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Diego Luthers

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La causa que investiga la presunta conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting está a punto de iniciar el debate final para dilucidar la responsabilidad o la inocencia de un grupo de exfuncionarios y particulares.

El Ministerio Pública Fiscal determinó que, el ex mano derecha de Mario Das Neves y por entonces subsecretario de Unidad Gobernador, Diego Correa, junto a su secretario Diego Luthers, su pareja Natalia Mc Leod, el contador Federico Gatica y un grupo de amigos y personas de confianza, pergeñaron una organización a través de sociedades para quedarse con la reparación de viviendas, prestaciones de servicios en eventos y poner en marcha un ambicioso plan de consultorios médicos.

El juicio oral y público retomará después del primer intento fallido en febrero, donde los abogados penalistas de los imputados trabaron la continuidad del proceso con una batería de recursos.

La audiencia de hoy -prevista para las 9 en la Oficina Judicial de Rawson- no será la excepción y el defensor público Omar López, que patrocina a Juan Carlos «Tato» Ramón, planteará que antes de que inicie el juicio oral y público, la Corte Provincial debe resolver la impugnación de la resolución emitida por los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Rafael Luchelli de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que rechazaron las solicitudes de probation para seis imputados.

Los penalistas Damián D’Antonio y Fabián Gabalachis también irían en la misma dirección que López y se sumarían a la postergación del inicio del juicio oral y público hasta que el máximo órgano de la Justicia provincial resuelva sobre las probation de Natalia Mc Leod, Giuliana Mc Leod, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa, el maestro mayor de obra Jorge Godoy y el exdirector de Viviendas Oficiales, Christian Gisande.

La intervención del Tribunal

El planteo sobre si el juicio debe frenarse o continuar producto de la impugnación en el Superior Tribunal de Justicia debería ser resuelto por el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez.

Las complejidades son dos: En primer lugar, tendrán que aportar claridad con respecto a si el revés de la Cámara Penal de Trelew a los imputados que solicitaron probation es suficiente para que el juicio continúe; y en segundo término, se abre la posibilidad de que los abogados defensores «recuse» al Tribunal de Enjuiciamiento, por entender que ya emitió opinión (negativa) en torno a la suspensión de juicio a prueba.

En este escenario, los penalistas defensores vaticinan que si Soñis, Pérez y Rolón tienen la llave para definir si el juicio continúa o no, tendrían otra respuesta negativa a sus intereses, y en este caso se adelantarían con un pedido de recusación a los jueces.
Si esto sucede, se tendrá que conformar un Tribunal con nuevos jueces para dirimir este planteo.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron el viernes pasado una ampliación de la causa que investiga la presunta defraudación al Estado en el marco de la emergencia climática que sacudió a la provincia. Gilardino quedaría excluido del proceso y añadirán al jefe de compras de la cartera que conducía Leticia Huichaqueo.

Los motivos están cimentados en que Fiscalía no tendría pruebas consistentes para demostrar que Gilardino firmó las contrataciones con conocimiento de que Diego Correa y los funcionarios del Ministerio de Familia estaban pergeñando un presunto fraude en la adquisición de mercadería destinada a la emergencia climática.

En este escenario, dictarán el sobreseimiento para Gilardino en las próximas semanas. En paralelo, los fiscales sumarán un nuevo imputado a la causa: si bien desde las oficinas judiciales optaron por el hermetismo, el nuevo acusado sería funcionario de la cartera de Familia y se trataría de un jefe de compras.

Los imputados actuales por esta causa son Diego Correa, Diego Luthers, Alberto Gilardino, Marcelo Suárez, Leticia Huichaqueo, Vanina Gisella Varale, Franco Finiguerra, Marta Andrea Fracaso, Bruno Taurelli, Guillermo Adrián Williams y Cecilia Sofía Sadaba.

La investigación

El 29 de marzo de 2017, Chubut sufrió un fuerte temporal de lluvia, con precipitaciones récord para la zona. Como consecuencia de ello, la ciudad de Comodoro Rivadavia sufrió enormes pérdidas materiales, entre bienes públicos y privados, obligando a la evacuación de un gran número de residentes de la ciudad petrolera por anegación y en algunos casos por destrucción de las viviendas en que moraban.

