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Diego Correa

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Ayer se realizó un sorpresivo allanamiento en la Alcaidía de Trelew a Diego Correa. Le secuestraron una tablet, dos chip Movistar y un pendrive. Jefatura de Policía presentó una denuncia contra el jefe de seguridad del establecimiento. La causa la tiene la fiscal Silvia Pereira.

La Justicia seguía de cerca a Correa por la presunta utilización de artefactos electrónicos y de comunicación desde el interior de la Alcaidía. Ayer, allanaron el centro de detención y desde Fiscalía confirmaron a EL CHUBUT que encontraron al imputado en las causas “Embrujo” y “Revelación” utilizando un celular.

La Justicia tiene elementos que comprobarían que el jefe de seguridad de la Alcaidía, Pedro Muñoz, habría facilitado estos elementos para que Correa pueda comunicarse por teléfono.

Producto de esta situación, Jefatura de Policía radicó una denuncia contra Muñoz, que recayó en la Fiscalía de Pereira.
Los elementos secuestrados en todo el operativo (no corresponden todos a Correa), son una tablet, una notebook, tres celulares, dos chip Movistar y siete pendrives.

El Chubut

Mañana a las 8 en la Oficina Judicial de Rawson está prevista una nueva audiencia por la causa Lotería para analizar medidas sustitutivas a las medidas de coerción que pesan contra Diego Correa, David Dahhur y Oscar Alarcón.

Correa y Dahhur están actualmente con prisión preventiva por las causa Embrujo y Lotería respectivamente. En tanto que Alarcón tiene prisión domiciliaria por las contrataciones en Lotería.

El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase autorizó a Alarcón a salir de su casa para que reciba atención médica en Esquel a raíz de una dolencia que padece, además de poder visitar a su abogado, el defensor Guillermo Santos. La audiencia fue pedida por los respectivos abogados defensores.

El Chubut

Como te confirmo Cholila Online hace un mes, las causas parecen peleas de payasos (arregladas) y el diario de Sanz, muy hábil, escribe sobre este tema porque ya estaría cerrado, de hecho mucho se hablo del supuesto arreglo de Arcioni con Luters y Correa a través del Ministro Federico Massoni que según la opinión de la sociedad fue muy obvio cuando solicitó que a Diego Luthers le dieran arresto domiciliario con la tobillera electrónica luego de la declaración de éste favoreciendo a Arcioni.

Resta saber si en este supuesto acuerdo entra Correa, olfateamos que sí, porque el Diario El Chubut escribe como desafiando hasta a la sociedad, al parecer este medio es otro de los que piensa que si no están presos es por culpa de la sociedad y no por los arreglos y las valijas que habrían volado. Ahora que cobardes serían los que arreglan y le echan la culpa a la sociedad cuando los Chubutenses si hubiesen impartido justicia seguramente le darían 15 años  de condena a todos y con las pruebas.

Por otro lado si todo sigue así nada afectará a Arcioni en las elecciones, no porque no este involucrado sino porque será un juicio de “pelea de payasos”. Ahora los que arreglaron tendrían que ser más hombrecitos y callarse la boca antes de atacar a la sociedad, guarda que queda un tramo no vaya ser cosa que “vuelquen la calesita”.

Esto te dice Cholila Online, ahora lee con mucho detenimiento lo que dice Diario El Chubut que recibe varios millones de pesos por mes para escribir para el Gobierno Provincial:

¿Habrán evaluado los profetas electorales del gobierno de Arcioni la incidencia del juicio por El Embrujo? Ya se sabe que el 17 de marzo los chubutenses estarán votando en las PASO y el 19 de mayo en la general provincial. Hay muchos factores políticos a analizar y tiempos a ajustar en la construcción de la campaña de los distintos actores. Pero sería demasiado ingenuo para el oficialismo desconocer que en febrero comenzaría el juicio oral y público contra 12 imputados de la llamada causa «El Embrujo», Diego Correa y Diego Luthers incluidos.

El cóctel explosivo: juicio por «Embrujo» y elecciones a la vez.

Es cierto que Mariano Arcioni se mostró siempre abierto al trabajo de la Justicia desde un primer momento, y fueron imputando y deteniendo funcionarios de la gestión sin que pareciera afectarlo en el plan en marcha. Incluso hasta hay quienes creen que salió fortalecido de la tormenta judicial. Pero si había caído el interés de la opinión pública por los casos de corrupción que involucraron a políticos de larga y reconocida trayectoria, como a otros de dudoso «pedigrí» y a empresarios, el inicio de este juicio realimentará la indignación y el reclamo de justicia.

