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Devaluación

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Las dos primeras fueron golpeadas por los continuos conflictos sociales y en el caso del real brasileño por los problemas económicos internacionales.

Las monedas de Chile, Colombia y Brasil están sufriendo una fuerte devaluación en la última semana, golpeadas por los continuos conflictos sociales y los problemas económicos internacionales.

El dólar estadounidense alcanzaba este miércoles en Colombia un precio histórico al superar los 3.500 pesos, que se explica como una reacción de los mercados a los siete días de huelga general. En la apertura del mercado el dólar abrió en 3.472 pesos, pero luego subió rápidamente. Este año el peso colombiano se ha devaluado un 6,75% frente a la divisa.

En Chile, los mercados reaccionaron ante la crisis social y la incertidumbre castigando al peso, que marcó este miércoles un nuevo mínimo histórico, al caer a 820 unidades por dólar. Representa una baja del 2,5% frente al cierre del martes.

El peso chileno llegó a sus niveles más bajos, al cumplirse más de un mes de las protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera y a favor de una nueva constitución.

Ni las posteriores medidas sociales anunciadas por el gobierno de Piñera ni el acuerdo parlamentario para cambiar la constitución lograron menguar las protestas, que comenzaron como respuesta al aumento de tarifas del transporte público el 18 de octubre y que ya dejaron 23 muertos, miles de heridos y denuncias de torturas, abusos sexuales y crímenes contra los derechos fundamentales.

Tampoco pudieron evitar los graves destrozos económicos: el peso llegó a sus niveles más bajos (hoy cerró $819,80 vendedor y $819,50 comprador, mientras que el 14 de noviembre había cerrado en $803,80) y el Banco Central rebajó su previsión de crecimiento para 2019 del 2,5% al 1,9%, en medio de la incertidumbre del país y ante los sucesivos hechos de violencia, al tiempo que estimó que se podrían perder hasta hasta 300.000 puestos de trabajo a finales de año, lo que elevaría la tasa de desempleo del 7 % al 10.

Brasil, el gigante de la región, también es parte de la debacle, aunque su caso tiene que ver con la situación internacional y las reformas que intenta llevar a cabo el gobierno de Jair Bolsonaro. El real se devaluó por tercer día consecutivo. Llegó a 4,258, un 0,4% más que el día anterior, informó Clarín.

El gobierno nacional publicó una resolución en el Boletín Oficial en la cual comunicó que le «devolverá» más de $24.500 millones a las empresas distribuidoras de gas, a raíz de la variación que el tipo de cambio atravesó entre abril de 2018 y marzo de este año.

Ocurre que, meses atrás, el Estado expresó a través del Decreto N° 1053/18 “el pago de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período», según se informó es una medida de carácter excepcional, dada la variación del dólar y que esto impida que llegue a los usuarios.

Por esta situación este jueves se publicó en el Boletín Oficial “aprobar el monto neto en pesos argentinos correspondiente a las diferencias diarias acumuladas para cada prestadora del servicio de distribución”.

El valor total a abonar por parte del Gobierno asciende a más de 24.572 millones, a distribuir entre 10 empresas: Metrogas, Naturgy Ban, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, GasNor, Gas Nea y Redengas, publicó el Destape Web.

El Gobierno resolvió posponer aumentos de la tarifa de gas prometidos a las empresas y previstos para octubre hasta enero de 2020. En este caso, fue la resolución 521/2019 de la Secretaría de Energía, firmada por Gustavo Lopetegui, la que pospuso la segunda actualización anual. La anterior había sido en marzo, cuando aumentó un 29% en forma escalonada.

Son datos de septiembre del RIPTE. En ese mes, los salarios crecieron 3,2% y la inflación fue de 5,9%.