La acusación de los fiscales sostiene que «Diego Correa, Diego Luthers, Marcelo Suárez y Leticia Huichaqueo, con pleno dominio de hecho y división de funciones, pergeñaron un plan para defraudar al Estado Provincial, realizando todos ellos aportes esenciales en el tramo ejecutivo para alcanzar el fin propuesto».

Asimismo, alegaron que para la concreción del plan «resultó imprescindible la intervención de distintos particulares que aparecen contratando con el Estado Provincial, en algunos de los hechos cobrando valores muy superiores a los que los productos tenían en el mercado, y en otros, directamente cobrando por mercadería que nunca entregaron».

Rodríguez y Williams explicaron que para concretar este fraude «en primer lugar, había que darle a los expedientes que se iban generando en el marco de las contrataciones directas, visos de legalidad».

Para que ocurra esto, en todos aquellos expedientes analizados «aparece la firma de Marcelo Suárez al pie de los Memorandos, los cuales eran dirigidos a Diego Correa, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social a la Subsecretaría Unidad Gobernador, solicitando que se autorice el pago de la adquisición de materiales necesarios en la emergencia».

En la causa hay un caso emblemático: se compraron colchones para la emergencia climática, pero lo hicieron antes de que se desate el temporal de lluvia que azotó a la provincia del Chubut.

 

 

El Chubut

La Cámara Penal de Trelew definirá antes de junio si va a juicio la causa de «El Embrujo», que tiene como imputados a los ex funcionarios Diego Correa y Diego Luthers junto a otras diez personas, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

Los camaristas Alejandro Defranco, Luis Luchelli y Adrián Barrios, resolverían en las próximas semanas sobre los pedidos de probation de las defensas de la mitad de los imputados. Hoy se concretará la audiencia que había quedado pendiente desde abril pasado, cuando los pedidos de probation de las defensas fueron rechazados por el tribunal del juicio.

Los jueces de la Cámara hoy escucharán los planteos de los abogados defensores respecto de los pedidos de probation solicitados por la mitad de los acusados. La ley dice que los magistrados tienen un plazo de 10 días para resolver los planteos desde que se lleva a cabo la audiencia. En la Justicia creen que de prosperar el juicio comenzaría después de las elecciones del 9 de junio.

Juicio en suspenso

A mediados de marzo todo estaba encaminado para que comience el juicio oral de El Embrujo, que tiene como imputados a Diego Correa, Diego Luthers, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa.

No obstante, las defensas de seis imputados hicieron pedidos de probation, lo que derivó en que se suspendiera el debate hasta que las instancias superiores resuelvan los planteos. La investigación judicial que llevaron los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, derivó en diversas acusaciones por los delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de activos.

El 5 de abril de 2019, los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez rechazaron las probation para las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Jorge Godoy y Christian Gisande, pero las defensas apelaron.

Estos planteos judiciales pusieron un manto de suspenso al inicio del juicio. Los fiscales tienen previsto presentar más de 130 testigos y más de 200 documentos como prueba si se concreta el debate.

 

 

El Chubut

Un mes y medio después de que el Tribunal de Enjuiciamiento resolviera por unanimidad rechazar los pedidos de probation para seis imputados de la causa «Embrujo», se realizará la audiencia para que los fiscales y las defensas argumenten ante los jueces de la Cámara Penal de Trelew los motivos a favor y en contra de la suspensión del juicio a prueba.

La necesidad de agilizar los procesos que esbozó el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, en la sesión especial en Legislatura sobre el balance 2018 del Poder Judicial, no tuvo su correlato en la decisión de los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que convocó a una audiencia que se realizará 45 días después de la decisión de los magistrados que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento de la causa Embrujo.

El 5 de abril de 2019, los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez rechazaron las probation para las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Jorge Godoy y Christian Gisande.

La Cámara Penal de Trelew integrada por los jueces Alejandro Defranco, Luis Luchelli y Adrián Barrios convocaron a una audiencia para el 20 de mayo, 45 días después de la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento.

Con esta demora, el juicio por la causa Embrujo, en la que está imputado Diego Correa, Diego Luthers, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, llamativamente no comenzaría antes de las elecciones generales del 9 de junio.

En la audiencia del 20 de mayo, los fiscales y las defensas argumentarán ante los jueces Defranco, Barrios y Luchelli, los motivos por los cuales debería o no aplicarse la suspensión del juicio a prueba de seis de los doce imputados.

