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Emergencia climática

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El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó este viernes en su despacho en Casa de Gobierno, el Decreto Nº 661, que establece fijar a partir del 1º de julio y por el término de un año, que las cuotas de amortización de viviendas sociales ejecutadas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), no superen el monto de un salario mínimo, vital y móvil mensual vigente, el cual hoy es de $16.870.

El decreto establece que dado el carácter social que revisten las viviendas ejecutadas por el IPVyDU y teniendo en cuenta la situación epidemiológica por el COVID-19 se instruye subsidiar las tasas de interés a los saldos de deuda por amortización de viviendas.

Decisión política

Al respecto la gerenta general del IPV, Ivana Papaianni, expresó que “el Gobernador ha tomado la decisión política de ponerle un tope al valor de la cuota de viviendas durante el término de un año, con posibilidad de prorrogarlo si es necesario. Es decir, se aplicará automáticamente el cobro de las mismas y ninguna tendrá un valor superior al del salario mínimo, vital y móvil que hoy asciende a 16.870 de pesos”.

La funcionaria provincial remarcó que “defendemos el cobro de cuotas de las casas para poder seguir haciendo viviendas y llegar a más vecinos de la provincia. Sin embargo en el marco de la inflación y la situación epidemiológica por coronavirus, hemos tomado la decisión que ningún barrio puesto al cobro supere el salario mínimo vital y afecte aún más su economía”.

Papaianni, recordó que “seguimos tomando como garantía que a ningún hogar le afecte más del 25% del ingreso del hogar. Esto se suma ahora a la decisión política del Gobernador de poner un tope. El espíritu de la decisión política del Gobernador es subsidiar las tasas de interés a los saldos de amortización de viviendas”.

Emergencia climática

Al respecto, la Gerenta general del IPV, informó que “en el marco de la emergencia, por decisión política del Gobernador Arcioni, nos instruyó a suspender el cobro de las cuotas de viviendas sociales en la zona rural afectada por la emergencia climática”.

Se autoriza a diferentes ministerios provinciales para tramitar, aprobar y contratar sin los requisitos de orden de compra. Además para la adquisición de bienes y prestación de servicios para las obras de infraestructura ante la contingencia. Se aguarda por la llegada de más fondos desde Nación.

Ayer fue publicado en el Boletín Oficial el decreto que declara la Emergencia Climática ante el temporal de nieve, viento y lluvia que afectó en las últimas semanas a la meseta y otros distritos cordilleranos. Se incluye a los departamentos de Cushamen, Gastre, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Paso de Indios y Río Senguer, por el plazo de 90 días corridos. Se compone de cinco artículos, indicó diario Jornada.

En su artículo 2° se autoriza a los ministerios de Gobierno y Justicia, de Agricultura, Ganadería, Industria, y Comercio, de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, y de Infraestructura, Energía y Planificación, a tramitar, aprobar y contratar sin los requisitos de orden de compra, suscripción de contrato, requerimientos de garantías en los anticipos a cuenta del precio que en este acto así se habilita, y de la solicitud de precios en la contratación directa por aplicación del artículo 95° inciso c) de la Ley II N° 76, y del artículo 7 inciso c) de la Ley I N° 11, exceptuándolo de las prescripciones de sus reglamentos, para la adquisición de bienes y prestación de servicios, a los fines de la ejecución de las obras necesarias para afrontar el estado de emergencia climática en las zonas afectadas”.

Detalles

En el Artículo 3° se autoriza a los ministerios de Gobierno y Justicia, de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, y de Infraestructura, Energía y Planificación, a otorgar subsidios sin los recaudos habituales.

Entre los fundamentos, se refiere que debido a que “diversas localidades de la Provincia del Chubut se encuentran afectadas por las consecuencias de los persistentes temporales de viento, lluvia y nieve que azotan la región, los cuales fundamentan la ejecución de medidas para solucionar los inconvenientes generados”.

Según el texto de la herramienta legal, se apunta que “las condiciones climáticas adversas provocan el aislamiento de pobladores y serias dificultades para el desarrollo de todo tipo de actividades, atención de los servicios sanitarios y de seguridad”. Y que “en ese marco conceptual, corresponde declarar la emergencia climática y fundamentarla en lo normado por el artículo 36° tercer párrafo de la Ley II N° 76”.