En Septiembre, los salarios formales o registrados volvieron a perder frente a la inflación: aumentaron el 3,2% mientras la suba promedio de los precios fue de 15,9%. Y entre enero y septiembre, la pérdida fue mayor porque las remuneraciones subieron el 32,5% y la inflación alcanzó al 37,7%. Son 5,2 puntos menos que representan una pérdida del poder adquisitivo del 3,8%.

Los datos de salarios corresponden al RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) que, a septiembre, fue de $ 45.485,23, según el informe oficial. Un año atrás, era de $ 31.523,56, lo que equivale a una suba nominal del 44,3% frente a una inflación del 53,5%. Una pérdida del salario real del 6%.

Por tratarse del sueldo bruto, a los $ 45.485,23 habría que descontar el aporte de jubilación y salud del trabajador (17%) y, eventualmente, sumar el salario familiar. Según la estructura familiar, el sueldo promedio en mano rondaría entre $ 37.752 y poco más de 40.000 pesos.

Esos poco más de $ 40.000 se aproximan al costo de la canasta familiar de pobreza de un matrimonio con 2 chicos que, según el INDEC en septiembre, fue de  34.784,75.

Estos valores contrastan con el cálculo del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) que informó que un  grupo familiar porrteño de clase media debió destinar en octubre $2.167 por día para contratar los servicios básicos para el hogar y $643 para productos de consumo masivo. Así, una familia porteña de clase media necesitó $ 84.341,31 para vivir en octubre, informó Clarín.

Tras la fuerte devaluación posPASO y el impacto en la inflación que se espera para este y los próximos meses, el Gobierno se vio obligado a acercarse a los laboratorios dejando de lado la desconfianza mutua que marcó los últimos dos años, con el fin de lograr un congelamiento de precios voluntario en la mayoría de los medicamentos por un plazo de entre 60 y 90 días. Sin embargo, las intenciones no fueron suficientes y no hubo acuerdo.

Tras una ardua negociación con los laboratorios nacionales y extranjeros, el Gobierno de Mauricio Macri no podrá finalmente realizar uno de los anuncios que más esperaba: el congelamiento de los precios de medicamentos.

“La negociación está empantanada porque los laboratorios no tienen voluntad de colaborar en la emergencia mediante un congelamiento (de precios)”, dijeron desde el Gobierno, a la vez que anoche desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) afirmaron que “es imposible congelar precios, cuando el dólar tuvo un salto del 27%, se disparó la inflación, y hay tasas de interés por las nubes, entre varias situaciones”.

Sin embargo, en el Gobierno mantienen la postura de que las empresas deberían aceptar un congelamiento hasta el próximo 30 de noviembre, con una suba de hasta 10% respecto del valor que tenían los medicamentos el pasado viernes 9 de agosto.

Según publicó esta mañana el Diario ‘BAE Negocios’, las conversaciones se enfriaron a tal punto que en las últimas dos semanas no hubo contactos personales, sino telefónicos y sin mayores avances, hasta que las posibilidades de acercamiento se agotaron.

Para Cilfa, Cooperala y Caeme, en estas condiciones no es posible congelar precios, entre otros factores, porque después de que se iniciaran las conversaciones hubo una nueva devaluación que llevó el dólar a $62, con mayores costos aparejados.

La volatilidad del dólar es el principal escollo para sellar el pacto ya que los medicamentos tienen un alto componente importado (por los principios activos) y, por ende, son muy sensibles al precio de la moneda norteamericana.

El borrador que estaba sobre la mesa se refería a más de cincuenta tipos de drogas. Las empresas siempre rechazaron un plazo de freno por 90 días, al tiempo que proponían otro más corto de 60 días, pero sin retrotraer los incrementos que hubo desde el fatídico lunes 12 de agosto, cuando no hubo intervención oficial para frenar la devaluación.

El diálogo buscaba contener subas en drogas para tratamientos comunes o ambulatorios, y otras de alto costo para tratamientos especiales. Los pretendidos precios congelados iban a alcanzar a los antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, betabloqueantes, medicamentos oncológicos, entre muchos otros.