Luego de esa audiencia, los integrantes de la Cámara Penal de Trelew volverán a tomarse un tiempo para dictaminar sobre la cuestión de fondo planteada.

Desde Fiscalía aseguraron que es «prácticamente imposible» que el juicio oral y público comience antes de las elecciones generales.

 

 

El Chubut

El Tribunal de Enjuiciamiento integrado por Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez, no hicieron lugar a los planteos de morigeración de la medida de coerción solicitada por los defensores de Diego Luthers y Federico Gatica.

Gatica pidió hablar en la audiencia y solicitó la prisión domiciliaria «para no agravar la situación de salud de su hijo» y agregó que «tiene ofertas laborales».

Por su parte, el defensor Lisandro Benítez, que patrocina a Luthers, también solicitó el arresto domiciliario en Playa Unión con tobillera electrónica. Argumentó que el imputado «lleva 1 año y un mes» detenido y eso genera un fuerte impacto en su núcleo familiar.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez se opusieron rotundamente a la morigeración.

 

 

El Chubut

Hoy a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson se realizará una «convención probatoria» para acordar cómo se llevará a cabo el proceso. Se analizarán cantidad de testigos, orden de exposición y secuestros. Los fiscales no están seguros que el juicio oral y público comience el próximo martes 12 de marzo. La causa tiene 12 imputados, entre ellos Diego Correa y Diego Luthers.

El comienzo del juicio oral y público de la causa «El Embrujo» es un misterio. La fecha está programada para dentro de seis días: el próximo martes 12 de marzo. Sin embargo, existen fuertes dudas sobre los planteos que harán las defensas y que podrían trabar el inicio de las audiencias que está previsto que se extiendan hasta mayo.

En lo inmediato, hoy se realizará una convención probatoria para seguir avanzando y terminar de pulir cómo sera el mecanismo y procedimiento del juicio oral y público.

El encuentro se llevará a cabo a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson y estará coordinado por Karina Breckle, Directora de la dependencia.

El fiscal Omar Rodríguez aseguró que la idea «es llegar a un acuerdo para que todos los testigos declaren o bien podamos prescindir de alguno y el mismo pueda ser leído través de una declaración por escrito».

Dudas sobre el inicio del juicio

Desde Fiscalía visualizan que los abogados defensores de los acusados están pergeñando una «jugada secreta» con el objetivo de paralizar el juicio.

Un grupo de penalistas analizan solicitar la suspensión del juicio a prueba. Esta medida alcanza a los imputados que no se desempeñaron como funcionario público durante la presunta conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado y lavar activos a través de la creación de las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting.

El abogado del contador Federico Gatica, Javier Romero, volverá a la carga para que la causa gire al Juzgado Federal, principalmente porque considera que el lavado de activos es un delito del fuero federal.

La presentación que efectuó Romero se encuentra actualmente en la Cámara de Comodoro Rivadavia y en los próximos días debería haber una definición al respecto.

Por otra parte, sobrevuela en todas las oficinas políticas y judiciales, la hipótesis del «fuerte impacto» que tendría el inicio del juicio oral y público en medio de una contienda electoral que definirá, entre otras categorías, al gobernador de Chubut de los próximos cuatro años.

 

 

El Chubut

El fiscal Omar Rodríguez reconoció que en los próximos días presentarán nuevas imputaciones por la causa de la emergencia climática en Comodoro Rivadavia.

Aclaró que se trata de empresarios, y dejó en claro que no habrá detenciones.

«Estamos tomando entrevistas y próximamente presentaremos nuevas imputaciones por la emergencia climática», confió Rodríguez. Indicó que en la pericia al telefóno de Luthers «encontramos conversaciones con empresarios ligados a la emergencia y que nos sirven de prueba para ratificar cómo operaban».

Por otra parte, en torno a la causa «Embrujo», vaticinó que la audiencia preliminar podría ser a principios de noviembre.

 

El Chubut

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los viajes de su jefe Roberto Baratta, prolijas y detalladas, abrieron las puertas de un posible entramado de corrupción que funcionó durante los 12 años de gestión del kirchnerismo. Eso investiga la Justicia, monopoliza la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py, y es una onda expansiva cuyo impacto para el sistema político y para la economía del país aún no se puede dimensionar.

