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Referentes en derechos humanos de la provincia coinciden: el caso Bel es el símbolo del terror de la dictadura en Chubut, y como contracara, la figura de su compañera, Hilda Fredes, representa de un modo ejemplar la lucha por la verdad y la justicia. Tras 43 años de esperar y desesperar, el juicio a los culpables por la desaparición forzada del docente y militante en Trelew, tuvo al fin un fallo por la memoria: Tito Nichols, exjefe de la policía de la provincia, fue condenado (seis años) por delitos de lesa humanidad. El exmarino Hernán Hermelo, el otro de los acusados que queda con vida, recibió la absolución.

Nichols, a la izquierda -bufanda- premiado por Massoni, a la derecha. Foto: El Chubut.

 

“Ustedes siempre nos han llamado, hoy en un día tan especial para nosotros nos ha alegrado”, las primeras palabras de Hild Fredes en la entrevista que dio a la radioescuela tras el fallo. “El domingo salimos a la calle, los docentes convocaron, yo soy jubilada provincial, y dije ‘me voy a llevar un cartel, me voy a llevar la figura de Ángel Bel, me preocupa este tema del juicio’. Y nos enteramos así (por la publicación de un medio comercial), nos enteramos como se enteró el fiscal; lo llamé y (el fiscal) Gélvez me dijo ‘yo me enteré de la misma manera’; no nos llamaron (desde la justicia federal). Nos alegra, por un lado, saber que Nichols ha sido condenado: la Fiscalía pedía más, pero hoy sabemos que Nichols es un condenado, que él trabajó con el estado provincial de ese momento”, expresó Fredes.

Hilda reiteró que la investigación continúa y al igual que lo había hecho su hijo, Pablo Bel, en una nota con este medio, puso el foco en la base Almirante Zar, de Trelew. “Lo que pasó con el cuerpo de Bel hay que seguir investigándolo. En el juicio aparecieron algunas cosas sueltas: en la base Almirante Zar hasta su cadáver había estado allí”, afirmó. Luego agregó que la justicia consideró que Hermelo “no había tenido mérito” y que los fiscales van a apelar el fallo del Tribunal Oral Federal Comodoro Rivadavia. “Es una etapa que se cierra, y se abre otra: poder seguir trabajando mucho más en poder decirle a los compañeros, a los jóvenes, a los niños, quién fue Elvio Ángel Bel, en qué modelo lo presentamos al compañero, al docente, al militante comunista, al maestro; cómo lo presentamos después de 44 años. Estamos satisfechas, siempre pedimos más. Pero que Nichols es culpable, es culpable”, enfatizó Fredes.

Fredes y la familia Bel esperaron el fallo durante casi 44 años.

Hilda Fredes pone en palabras simples lo que muchos piensan: Nichols y el ministro de seguridad, Federico Massoni, son parte de un mismo sistema de impunidad. “Pedimos (para Nichols) cárcel común. El mismo Massoni lo premió en pleno juicio, teniendo ya una causa abierta. Massoni, que nos controla todos los días, es parte del sistema. Y Nichols respondió a eso: al sistema capitalista, llevándose a un compañero que nos planteaba un cambio en el sistema, y lo planteaba abiertamente. El tema es quién nos gobierna, quién marca la ideología. Falta una ideología clara en el gobierno provincial. El mismo gobierno le dio el premio a Nichols: ahí se nos empezaron a caer muchas cosas. ¿A qué sectores responde Massoni? Al mismo sector que respondía Nichols”, reflexionó la compañera de Bel.

Fredes, en otro fragmento de la nota -disponible a continuación-, recordó los últimos momentos vividos con su compañero Ángel. “Yo lo sigo recordando a Elvio Ángel Bel. Tres días antes (de su desaparición), él me había planteado muchas cosas que le estaban pasando, pero yo no indagué, no supe escucharlo, que realmente venían por él. Pero no lo podías esconder: Ángel tuvo la posibilidad, le plantearon irse del país, y dijo: ‘no, yo no estoy haciendo nada raro’. Era el sistema”, opinó.

Después de que Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazase la semana pasada con implantar medidas dictatoriales si la «izquierda se radicaliza», este martes están convocadas protestas en una veintena de ciudades contra él.

Una de las formaciones que convocó las protestas fue el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que ha llamando a salir a la calle bajo el lema ‘Basta de Bolsonaro’ y con el ‘hastag’ en las redes #5NcontraoAI5, que hace referencia al Acto Institucional 5 (AI5) mencionado por el hijo del mandatario durante una entrevista.

