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Los fiscales y los defensores de los doce imputados en la llamada causa “Embrujo” llegaron a un acuerdo en cuanto a los términos de las imputaciones contra quienes fueron investigados en la conformación de una asociación ilícita para hacerse de inmuebles y vehículos con fondos del Estado provincial. Fue en una parte de la audiencia que se realiza en la Oficina Judicial de Rawson.

Las acciones investigadas se relacionan a empresas propiedad de Diego Correa, pero que figuraban a nombre de personas cercanas, que él mismo contrataba desde el Gobierno para la refacción y construcción de diversas obras públicas. Las contrataciones eran directas o abiertas fraguadas con falsos competidores, en algunos de los casos. Con el dinero mal habido se compraron costosos vehículos además de inmuebles en Rawson, Trelew y en El Hoyo.

En la lectura de la imputación a Diego Correa, ex secretario privado de Das Neves y ex titular de la Unidad Gobernador, los fiscales le estimaron un patrimonio, entre inmuebles y vehículos, de 35 millones de pesos. Esos ingresos no se justifican con su cargo en el gobierno del Chubut, adscripto por su empleo en la AFIP.

A la audiencia preliminar asisten 11 de los 12 imputados. Está ausente Rubén Reinoso, no asistió por estar en la Capital Federal. Los fiscales formularon la calificación legal para cada uno de los imputados. La audiencia se extendería hasta el jueves inclusive.

Los fiscales encargados de la investigación y acusación son los integrantes de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams. Además se presentaron como querellantes los diputados del FPV Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. También son querellantes la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y la ONG Iniciativa Ciudadana.

Los doce imputados

Diego Correa, fue subsecretario de la Unidad Gobernador durante la gestión del ex gobernador Mario Das Neves. Para los fiscales está considerado jefe de la asociación ilícita, además se le imputa fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública. Se lo investiga por seis hechos consumados y veinticuatro en grado de tentativa.

Diego Luther, miembro de la asociación ilícita como partícipe primario o necesario se le imputa, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. También se lo imputa de seis hechos consumados y veinticuatro en grado de tentativa.

Daniela Souza, acusada cómo miembro de la asociación ilícita, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con enriquecimiento ilícito. Está involucrada en seis hechos.

Natalia Mc Leod, miembro de la asociación ilícita, en concurso real enriquecimiento ilícito en seis hechos consumados y veinticuatro tentados.

El contador Federico Gatica, está imputado de ser el autor de lavado de activos agravado por habitualidad.

Juan Carlos Ramón, miembro de la asociación ilícita en carácter de partícipe necesario en concurso real con defraudación por administración. Está investigado en seis hechos consumados y ocho tentados

Sandro Figueroa, acusado cómo miembro de la asociación ilícita, en concurso real con enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Jorge Aníbal Godoy está imputado de enriquecimiento ilícito.

Giuliana Mc Leod, se la acusa por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cuatro hechos consumados y dieciséis  tentados, los que concursan idealmente con negociaciones incompatibles.

Darío Correa, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Rubén Reinoso, imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Christian Daniel Gisande, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, dos hechos consumados y ocho en grado de tentativa.

El abogado penalista Fabián Gabalachis solicitó la semana pasada el sobreseimiento de Diego Correa y su pareja, Natalia Mc Leod. El defensor público Omar López hizo lo propio con su cliente Juan Carlos Ramón. El mismo planteo se extendió para el ex director de Viviendas Oficiales, Cristian Gisande y para el maestro mayor de obras, Jorge Godoy.

En el escrito de contestación de la acusación que recae sobre Correa y Mc Leod, Gabalachis ofreció pruebas y pidió el sobreseimiento de ambos en la causa «Embrujo».

La misma medida fue solicitada para «Tato» Ramón, sindicado en la causa como el responsable de armar presupuestos paralelos que le daban una imagen de «competitividad» a los concursos de precios en las licitaciones que participaban Dual Core y Sepat.

El encargado de Viviendas Oficiales del gobierno provincial, Gisande, también requirió el sobreseimiento. Gisande lideraba el área que estaba bajo la órbita de Unidad Gobernador (Diego Correa) y solicitó la reparación de casas oficiales, aunque en la descripción todas tenían el mismo incoveniente.

