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El aumento del 7,5% dispuesto por el Gobierno para las jubilaciones y el resto de las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que llevó el haber mínimo a $ 18.128,85, quedó oficializado hoy a través de la publicación de la resolución 325/2020 en el Boletín Universal (PBU) a $ 7.756,32.

El incremento de 7,5% también alcanzará al monto mínimo y máximo de la remuneración imponible, de $6.105,79 y $ 198.435,52 respectivamente.

Del mismo modo, se estableció el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $14.503,08, señaló Télam.

El Gobierno nacional oficializó hoy la continuidad hasta el 20 de septiembre próximo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) para la ciudad de Buenos Aires y 35 partidos bonaerenses integrantes del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y para otras ciudades del interior por la pandemia de coronavirus, en tanto para el resto del país extendió la vigencia hasta esa misma fecha del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO).

La medida, dictada por el DNU 740/2020 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Alberto Fernández y todos sus ministros.

A los distritos comprendidos hasta ahora en el ASPO, la norma agrega otras zonas del país que sumaron gran cantidad de contagios en las últimas dos semanas.

Al AMBA se sumó el departamento de General Pueyrredón, que abarca a Mar del Plata, donde crecieron los casos; y los aglomerados de las ciudades de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú, de Entre Ríos.

La norma incluye también a los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá y San Pedro, en Jujuy; los departamentos de Capital y Chamical, de La Rioja; y los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca, en Río Negro.

También, a los departamentos de General José de San Martín y Orán, de Salta; el departamento de Caucete, de San Juan; el aglomerado de la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz; los departamentos de Capital y Banda, de Santiago del Estero; y los departamentos de Río Grande y Tolhuin, deTierra del Fuego.

El decreto prohíbe en el ámbito del ASPO el «dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades» y los «eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas».

Asimismo, autoriza las «reuniones sociales de hasta de 10 personas en espacios públicos o de acceso público al aire libre, siempre que se mantengan entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones sanitarias».

El DNU incorpora la novedad del «acompañamiento de pacientes» y especifica que deberá «autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los pacientes con diagnóstico confirmado de la Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento».

Asimismo, dispuso el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo) en todos los departamentos de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San LUis, Santa Fe y Tucumán.

El DISPO rige para todos los departamentos de Entre Ríos excepto los aglomerados de las ciudades de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú.

También para todos los departamentos de Jujuy, excepto los de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá y San Pedro; y los departamentos de La Rioja, excepto los de Capital y Chamical.

La medida comprende además a todos los departamentos de Río Negro, excepto los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca; y todos los departamentos de Salta, excepto los de General José de San Martin y Orán.

Lo mismo para todos los departamentos de San Juan, excepto el de Caucete; todos los departamentos de Santa Cruz, excepto el aglomerado de la ciudad de Río Gallegos; y todos los departamentos de Santiago del Estero, excepto los de Capital y Banda

El DISPO abarca a todos los departamentos de Tierra del Fuego, Antártita e Isflas del Atlántco sur, excepto los de Río Grande y Tolhuin; y todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, con exepción del departamento de General Pueyrredón y de los 35 incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El decreto especifica que las personas «deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades».

Asimismo, la norma prohíbe «en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de dos metros entre los concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente».

En cuanto a las «clases presenciales», se precisa que «permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes».

Además, el decreto prohíbe los eventos «sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente», señaló Télam.

El Gobierno nacional negó hoy que estén en estudio modificaciones en el monotributo como así tampoco una elevación de la escala del impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría.

Fuentes oficiales señalaron que la reforma impositiva que se está analizando buscará «ampliar la base imponible de los impuestos progresivos», de manera tal que «paguen más lo que más tienen».

«No se estudia modificar el monotributo», enfatizaron las fuentes al salir al cruce de versiones periodísticas que indicaron que la iniciativa que analiza el Ejecutivo, por el contrario, incluía un supuesto incremento.

Al mismo tiempo, negaron que se esté estudiando alguna modificación en el régimen del monotributo y, por ende, desmintieron que se evalúe un incremento en las alícuotas.