El AI5 es un decreto emitido en 1968 durante la dictadura militar y considerado uno de los más represivos, con el que se cerró el Congreso Nacional, se suspendieron todas las garantías constitucionales y se persiguió a periodistas y militantes contrarios al régimen.

«Va a llegar un momento en que la situación va a ser igual a la de finales de los años 1960, cuando [la izquierda] secuestraba aeronaves, se secuestraba y ejecutaba a grandes autoridades, cónsules, embajadores, ejecutaban policías, militares», comentó.

Y continúo: «Si la izquierda se radicaliza hasta ese punto, vamos a necesitar tener una respuesta. Una respuesta puede ser por vía de un nuevo AI5».

Por su parte, el mandatario «lamentó» las palabras de su hijo, quien a su vez pidió disculpas después y aseguró que Brasil vive en un «régimen democrático, sigue la Constitución» y no hay razón para «ir hacia el autoritarismo».

Expulsión del Congreso
Sin embargo, las declaraciones del diputado provocaron un rechazo unánime de ambas Cámaras, presidentes de partidos, jueces del Supremo y de la sociedad civil en su conjunto.

El partido Red Sustentabilidade presentó ante el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados un pedido para retirar el escaño a Eduardo por su «conducta antidemocrática» y «extrapolar su inmunidad parlamentaria».

La formación afirma que Eduardo, al «defender abiertamente» el uso del AI5, «ofende directamente varios preceptos constitucionales» y «atenta contra las instituciones democráticas».

«A pesar de haber sido el diputado más votado en las elecciones de 2018, sus acciones militan de forma contraria a una idea mínima de democracia, demostrando desprecios por la voluntad del pueblo», añade.

La formación exige «la pérdida del mandato» parlamentario, el mayor castigo del Comité de Ética de la Cámara de Diputados.

Caso Marielle
Durante las manifestaciones de este martes también se pedirá «justicia» en el caso de Marielle de Franco, la concejala asesinada en marzo de 2018 junto a su chófer, Anderson Gomes, cuando regresaba a casa.

La semana pasada saltó un escándalo cuando el portero del condominio donde se encuentra la casa del presidente de Brasil relacionó a uno de los principales sospechosos del asesinato de la activista con Bolsonaro. La polémica se zanjó cuando el Ministerio Público de Brasil desmintió después al testigo.

La dirigente, negra y lesbiana, pertenecía al PSOL y se había opuesto a la militarización de la ciudad, decretada por el expresidente Michel Temer. Marielle, que nació en una favela de Río de Janeiro, enfocó su activismo en la defensa de los derechos humanos y contra el abuso policial. Su muerte conmocionó a todo el país.

En el comunicado de convocatoria a las protestas de este martes, el PSOL pide respuestas ante los «cabos sueltos» de la investigación.

Las elecciones celebradas en octubre de 1983 en Argentina ponían punto y final al Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), una de las dictaduras más sangrientas de la historia del país. La victoria de Raúl Alfosín dio inicio al proceso de transición democrática en Argentina.

Los comandantes de las Fuerzas Armadas Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Masserasa y Orlando Ramón Agosti organizaron un golpe de estado para derrocar a Isabel Perón (1974-1976). Tras esto, se instauró una dictadura cívico-militar conocida como ‘Proceso de Reorganización Nacional’.

Se formó una Junta Militar, encabezada por los jefes militares que habían liderado la revuelta, para dirigir el país. Durante este periodo, la violación de los Derechos Humanos fue constante y se cometieron diversos crímenes de lesa humanidad. Se estima que entre 15.000 y 30.000 personas desaparecieron durante el Proceso de Reorganización Nacional.

Esta dictadura se caracterizó por varias prácticas criminales como el asesinato de las minorías como los judíos, testigos de Jehová, homosexuales y transexuales. El terrorismo de estado fue algo muy común y miles de personas fueron detenidas, torturadas y asesinadas por oponerse a las ideas políticas del gobierno.

La derrota en la Guerra de las Malvinas, la constante presión internacional y la pésima situación económica del país obligó a la Junta Militar a convocar unas elecciones y dar por terminada su etapa. Estas fueron las primeras elecciones democráticas desde la inicio de la dictadura. El 30 de octubre de 1983, hace hoy 36 años, millones de argentinos volvieron a votar con el objetivo de cambiar el rumbo del país.

