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Diego Correa

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La Cámara Penal de Trelew definirá antes de junio si va a juicio la causa de “El Embrujo”, que tiene como imputados a los ex funcionarios Diego Correa y Diego Luthers junto a otras diez personas, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

Los camaristas Alejandro Defranco, Luis Luchelli y Adrián Barrios, resolverían en las próximas semanas sobre los pedidos de probation de las defensas de la mitad de los imputados. Hoy se concretará la audiencia que había quedado pendiente desde abril pasado, cuando los pedidos de probation de las defensas fueron rechazados por el tribunal del juicio.

Los jueces de la Cámara hoy escucharán los planteos de los abogados defensores respecto de los pedidos de probation solicitados por la mitad de los acusados. La ley dice que los magistrados tienen un plazo de 10 días para resolver los planteos desde que se lleva a cabo la audiencia. En la Justicia creen que de prosperar el juicio comenzaría después de las elecciones del 9 de junio.

Juicio en suspenso

A mediados de marzo todo estaba encaminado para que comience el juicio oral de El Embrujo, que tiene como imputados a Diego Correa, Diego Luthers, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa.

No obstante, las defensas de seis imputados hicieron pedidos de probation, lo que derivó en que se suspendiera el debate hasta que las instancias superiores resuelvan los planteos. La investigación judicial que llevaron los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, derivó en diversas acusaciones por los delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de activos.

El 5 de abril de 2019, los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez rechazaron las probation para las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Jorge Godoy y Christian Gisande, pero las defensas apelaron.

Estos planteos judiciales pusieron un manto de suspenso al inicio del juicio. Los fiscales tienen previsto presentar más de 130 testigos y más de 200 documentos como prueba si se concreta el debate.

 

 

El Chubut

Un mes y medio después de que el Tribunal de Enjuiciamiento resolviera por unanimidad rechazar los pedidos de probation para seis imputados de la causa “Embrujo”, se realizará la audiencia para que los fiscales y las defensas argumenten ante los jueces de la Cámara Penal de Trelew los motivos a favor y en contra de la suspensión del juicio a prueba.

La necesidad de agilizar los procesos que esbozó el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, en la sesión especial en Legislatura sobre el balance 2018 del Poder Judicial, no tuvo su correlato en la decisión de los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que convocó a una audiencia que se realizará 45 días después de la decisión de los magistrados que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento de la causa Embrujo.

El 5 de abril de 2019, los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez rechazaron las probation para las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Jorge Godoy y Christian Gisande.

La Cámara Penal de Trelew integrada por los jueces Alejandro Defranco, Luis Luchelli y Adrián Barrios convocaron a una audiencia para el 20 de mayo, 45 días después de la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento.

Con esta demora, el juicio por la causa Embrujo, en la que está imputado Diego Correa, Diego Luthers, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, llamativamente no comenzaría antes de las elecciones generales del 9 de junio.

En la audiencia del 20 de mayo, los fiscales y las defensas argumentarán ante los jueces Defranco, Barrios y Luchelli, los motivos por los cuales debería o no aplicarse la suspensión del juicio a prueba de seis de los doce imputados.

Luego de esa audiencia, los integrantes de la Cámara Penal de Trelew volverán a tomarse un tiempo para dictaminar sobre la cuestión de fondo planteada.

Desde Fiscalía aseguraron que es “prácticamente imposible” que el juicio oral y público comience antes de las elecciones generales.

 

 

El Chubut

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, de la Unidad Anticorrupción, presentaron la acusación para elevar a juicio la causa “El Embrujo” que sindica a Diego Correa de liderar una asociación ilícita para cometer delitos dentro del Estado Provincial. “El daño se ve reflejado en la salida del monto millonario del patrimonio del Estado Provincial, que según la valuación, supera los 35 millones de pesos”, indicaron en su acusación.

Los doce acusados son Correa, exsecretario privado de la Gobernación y extitular de la Unidad Gobernador; Diego Lüters; Natalia Mc Leod; Daniela Souza; Sandro Figueroa; Juan Carlos “Tato” Ramón; el contador Federico Gatica; los exfuncionarios Christian Gisande y Rubén “Bedo” Reinoso; además de Darío Correa; Giulana Mc Leod, y Jorge Godoy.

