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El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (Inaes), Mario Cafiero, murió hoy luego de haber estado internado en las últimas horas en estado delicado.

«Hoy nos dejó (murió) el Presidente del Instituto, el compañero Mario Cafiero. Su camino dedicado a la función pública tanto como a la militancia política y social, desde cada una de las responsabilidades que eligió asumir a lo largo de su vida, tuvo como permanente premisa el diálogo, la búsqueda de consenso y el respeto por delante de todo, tanto en las coincidencias como en las diferencias», indicó el Inaes en un comunicado.

Agregó que «desde antes de asumir al frente del INAES, pero más que nunca desde diciembre de 2019, Mario Cafiero visualizó, planteó y llevó adelante una gestión en la cual el Cooperativismo, el Mutualismo, el Asociativismo fueron (y deberán seguir siendo en tanto su legado) valores fundamentales para las relaciones entre todos los seres humanos».

«La mirada que nos deja Mario se enlaza indisoluble con la del Papa Francisco, la de la economía social y solidaria, y la del Presidente Alberto Fernández: los sueños comunes son el sustento básico de toda acción política», siguió el comunicado en el que se indicó que «las personas que integramos el INAES sabemos que es momento de estar más unidos que nunca».

Cafiero, nacido el 21 de enero de 1956 en el partido bonaerense de San Isidro, era hijo del ex senador justicialista Antonio Cafiero, fallecido en 2014.

El funcionario era hermano de Juan Pablo Cafiero, quien fue embajador ante la Santa Sede, y tío del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Mario Cafiero era vicepresidente del Movimiento Proyecto Sur y desde el inicio de la gestión del presidente Alberto Fernández asumió como titular del Inaes, organismo dependiente del ministerio de Desarrollo Productivo. El ex diputado nacional, hijo del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero, tenía 64 años

Cafiero, entre otras funciones, fue asesor de la vicepresidencia segunda de la Cámara de Diputados entre 1985 y 1987, secretario general de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y presidente del Ente de Administración y Explotación de la Zona Franca La Plata.

El dirigente de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy, manifestó su preocupación por las jubilaciones «forzadas» de trabajadores del estado que inició el gobierno provincial y aseguró que son parte de una «premisa falsa». Interpretó que «no está claro cómo se reemplazará a quienes eventualmente dejaran vacantes claves, nos van a dejar sin maestros y enfermeros».

Daniel Murphy considera necesario que «el gobierno aclare cuestiones porque los mismos abogados del ISSyS tienen dudas» respecto del achique en la planta de trabajadores que proyecta el gobierno de Mariano Arcioni para el futuro inmediato.

«El problema es más de fondo y nos preocupa la premisa de la que se parte, que es la cantidad de estatales; los supuestos salarios altos y en donde el ministro Antonena mintió más de una vez con total desfachatez, diciendo que eran 60 mil y luego admitió que eran 49 mil», expresó el dirigente sindical de ATECh en FM Del Mar.

«Nos alarmamos porque nuestro reclamo es por más gente para determinados sectores. Si nos van a dejar sin maestros y sin enfermeros, ¿previeron quién los reemplazará si se jubilan de acuerdo a esta lógica mercantilista del gobierno», se preguntó.

Asimismo, «van a desfinanciar la Caja por lo que nos preguntamos ¿a dónde quieren llegar? ¿Qué problema van a resolver? Hablan de un ahorro de 900 millones y son números que se sacan del aire».

En cuanto al débito laboral (aceptar el 70% de sus salarios aquellos próximos a jubilarse y quedarse en sus casas), Murphy destacó que ello implica que «hay que creerle a Arcioni que nos va a pagar».

Por otra parte, se refirió al caso puntual de los docentes «que se quieren jubilar y acceden a los requisitos pero este sistema perverso los tiene hasta tres años para que lo hagan, habiendo cumplido con más de 25 años de servicios. Hace dos años que nos prometen que se va a agilizar y no pasa nada. Y ahora dan vuelta todo. Dicen que el problema es el Estado cuando es la deuda y los negociados de la deuda».