Por último, el abogado de Godoy -encargado de la construcción de la vivienda de Correa en Playa Unión y de los dúplex- también pidió el sobreseimiento por falta de pruebas.

 

 

El Chubut

En una sala repleta, comenzó en la Oficina Judicial de Rawson la audiencia preliminar al juicio de la causa que se conoce como “El Embrujo” por la cual exfuncionarios y sus familiares directos están acusados de asociación ilícita para defraudar al Estado y también enriquecimiento ilícito. Será hasta las 14 y continuará mañana y pasado.

La causa se hizo pública cuando en medio de una serie de allanamientos simultáneos a primera hora de la mañana del 7 de marzo de este año eran detenidos los, por entonces, secretarios privados de la Unidad del Gobernador, Diego Correa y Diego Lüters. También fue apresada la mujer de Correa, Natalia Mc Leod y su tío, Sandro Figueroa. Además se detuvieron a Carlos “Tato” Ramón y en los días siguientes a Daniela Souza y Federico Gatica. Todos ellos menos Daniela Souza, permanecen detenidos.

Además por esta causa están imputados el maestro mayor de obras, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod (hermana de Natalia), Darío Correa (hermano de Diego), Rubén “Bedo” Reinoso y Cristian Gisande.

Acciones investigadas

Las acciones investigadas se relacionan a empresas propiedad de Diego Correa, pero que figuraban a nombre de personas cercanas, que él mismo contrataba desde el Gobierno para la refacción y construcción de diversas obras públicas.

Se sumaron en este mismo escenario contrataciones de equipos de sonido e iluminación para eventos del Telebingo.

Los fiscales encargados de la investigación y acusación son los integrantes de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams. Además se presentaron como querellantes los diputados del FPV Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. También son querellantes la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y la ONG Iniciativa Ciudadana.

En relación a la audiencia de esta mañana, la diputada Marcilla reiteró que como querellantes adhirieron a todas las imputaciones de los fiscales en este caso y que si se mantienen, en el caso de Diego Correa, a quien se le atribuye ser el jefe de la asociación ilícita, y si se llega a una condena, será de cumplimiento efectivo.

 

 

Diario Jornada / Foto: @feldman_da

“Esto no puede llegar a una instancia penal como llegó”, alertó el fiscal Omar Rodríguez, en clara alusión a la falla de los organismos de control en las causas de corrupción que se desataron en Chubut. Dijo que era “vox pópuli” que algunos funcionarios estaban “haciendo plata con la política”.

Rodríguez lamentó que la causa «Embrujo» esté a punto de llegar al juicio oral y público, y puso especial atención en los organismos encargados de controlar estos actos.

«Esto se tendría que haber descubierto mucho antes. Un funcionario que ingresa al Estado con un vehículo usado no puede terminar con un auto de alta gama y una casa de grandes dimensiones a la vista de todo el mundo», disparó el fiscal.

En este contexto, no dudó en manifestar que «fallaron los controles, porque está a la vista de cualquiera. Era vox pópuli en la sociedad de quién o cuál estaba haciendo plata con la política».

Delineó que el resultado de la investigación del «Embrujo» muestra «una actividad corrupta» que se ha tornado «sistémica».
Puntualizó que en la investigación que llevaron adelante junto al fiscal Alex Williams no se trató «de un grupo de 4 ó 5 que se juntaron para cometer actos contra la administración pública, sino que cuadran dentro de lo que los estados están preocupados, que es el flagelo de la corrupción». Agregó que la corrupción «ha envenedado la democracia».

 

 

El Chubut

El dato fue confirmado por el abogado defensor del detenido Diego Correa, acusado de ser el líder de una supuesta asociación ilícita que se conformó en el ámbito del gobierno durante la gestión de Mario Das Neves para favorecerse con dineros públicos.
El penalista Fabián Gabalachis, quien defiende a Correa, recordó que la audiencia preliminar es el paso previo para el juicio oral y público, donde se establecerán las reglas de juego para el debate.

Gabalachis interpreta que tras la audiencia del martes, el juez de instrucción Sergio Piñeda deja de estar al frente de la investigación y cede el accionar en un tribunal que seguramente será el que presida las sesiones durante el juicio oral y público.

De paso, el abogado penalista aprovechó para aclarar que los empresarios que fueron favorecidos por la suspensión de juicio a prueba, no podrán ser testigos ni se les reconocerán como prueba sus dichos en esta etapa de la investigación.