Los fiscales presentaron 131 testigos para que declaren en el juicio oral. Incluye miembros de las divisiones de Criminalística y de Investigaciones de la Policía; profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Procuración General; funcionarios públicos y empresarios, entre otros. Hay más de 230 elementos de prueba documental. Los fiscales pidieron la inspección ocular de todos los inmuebles embargados y requirieron la reproducción de las intervenciones telefónicas obtenidas en la causa.

“Conductas delictivas”

Williams y Rodriguez sostienen que los acusados cometieron “conductas delictivas con lesión a varios bienes jurídicos, que van desde la tranquilidad pública, pasando por los delitos contra la administración pública, a la luz de las directrices de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hasta llegar al lavado de activos, los cuales afectan el orden financiero y económico del Estado”.

Correa está sindicado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. Los fiscales adelantaron que pedirán una pena no inferior a los ocho años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

 

 

Agencia Pais

Fabián Gabalachis, abogado defensor de Diego Correa y otros procesados, ofreció detalles de la primer audiencia del juicio de la causa #ElEmbrujo en la que el juez Sergio Piñeda, se declaró incompetente para resolver la suspensión de juicio a prueba de seis de los imputados.

“Se abocó el doctor Piñeda en atención a una decisión del tribunal de juicio, apenas comenzó la audiencia se planteó una excepción de falta de competencia, en el entendimiento que el doctor Piñeda no podía intervenir. Eso generó que ante un conflicto de que ninguno de los dos tribunales entiende que es competente, deba resolverlo la Cámara Penal de Trelew”, explicó el abogado.

Gabalachis amplió diciendo que “una vez que está constituido el tribunal de juicio y se genera un planteo de la naturaleza de un instituto de suspensión a prueba, ese tribunal de juicio debe intervenir y no debe retrotraer a un juez de la etapa preliminar. En función de ese fallo es que interpretábamos que no podía desentenderse la Cámara del tratamiento del instituto de suspensión de juicio a prueba, la Cámara interpretó que sí y eso generó la intervención del Doctor Piñeda”.

Además de ser el abogado de Diego Correa, Gabalachis defenderá a Natalia Mc Leod (imputada de ser miembro de una asociación ilícita e enriquecimiento ilícito), Sandro Figueroa ( se le imputa ser miembro de asociación ilícita y lavado de activos) y Giuliana Mc Leod (cuatro defraudaciones concursada con 16 defraudaciones tentadas).

Diego Correa va a declarar

Gabalachis se enfocó en su defendido Diego Correa y aclaró que “está imputado en más de una causa y en todas las causas hay una pretensión del Ministerio Público Fiscal de sostener medidas de coerción. Estamos cerca del vencimiento de todos los plazos procesales“.

“Diego Correa va a declarar y su declaración será dirigida pura y exclusivamente a una finalidad jurídica. Ahora, que esa declaración de carácter jurídico pueda llegar a salpicar a cuestiones de interés políticos no lo sé“, precisó el abogado.

 

 

cienpuntouno

Los 12 acusados se presentaron con nombre y DNI. Federico Gatica aclaró que está preso en la Alcaidía Policial de Trelew; Diego Lüters, en la Comisaría 2ª de la misma ciudad; Daniela Souza, en la Comisaría de Playa Unión; Sandro Figueroa, en la Comisaría 1ª de Puerto Madryn y Diego Correa, en el Centro de Detención de Trelew. Juan Carlos Ramón y Natalia Mc Leod tienen detención domiciliaria.

También hubo unificación de defensas: Miguel Moyano (reluciente saco blanco); Omar López y Damián D´Antonio representarán en conjunto a Jorge Godoy, Rubén Reinoso, Souza y Ramón. Hubo varios cuartos intermedios y unos 20 policías se ocuparon del traslado y la custodia de los imputados detenidos.

El defensor público Omar López pidió dos veces apagar el aire acondicionado o abrir las puertas. “Está a 22”, reclamó. Por el poco espacio, el presidente del tribunal lo invitó a cambiar de lugar. Trocó asiento con Moyano y problema resuelto.

A la Oficina Judicial no le pesó la responsabilidad de la organización. La prensa trabajó cómoda.

Sorprendió que Matías Cimadevilla pidiera la probation para Christian Gisande. Es que si el penalista considera que su cliente no era funcionario público al momento de los hechos y por tanto puede acceder al beneficio, no se explica por qué habría firmado con sello los papeles que lo comprometen. Una grieta para que aproveche la acusación.