En relación a las versiones sobre posibles modificaciones en el impuesto a las Ganancias, fuentes oficiales indicaron que «no se estudia modificar la escala de cuarta categoría».

«La reforma bajo análisis busca ampliar la base imponible de los impuestos progresivos y apuntará a que paguen más los que más tienen», sostuvieron al desestimar un supuesto incremento en la carga tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Remarcaron que «cada peso que se recauda es un peso que vuelve a la sociedad en políticas públicas y productivas como el Programa ATP o el IFE», y que los cambios «en estudio» procuran «lograr un sistema tributario que privilegie la producción, la equidad, la igualdad y que sea sostenible».

Además, subrayaron que «no está en análisis» elevar la carga tributaria sobre «la clase media, los profesionales y las empresas que intentan invertir», según trascendió de algunos medios de comunicación.

También afirmaron que «no se eliminará el incentivo a la reinversión», esto es ganancias aplicadas a la distribución de dividendos, señaló Télam.

El Gobierno postergó por 45 días el pago de préstamos de 17 provincias a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a través de la resolución 3/2020 de la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) publicada en el Boletín Oficial.

La misma precisó que desde la fecha de vencimiento original, 27 de julio último, y hasta el final del plazo de prórroga, se devengarán intereses a una tasa de interés variable nominal anual equivalente a la aplicable para depósitos a plazo fijo de más de $ 1 millón de treinta 30 a 35 días, la Badlar Bancos Privados, actualmente en 19,81% anual.

Además indicó que “a efectos de garantizar la amortización del capital prorrogado y los intereses, cada jurisdicción cederá en garantía las sumas que le corresponda percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”.

Las provincias alcanzadas por esta resolución son Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la Capital Federal.

En agosto de 2016 el Estado nacional y las provincias, suscribieron un acuerdo por el que acordaron reducir la detracción, declarada inconstitucional por la Corte Suprema, de los 15 puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables, con destino a obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios, a cargo de la Anses.

El acuerdo también estableció que la Nación generaría los instrumentos necesarios e instruyó al FGS para que otorgara a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires un préstamo de libre disponibilidad con desembolsos y cancelaciones parciales y sucesivas.

El monto otorgado fue equivalente a seis puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables en 2016 y, para 2017, 2018 y 2019 de tres puntos.

El plazo previsto en el acuerdo para el monto de cada desembolso debía cancelarse a los cuatro años, de allí que el capital del 2016, amortiza este año.

La resolución argumentó la prórroga en que “los vencimientos de capital representan una porción sustancial de los recursos líquidos de las provincias, sumado a ello la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y, el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, señaló Télam.

El Gobierno modificó partidas del presupuesto nacional en más de $ 3.500 millones, de los cuales $ 2.357 millones se reasignaron al Ministerio de Salud, y otros $ 748 al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a través de la decisión administrativa 1534/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La norma determinó la asignación de $ 1.276.960.512 a la Superintendencia de Servicios de Salud, para su programa de Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud, es decir, las obras sociales.

También destinó otros $ 1.080.358.747 a Salud, provenientes del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, de los cuales $ 560.358.747 son para medicamentos del programa Cobertura Universal de Salud, y los restantes $ 520 millones para el programa de Atención de la Madre y el Niño.

En tanto, al Senasa le asignaron recursos por $ 747.986.832 para el pago de salarios y el medio aguinaldo de junio de su personal, señaló Télam.

Sería desde el próximo viernes. Hubo acuerdo entre los integrantes del Frente de Todos para permitir que YPF aplique una recomposición. El Gobierno decidió avanzar en un aumento en el precio de los combustibles, congelados desde diciembre de 2019. Debutará en los incrementos de la nafta, tras ocho meses en el poder. Guillermo Nielsen, presidente de la petrolera, quiso tomar esta decisión desde el primer día de gestión, pero no pudo por la oposición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El incremento será de alrededor del 7% y está previsto para la semana próxima, a más tardar el viernes informó Clarín. Ya tiene el aval del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta y de los ministros de Economía -Martín Guzmán- y Desarrollo Productivo -Matías Kulfas-. El aislamiento por la pandemia puede demorar la decisión, pero el consenso interno en el Frente de Todos para esta decisión ya se logró.

