de que el derecho a la legítima defensa comienza luego de la apertura de investigación que homologa un juez y no en la investigación previa que realizan los fiscales tras la recepción de una denuncia. El abogado Korn, ante la posibilidad del revés en la resolución del juez Orlando, hizo “reserva Federal” del caso adelantando la posibilidad de una impugnación.

Por otra parte como continuidad de la audiencia, se constituyeron tres querellantes para apuntalar la acusación e investigación junto a los fiscales. Se trata de la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y los diputados denunciantes. Mario Romeo por la Oficina Anticorrupción, Javier Dominguez por la Fiscalía de Estado y Martin Mesa por los diputados del Frente para la Victoria.

Todos los querellantes coincidieron con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal además de la calificación legal que eligieron. El juez Marcelo Orlando convalido a los nuevos querellantes no obstante las impugnaciones que podrá realizar la defensa.

Los hechos que se investigan

Los fiscales investigan lo ocurrido  el año pasado durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. Para Williams y Rodriguez, el imputado Pablo Korn en carácter de subsecretario de servicios públicos del Chubut, priorizo direccionar las compras a su “amigo y socio” Rubén D’Amico  sin haber siquiera realizados consultas a proveedores de esa ciudad o de la ciudad de Trelew.

Se trata de la compra de materiales por algo más de 3.700.000 pesos realizados al comercio de D’Amico para restablecer parte de los servicios públicos afectados por un fuerte temporal que sobre fines de marzo y principios de abril del año pasado azotó la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Rodríguez manifestó que “la posibilidad de contratar en forma directa durante una emergencia, no habilita a los funcionarios provinciales para que hagan cualquier cosa. Por ejemplo contratar a un amigo. Es obligación del funcionario justificar por qué eligió a ese proveedor”.

También manifestó que durante la investigación previa al pedido de apertura de investigación, “hemos reunido documentación y entrevistas que demuestra que en Comodoro Rivadavia y en Trelew hay otros proveedores del Estado, y que a ellos no les compraron nada”. También Rodriguez se refirió a la imputación elegida, la de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”. Dijo que esta figura penal “no exige daño contra el Estado, como podría ser por ejemplo un posible sobreprecio. Ni siquiera que haya existido un beneficio propio para Korn. En este caso la víctima es el Estado por el accionar de un funcionario que no le fue fiel”, destacó.

Rodriguez ya había destacado en la audiencia de apertura de investigación, el significado que tiene en el proceso penal esta audiencia. Dijo que “la audiencia de apertura de investigación es una garantía que tiene la persona sospechada de un delito para que pueda acceder a toda la prueba y documentación que existe en su contra. El objetivo es que tenga todos los elementos en sus manos a fin de revertir durante el proceso la hipótesis del Ministerio Público Fiscal”.

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los viajes de su jefe Roberto Baratta, prolijas y detalladas, abrieron las puertas de un posible entramado de corrupción que funcionó durante los 12 años de gestión del kirchnerismo. Eso investiga la Justicia, monopoliza la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py, y es una onda expansiva cuyo impacto para el sistema político y para la economía del país aún no se puede dimensionar.

En las últimas semanas, ex funcionarios y muchos de los principales empresarios de la Argentina reconocieron en la Justicia el cobro y el pago de dinero negro, y hasta el propio Mauricio Macri habló de un proceso que supera en rating a las series de Netflix.

Pero este esquema de retornos y licitaciones a dedo tiene sus ramificaciones, pequeños “Lava Jato” que revelan el sistema de poder  y la vinculación entre políticos y empresarios. Un ejemplo de esto es la provincia de Chubut, donde la Justicia investiga las gestiones del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y de Martín Buzzi; y detuvo a funcionarios del actual gobernador Mariano Arcioni y a empresarios vinculados con la obra pública.

En tres causas paralelas, denominadas como “emergencia climática”, “el embrujo” y “revelaciones”, que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador;  el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el  ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca.  Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.

También se encuentran imputados y procesados Alberto Gilardino, ex ministro Coordinador de Gabinete; la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez.

La tanda más significativa de capturas tuvo lugar en mayo. Por orden del juez chubutense Sergio Piñeda, a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, también quedaron detenidos los empresarios Patricio Musante, titular de la Cámara de la Construcción de Chubut, y Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione, Esteban Torraca, y Oscar Peña, todos ellos también del rubro de la construcción.

