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Así lo evaluó el gabinete económico, que se reunió este miércoles para continuar el análisis de las medidas pospandemia, en el marco de la ayuda estatal a las familias, pymes y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

Los ministros que integran el gabinete económico analizaron en Olivos la continuidad del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para acompañar a las pymes y empresas en los próximos meses, a lo que se sumará el desarrollo de programas más focalizados para sectores vinculados a las industrias culturales y del turismo.

El gabinete económico se reunió pasadas las 18 por espacio de poco más de una hora, para continuar el análisis de las medidas pospandemia, en el marco de la ayuda estatal a las familias, pymes y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

En la reunión, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estuvieron presentes la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

También fueron de la partida los titulares del Banco Central, Miguel Angel Pesce; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y de la Anses, Fernanda Raverta.

Las fuentes indicaron que el encuentro permitió hacer un seguimiento del conjunto de medidas que se vienen adoptando para paliar las consecuencias de la pandemia. referidas tanto a los ATP como al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se abonará por tercera vez en todo el país.

«Se pudo analizar cómo calibrar las ayudas de ATP durante los próximos meses, para acompañar a las pymes y empresas a la nueva normalidad», explicó una de las fuentes consultadas, quien precisó que ya se están «cerrando ayudas focalizadas en sectores que tienen un presente y futuro complicado».

Entre esas últimas industrias, el Gobierno puso el foco en la situación del sector turístico en todo el país que por el aislamiento está casi en su totalidad parado, ya que sólo seis provincias se abrieron al turismo interjurisdiccional con escaso movimiento, hasta el momento.

Para ello, el Gobierno respalda la idea de llevar adelante «un plan de preventa» en la que el Estado sumará una bonificación del 50% para ser empleado en gastos turísticos asociados a ese viaje, de manera de promover y anticipar contrataciones.

Ese programa demandaría una inversión de $ 16.000 millones de inversión de un total pensado de $ 50.000 millones que se prevé se destinará a la actividad turística en todo el país, y para el cual también se analiza la extensión de los ATP hasta fin de año.

En ese sentido, también se destacó que más del 70% de los hoteles, agencias de viaje y comercios gastronómicos inscriptos en la AFIP está recibiendo los fondos previstos en el programa de ATP.

Las fuentes recordaron, también, que en este sector ya se están tomando medidas de salvataje como el dispuesto para unos 4.000 guías de turismo y prestadores individuales, y ésta semana se espera anunciar un plan de ayuda para pymes del sector con financiamiento internacional.

Otro sector que requiere de particular atención por su afectación actual y futura es el vinculado al amplio abanico de las actividades culturales, para el cual hoy se informó la disponibilidad de créditos a través del IFE que se comenzarán a implementar la semana que viene.

La vicejefa de Gabinete fue la encargada de encabezar anoche la primera reunión de la mesa de PyMes Culturales, en la que se presentaron medidas para ayudar al sector, entre las que se destacan el crédito a tasa del 18% con respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

También se aprobaron los créditos para monotributistas a tasa 0 por el monto equivalente a tres veces el máximo de facturación de la categoría del solicitante, con 8 meses de gracia para el pago de la primera cuota.

Dado que la actividad de las industrias culturales representadas en la reunión se considera crítica, se anunció la continuidad del ATP para el sector hasta octubre.

Asimismo, se conformó la agenda de trabajo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el abordaje de soluciones especiales en relación a los pedidos puntuales en materia tributaria.

Economistas de distintas tendencias coincidieron en que la última propuesta de canje de deuda del Gobierno nacional permitió acercar posiciones, y que con los acreedores más duros aún queda margen y tiempo para continuar con las negociaciones.

El Gobierno presentó el lunes pasado la cuarta propuesta de reestructuración de deuda bajo ley extranjera, que fue bien recibida por el mercado y por una parte importante de los bonistas entre los que se encuentran los fondos Fintech, Gramercy y Greylock.

No obstante, los miembros del grupo Exchange y del comité de acreedores Ad Hoc decidieron no aceptar la propuesta y pidieron seguir negociando.

Si una mayoría de los bonos se logra canjear, entonces el canje habrá sido exitoso”

MARTÍN KALOS, DIRECTOR DE EPYCA CONSULTORES

Consultada por Télam, Mariela Díaz Romero, economista senior de Econviews, dijo que el Gobierno con la última propuesta buscó generar atractivo para los tenedores de bonos con mayor protección legal -indenture 2005-, un umbral mínimo de participación y un reconocimiento de intereses corridos

«La nueva propuesta permite conservar las cláusulas de acción colectiva pautadas en un 85%, algo que era requerido por los bonistas del canje 2005. Sin embargo, algunos grupos de acreedores pedían ir más allá, y querían obtener esa misma protección legal para todos los que ingresaran al canje, algo que no se concedió en la nueva propuesta», describió.