El litro de nafta súper está a $ 53,47 en la ciudad de Buenos Aires y la premium se despacha a $ 61,69. En dólares, al tipo de cambio oficial, son menos de 70 centavos, uno de los valores más bajos de la región. “Está más barata la nafta que la leche”, defienden en casi todo el sector petrolero, como una señal del atraso de precios. Las compañías hablan de un aumento pendiente del 15%, pero asumen que eso no se podrá trasladar de inmediato. “Menos de la mitad”, explicaron funcionarios, lo que situaría el aumento en alrededor del 7%. Ese promedio suele tener distinta aplicación. En general, los combustibles “premium” suben más.

Los precios de las naftas no se modifican desde el 1° de diciembre de 2019. Las modificaciones posteriores fueron por tributos o costos de biocombustibles, pero no en los márgenes de las empresas.

Con la tarifas de luz y gas congeladas, será el primer movimiento de productos energéticos de esta gestión. En los mandatos de Cristina Fernández, los aumentos de combustibles eran una constante, en especial desde que se expropió y se estatizó.

El precio del barril de petróleo crudo Brent, que se utiliza como referencia en la Argentina, también está en alza. Y su comportamiento podría decidir el tiempo de comunicar el aumento local.

El decreto que promulgó el “barril criollo” -un precio “sostén” para la producción local- establecía que ese piso podía derogarse si el Brent cotizaba más de 10 días por arriba de los US$ 45. Eso vino pasando en las últimas jornadas. Si se cumple una decena de días del Brent en aumento, el “criollo” podría quedar sin efecto.

La suspensión del “barril criollo” habilitaría a las productoras a tratar de cobrar más caro sus producto. Y si los refinadores -los que transforman el petróleo en combustible- cuentan con márgenes, también podrían afrontar esa erogación, según entienden en la industria.

Las ventas de combustibles están en caída por el aislamiento. Solo hubo una recuperación -y en algunos casos, hasta mejoría interanual- en ciertos bolsones del campo que consumen gasoil.

La inversión en energía está en su mínimo desde 2011. La formación Vaca Muerta tiene pocos equipos operativos en petróleo y el Gobierno busca reactivar la producción de gas a través de un nuevo plan de estímulo.

Con los subsidios en alza, los funcionarios designados por Cristina Fernández de Kirchner denuncian al macrismo. Federico Bernal, interventor del Enargas, impugnó un plan de pagos de 30 cuotas, de la cual ya se había abonado la primera. Andres Cirigliano, de Ieasa (ex Enarsa) también formuló una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y sus funcionarios (Javier Iguacel, Gustavo Lopetegui) por la venta de dos centrales de generación eléctrica, a la que considera “fraudulenta”.

El Gobierno apuesta a que el mayor financiamiento -por la reestructuración de la deuda- y los estímulos servirán para alentar la inversión. En las empresas domina la prudencia, a la espera de un escenario más claro, señaló El Comodorense.

Lo hizo en el marco de la Red Federal de Emergencia Sanitaria, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que construyó 12 Hospitales Modulares de Emergencia para enfrentar la pandemia.

En el marco de la pandemia de coronavirus se crearon más de 1400 camas de terapia intensiva, intermedia e internación.

El Gobierno nacional sumó más de 1.400 camas «críticas» de terapia intensiva, intermedia e internación, al sistema sanitario nacional, en el marco de la pandemia por coronavirus, de las cuales casi 1.000 están emplazadas en la ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde está el foco de contagios.

La cartera de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, fue la encargada de incrementar el volumen de camas del sistema sanitario y, en ese marco, se construyeron y pusieron en marcha 12 Hospitales Modulares de Emergencia (HME) ante la pandemia de la Covid-19, entre ellos los cuatro inaugurados hoy por el presidente Alberto Fernández.

Los hospitales están ubicados en Resistencia, Chaco; en ciudad de Córdoba; en Granadero Baigorria, Santa Fe; y en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Los ocho restantes se encuentran en el AMBA: Almirante Brown, Florencio Varela, General Rodríguez, Hurlingham, Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes y Tres de Febrero.