Razona el penalista que si los empresarios acusados de pagar dádivas se acogieron a la probation, fue en clara recompensa por una delación, es decir que les morigeraron la pena a cambio de que acusen a otros.

 

 

Radio chubut

El fiscal Omar Rodríguez reconoció que en los próximos días presentarán nuevas imputaciones por la causa de la emergencia climática en Comodoro Rivadavia.

Aclaró que se trata de empresarios, y dejó en claro que no habrá detenciones.

“Estamos tomando entrevistas y próximamente presentaremos nuevas imputaciones por la emergencia climática”, confió Rodríguez. Indicó que en la pericia al telefóno de Luthers “encontramos conversaciones con empresarios ligados a la emergencia y que nos sirven de prueba para ratificar cómo operaban”.

Por otra parte, en torno a la causa “Embrujo”, vaticinó que la audiencia preliminar podría ser a principios de noviembre.

 

El Chubut

Los fiscales de una de las causas en la que se investigan negociados en contra de la administración pública, afirmaron que la imputada Daniela Souza sale de su casa donde tiene arresto domiciliario, sin ningún tipo de custodia policial al momento de dirigirse a su psicólogo para su tratamiento afectada por las condiciones de detención. Los fiscales también se quejaron de que no fueron informados formalmente de la decisión que adoptó el juez que además –afirmaron- “no es el juez original de la causa”.

Al cuestionar el arresto domiciliario en su argumentación en el texto del recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez afirmaron que la imputada en la causa “Embrujo” sale de su casa sin custodia policial al momento de hacerse atender por un psicólogo. Souza está imputada del delito de una asociación ilícita que lideraba Diego Correa, ex titular de la Unidad Gobernador durante las gestiones de Mario Das Neves al frente de la provincia del Chubut.

Afirman que el juez Marcelo Nieto Di Biase que decidió el arresto domiciliario de Souza tras la presentación de un habeas corpus “le otorgó a la imputada la posibilidad de conducirse por sus propios medios en la vía pública, sin custodia policial”, concluyendo luego que “por ello venimos a solicitar a que se nos haga lugar al recurso de revisión de una medida cautelar y de manera inmediata se disponga la revisión de la morigeración concedida a la imputada”.

Agregaron en el escrito presentado ante el Superior Tribunal de Justicia que “surgen cuestiones sumamente graves. Un juez que no es el natural del caso resuelve cuestiones propias del mismo, como las salidas al psicólogo de una detenida que no está a su disposición. Más grave aún, le permite a Souza que vaya al galeno sin ningún tipo de control ni custodia”.

La medida la tomó el juez Nieto Di Biase a raíz de un “habeas corpus” colectivo presentado por la defensa particular de la imputada y otros defensores públicos en favor de otras detenidas en la seccional primera de Trelew.

Según los fiscales “su función en la asociación ilícita que se investiga, era la compra venta y manejo de las personas de las empresas de (Diego) Correa. Adquiere terrenos en la cordillera y vehículos a nombre de una de las empresas. Souza, según las conversaciones con Correa solicitándole dinero, tenía una vida ostentosa donde tendría gastos por unos 100 mil pesos por mes y no registraba ingresos. Esta suma incluye alquiler del departamento y tarjeta de crédito”.

La presentación

El texto presentado por los fiscales Williams y Rodriguez indica que “habiéndonos notificado al tomar contacto directo con la carpeta de la Oficina Judicial, toda vez que esta parte no fue notificada de manera formal, que además de la morigeración del arresto domiciliario se le otorgó a la imputada la posibilidad de conducirse por sus propios medios en la vía pública sin custodia policial, advertimos que ambas disposiciones agravian a esta parte porque la medida originaria dispuesta por el juez natural de la causa se desvirtúa por la intervención de otro magistrado sin competencia para la modificación de la medida dispuesta”.

Agregaron en su presentación que “venimos a solicitar se nos haga lugar al recurso de revisión de una medida cautelar y de manera inmediata se disponga la revisión de la morigeración concedida a la imputada. Personas en la misma situación que Souza cumplen la medida en los centros de detención y la nombrada está en su casa con posibilidad de ir al psicólogo sin ningún tipo de medida de control”, dice el escrito.