Para la economista, los grupos de acreedores más duros -Ad Hoc y Exchange- poseerían alrededor de un tercio de los bonos Globales y otro tercio de los bonos de los canjes de 2005 y 2010, con lo cual su voluntad de participar es decisiva a la hora de determinar la suerte de la propuesta actual.

«Si bien se ha acercado, la propuesta actual valuada a US$ 53 asumiendo una exit yield (tasa de salida) de 10% todavía está algo lejos de las presentadas por estos grupos más duros, que piden alrededor de US$ 60» por cada US$ 100 de valor nominal, precisó.

En este sentido, señaló que si bien la oferta del Gobierno achicó diferencias con los bonistas en materia legal y financiera, «todavía no está claro que la oferta actual sea la última y definitiva».

Por su parte, Martín Kalos, economista y director de EPyCA Consultores, dijo que la cuestión pasa por entender si el Gobierno argentino necesita que todos los fondos entren.

«No se trata de darle algo que haga que entren todos, sino que una mayoría de los bonos sean canjeados. Acá el Gobierno de entrada supo que no todos los bonos iban a ser canjeados, ya que iba a ver fondos con posiciones más alejadas a su oferta y esto, en algún bono, iba a significar que no se llegara a la mayoría. Pero si una mayoría de los bonos se logra canjear, entonces el canje habrá sido exitoso», indicó Kalos.

Al describir el momento que atraviesa la negociación, Kalos dijo que el Gobierno está enfocado en determinar cuántos fondos aceptarían la oferta, y si es necesario hacer algo más para poder sumarlos.

Sería un desperdicio ir a un esquema de arreglo parcial, considerando el esfuerzo hecho”

DIEGO MARTÍNEZ BURZACO, ECONOMISTA

A su turno, Matías Rajnerman, economista Jefe de Ecolatina, aseguró que la negociación es muy dinámica y que la cuestión pasará por saber si el Gobierno cuenta con el porcentaje mayoritario necesario para dar por cerrada la oferta.

«Al momento lo que pareciera es que hay un acuerdo con una porción de los tenedores mayoritario de los bonos, concretamente Fintech, que es un fondo encabezado por David Martínez. Y hay una posición parecida con Gramercy», explicó.

No obstante, el economista señaló que con el grupo Ad Hoc y el grupo de Exchange «que son fondos financieros, no buitres, todavía no hay acuerdo».

«De todas formas, esto es muy dinámico y hasta el día anterior al acuerdo, sea cual fuere el resultado, creo que las dos partes (los grupos duros y el Gobierno) van a seguir mostrándose inflexibles», indicó el economista Jefe de Ecolatina.

Por su parte, Santiago López Alfaro, economista y socio de Delphos Investment, sostuvo que la negociación cierra el 4 de agosto y que no cree que el Gobierno ofrezca ningún incentivo extra a la oferta ya presentada.

«De a poco se van a ir sumando algunos y sobre el final veremos si los grupos más duros se terminan separando, porque la oferta para el grupo de los bonistas del canje 2005 es muy buena y parecida a lo que pedían. Lo que sucede es que por alguna razón que no conocemos están unidos», explicó.

López Alfaro aclaró que la apuesta del Gobierno pasa por estimar que los grupos más duros no son actores que en general litiguen porque son fondos grandes, y «casualmente los fondos que si litigan, ya le dieron el aval a la oferta argentina».

A su turno, el economista Diego Martínez Burzaco puntualizó que pese a que Blackrock encabezó un rechazo a la oferta presentada por el Gobierno, este grupo acreedor «continúa en la mesa de negociación».

«El Gobierno es inteligente en este sentido, y está tratando de llegar a un acuerdo para que Blackrock esté dentro del canje. Primero, porque el contexto internacional en términos de tasa de interés es propicio para llegar a un acuerdo y, en segundo lugar, porque ninguna de las dos partes tiene ningún rédito en el corto plazo si no se llega a un acuerdo», estimó.

Martínez Burzaco resaltó el esfuerzo de la propuesta argentina respecto de la iniciativa inicial y la presentada el lunes pasado, donde la primera tuvo un valor presente neto de US$40 y la última dentro de un rango de entre US$ 53 y US$ 59, según cálculos del mercado.

«La verdad que sería un desperdicio ir a un esquema de arreglo parcial, considerando el esfuerzo hecho. Hay una diferencia de US$2 o US$2,50. Me parece que hay margen para ponerse de acuerdo», finalizó Martínez Burzaco.

