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El dictamen del proyecto de Ley sobre Etiquetado de Alimentos fue pasado este miércoles a la firma entre los miembros de las Comisiones de Salud y de Industria y Comercio de la Cámara de Senadores, con la intención de que sea debatido en la sesión de la semana que viene.

La iniciativa sobre el etiquetado de envases para consumo humano que fija las pautas para una alimentación saludable fue respaldado por la mayoría de los legisladores, aunque los representantes de las provincias productoras de azúcar se manifestaron en contra.

En ese sentido, una de las autoras de la iniciativa, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, pidió “seguir trabajando hasta llegar al recinto” para “compatibilizar un proyecto de ley que no afecte a ninguna industria”.

La aclaración de la senadora kirchnerista fue necesaria a raíz de los fuertes argumentos desplegados por las representas de la provincia de Tucumán: la radical Silvia Elías de Pérez y la peronista Beatriz Mirkin.

“Nuestra industria vale. El azúcar es un producto natural. Y es buena para la salud siempre que se lo consuma como corresponde. Es triste cuando vemos que se la demoniza. Y más triste cuando escucho a amigas senadoras que quieren desincentivar su consumo”, remarcó Elías de Pérez.

Mirkin, por su parte, “lamentó” que la provincia de Tucumán no haya sido “consultada” y acusó a sus colegas de “no darle margen a la provincia porque no ven la situación provincial”.

En ese sentido, anunció que votaría “negativamente”, aunque luego propuso que los ingresos que le quitan a su distrito por la disminución de la refinación del azúcar sean compensados por “lo que corresponde a la producción del bioetanol” destilado en base a la caña.

Fernández Sagasti aclaró que “este proyecto no es contra nadie” sino “a favor de los ciudadanos” y lo describió como “una oportunidad para que la industria pueda mejorar los alimentos que ofrece”.

“El espíritu de este proyecto no debe ser ‘salud versus trabajo’. Podemos armonizar dos intereses que son muy importantes para la Argentina”, aseguró.

Por su parte, el radical mendocino Julio Cobos opinó que la industria debe “colaborar en mejorar la calidad de los alimentos”.

“La industria tiene un rol fundamental. Acá es donde se demuestra la responsabilidad social-empresaria”, afirmó.

Qué propone la ley

El proyecto que será considerado la semana que viene en el Senado y que, de ser aprobado, pasará a Diputados, establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

También, en el caso de los productos con edulcorantes, debe contener una leyenda precautoria, inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia, con la leyenda: “Contiene edulcorantes, No recomendable en niños/as”.

A último momento, también se incluyó el contenido de cafeína y una advertencia sobre el consumo por parte de los niños.

Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir con los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

Por otro lado, se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, aceites vegetales y frutos secos.

Asimismo, se obliga a las empresas a declarar el contenido cuantitativo de azúcares, entendiéndose como hidratos de carbono simples (disacáridos y monosacáridos), en el rotulado nutricional de los alimentos envasados para consumo humano.

Entre otros aspectos, el proyecto prohíbe que los alimentos y las bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia incorporen información nutricional complementaria; logos o frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles; y personajes infantiles, animaciones, celebridades, deportistas, entre otros.

Luego de dos extensas jornadas de debate, donde declararon testigos y en las que Huisman presentó su defensa y denunció las irregularidades del proceso, todos los miembros del Concejo Deliberante entendieron que el dictamen carecía de los elementos suficientes para destituir al Intendente y votaron por la absolución.

Según lo expresa la resolución final del Concejo Deliberante: “Los hechos que fueran detallados en el Dictamen Acusatorio de la Comisión Investigadora formulada por la Resolución 017/2020 (…) no tuvieron en esta instancia de juicio político la entidad necesaria para que se disponga su destitución”.

En la sesión que comenzó el viernes por la mañana y finalizó este sábado estuvieron presentes los concejales, Gustavo Flak, Ariel Szudruk, Dora Mariguán Fanny Ávalos, Juan Farizo, Gisel Cortés y César Salamín.