Los únicos querellantes que faltaron fueron los diputados del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans y Alejandra Marcilla. Del bloque sí estuvo Gabriela Dufour. En un tramo de la audiencia, Sergio Alcazar reemplazó a Martín Meza como abogado del bloque

 

 

 

Diario Jornada

Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut pidió decomisar y entregar a una entidad de bien social la chacra de Trelew que Diego Lüters compró con un $ 1 millón para Diego Correa con dinero del presunto desfalco al Estado, en el marco de la causa El Embrujo. Tiene 6.000 metros cuadrados.

Según la presentación ante el juez de garantías, “es necesario dictar medidas de preservación y adecuada administración del inmueble, dado que en la actualidad se encuentra expuesta al deterioro del inmueble, el riesgo de intrusiones, con sus impuestos impagos, etcétera”.

Para IC la mejor preservación de la chacra es su “entrega social” tomando en cuenta “la excepcional ubicación, dimensiones y potencial”. Propone adjudicarla en comodato a una entidad social, sindical, de producción familiar, etcétera, que desarrolle actividades beneficiosas para la comunidad.

La explotación del predio sería en tenencia por dos años, prorrogables anualmente sólo con autorización del Ministerio Público Fiscal.

La chacra deberá usarse con menos una de los siguientes fines: actividades de promoción de los derechos de algún grupo con especial tutela constitucional; actividades recreativas, educativas, deportivas, de esparcimiento familiar y comunitario, o producción agrícola familiar o comunitaria.

A cambio de aprovechar el terreno, la entidad beneficiada pagará sus impuestos entregando los comprobantes al MPF, hará un cerco perimetral y asumirá los gastos del uso. No podrá reclamar si introduce mejoras. También asumirá “los riesgos de cualquier naturaleza que implique la utilización del predio y cumplirá con las normas en materia de cooperativas, laborales o de cualquier índole, incluidos los seguros”.

La entidad aceptará auditorías o inspecciones de Fiscalía y de IC. Iniciativa Ciudadana se compromete a colaborar, a pedido de la entidad o las familias que obtengan la chacra, en las gestiones ante entidades públicas o de asistencia técnica, crediticia, etcétera.

Antes de cualquier decisión, la entidad pidió la opinión del MPF, y de Lüters y Correa. Al pedido lo firmaron Aldo Griffiths, Claudia Iun, Ángel Callupil, María Pagasartundua y Eduardo Hualpa, querellantes del caso.

Ya en junio de 2018 este grupo propuso al MPF convocar a cooperativas de trabajo o instituciones gremiales, educativas, sociales, para un uso comunitario del predio. Pero Fiscalía respondió que como no se había hecho la audiencia preliminar restaba saber cómo seguiría el proceso penal. Ahora falta un día para el inicio del juicio. “Están reunidos los requisitos de fondo y de forma para definir la situación del inmueble”, dice la presentación. Aunque el juicio termine en el primer semestre, las posibles impugnaciones de la sentencia “generará una dilación demasiado extensa como para esperar su total finiquito”.

Se puede

IC explicó que cuando se trata de bienes producto de lavado de dinero, un juez puede ordenar el decomiso definitivo aunque no haya todavía condena, si se comprobó su origen ilícito. “Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico”.

En la causa, Lüters reconoció que chacra se compró con fondos obtenidos con maniobras ilícitas. El lote no se alcanzó a inscribir a nombre de Dual Core o Sepat, sociedades pantalla para blanquear los fondos ilícitos, debido a las detenciones. “De este modo es serio afirmar que la chacra es un bien ilícito en su origen y el imputado que lo adquirió reconoció su procedencia ilícita”.

 

 

 

Diario Jornada

Hoy se cumple un año de la detención de Diego Correa, Diego Lüters, Natalia Mac Leod, Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón. Luego se sumarían otros 7 imputados. La causa se bautizó El Embrujo y ayer, en una audiencia en la Oficina Judicial, se confirmó que el juicio oral y público empezará el martes 12 a las 8.

El 7 de marzo de 2018 una ola de detenciones, entre ellas la de un exfuncionario de extrema confianza del exgobernador Mario Das Neves, desató y puso en evidencia los presuntos mecanismos de corrupción dentro del Gobierno para defraudar al Estado.

La denominada causa “Embrujo” derivó en una docena de causas paralelas, como el aprovechamiento de una catástrofe para recaudar fondos.

Otra causa emblemática, que no solo sacudió a la política sino también al sector empresario que integraba «el club de la obra pública», fue «Revelación», que terminó con casi 30 empresarios imputados (algunos fueron beneficiados con la probation) y cerca de 10 funcionarios, entre ellos, los principales ministros de la gestión Das Neves y que continuaron con el actual gobernador Mariano Arcioni.