El Gobierno nacional define los detalles finales para la presentación de una nueva oferta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos durante la semana próxima, con miras a completar todo el proceso de la reestructuración de la deuda, por US$ 67.500 millones, para el próximo 24 de julio.

Fuentes gubernamentales precisaron a Télam que la presentación sería «la semana próxima», teniendo en cuenta que hoy es feriado en los Estados Unidos, que adelantó un día la celebración de su independencia.

En la últimas horas, los grupos más grandes de acreedores hicieron llegar al Gobierno argentino contrapropuestas, con vistas a lograr un acercamiento y alcanzar finalmente un acuerdo, y se espera que los intercambios continúen durante el fin de semana.

El primer grupo, el ACC (siglas en inglés del Comité de Acreedores de Argentina), le alcanzó al Gobierno una propuesta financiera cuyo valor ronda unos 54 dólares por lámina de 100 nominales de deuda vieja (en valor presente neto), que implicaría un mínima modificación en los pagos respecto de la última oferta que presentó el Gobierno a los bonistas.

Aquí se encuentran involucrados los fondos Gramercy, Greylock y Fintech que, pese a las diferencias, son los que lograron un mayor entendimiento con el Gobierno argentino, entre los principales grupos de acreedores, y que blanquearon formalmente hoy su oferta a la prensa a través de un comunicado.

El ACC indicó que la nueva contraoferta otorgaría «un alivio de US$ 39.000 millones hasta 2028».

El grupo, que presentó la oferta el 1 de julio, sostuvo que la propuesta debe tener un umbral mínimo de participación de dos tercios y precisó que el cupón promedio ponderado de los intereses incluidos en la contrapropuesta es de 3,95%, sin superar el 5%.

«El ACC continúa creyendo que la mejor manera de avanzar es a través de una resolución consensuada», dijo el grupo en el comunicado.

La propuesta que dio a conocer ACC mantiene los mismos bonos y estructura de amortización que la oferta que hizo el Gobierno argentino al 17 de junio y los contratos originales de los bonos elegibles, si bien piden el adelanto de pago de cupones de ciertos bonos.

Sin embargo, estos fondos también solicitan mantener las condiciones legales contenidas en las cláusulas de acción colectiva (CAC) de 2005, solamente para tenedores de bonos de los canjes 2005 y 2010.

La Argentina había propuesto cláusulas CAC utilizadas en los bonos emitidos a partir de 2016 para todos los bonos a reestructurar.

Esta estrategia de ACC logró mover los cimientos del otro gran comité de acreedores, el Ad Hoc, el más duro según las palabras de Martín Guzmán, que lideran fondos como Blackrock, Monarch, Ashmore.

Luego de haber trascendido la oferta del ACC a través de la prensa, el Ad Hoc emitió un comunicado a principios de la semana afirmando que «no hubo negociaciones significativas» con el Gobierno desde el 17 de junio, el día en que se conoció la última oferta argentina.

El jueves por la noche, dejaron trascender a través de Bloomberg, que si el Gobierno argentino avanzara con la propuesta de ACC «la rechazarían» y exigirían a sus miembros «el llamado acuerdo de bloqueo, que obligaría a sus miembros a rechazar esa oferta», según fuentes consultadas por dicha agencia.

Este grupo hizo saber a través de medios internacionales que aún intenta alcanzar un acuerdo con la Argentina, más allá de que la última contraoferta que presentaron era menos beneficiosa para el Gobierno, con un pedido de recupero de al menos 57 dólares cada 100 de deuda nominal.

Sin embargo, uno de los puntos de mayor conflicto con Ad Hoc son las cláusulas legales, ya que exigen términos «imposibles de cumplir», según advirtió oportunamente Guzmán.

Este Comité, a diferencia de ACC, exige cláusulas de los bonos 2005 para todos los bonos nuevos a emitir a partir de esta operación; gatillar un default de bonos en caso de eventual incuplimiento con el FMI; y aumentar la lista de bienes sin inmunidad del gobierno argentino en caso de eventual default, entre otras, para garantizar los cobros de los acreedores.

La especulación del mercado es que si el Gobierno avanzara con la propuesta del grupo ACC, que pide cláusulas legales CAC del 2005, solo para los bonos emitidos antes del 2016, podría desmembrar al Comité que reúne dos de los grupos más fuertes y que se habían unido para presentar una sola oferta, el Argentine Bondholder Group (Blacrock y toros) y el Exchange Boldholder group (bonistas del canje 2005 y 2010).

