Tag

Economía

Browsing

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó hoy el reintegro del 15% en las compras con tarjetas de débito que realicen los jubilados que cobren el haber mínimo y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a partir del 1 de marzo próximo.

La medida, anunciada ayer por la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución general 4676.

El reintegro del 15% se concretará en las compras que realicen con las tarjetas de débito de las cuentas donde se acreditan sus beneficios.

En conferencia de prensa celebrada ayer en Casa de Gobierno, Marcó del Pont precisó que estos reintegros serán de hasta $ 700 mensuales por beneficiario, con un tope de $ 1.400 por hogar.

“Estamos trabajando con los listados del padrón de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de todos los titulares de la AUH y de jubilación mínima, que se los daremos a las administradoras de las tarjetas de débito. Esperamos más adelante incorporar a los usuarios de tarjeta alimentaria”, indicó Marcó del Pont.

Remarcó que “esta medida supone asignar recursos fiscales de aproximadamente $ 5.000 millones mensuales”, informó Télam.

Las expectativas de la economía mundial en 2020 no son muy altas. Esa es la conclusión que se puede sacar del texto que escribió la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Alicia Bárcena, en un blog del think tank «The Dialogue», con sede en Washington. Las crecientes tensiones en el Medio Oriente, la guerra comercial entre China y EE. UU., y la epidemia del coronavirus son las principales razones que nublan aún más el escenario económico: «El crecimiento de China, que se espera sea inferior al seis por ciento -la tasa de crecimiento más baja de los últimos 30 años-, es probable que se reduzca aún más por el brote del coronavirus», se menciona en el artículo.

Por su parte, Jörg Krämer, economista jefe del Commerzbank, dijo que la prolongación de las vacaciones de año nuevo chino podría haberle costado al país asiático un 3% de su producto interno bruto (PIB) en el primer trimestre. Sin embargo, consideró que aún no puede preverse la gravedad del virus para la economía china, ya que la enfermedad sigue extendiéndose.

Sudamérica, especialmente afectada por el virus

Si la producción en China se detiene durante mucho tiempo, se obtendrán menos bienes y habrá menor demanda de materias primas. Amrita Narlikar, presidenta del Instituto Alemán de Estudios Regionales GIGA, con sede en Hamburgo, afirmó que esto afecta a todo el mundo: «Ya hemos visto cómo la economía china, el tráfico aéreo y las cadenas de suministro globalmente integradas se han visto perturbadas. Por supuesto, esto tiene consecuencias para la economía mundial y ciertamente para América Latina».

En tanto, el sociólogo Stefan Schmalz de la Universidad de Jena estimó que «si China produce menos, esto repercutirá seguramente más fuerte en Sudamérica que en otras regiones del mundo». Claro está que unos píses se verán más afectados que otros.

Por un lado, la economía de México está completamente orientada hacia EE. UU. Por otro, Chile destina un tercio de sus exportaciones a China y solamente un 14% a la Unión Europea y Estados Unidos. China es el principal proveedor de mercancías de al menos diez países de Suramérica y es un mercado de ventas esencial para casi todos los países de la región. Por ejemplo, Brasil y Perú envían más de una cuarta parte de todas sus exportaciones a China.

China, un componente esencial de la economía 

Las relaciones transpacíficas no son solamente comerciales. Desde 2005, China ha concedido préstamos por un valor de más de 140.000 millones de dólares en América Latina, casi tanto como lo ha hecho en África. El país también ha invertido masivamente, con la participación de empresas chinas en proyectos privados y públicos.

«EE. UU. y Europa hacen muy poco para ofrecer a estos países alternativas que sean más atractivas que las de China», dice la presidenta de GIGA, Narlikar. Esto aplica para América Latina, el antiguo «patio trasero» de EE. UU., así como para África e incluso para algunos países europeos emergentes: «Y no se trata solamente de dinero y libre comercio. Sería mucho más importante establecer una narrativa que explique por qué el modelo económico occidental tiene más que ofrecer a estos países, que el chino», agregó.

Si China colapsa «no solo Sudamérica tendría un problema»

En general, los países sudamericanos tienen una conexión más bien débil con el mundo: en Chile, que tiene una economía tradicionalmente abierta, la tasa de exportación está ligeramente por debajo de la media mundial del 30%. En tanto, en Brasil y en Argentina es de menos del 15%, mientras que en la UE es del 45%.

Por su parte, Jéssica Gomes, experta en el Mercosur del Instituto GIGA, considera que especialmente para los países del Mercosur y los Estados asociados, la demanda nacional y regional ha demostrado ser un ancla de estabilidad: «El comercio dentro del bloque ha sido bastante sustancial en los últimos años». Gomes no ve un gran problema con respecto a una posible recesión a causa del coronavirus, al menos no para el Mercosur: «China tendría que colapsar por completo, pero entonces no solo Sudamérica tendría un problema», concluyó.