En las últimas semanas, ex funcionarios y muchos de los principales empresarios de la Argentina reconocieron en la Justicia el cobro y el pago de dinero negro, y hasta el propio Mauricio Macri habló de un proceso que supera en rating a las series de Netflix.

Pero este esquema de retornos y licitaciones a dedo tiene sus ramificaciones, pequeños «Lava Jato» que revelan el sistema de poder  y la vinculación entre políticos y empresarios. Un ejemplo de esto es la provincia de Chubut, donde la Justicia investiga las gestiones del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y de Martín Buzzi; y detuvo a funcionarios del actual gobernador Mariano Arcioni y a empresarios vinculados con la obra pública.

En tres causas paralelas, denominadas como «emergencia climática», «el embrujo» y «revelaciones», que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador;  el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el  ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca.  Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.

También se encuentran imputados y procesados Alberto Gilardino, ex ministro Coordinador de Gabinete; la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez.

La tanda más significativa de capturas tuvo lugar en mayo. Por orden del juez chubutense Sergio Piñeda, a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, también quedaron detenidos los empresarios Patricio Musante, titular de la Cámara de la Construcción de Chubut, y Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione, Esteban Torraca, y Oscar Peña, todos ellos también del rubro de la construcción.

El único de los empresarios que sigue detenido es Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL y vicepresidente de la Cámara Constructora de Comodoro Rivadavia. «Está acusado de ser miembro de una asociación ilícita. Su función era recaudar cheques en Comodoro Rivadavia y acercárselos a Correa», aseguró a Infobae el fiscal Nápoli, que instruye en la causa «Revelaciones» junto a Héctor Iturrióz.

«Nosotros estamos investigando los delitos de cohecho, pago de coimas y asociación ilícita, y teniendo en cuenta el monto que los empresarios declararon pagar nosotros tenemos probado que se trata de una suma de 250 millones de pesos, que comprende el período de tiempo de dos años de la gestión Das Neves», reconoció Nápoli.

Similitudes con el expediente denominado «cuadernos de las coimas«

Uno de los empresarios que declaró como «arrepentido» frente al fiscal Carlos Stornelli fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras cosas, detalló cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y confesó que pagó coimas.  Habló, reconoció el delito, y se fue a su casa.

Como Wagner,  Musante admitió el pago de «retornos» por la obra pública y describió cómo eran las presiones de la gestión Das Neves. Dijo, ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que Diego Correa era el funcionario que fijaba los porcentajes del dinero negro. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el empresario declaró lo siguiente: «Me llamó Diego Correa. Yo estaba en Buenos Aires. Me pasó con Das Neves y acordamos que al día siguiente nos reuniríamos. Cuando entro a su oficina me dijo: ‘a Sudelco se le acabó la coronita. Tienen que aportar como todos, así que ahora a la platita la tenés que poner. Esto lo tenés que manejar con (Diego) Correa'».

El empresario habló, incriminó a funcionarios y quedó en libertad. No fue el único.  Juan Salaberry (Arteco SA) y Esteban Torraca (Edisud SA) también reconocieron el pago de coimas. La defensa de los tres empresarios planteó la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que podrían ser sobreseídos del delito si cumplen con determinadas condiciones.

Este proceso que se desarrolla en Chubut, ¿puede servir de antecedente para adelantar el futuro de los varios de los empresarios más importantes del país que se arrepintieron ante Bonadio y Stornelli, representantes de firmas como Techint, Electroingeniería, Iecsa, Isolux, EMEPA, o el grupo Roggio?

En esta línea, los tres empresarios de la construcción (los chubutenses Musante, Salaberry y Torraca) propusieron a modo de resarcimiento efectuar obras y reparaciones en establecimientos públicos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Gaiman. La Oficina Anticorrupción de Chubut y tres diputados del Frente para la Victoria, que forman parte de la querella, se oponen a esta posibilidad. El juez Piñeda fijará su postura en una audiencia que se desarrollará este viernes 24 de agosto.

«La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, algo que no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios, hablamos de un monto de más de un millón de pesos por cada empresario, según la capacidad de cada empresa», destacó ante la consulta de Infobae el fiscal Iturrióz. La Justicia tiene en la mira a más de una decena de empresarios.

«Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones», agregó el funcionario judicial, y amplió: «Es diferente del proceso que sigue la justicia federal (en relación a la causa de los cuadernos)  porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico», agregó el funcionario judicial.

Buzzi, Das Neves y Arcioni

La investigación judicial contra funcionarios y ex funcionarios de la administración provincial cobró fuerza cuando en un allanamiento en uno de los domicilios de Correa se secuestró un registro contable fraudulento que da cuenta de pagos y retornos de dinero negro vinculado a contratistas de obra pública, en donde se menciona, por ejemplo, al propio gobernador Arcioni y también a familiares de Das Neves (a mediados de mayo se allanaron propiedades de su viuda, Raquel Di Perna, y de su hija Mariví Das Neves).

Según los fiscales Parodi e Iturrioz, no solo se investigan los dos años de la última gestión Das Neves (2015-2017, hasta que murió), sino que también el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015) y el actual de Mariano Arcioni. Sobre este último, el fiscal Iturrióz señaló: «La constitución veda el sometimiento a proceso del gobernador en curso, pero nada dice de que sea investigado».

Parodi, por su lado, amplió: «Apareció una planilla en donde el actual gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas».

Un dato de color u otra similitud con la investigación a nivel nacional: el particular punto de largada. Como la insólita aparición de los cuadernos de Centeno, en Chubut fue un caja anónima dejada en la Legislatura, con documentación sobre sobresueldos en el manejo de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del año pasado, lo que destapó otro esquema de corrupción vinculado a la función pública.

 

Infobae

El legislador radical Manuel Pagliaroni desmintió de manera tajante la grave acusación que le hizo en la Sesión Ordinaria del jueves de la Legislatura, el legislador del PJ-FPV, Blas Meza Evans, de figurar en la lista de los pagos en negro que hacía el ex titular de la Unidad Gobernador, Diego Luthers, quien se desempeñaba en la Secretaría Privada del entonces Gobernador Mario Das Neves.

Meza Evans criticó en sesión legislativa la “hipocresía y caradurez” del legislador radical y según expresiones del diputado justicialista, Pagliaroni sería “Iván” (tal el nombre del legislador de Cambiemos) que figura en la lista que confeccionaba Luthers donde se registraban pagos de sobresueldos y montos en negro a ex funcionarios, legisladores y personas que por algún motivo habrían cobrado dinero de la “caja negra” en la gestión dasnevista.

Conferencia de prensa de Pagliaroni en Legislatura

En conferencia de prensa que tuvo lugar en el bloque de Cambiemos, Pagliaroni estuvo acompañado de las dirigentes partidarias María Rosa Evans y Margarita Green, presidenta de la Convención UCR, y también de militantes que trabajan en el poder legislativo.

Pagliaroni expuso el interés en salir al cruce de la delicada acusación, y se refirió a un encuentro que tuvo en la mañana con los fiscales intervinientes en las causas donde se investigan la comisión de delitos en anterior gestión dasnevista.

Al respecto, el legislador radical dijo que visitó a los fiscales Daniel Báez, en Pto. Madryn, ante quien presentó un escrito en procura de esclarecer su situación, circunstancia en la que -afirmó- el citado fiscal le confirmó que no figuraba en ningún listado, y posteriormente, el legislador se entrevistó con los fiscales Nápoli e Iturrioz, quienes le hicieron saber que no había sido mencionado en lista alguna.

Considerándose afectado en lo personal y político, Pagliaroni reprochó duramente la actitud política del diputado Meza Evans, y ante consultas periodísticas dijo que evaluaba con asesores legales la posibilidad de querellar al legislador justicialismo como así también de impulsar una “cuestión de privilegio” por los dichos acusatorios que juzgó infundados y de gravedad en el marco de las funciones institucionales que desempeñan.

La dirigente convencional radical María R. Evans cuestionó, por su parte, de manera severa la actitud del legislador del PJ-FPV, a quien hizo responsable como así también de anteriores gestiones políticas por la situación que atraviesa la provincia.

“Él sabe también cómo duelen estas falsas denuncias, y está en su conciencia y conducta política cómo será su comportamiento en próxima sesión legislativa”, manifestó la dirigente radical en sus expresiones solidarias ante el trance que atraviesa  Pagliaroni por la dura acusación en su contra en el ámbito parlamentario.