Los medicamentos aumentaron más del 50% entre enero y agosto, superando la inflación, a la vez que las compras por parte de la población se derrumbaron un 6% interanual el mes pasado.

Mientras piden que el Gobierno cumpla rápidamente y acorte plazos de pago del PAMI, así como los gobiernos provinciales con las obras sociales, la crisis ya liquidó a 74 farmacias desde enero pasado, lo que implicó una pérdida de empleo superior a las 800 personas.

De esas 74, 8 cerraron desde las PASO, según Marcelo Peretta, secretario general del gremio sectorial.

Ante el impacto negativo de la devaluación en el poder de compra de los salarios, el ministro de la Producción, Dante Sica, admitió que el Gobierno podría reabrir negociaciones paritarias si se estabilizan las variables económicas y se puede determinar a cuánto llegarán las perdidas.

El funcionario mantuvo una charla con periodistas junto al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, en el marco de la Celebración del Día de la Industria, lugar al que concurrió como representante del Gobierno en reemplazo del presidente Mauricio Macri, quien se quedó en Casa de Gobierno para seguir de cerca las primeras horas luego de la puesta en marcha del control de cambios. Sica señaló que «las paritarias de este año cerraron con un piso del 28%» pero que no recibió hasta ahora «un pedido formal» de habilitarlas de parte de los dirigentes de la CGT. «Charlé con ellos y les dije que miremos cómo salen los números de agosto y a partir de ahí si hay algunas actividades que tienen necesidades, habrá que sentarse», explicó.

Por caso, Acevedo coincidió con el funcionario en que primero se deben tranquilizar las variables de la economía para encarar una discusión. «Algo habrá que hacer, el problema es que estamos en el medio de la coyuntura», explicó el empresario. El industrial, no obstante, se mostró pesimista respecto del futuro inmediato. Afirmó que no ve «un rebote de la actividad que hubo en 2003» a la salida de la crisis, y agregó que para que el sector manufacturero pueda tener un nivel de producción como había en 2012 «van a tener que pasar 10 años».

Sica tuvo que tratar de dar una explicación a las recientes medidas, algunas de ellas, muy criticadas por los empresarios. El funcionario las calificó como «incómodas».

«Se trata de medidas de emergencia, en una situación de emergencia, que traerán calma al mercado, seguridad a los habitantes y en especial a los sectores con ingresos fijos», indicó.

El ministro agregó que el Gobierno «ha avanzado el fin de semana con la disposición de algún control cambiario pero que garantizan a toda la población la accesibilidad de depósitos y compras de dólares para atesoramiento o ahorro que los ahorristas consideren necesario».

La sede de la UIA en Avenida de Mayo estaba repleta de representantes del interior del país. Sucede que por primera vez en 15 años se reunió el Consejo Federal. La vez anterior había sido por la crisis del 2001. En esta oportunidad, lo hicieron para aprobar un documento de 35 puntos que constituyen una base de propuestas que desde la semana próxima tienen previsto presentar a los candidatos presidenciales.

Acevedo aseveró, al respecto, que «el problema hoy es primordialmente político» y pidió «unidad para elaborar consensos básicos». La Argentina no tiene que discutir entre dos modelos de país sino acordar uno sólo», añadió. El titular de la UIA demandó una actitud «patriótica» de los dirigentes para lograr «la unidad nacional basada en la superación de las grietas» y culminó su mensaje recitando el Preámbulo de la Constitución Nacional.

Al encuentro asistieron además representantes del Grupo de los Seis. Entre ellos, Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio, Julio Crivelli (Construcción), Eduardo Eurnekián (Comercio) y Daniel Pellegrina (Sociedad Rural). En un espacio VIP, en el primer piso, Acevedo a su vez recibió a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente por Consenso Federal, y diputados como José Ignacio de Mendiguren, Marco Lavagna y los economistas referentes del candidato presidencial del Frente para Todos, Matías Kulfas y Miguel Peirano, así lo reseña Ámbito Financiero.