El Ministerio de Obras Públicas, en un comunicado, detalló que «a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), invirtió $1.894 millones para la construcción en tiempo récord y el equipamiento completo de esas unidades, a partir de las directivas sanitarias del Ministerio de Salud«.

«Esta inversión forma parte de la Red Federal de Emegencia Sanitaria, que en estos cuatro meses ya permitió sumar 1.417 camas de terapia e internación en todo el país, de las cuales 959 fueron destinadas al AMBA«, precisó el Ministerio.

Además, apuntó que los hospitales modulares de Emergencia son módulos de construcción rápida de 1.000 metros cuadrados, escalables a través de la metodología de la construcción en seco, lo que permitió el emplazamiento en apenas un mes.

Todos los hospitales del AMBA, precisa el comunicado, están equipados con un total de 840 camas (262 de terapia intensiva y 578 de internación general), respiradores, ventiladores de transporte, monitores multiparamétricos, ecógrafos portátiles, electrocardiógrafos y equipos de rayos X, entre otros dispositivos de última generación.

Asimismo, funcionan las 24 horas y, una vez que finalice la pandemia, quedarán para ser utilizados por la comunidad.

En tanto, los hospitales en el interior del país tienen 298 camas en total: en Resistencia: 76 camas, 24 de terapia intensiva y 52 de internación general; en Córdoba capital: 70 camas, 22 de terapia intensiva y 48 de internación general; en Granadero Baigorria: 76 camas, 24 de terapia intensiva y 52 de internación general; y Mar del Plata: 76 camas, 24 de terapia intensiva y 52 de internación general, señaló Télam.

Así lo evaluó el gabinete económico, que se reunió este miércoles para continuar el análisis de las medidas pospandemia, en el marco de la ayuda estatal a las familias, pymes y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

Los ministros que integran el gabinete económico analizaron en Olivos la continuidad del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para acompañar a las pymes y empresas en los próximos meses, a lo que se sumará el desarrollo de programas más focalizados para sectores vinculados a las industrias culturales y del turismo.

El gabinete económico se reunió pasadas las 18 por espacio de poco más de una hora, para continuar el análisis de las medidas pospandemia, en el marco de la ayuda estatal a las familias, pymes y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

En la reunión, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estuvieron presentes la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

También fueron de la partida los titulares del Banco Central, Miguel Angel Pesce; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y de la Anses, Fernanda Raverta.

Las fuentes indicaron que el encuentro permitió hacer un seguimiento del conjunto de medidas que se vienen adoptando para paliar las consecuencias de la pandemia. referidas tanto a los ATP como al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se abonará por tercera vez en todo el país.

«Se pudo analizar cómo calibrar las ayudas de ATP durante los próximos meses, para acompañar a las pymes y empresas a la nueva normalidad», explicó una de las fuentes consultadas, quien precisó que ya se están «cerrando ayudas focalizadas en sectores que tienen un presente y futuro complicado».

Entre esas últimas industrias, el Gobierno puso el foco en la situación del sector turístico en todo el país que por el aislamiento está casi en su totalidad parado, ya que sólo seis provincias se abrieron al turismo interjurisdiccional con escaso movimiento, hasta el momento.

Para ello, el Gobierno respalda la idea de llevar adelante «un plan de preventa» en la que el Estado sumará una bonificación del 50% para ser empleado en gastos turísticos asociados a ese viaje, de manera de promover y anticipar contrataciones.

Ese programa demandaría una inversión de $ 16.000 millones de inversión de un total pensado de $ 50.000 millones que se prevé se destinará a la actividad turística en todo el país, y para el cual también se analiza la extensión de los ATP hasta fin de año.

En ese sentido, también se destacó que más del 70% de los hoteles, agencias de viaje y comercios gastronómicos inscriptos en la AFIP está recibiendo los fondos previstos en el programa de ATP.

Las fuentes recordaron, también, que en este sector ya se están tomando medidas de salvataje como el dispuesto para unos 4.000 guías de turismo y prestadores individuales, y ésta semana se espera anunciar un plan de ayuda para pymes del sector con financiamiento internacional.