Por otro lado, entre los motivos se expresa que “con el objeto de evaluar la situación derivada de este fenómeno meteorológico, y a fin de adoptar medidas de mitigación de sus efectos en forma urgente y con la premura que se impone a la intervención de este Gobierno Provincial, es menester establecer los mecanismos legales de excepción que permitan atender en tiempo y forma la problemática a resolver”.

“Es necesario autorizar a los Ministerios de Gobierno y Justicia, de Agricultura, Ganadería, Industria, y Comercio, de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, y de Infraestructura, Energía y Planificación, a gestionar contrataciones sin determinados requisitos de la Ley N° 76 y 11, y al otorgamiento de subsidios sin los recaudos de los Decretos 1304/78 y 1230/00 para solventar los gastos necesarios para contrarrestar los efectos causados por el evento climatológico”, señaló El Comodorense.

La acusación de la Unidad Anticorrupción lo consideró “pieza central” en el grupo que habría defraudado al Estado en 18 millones de pesos mediante varias contrataciones fraudulentas para la urgencia.

La Unidad Anticorrupción consideró a Diego Correa “pieza central” del fraude al Estado mediante contrataciones fraudulentas durante la Emergencia Climática en Chubut. Por eso en la acusación que ya elevaron a la espera de la audiencia preliminar, los fiscales pidieron no menos de 6 años de prisión, más inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Para Diego Lüters, “eslabón esencial en la estructura delictiva”, inhabilitación perpetua y no menos de 5 años y seis meses de prisión. Para el exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez, no menos de 5 años y ocho meses más la inhabilitación perpetua.

Para la exministro de Familia Leticia Huichaqueo, los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez pedirán la inhabilitación perpetua y no menos de 4 años de prisión. La pretensión es la misma que para Vanina Barale, exjefa de los depósitos de Familia.

En cuanto a Cristian Orsi, exresponsable de Compras, el pedido de pena no será inferior a los 2 años y 6 meses de prisión, más la inhabilitación perpetua. Para la empresaria Marta Fracasso, dueña de “Blanquería Matices”, la solicitud será no menor a los 4 años de prisión. Para Franco Finiguerra, de “Mall Don Bosco”, 4 años y 6 meses de prisión.

En el caso de Bruno Taurelli Chiribao, de “La Agrícola”, la acusación contiene para él no menos de 4 años y 6 meses de prisión. Para César Hughes, de “Thor”, el pedido partirá de los 4 años de prisión. En cuanto a Guillermo Williams, también de “Thor”, la pretensión no será menor a 3 años y 6 meses de prisión. Finalmente, para Cecilia Sadaba, del kiosco “Emanuel”, Fiscalía solicitará 2 años y 6 meses.

Según destaca Jornada, a todos se les imputó defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Los funcionarios como coautores y los empresarios, como partícipes necesarios.

Los fiscales describieron a los episodios como “un ataque al erario público quebrantando los deberes que debían observar en el cuidado del mismo. Para lograr su finalidad delictiva pusieron en marcha un plan que significó llevar adelante reiteración de conducta delictiva”.

Al grupo de exfuncionarios lo describieron como “personas instruidas, con dilatada trayectoria y experiencia en el ámbito de la función pública”. Y al de empresarios “con una larga experiencia en el rubro comercial”. Sabían que delinquían y por eso el castigo penal debería ser mayor.

La acusación considera que “el motivo fue la codicia, toda vez que los imputados no tenían ningún tipo de necesidad de llevar adelante los hechos enrostrados”. La reiteración de hechos hace que el caso se agrave.

“Los hechos se materializaron en violación de los deberes que debían observar, aprovechándose de los lugares estratégicos que ocupaban dentro de la estructura de poder estatal”, advirtieron los fiscales.

Los exfuncionarios se aprovecharon “de la situación dramática que estaban experimentando los chubutenses, en particular Comodoro Rivadavia”.

Según la descripción, se beneficiaron con los decretos de emergencia firmados por el exgobernador Mario Das Neves. “Siempre en busca de lucros indebidos fueron llevando adelante las maniobras tendientes a lograr beneficios personales”.