El juez Néstor García resolvió que el comprador deberá abonar $ 8.500 por mes, y no $ 25.000 como estaba pagando. Al iniciar el plan de ahorro en 2017, el monto de la cuota era de $ 5.000.

La Justicia rosarina obligó a una empresa automotriz a bajar el precio de la cuota de un plan de ahorro precio para adquirir un auto, a partir de la denuncia de un comprador que en menos de tres años vio quintuplicar el monto, informaron fuentes judiciales.

La medida fue adoptada por el juez Néstor García, quien resolvió esta lunes que el comprador deberá abonar $ 8.500 por mes, y no $ 25.000 como estaba pagando, ante la imposibilidad económica del usuario de cumplir con los nuevos valores del plan.

Adrián Horvat, abogado del denunciante, sostuvo en declaraciones a la prensa que la firma violó la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil, al «no aplicar la teoría del esfuerzo compartido ante circunstancias extraordinarias».

Se trata de un rosarino que en 2017 comenzó a pagar una camioneta Amarok cero kilómetro a través de un plan de autoahorro presentado por Volskwagen.

El aumento afecta una gran parte del salario y existe el riesgo de incumplimiento, con la eventual privación del bien que tendría el demandado”

Juez Néstor García

En ese momento la cuota del plan tenía un costo de $ 5.000 mensuales, pero a partir de octubre pasado, el denunciante comenzó a pagar cinco veces más.

La empresa alegó que la suba en el precio de la cuota del plan se debió las devaluaciones padecidas a nivel nacional, que impactaron en el valor del vehículo.

El juez García retrotrajo los aumentos que impuso la empresa y dictaminó que el usuario vuelva a pagar $ 8.500 mensuales, tal como en diciembre del 2018.

El magistrado consideró que el aumento que sufrió la cuota de la camioneta, «afecta una gran parte del salario y existe el riesgo de incumplimiento, con la eventual privación del bien que tendría el demandado».

Además de la medida cautelar resuelta por el juez en lo Civil y Comercial de la sexta nominación, se dispuso que las siguientes actualizaciones de la cuota del plan se deberán ejecutar acordes al coeficiente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), señaló Télam.

El Gobierno anunció hoy que extendió el programa de Precios Cuidados a los supermercados mayoristas y distribuidores para llegar a los almacenes y comercios de cercanía. Será una lista acotada, de 59 productos de primeras y segundas marcas que llegarán a más de 200 bocas de expendio mayorista en todo el país, explicó en conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Los precios de esa lista bajarán un 9% en promedio, explicó el funcionario. El acuerdo incluye primeras y segundas marcas de alimentos no perecederos, bebidas, y productos de limpieza y perfumería. Las cadenas de mayoristas que participarán serán Diarco, Macro y Maxiconsumo, entre otras.

Kulfas aclaró que, como en el caso de las negociaciones con los supermercados, será un acuerdo anual con revisiones trimestrales. El objetivo, dijo, es que los pequeños comercios «puedan contar con precios para comercializar sus productos al mismo precio que tienen todas las cadenas de supermercados del país».

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, detalló que beneficiará especialmente a los comercios minoristas «que no tienen cuenta directa con los proveedores» y tienen que recurrir al mayorista como intermediario.

En enero, la secretaría a su cargo había iniciado conversaciones con representantes de autoservicios chinos, almacenes, supermercados regionales y mayoristas con el objetivo de extender el programa Precios Cuidados a esas bocas de expendio.

«Esperamos poder trabajar con algún listado de productos. Nosotros también vamos dispuestos a poner de nuestra parte, siempre y cuando tengamos buenos precios y productos. Queremos que entren primeras marcas y tener también precios de referencia», había dicho en ese momento la presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, señaló La Nación.

Desde febrero, se pueden cancelar a los 30 días. Y esto disparó las consultas.

«Fue maratónico«, reconocen incluso en los bancos que llegaron a tiempo. Los plazos del Banco Central los hicieron correr para poner a punto los sistemas para el 1 de febrero.

No todos lo consiguieron, o sólo llegaron a habilitarlas en algunos canales, pero los plazos fijos UVA precancelables –con un horizonte de tres meses y la opción de salir a partir del mes– ya están en el menú.

Sin promoción activa de las entidades, fueron los clientes los que se encargaron de darle envión: muchas consultas, nuevos depósitos ya constituidos, y la expectativa de que este tipo de colocaciones crezcan aún más que en enero. Y eso que el mes pasado explotaron 42%.   