El candidato del partido Unión Cívica Radical (UCR), Raúl Alfonsín, fue un firme partidario de enjuiciar a los responsables del gobierno dictatorial en Argentina. Gracias a esta postura se ganó al pueblo y finalmente fue elegido como nuevo presidente con un 51 por ciento de los votos. La victoria electoral de Alfonsín en 1983 supuso la vuelta de la democracia tras siete oscuros años de una férrea y mortal dictadura en el país.

El Gobierno español decidió que la exhumación del féretro del dictador Francisco Franco (1892-1975) se llevará a cabo con la «dignidad» que corresponde a unos restos humanos, pero «en absoluto con honores militares ni banderas», como pidió su familia.

Franco ganó la Guerra Civil española (1936-1939), gobernó el país hasta su muerte (1975) y fue enterrado como jefe del Estado en el Valle de los Caídos, el gran monumento simbólico de su régimen donde también tienen sepultura cerca de 34.000 víctimas de los dos bandos de la contienda.

El Gobierno de España, en manos del socialista Pedro Sánchez, decidió el 11 de octubre pasado que los restos de Franco saldrían del Valle antes del 25 de este mes (probablemente el día 21 o 22), basado en una reforma de la ley de Memoria Histórica y avalado por el Tribunal Supremo, que resolvió un recurso de la familia, entre otros, contra la exhumación.

La semana pasada, en un acto por el aniversario de la escuela de subalternos de Rawson, el gobierno provincial -representado por el ahora jefe de Ministros Federico Massonni- entregó un reconocimiento por su labor y trayectoria a nada más ni nada menos que Tito Nichols, uno de los responsables del secuestro y desaparición -durante la dictadura militar- del militante comunista Ángel Bel.

El 5 de noviembre de 1976, en pleno centro de la ciudad de Trelew, Elvio Ángel Bel fue secuestrado por un grupo de tareas, se sospecha que fue trasladado a la base Almirante Zar y hasta el día de hoy permanece desaparecido. Bell, que militó en el PC, integró un Comité de Solidaridad con los presos ubicados en el penal de Rawson y fue perseguido tras la Masacre de Trelew, de 1972.

En julio del 2017 el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Sastre, cerró la investigación y elevó a juicio oral y público la causa por el secuestro y desaparición de Bel como delito de lesa humanidad, imprescriptible y en el marco de un plan sistemático de persecución, tortura y aniquilamiento de personas con ideas políticas contrarias al régimen represor. Delfin H. Rodriguez Watson, Tito Nichols (jefe de informaciones de la Policía durante los hechos) y Hernán A. Hermelo son los acusados.

La distinción, por tanto, es una provocación a la memoria colectiva, familiares y pueblo del Chubut que no debe ser permitida y debe ser fuertemente repudiada.

El «reconocimiento» realizado por el gobierno provincial a Nichols se inscribe en la política de reconciliación con las Fuerzas Armadas que impulsa el gobierno nacional, y que procura un reforzamiento de las fuerzas de seguridad y su reintroducción en tareas de seguridad interior (una política que inició CFK con la designación de César Milani al frente del Ejército). Esta política de reforzamiento del aparato represivo incluye la «doctrina Chocobar» de la ministra Patricia Bullrich.

Hay que señalar también que Massoni, autor del reconocimiento, es uno de los ministros más relevantes de Mariano Arcioni, el gobernador que apoyó el kirchnerismo en las recientes elecciones provinciales.

Los Arcioni y Massoni saben que la clase trabajadora chubutense tiene grandes reservas de lucha para enfrentarlos, como lo demostró en el 2018. Saben que el ajuste que el gobierno planea profundizar no prosperará sin represión, de ahí el reforzamiento de las fuerzas de seguridad.

También es importante destacar que Massoni fue «promovido» por estas horas a Jefe de Ministros, desplazando así al comodorense Marcial Paz. Como lo fuera Paz en la huelga estatal-docente de 2018, este puesto es clave a la hora de las negociaciones con los sindicatos, paritarias, etc. La designación de Massoni es una confesión de partes de la política que se llevará adelante ante los conflictos sociales.

Desde el Partido Obrero, exigimos juicio y castigo a los culpables de la desaparición de Angel Bel, la desclasificación total de los archivos y la apertura de los libros de las comisarías.