Concluyen en que “surgen cuestiones sumamente graves. Un juez que no es el natural del caso resuelve cuestiones propias del mismo, como las salidas al psicólogo de una detenida que no está a su disposición. Más grave aún, le permite a Souza que vaya al galeno sin ningún tipo de control ni custodia”.

Los fiscales presentaron un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia porque se le otorgó domiciliaria a Daniela Souza, imputada de ser parte de una asociación ilícita liderada por Diego Correa. También el juez la autorizó para ir al psicólogo sin custodia y los fiscales no fueron notificados.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron hoy un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia por la decisión de beneficiar con arresto domiciliario a Daniela Souza, imputada como integrante de la asociación ilícita en la causa denominada “El Embrujo”.

La medida la tomó el juez Marcelo Nieto di Biase a raíz de un “habeas corpus” colectivo presentado por la defensa otorgando no sólo la prisión domiciliaria sino también un permiso para ir al psicólogo sin la debida custodia policial.

“Habiéndonos notificado al tomar contacto directo con la carpeta de la Oficina Judicial, toda vez que esta parte no fue notificada de manera formal, que además de la morigeración del arresto domiciliario se le otorgó a la imputada la posibilidad de conducirse por sus propios medios en la vía pública sin custodia policial, advertimos que ambas disposiciones agravian a esta parte porque la medida originaria dispuesta por el Juez Natural de la causa se desvirtúa por la intervención de otro magistrado sin competencia para la modificación de la medida dispuesta” afirman Rodríguez y Williams en su escrito y sostienen que “es por ello que venimos a solicitar se nos haga lugar al recurso de revisión de una medida cautelar  y de manera inmediata se disponga la revisión de la morigeración concedida a la imputada Souza”.

“Medidas como las tomadas generen contradicciones e incoherencias. Y decimos esto porque personas en la misma situación que Souza se encuentran cumpliendo la medida en los centros de detención y la nombrada está en su casa con posibilidad de ir al psicólogo sin ningún tipo de medida de control” dice el escrito presentados por los fiscales. Y agregan: “De lo expuesto surgen cuestiones que resultan sumamente graves. La primera es que un juez que no es el juez natural del caso resuelve cuestiones propias del mismo, como son las salidas al psicólogo de una detenida que no está a su disposición. La otra cuestión, más grave aún, le permite a la detenida Daniela Souza que vaya al galeno sin ningún tipo de control, custodia, etc., aumentando de manera palmaria los riesgos procesales, que por otra parte se encuentran vigentes”.

Ahora deberá resolver el planteo el Superior Tribunal de Justicia.

El rol de Souza en la banda de Correa

La Fiscalía imputa a Daniela Souza como integrante de la asociación ilícita que lideraba Diego Correa, quien – de acuerdo a la versión de los fiscales –  se escondía detrás de Souza para las contrataciones. Con respecto a Souza, marcaron que “su función era la compra venta y manejo de las personas de las empresas de Correa. Incluso adquiere terrenos en la cordillera y vehículos a nombre de una de las empresas”.

“Daniela Souza, según las conversaciones que mantiene con Correa solicitándole dinero para diversos pagos, tenía una vida ostentosa donde tendría gastos por unos 100 mil pesos por mes y no registraba ingresos. Esta suma total incluye alquiler del departamento, tarjeta de crédito y otros”.

 

 

Fuente: MPF / Foto: Daniel Feldman

Los Jueces de la cámara penal de Trelew Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Florencio Minatta resolvieron el rechazo a la impugnación presentada por el defensor Lisandro Benítez contra la decisión adoptada por el doctor Sergio Piñeda, quien no
había hecho lugar al recurso de hábeas corpus a favor del imputado Diego Luters, involucrado en las causas “embrujo” y “revelación”.

Esta determinación fue comunicada cerca de las 17,30 en la sala del sexto piso de los tribunales en Trelew, después de haber deliberado acerca de los agravios presentados por el defensor, al argumentar que no se cumplen por parte del Estado las normas vigentes en las constituciones nacional y provincial, ni en el código procesal. Aludió a la respuesta dada en su momento por el Ministerio de Gobierno, respecto de una solicitud del Juez Piñeda, al indicar que no se podía garantizar la integridad física del detenido por las condiciones carcelarias existentes, existiendo la alternativa del arresto domiciliario controlado con tobillera electrónica.