Claro que los plazos fijos UVA están en pañales. En perspectiva, representan apenas el 2,7% del total

En la nueva modalidad, en el caso de retirar el dinero antes, existe una penalización y se cobra el 70% de la tasa de la Leliq al momento de hacer el plazo fijo. Pero la tranquilidad de saber que se pude disponer del dinero si fuera necesario parece despertar la curiosidad de un argentino acostumbrado típicamente a renovar cada 30 días. 

La escalada de los últimos meses y el empuje de la demanda tuvo su correlato en la tasa (ofrecen cierto interés por encima de la inflación) queen enero se ubicaba en 2,6% promedio y descendió 1,5 puntos respecto a diciembre, según los últimos datos del Banco Central.  En el caso de los nuevos precancelables, sólo están obligados a ofrecer 1% extra.

Hay que entender también que los bancos hoy toman un creciente fondeo UVA (depósitos) pero no pueden «calzarlo» con préstamos que tengan el mismo tipo de ajuste por el avance de los precios. 

«En cuanto a los tiempos fue realmente contrarreloj. Pero logramos tenerlo listo en todos los canales para que el cliente pudiera autogestionarse», le contó Karen Salomon, jefa de producto de Inversiones del Banco Galicia, a Clarín.

«Lo que vemos es un producto de menor riesgo ya que te va a permitir elegir entre dos posibles horizontes. Vas viendo cuál te rinde mejor», plantea la ejecutiva. «No salimos a venderlos, no hubo promoción activa pero tampoco es que lo tenemos escondido. Hay bastantes consultas tanto en sucursales como por teléfono. Tuvo un gran crecimiento pero todavía no explotó. Hay que darle tiempo, creemos que en febrero los depósitos UVA van a crecer todavía más«, dice Salomon.

«En enero ya lo vimos pero este fenómeno de migración de plazo fijo tradicional a UVA se va a acentuar», agrega. «Hoy no hay competencia por tasa. La rentabilidad pasa por el UVA. Tiene más que ver con la disponibilidad por canales«, advierte.

En el Galicia ofrecen tasa fija de 1% más UVA -el piso que estableció el BCRA- mientras que en el caso del plazo fijo tradicional de esta modalidad es 0,1% más UVA.  «Si precancelás hoy te paga 33% anual y esto es algo que sabés al momento de la constitución. Podés precancelarlo desde el día 30 en adelante, se te acredita el mismo día, pero la mayoría va a esperar hasta el vencimiento», explica. 

En Banco Provincia, cuentan que en versión UVA ofrecen plazos fijos a 90 y 180 días y sumaron la opción precancelable con una tasa fija extra del 1%. «En el caso de 90 días pagamos 2% y a 180 días, 3% por encima de la inflación. Además, tenemos la caja de ahorro en esta modalidad, que paga una tasa del 2% extra y te pide un plazo mínimo de permanencia de 90 días».

En la entidad agregan que «si bien estas alternativas de inversión ajustadas por inflación representan por ahora son sólo el 3,5% de los depósitos a plazo, se advierte una tendencia de crecimiento. Duplicamos el saldo que teníamos al 31 de diciembre«.

«Durante la primera semana de vigencia del producto precancelable notamos mucho interés de nuestros clientes y creemos que estamos ante un excelente producto que seguirá en alza. En los primeros 6 días se pactaron casi 1.100 certificados precancelables por $ 251 millones», señalan.

En el Hipotecario, por ejemplo, están ofreciendo tanto en homebanking como sucursales los nuevos plazos fijos UVA con una tasa de interés del 1% por encima de la inflación para plazos menores a 180 días y del 2% a partir de los 180 días.

«El primer día tuvimos una demanda orgánica del producto por todos los canales sin realizar ningún tipo de incentivo ni acción comercial sobre el nuevo producto», reconocen en la entidad.

«Hubo casos a mediados de enero de clientes que se acercaron a los oficiales consultando si el banco lo iba a ofrecer. El producto está comunicado en la web y disponible para simular y originar por todos los canales, por el momento estamos viendo la evolución antes de comenzar a ofrecerlo proactivamente desde el banco», aseguran.

En el ICBC admiten también que los tiempos fueron cortos para instrumentar la nueva modalidad precancelable. «Por suerte llegamos. Hoy los podés hacer por sucursal, por homebanking y por celular. Los clientes se acercaron a consultar de forma espontánea ya que no hubo campaña. Y aunque el volumen no fue explosivo ya hicimos los primeros y de hecho, la originación fue mayor que el UVA tradicional«, cuentan. También es cierto, apuntan en el banco, que el producto tiene su complejidad para el plazo fijista de toda la vida, señaló Clarín.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que el organismo no aprobará una quita de la deuda argentina, como reclamó la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global», afirmó Georgieva durante una entrevista televisiva que concedió a la agencia Bloomberg.

Consultada sobre la «profunda reestructuración de la deuda» que plantea el ministro de Economía, Martín Guzmán, la directora gerente del organismo respondió: «Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del Gobierno, no del FMI».