En conjunto, los acreedores aseguran que reúnen 21.000 millones de dólares y las minorías necesarias para bloquear las series de los bonos 2005 y 2010.

El Gobierno presentó a la SEC la primera propuesta el pasado 21 de abril, con un valor presente neto calculado por el mercado en cerca de 40 centavos por dólar,

La administración de Alberto Fernández, que se mueve por estos días con mucho hermetismo, postergó cuatro veces el vencimiento de la oferta, con miras a continuar negociando para alcanzar un acuerdo.

La última oferta de la Argentina a los acreedores, alcanzaba un valor de recupero de 49,90 dólares, y mantenía en suspenso la utilización de endulzantes, como podían ser cupones atados las exportaciones.

También incluye las CAC de 2016 para todos los bonos, acordes con «el lenguaje standar del FMI y el G20», según precisó Guzmán, y la posibilidad de reasignar los grupos de bonos una vez realizado el canje, para eventualmente utilizar mayorías a favor del Gobierno que le permitan cerrar un acuerdo con acreedores.

El Gobierno nacional estableció hoy un precio máximo de venta del principio activo para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad rara neurodegenerativa, que padecen 142 pacientes en el país, medida que determinó la baja del costo de un tratamiento estándar de tres años de 1,3 millones de dólares a 324.000 dólares.

La medida, resuelta por la Secretaría de Comercio Interior a través de la Resolución 202/2020 publicada en el Boletín Oficial, establece un precio máximo de 27.000 dólares para el principio activo Nusinersen (Spinraza®) de 12mg/5mL en el mercado argentino.

El precio anterior era de 109.000 dólares, costo «que destruía a los organismos financiadores», señalaron a Télam fuentes del Ministerio de Salud.

La AME es un grupo de trastornos musculares de origen genético caracterizados por la debilidad y atrofia muscular simétrica, progresiva y de gravedad variable.

La presidenta de la asociación civil Familias AME Argentina, Vanina Martínez Sánchez, describió la patología como «una enfermedad cruel que convierte a las personas en estatuas».

En 2016, la FDA, el organismo que autoriza y regula el mercado de medicamentos y alimentos en Estados Unidos, aprobó el principio activo Nusinersen del laboratorio Biogen S.R.L. para el tratamiento de AME, en tanto, en la ANMAT fue registrado en 2019 con validez por un año y con la condición de realizar un programa de seguimiento de la evolución de los pacientes.

En mayo de 2019, el Ministerio de Salud firmó un convenio con ese laboratorio que incluía un descuento del 40% para quienes adherían al convenio y que exigía incorporar el medicamento al Programa Médico Obligatorio (PMO).

A juicio de las actuales autoridades, ese convenio tenía dos problemas, uno de ellos «una cláusula de confidencialidad por la que no se conocía el precio que se pagaba».

Pero, además, «en el PMO se deben incluir las prestaciones de alta frecuencia, pero no las prestaciones de baja frecuencia y alto costo, que deben estar en un programa especial».

Según fuentes del Ministerio de Salud, haber incluido el medicamento en el PMO «fue disfrazar de acceso lo que no fue, porque con el costo que tiene, las familias tenían que hacer juicio, los jueces concedían el amparo y las obras sociales no lo podían pagar».

Las fuentes señalaron que el laboratorio presentó «tardíamente y mal» los resultados de siete casos de pacientes, pero no de la totalidad.

«Dicen que existe evidencia en el mundo, pero deben mostrarlo en el país», señalaron.

El mes pasado, la ANMAT reinscribió este principio activo en el registro de especialidades medicinales, pero solo para AME 1 y 2 «al no contar con la evidencia que evalúe la eficacia, efectividad y seguridad de esta medicación».

El paso siguiente del ministerio de Salud fue rescindir el convenio con Biogen y solicitar a la Secretaría de Comercio Interior que fije un precio máximo, tomando como referencia el valor de la droga en el mercado brasileño.

En consecuencia, el principio activo fue eliminado del PMO, pero garantizando la cobertura para todos los pacientes de AME 1, 2 y 3.

De los 142 pacientes, un 20% son de AME 3, apuntaron desde la ONG de familiares.

«Tenemos el miedo de cómo puede impactar esta medida en nuestros pacientes, pero si tiene operatividad correcta (porque el convenio anterior no la tuvo), si fluye, para nosotros es un cambio inmenso que agradecemos», dijo Vanina Mercedes Sánchez.

«Sí tomamos como un retroceso lo de los pacientes tipo 3A que están en tratamiento en el país; en el mundo el 25% de los 12.000 pacientes AME son 3A y están en tratamiento con Spinraza; solamente Taiwán tiene una aprobación restringida», continuó.