No se trata aquí de hacer futurología sobre cuestiones que puedan revelarse en el juicio y que no se plantearon en estos meses de investigación. Pero en todo caso, será un cóctel explosivo el desarrollo de un juicio oral por presunta corrupción, junto a la elección del gobernador de Chubut.

El ex subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa, fue detenido frente a su casa una mañana de marzo de este año en tiempos en los que aún ocupaba un despacho continuo al más importante de Fontana 50. Desde entonces no se conoció declaración alguna de quien fuera un hombre fuerte en la gestión. Sin dudas, a medida que se asome el primero de los juicios que tiene a Correa como uno de sus imputados, crecerá la expectativa, y no solo de los fiscales, en torno a lo que declarará frente al Tribunal. Más de 230 testigos desfilarán durante el tiempo que se prolonguen las audiencias. Mientras todo esto ocurra, afuera de la sala de audiencias seguirá la campaña electoral. ¿Quién podría pensar que lo que pase en el juicio no tendrá incidencia alguna en la elección de los chubutenses?

El juez Sergio Piñeda definirá si 5 de los 12 imputados esperarán detenidos las audiencias. Diego Correa, presunto líder de la banda, no pidió morigerar su situación y seguirá encarcelado. Se decidirá si los 29 CD´s con charlas telefónicas se aceptan como evidencia y si las figuras jurídicas se sostienen.

El jueves 1º de noviembre al mediodía, el juez Sergio Piñeda notificará por mail su decisión sobre las prisiones preventivas de 5 de los 12 imputados de la causa El Embrujo. También definirá si acepta como prueba los 29 CD´s con las escuchas telefónicas hechas a la banda, y si respalda las figuras jurídicas que eligió la Unidad Anticorrupción para las imputaciones: asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y autolavado de dinero.

La tercera y última jornada de la audiencia preliminar duró 4 horas en la Oficina Judicial de Rawson. Con acuerdo de su defensor Fabián Gabalachis, se definió que Diego Correa –presunto jefe del grupo y símbolo de la causa- siga detenido hasta el inicio del juicio oral y público.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez pidieron sostener también la prisión preventiva hasta el juicio para Natalia Mac Leod, Federico Gatica, Sandro Figueroa, Diego Lüters y Juan Carlos “Tata” Ramón.

Consideran que en todos los casos persisten los riesgos de que intimiden a alguno de los 170 testigos de la acusación o se fuguen, ya que no hay datos nuevos que alivien las sospechas sobre los acusados. “Con la cercanía del juicio, estos peligros aparecen más próximos y con más intensidad. Si un testigo no va al juicio, la grabación o el testimonio escrito de la investigación no nos servirá como prueba y no podremos hacer absolutamente nada”, argumentaron. Para Daniela Souza, acordaron con su defensor Damián D ´Antonio que siga en prisión domiciliaria.

Javier Patricio Romero, defensor de Gatica, explicó que un psicólogo de parte certificó que culpa del encierro, el contador sufre “una profunda depresión, aguda, delicada y crítica”. Y que su familia está muy afectada. Pero Romero se quejó de que un profesional del Cuerpo Médico Forense desestimó este diagnóstico con “cuatro renglones” y sin siquiera entrevistar al acusado.

Por eso el juez ordenó, con consentimiento fiscal, que otro forense lo evalúe y elabore un nuevo informe. Gatica sigue preso pero de esta última conclusión dependerá si obtiene la prisión domiciliaria.

El defensor Omar López, por su parte, también pidió domiciliaria y tobillera electrónica para Ramón. Explicó que si su cliente fuese condenado por asociación ilícita y defraudación, el mínimo serían 3 años de cárcel. Con buena conducta ganaría la libertad condicional a los 8 meses. Es el mismo tiempo que ya casi cumplió en preventiva. “En el peor de los casos ya cumplió la pena mínima del delito mayor”, graficó.

Rodríguez le contestó que esos argumentos para morigerar la detención ya se discutieron en audiencias anteriores y se le dio la razón a Fiscalía. “Estamos siempre repitiendo lo mismo y es una pérdida de tiempo que llama la atención”, deslizó.

En nombre de Lüters, D´Antonio solicitó domiciliaria o bien una salida semanal a su casa familiar para aliviar su “deterioro psiquiátrico y el temor por su seguridad personal”. Es que declaró y está involucrado también en Revelación y la Emergencia Climática. Pidió que se valore esta ayuda.