A lo largo de la primera jornada, la abogada de Huisman presentó las nulidades a este proceso por graves irregularidades como la falta de precisión de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos denunciados; la falta de los preceptos jurídicos; y la sanción pretendida.

Le sesión retomó este sábado al mediodía luego de un cuarto intermedio solicitado por la ausencia de los testigos de la parte acusatoria, quienes tampoco asistieron a la sesión de hoy.

Al momento de la votación final, varios de los ediles coincidieron y se comprometieron con el llamado que hizo Huisman en su alegato para convocar al “diálogo político por el bien del pueblo”, que en este contexto de pandemia requiere del esfuerzo de todos y todas para salir adelante.

Tras casi tres horas de discusión, y veinticuatro horas después de que la oposición le pidiera públicamente a Alberto Fernández que retirara el proyecto, el kirchnerismo consiguió esta tarde en el Senado dictamen de mayoría por la reforma judicial y buscará darle media sanción la semana próxima sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio, que adelantó que rechaza de cuajo la iniciativa y que no buscará introducir modificaciones.

“Lo que quedó demostrado en estos quince días es que ustedes avanzan en soledad. Avanzar en soledad y redoblar la apuesta. Por estas consideraciones rechazamos el proyecto”, resaltó el jefe del interbloque opositor, el radical Luis Naidenoff, antes de que finalizara el debate virtual en el senado, que transcurrió sin mayores sobresaltos.

A pesar de la marcha del lunes, que concentró buena parte de las múltiples consignas en el proyecto en discusión, el Gobierno aceleró en los últimos días el debate y tras el cuarto intermedio de ayer, después de la exposición de más una quincena de especialistas, obtuvo hoy el dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del senado, por lo que se encamina a tener la media sanción la semana próxima: Cristina Kirchner pretende hacer valer su hegemonía parlamentaria.

“Cualquier cosa que plantea el gobierno dicen que no es oportuno, conveniente o necesario. Esta es una buena reforma. No pierdo la esperanza de que la oposición cambie”, remarcó sobre el cierre del plenario José Mayans, jefe de la bancada oficialista del senado, cuando las cartas ya estaban echadas desde hacía rato.

Al inicio de la discusión, la coalición opositora del senado ya había adelantado que no acompañaría el proyecto, que entre otras cuestiones apunta a diluir los tribunales federales porteños de Comodoro Py -unifica el fuero criminal correcional con el penal económico- y que ni siquiera buscaría introducir modificaciones, a pesar de que el Frente de Todos buscó mostrarse conciliador. Desde la tropa K incluso celebraron algunos cambios, como la no unificación del fuero contencioso y civil comercial.

“Más allá de que nuestro bloque no vaya a proponer modificaciones y que vayamos por el rechazo, sí queremos saber qué está firmando la comisión y qué despacho se va a circular”, adelantó Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza María de los Ángeles Sacnun. Rodríguez Machado pidió además saber si había cambios en los “279 cargos” creados por la iniciativa. Y Esteban Bullrich se lamentó porque el texto no pasó por Presupuesto: Sacnun informó al comienzo que, en teoría, el costo de la reforma es de unos $1.900 millones. Así lo subrayó la senadora en base a un informe de la ministra Marcela Losardo.

Pasadas las 20.30, desde la oposición remarcaban que todavía no tenían notificación del despacho de comisión. “No hemos logrado ningún senador de la oposición ver qué es lo que se ha firmado y ver cuáles son las modificaciones concretas sobre el texto”, aseguró a este medio Rodríguez Machado entrada la noche.

“¿Tenemos voluntad de modificar y escuchar? No, no hay voluntad. Hemos hecho un maquillaje al proyecto en el dictamen. Y vamos a avanzar pero nosotros no vamos a acompañar. No sería responsable”, remarcó, por su parte, la senadora Silvia Giacoppo.

