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En entrevista con Marcelo Perez Medel de Cadena Total 92.5 la diputada provincial, Rossana Artero, informó que “propuse agregar un artículo en el proyecto de refinanciamiento”.

Sobre el proyecto de refinanciamiento de la deuda explicó que es “patear la pelota para el 2023, sin tener un plan o una previsibilidad de cómo se va a aumentar los recursos, porque no es solamente refinanciar la deuda”.

Dijo que sí recibieron el proyecto de refinanciamiento “lo estudiamos”, y “me parece que en el articulado del proyecto hay un artículo que es el cuarto, por el cual se otorgan muchas atribuciones al Poder Ejecutivo”.

“De mi parte propuse agregar un artículo en el proyecto de refinanciamiento de la deuda, para que todas las operaciones que sean realizadas por el Ejecutivo, en virtud de esas facultades que se otorga en el artículo cuarto, y previo a su confirmación definitiva, deban ser aprobadas por la legislatura en un plazo no mayor a 30 días desde que ingrese a la Cámara”, explicó la diputada.

Por otro lado, informó que “varios diputados plantearon unas dudas sobre la utilización de poner en riesgo la coparticipación y las regalías”.

 

 

Chubut se aproxima como un tren de alta velocidad hacia una crisis más profunda de sus cuentas públicas. Dentro de apenas un mes, el Estado provincial deberá contar con los fondos suficientes para afrontar los pagos de los vencimientos de deuda correspondientes a agosto, septiembre y octubre.

Ese total ascenderá a U$S 48 millones, mientras se estima que ingresarían apenas unos U$S 25 millones. Casi inevitablemente, esa encrucijada se traducirá en la disposición de una menor cantidad de fondos para Salud pública en medio de la pandemia y en una profundización de los atrasos salariales para empleados estatales y jubilados provinciales.

El mecanismo de garantía para el pago de la deuda que Chubut asumió cuando emitió los bonos en dólares instrumenta la acumulación de la «cesión» de regalías petroleras que cobra para hacer frente al pago de los vencimientos del mes en curso y los correspondientes a los dos meses posteriores consecutivos.

Esto significa que en agosto dejará de ingresar a las arcas provinciales un total de U$S 48 millones, que además quedarán inmovilizados para el pago correspondiente a agosto -3 millones de dólares-, a los que se sumarán otros 5,7 millones de dólares por vencimientos en septiembre y 39,6 millones de dólares correspondientes al pago previsto para octubre.

Por otro lado, en el mejor de los casos y como consecuencia de la implementación del «barril criollo» -que impactaría de manera alcista la recaudación de regalías petroleras de Chubut- a la provincia ingresarían alrededor de 20 o 25 millones de dólares por el cobro de esas regalías.

Este panorama se viene agravando desde que Chubut comenzó a endeudarse con la emisión del bono denominado BOCADE por un total de endeudamiento de 650 millones de dólares. Las complicaciones se profundizarán cuando concluyan en octubre los cuatro años de gracia que se habían acordado para que la provincia comience a pagar los vencimientos del capital.

Acumulación de pagos

A partir del mes de octubre próximo comenzarán a vencer los pagos por el capital del bono denominado BOCADE, que representarán cancelaciones de amortizaciones por 27.083.355 dólares. Sin embargo, dado que rige la garantía de regalías petroleras para cancelar dos vencimientos mensuales a futuro como mecanismo de garantía, el impacto del pago de amortización ya tendrá efecto en el mes de agosto.

En agosto próximo se deberán abonar 3 millones de dólares (2,3 millones de capital y 635 mil dólares por intereses), pero ese mismo mes se sumarán como garantía de futuros pagos vencimientos por 5,7 millones de dólares correspondientes a septiembre (5,5 millones por capital y 187 mil dólares por intereses) y se implementará la retención de regalías petroleras por los vencimientos a concretarse en octubre que ascenderán a 39,6 millones de dólares (27 millones de capital y 12,6 millones de dólares por intereses).

Lo que se avizoraba como un problema que estallaría a partir de octubre, en realidad comenzará a impactar en las cuentas públicas de Chubut desde el mes de agosto y se traducirá en una profundización de la crisis financiera y económica por la que transita la provincia, que no logra activar el funcionamiento del Estado e inclusive demorando aún más el pago de salarios y jubilaciones.