Williams le aclaró: “El testimonio de Lüters no aportó nada a la investigación. Lo que reveló ya lo sabíamos y sólo trató de mejorar su situación. No es que tuvo voluntad de colaborar”. Para desmentir su presunto ánimo de ayudar, recordó cómo ocultó 14 cajas de evidencias antes de ser detenido.

Versión Gabalachis

Aunque no discutió la prisión de Correa, Gabalachis sí solicitó las prisiones domiciliarias para Mac Leod y Figueroa. “Llevan 8 meses presos, lo mismo que estarían si son condenados. Se deben ir a la casa y no hay discusión posible. ¿Qué pasa si nos equivocamos y los absuelven? ¿quién les devuelve ese tiempo? Sería irreparable”. Consideró que su situación es idéntica a la de Souza, pero el trato fiscal es diferente.

Sobre Mac Leod, deslizó que es la única mujer presa en preventiva en Chubut. “Aumentó la dosis de Clonazepan y Sertralina para intentar dormir todo el día en la Comisaría de Playa Unión”, reveló.

“La estamos dañando y tienen crisis de angustia y ansiedad. Eso es lo que está quedando de Mac Leod”. La pareja de Correa lloró cuando se mencionó a sus hijos de 11 y 15 años. Pero el fiscal Rodríguez insistió con que estos datos ya se discutieron y la razón la tuvo la acusación para mantenerla en cárcel común.

Antes, Gabalachis pidió el sobreseimiento de Mac Leod y de Figueroa por la figura de enriquecimiento ilícito. “Hay lotes en Las Golondrinas y una Ford Ranger que le adjudican a ella haber comprado a través de Dual Core pero que se adquirieron en 2014, cuando Correa no era funcionario. Un particular no puede ser acusado de enriquecimiento”.

Pidió un segundo sobreseimiento para Figueroa y Correa por el autolavado de activos, figura jurídica para la cual solicitó declarar la inconstitucionalidad.

“Tenemos cómo probar el origen ilícito de los fondos y no queda otra que procesar las pruebas en un juicio”, replicó Williams.
Rodríguez agregó los ejemplos de María Julia Alsogaray, Ricardo Jaime y César Milani, con puntos de contacto con este caso

 

 

 

Diario Jornada

El abogado penalista Fabián Gabalachis solicitó la semana pasada el sobreseimiento de Diego Correa y su pareja, Natalia Mc Leod. El defensor público Omar López hizo lo propio con su cliente Juan Carlos Ramón. El mismo planteo se extendió para el ex director de Viviendas Oficiales, Cristian Gisande y para el maestro mayor de obras, Jorge Godoy.

En el escrito de contestación de la acusación que recae sobre Correa y Mc Leod, Gabalachis ofreció pruebas y pidió el sobreseimiento de ambos en la causa «Embrujo».

La misma medida fue solicitada para «Tato» Ramón, sindicado en la causa como el responsable de armar presupuestos paralelos que le daban una imagen de «competitividad» a los concursos de precios en las licitaciones que participaban Dual Core y Sepat.

El encargado de Viviendas Oficiales del gobierno provincial, Gisande, también requirió el sobreseimiento. Gisande lideraba el área que estaba bajo la órbita de Unidad Gobernador (Diego Correa) y solicitó la reparación de casas oficiales, aunque en la descripción todas tenían el mismo incoveniente.

Por último, el abogado de Godoy -encargado de la construcción de la vivienda de Correa en Playa Unión y de los dúplex- también pidió el sobreseimiento por falta de pruebas.

 

 

El Chubut

Los fiscales presentaron un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia porque se le otorgó domiciliaria a Daniela Souza, imputada de ser parte de una asociación ilícita liderada por Diego Correa. También el juez la autorizó para ir al psicólogo sin custodia y los fiscales no fueron notificados.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron hoy un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia por la decisión de beneficiar con arresto domiciliario a Daniela Souza, imputada como integrante de la asociación ilícita en la causa denominada “El Embrujo”.

La medida la tomó el juez Marcelo Nieto di Biase a raíz de un “habeas corpus” colectivo presentado por la defensa otorgando no sólo la prisión domiciliaria sino también un permiso para ir al psicólogo sin la debida custodia policial.