Hoy se cumple un año de aquella mañana que tuvo su génesis en Velero Vesta 127 con las detenciones de Diego Correa (exsubsecretario de Unidad Gobernador) y su pareja Natalia Mc Leod. En paralelo, también fueron detenidos Diego Luthers (secretario de Correa en Unidad Gobernador), Sandro Figueroa (tío de Mc Leod), Juan Carlos «Tato» Ramón. Días después, arrestaron a Daniela Souza, quien se encontraba en el extranjero. Más tarde cayó el contador Federico Gatica y otros exfuncionarios como Rubén Darío Reinoso (Logística), Christian Gisande (Viviendas Oficiales) y los hermanos de Correa y Mc Leod.

La labor que desplegaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams puso de relieve un modus operandi defraudatorio a gran escala, generando un rechazo y un repudio masivo de la sociedad, que se expresaba por las redes sociales y con comentarios en las páginas web.

A un año de la causa de corrupción más trascendente de la historia de la provincia del Chubut, «Embrujo» entra en su etapa decisiva para conocer la verdad sobre los hechos que involucran a 12 personas, una de ellas, la mano derecha de quien fuera tres veces gobernador de Chubut y que Arcioni lo mantuvo en su cargo hasta que fue detenido.

 

 

 

El Chubut y Jornada

Hoy a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson se realizará una “convención probatoria” para acordar cómo se llevará a cabo el proceso. Se analizarán cantidad de testigos, orden de exposición y secuestros. Los fiscales no están seguros que el juicio oral y público comience el próximo martes 12 de marzo. La causa tiene 12 imputados, entre ellos Diego Correa y Diego Luthers.

El comienzo del juicio oral y público de la causa “El Embrujo” es un misterio. La fecha está programada para dentro de seis días: el próximo martes 12 de marzo. Sin embargo, existen fuertes dudas sobre los planteos que harán las defensas y que podrían trabar el inicio de las audiencias que está previsto que se extiendan hasta mayo.

En lo inmediato, hoy se realizará una convención probatoria para seguir avanzando y terminar de pulir cómo sera el mecanismo y procedimiento del juicio oral y público.

El encuentro se llevará a cabo a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson y estará coordinado por Karina Breckle, Directora de la dependencia.

El fiscal Omar Rodríguez aseguró que la idea “es llegar a un acuerdo para que todos los testigos declaren o bien podamos prescindir de alguno y el mismo pueda ser leído través de una declaración por escrito”.

Dudas sobre el inicio del juicio

Desde Fiscalía visualizan que los abogados defensores de los acusados están pergeñando una “jugada secreta” con el objetivo de paralizar el juicio.

Un grupo de penalistas analizan solicitar la suspensión del juicio a prueba. Esta medida alcanza a los imputados que no se desempeñaron como funcionario público durante la presunta conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado y lavar activos a través de la creación de las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting.

El abogado del contador Federico Gatica, Javier Romero, volverá a la carga para que la causa gire al Juzgado Federal, principalmente porque considera que el lavado de activos es un delito del fuero federal.

La presentación que efectuó Romero se encuentra actualmente en la Cámara de Comodoro Rivadavia y en los próximos días debería haber una definición al respecto.

Por otra parte, sobrevuela en todas las oficinas políticas y judiciales, la hipótesis del “fuerte impacto” que tendría el inicio del juicio oral y público en medio de una contienda electoral que definirá, entre otras categorías, al gobernador de Chubut de los próximos cuatro años.

 

 

El Chubut

Con un extenso dictamen de más de 100 páginas, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, pidió que el juez Gustavo Lleral rechace el planteo de Javier Patricio Romero, defensor de Federico Gatica en la causa “El Embrujo”.

El contador –imputado con otras 11 personas- está acusado de lavado de dinero proveniente de la corrupción. Romero planteó que este delito es competencia federal y que la Justicia provincial debe inhibirse de juzgar a su cliente y la Oficina Judicial de Rawson debe enviarle el expediente a Lleral. Pero según Gélvez, el reclamo es “extemporáneo” ya que vencieron los plazos procesales para el recurso del defensor. El juicio oral y público para la banda que presuntamente lideró Diego Correa está previsto para el 12 de marzo.

