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Embargo

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Marcelo Griffiths, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Rawson, a través de una entrevista le cuestionaron sobre el embargo. Respondió que “es estrictamente político. Nosotros como prestadores de servicios, somos los que brindamos energía, agua, cloaca, y sepelios a toda una comunidad”.

Detalló que “estamos desamparados. Somos una empresa privada de capital social representada por los propios socios, tenemos administración conjunta Sin embargo, nos pone en una situación de riesgo extremo”.

“Es cierto que, si nosotros tenemos las cuentas embargadas no vamos a tener dinero para afrontar el pago de los insumos, se pone en riesgo la prestación del servicio de agua potable y de cloacas; mientras que, lo de la energía pasa por otros carriles”, detalló.

Por otro lado, Griffiths precisó que se va a seguir incrementado la deuda con Cammesa. “Al margen de todo esto, la peor gestión es la que no se hace”, dijo.

El embargo

Griffiths recordó que “nosotros solicitamos a Cammesa que detenga la solicitud de embargo, y que nos devuelva todo lo que nos ha ido embargando en el tiempo, que serían más de 700 millones de pesos”.

Griffiths aseguró que “mes a mes hemos venido acumulando.  Rawson tiene una deuda superior de 750 millones de peso. Hemos sido embargados, por primera en casi 180 millones, y eso se terminó de ejecutar en días pasados. Ahora, tenemos un segundo embargo por 245 millones. Esto nos deja a nosotros en una posición realmente vulnerable, tenemos bloqueadas todas cuentas en el Banco de la Provincia del Chubut”.

“Hemos visto reducido un 50% la recaudación, y eso nos deja en un jaque mate. En ese orden, primero pagamos a los trabajadores; posteriormente, está la compra de los insumos para la potabilización; y la distribución de la energía, por la reposición de transformadores, postes, o los cables, entre otros”, señaló.

Explicó que “el mes pasado recaudamos 30 millones, y tenemos de masa salarial 27 millones bajo todo ese concepto; sin embargo, lo habitual recaudado es casi 60”.

Entrevista completa

Al empresario vinculado a los Kirchner lo embargaron por $ 9 mil millones. La medida también cayó sobre Pérez Gadín y Chueco.

El juez federal Sebastián Casanello volvió a procesar con prisión preventiva al empresario patagónico Lázaro Báez por lavado de activos. Esta vez, lo hizo por la compra irregular de un campo en Uruguay: “El Entrevero”. Además, el magistrado le trabó un embargo por $9.008.712.000, un monto que se suma al dinero confiscado en la Ruta del Dinero K.

Aparte de Báez, Casanello procesó a Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Leonardo Fariña, Maximiliano Goff Davila, Santiago Corradori, Alejandro Acosta, Antonio Demarco y Oscar Guthux. En el caso de los dos primeros, también recibieron prisión preventiva, indicaron fuentes del caso.

El delito prevé un máximo de 10 años, pero el magistrado advierte que la situación de Báez, agravada por “la habitualidad y de la participación como miembro de una banda formada para la comisión de hechos de lavado”, desencadenaría, en caso de condena, que sea de cumplimiento efectivo.

Casanello también tiene en cuenta “la presencia de riesgos procesales”. “Existe la firme sospecha -corroborada por la documentación remitida por Suiza y Bahamas- de que parte de los fondos originariamente expatriados se encontrarían aún ocultos en productos bancarios del extranjero, como así también la existencia de recursos económicos y un importantísimo patrimonio en este país” que le facilitarían al empresario “abandonar el país o permanecer oculto”.

A la vez, destaca que Baéz contaría con contactos locales y extranjeros que podrían “prestarle auxilio”. En el procesamiento, Casanello asegura: “Nos encontramos ante la imposibilidad de localizar la totalidad de los bienes pertenecientes a Austral Construcciones S.A. y su principal accionista”.

La operación de compra de “El Entrevero”

La estancia habría sido adquirida dentro del esquema de corrupción desplegado por una asociación ilícita destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente de los fondos del Estado asignados a la obra pública vial, según lo considera probado el juez.

“El Entrevero”, de 152 hectáreas, está ubicado en el kilómetro 170, de la Ruta Nº 10 de la República Oriental del Uruguay, cerca de Punta del Este. Era propiedad de Walter Kobylanski Brandhuber y su valor ascendía a U$S 14.000.000.

Hacía finales de 2010, Fariña -que declaró como arrepentido- se contactó con la inmobiliaria a cargo de la venta del campo con el fin de realizar un desarrollo inmobiliario. El exvalijero abonó en carácter de seña U$S1.400.000.

Luego, los imputados habrían adquirido la firma “Traline S.A.”, registrada en Uruguay, y colocaron a Maximiliano Acosta como su presidente, y el 24 de febrero de 2011 se otorgó un mandato de disposición general, afectación, administración y judicial por Traline SA a Maximiliano Goff Dávila, indica el procesamiento.