“Habiéndonos notificado al tomar contacto directo con la carpeta de la Oficina Judicial, toda vez que esta parte no fue notificada de manera formal, que además de la morigeración del arresto domiciliario se le otorgó a la imputada la posibilidad de conducirse por sus propios medios en la vía pública sin custodia policial, advertimos que ambas disposiciones agravian a esta parte porque la medida originaria dispuesta por el Juez Natural de la causa se desvirtúa por la intervención de otro magistrado sin competencia para la modificación de la medida dispuesta” afirman Rodríguez y Williams en su escrito y sostienen que “es por ello que venimos a solicitar se nos haga lugar al recurso de revisión de una medida cautelar  y de manera inmediata se disponga la revisión de la morigeración concedida a la imputada Souza”.

“Medidas como las tomadas generen contradicciones e incoherencias. Y decimos esto porque personas en la misma situación que Souza se encuentran cumpliendo la medida en los centros de detención y la nombrada está en su casa con posibilidad de ir al psicólogo sin ningún tipo de medida de control” dice el escrito presentados por los fiscales. Y agregan: “De lo expuesto surgen cuestiones que resultan sumamente graves. La primera es que un juez que no es el juez natural del caso resuelve cuestiones propias del mismo, como son las salidas al psicólogo de una detenida que no está a su disposición. La otra cuestión, más grave aún, le permite a la detenida Daniela Souza que vaya al galeno sin ningún tipo de control, custodia, etc., aumentando de manera palmaria los riesgos procesales, que por otra parte se encuentran vigentes”.

Ahora deberá resolver el planteo el Superior Tribunal de Justicia.

El rol de Souza en la banda de Correa

La Fiscalía imputa a Daniela Souza como integrante de la asociación ilícita que lideraba Diego Correa, quien – de acuerdo a la versión de los fiscales –  se escondía detrás de Souza para las contrataciones. Con respecto a Souza, marcaron que “su función era la compra venta y manejo de las personas de las empresas de Correa. Incluso adquiere terrenos en la cordillera y vehículos a nombre de una de las empresas”.

“Daniela Souza, según las conversaciones que mantiene con Correa solicitándole dinero para diversos pagos, tenía una vida ostentosa donde tendría gastos por unos 100 mil pesos por mes y no registraba ingresos. Esta suma total incluye alquiler del departamento, tarjeta de crédito y otros”.

 

 

Fuente: MPF / Foto: Daniel Feldman

El razonamiento lo hizo el abogado penalista Fabián Gabalachis quien, sin ánimo de sumar más detenidos pero a título comparativo, equiparó la situación de Natalia Mac Leod, a quien defiende en la causa Embrujo por la que está detenida la esposa de Diego Correa, con el de la ex ministro de familia Leticia Huichaqueo.

Según publica LU 20 RadioChubut, ocurre que esta última está en libertad y la primera detenida, cuando en rigor la responsabilidad institucional de una ministro es absoluta frente a la otra acusada de ser “la esposa del diablo”.

Con el mismo criterio razonó que tampoco se explica cómo está detenido el ex ministro de economía, Pablo Oca y no el ex ministro de infraestructura Alejandro Pagani.

Los ejemplos fueron a los efectos de marcar que no existe un criterio razonable sobre las situaciones de cada uno, salvo por la figura de la “delación premiada” por la que se favorece con una morigeración de la prisión a quien aporta datos para culpar a otros.

En este caso el más perjudicado parece ser Diego Correa, a quien se culpa de todos los males, excepto el ex ministro de economía Pablo Oca, también detenido, quien jamás le señaló ninguna responsabilidad y por eso puede defender a ambos sin el peligro de que ingresen en una incompatibilidad.

Reconoció que a Pablo Oca “le dejaron la puerta abierta” para que hable y busque una “delación premiada” como pretendió hacer otro imputado, Diego Lüther, a quien sin embargo la jugada no le salió porque lo iban a favorecer con la prisión domiciliaria en la causa “Revelación” pero no lo pudo hacer en la causa “Embrujo”.

A propósito de esto último, el abogado Gabalachis recordó que no se explica cómo seguirán las dos causas por separado teniendo en cuenta que los protagonistas son los mismos en lo que técnicamente se conoce como “conexidad subjetiva”.

 

 

lu20

La acusación final de la Unidad Anticorrupción contra la banda de Diego Correa incluye detalles y diálogos inéditos del inicio de la investigación y de cómo actuaron los imputados al enterarse. Habrá al menos 173 testigos, incluyendo al ministro Massoni y al intendente de Pirámides, Javier Roldán. 

-Ramón: Te decía que nos vamos a ver mañana, que le escriba por WhatsApp, así vemos cómo seguimos, y vamos a tomar alguna determinación, algo vamos a hacer.