La semana pasada, el FMI inició la visita técnica para avanzar en el diseño de un nuevo programa. Según Georgieva, «se necesita más tiempo para obtener datos sobre la sostenibilidad de la deuda del país». «El FMI continúa respaldando al gobierno de Alberto Fernández en sus esfuerzos para reanudar el crecimiento económico», señaló.

«En términos generales, apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento», apuntó, según consignó la agencia Bloomberg.

El Presidente respaldó el jueves pasado la postura de Cristina Kirchner respecto de la necesidad de que el FMI apruebe una quita de la deuda argentina.

Lo hizo horas después de que el vocero del organismo, Gerry Rice, dijo en una conferencia de prensa en Washington que el reclamo de la vicepresidenta no es viable, ya que el estatuto del Fondo impide aprobar quitas.

El argumento de Cristina Kirchner, que Fernández calificó de «pertinente», es que el FMI incumplió sus normas al aprobar créditos a la gestión de Mauricio Macri, que, en su visión, se usaron «para cubrir corridas cambiarias». El vocero Rice replicó: «Puedo asegurarles a todos que no hubo violación de las reglas».

Luego, Fernández defendió a su vice: «Lo que ella dice es que si incumplieron eso, incumplan y hágannos una quita. Es absolutamente pertinente». Más tarde, Cristina Kirchner insistió con su crítica al FMI, informó La Nación.

Durante una entrevista con Télam, el funcionario explicó que el gobernador Axel Kicillof le pidió llevar adelante obras «que tengan algo de impacto en la vida de la población y que mejoren su vida», por lo que trabaja en un plan estratégico para atender «las particularidades de cada región en una provincia muy diversa».

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Agustín Simone, criticó la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal por haber paralizado la ejecución de obra pública durante los dos últimos años de mandato, y aseguró que se recibió la provincia «en terapia intensiva».

Entre las prioridades para infraestructura, destacó «obras viales» y otras «para manejo de inundaciones y provisión de agua y cloacas», así como trabajos «para proveer de infraestructura urbana».

– Télam: ¿Con qué se encontraron al llegar en cuanto a la obra pública?

– Simone: Después de las PASO, el Ministerio dejó de pagar todo, menos los sueldos: desde la luz hasta las obras propias y las transferencias a los municipios. Hubo un corte absoluto en la cadena de pagos.

– T: ¿Cuántas obras paralizadas hay y por qué monto?

– S: Hay unas 250 obras por alrededor de $ 11.600 millones. Desde mayo de 2018 empezó un ajuste presupuestario muy fuerte sobre todo desde la suba del dólar y el acuerdo con el FMI. Encima, en 2019 Nación le pasó un montón de gastos a la provincia, por lo que se ajustó aún más el presupuesto. La inversión para obras en 2017 fue de $ 18.600 millones, y en 2018 y 2019 de $ 14.000 millones. Fue menor en términos corrientes, con una inflación acumulada altísima. El recorte presupuestario que hubo fue bestial.

– T: ¿El gobierno anterior tuvo una mala gestión de la obra pública?

– S: El 2017 fue un buen año de la obra pública. Habían llegado a un valor que estaba bien en cuanto a porción dentro del presupuesto total en infraestructura. Después eso se terminó. Para bajar su déficit, Nación transfirió cosas a la provincia y el modelo en 2018 se agotó. Cuando se paraliza a este nivel, cuando se gasta menos en términos corrientes en 2019 que en 2017, lo único que se puede hacer es parar obras porque no hay con qué pagarlas.

– T: ¿Y cómo se resuelve eso?

– S: Recibimos la provincia en terapia intensiva, sin recursos más que para pagar los sueldos hasta ahí y con vencimientos de deuda. Dentro de ese ajuste, dejaron de usar también los fondos que tenían financiamiento externo. Las obras que tenían préstamos aprobados tampoco fueron ejecutadas. Para poder mostrar contablemente que no había déficit cortaron todos los préstamos que eran para inversión. La ejecución da en promedio 6%. Hay obras con financiamiento que no fue utilizado. Incluso, la provincia terminó pagando más comisiones de compromiso, una especie de castigo que cobran los bancos por no usar la plata.

– T: ¿Se pueden reactivar esos préstamos?

– S: A los cuatro o cinco años se vencen. Tenemos que pedir prórrogas con los bancos.

– T: ¿Cuántas hay en ejecución?

– S: Hay unas 500 obras en ejecución: rutas, casas y demás. Muchas en 2019 no avanzaron nada.

– T: ¿En qué estado está la obra de la cuenca del Río Salado?

– S: La provincia sólo desembolsó un 9% de la parte que le correspondía. La obra más importante, el dragado, no empezó. La vamos a largar ahora, ya activamos pagos para las obras complementarias.