El 4 de marzo de 2011 se firmó el compromiso de compraventa en el que figura como adquirente la sociedad uruguaya “Traline SA”, representada por Maximiliano Acosta y como vendedor Walter Kobylanski Brandhuber. Se pagarían los U$S 14.000.000 en varias cuotas y por diversos medios de pago.

Luego, el 15 de abril y finalmente el 16 de junio de 2011 se hicieron modificaciones al compromiso de compraventa. Luego, habrían tomado intervención Daniel Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco y Osvaldo Ghutux. Los dos primeros habrían viajado a Uruguay para efectuar gestiones sobre el campo.

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el 22 de junio de 2011 se designó a Osvaldo Guthux como presidente y único integrante del Directorio de Traline S.A., en reemplazo de Alejandro Maximiliano Acosta. El 1 de agosto de 2011 el vendedor otorgó carta de pago por el total del precio.

Ese mismo día, Traline S.A., cedió la promesa de compraventa a favor de JUMEY S.A -representada por Daniel Pérez Gadín- y finalmente se celebró la compraventa de los padrones 26.630 y 26.632 del departamento de Maldonado entre Kobylanski Brandhuber y Jumey S.A”.

En su declaración, Fariña ratificó que hizo la operación “en favor de Lázaro Báez”.

“Lázaro Báez, en su carácter de propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las ordenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos -Fariña y luego Pérez Garín y Chueco- para aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”, explica el fallo.

“Los mencionados, a sabiendas, actuaron en pos de concretar un negocio de dimensiones millonarias -recordemos que resulta una estancia de 152 hectáreas con un potencial de obtención de ganancias exorbitantes- en el cual cada uno tuvo un beneficio económico, es decir, ninguno intervino de manera gratuita, en lo que resultaba ser una inversión de 14 millones de dólares comandada por un joven de 23 años como representante de un grupo inversor”, resume Casanello.

Una vivienda, vehículos 4×4 y de alta gama entran en el embargo. También la inmovilización de cuentas bancarias. Fiscales sospechan que Barbato intenta desprenderse de los bienes.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams pidieron el embargo de dos camionetas 4×4, un BMW y una casa en Playa Unión; así como la inmovilización de cuentas y congelamiento de bienes para el ex presidente del Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut, Carlos Barbato.

El ex funcionario de la actual gestión provincial es investigado por enriquecimiento ilícito.

Los fiscales sospechan que el exfuncionario que ejercía funciones en Lotería, está intentado desprenderse de bienes, en el marco de la investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Específicamente, el pedido firmado por los fiscales solicita la indisponibilidad absoluta de bienes, el congelamiento e indisponibilidad de las cuentas y que se ordene el levantamiento del secreto bancario.

Enriquecimiento

El artículo 268 del Código Penal prevé con prisión de dos a seis años, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario que «no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público».

«La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho», agrega la ley.

Investigado

Barbato ya tenía una causa en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión en el IAS, cargo que dejó hace algunos meses.

Sin embargo, el ex presidente de Lotería no renunció al cargo por aquella investigación, sino por una denuncia posterior en su contra formulada por quien era su pareja, por violencia de género, informó Diario El Chubut.

Luego de la presentación por parte de la Fiscalía de Estado de la Provincia, el Juzgado Civil y Comercial Federal 9, levantó el embargo por “entender que el mandamiento librado no ha sido cursado en debida forma”.

Al respecto, el Fiscal adjunto de la Provincia, Christian Martínez, explicó que “en el marco del proceso iniciado por CAMMESA con la Dirección General de Servicios Públicos, la Fiscalía de Estado formuló un pedido de levantamiento basado en el tipo de cuentas que estaban afectando”.

“En el día de la fecha se ha logrado el levantamiento del embargo, lo que para la provincia implica que se liberan las cuentas, y se la ejecute la devolución de los fondos que fueron embargados. Resta confeccionar los oficios para comunicar las medidas al Banco del Chubut y a partir de allí se toma razón del levantamiento del mismo y la devolución del dinero”, señaló el Fiscal Adjunto.

Asimismo, informó que “dentro de los planteos que realizamos como Estado, mencionamos la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del Estado Provincial, la emergencia de Servicios Públicos y la Ley de inembargabilidad de fondos públicos. Además en esa cuenta habían fondos específicos, porque es una cuenta recaudadora, había desde cuota alimentaria hasta fondos de cooperativas de la ex Ley 1098 y a partir de la liberación de esos fondos se podrá distribuir el dinero”.

Así lo informó el Ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la Provincia, quien inició este jueves gestiones en Buenos Aires para destrabar la medida.

El ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos del Chubut, Gustavo Aguilera, mantuvo este jueves una reunión con representantes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía (CAMMESA) para destrabar un embargo sobre las cuentas de la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia.

En declaraciones con la prensa, Aguilera comentó que “han embargado las cuentas de Servicios Públicos, y es por eso que concurrimos a Cammesa, en Buenos Aires, para ver cómo encarar la situación y destrabar el embargo, y de esa manera ver opciones de pago”.