Otro sector que requiere de particular atención por su afectación actual y futura es el vinculado al amplio abanico de las actividades culturales, para el cual hoy se informó la disponibilidad de créditos a través del IFE que se comenzarán a implementar la semana que viene.

La vicejefa de Gabinete fue la encargada de encabezar anoche la primera reunión de la mesa de PyMes Culturales, en la que se presentaron medidas para ayudar al sector, entre las que se destacan el crédito a tasa del 18% con respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

También se aprobaron los créditos para monotributistas a tasa 0 por el monto equivalente a tres veces el máximo de facturación de la categoría del solicitante, con 8 meses de gracia para el pago de la primera cuota.

Dado que la actividad de las industrias culturales representadas en la reunión se considera crítica, se anunció la continuidad del ATP para el sector hasta octubre.

Asimismo, se conformó la agenda de trabajo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el abordaje de soluciones especiales en relación a los pedidos puntuales en materia tributaria.

Economistas de distintas tendencias coincidieron en que la última propuesta de canje de deuda del Gobierno nacional permitió acercar posiciones, y que con los acreedores más duros aún queda margen y tiempo para continuar con las negociaciones.

El Gobierno presentó el lunes pasado la cuarta propuesta de reestructuración de deuda bajo ley extranjera, que fue bien recibida por el mercado y por una parte importante de los bonistas entre los que se encuentran los fondos Fintech, Gramercy y Greylock.

No obstante, los miembros del grupo Exchange y del comité de acreedores Ad Hoc decidieron no aceptar la propuesta y pidieron seguir negociando.

Si una mayoría de los bonos se logra canjear, entonces el canje habrá sido exitoso”

MARTÍN KALOS, DIRECTOR DE EPYCA CONSULTORES

Consultada por Télam, Mariela Díaz Romero, economista senior de Econviews, dijo que el Gobierno con la última propuesta buscó generar atractivo para los tenedores de bonos con mayor protección legal -indenture 2005-, un umbral mínimo de participación y un reconocimiento de intereses corridos

«La nueva propuesta permite conservar las cláusulas de acción colectiva pautadas en un 85%, algo que era requerido por los bonistas del canje 2005. Sin embargo, algunos grupos de acreedores pedían ir más allá, y querían obtener esa misma protección legal para todos los que ingresaran al canje, algo que no se concedió en la nueva propuesta», describió.

Para la economista, los grupos de acreedores más duros -Ad Hoc y Exchange- poseerían alrededor de un tercio de los bonos Globales y otro tercio de los bonos de los canjes de 2005 y 2010, con lo cual su voluntad de participar es decisiva a la hora de determinar la suerte de la propuesta actual.

«Si bien se ha acercado, la propuesta actual valuada a US$ 53 asumiendo una exit yield (tasa de salida) de 10% todavía está algo lejos de las presentadas por estos grupos más duros, que piden alrededor de US$ 60» por cada US$ 100 de valor nominal, precisó.

En este sentido, señaló que si bien la oferta del Gobierno achicó diferencias con los bonistas en materia legal y financiera, «todavía no está claro que la oferta actual sea la última y definitiva».

Por su parte, Martín Kalos, economista y director de EPyCA Consultores, dijo que la cuestión pasa por entender si el Gobierno argentino necesita que todos los fondos entren.

«No se trata de darle algo que haga que entren todos, sino que una mayoría de los bonos sean canjeados. Acá el Gobierno de entrada supo que no todos los bonos iban a ser canjeados, ya que iba a ver fondos con posiciones más alejadas a su oferta y esto, en algún bono, iba a significar que no se llegara a la mayoría. Pero si una mayoría de los bonos se logra canjear, entonces el canje habrá sido exitoso», indicó Kalos.

Al describir el momento que atraviesa la negociación, Kalos dijo que el Gobierno está enfocado en determinar cuántos fondos aceptarían la oferta, y si es necesario hacer algo más para poder sumarlos.