La dirigente de ATE, Verónica Rosales, puso en cuestión el accionar del área de Infectología con respecto a las altas por hisopados negativos a COVID-19. “A mí me hicieron un hisopado hace más de una semana, me dio negativo pero aún no me dieron el alta. En cambio a los compañeros del Alvear que también manifestaron no haber tenido contacto estrecho ya están trabajando porque fueron dados de alto. Me dicen que tengo que llamar a un número para que me den de alta pero no me atienden”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “nosotros no estamos en contra de los trabajadores pero vemos que están tomando otra Cooperativa, hoy vamos a presentar un escrito para ver en qué situación está esta Cooperativa. El Hospital continúa con contagios”.

“Entendemos la necesidad de los trabajadores pero si estos compañeros no tienen una cobertura frente al COVID-19 seguiremos en la misma situación”, dijo la dirigente de ATE en diálogo con La Cien Punto Uno.

Asimismo, aclaró que “no entendemos cómo se toma una Cooperativa nueva cuando el Gobierno Provincial dice que no tiene plata pero ahora van a tener que pagar los servicios de dos Cooperativas”.

“Estamos ante una emergencia sanitaria. El Gobierno Provincial debería regularizar la situación laboral de estos trabajadores”, indicó.

Finalmente, Rosales concluyó que “no queremos que siga la situación de contagios en el Hospital Alvear. No se cómo se está manejando el área de Infectología».

El secretario de ATE Madryn, Julio Belascuen, recibió el mensaje mafioso el viernes de la semana pasada. Admitió que en un principio le restó importancia, pero después volvió a ser amenazado por teléfono, lo que lo indujo a efectuar la denuncia. “Nos podrían llamar para decirnos que estamos equivocados, no hace falta una amenaza”, consideró.

“Salgo todas las mañanas a las 8 porque esta semana me toca trabajar, mi casa está al fondo, todo el frente es un patio abierto, no tengo rejas, no tengo nada. Veo una bolsita y frené por miedo a pinchar la rueda porque mi perro trae cosas de la calle. Era una bolsita que adentro tenía tres balas de nueve milímetros”, reveló Belascuen.

“No hice la denuncia, aunque se los mostré a mis compañeros de ATE y a los de la asamblea del hospital, no le presté atención, quedó en eso”, aseguró.

“Hasta que el domingo estaba de guardia en uno de los Centros de Salud y me llamaron por teléfono de un número desconocido, no soy de atender, aunque podría haber sido del hospital. Ahí me volvieron a amenazar, que dejara de hablar porque si no me iban a llenar de tiros”, remarcó.

“El martes definí hacer la denuncia, aunque no recibí más llamadas, más nada”, agregó.

“Estamos en democracia, nosotros somos dirigentes gremiales, nos expresamos y todo el mundo político tiene nuestros teléfonos. Entonces podrían haber llamado para decirnos te equivocaste, con hechos, llegan 600 cajas de alcohol al alcohol al hospital cuando dijiste que no había, es suficiente”, se defendió.

“No hace falta una amenaza. Creo que los reclamos son coherentes, los trabajadores necesitamos de muchas cosas que el gobierno no está cumpliendo”, cuestionó.

“Era una voz masculina, no escuché demasiado porque estaba trabajando, pero genera miedo, ayer me llamaron de un número para venderme una alarma y antes de atender ya estaba preocupado”, reconoció.

“No hice mal a nadie, sólo expresé que hay cosas que no se están haciendo y se deberían hacer”, justificó.

“Hay que esperar que la policía investigue, yo me sigo moviendo normalmente en los lugares que siempre me muevo”, sostuvo Belascuen.

El referente del gremio docente, Santiago Goodman, informó que se exigió la devolución de los descuentos por días de paro y retención de servicio, el pago del salario en tiempo y forma y la continuidad laboral de todos los cargos y horas cátedra. El próximo encuentro será el viernes 12.

Luego de la convocatoria de la ministra Florencia Perata, se realizó la reunión por videoconferencia entre las autoridades del Ministerio de Educación y los secretarios generales de los gremios docentes.

Perata presentó a los subsecretarios de Educación, Miguel Acosta; de Capacitación y Socioeducativas, Mirta Antonena, y de Recursos y Apoyo, Liliana Díaz. Además, se ratificó en el cargo a la directora General de Educación Superior y de Educación Privada. “Del resto no se expresó nada”, explicó la ATECh en un comunicado.