Para su reclamo, Romero se basó en un adelanto de este diario de noviembre del año pasado: la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Juzgado Federal capitalino investigue otro antiguo caso de lavado de dinero, pero en la Cooperativa Eléctrica de Trelew. El defensor consideró que la situación de Gatica es similar y debe ocuparse Lleral “de modo exclusivo y excluyente”.

Sin embargo, el fiscal opinó que el juez federal debe rechazar el pedido porque el expediente ya se elevó a juicio tras la acusación de los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams, y el auto de apertura del 30 de octubre de 2018 que firmó el juez Sergio Piñeda.

Oportunidad perdida

“La oportunidad procesal para plantear la inhibitoria como toda cuestión de competencia es en cualquier estado de la investigación penal preparatoria, lo que comprende el inicio de la investigación y abarca la etapa intermedia hasta el dictado del auto de apertura a juicio”, explicó Gélvez. El planteo de Romero “no puede proceder porque la instrucción preparatoria o investigación preliminar terminó”.

“Corresponde expresar concretamente que caducó el derecho invocado por el Dr. Romero referente al planteo de la inhibitoria en la etapa procesal investigativa –instrucción preparatoria, instrucción previa, investigación preliminar al juicio-, por lo tanto es dable añadir que dicha pretensión es extemporánea, ya que se está en el caso ante la etapa que se denomina juicio”.

Sólo quedaría analizar si al estar fijada la fecha de debate oral y público, “sería procedente tal inhibitoria, o en su defecto también caducó el derecho a deducirla”.

En otro orden, Gélvez aclaró que si en cualquier provincia argentina ocurren delitos como el lavado, dañando el orden económico y financiero de la jurisdicción, “el órgano judicial competente para investigar y juzgar todos los hechos delictuales es el de la provincia donde se produjeron”.

“Nada tiene que juzgar por carecer de competencia la justicia de excepción enclavada en la provincia argentina que fuere (…) Tal atribución no fue delegada expresamente a la Nación o Estado Federal, impide que intervenga otro órgano judicial, que no sea el provincial”.

Tener cuidado

Si se interpretara “sin profundidad” que la competencia de ciertos delitos es únicamente federal, “no sólo se estaría afectando a nuestra forma de estado federal, sino que se dejaría sin protección a los distintos órdenes económicos y financieros de la provincia, lo cual implicaría que en la realidad del funcionamiento de tal o cual Estado provincial, las autoridades designadas no puedan ejercer las funciones que poseen para resguardar tal orden económico y financiero”.

Si se juzgan hechos cuyos protagonistas son el Estado provincial y sus funcionarios públicos, y se lavó dinero del mismo Estado, “claramente la competencia es del órgano jurisdiccional de la provincia en cuestión y no del estado federal (…) La competencia para investigar y juzgar es de la justicia ordinaria como regla general y excepcionalmente de la justicia extraordinaria o de excepción”.

No hay daño federal

Gélvez precisó en su dictamen que en El Embrujo no se afectaron bienes federales o al menos tal dato no se demostró.

“La competencia es de la justicia del Estado provincial donde habrían acontecido tales episodios y el Poder Judicial de dicho ente estatal debe ser quien juzgue los mismos cuando la calificación legal sea la de lavado de activos del art. 303 del C.P”.

Por eso, advirtió, “resolver lo contrario, es violentar todo lo que se ha decidido en otros precedentes jurisprudenciales respecto de la competencia”.

El Comodorense

Ayer se realizó un sorpresivo allanamiento en la Alcaidía de Trelew a Diego Correa. Le secuestraron una tablet, dos chip Movistar y un pendrive. Jefatura de Policía presentó una denuncia contra el jefe de seguridad del establecimiento. La causa la tiene la fiscal Silvia Pereira.

La Justicia seguía de cerca a Correa por la presunta utilización de artefactos electrónicos y de comunicación desde el interior de la Alcaidía. Ayer, allanaron el centro de detención y desde Fiscalía confirmaron a EL CHUBUT que encontraron al imputado en las causas “Embrujo” y “Revelación” utilizando un celular.

La Justicia tiene elementos que comprobarían que el jefe de seguridad de la Alcaidía, Pedro Muñoz, habría facilitado estos elementos para que Correa pueda comunicarse por teléfono.

Producto de esta situación, Jefatura de Policía radicó una denuncia contra Muñoz, que recayó en la Fiscalía de Pereira.
Los elementos secuestrados en todo el operativo (no corresponden todos a Correa), son una tablet, una notebook, tres celulares, dos chip Movistar y siete pendrives.

El Chubut