-Colombiano: Escúchame una cosa, Tato, acuérdate, yo siempre te he dicho que tú tienes el as bajo la manga. Sabe que no es fácil desprenderse de ti. Sabe que tú sabes muchas cosas, sabe que de pronto lo puedes llegar a cagar. Eso lo tiene él en claro. Lo que yo necesito es que tú tengas en claro que puedas aprovechar esa situación, hermano.

-Ramón: Yo le voy a pedir la camioneta, que me la ponga a mi nombre y que me dé algo de plata. Y yo te voy a ser siempre fiel. Es más, le voy a ofrecer continuar seguir haciendo algún trabajo. Seguimos trabajando de otra manera, de otra forma, pero a mi manera, no la tuya, le voy a decir, vos vas a trabajar conmigo porque yo te voy a dar una mano.

-Colombiano: Él necesita saber que usted no es cualquier huevón, las cosas que él ha ganado es gracias a lo que usted ha trabajado. Tato, usted tiene que relajarse en ese aspecto, usted está como si fuera usted Diego Correa.

El diálogo es de Juan Carlos “Tato” Ramón con su mágico asesor espiritual. Es la escucha que sirvió para que la causa se bautice El Embrujo. Era el 8 de febrero de este año. El caso no había explotado pero Diego Correa ya sabía que lo investigaban y desactivaba la actividad de la banda. Ramón era empleado de Dual Core pero el flujo de plata negra estaba frenado y necesitaba subsistir. Buscaba consejo y su gurú le pedía relax y recordar que llevaba las de ganar por la información que manejaba.

Esta intervención telefónica es parte de la acusación final que elevaron los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Alex Williams y Omar Rodríguez, que se discutirá en la audiencia preliminar de octubre.

Los investigadores pidieron la declaración de 173 testigos. Hay empleados provinciales, policías, albañiles, arquitectos, funcionarios, exfuncionarios, secretarias privadas y peritos. La lista incluye el empresario de Comodoro Rivadavia, Federico Piccone, hoy detenido por el caso Revelación; Javier Roldán, el intendente de Puerto Pirámides, vinculado al emprendimiento inmobiliario que Correa intentó edificar en esa villa balnearia; Alejandro Pagani, el exministro de Infraestructura en prisión domiciliaria por el caso Revelación; Federico Massoni, ministro de Gobierno, y Mario Glades, excontador general de la Provincia.

Los fiscales pedirán que en la audiencia se exhiba la declaración testimonial de Diego Lüters, que comprometió a su exjefe. Y la inspección ocular en todos los inmuebles que compraron a excepción de los seis lotes en Las Golondrinas.

Los primeros informes de las empresas telefónicas, cuando los celulares aún no estaban intervenidos, develaron 39 llamadas de Correa con el contador Federico Gatica; 41 llamadas con Ramón; 601 con Daniela Souza; 53 comunicaciones con Sandro Figueroa y 1117 con Diego Lüters. El tráfico en el grupo era muy frecuente.

Además, las pericias verificaron que Gatica entró a páginas de internet para saber cómo borrar contenidos de WhatsApp: luego eliminó los que consideró comprometedores.

Las escuchas se iniciaron en febrero. Detectaron, por ejemplo, cómo Correa se comunica con American Express y le piden que como socio, ingresara los 15 dígitos de su tarjeta. Se identifica, le hacen preguntas, como su mail, y él informa que viajaba al exterior.

El fin de semana largo del Carnaval viajó a Córdoba con su esposa Natalia Mac Leod e hizo varios llamados para alquilar un auto, brindando sus datos personales y su celular. Su clave telefónica quedo en los audios. Una mujer le preguntó donde le llegaba el resumen y dijo : “Velero Vesta 127”, la misma dirección legal que Dual Core. Así los investigadores confirmaron que quien hablaba era el entonces titular de la Unidad Gobernador.

Otra escucha sugestiva fue de Ramón con un hombre sin identificar:

-NN: ¿Cómo se llama la empresa?

-Ramón: ¿La mía? Concretando.

-NN: Puta, cómo se llama, me cagué olvidando.

-Ramón: La que están cuestionando, la de Diego Correa.

-NN: Sí.

-Ramón: Dual Core

-NN: Algo así. Le están sacudiendo las plumas por unas denuncias. Han hecho obras y no han terminado.

-Ramón: Y bueno, que se cague, yo hice unos laburitos con él, viste…

“Tato” tendría luego otro contacto con su consejero espiritual:

-Colombiano: ¿No te pagó?

-Ramón: Me tiró 15 mil pesos.