El Presidente y Cristina Kirchner descontaban de antemano que conseguirían dictamen a última hora de la tarde, y la posición de rechazo de Juntos por el Cambio ya era harto conocida. Ayer, tras una reunión virtual que contó con la participación europea de Mauricio Macri -de viaje por Suiza-, la coalición opositora hizo pública una carta dirigida a Alberto Fernández en la que le pidieron que retirara la iniciativa del Congreso y enfocara sus esfuerzos en la administración de la pandemia.

Para la oposición, el proyecto de reforma -que el Presidente presentó en Casa Rosada el miércoles 29 de julio-, la comisión de especialistas que estudiará el trabajo de la Corte Suprema -en la que sobresale Carlos Beraldi, abogado penalista de CFK-, el intento por desplazar al procurador interino Eduardo Casal y la revisión de los traslados de jueces durante la administración anterior, en la que ayer avanzó el Frente de Todos, forman parte de un mismo combo.

“Es un proyecto de intervención de la Justicia. Como en Vicentin trataban de intervenir para hacerse cargo y después dieron marcha atrás, acá están tratando de intervenir en la Justicia, por eso nos oponemos al proyecto”, cargó Silvia Elías de Pérez.

No solo el Gobierno hizo oídos sordos, como era previsible, y el jefe de Estado dio vía libre para avanzar tras el almuerzo que compartió ayer en Olivos junto a Santiago Cafiero, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Axel Kicillof y un grupo de intendentes del Gran Buenos Aires, donde se hizo un minucioso análisis de las protestas del feriado con epicentro en los principales centros urbanos.

Si no que algunos de los senadores del oficialismo aprovecharon el debate de hoy en el senado para machacar en las internas de Juntos por el Cambio, que volvieron a generar ruido tras la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta en el Zoom de este martes, el día después de las protestas, de las que el jefe de Gobierno buscó desentenderse, y que fueron festejadas por el sector más duro de la oposición.

“Veo que hay problemas de conducción, no se quién es (el líder), si es Macri… Por ejemplo, Rodríguez Larreta no estaba de acuerdo con este movimiento del 17 de agosto. Y otra gente también está en desacuerdo por la dimensión que ha tomado la pandemia. Están trabajando juntos el Presidente, Rodríguez Larreta, el gobernador, en un tema tan serio”, azuzó Mayans, que se refirió al traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad, un tema que el jefe de la Ciudad negocia en paralelo con la Casa Rosada.

Para el jefe de Gobierno se plantea en ese sentido un dilema en el horizonte. Como en los anteriores anuncios, hacia finales de la próxima semana debería volver a mostrarse junto al Presidente y el gobernador bonaerense para comunicar cómo sigue el aislamiento en torno a la crisis por el coronavirus, horas después de que la Casa Rosada consiguiera eventualmente la media sanción del proyecto de reforma de la Justicia.

Guillermo Snopek, del oficialismo, había sido el primero en poner el dedo en la llaga de la interna opositora. “¿Quién es la oposición? “¿Macri, (Patricia) Bullrich, Emilio Monzó, (Elisa) Carrió? Incluso han desplazado de la cúpula a María Eugenia Vidal…”, tiró el senador jujeño, que está enfrentado a su cuñado, el gobernador Gerardo Morales.

El avance de la reforma judicial, que vuelve a radicalizar el vínculo entre el Gobierno y Juntos por el Cambio, se da justo cinco meses después de la foto entre el oficialismo y los principales líderes opositores en Casa Rosada, horas antes de que Alberto Fernández decretara por primera vez el aislamiento social y preventivo. “Presidente, usted es el comandante en esta batalla, somos uno solo en esta pandemia”, dijo en aquel momento Mario Negri, uno de los firmantes de la carta de ayer en la que solicitaron al jefe de Estado el retiro del proyecto.

Por estas horas, el Frente de Todos buscaba negociar con un sector del PJ federal los votos en Diputados que todavía le faltan al Gobierno. Es una incógnita, tras la media sanción que buscará la Casa Rosada la semana que viene, el destino de la reforma en la Cámara baja.

En las próximas horas se va a conocer si la exmujer y los hijos del millonario sindicalista lucifuercista, Héctor Rubén González, terminan presos o no, por la causa de narcotráfico en la que el propio juez les endilga un concurso de graves delitos, por la plantación de marihuana que les descubrieron en la casa.