Se paga más de lo que ingresa

Tal como puede observarse en la tabla, Chubut ha tenido desde julio del año pasado vencimientos trimestrales acumulados -producto del mecanismo de garantía- que mes a mes superaron los ingresos por regalías petroleras que cobra la provincia.

Esa asfixia de las cuentas públicas no solamente se traduce en la pérdida del total de las regalías a manos del pago de los vencimientos de la deuda en dólares, sino que descompensa el resto de los ingresos provinciales de Chubut. Eso se traduce en dos meses de sueldos impagos para los empleados estatales (activos y pasivos).

En los meses de julio, agosto, septiembre y agosto de 2019 la provincia tuvo resultados negativos entre los ingresos por regalías y los pagos de la deuda. Resulta claro que las regalías no alcanzaron, debido al mecanismo de garantía, para afrontar los vencimientos de la deuda.

Ese panorama se descomprimió de manera relativa durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado y durante los subsiguientes de enero, febrero y marzo de este 2020.

La liberación de fondos por regalías se produjo porque concluyeron las cancelaciones de deuda correspondientes al bono de BODIC 1 que había sido emitido en 2013 por el ex gobernador Martín Buzzi y que tenía vencimientos trimestrales de 14 millones de dólares.

A partir de febrero de este año comenzaron a decrecer los ingresos por regalías como consecuencia de la baja del precio internacional de petróleo, situación que se acentuó a partir de marzo debido al impacto de la pandemia de coronavirus y nuevas bajas del crudo a nivel mundial.

Los bonos de Buzzi y Das Neves

En julio debería volver a descomprimirse el impacto de la deuda sobre las regalías, ya que concluyen los pagos de los bonos Fideicomiso Financiero 2020, emitidos también por Mario Das Neves pero en 2010. En este caso representan cancelaciones trimestrales 4,2 millones de dólares.

En agosto comienzan a acumularse los vencimientos trimestrales que incluyen el pago de capital del BOCADE, emitido por Mario Das Neves en 2016; pero en septiembre se suman los 5,7 millones de dólares del vencimiento del BODIC 2 emitido en la gestión de Martín Buzzi.

Los 27 millones de dólares de cancelaciones dispararán nuevamente la deuda y significarán una suba a 48 millones de dólares mensuales.

Eso implica que Chubut cobrará menos por regalías, pero en paralelo esos ingresos no alcanzarán para pagar los vencimientos de la deuda en dólares y quedará desfasada mensualmente en casi 27 millones de dólares.

De allí que el gobierno provincial intente renegociar y pagar la deuda no solamente con regalías petroleras sino también con fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos y otros ingresos corrientes provinciales.

Estallido de las cuentas públicas y ajuste

Haciendo proyecciones auspiciosas para los tiempos que corren, Chubut recaudaría alrededor de 21 a 25 millones de dólares por regalías. Claro que deberá pagar por vencimientos y acumular por el fondo de garantía un total de 48 millones de dólares. Pesará notablemente el desfasaje de 27 millones de dólares mensuales de incumplimiento de las condiciones -autoimpuestas por los anteriores gobiernos de la provincia- a la hora de emitir en el endeudamiento.

La premura del gobierno de Mariano Arcioni por renegociar la deuda no solamente apunta a sacarse de encima los vencimientos por casi tres años, sino también a poder disponer de fondos extra más allá de las regalías para pagar la deuda y mantener cubierto el mecanismo de garantía para vencimientos futuros.

Es de esperar que si no se avanzara rápidamente con la renegociación de la deuda y se generara un corrimiento hacia adelante de los vencimientos, las cuentas públicas chubutenses podrían estallar, con una profundización del atraso en el pago de salarios y sin que el Estado provincial pueda hacer frente a las necesidades básicas y el pago a proveedores.

De ahí que el gobernador ya haya anunciado el pago en cuotas del medio aguinaldo del primer semestre del año y busque evitar cualquier tipo de negociación paritaria con los gremios estatales. También procura congelar los sueldos con vistas a la segunda mitad de 2020. El propio ministro de Economía (Oscar Antonena) trazó su diagnóstico en público al afirmar que «existe una cantidad de personal excesiva en la administración pública».