No nos olvidamos, no nos reconciliamos. Abajo la represión de ayer y de hoy.

Por Gloria Sáez

Fuente: Prensa Obrera

El primer debate oral y público contra el ex jefe del Ejército bajo el kirchnerismo, César Milani, comenzó a desarrollarse en la mañana de este viernes, poco antes de las 10, en La Rioja, donde será juzgado, junto a otros doce imputados, por el secuestro y las torturas que sufrieron en marzo de 1977 Pedro Olivera y su hijo Ramón.

La audiencia, que se inició poco antes de las 10 en la capital riojana, era conducida por el Tribunal Oral Criminal Federal de la provincia, con la particularidad de que la participación de todos los imputados se daba a través del sistema de videoconferencia, desde distintos puntos del país.

En el caso de Milani, quien desde el último día del año pasado permanece detenido en Campo de Mayo, compartía con otro de los acusados en esta causa, Ángel Pezzetta, su participación en la audiencia desde esa repartición.

En tanto, desde la sede de los Tribunales Federales de Comodoro Py, comparecían los imputados Bernaus José Félix, Goenaga Eliberto Miguel y Moliné Leónidas Carlos, según se informó.

La primera audiencia, que comenzó poco antes de las 10, arrancó, como es de rigor, con la lectura de la acusación, es decir de los hechos que se le imputan a Milani y otros doce acusados en este expediente.

Al momento de esos episodios, Milani era un subteniente que prestaba servicios en el Batallón 141 de La Rioja y está acusado de haber participado en un operativo para secuestrar y luego someter a torturas a los Olivera.

En esta causa, Milani está imputado por los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada, allanamiento ilegal, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita.

Pero no es el único caso por delitos de lesa humanidad en el que Milani es juzgado. Al exjefe del Ejército de Cristina Fernández de Kirchner también se lo investiga por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo en Tucumán, en 1976, por el que también deberá afrontar un juicio oral y público en Tucumán, cuyo inicio está previsto para el 12 de septiembre próximo.

A esos dos juicios orales y público se le sumará además este año un tercero, por presunto enriquecimiento ilícito.

Ese investigación ya se encuentra elevada a la instancia de juicio oral y, por estos días, según pudo saber Télam, el Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en etapa de admisión de prueba, en uno de los pasos previos a la fijación de una fecha de inicio que, estimaron las fuentes, sería antes de fin de año.

Milani fue jefe del Ejército desde el 3 de julio de 2013 hasta el 24 de junio de 2015, en la última etapa de la gestión kirchnerista.

 

 

La Izquierda Diario

La sanción de la Carta Orgánica que el mismo intendente Raúl Ibarra impulsó en Lago Puelo y que prohíbe el ejercicio del cargo a personas que se desempeñaron como funcionarios en la dictadura (Ibarra también fue intendente en el gobierno de facto), no sólo parece proscribirlo de la próxima elección, sino que sembró un manto de duda sobre la continuidad de su gestión actual.

Un hecho insoslayable es que Ibarra ingresó a la gestión por Cambiemos y se mudó al entonces CHUSOTO (convencido por el fallecido Mario Das Neves), ahora reconvertido en Chubut al Frente y liderado por el gobernador Mariano Arcioni, lo que generó un indudable corto circuito con su anterior sector político.

Precisamente, ahora son los Convencionales del oficialismo nacional los principales precursores de la salida de Ibarra del gobierno municipal, en lo que también pareciera ser una clara maniobra con aditamentos políticos y electorales.

Lo que además debiera quedar claro es que la Carta Orgánica, aprobada por la Legislatura el último jueves 21 de marzo, no tiene carácter de retroactiva, sino que se trata de un mandato constitucional hacia adelante, por lo que resultaría lógico que Ibarra terminara su gestión -iniciada en 2015- el 10 de diciembre de este año y en todo caso no pudiera aspirar a la reelección.

Este jueves por la tarde, una gran cantidad de vecinos, estimada en más de mil, ganó las calles para apoyar la continuidad del intendente en el cargo, en un hecho sin precedentes en Lago Puelo.

“No llamé a ningún vecino para que se manifestara. No esperaba ver esta cantidad de gente, aunque vi en las redes sociales que se convocaban, pero cuando me bajé del auto se me puso la piel de gallina”, reconoció Ibarra, en diálogo con Radio 3 en medio de la movilización.