Las fuentes oficiales explicaron que para esos casos, las autoridades quieren «llegar a un acuerdo de riesgos compartidos con el laboratorio, en los que se administran los tratamientos y si funciona, el Estado lo paga, de lo contrario se hace cargo el laboratorio».

Las fuentes indicaron que al resto de los pacientes se le pagará al 100% con un seguro, «colectivamente, y se eliminará la vía judicial», por la que accedió, según la organización de familiares, el 95% de los pacientes hasta ahora.

Desde el Ministerio de Salud «estamos saliendo a hacer una compra (de ese medicamento) y nos hacemos cargos de los pacientes que no tengan seguridad social para que no tengan que hacer juicio» para acceder al tratamiento, precisaron las fuentes.

«La idea es invertir el razonamiento: no se trata de cómo el Estado embarga sus bienes para pagar lo impagable, sino cómo un laboratorio vende un medicamento a un precio que se pueda pagar», señalaron.

La resolución publicada hoy en el Boletín Oficial intima al laboratorio a «arbitrar las medidas conducentes para asegurar la provisión y comercialización del medicamento».

A la vez, se encomienda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia «la realización de una investigación del mercado (…) a fin de determinar la posible comisión de infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia Nº 27.442».

Fuentes de la empresa indicaron a Télam que la empresa «cumplirá con la decisión del Gobierno y en el marco del compromiso que Biogen mantiene con la comunidad de pacientes AME de Argentina dispondrá en el mercado el abastecimiento del producto Spinraza necesario».

El Gobierno nacional define un plan de «moratoria integral» que permita tanto a pequeñas y grandes empresas empezar a producir y resguardar el empleo en la pospandemia y analiza la implementación de herramientas flexibles para atender sectores críticos y heterogéneos afectados por la pandemia como el turismo, el entretenimiento y las industria culturales.

Fuentes oficiales informaron que ese fue parte del temario que se analizó en la reunión de gabinete económico que encabezó el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos, en la que se hizo un seguimiento de las medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia.

En la primera jornada de incremento de las restricciones del aislamiento social en el área metropolitana, el Presidente recibió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

También asistieron a Olivos la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Los voceros del encuentro consultados tras la reunión explicaron que se analizó con el Presidente el plan de moratoria integral de la AFIP, diseñado con «el objetivo de que las empresas de todos los los tamaños puedan empezar a producir, cuidando el empleo».

El proyecto que el Poder Ejecutivo enviará en breve al Congreso para su tratamiento se delineó entendiendo las consecuencias de la pandemia en la actividad económica, para lo cual «esta herramienta es fundamental para que las empresas y los comerciantes puedan continuar su producción», resaltaron las fuentes.

El trabajo del gabinete económico en una moratoria general sigue la línea que planteó el Presidente a mediados de junio, cuando anticipó que el Gobierno evalúa lanzar una moratoria impositiva «para todo el mundo», una vez que se levante la cuarentena para enfrentar el avance del coronavirus.

En la reunión, se abordaron particularmente los datos de varios sectores críticos que ven su nivel de actividad muy afectado por la vigencia del aislamiento social, tales como el sector turístico, las actividades de entretenimiento y una amplia variedad de industrias culturales.

Al respecto, las fuentes oficiales aseguraron que «se comenzaron a definir herramientas flexibles que permitan atender las heterogeneidades que se presentan según el sector, el tamaño de la empresa, como la actividad específica» asistencia que no puede concretarse aún a través de los programas vigentes.

El gabinete económico también evaluó con el mandatario la inscripción para la tercera etapa del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y para lo cual ya se registraron unas 240 mil empresas anotadas.

Ese universo representa un total de 2,3 millones de trabajadores, aunque las solicitudes están sujetas a la aprobación de los criterios sectoriales y de facturación.

El gobierno ya había comunicado que las pymes o grandes firmas que deseen obtener el beneficio del salario complementario tienen tiempo para inscribirse en la AFIP hasta este viernes 3 de julio, pero anticipó que se restringirá la ayuda para sueldos altos y en las zonas que transiten una nueva normalidad para concentrar el esfuerzo en las zonas con actividades más restringidas.

También se trabajó en la reunión la prórroga por 60 días del programa Precios Máximos, el que se oficializó hoy mediante su publicación en el Boletín Oficial y que refleja «acomodamientos lógicos que tienen que ver con costos de materias primas» en los distintos procesos de producción.