Desde el gremio, “además de ratificar el tratamiento urgente de los puntos expuestos en la solicitud de reunión realizada,exigimos la devolución de los descuentos por días de paro y retención de servicio, el pago del salario en tiempo y forma y la continuidad laboral de todos los cargos y horas cátedra en virtud de los ceses y ajustes que se han realizado en este tiempo de aislamiento preventivo y obligatorio”. Allí, miembros de AMET, SADOP SITRAED y UDA también plantearon reclamos y problemáticas a resolver.

La ministra aseguró que “el viernes próximo pasado se aprobó la pre-liquidación del FONID y que entre martes y miércoles de esta semana será depositado; asimismo informaron del convenio realizado con el ISSyS a fin de agilizar los trámites Jubilatorios pendientes”.

Desde la dirigencia de ATECh se confirmó que el próximo viernes 12 de junio se mantendrá una reunión presencial para el tratamiento de los temas expuestos.

Minutos antes de la audiencia en los Tribunales Federales de Comodoro Rivadavia, la dirigente mapuche Moira Millán se refirió a la causa en la que busca la absolución luego de reclamar la renuncia del juez Otranto.

En diálogo con el programa Acá Estamos que se emite por Radiocracia, Millán señaló que “se esta utilizando el aparato legal, instrumentalizándolo para reprimir y cercenar los derechos de los pueblos, como así también de todos los sectores que estamos demandando justicia y el respeto pleno de nuestros derechos. Hay una clara criminalización a la lucha y al reclamo”.

A la hora de detallar lo acontecido, Millán pormenorizó que “El 17 de septiembre del 2017 el juez Guido Otranto ordenó el allanamiento a la comunidad mapuche Vuelta del Río. Llegaron efectivos de Gendarmería y cometieron distintos tipos de abuso, vejámenes, ingresaron en helicóptero, entraron a las casitas, tiraron abajo las puertas, arrastraron a nuestra gente, los precintaron en la madrugada sin permitirles ir al baño o abrigarse, los mantiene así durante muchísimas horas”.

Luego agregó que “a raíz de estas barbaridades que cometieron se decidió ir al Juzgado Federal de Esquel y exigir la renuncia del juez Otranto. Entramos de manera pacífica, esperamos en el hall de entrada, pedimos entrevistarnos con el juez, quien se negó a atendernos, recién al mediodía pudimos verlo y manifestarle todo lo que había sucedido y pedirle que se investiguen los abusos para que se haga justicia”.

La referente mapuche puso especial énfasis en que “le exigimos la renuncia porque nos parecía que las medidas que estaba llevando adelante eran sumamente abusivas y que no correspondían a la concepción de justicia que tiene el pueblo mapuche porque entendemos que se trata de reparar el círculo de armonía que había sido quebrantado y lejos de hacerlo, con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, lo que estaba sucediendo era la profundización la represión y la injusticia”.

Tras remarcar que el juez Otranto nunca renunció sino que fue desplazado del caso Maldonado, Millán señaló que “en lugar de investigar todo lo que denunciamos termino yo siendo acusada de coacción doblemente agravada y soy la única imputada aunque no fui la única que ingreso al lugar; lo que demuestra claramente cómo funciona el aparto de presión legal respondiendo a la presión política de quienes detentan el poder”.

Respecto de las denuncias de “espionaje ilegal” efectuado contra integrantes del movimiento del No a la Mina y a la comunidad mapuche indicó que “casi todos los integrantes de la Pillán Mahuiza estamos investigados en esos expedientes y uno de los expedientes más abultados es el mío, me seguían desde hace mucho tiempo y es muy ridícula la elaboración de ese informe, por eso estamos dentro del grupo que demanda colectivamente la investigación de este caso para saber quiénes fueron los que dieron la orden de espiarnos ilegalmente”.

“Esperamos que se haga justicia y se ratifique la absolución porque la solidaridad no es delito y la lucha por la tierra no es un crimen sino un derecho”, manifestó antes de ingresar a los Tribunales Federales de Comodoro Rivadavia.

 

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