-Colombiano: Pero “Tato”, usted no me avisó hermano.

-Ramón: Te dije, me prestaron plata, y después me paso Lüters 15 mil y me dijo que después me iba a tirar más.

-Colombiano: Coloca el vaso con agua a las 12 del mediodía y avisa qué reacción se da, si alguien te llama, Lüters o Diego, el que sea.

Otros audios muestran la estrategia de Correa y de Souza sabiéndose investigados. En una llamada, la accionista de Dual Core le comenta a una amiga: “Nada, tranquila, en el molde, yo te voy a decir lo que tenés que hacer, no pasa nada. Hay que darle de baja a los pibes (dos empleados de la empresa), dejarlo en stand by y dormir la empresa”.

Luego llamaría al estudio contable de Gatica para el envío de los telegramas de despido: “Son dos obreros que quedaron porque no hay más obras”. Luego se lo comenta a Ramón, que era el tercer empleado, sin despido pero sin trabajo: “Hola ´Tato´, le voy a tener que dar de baja a los chicos, te quería comentar eso”. Ramón le responde: “Bueno…decile a Diego que me tire algo”.

En otro diálogo Souza discute con Mac Leod, su amiga íntima:

-Souza: No hay prueba para vincular la situación, entendés, como para que se compruebe. Por favor necesito que ya en el diario toda la semana me pidas disculpas.

-Mac Leod: Eso tenés que decirlo con Correa. Lo que pasa es que esa información, más allá que tengan datos erróneos, se filtran de algún lado también, alguien dijo algo para que asocien el nombre de la empresa a él, alguien boconeó algo, capaz del círculo de él.

La propia Souza mostró preocupación por su escasez económica cuando se cortó la entrada de plata ilegal:

-NN: ¿En la empresa no tenés algún bien que haya quedado?

-Souza: Están los vehículos.

-NN: Y bueno, vas a tener que reventar alguno.

-Souza: Yo ya le dije a Correa, me dijo que está intentando reventar algo por otro lado, otra camioneta (la Hyundai H1). Hasta que no salga no hay plata, a mí se me acumulan intereses por deuda.

Dos datos muestran la liquidez de la banda. El primero, la compra del terreno de Mitre 761 en Rawson, donde se edificaría el consultorio médico, un modo de lavar dinero. Los dueños de lote necesitaban plata. “Pasamos la información vía boca a boca y nos llamó Diego Lüters; fue todo muy rápido, apareció con una bandolera y ahí tenía la plata, una maquinita para contar y listo”. Luego le hicieron un poder especial para que pudiera manejar trámites, como las deudas inmobiliarias, hasta saber quién sería el titular definitivo del lugar. “A Lüters no lo conocíamos de ningún lado y nos reunimos en el terreno. Era un tipo serio y seco y pagó todo al taca taca, 250 mil pesos”.

Algo similar contó la dueña de la chacra 94 de Trelew. El aviso se publicó un tiempo en el diario y un día la contactaron. “Nos pusimos de acuerdo con el precio y realizaron la operación en la escribanía. Fue Lüters con una mochila, sacó toda la plata e hicimos los papeles”.

“Una célula delictiva”

En la conclusión de la acusación, Williams y Rodríguez consideraron que la conducta del grupo fue “un ataque al erario” y que “pusieron en marcha un plan que significó varios años de realización de diferentes conductas ilícitas; se reclutó a miembros de suma confianza para integrar la asociación ilícita”.

“Aprovecharon los lugares estratégicos que ocupaban dentro de la estructura de poder estatal y los utilizaron de manera abusiva”, agregaron.

La banda la encabezaba Correa, quien “ostentaba un poder superlativo, tenía acceso a un sinnúmero de beneficios. La situación especial del jefe, en función de la cercanía con el exgobernador Das Neves, fue usada para facilitar el desarrollo del plan, que no era ni más ni menos que hacerse de la mayor cantidad de fondos públicos posible”.

Las maniobras, de acuerdo a la interpretación de los investigadores, “denotan un altísimo grado de corrupción, erosionando de una manera superlativa el prestigio de las instituciones y la confianza depositada por la sociedad en las clases políticas gobernantes. Esta célula delictiva que estuvo enquistada en el poder provincial causó un daño millonario a la sociedad chubutense”.

 

 

Diario Jornada

A diferencia de otros integrantes de la banda de Das Neves que se “quebraron”, lloraron y se pusieron de acuerdo para culpar de todo a Diego Correa, éste solicito seguir detenido, seguramente Mario se debe estar sonriendo adonde éste y orgulloso de la entereza de su “pollo”.