Mediante la Resolución 200/2020 de la Secretaría de Comercio Interior oficializada hoy, se decidió mantener los precios vigentes al 6 de marzo en el marco de las políticas del Gobierno nacional destinadas a dar respuesta a la crisis económica por la pandemia de coronavirus.

En la norma, se intima además a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización “a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada, y a arbitrar las medidas para asegurar su transporte y provisión” durante esta coyuntura.

Los miembros del gabinete económico también evaluaron el rediseño de las herramientas de sostén económico y social en la agenda poscuarentena posterior a este periodo de aislamiento.

A la vez, se continuó con el estudio de distintas líneas de crédito para que las empresas puedan tener acceso a capital de trabajo y retomar los niveles de producción a medida que la demanda se vaya recuperando.

También se analizaron las transferencias y ayudas giradas a las provincias, porque los niveles de recaudación, tanto de las provincias como de la Nación, fueron muy afectados por la pandemia.

En ese contexto, se aseguró que en el Gobierno se está analizando medidas de transición hasta que se recuperen la producción y el consumo

Al encuentro asistieron representantes de ATECh, SITRAED, UDA, SADOP y AMET.

Autoridades del Poder Ejecutivo provincial, encabezadas por la ministra de Gobierno, Mariana Vega, y de Educación, Paulo Cassutti, mantuvieron esta mañana en Casa de Gobierno un nuevo encuentro con representantes de los distintos gremios docentes.

Del encuentro, participaron además el secretario de Trabajo, Dr. Andrés Meiszner; la subsecretaria de Coordinación Técnica y Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión, Alejandra Von Poeppel; y representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh); del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED); del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP); de la Unión de Docentes Argentinos (UDA); y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Al finalizar, el Ministro Cassutti señaló que “este Gobierno es dialoguista, todos los puentes están tendidos para solucionar el conflicto. Entablamos una reunión con 5 entidades gremiales, repasamos algunos puntos, dimos certezas ante el funcionamiento de SEROS, del TEG y la previsibilidad de que siga funcionando efectivamente”.

“En relación a infraestructura escolar se dio precisión de fechas del recorrido que hará el Ministerio de Infraestructura en las instituciones educativas en las diferentes regiones. La semana del 21/10 se hará en las regiones I y III; la semana del 28/10 en las regiones VI y V y la semana del 4 de noviembre en la región IV”.

Cláusula Gatillo

En este punto, Cassutti informó que “se incorpora el 10,01% a partir del mes de octubre al básico testigo, que es la cláusula gatillo correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo, junio) y que se tendría que haber pagado a partir de julio. Pero por cuestiones macroeconómicas ha sido imposible, e incluso otras provincias han renunciado a pagarla. Nosotros desde el Gobierno reconocemos estas cláusulas y anunciaremos cómo vamos a ir pagándolo a partir de octubre quedando el sueldo testigo en 19.032 pesos”.

“Queda pendiente de pago, la liquidación de los aumentos correspondientes a julio, agosto y septiembre. Hemos propuesto reunirnos el 31 de octubre para dar previsibilidad en el pago. Y hay una cláusula gatillo de Julio, agosto y septiembre, cuyo IPC acumulado está en 12,4% y que propusimos reunirnos el 15 de noviembre”, señaló el Ministro de Educación. 

Días de descuento 

En este sentido, Cassutti, manifestó que “las entidades gremiales expresaron en el acta que solicitan el no descuento de los días de paro, pero lo vigente es lo resulto por el Gobernador, que es para todos los estatales, y es que julio y agosto no se descuentan”.

Fondo de Infraestructura Edilicia Escolar 

Además, ya fue remitido a las entidades gremiales el anteproyecto de ley del “Fondo de Infraestructura Edilicia Escolar”, que será afectado exclusivamente para obras nuevas, ampliaciones y/o reparaciones de edificios escolares, sin perjuicio de la partida que actualmente contempla la ley de Presupuesto Provincial para Infraestructural Escolar (que al día de hoy asciende a 90 millones de pesos).

El Ministerio de Educación confirmó el pago de los montos correspondientes al FONID

“El Ministerio de Educación informa al personal docente que se encuentra acreditado en las cuentas el Incentivo Docente” informó hoy a través de su cuenta en las redes sociales la cartera educativa provincial.

De esta manera, el gobierno informó a todo el personal docente de la provincia que ya se encuentra disponible en sus cuentas los montos correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

El gobernador Mariano Arcioni confirmó ayer que la obra emblemática de la próxima gestión será la del Interconectado Provincial que solucionará el problema energético en todo el interior. El proyecto ejecutivo estaría listo a mediados de 2020 y a partir de ahí buscarán inversores.