Según expuso el defensor, su cliente aportó datos claves en la investigación dentro de la causa “revelación”, dando a conocer nombres de funcionarios y ex funcionarios que habrían participado de acciones ilícitas. Es por esto que habría existido una iniciativa para conceder la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta el resguardo de su integridad, pero en una revisión relacionada con la causa “embrujo”, se dispuso el mantenimiento de la prisión preventiva, por lo que presentó el recurso de hábeas corpus, el que finalmente fue denegado, llegándose a esta instancia de apelación ante la cámara penal.

Después de la audiencia de la tarde de hoy, los magistrados se pronunciaron al indicar que el doctor Piñeda había resuelto en base a derecho, no encontrándose agravadas las condiciones de forma expuesta por el defensor. En cuanto a las condiciones
carcelarias manifestaron que son las mismas que tienen todos los detenidos, al igual que los riesgos a la integridad física, por lo que descartaron la posibilidad de morigeración de la medida que lleva adelante, confirmando de este modo la resolución del Juez Piñeda y en consecuencia la continuidad de la medida de coerción para Diego Luters, tal lo dispuesto oportunidad de llevarse adelante los controles respectivos.

Al juez Marcelo Nieto Di Biase no le tiembla el pulso por haberle dado la prisión domiciliaria de Daniela Souza, imputada en la causa “El Embrujo”, y a dos mujeres detenidas por el crímen de Rosa Acuña. Sabe que tarde o temprano podría tocarle decidir en el caso de corrupción en la administración pública que conmueve a la sociedad y la clase política de Chubut

Por eso aclara que nunca resolvió sobre los “peligros procesales” ni tomó contacto con el expediente de al causa “El Embrujo” al concederle la domiciliaria a Souza. “Capaz que en algún momento puedo ser juez de la causa. No me interesa qué es lo que pase. En la causa no tengo nada que ver, me importan condiciones de detención”, diferenció.

Di Biase recibió en su despacho a EL CHUBUT y comentó que nunca podría guiar sus fallos por «lo que dice la gente». Cuenta en el ambiente judicial lo felicitaron porque «es una decisión difícil de tomar». Dice que la palabra «garantismo está tergiversada», y no tiene nada que ver con ser «permisivo». No tiene ningún prejuicio en saludar a los delincuentes que él encerró y después se los encuentra en la calle.

Derribando mitos, Di Biase confiesa que está lejos de la doctrina de Eugenio Zaffaroni, y nunca nadie le reprochó haber liberado a un preso. «Hay dos Zaffaroni: uno cuando yo estudiaba y otro en los últimos tiempos. Era el libro de cabecera de todas las universidades. Ahora la última postura quizá yo no la comparto, aunque no le llego ni a los talones para poder cuestionarla. Estoy muy lejos de esa corriente, si alguien piensa que es de esa manera», aclara.

-¿Cree que lo pueden catalogar como un juez que libera presos?

-Te voy a responder con esto. Me invitaron a dar clases en Corrientes, me lo preguntaron y yo respondí esto: «El juez garantista es el que da garantías de que se va a respetar la ley; lo otro es discurso político».

-Es todo un mensaje a la dirigencia política. 

-Juré por la Constitución de la Nación, de la provincia y las leyes. Los argentinos tenemos un discurso en parte hipócrita. La Argentina no deja tratados de Derechos Humanos por suscribir, y está muy bien que así sea, pero cumplimentemos el contenido. Si me dicen que las personas tienen un problema de salud, ya hubo dos incendios, una se ahorcó y no hago nada… Si pasa algo el responsable soy yo.

-¿Acepta las críticas en la calle y en las redes sociales?

-En el mejor de los casos tenemos garantizado el 50 por ciento de aceptación. Los comentarios que surgen en las redes sociales es parte de lo que uno tiene que aceptar. Imaginate que yo esté presionado por lo que digan las redes sociales. Nunca nadie me dijo nada en la calle. La gente cara a cara nunca te dice nada. Me cruzo con personas que he condenado y me saludan.

-¿No se aleja ni le niega un saludo porque sea delincuente conociéndole el prontuario?

-Hay dos trapitos que vienen y me saludan, y jamás nadie me dijo algo en la calle ni me miró mal. Las redes sociales quizás permiten la comodidad de opinar. He leído comentarios de jueces corruptos, y la gente puede poner lo que quiera.