Sería un desperdicio ir a un esquema de arreglo parcial, considerando el esfuerzo hecho”

DIEGO MARTÍNEZ BURZACO, ECONOMISTA

A su turno, Matías Rajnerman, economista Jefe de Ecolatina, aseguró que la negociación es muy dinámica y que la cuestión pasará por saber si el Gobierno cuenta con el porcentaje mayoritario necesario para dar por cerrada la oferta.

«Al momento lo que pareciera es que hay un acuerdo con una porción de los tenedores mayoritario de los bonos, concretamente Fintech, que es un fondo encabezado por David Martínez. Y hay una posición parecida con Gramercy», explicó.

No obstante, el economista señaló que con el grupo Ad Hoc y el grupo de Exchange «que son fondos financieros, no buitres, todavía no hay acuerdo».

«De todas formas, esto es muy dinámico y hasta el día anterior al acuerdo, sea cual fuere el resultado, creo que las dos partes (los grupos duros y el Gobierno) van a seguir mostrándose inflexibles», indicó el economista Jefe de Ecolatina.

Por su parte, Santiago López Alfaro, economista y socio de Delphos Investment, sostuvo que la negociación cierra el 4 de agosto y que no cree que el Gobierno ofrezca ningún incentivo extra a la oferta ya presentada.

«De a poco se van a ir sumando algunos y sobre el final veremos si los grupos más duros se terminan separando, porque la oferta para el grupo de los bonistas del canje 2005 es muy buena y parecida a lo que pedían. Lo que sucede es que por alguna razón que no conocemos están unidos», explicó.

López Alfaro aclaró que la apuesta del Gobierno pasa por estimar que los grupos más duros no son actores que en general litiguen porque son fondos grandes, y «casualmente los fondos que si litigan, ya le dieron el aval a la oferta argentina».

A su turno, el economista Diego Martínez Burzaco puntualizó que pese a que Blackrock encabezó un rechazo a la oferta presentada por el Gobierno, este grupo acreedor «continúa en la mesa de negociación».

«El Gobierno es inteligente en este sentido, y está tratando de llegar a un acuerdo para que Blackrock esté dentro del canje. Primero, porque el contexto internacional en términos de tasa de interés es propicio para llegar a un acuerdo y, en segundo lugar, porque ninguna de las dos partes tiene ningún rédito en el corto plazo si no se llega a un acuerdo», estimó.

Martínez Burzaco resaltó el esfuerzo de la propuesta argentina respecto de la iniciativa inicial y la presentada el lunes pasado, donde la primera tuvo un valor presente neto de US$40 y la última dentro de un rango de entre US$ 53 y US$ 59, según cálculos del mercado.

«La verdad que sería un desperdicio ir a un esquema de arreglo parcial, considerando el esfuerzo hecho. Hay una diferencia de US$2 o US$2,50. Me parece que hay margen para ponerse de acuerdo», finalizó Martínez Burzaco.

El Gobierno nacional define los detalles finales para la presentación de una nueva oferta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos durante la semana próxima, con miras a completar todo el proceso de la reestructuración de la deuda, por US$ 67.500 millones, para el próximo 24 de julio.

Fuentes gubernamentales precisaron a Télam que la presentación sería «la semana próxima», teniendo en cuenta que hoy es feriado en los Estados Unidos, que adelantó un día la celebración de su independencia.

En la últimas horas, los grupos más grandes de acreedores hicieron llegar al Gobierno argentino contrapropuestas, con vistas a lograr un acercamiento y alcanzar finalmente un acuerdo, y se espera que los intercambios continúen durante el fin de semana.

El primer grupo, el ACC (siglas en inglés del Comité de Acreedores de Argentina), le alcanzó al Gobierno una propuesta financiera cuyo valor ronda unos 54 dólares por lámina de 100 nominales de deuda vieja (en valor presente neto), que implicaría un mínima modificación en los pagos respecto de la última oferta que presentó el Gobierno a los bonistas.

Aquí se encuentran involucrados los fondos Gramercy, Greylock y Fintech que, pese a las diferencias, son los que lograron un mayor entendimiento con el Gobierno argentino, entre los principales grupos de acreedores, y que blanquearon formalmente hoy su oferta a la prensa a través de un comunicado.

El ACC indicó que la nueva contraoferta otorgaría «un alivio de US$ 39.000 millones hasta 2028».