«Apunto a concretar todas las obras de infraestructura, principalmente el interconectado en el interior de la provincia, porque hoy varias localidades tienen problemas con la energía», destacó Arcioni en diálogo con EL CHUBUT.

Si bien el Gobernador piensa en el día a día, advirtió que el objetivo de la gestión que inicia a partir del 10 de diciembre de 2019, será la de «dotar a Chubut de servicios y de infraestructura y tener una provincia ordenada administrativamente y moderna».

«Apuntamos a dejar una provincia que esté encaminada al crecimiento en los próximos años», subrayó Arcioni.
El ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, también dijo que lo «desvela» la obra del Interconectado Provincial.

«El proyecto que tiene que concretarse es el Interconectado Provincial. Tenemos que salir de la generación aislada, del gasto y de la falta de calidad para los habitantes que genera el sistema de generación aislada», sentenció Aguilera.

Enumeró que localidades como Camarones, Gobernador Costa, San Martín, Gastre y Gan Gan, padecen el sistema de generación aislada.

Aguilera fue práctico y aportó cifras que demuestran no solo la mala calidad de este sistema: «Todo el Interconectado costaría alrededor de 200 millones de dólares. No es una inversión imposible, si pensás que el Gobierno de Chubut gasta aproximadamente 15 millones de dólares solamente en combustible».

En forma categórica detalló que cualquier proyecto o empresa que se quiera erradicar en estas localidades «no tiene energía, por eso es esencial el Interconectado Provincial».

En este contexto, Aguilera adelantó que ya están trabajando en el proyecto ejecutivo y vaticinó que «en un plazo de entre seis y ocho meses, podría estar listo para comenzar a buscar las inversiones para las obras».

El congelamiento del precio de las naftas duró apenas un mes. Luego de que el valor internacional del barril de petróleo se disparara en los últimos días por el ataque a dos terminales petroleras en Arabia Saudita, y en un contexto de alza inflacionaria, el Gobierno puso fin a la medida anunciada el 14 de agosto y autorizó un aumento del 4% en el precio de los combustibles en el mercado local, que entrará a regir a partir de esta medianoche.

«Las transferencias que se dieron al sector hace unos días fue un primer parche después de haber dado varios pasos atrás. Entendemos que los precios tienen un atraso significativo, que se vio agravado por la volatilidad internacional», admitieron en el Gobierno al comunicar la decisión.

El aumento, según explicaron en el Gobierno, entrará en vigencia desde el jueves 19 de septiembre y se aplicará a la venta de combustibles en todo el territorio nacional. El ajuste establecido, a su vez, es equivalente a la inflación minorista que estimó el Indec para agosto (4%).

En la cartera de Energía indicaron que la suba en el precio internacional del petróleo fue el motivo principal por el cual se decidió abandonar la fijación de precios, una de las medidas de alivio anunciadas por el presidente Mauricio Macri luego de su derrota electoral en las PASO. El lunes, luego del ataque a las refinerías de Aramco en Arabia Saudita, el precio del petróleo saltó un 14% y pasó de US$59 a US$68, aunque cedió en los días posteriores y hoy opera debajo de US$64.

«Estos acontecimientos conllevan a una situación imprevista y significativa de incremento de precios que inevitablemente impactan en la producción, la comercialización y el normal abastecimiento de los combustibles en nuestro país», indicaron en Energía.

Las empresas dedicadas a la venta de combustibles reclamaban un aumento que les permitiera recomponer sus márgenes, golpeados por la suba del tipo de cambio, que pasó de US$46,55 el viernes previo a las PASO a más de US$58.

El último aumento en el precio de las naftas en el mercado local se había concretado en los primeros días de julio. Tras ese ajuste, el quinto del año, los valores de referencia en la ciudad de Buenos Aires de YPF, la firma que concentra la mayor participación en el mercado, eran de $43,71 para la nafta súper; $50,43 para la premium (subieron 2,5%); y $40,94 y $47,92 para los combustibles diésel e Infinia diésel (aumentaron 1,75%). Desde entonces, la inflación acumulada a nivel nacional supera el 6%.

Desde las compañías aún no confirmaron el ajuste que aplicarán en sus precios. Si se proyecta el 4% autorizado por el Gobierno, el litro de nafta súper pasaría a $45,49, mientras que el litro de nafta premium tendría un precio de $52,45. En tanto, los valores del gasoil en sus dos versiones pasarían a $42,58 y $49,84, respectivamente.