– T: ¿Cuál es el plan para la obra pública?

– S: Armar un plan estratégico que consista en proyección de obras para los próximos cinco años y, por otro lado, un plan a largo plazo para cuestiones como la de vivienda que no se pueden resolver en lo inmediato. También ver necesidades inmediatas y urgentes para retomar obras.

– T: ¿Cuáles son las obras prioritarias?

– S: Tenemos que trabajar en situaciones de manejo del agua tanto ante inundaciones como en cuanto a provisión de agua y cloacas. A nivel vial, hay rutas como la 6 o la 11 sobre las cuales hay que empezar a trabajar de modo más intenso. No sólo hay que invertir sino ver el control de cargas para que una vez que se hace la obra no la destruyan los camiones. Es muy importante el tema de la seguridad vial: atacar los puntos donde hay accidentes por problemas de infraestructura como falta de puentes peatonales, semáforos, rotondas mal señalizadas, banquinas no marcadas.

– T: ¿Qué le pidió el gobernador Kicillof?

– S: El gobernador quiere que hagamos obras que tengan algún impacto en la vida de la población. Eso, en una provincia tan grande y diversa varía de acuerdo con los lugares. Según el lugar, puede ser manejo de inundaciones, ampliación de redes de agua potable y cloacas, acciones sobre seguridad vial en una ruta provincial que cruce el tejido urbano, proveer de infraestructura urbana como luz, gas o agua.

– T: ¿Cómo se puede lograr ello en un contexto de escasez de recursos?

– S: El desafío es enorme. Hacienda busca resolver el ajuste presupuestario con el que nos encontramos. También está la oportunidad de los préstamos que no fueron utilizados.

– T: ¿Cuál es la meta a largo plazo?

– S: Tener un plan de obras y una visión estratégica, saber qué necesita la provincia más allá de estos cuatro años, poder entender cómo la provincia debería abordar sus necesidades planificadamente y no tapando baches. Poder maximizar los recursos para hacer las obras y mejorar el nivel de vida de la población. Es una provincia muy diversa y requiere soluciones atendiendo las particularidades de cada región, con las restricciones presupuestarias que tenemos y maximizando los recursos.Esperamos haber dejado mejor las cosas de como las encontramos.

– T: ¿Qué va a ocurrir con los subsidios al transporte público de pasajeros?

– S: En 2019 Nación le transfirió a la provincia el subsidio al transporte y a la energía. Se pagaron $ 35.000 millones cuando el presupuesto de infraestructura fue de 14.000 millones. A la provincia la mató. Este año se va a 50.000 millones. Estamos conversando con Nación para ver si puede volver a su órbita. Sería una gran ayuda, pero no es fácil porque justamente lo transfirieron para poder pagar su déficit. Es curioso que hablen de la recuperación del Fondo del Conurbano porque todas estas transferencias terminaron haciendo neutra esa mejora.

– T: ¿Cuál es la situación del tema vivienda?

– S: Estos cuatro años estuvo totalmente paralizado. No se llegaron a hacer 2.000 viviendas por año, lo que en la provincia es lo mismo que cero. Hay un gran problema de vivienda. La situación es muy critica. Estamos trabajando con Nación, hay que impulsarlo y buscar soluciones diversas. Ya tuvimos reuniones con la ministra de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa, para ver acciones. Estamos muy coordinados y tenemos mucha expectativa de lo que podamos hacer, señaló Télam.

Vista Oil and Gas planea emitir un bono de 50 millones de dólares a 4 años en el mercado local el 19 de febrero para refinanciar parte de sus vencimientos de deuda e invertir en la producción de petróleo shale en Vaca Muerta, afirma Pablo Cianni, director asociado de la agencia FixScr, un operador de mercado y documentos de la compañía.

Las obligaciones negociables Clase III estarán denominadas en moneda estadounidense, se regirán bajo la ley argentina y sus cupones serán abonados a través de la cuenta que tiene la empresa en Nueva York. “Que sea pagadero en los Estados Unidos, es una ventaja frente a las colocaciones que lo hacen en Buenos Aires”, explica el trader.

Antes de conocerse el resultado de las PASO, Vista emitió en Buenos Aires el bono Clase I por 50 millones de dólares con tasa del 7,88% y vencimiento a dos años, a fines de julio de 2019, y el Clase II por 50 millones de dólares con tasa del 8,50% a tres años a principios de agosto.

Según Cianni, una referencia para los niveles a la que podrían ser colocada esta nueva obligación negociable es lo que pagaron Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y AES Argentina Generación esta semana en las transacciones en moneda estadounidense que realizaron en el mercado local a doce meses, aunque con un plazo más corto.