«La deuda es de aproximadamente 358 millones de pesos y el embargo es por 138 millones de pesos, que son parte de esta deuda», detalló Aguilera y explicó que “ayer nos notificaron de la medida judicial y nos dieron un plazo de 12 días, para contestar la demanda. Hoy entró la instrucción de embargo de las cuentas de Servicios Públicos”.

A su vez, el Ministro precisó que “a medida que se vaya depositando ingresos por la venta de energía o por otros ingresos, se va descontando la deuda. La idea es lograr cancelarla con algún descuento financiero y poder destrabar el embargo en los próximos días para no tener mayores problemas”.

Y agregó: “Si todo sale bien entre 5 y 10 días levantaríamos el embargo. De esas cuentas se paga los viáticos del personal, gastos de combustible, descuentos judiciales. No son cuentas que puedan llegar a cancelar el reclamo en forma inmediata, porque no se maneja esa cantidad de fondos».

«Estamos con un poco bronca», expresó Hugo Romero, Presidente de la Cámara de Comercio.

La AFIP embargó a 82 comercios de la ciudad en el Banco del Chubut y aún se desconocen si también fueron embargados otros ligados a bancos privados. El Presidente de la Cámara de Comercio, Hugo Romero, se refirió a esta situación que pone el peligro de cierre a varios comerciantes.

«Estamos con un poco de bronca porque esto se viene trabajando hace dos o tres meses con la FECh y CAME para que no siga ocurriendo. No se está entiendo lo mal que lo están pasando los comercios en esta región, que tuvimos dos malas temporadas de turismo y prácticamente no tenemos obra pública», expresó Romero.

En cuanto al por qué de los embargos, el Presidente de la Cámara de Comercio explicó: «Los embargos son por el pago de aportes y contribuciones. No en todos los casos es por la falta de pago, sino por intereses por pagos fuera de término. Todos fueron pagando pero por ahí no en la fecha que correspondía y no creo que ningún comercio quiera pagar intereses porque si».

Por otra parte, analizó lo que puede ser la próxima temporada invernal: «En invierno entra en veda lo poco que hay de obra publica entra en veda y por lo tanto no va a haber consumo. No se está recaudado. El comercio no es que no quiere pagar, sino que no puede pagar».

RED 43

Tras rechazar un recurso de queja de la defensa del ex ministro de Planificación, la Cámara de Casación ratificó la decisión.

Tras rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de Julio De Vido, la Cámara de Casación confirmó un embargo millonario sobre los bienes del ex ministro de Planificación, ordenado en la causa por defraudación cometida con el Plan Sueños Compartidos.

De Vido se encuentra procesado como coautor del delito de administración fraudulenta, por lo que irá a juicio oral junto a los hermanos Schoklender, Hebe de Bonafini, José López, el contador Alejandro Gotkin; el piloto Gustavo Serventich y el financista Fernando Caparrós Gómez.

La Sala IV, compuesta por por Gustavo Hornos (presidente), Mariano Borinsky y Javier Carbajo, rechazó la medida interpuesta por la defensa del ex funcionario contra un fallo de la Sala I de la Cámara Federal que había confirmado el embargo de $250.000.000.

El expediente está a un paso de la elevación a juicio oral, y en el mismo se investiga el desvío de fondos recibidos por la Fundación Madres de Plaza de Mayo desde la Secretaría de Obras Públicas que conducía José López para hacer viviendas sociales.

 

notasdeactualidad.com

Oportunamente se declaró la Emergencia Económica en Chubut y, en el marco de esa situación, se anunció que la Afip suspendería hasta el mes de diciembre los embargos e intimaciones en empresas de la provincia.

En el tratamiento de esa iniciativa estuvieron involucrados el Ejecutivo provincial y la Legislatura, senadores y diputados nacionales chubutenses y entidades como la Federación Empresaria del Chubut y la propia Came.

El anuncio de esa suspensión por parte de Afip se consideró en ese momento como un positivo aporte del Gobierno nacional ante la grave realidad por la que atravesaban las distintas actividades económicas de la provincia. Es de señalar que desde el año pasado, y ante igual situación que se registraba en Santa Cruz, la Afip suspendió en esa provincia embargos e intimaciones.

Pero aquel anuncio, según destacan distintas fuentes empresarias, no se ve reflejado en la realidad y es así como continúan en Chubut los embargos e intimaciones por parte de Afip. Esta situación tiene mayor gravedad en momentos en los que se registra una caída general en la actividad económica y además la vigencia de tasas del 70% en el sistema bancario.

Se indicó que la persistencia de esta situación podría llegar a agravar aún más la difícil situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del Chubut, haciendo peligrar la subsistencia de las mismas y las fuentes de trabajo que ellas dan.

En medios vinculados a la Fech se consideró que la situación amerita una rápida y concreta acción de autoridades provinciales y de legisladores nacionales, para lograr que el Gobierno nacional habilite en Chubut, al igual que en Santa Cruz, esa facilidad transitoria.