Aumenta el petróleo local

Por otra parte, el Gobierno decidió autorizar un aumento del 5,58% del precio del barril reconocido a los productores de petróleo en el mercado local. De esta manera, ese valor pasa de US$59 a alrededor de US$62,29, valor que se mantiene debajo de las cifras del mercado internacional. Luego de tocar picos de US$68 en la semana, el Brent hoy cae alrededor del 1% y cotiza a US$63,53.

A su vez, agregaron que en la decisión pesaron las demandas judiciales que suscitó el decreto, que realizaron las provincias de Neuquén y Río Negro, y la empresa Vista Oil, fundada por el exCEO de YPF, Miguel Galuccio.

Aumento de naftas: decisiones que cambiaron el escenario

El lunes, la Secretaría de Energía reglamentó las transferencias económicas a provincias petroleras y a empresas para aumentar el tipo de cambio fijado en $45,19 a $49,50, como paliativo por el congelamiento de precios, pero pidió a cambio que se renuncie a todo derecho de demanda. Neuquén, Río Negro y Vista rechazaron la medida e indicaron que continuarán con sus reclamos en la Justicia.

Tras el alza que tuvo en los últimos días el Brent (el índice internacional que se toma de referencia en el mercado doméstico), se había ampliado la diferencia entre el precio del petróleo con el valor del barril criollo. Si bien en los días posteriores al ataque, el precio había llegado a los US$68 por barril, hoy está cotizando en US$64, aunque aun por arriba de los US$59 a los que se había fijado el barril local. Con el ajuste, ese valor sube a US$62,29.

Por otro lado, el tipo de cambio quedó fijado para aquellas empresas y provincias que aceptaban las transferencias a $49,50, muy por debajo de los $56,50 que vale actualmente el dólar mayorista.

Según estimaciones de mercado, antes del ajuste autorizado hoy los precios de las naftas habían quedado atrasados 40%, mientras que para el Gobierno estaban un 25% abajo de su valor de mercado. Este contexto, con un nivel de inflación que se espera creciente para este mes y octubre, generaba un problema mayor para el día posterior al fin del congelamiento de precios, el 13 de noviembre, informó La Nación.

En medio de la creciente tensión por la crisis económica que atraviesa Chubut, el presidente Mauricio Macri decidió adelantar 1300 millones de pesos para asistir al gobernador Mariano Arcioni.

El gobierno nacional definió hoy avanzar con el envío de los fondos para paliar la difícil situación social que vive la provincia. Para eso, en los próximos días girará casi 300 millones de pesos del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y 1000 millones de adelantos de coparticipación.

En la Casa Rosada siguen con atención lo que ocurre en Chubut, principal distrito productor de petróleo del país, que se encuentra paralizado desde hace varias semanas. Los docentes y empleados estatales están de paro, no funcionan los tribunales, el Concejo Deliberante de la capital está tomado, la obra social del Estado presta servicio solo algunos días a la semana, las guardias de los hospitales están colapsadas, la actividad en los yacimientos petrolíferos se alteró y las rutas están cortadas.

Cerca del Presidente cargan la responsabilidad sobre Arcioni. «Desde que asumió la Nación lo salvó seis veces de caer en default. Hizo una pésima gestión», describieron fuentes oficiales. Y agregaron: «Entendemos que la situación gremial es compleja, es por eso que estamos en conversaciones con Arcioni para que la Nación colabore y adelante algunos fondos para ayudar a que la provincia llegue a un acuerdo consensuado».

Anteayer Arcioni llegó hasta la Casa Rosada para pedir asistencia. Lo recibió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio -también participaron el viceministro político, Sebastián García De Luca, y el secretario de Provincias, Alejandro Cardarelli-, y luego mantuvo un encuentro en el Palacio Sarmiento con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Ahí se acordó el adelanto de 1300 millones de pesos para evitar que la crisis sea aún mayor.

«En el marco de los intentos que está realizando la Nación para acercar las partes y resolver los problemas que impiden que la provincia pueda pagar los salarios docentes acordados y adeudados, entiendo que desde julio, hemos dispuesto, a través de la firma de un convenio, adelantar montos correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente», sostuvo Finocchiaro en declaraciones radiales.

Desde la Casa Rosada aseguraron que no se trata de un préstamo, sino que son adelantos que se descontarán en el futuro.

La administración de Arcioni está en una situación de quebranto. El salario de julio lo terminó de abonar de forma escalonada a fin de agosto. Incluso, el mandatario provincial utilizó dinero destinado a la obra pública y la toma de deuda a tasas exorbitantes para hacer frente a gastos corrientes. Ahora, según les adelantó a Frigerio y Finocchiaro, Arcioni buscará salir al mercado internacional para endeudarse. Algo que en el Gobierno ven con muchas dudas, así lo informó La Nación.