“La situación fue un caldo de cultivo que favoreció no sólo el desarrollo de conductas reñidas con la ley, sino y sobre todo con principios y valores fundamentales que están en la base de toda sociedad. Aprovecharse de una situación de desgracia que vivían conciudadanos chubutenses, simplemente para lograr beneficiarse económicamente, hacen que el reproche penal sea mucho más intenso”.

CIFRAS

El fraude trepa a los $ 18.000.000 y el Estado quedó endeudado en $ 6.000.000. “Son conductas delictivas con lesión a la administración pública, a la luz de las directrices de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hasta llegar al lavado de activos, los cuales afectan el orden financiero y económico del estado”. También pidieron el decomiso de los bienes fruto de la corrupción, sean muebles e inmuebles, hasta alcanzar la suma del perjuicio ocasionado por cada imputado.

Los fiscales además pidieron el sobreseimiento del exministro coordinador, Alberto Gilardino. Consideraron que en la época su único rol fue firmar expedientes y que no conocía el plan fraudulento. No hallaron otras evidencias en contrario.

En marzo de 2017 Chubut sufrió un fuerte temporal con lluvias récord. Comodoro Rivadavia sufrió enormes pérdidas obligando a la evacuación de un gran número de vecinos por anegación y destrucción de las viviendas.

Para paliar esta dramática situación el gobernador Das Neves firmó un decreto que declaró la Emergencia Climática en los departamentos Escalante, Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Telsen, Gastre, Paso de Indios y Los Mártires, y liberó 10 millones de pesos para la ayuda. Por la urgencia, se podía tramitar, aprobar y contratar sin mayores requisitos burocráticos.

En abril otro decreto amplió la Emergencia a toda la provincia y liberó otros $ 10.000.000 en los mismos términos que el decreto anterior. Este fue el contexto que permitió las maniobras.

Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron la acusación para llevar a exfuncionarios y empresarios a juicio oral y público. Se los acusa de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron hoy al mediodía en la Oficina Judicial de Rawson el escrito donde solicitan que se eleve a juicio oral y público la investigación por la denominada “emergencia climática”.

Para los fiscales Rodríguez y Williams, integrantes de la Unidad de Investigación Delitos Contra la Administración Pública, hay elementos suficientes para que los exfuncionarios y empresarios acusados sean sometidos a juicio oral. En la acusación, de 66 páginas, presentan a los 125 testigos que depondrán durante el debate. Entre ellos se encuentran los legisladores provinciales Alejandra Marcilla, Gabriela Dufour y Blas Meza Evans, quienes fueron los que realizaron la denuncia.

Asimismo, los investigadores adjuntaron más de mil documentos que avalan la presunta defraudación al Estado Provincial durante la tormenta que azotó a la provincia.

EL CASO

El 29 de marzo de 2017, Chubut sufrió un fuerte temporal de lluvia, con precipitaciones record para la zona, el cual se extendió por varios días. Una de las ciudades más afectadas fue Comodoro Rivadavia, que sufrió enormes pérdidas materiales, entre bienes públicos y privados, obligando a la evacuación de un gran número de residentes por anegación y en algunos casos por destrucción de las viviendas en que moraban.

El Gobernador por aquel entonces, Mario Das Neves, declaró el Estado de Emergencia Climática y se creó un Fondo de Emergencia Climática. “Fue así entonces que los funcionarios públicos acusados pergeñaron un plan para defraudar al Estado provincial, y para ello contaron con la connivencia de empresarios”, sostienen los fiscales.

En tal sentido, adjuntaron un informe donde los peritos técnicos estimaron superior a los 18 millones el dinero defraudado por los funcionarios. Y además, el Estado quedó con deudas por más de seis millones de pesos.

Los fiscales, en su acusación, adelantan que pedirán penas de efectivo cumplimiento para los funcionarios y empresarios tienen en cuenta que los delitos se realizaron aprovechándose del contexto de una situación dramática que sufrían los chubutenses, en particular en Comodoro Rivadavia, “y en ese marco, aprovechándose de la situación aludida, favorecidos por los decretos de emergencia oportunamente dictados, los imputados siempre en busca de lucros indebidos fueron llevando adelante las maniobras tendientes a lograr beneficios personales.

La situación descripta resultó ser un caldo de cultivo que favoreció no solo el desarrollo de conductas reñidas con la ley, sino y sobre todo con principios y valores fundamentales que están en la base de toda sociedad. Aprovecharse de una situación de desgracia que vivían conciudadanos chubutenses, simplemente para lograr beneficiarse económicamente, hacen que el reproche penal sea mucho más intenso”, indica la acusación.