Uno de los primeros productos que verificó incrementos de precios es la harina, a partir de la suba del valor del trigo en función del dólar. “El viernes (9 de agosto) habíamos hecho un pedido, pero el lunes el precio era un 25% superior, que bajaba al 15% si pagabas de contado”, explica Gabriel Barile, titular de una reconocida cadena de panaderías de la ciudad, así lo informó ADNSUR.

El empresario explica que por la baja del IVA sobre el pan, el efecto en los precios del producto hasta ahora fue neutro, al quitar un 21% de la carga impositiva, si bien en forma previa algunos valores se habían actualizado en el sector, por suba de insumos, en alrededor de un 5 a 10%. También advirtió fuertes subas en insumos como frutos secos, lo que seguramente impactará en productos como el pan dulce.

Tenemos un gran volumen de ventas, pero la rentabilidad queda muy reducida porque hacemos las cosas de modo prolijo y en blanco. Sin embargo, cada vez se vende más pan en la calle, sin ningún tipo de exigencias de seguridad e higiene, como sí tenemos nosotros”, cuestiona.

Otro comerciante local, Elder Molina, de panderías Don Carlos, señala que el aumento en la bolsa de harina, de 50 kg, fue de un 30%, ya que lo que “se compraba a 1.000 ó 1.100 pesos pasó a 1.400 pesos, puesta en Comodoro –aclara-. También hubo un aumento en el flete, del 30%”.

Sin embargo, ante la consulta de ADNSUR, el comerciante aclara que en su caso no hubo un traslado a precios, mientras que con la baja del IVA, “el pan tuvo una baja de 70 a 65 pesos la docena”. Igualmente, advierte que los precios no podrán sostenerse: “si hay otro salto en el costo de la harina, el producto aumentará”.

En el producto, economizando algunas cosas, a mí me incide un 20% en el producto final, pero he visto que algunos tuvieron subas de hasta el 40%, incluso por encima de la devaluación”.

Alimentos sin IVA

Por su parte, el empresario Alberto Escribano, de supermercados La Proveeduría, informó en diálogo con radio Del Mar que la quita del IVA mejoró el precio de un amplio listado de cientos de productos, aunque no necesariamente la mejora es del 21%: “Lo que pasó es que hubo aumentos de base antes de esta medida, entonces no es que si un producto ayer estaba a 121 hoy está a 100 –comentó-, sino que puede estar a 105. Hubo una baja de precios, pero no es igual a la quita del impuesto. Esto no es una avivada del comerciante ni mucho menos: nosotros no somos formadores de precios, incluso nos aparecen aumentos de precios injustificados, porque si alguien puede vender el kilo de harina en base a un dólar de 60, ¿por qué lo va a vender a un dólar de 40, si el Estado no se lo exige? No tenemos que esperar humanismo del capitalismo, porque no lo tiene”.

También abogó por la extensión de la quita del impuesto a otros productos alimenticios, como carnes, lácteos, frutas y verduras, que son productos altamente sensibles a la variación de precios según las estaciones del año. “Hay que empezar a beneficiar realmente a la gente”, pidió.

Medicamentos: entre el 8 y 20%

El presidente del Colegio Farmacéutico de Chubut, Eduardo Molina, explicó que las subas de remedios tuvieron distintas incidencias, dependiendo del laboratorio de que se trate, con aumentos de precios que fueron desde el 8 al 10%, en un segmento de productos, mientras que los laboratorios de genéricos actualizaron valores hasta en un 20%.