El grupo, que presentó la oferta el 1 de julio, sostuvo que la propuesta debe tener un umbral mínimo de participación de dos tercios y precisó que el cupón promedio ponderado de los intereses incluidos en la contrapropuesta es de 3,95%, sin superar el 5%.

«El ACC continúa creyendo que la mejor manera de avanzar es a través de una resolución consensuada», dijo el grupo en el comunicado.

La propuesta que dio a conocer ACC mantiene los mismos bonos y estructura de amortización que la oferta que hizo el Gobierno argentino al 17 de junio y los contratos originales de los bonos elegibles, si bien piden el adelanto de pago de cupones de ciertos bonos.

Sin embargo, estos fondos también solicitan mantener las condiciones legales contenidas en las cláusulas de acción colectiva (CAC) de 2005, solamente para tenedores de bonos de los canjes 2005 y 2010.

La Argentina había propuesto cláusulas CAC utilizadas en los bonos emitidos a partir de 2016 para todos los bonos a reestructurar.

Esta estrategia de ACC logró mover los cimientos del otro gran comité de acreedores, el Ad Hoc, el más duro según las palabras de Martín Guzmán, que lideran fondos como Blackrock, Monarch, Ashmore.

Luego de haber trascendido la oferta del ACC a través de la prensa, el Ad Hoc emitió un comunicado a principios de la semana afirmando que «no hubo negociaciones significativas» con el Gobierno desde el 17 de junio, el día en que se conoció la última oferta argentina.

El jueves por la noche, dejaron trascender a través de Bloomberg, que si el Gobierno argentino avanzara con la propuesta de ACC «la rechazarían» y exigirían a sus miembros «el llamado acuerdo de bloqueo, que obligaría a sus miembros a rechazar esa oferta», según fuentes consultadas por dicha agencia.

Este grupo hizo saber a través de medios internacionales que aún intenta alcanzar un acuerdo con la Argentina, más allá de que la última contraoferta que presentaron era menos beneficiosa para el Gobierno, con un pedido de recupero de al menos 57 dólares cada 100 de deuda nominal.

Sin embargo, uno de los puntos de mayor conflicto con Ad Hoc son las cláusulas legales, ya que exigen términos «imposibles de cumplir», según advirtió oportunamente Guzmán.

Este Comité, a diferencia de ACC, exige cláusulas de los bonos 2005 para todos los bonos nuevos a emitir a partir de esta operación; gatillar un default de bonos en caso de eventual incuplimiento con el FMI; y aumentar la lista de bienes sin inmunidad del gobierno argentino en caso de eventual default, entre otras, para garantizar los cobros de los acreedores.

La especulación del mercado es que si el Gobierno avanzara con la propuesta del grupo ACC, que pide cláusulas legales CAC del 2005, solo para los bonos emitidos antes del 2016, podría desmembrar al Comité que reúne dos de los grupos más fuertes y que se habían unido para presentar una sola oferta, el Argentine Bondholder Group (Blacrock y toros) y el Exchange Boldholder group (bonistas del canje 2005 y 2010).

En conjunto, los acreedores aseguran que reúnen 21.000 millones de dólares y las minorías necesarias para bloquear las series de los bonos 2005 y 2010.

El Gobierno presentó a la SEC la primera propuesta el pasado 21 de abril, con un valor presente neto calculado por el mercado en cerca de 40 centavos por dólar,

La administración de Alberto Fernández, que se mueve por estos días con mucho hermetismo, postergó cuatro veces el vencimiento de la oferta, con miras a continuar negociando para alcanzar un acuerdo.

La última oferta de la Argentina a los acreedores, alcanzaba un valor de recupero de 49,90 dólares, y mantenía en suspenso la utilización de endulzantes, como podían ser cupones atados las exportaciones.

También incluye las CAC de 2016 para todos los bonos, acordes con «el lenguaje standar del FMI y el G20», según precisó Guzmán, y la posibilidad de reasignar los grupos de bonos una vez realizado el canje, para eventualmente utilizar mayorías a favor del Gobierno que le permitan cerrar un acuerdo con acreedores.