Hasta aproximadamente las 9 se registraron alrededor de 29mm de agua caída sobre la ciudad de Trelew y no hubo evacuados. Así se informó desde el Comité de Emergencia Climática de la Municipalidad de Trelew, compuesto entre otros por las áreas de Desarrollo Social, Servicios Públicos, Desarrollo Territorial, la Agencia de Seguridad y Prevención y Defensa Civil.

Pablo Almonacid, responsable de la Coordinación de Desarrollo Social, detalló que “hasta el momento se ha mantenido una guardia constante desde las distintas áreas involucradas. Y entre nylon, leña y algo de alimentos, se asistieron unas 60 familias. Ninguna evacuada”.

Por su parte, Víctor Hugo García de Defensa Civil señaló respecto de la situación climática que “continuará de la misma manera hasta gran parte de la tarde y se prevé deje de llover para la noche”. Además, expresó que “entre las 17.30 del lunes y las 9 del martes se registraron alrededor de 24mm a los que hay que sumarle 5mm de la mañana”.

En tanto, desde Servicios Públicos se supo que gracias a los permanentes trabajos de limpieza ejecutados, tanto en los drenajes, pluviales como sumideros han permitido que no se acumule mucha agua a pesar de la gran cantidad de lluvia caída en pocas horas. «En el barrio Malvinas el bombeo de la planta funcionó muy bien y no hay acumulación de agua. Sí se puede observar algunas calles anegadas en las intersecciones de Cadfan Hughes y Moreno, y la calle Alem, en las esquinas de Muzio y Cutillo, aunque está drenando. Y alrededor de la plaza seca está normal». Para finalizar, dijo que «los cuencos Owen y Muster están en orden, sin peligro de desbordes, y sin necesidad de bombear al río».

La jueza Mirta Moreno dispuso la apertura de la investigación en contra de un nuevo ex funcionario del Ministerio de Familia de la provincia en lo que constituye una ampliación de la causa judicial de los sobreprecios durante  la emergencia climática en Comodoro Rivadavia.

Se trata de Cristian Orsi que se desempeñaba como director de administración en ese Ministerio en abril del año 2017 en que un temporal de varios días afecto seriamente a esa ciudad.

La imputación de los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez es la de administración fraudulenta en contra de la administración pública por la compra de 1500 botellas de agua mineral de un litro medio con un sobrecosto de un 150 %. El costo pagado de manera directa sobre la base de los decretos de emergencia del Poder Ejecutivo provincial, fue de casi 58.000 pesos en momentos a los dueños del kiosco “Emanuel” de Trelew, cuyos responsables también se encuentran imputados junto a funcionarios provinciales.

Los querellantes adhirieron a lo pedido por los fiscales de la unidad anticorrupción del Ministerio público fiscal del Chubut. Se trata de la Oficina Anticorrupción, el bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria y la Fiscalía de Estado.

El plazo de investigación de esa contratación directa presuntamente fraudulenta, es por 6 meses. La audiencia se realizó en la mañana de este lunes en la Oficina Judicial de Rawson.

Se trata de Cristian Orsi, quien estaba como encargado de compras en ese sector. Se lo acusa de sobreprecios, ya que «llamó directamente al kiosco Emmanuel cuando había otros proveedores con precios mucho menores” para la compra de agua mineral.

El fiscal Omar Rodríguez confirmó en una rueda de prensa de la que participó ADNSUR en Rawson que, en el marco de la causa Emergencia, que investiga sobreprecios en la compra de insumos tras el temporal de Comodoro, este viernes se reprogramó la apertura de investigación para un imputado. Se trata de Cristian Orsi, quien estaba como encargado de compras en el Ministerio de Familia y a quien se lo acusa de “haber hecho aportes en la compra directa al kiosco Emmanuel”.

Explicó que “la imputación tiene que ver con sobreprecios” debido a que Orsi “llamó directamente al kiosco Emmanuel cuando había otros proveedores con precios mucho menores” para la compra de agua mineral. “El perjuicio no es grande pero fue emblemático”, especificó.