El único de los empresarios que sigue detenido es Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL y vicepresidente de la Cámara Constructora de Comodoro Rivadavia. “Está acusado de ser miembro de una asociación ilícita. Su función era recaudar cheques en Comodoro Rivadavia y acercárselos a Correa”, aseguró a Infobae el fiscal Nápoli, que instruye en la causa “Revelaciones” junto a Héctor Iturrióz.

“Nosotros estamos investigando los delitos de cohecho, pago de coimas y asociación ilícita, y teniendo en cuenta el monto que los empresarios declararon pagar nosotros tenemos probado que se trata de una suma de 250 millones de pesos, que comprende el período de tiempo de dos años de la gestión Das Neves”, reconoció Nápoli.

Similitudes con el expediente denominado “cuadernos de las coimas

Uno de los empresarios que declaró como “arrepentido” frente al fiscal Carlos Stornelli fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras cosas, detalló cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y confesó que pagó coimas.  Habló, reconoció el delito, y se fue a su casa.

Como Wagner,  Musante admitió el pago de “retornos” por la obra pública y describió cómo eran las presiones de la gestión Das Neves. Dijo, ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que Diego Correa era el funcionario que fijaba los porcentajes del dinero negro. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el empresario declaró lo siguiente: “Me llamó Diego Correa. Yo estaba en Buenos Aires. Me pasó con Das Neves y acordamos que al día siguiente nos reuniríamos. Cuando entro a su oficina me dijo: ‘a Sudelco se le acabó la coronita. Tienen que aportar como todos, así que ahora a la platita la tenés que poner. Esto lo tenés que manejar con (Diego) Correa'”.

El empresario habló, incriminó a funcionarios y quedó en libertad. No fue el único.  Juan Salaberry (Arteco SA) y Esteban Torraca (Edisud SA) también reconocieron el pago de coimas. La defensa de los tres empresarios planteó la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que podrían ser sobreseídos del delito si cumplen con determinadas condiciones.

Este proceso que se desarrolla en Chubut, ¿puede servir de antecedente para adelantar el futuro de los varios de los empresarios más importantes del país que se arrepintieron ante Bonadio y Stornelli, representantes de firmas como Techint, Electroingeniería, Iecsa, Isolux, EMEPA, o el grupo Roggio?

En esta línea, los tres empresarios de la construcción (los chubutenses Musante, Salaberry y Torraca) propusieron a modo de resarcimiento efectuar obras y reparaciones en establecimientos públicos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Gaiman. La Oficina Anticorrupción de Chubut y tres diputados del Frente para la Victoria, que forman parte de la querella, se oponen a esta posibilidad. El juez Piñeda fijará su postura en una audiencia que se desarrollará este viernes 24 de agosto.

“La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, algo que no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios, hablamos de un monto de más de un millón de pesos por cada empresario, según la capacidad de cada empresa”, destacó ante la consulta de Infobae el fiscal Iturrióz. La Justicia tiene en la mira a más de una decena de empresarios.

“Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones”, agregó el funcionario judicial, y amplió: “Es diferente del proceso que sigue la justicia federal (en relación a la causa de los cuadernos)  porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico”, agregó el funcionario judicial.

Buzzi, Das Neves y Arcioni

La investigación judicial contra funcionarios y ex funcionarios de la administración provincial cobró fuerza cuando en un allanamiento en uno de los domicilios de Correa se secuestró un registro contable fraudulento que da cuenta de pagos y retornos de dinero negro vinculado a contratistas de obra pública, en donde se menciona, por ejemplo, al propio gobernador Arcioni y también a familiares de Das Neves (a mediados de mayo se allanaron propiedades de su viuda, Raquel Di Perna, y de su hija Mariví Das Neves).

Según los fiscales Parodi e Iturrioz, no solo se investigan los dos años de la última gestión Das Neves (2015-2017, hasta que murió), sino que también el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015) y el actual de Mariano Arcioni. Sobre este último, el fiscal Iturrióz señaló: “La constitución veda el sometimiento a proceso del gobernador en curso, pero nada dice de que sea investigado”.

Parodi, por su lado, amplió: “Apareció una planilla en donde el actual gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas”.

Un dato de color u otra similitud con la investigación a nivel nacional: el particular punto de largada. Como la insólita aparición de los cuadernos de Centeno, en Chubut fue un caja anónima dejada en la Legislatura, con documentación sobre sobresueldos en el manejo de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del año pasado, lo que destapó otro esquema de corrupción vinculado a la función pública.

 

Infobae