La primera emitió el 12 de febrero 36,96 millones de dólares de su bono Clase 2 con una tasa del 9% y AES Argentina Generación hizo lo propio el 14 de febrero con 22,16 millones de dólares de su título Clase B con una tasa del 8%.

Sin embargo, la operadora señala que todas estas colocaciones “están saliendo muy caras” y estima que la de Vista podría situarse en la zona del 10,50%. Sin embargo, destaca que no va a participar de la transacción ya que “no ofrece casi nada de premio a lo que está pagando YPF y sigue siendo una apuesta a Vaca Muerta y el gobierno aún no ha dado señales de lo que va a hacer”.

Pese a esto, confía en que la colocación podría ser exitosa por la “habilidad de su presidente Miguel Galuccio para conseguir financiamiento”. La compañía así lo ha demostrado al obtener un préstamo de Development Finance Corporation (DFC), con su salida a la Bolsa de Nueva York y México o la inyección de efectivo que le realizó el fondo Kensington Investments, entre otros, en los últimos dos años.

La transacción será manejada por Allaria Ledesma, Balanz Capital Valores, Banco de Crédito y Securitización (BACS), Galicia, Itaú Argentina, Santander, Macro, BBVA, SBS Trading, TPCG Valores, Itaú Valores, Macro Securities y Puente.

La empresa planea utilizar lo recaudado en la colocación del bono Clase III para pagar 37 millones de dólares de vencimientos de deuda y los 13 millones restantes para financiar sus actividades en Vaca Muerta, explican Cianni y el operador de mercado.

En la actualidad, Vista deberá abonar en el corto plazo el capital de obligaciones negociables por un total de 1,29 millones de dólares y créditos bancarios por 68,68 millones. “Parte de esos montos los va a poder refinanciar y el resto lo abonará con el dinero que obtenga en la operación”, destaca el director asociado de FixScr.

A largo plazo, la compañía tiene deuda por un total de 378,13 millones de dólares (98,82 millones de dólares en bonos y 279,37 millones con entidades financieras) con vencimientos escalonados hasta 2023, al 30 de septiembre de 2019.

FixScr estima que el apalancamiento de Vista terminará cerrando el año pasado de cerca de 2,4 veces, ya que calcula que su deuda se ubicaría en unos 430 millones dólares y su EBITDA en 180 millones.

En nueve meses de 2019, la empresa reportó un EBITDA de 151 millones de dólares, una deuda financiera de 448,20 millones y un ratio deuda/EBITDA de 2,6x. En tanto, tenía 99,45 millones de dólares en efectivo, fruto de la emisión de acciones en la Bolsa de Nueva York (101 millones) y de las series I y II en el mercado local (100 millones), lo que le permitió tener una caja de 241,30 millones para afrontar sus inversiones y cubrir vencimientos.

En paralelo, Vista había acordado el 11 de septiembre con Overseas Private Investment Corporation (OPIC), actualmente denominada DFC, un préstamo de 300 millones de dólares a 10 años para financiar parte de las inversiones que tenía planeadas para 2020 e incrementar su producción de petróleo shale.

Sin embargo, ese dinero aún no fue desembolsado ya que aún restan firmar “documentos definitivos, así como el cumplimiento de ciertas condiciones precedentes que se establecerán” en ellos, explican desde la compañía.

Según Cianni, la empresa aún no necesita hacer efectivo esos desembolsos debido a la caída en la actividad en Vaca Muerta y que ha frenado su plan de inversión para 2020 hasta que se aclare la situación para el sector petrolero en el país. “Con lo que tiene en caja de las colocaciones de las obligaciones negociables y la emisión de acciones que ha venido haciendo, le alcanza para fondear sus operaciones actuales”, resalta.

Los planes

Vista había anunciado un programa de inversiones de 1.700 millones de dólares en Vaca Muerta entre 2019 y 2022 para perforar en promedio 32 pozos por año, con el objetivo de alcanzar una producción diaria de 65.000 barriles de petróleo equivalente por día (boed) al final de ese período, lo que implicaría un crecimiento del 28% promedio anual frente a sus números actuales.

“Será necesario obtener financiamiento adicional de al menos 600 millones de dólares. Limitaciones en el acceso al financiamiento pueden limitar el plan de inversiones y el consiguiente EBITDA de la compañía”, explica FixScr.

En agosto de 2019, la empresa fue la segunda productora de crudo no convencional en la cuenca neuquina al alcanzar los 28.804 boed promedio en los nueve meses del año al 30 de septiembre, según la Secretaría de Energía de la Nación.

Para la calificadora de riesgo “el escenario macroeconómico y las medidas de congelamiento condicionan el ritmo de inversiones necesarias para aumentar la producción y la infraestructura al ritmo previamente esperado”.