Detalló que “el kiosco no tenía stock”, por lo que “fue y compró en Fío Sur –que era proveedor- las aguas que necesitaba el Estado, por lo que lo podrían haber conseguido a un precio mucho menor, de más de la mitad”.

El fiscal Rodríguez recordó que “se pagaron 57 mil por 1500 botellas de agua. Las botellas se entregaron pero es un caso de sobreprecios que se pone en evidencia comparando precios con Friosur; se hizo un pase de manos. Se compró a 20 mil y vendió a 50 mil”.

En cuanto al exministro Alberto Gilardino, explicó que “no lo incluimos dentro de esta ampliación. Adelantamos que solicitaremos el sobreseimiento toda vez que en la imputación originaria no pudimos reforzar los elementos que teníamos respecto de él en cuanto a si hubo un acuerdo con el resto; solamente aparece su firma en distintos expedientes y resulta insuficiente como para llevarlo a juicio. Respecto a otros imputados hay muchos sí hay muchos elementos que tienen como fuente testimonios, documental, análisis de teléfonos”, comparó Rodríguez.

Los imputados actuales por esta causa son Diego Correa, Diego Luthers, Alberto Gilardino, Marcelo Suárez, Leticia Huichaqueo, Vanina Gisella Varale, Franco Finiguerra, Marta Andrea Fracaso, Bruno Taurelli, Guillermo Adrián Williams y Cecilia Sofía Sadaba.

La acusación de los fiscales sostiene que Diego Correa, Diego Luthers, Marcelo Suárez y Leticia Huichaqueo, organizaron un plan para defraudar al Estado Provincial, con la compra de colchones, agua mineral y otros bienes  para la emergencia climática, pero lo hicieron antes de que se desate el temporal de lluvia en Comodoro.

 

 

andsur

A las 12 horas de este viernes, los fiscales Omar Rodríguez  y Alex Williams llevarán adelante la audiencia de ampliación de apertura de investigación de la causa de la emergencia ocurrida en Comodoro Rivadavia.

La causa sumará este viernes un nuevo imputado. Se trata del jefe de compras del Ministerio de Familia, que está involucrado en la adquisición de bienes con sobreprecios como ayuda a los damnificados del temporal en marzo del 2017.

La imputación tiene que ver con que administraban bienes ajenos y contrataron de manera directa a una tercera persona para favorecerla con un elevado sobreprecio, causando un perjuicio al Estado provincial.

Los imputados actuales por esta causa son Diego Correa, Diego Luthers, Alberto Gilardino, Marcelo Suárez, Leticia Huichaqueo, Vanina Gisella Varale, Franco Finiguerra, Marta Andrea Fracaso, Bruno Taurelli, Guillermo Adrián Williams y Cecilia Sofía Sadaba.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron el viernes pasado una ampliación de la causa que investiga la presunta defraudación al Estado en el marco de la emergencia climática que sacudió a la provincia. Gilardino quedaría excluido del proceso y añadirán al jefe de compras de la cartera que conducía Leticia Huichaqueo.

Los motivos están cimentados en que Fiscalía no tendría pruebas consistentes para demostrar que Gilardino firmó las contrataciones con conocimiento de que Diego Correa y los funcionarios del Ministerio de Familia estaban pergeñando un presunto fraude en la adquisición de mercadería destinada a la emergencia climática.

En este escenario, dictarán el sobreseimiento para Gilardino en las próximas semanas. En paralelo, los fiscales sumarán un nuevo imputado a la causa: si bien desde las oficinas judiciales optaron por el hermetismo, el nuevo acusado sería funcionario de la cartera de Familia y se trataría de un jefe de compras.

Los imputados actuales por esta causa son Diego Correa, Diego Luthers, Alberto Gilardino, Marcelo Suárez, Leticia Huichaqueo, Vanina Gisella Varale, Franco Finiguerra, Marta Andrea Fracaso, Bruno Taurelli, Guillermo Adrián Williams y Cecilia Sofía Sadaba.

La investigación

El 29 de marzo de 2017, Chubut sufrió un fuerte temporal de lluvia, con precipitaciones récord para la zona. Como consecuencia de ello, la ciudad de Comodoro Rivadavia sufrió enormes pérdidas materiales, entre bienes públicos y privados, obligando a la evacuación de un gran número de residentes de la ciudad petrolera por anegación y en algunos casos por destrucción de las viviendas en que moraban.