“Más de uno que está parado acá no me votó, es de otro partido político o no lo he dado respuestas a sus demandas. Están defendiendo la institucionalidad, ellos me pusieron, ellos me sacan”, aseveró.

“Jamás negué el período que estuve al frente del municipio durante la dictadura, nunca me escondí debajo de la cama, camino por las calles de Lago Puelo y si alguien alguna vez me lo echa en cara o me hace una crítica, lo respetaré”, sostuvo Ibarra.

“Nadie nunca me dijo golpista o milico, no en estos términos, aunque sí alguna vez alguien se acercó y me dijo que fue una lástima que haya estado en ese período, lo que no consideré agraviante”, reconoció.

“Es algo que no voy a negar nunca, incluso está en la foja cuando me presenté al Consejo de la Magistratura”, recalcó.

Ibarra se jubiló como juez de Paz y no cobra sueldo en su función de intendente: “además uso mi auto, pero no lo considero un mérito, ojalá otros lo pudieran hacer. Pero le debo mucho a Lago Puelo, yo vine el 2 de enero de 1971 y no era nadie, fui el primer okupa con una casilla en la plaza y este pueblo me dio todo, nunca voy a dejar de agradecerlo”, resaltó.

“Eran pocos, los históricos: Emilio Posa, Teobaldo Delgado, “La Andina” Biguera, la familia Bahamonde, la familia  Uribe, la de Teo Vera, “Mandinga” y el “Negro” Muñoz. Lolo Salud, La Chochó González”, evocó.

“La sociedad hará su juicio de valor. Hay muchas cosas que suelen hacer daño, aunque me pongo en el lugar de los Convencionales, trato de interpretar lo que quisieron decir o hacer. Si me dieran una explicación, sabría entenderlos”, consideró.

“Lo que me chocó sobremanera el día que recibí la carta fue la palabra usurpador, porque yo no lo soy. Y nunca la gente me lo dijo en la calle”, cuestionó.

“También me acusan de derrocar un gobierno, lo que demuestra que conocen poco de la historia. Por eso conté la anécdota de la carta del hijo de Luis Roberts (único intendente peronista de 1973 a 1976), que me escribió y me dijo que le hubiera gustado en el homenaje que le hicimos a su padre el 24 de marzo”.

“El es oficial de la Fuerza Aérea y combatió en Malvinas, también iba a venir el 2 de abril. Pero anoche me escribió y me pidió que no me sintiera un usurpador, y el que se tuvo que ir en 1976 fue su papá. Si algo me permite dormir tranquilo, son estas cosas”, reveló Ibarra.

“Se va a dirimir en la Justicia, la Justicia tendrá la última palabra, aunque para ponerlos en términos de doña Rosa, la carta que yo recibí fue como un pre aviso, si no me pagás la cuota, te embargo. Tendría que haber existido un diálogo, al menos de los Convencionales que yo acompañé”, recriminó.

“Siento una gran decepción, amargura, yo pudo haber propuesto otras personas y sin embargo confié en sus capacidades. Faltó esa devolución, el de no creer que soy esa persona a la que ellos acusan”, subrayó Ibarra en el final.

El próximo lunes los concejales jurarán la nueva Carta Orgánica, que se pondrá en vigencia 15 días después.

 

 

Radio 3

El actual mandatario de Lago Puelo, Raúl Ibarra denunció un intento golpista y dijo que nunca imaginó que la convocatoria a elaborar una Carta Orgánica iba a tener como objetivo su propia proscripción.

Los siete convencionales que tuvieron a su cargo la redacción de la Carta Orgánica de Lago Puelo (aprobada por unanimidad por la Legislatura chubutense), notificaron ayer al intendente Raúl Ibarra que no le tomarán juramento–en el marco de un acto programado para el próximo lunes-, porque “se desempeñó durante el último gobierno de facto como responsable del Departamento Ejecutivo Municipal, previo destituir a quienes se desempeñaban como legítimas de democráticas autoridades”, al tiempo que le indican que “está en condiciones de ser inhabilitado para ejercer su cargo”.

Cholila Online tuvo acceso a las notas presentadas. La dirigida a los miembros del Concejo Deliberante dice lo siguiente:

Lago Puelo (Ch),  8 de abril de 2019.-

Sres.