“Cada laboratorio dispone los aumentos y se los entrega a la Secretaría de Comercio, que si los autoriza nosotros debemos ajustarnos, ya que las farmacias no somos formadores de precios–explicó, en diálogo con Actualidad 2.0-. El precio del medicamento está regulado y es igual en todo el país, de Ushuaia hasta La Quiaca, ya que es un bien social. Si bien se habló de un aumento del 15%, eso no es tan así. En general podríamos decir que los aumentos han sido de entre un 8 y 10%, mientras que algunos laboratorios de genéricos subieron hasta un 20%, pero a su vez tenían valores muy retrasados respecto al resto”.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó hoy que la intención de las recientes medidas económicas implementadas por el gobierno «es que los trabajadores no sufran tanto el impacto de la devaluación», y adelantó que durante este mes se irán evaluando otras iniciativas en ese sentido, así lo informó el Télam.

En diálogo esta mañana con radio Nacional, Sica indicó que “tuvimos una semana muy complicada porque el panorama económico desde el domingo ha cambiado».

“Veníamos con una inflación en baja, con cuatro meses de estabilidad del dólar, pero el resultado de las PASO cambió todo”, señaló.

Recordó que el año pasado impactaron en la economía argentina la sequía que afectó principalmente las exportaciones, y el cierre del financiamiento a los mercados emergentes.

Este año «estábamos mejorando los resultados macro», dijo Sica, con reducción de la inflación que en julio fue de 2,2%, estabilidad cambiaria y posible baja del riesgo país, pero que ahora «estamos en una situación excepcional por un fenómeno político».

El titular de la cartera de Producción y Trabajo explicó que la intención de las medidas implementadas por el gobierno nacional «es que los trabajadores no sufran tanto el impacto de la devaluación”.

Tras la derrota en las PASO (Primaras Abiertas Simultáneas y Obligatorias), Mauricio Macri prepara un paquete de medidas que frene el impacto de la devaluación y además, recuperar los votantes perdidos.

Estas medidas fueron anunciadas en una rueda de prensa que el presidente argentino dio en la Casa Rosada: «He instruido al equipo económico para que estudie y preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos», según recoge el periódico argentino Clarín.

Con el objetivo de contener el impacto de la devaluación y de seducir a los votantes de los sectores medios que abandonaron el oficialismo por la crisis, las medidas que han anunciado son: subir del piso del impuesto a las ganancias, una moratoria para pymes, aumento del salario mínimo, créditos blandos y la ampliación de los programas para alentar el consumo en cuotas y de precios esenciales.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, le reclamó al presidente Mauricio Macri que tome urgentes medidas «de emergencia» para paliar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

«Hay que tomar medidas de emergencia urgentes que consoliden la recuperación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de los jubilados», dijo Héctor Daer, uno de los integrantes del consejo directivo de la CGT.

La directiva de la central, de tendencia peronista, se reunió este martes en Buenos Aires para analizar los resultados de las primarias del pasado domingo, en las que Macri, que aspira a la reelección, sufrió una dura derrota.

Otro de los dirigentes de la CGT, Carlos Acuña, indicó que la central apoya los resultados de estas primarias en las que «el pueblo le dijo a este Gobierno que se ocupe de gobernar y solucionar los problemas que hay».

Por el impacto de la recesión, el ajuste y la megadevaluación, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) medido en dólares se derrumbó 52,9% desde la asunción de Mauricio Macri. En apenas tres años y medio, Argentina pasó de liderar el ranking salarial en América del Sur a ocupar el séptimo lugar. Según un informe de la Undav, el SMVM bajó de US$580 en noviembre de 2015 a los actuales US$279 por mes, es decir, US$1,3 por hora.

Los saltos cambiarios de 2016 y 2018 fueron el principal motor del deterioro. Desde el cambio de Gobierno, el dólar acumuló un alza del 374% contra una suba nominal del piso salarial de sólo 123%, al pasar de $5.588 a $12.500. Sin embargo, no fue el único factor. La escalada inflacionaria y la decisión oficial de convalidar recomposiciones a la baja en el Consejo del Salario hizo que el salario mínimo perdiera el 29% de su poder adquisitivo en pesos. La mitad de este retroceso se dio en los últimos doce meses.