La acusación de los fiscales sostiene que «Diego Correa, Diego Luthers, Marcelo Suárez y Leticia Huichaqueo, con pleno dominio de hecho y división de funciones, pergeñaron un plan para defraudar al Estado Provincial, realizando todos ellos aportes esenciales en el tramo ejecutivo para alcanzar el fin propuesto».

Asimismo, alegaron que para la concreción del plan «resultó imprescindible la intervención de distintos particulares que aparecen contratando con el Estado Provincial, en algunos de los hechos cobrando valores muy superiores a los que los productos tenían en el mercado, y en otros, directamente cobrando por mercadería que nunca entregaron».

Rodríguez y Williams explicaron que para concretar este fraude «en primer lugar, había que darle a los expedientes que se iban generando en el marco de las contrataciones directas, visos de legalidad».

Para que ocurra esto, en todos aquellos expedientes analizados «aparece la firma de Marcelo Suárez al pie de los Memorandos, los cuales eran dirigidos a Diego Correa, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social a la Subsecretaría Unidad Gobernador, solicitando que se autorice el pago de la adquisición de materiales necesarios en la emergencia».

En la causa hay un caso emblemático: se compraron colchones para la emergencia climática, pero lo hicieron antes de que se desate el temporal de lluvia que azotó a la provincia del Chubut.

 

 

El Chubut

Organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, comercios y otras instituciones, así como particulares, iniciaron diversas campañas solidarias para poder ayudar a las personas que, desde el miércoles, comenzaron a sufrir los embates causados por el temporal.

Desde frazadas, colchones, agua mineral, ropa y alimentos no perecederos, todo comenzó a recolectarse, primero desde las redes sociales y luego a través de grupos organizados y voluntarios. Hubo vecinos que por medio de las redes sociales ofrecieron sus camionetas para transportar elementos necesarios hacia los barrios más perjudicados.

FM del Valle

La emisora popular de Trelew, FM Del Valle, 103.1 Mhz, inició una campaña solidaria con recolección, en los estudios ubicados en el barrio San Martín, de agua mineral, alimentos no perecederos, ropa, calzado y pañales, colchones, frazadas y artículos de limpieza. Bajo el lema «Acercate y ayudá a tus vecinos», se inició esta propuesta difundida en las redes. La sede de la emisora es Moreno Norte, Casa 114.

Puerta violeta

En la sede de la ONG Puerta Violeta, espacio feminista que tiene por objetivo trabajar en la asistencia integral de víctimas de violencia de género, se comenzó a recaudar ayuda en la mañana de ayer y se están acopiando donaciones consistente en ropa de abrigo, frazadas, agua y productos de limpieza.

Además, exclusivamente para los niños afectados por las lluvias, leche, azúcar y galletitas. Puerta Violeta está ubicada en A.P.Bell 1037 de nuestra ciudad.

Frente peronista

Bajo el lema «Por y para los vecinos», desde el Frente Peronista de Trelew se comenzó con una campaña solidaria para destinar a las familias afectadas por las lluvias.

«Sin bandería política», señaló el comunicado emitido a través de las redes sociales, se están recepcionando en la sede de A.P Bell 266, agua mineral, ropa de abrigo, nylon, frazadas, zapatillas y alimentos no perecederos.

Partido por Trelew

Desde el Partido por Trelew, en la sede de Fontana y Abraham Matthews, se abrieron las puertas ayer a las 10 horas con el fin de recibir y transportar de inmediato a los barrios agua, colchones y mantas, y abrigos.

Quienes deseen colaborar, además de llevar lo donado a este punto, pueden comunicarse al (0280) 154-364102.

Prenda por alimento

El local de indumentaria femenina «Lolas Trelew», situado en 25 de Mayo 118, inició la campaña «Una prenda por un alimento», mediante el cual se recepcionan alimentos no perecederos para entregar a los comedores.

El comunicado emitido por este local, expresó que la ropa de la feria al costo que no se vendió «está disponible en el local» y quienes lo deseen «pueden traer un alimento no perecedero y llevarse la prenda».

«Hay mucha gente en situación de extrema emergencia y los comedores se quedan sin abastecimiento. Ayudemos entre todos».

 

 

El Chubut