La agencia estimaba originalmente que la compañía “sería capaz de alcanzar en diciembre de este año una producción de unos 45.000 boed, para llegar a 65.000 boed hacia fines de 2022”, pero debido al “actual contexto de incertidumbre política y económica”, calcula que llegaría a “los 35.000 boed”.

La empresa de Galuccio cuenta con un programa de 1.500 millones de dólares para el área Bajada del Palo Oeste, que incluye además la realización 130 nuevos pozos en ese período y 382 horizontales de entre 2.500 y 3.000 metros en los once años siguientes.

Para 2020, Vista planeaba invertir al menos 300 millones de dólares, un monto similar al de 2019, en la producción de petróleo shale en este bloque y en Bajada del Palo Este y Coirón Amargo Sur Oeste y Águila Mora, en Vaca Muerta. Este plan fue paralizado hasta que el gobierno anuncie las nuevas reglas del juego para el sector, resalta una fuente cercana a la compañía.

En noviembre, la empresa obtuvo la concesión de explotación no convencional de Águila Mora por un plazo de 35 años (renovable por 10 años más) para lo que se comprometió poner en producción tres pozos ya perforados y completados por el operador anterior, a hacer otros dos horizontales nuevos y construir instalaciones de superficie asociadas en los próximos dos años.

De esta forma, Vista deberá invertir cerca de 32 millones de dólares en ese período en el que se realizarán los pilotos, a los que se le suman otros 700.000 que pagó como bono de infraestructura y 800.000 más en materia de responsabilidad social empresaria. La empresa de Galuccio controla el 90% del área de 93 kilómetros cuadrados y es la operadora, mientras que Gas y Petróleo de Neuquén (GyP) cuenta con el 10% restante.

Esto se suma a los 32 millones de dólares que tiene comprometidos desembolsar en el área Entre Lomas hasta 2022, a los 51,80 millones para Bajada del Palo Este hasta 2021, a los 24,70 millones en 25 de Mayo y Jagüel de los Machos hasta 2021 y 3,80 millones en Corión Amargo Suroeste.

“Si bien el plan de inversiones es manejable y tiene cierta flexibilidad, el plan de mediano plazo implicaría endeudamiento adicional – explica FixScr en un reporte -. El mismo podría alcanzar un pico de 1.000 millones de dólares en 2022, con un ratio de endeudamiento que sería de 1,5x EBITDA”.

Vista también tiene participaciones en los bloques Agua Amarga, Coirón Amargo Norte, Acambuco, Sur Río Deseado, con las que totaliza una cartera de 2.124 kilómetros cuadrados en las provincias de Neuquén, Río Negro y Salta. Con información del portal web  vaca muerta news.

Cuando se acercan las definiciones en relación a la deuda, asoman para el Gobierno otros desafíos.

La negociación por la deuda va cobrando clima de definición más allá del cronograma bocetado por el ministro Martín Guzmán, que tiene fecha establecida de finalización para fin de marzo.

El cruce entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el FMI sobre el pedido de una quita y la negativa del organismo introdujo ruido en la táctica oficial de apoyarse en el Fondo para impulsar una quita a los bonistas.

Las palabras de Guzmán fueron claras: “No vamos a permitir que los fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica”. Para muchos observadores se trata solo de una advertencia política, para otros ni siquiera se podría formular sin tener algún guiño del FMI.

Tradicionalmente el Fondo impulsa las quitas para los acreedores privados en el entendimiento de que es él el prestamista de última instancia al que recurren los gobiernos cuando el resto de los acreedores ya se fueron.

Por eso cuesta más entender lo de Cristina Kirchner, más allá de su intención de poner al organismo a la defensiva. El Gobierno debe lograr sí o sí una postergación de los pagos de 2022 y 2023, que suman US$44.500 millones y, además, Guzmán pretende que la Argentina logre tres años sin pagoalguno.

Mientras esa negociación se tensa, en el mercado financiero crecen las dudas, no ya sobre la reprogramación del capital de los bonos de legislación extranjera, sino también respecto de aquellos en pesos y con legislación local.

La experiencia en la semana de la reprogramación del bono AF20 abrió otro canal de incertidumbre sobre eltratamiento de la deuda en pesos y el futuro de los vencimientos que hasta marzo suman $345.000 millones, o sea casi tres veces y media el monto de emisión que se trató de evitar con la reprogramación del “bono Alberto”.

Desde ya que es una comparación estática y el Gobierno podrá reaccionar para mejorar las ofertas de canje a los bonistas y, por tanto, evitar un golpe de emisión que pueda impactar en la inflación o el dólar.

En el plan de lucha contra la inflación, otro ministerio. Producción, de Matías Kulfas, está a las puertas de comenzar una negociación clave para descongelar las tarifas de luz y de gas.