Según el IET, el poder adquisitivo cayó 9,6% en mayo y acumuló 18 meses de caída

Además de ser el piso salarial de los trabajadores formales que trabajan ocho horas diarias, el SMVM opera como referencia para el sector informal, que no se rige por convenios colectivos sectoriales. Además, es la vara con la que se establece el valor de los planes sociales (fijados en el 50% del salario mínimo) y el salario básico docente (estipulado 20% por encima).

Según los últimos datos disponibles del Indec, el 40% de la población con ingresos cobra menos que el SMVM. El deterioro llega a tal punto que una familia tipo con dos salarios mínimos de $12.500 no llega a cubrir el costo de la canasta básica total, que en abril ascendió a $29.493; es decir, está en situación de pobreza. Como paliativo, el Ejecutivo adelantó a marzo la última cuota pautada en el Consejo del Salario de mitad de 2018 pero no alcanzó para revertir el declive. Para la edición de este año, que se realizará en las próximas semanas, los sindicatos ya adelantaron que pedirán elevarlo a $30.000, en línea con la canasta de pobreza.

El desplome no fue sólo para los trabajadores de menores ingresos. El promedio de los asalariados formales del sector privado perdió el 16% de poder de compra, el mayor retroceso desde 2002. Así lo marcó un informe del IET, que señaló que el salario real se ubicó en mayo en el nivel nivel más bajo en once años. En términos interanuales se hundió 9,6% y acumuló su decimoctava caída consecutiva.

El piso salarial pasó de US$580 en noviembre de 2015 a los actuales US$279

«El abrupto salto en el tipo de cambio del año pasado fue consecuencia directa del modelo económico. La apertura comercial irrestricta, la liberalización de la cuenta de capitales y un proceso de recomposición desmedido en el cuadro tarifario de servicios públicos signan la mayor fuente de volatilidad nominal de los últimos años», señaló el estudio de la Undav. La eclosión de este esquema, sostenido con un endeudamiento récord, terminó con la vuelta al FMI para evitar un default. Claro, el préstamo stand by implicó someterse a las típicas recetas del Fondo: «Cepo monetario, aceleración de la reducción del gasto público y política salarial restrictiva», agregó.

Junto al mayor salto de la pobreza en 16 años, otro de los correlatos del deterioro de los ingresos fue una contracción del mercado interno que terminó de sumir a la economía en una profunda recesión. Según datos del Itega, el consumo se desplomó 14,1% en lo que va del actual mandato.

En una economía desregulada como la del gobierno de Mauricio Macri, la devaluación del peso golpea con fuerza en todos los sectores pero se siente más en los productos de la canasta básica y de primera necesidad. La harina, cuya materia prima es de exportación y hasta hace poco sin retenciones, es uno de los que más aumentos registra.

Sólo en 2018, el paquete de harina trepó en un año 175%, según los datos del Indec. Con la escalada, subieron las facturas, los fideos y el pan.

Los economistas más didácticos solían explicar a través del tiempo la recuperación o caída del poder adquisitivo con un ejemplo bien concreto: el sueldo en kilos de pan. Si se toma como parámetro un salario mínimo, vital y móvil de antes de la asunción de Macri con uno actualizado a septiembre de este año, el resultado es una pérdida del poder de 100 kilos de pan por mes.

Según el relevamiento que hizo InfoCielo en Provincia, en 2015, el kilo de pan estaba a $25 y el salario mínimo era de $ 5.588. Se podían comprar casi 224 kilos de flautas o miñones.

Desde marzo, el salario más bajo de un trabajador registrado es $12.500 y el kilo de pan ya se vende a $100. Haciendo la simple división, el resultado es 125 kilos por sueldo. Así, las cosas, en tres años y medio el trabajador registrado perdió su capacidad para comprar 99 kilos.