Miembros del Concejo Deliberante

De la Localidad de Lago Puelo:

                                                                               Quienes suscribimos la presente, en nuestro carácter de Convencionales Constituyentes de esta localidad, nos dirigimos a ese cuerpo con motivo de la sanción de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Lago Puelo, por parte de la Legislatura de la Provincia del Chubut, cuya Resolución fuera publicada por el Boletín Oficial el día 28 de marzo próximo pasado.

                                                                              Dicha sanción implica que la Carta Orgánica de la Municipalidad de Lago Puelo, realizada por esta convención ha adquirido con ello plena vigencia y fuerza de ley, como norma suprema municipal.

                                                                              Dentro de la segunda cláusula de las “Disposiciones Finales”, se establece que una vez producida la publicación en el Boletín Provincial, por parte de la Legislatura, dentro de los 15 días siguientes se prestará en acto público, el juramento de la Carta Orgánica. Será jurada en primer término por el Presidente de la Convención Constituyente, luego éste tomará el juramento respecto al Vicepresidente 1ro., al 2do. Y restantes convencionales en órden alfabetico, al Intendente y a los Concejales de la ciudad. Luego se invitará a hacer lo propio a los vecinos presentes.

                                                                              Ahora bien, en el texto del instrumento jurídico elaborado por esta convención, en todo de acuerdo a las facultades que le fueran acordadas, aprobó como contenido, el artículo 34 de la Carta Orgánica Municipal, en consonancia plena con el temperamento seguidos por quienes fueran Constituyentes Provinciales y autores de la Constitución Provincial de 1994, para el caso de ruptura del orden institucional, que en su redacción el Artículo 17, hace expresa la inhabilidad absoluta para ejercer cargos públicos a quienes hubiera cumplido funciones previstas en esta Carta Orgánica.

                                                                              Así resulta que el citado Artículo 34 de la Carta Orgánica que resultó sancionada, en su parte pertinente, reza: “… En caso de ruptura del orden constitucional, cualquiera que ejerciere o hubiere ejercido, funciones previstas en esta Carta Orgánica para las autoridades legítimas, será considerado usurpador y quedará inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público alguno en el Municipio. Sus actos serán insanablemente nulos. La autoridad que omitiere el presente mandato será pasible de ser sometido a revocatoria popular. …”.

                                                                              La consagración de esta redacción, pone al señor Intendente Municipal Dn., Raúl Ibarra, quien se desempeño durante el último gobierno de facto, como responsable y titular del Departamento Ejecutivo Municipal de esta localidad, previo destituir a quienes se desempeñaban como legitimas y democráticas autoridades, en condiciones de ser inhabilitado para ejercer su cargo y consiguientemente que se le pueda tomar por parte de esta convención el debido juramento legal.

                                                                              El incumplimiento de este procedimiento por parte de quienes de una u otra forma debemos expedirnos al respecto, nos hace pasible de ser considerados incumplidores de las mandas legales que hemos por unanimidad votado los miembros de esta Convención Constituyente.

                                                                              Es por ello, que nos hemos visto obligados por expresa aplicación de la norma citada, a notificar al señor Intendente Municipal Raúl Anibal IBARRA, que no se procederá a tomarle el juramento correspondiente a la Carta Orgánica, en consideración a encontrarse dentro de una causal de inhabilidad para el desempeño del cargo que detenta, conforme la expresa letra de la norma.

                                                                              Asimismo, deberá ese cuerpo representativo, adoptar aquellas medidas tendientes a poner en vigencia el orden jurídico establecido.

                                                                                                                                                            Sin más, saludamos muy atentamente.

En su defensa, Ibarra dijo hoy en rueda de prensa que “la convocatoria para contar con una Carta Orgánica fue con la sana intención de producir un cambio profundo en la legislación municipal de cara al futuro, con la gran participación de los sectores jóvenes en su redacción, los herederos de este pueblo. Pero nunca imaginé que iba a tener como principal objetivo mi propia proscripción y la salida inmediata del cargo.

El argumento que esgrimen, en paralelo con el artículo 17° de la Constitución no es tal, porque es hacia adelante y no tiene efectivo retroactivo. No hay ninguna causal para que yo me tenga que ir”, subrayó. Advirtió enseguida que “voy a seguir en el cargo y gobernando, ya estamos trabajando con un equipo de juristas para presentar los argumentos y revertir esta situación y ser nuevamente candidato en el próximo turno electoral, aún cuando no pueda jurar la Carta Orgánica el lunes”.