Diego Correa, el principal imputado de la causa “El Embrujo”, presentó un escrito solicitando continuar detenido y el mismo criterio tomó Sandro Figueroa. Los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams, manifestaron la existencia de riesgo de fuga, particularmente por las penas efectivas de todos los involucrados.

En otra audiencia maratónica, los fiscales solicitaron que todos los imputados de la causa «Embrujo» permanezcan con prisión preventiva hasta el juicio oral y público. Los únicos dos ausentes fueron Correa y Figueroa, que redactaron un escrito aceptando la continuidad de la medida de coerción de carácter carcelario.

Rodríguez y Williams expusieron durante casi cuatro horas los peligros procesales de los siete imputados, a los que se sumaron la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción. Las defensas, en cambio plantearon profundos reparos a que sus clientes continúen detenidos.

Los fiscales focalizaron sus alegatos en la asociación ilícita y en el rol de cada uno de los integrantes dentro de este esquema presuntamente defraudatorio.

Detallaron con precisión el desempeño de cada uno de los imputados y se ampararon en las penas efectivas para requerir la continuidad de las prisiones preventivas. Cabe destacar que la imputación presentada por los fiscales ilustra condenas de más de cuatro años en todos los casos. «Pasamos del grado de sospecha a la alta probabilidad», esbozó Williams.

Los abogados Fabián Gabalachis (Mc Leod); Omar López (Ramón); Patricio Romero (Gatica); Damián D’Antonio (Souza); y Lisandro Benítez (Luthers) delinearon diferentes estrategias para morigerar la medida de coerción.

Al cierre de esta edición, el juez de Garantías, Sergio Piñeda, resolvía si Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Diego Luthers, Federico Gatica y Juan Carlos «Tato» Ramón, continuaban con prisión preventiva hasta el juicio oral y público o bien otorgaban prisión domiciliaria con el uso de tobilleras en todos los casos.

«LA SEDE DE LA BANDA ESTABA EN FONTANA 50»

«La sede de esta banda delictiva estaba en Fontana 50. Cuando tenían que buscar dinero lo hacía en Casa de Gobierno. Pagaban en Casa de Gobierno», dijo Williams.

Por su parte, Rodríguez aseveró que cada uno de los partícipes «tenían perfectamente conciencia de que pertenecían a un grupo delictivo para beneficiarse del Estado».

La parte acusatoria se metió de lleno en el ámbito político y formuló que «cuando se vislumbraba que Das Neves iba a ganar las elecciones, Mc Leod sale del directorio y la reemplaza Sandro Figueroa, su tío materno».

«Armaron una asociación ilícita para cometer delitos en la administración pública. En 2013 empezó a funcionar esta banda», dijo Rodríguez, quien agregó que «tenían grandes lazos con el poder provincial y con los municipios. Correa era el jefe de la banda que se encargó de reclutar personas y distribuyó tareas y dinero».

VALES DE NAFTA DEL ESTADO

El fiscal Williams ventiló nuevas operatorias que materializaban algunos de los integrantes y que reflejan el uso del Estado como «un botín».

«El grado de desparpajo era notable. Souza y Figueroa pedían vales de nafta para las camionetas de las empresas. El Estado pagaba la nafta para las camionetas de empresas de Correa», disparó Williams.

En la misma sintonía, relató que Daniela Souza «iba constantemente a Casa de Gobierno a buscar dinero» y reflejó que había dos pintores que fueron contratados para el Estado, «pero los hacían trabajar en la construcción de la casa en Playa Unión y en los dúplex de Correa».

Otro de los datos controversiales que aportaron los fiscales para demostrar el mecanismo que utilizaban los imputados, fue cuando se refirieron a una obra que se realizó en Casa de Gobierno.

«Para los pisos del Salón de los Constituyentes Luthers le envió un mensaje a Ramón pidiéndole que arme dos presupuestos con los montos ya fijados. En esa licitación participó Dual Core y Concretando (empresa de Ramón)», precisó Williams.

La firma Concretando participaba en todas las compulsas de precio para simular licitud en el proceso, aunque siempre presupuestaba por encima de Dual Core.

UNA VIDA DE LUJOS

«Diego Correa ha incrementado de manera apreciable e injustificable su patrimonio durante el tiempo que fue funcionario público por encima de los treinta y cinco millones de pesos», sostuvieron los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez al culminar la etapa de investigación del caso «El Embrujo». Se encontraron con más de 20 viajes al exterior, terrenos y vehículos.