-En El Embrujo se cuestiona la relación de poder político con la Justicia.

-Quiero que se me entienda la analogía. En el Mundial somos todos técnicos de fútbol; en economía somos todos economistas, y quizá lo sean. Quizá otra persona pueda tener más lógica que yo. Yo tengo que actuar desde la lógica jurídica.

-El gobernador Arcioni dijo que ya se está revisando esa medida.

-Está bien, el titular del Poder Ejecutivo puede decir lo que considere y lo respeto. Si hacen cosas positivas bienvenido sea. Esto no es una cuestión de echar culpas. Cada uno dice «no tengo recursos, estamos haciendo licitaciones pero llevan tiempo y en diciembre vamos a ver». Hay un camino largo y todo lleva plata.

-¿Cuáles son las condiciones de las domiciliarias?

-La única autorizada para salir es Souza que cada 15 días va al psiquiatra y me presentaron un escrito diciendo que tiene un turno con el forense. Los comentarios pueden ser miles pero no me puedo hacer eco de ellos.

-¿Por qué las otras detenidas no recibieron ese beneficio?

-Hay una cuestión de sentido común de no descontrolar todo, porque sino sería una locura. Dije que se queden seis personas en ese lugar. Si hay menos va a ser más posible que se pueda hacer. Van a salir una hora por día a ver el sol, probablemente al Centro de Detención. Las juntan a las seis, las llevan una hora y vuelven.

-¿Cree que se podrían haber evitado estas situaciones?

-Hay falta de previsión. ¿Por qué no se dan cuenta esto antes? ¿Por qué no lo hacen ellos sin llegar a la instancia de Hábeas Corpus? Eso sí que es lógica y para eso está la Policía. Hablamos de violencia de género, y en el estado hay violencia de género contra las mujeres que están presas.

-¿Por qué no tomó la misma decisión con respecto a Mc Leod?

-En el caso de Mc Leod el mismo comisario explicó que toma aire, las condiciones son distintas. El planteo también había sido por Mc Leod, y (el abogado defensor) Gabalachis vino y se retiró porque había una revisión, aunque adhirió al planteo. No estaba la voz de Gabalachis, estaba la voz de los demás. Los demás (el defensor público) me dijeron que las condiciones de Playa Unión son distintas. Ese lugar había sido clausurado y yo lo habilité, yo lo conozco.

-¿Alguien le dijo algo después?

-Gente del ambiente me felicitó por la medida, porque es difícil de tomar.

-La madre de Rosa Acuña dice «yo soy pobre y no puedo pelearla».

-Yo trabajo desde los 15 años porque a mi papá no le alcanzaba para mandarme a la escuela. Los fines de semana me levantaba a las 4 de la mañana, porque trabajaba en una panadería. Tenía que trabajar para pagarme el secundario. Trabajé de cualquier cosa; sé lo que es la gente que no tiene recursos. Una vez le digo a un preso «te vamos a conseguir un trabajo». «¿Trabajo de qué?», me dice. Yo limpiaba baños antes de llegar acá y con orgullo lo digo. Sé las condiciones de la gente que tiene que remarla todos los días.

-¿No es un juez garantista asociado a ciertas posiciones políticas?

-Muy lejos de eso, la posición de garantista está tergiversada; debería ser otra la palabra. El juez de garantías asegura la aplicación de la ley; que haya jueces permisivos es otra cosa.

Encerrado con un preso

Después de doce años, el juez Marcelo Nieto Di Biase todavía ve la imagen de una mujer que se ahorcó en una celda de la Comisaría 1ª de Trelew donde estaba alojada Daniela Souza. «La estoy viendo colgada; se subió y se colgó», dice. Dibuja un plano del calabozo donde Souza permaneció seis meses sin ver la luz del sol. Explica que según el informe del médico forense sin la luz solar el cuerpo no sintetiza la vitamina D, lo que puede provocar problemas óseos.

Por otro lado, Di Biase revela que conoce el denominado «buzón» de la Comisaría 4ª, donde habían alojado a una detenida por el crimen de Rosa Acuña. «Una vez fui a ver a un preso hace tres años y me metieron adentro y cerraron la puerta.
Traté de manejar la situación con calma, pero si él tenía algo encima me podría haber tomando como rehén y hubiera sido un desastre», comenta.

 

 

El Chubut