Con todo, reconoció que “mañana puede venir el primer concejal y decirme ‘Ibarra usted se tiene que ir’, o el Concejo Deliberante puede sancionar una ordenanza en tal sentido”. Sobre el rol de los convencionales oficialistas que propuso ante sus vecinos, dijo que “fui uno de los que votó y trabajó para que estén en ese espacio, respondiendo al mandato de un partido político. No me siento traicionado, pero sí desilusionado y decepcionado”, puntualizó.

Textualmente, la nota remitida al intendente de Lago Puelo dice lo siguiente:

Sr. Intendente

Dn. Anibal Raúl Ibarra

Municipalidad de Lago Puelo:

  1. / D. 

                                                                              Quienes suscribimos la presente, en nuestro carácter de Convencionales Constituyentes de esta localidad, nos dirigimos a Ud., con motivo de la sanción de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Lago Puelo, por parte de la Legislatura de la Provincia del Chubut, cuya Resolución fuera publicada por el Boletín Oficial el día 28 de marzo próximo pasado.

                                                                              Dicha sanción implica que la Carta Orgánica de la Municipalidad de Lago Puelo, realizada por esta convención, ha adquirido plena vigencia y fuerza de ley, como norma suprema municipal.

                                                                              Dentro de la segunda cláusula de las “Disposiciones Finales”, se establece que una vez producida la publicación en el Boletín Provincial, por parte de la Legislatura, dentro de los 15 días siguientes se prestará en acto público, el juramento de la Carta Orgánica. Será jurada en primer término por el Presidente de la Convención Constituyente, luego éste tomará el juramento respectivo al Vicepresidente 1ro., al 2do., y restantes convencionales en orden alfabético, al Intendente y a los Concejales de la ciudad. Luego se invitará a hacer lo propio a los vecinos presentes.

                                                                              Ahora bien, en el texto del instrumento jurídico elaborado por esta convención, en todo de acuerdo a las facultades que le fueran acordadas, se aprobó el Artículo 34, en consonancia plena con el temperamento seguidos por quienes fueran Constituyentes Provinciales y autores de la Constitución Provincial de 1994, para el caso de ruptura del orden institucional, que en su redacción el Artículo 17, hace expresa la inhabilidad absoluta para ejercer cargos públicos a quienes hubiera cumplido funciones previstas en esta Carta Orgánica.

                                                                              Así resulta que el citado Artículo 34 de la Carta Orgánica que resultó sancionada, en su parte pertinente, reza: “… En caso de ruptura del orden constitucional, cualquiera que ejerciere o hubiere ejercido, funciones previstas en esta Carta Orgánica para las autoridades legítimas, será considerado usurpador y quedará inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público alguno en el Municipio. Sus actos serán insanablemente nulos. La autoridad que omitiere el presente mandato será pasible de ser sometido a revocatoria popular. …”.

                                                                              La consagración de esta redacción, lo pone a Ud., quien se desempeñara durante el último gobierno de facto, como responsable del Departamento Ejecutivo Municipal de esta localidad, previo destituir a quienes se desempeñaban como legitimas y democráticas autoridades, en condiciones de ser inhabilitado para ejercer su cargo y consiguientemente, imposibilita que se le pueda tomar el debido juramento legal, como Intendente.

                                                                              El incumplimiento de este procedimiento por parte de quienes de una u otra forma debemos expedirnos al respecto, nos hace pasible de ser considerados incumplidores de las mandas legales que hemos por unanimidad votado los miembros de esta Convención Constituyente.

                                                                              Es por ello y por expresa aplicación de la norma citada, que nos encontramos en el deber de notificarlo, que no se procederá a tomarle el juramento correspondiente a la Carta Orgánica de la Municipalidad de Lago Puelo, en consideración a encontrarse comprendido por una causal de inhabilidad para el desempeño del cargo de Intendente Municipal, que establece la norma citada.

                                                                                                                                                                                         Sin más, saludamos muy atentamente.

En este contexto, vecinos de Lago Puelo decidieron autoconvocarse en el patio del municipio este jueves, a las 18, “para decir no al golpe institucional; no a la prohibición de acceder al título de propiedad de los ocupantes históricos; no a la politización de la Carta Orgánica; no al despido masivo de los contratados municipales y no a la proscripción del intendente Raúl Ibarra. Basta de los dinosaurios de la política”, rezan en un comunicado.