Es muy factible que el magistrado termine mandándolos a juicio, pero lo que no se sabe a ciencia cierta es si dejará que aguarden el proceso oral en libertad o si ordenará sus inmediatas detenciones.

Hay algunos especialistas del Derecho, acostumbrados a litigar en el fuero federal de Rawson, que no desestiman la posibilidad de que el juez los procese con prisión preventiva ante un peligro de fuga, teniendo en cuenta la pena a varios años de cárcel que si son hallados culpables podría caberles. Los delitos que se les enrostra a la exmujer de González y sus hijos tienen una escala punitiva que va desde los 5 a los 15 años de encierro.

No hay que olvidar que el magistrado cree que cultivaban marihuana para producir estupefacientes a metros de una escuela, en esa imponente mansión de la calle Cangallo y Belgrano, que en su momento fue domicilio particular de “El Gordo” Héctor González; el capo máximo del gremio de Luz y Fuerza de la Patagonia, hoy también millonario y dueño del diario Jornada de Trelew.

En ese lugar de la zona sur de la ciudad, la policía descubrió el pasado 19 de mayo un patio poblado de plantas de marihuana, plantines y de varios cactus “San Pedro”, una especie de la que se extrae una sustancia altamente alucinógena y adictiva, quizás, más potente que el “cannabis sativa”.

Así fue como se comenzó a sustanciar la causa que hoy tanto preocupa y complica a los González, y de la que –extrañamente—nunca habla el ministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni, pese a que se la pasa declamando sobre narcomenudeo y de su particular lucha contra el narcotráfico, paradójicamente con el subjefe de Policía, Néstor “El Tero” Gómez Ocampo, amigo de un narcotraficante condenado a 9 años de prisión.

Causa:

¿Cuándo se podría conocer el dictamen del juez en la causa del bosque de marihuana de los González? Es muy probable que la semana que viene, y si el abogado de ellos decide apelarlo –que es muy factible– el caso iría a Comodoro Rivadavia para que allí lo resuelva la Cámara Federal de Apelaciones, y eso haría indudablemente que el proceso se empantane, que tal vez es lo que va a intentar buscar el defensor.

Causa:

A la expareja y dos hijos del influyente “Gordo” González les atribuyen los delitos de “comercio de estupefacientes”, “almacenamiento de semillas”, “cultivo de plantas para la elaboración de estupefacientes” y hasta “ejercicio ilegitimo del arte de curar”.

Causa:

 

Se cuestiona su desempeño en el cargo durante el período 2014-2017. El fiscal ya afronta un jury por requerir la detención del ex ministro Martín Bortagaray en el marco de la Causa Revelación, cuando éste era aún funcionario y tenía fueros.

Un dictamen de la Comisión de Evaluación del Consejo de la Magistratura promueve un segundo jury contra el fiscal Héctor Iturrioz por su desempeño en el cargo durante el período 2014-2017. El pedido será analizado por el pleno del Consejo, que resolverá si se abre una nueva investigación contra Iturrioz.

Fuentes confirmaron a ADNSUR que el fiscal ya elevó un descargo escrito para evitar este segundo juicio, y que también pidió exponer su posición ante el Consejo el próximo viernes.

El Consejo de la Magistratura resolvió sobre fines de septiembre avanzar con un primer jury de enjuiciamiento debido a la detención requerida contra el ex ministro Martín Bortagaray en el marco de la Causa Revelación, cuando aún era funcionario y tenía fueros.

En este primer pedido de enjuiciamiento, los cuestionamientos que afronta Iturrioz se basan en el artículo 248 de la Constitución Provincial, que establece que los fueros brindan inmunidad de arresto a los funcionarios públicos en el ejercicio del cargo.

Ahora, en base a la evaluación de su desempeño, el fiscal enfrenta una nueva tormenta que podría derivar en un segundo pedido de enjuiciamiento por parte del Consejo de la Magistratura de Chubut.