Por eso además de la acusación de jefe de una asociación ilítica, también se le imputa enriquecimiento ilícito. «Desde el año 2004 Diego Miguel Correa se ha desempeñado como funcionario público provincial, y no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como agente de la administración pública provincial», indicaron en la acusación.

Detallaron los fiscales que «de las evidencias colectadas en el presente legajo surge que el mismo adquirió con fecha posterior a su ingreso a la función pública cuatro inmuebles en Playa Unión, dos lotes en Trelew, en Lago Puelo y Rawson. Es dueño de una camioneta Hyundai Tucson 2.0; Mercedes Benz Modelo GLK 300; Hyundai Modelo H1; camioneta Ford Modelo Ranger XL; Fiat Modelo Palio Weekend; Camioneta Volkswagen Modelo Amarok 2.0 y una camioneta Toyota Modelo Hilux 4×4».

Además de los bienes descriptos, Correa «ha realizado gastos que exceden ampliamente su capacidad económica de acuerdo a sus ingresos, así a título de ejemplo se pueden señalar una membresía en la cadena de Hoteles Iberoestar por más de veintiocho mil dólares estadounidenses, más de 20 viajes al exterior en el lapso de tiempo 2013/2018, la posesión de veintidós mil quinientos Euros al momento de su detención, entre otros».

“Correa ha incrementado de manera apreciable e injustificada su patrimonio durante el tiempo que fue Funcionario Público por encima de los treinta y cinco millones de pesos”, sostienen los fiscales. Más de 20 viajes al exterior, terrenos y vehiculos. Los fiscales piden que se decomise su patrimonio.

Diego Correa está acusado, además de ser el jefe de una asociación ilícita, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. “Desde el año 2004 Diego Miguel Correa se ha desempeñado como funcionario público provincial, y no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como agente de la administración pública provincial”, indica la acusación presentada por los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, integrantes de la Unidad de Investigación Especializada Delitos contra la Administración Pública, al asegurar que incrementó ilegalmente su patrimonio.

“De las evidencias colectadas en el presente legajo surge que el mismo adquirió con fecha posterior a su ingreso a la función Pública cuatro inmuebles en Playa Unión, dos lotes en Trelew, en Lago Puelo y Rawson. Es dueño de una camioneta Hyundai Tucson 2.0; Mercedes Benz Modelo GLK 300; Hyundai Modelo H1; camioneta Ford Modelo Ranger XL; Fiat Modelo Palio Weekend; CamionetaVolkswagen Modelo Amarok 2.0 y una camioneta Toyota Modelo Hilux 4×4”.

Además de los bienes descriptos, Correa “ha realizado gastos que exceden ampliamente su capacidad económica de acuerdo a sus ingresos, así a título de ejemplo se pueden señalar una membresía en la cadena de Hoteles Iberoestar por más de veintiocho mil dólares estadounidenses, más de 20 viajes al exterior en el lapso de tiempo 2013/2018, la posesión de veintidós mil quinientos Euros al momento de su detención, entre otros”.

El rol de Gatica

El contador Federico Gatica está acusado de ser integrante de la banda y encargado del lavado de dinero. “Federico Gatica y Diego Correa comenzaron a trabajar juntos a partir de Octubre de 2016.  Desarrollaron con habitualidad actos tendientes a disimular sumas provenientes de distintas defraudaciones al Estado realizadas por la Asociación Ilícita”, aseguran los fiscales y detallan entre ellos un proyecto d consultorios médicos. “El proyecto tenía en miras construir un edificio de 1500 mts.2, a un costo de 1.500 U$$ el metro, arrojando un costo aproximado de 2.250.000 dólares”.

Para ello constituye la Sociedad Mezeta Consulting SA, que va a servir de pantalla para aparentar el origen licito de los fondos con que se comenzaba a financiar la obra sobre calle Mitre 761 de la ciudad capital. “Siendo que el monto total invertido en el proyecto hasta el momento de la detención de los imputados, ascendió a la suma de $ 2.545.00, aproximadamente”, detallaron en su acusación y concluyen que “el contador Federico Gatica, con pleno conocimiento, se encargó en la adquisición y armado de la empresa Sepat SRL., como en la constitución de Mezeta Consulting SA., a fin de lograr que su cliente Diego Correa, pueda “lavar” el dinero ilícito que poseía, comprando bienes a través de la mismas, las cuales fueron utilizada como pantalla, y de esta manera disimular el origen espurio de los mismos, dándole apariencia de licitud”.