Esas tarifas, junto con las de transporte, están congeladas hasta fin de junio, pero el Gobierno quiere tener definida la salida antes de esa fecha. Apuesta a negociar con las empresas y destaca el resultado que obtuvo con los “precios cuidados”en enero, cuando se trasladó a los precios finales “sólo la mitad” del retorno del 21% del IVA sobre los alimentos.

La estrategia oficial en el caso de la luz y el gas será renegociarlas condiciones del transporte y la distribución, donde considera que el Gobierno de Mauricio Macri fue laxo en la autorización de mayores costos y compromisos de inversión.

La negociación está en la línea de largada e imaginan un camino de salida pausada del congelamiento. Miran y destacan la táctica del Banco Central de comenzar a mover el dólar mayorista con una suba de 2,4% en un mes.

El Central aumentó el dólar (estaba congelado desde las PASO de agosto y la inflación osciló en 30%), además, porque en las últimas ruedas pasó de ser comprador a vendedor de divisasy así el esquema no funciona: no tiene reservas suficientes para abastecer al mercado en caso de que el dólar se retrase de manera ostensible.

El dólar mayorista con una suba moderada en el intento de no agitar los precios de los alimentos y una salida pausada del congelamiento de las boletas de luz y gas constituyen la base de un esquema de contención inflacionaria que se inscribe dentro del “paso a paso” que destaca Kulfas para proyectar el futuro.

Entre los grandes signos de interrogación sobre el futuro de las exportaciones argentinas está Vaca Muerta y si finalmente habrá una ley para fijar un marco creíble para favorecer las inversiones en el importante yacimiento neuquino de petróleo y gas, hoy más inclinado hacia la producción de petróleo.

Dentro de la coalición gobernante no aparece un criterio único ni dominante sobre el futuro de la política energética argentina y solo la escasez de divisas parece justificar la apuesta a Vaca Muerta entre algunos de los funcionarios más allegados al presidente Alberto Fernández.

La negociación de la deuda copó la atención del Presidente en materia económica en la semana y la reprogramación del AF20 y la fuerte caída de los mercados le pusieron el sello.

El resto fueronlos cruces: entre la vicepresidenta y el FMI, entre la ministra de Seguridad de la Nación y el ministro de Seguridad bonaerense y el de ya larga duración sobre si hay o no presos políticos en la Argentina.

Después de 60 días de gestión la coalición gobernante está en la búsqueda de algún equilibrio que, hasta ahora, ayuda poco a la economía, informó Clarín.

En un contexto de baja de las tasas de financiación para pymes que dispuso el Banco Central, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió un «reperfilamiento» de las deudas de las compañías. La entidad manifestó su preocupación por la supervivencia de las empresas en crisis, que están teniendo que enfrentar intereses de deudas financieras impagables», según sostuvo su presidente, Gerardo Díaz Beltrán.

De acuerdo con estimaciones de CAME, las pymes destinan más de $16.000 millones mensuales a pagar los intereses de sus deudas con bancos, sin incluir multas por moras, otros cargos, ni los pagos de capital. El stock de deuda de las pequeñas y medianas empresas con los bancos es de $236.663 millones y de US$2581 millones, sumando un monto total equivalente a casi $400.000 millones, según la entidad. «No nos preocupa tanto el capital como las tasas altas», aclara Díaz Beltrán.

«Las deudas generan atrasos que incrementan más los pasivos», explica el directivo. Según el BCRA, la tasa de morosidad de las empresas, que era de 1,1% hace 18 meses, se multiplicó por más de 5, llegando a 5,7% en noviembre pasado (último dato disponible). Los datos de morosidad comenzaron a difundirse en 2007, año en que la tasa fue del 4%, por lo que la actual es la más alta desde que se conocen este indicador. Con estos números en la mano, CAME le pide al BCRA frenar la ejecución de los bancos contra las micro, pequeñas y medianas empresas.

La entidad efectúa su reclamo al Banco Central luego de haber obtenido la moratoria para saldar deudas impositivas y de la seguridad social, que fue aprobada a fin de año por el Congreso, y a tono con las manifestaciones del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en la conferencia de prensa que dieron en Casa de Gobierno, con motivo del anuncio de los detalles de la moratoria impositiva.

Según especificó Marcó del Pont en esa oportunidad, las pymes tienen deudas con el Estado por un total de $416.000 millones: «Al condonarse multas, sanciones e intereses, el plan implicará una quita de las deudas con el fisco que, en promedio, será de 42%. Se ofrecerán plazos de hasta 10 años para poder refinanciar deudas de impuestos».

El ministro Kulfas agregó: «Estamos también haciendo conceptualmente algo parecido a lo que le pedimos a los acreedores. Las pymes necesitan también reperfilar sus deudas para volver a crecer».

Por: Laura Delfino, señaló La Nación.