Avanza un nuevo intento de ajuste sobre los empleados públicos, que en este caso tiene la particularidad de plantearse en el marco de una pandemia y una restrictiva cuarentena que podría extenderse por varias semanas más; lo que de alguna manera limita protestas y movilizaciones masivas en el territorio provincial.

Mientras se siga pagando la deuda, más allá de sus plazos renegociables, Chubut estará frente a un problema de difícil solución que se ahonda con cada devaluación del peso frente al dólar y queda delimitada por las oscilaciones del precio internacional del petróleo.

La provincia no posee demasiadas alternativas para solucionar sus problemas. Una opción es imponer un perverso y severo ajuste con congelamiento salarial -aún en medio de un proceso inflacionario de 42% interanual-. La otra sería que el Estado lograra obtener más ingresos mientras revisa y judicializa una deuda impagable, ilegítima y fraudulenta.

Fuente: El Extremo Sur

Un informe elaborado por la Secretaría de Finanzas da cuenta de las acciones llevadas a cabo por Hacienda en los primeros seis meses de gestión para equilibrar los vencimientos y lograr un pasivo más sostenible.

El gobierno nacional logró reducir de manera significativa, en los primeros seis meses de gestión, tanto el importe como la concentración de los vencimientos de deuda en pesos previstos para este año y bajar las tasas de interés a niveles compatibles con la recuperación económica y la sostenibilidad, según un informe elaborado por la Secretaría de Finanzas, difundido hoy.

De esta forma, las autoridades del Palacio de Hacienda, con un horizonte de vencimientos más equilibrado, deberán enfrentar vencimientos de capital e intereses por $1,04 billones en lo que resta del año, de los cuales $570.039 millones, el 55% del total, tienen por acreedor al sector privado.

«En diciembre, el panorama del mercado de deuda en pesos era muy complejo, estaba virtualmente cerrado. Los vencimientos para el 2020 eran muy elevados y concentrados en el primer semestre. El mercado estaba totalmente ilíquido con títulos que cotizaban al 35%-40% de paridad», señaló el secretario de Finanzas, Diego Bastourre.

«La política de normalización que llevamos adelante hoy muestra logros significativos: baja de tasas de interés a niveles sostenibles, extensión de plazos, reducción sustancial de los vencimientos en 2020 y aumento de la participación de la financiación en pesos en el total de deuda», agregó el funcionario.

En base al informe elaborado por la Secretaría de Finanzas, en «los primeros 6 meses de gestión y como resultado de la agenda de normalización del mercado de deuda pública en pesos, el gobierno nacional logró reducir, sensiblemente, tanto el importe como la concentración de los vencimientos para el año 2020», con respecto a las previsiones existentes en diciembre pasado, cuando asumió el presidente Alberto Fernández.

Además, y pese a las dificultades para avanzar con el canje de deuda extranjera en dólares, el Ministerio de Economía destacó que «el stock de pasivos denominados en moneda local aumentó su proporción en el total, pasando de representar el 14,4% en noviembre de 2019 al 15,3% al cierre del mes de mayo».

En ese marco, las autoridades del área económica lograron extender los plazos de las obligaciones, incrementando la participación de bonos por sobre las letras, con una reducción de estas últimas en la participación total.

Al respecto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó hoy en su cuenta en la red social Twitter, que » la soberanía monetaria es una piedra angular de la estabilidad y el desarrollo económico».

«Desde el día número uno de gobierno, nos propusimos sanar el mercado de deuda pública en pesos como punto de partida para construir una Argentina con soberanía monetaria, y vamos por buen camino», subrayó el funcionario.

La Secretaría de Finanzas precisó que «a lo largo del año 2020, las obligaciones en pesos con inversores privados eran de $1,15 billones, de los cuales el 74% ocurrían en el primer semestre. Por su parte, este mercado estaba totalmente ilíquido con títulos que cotizaban en torno al 35%-40% de paridad».

Este cuadro de situación, según la cartera nacional, «cambió sustancialmente ahora, con curvas de rendimientos en pesos que lograron ser normalizadas».

El proceso de normalización consistió en reanudar emisiones en pesos, que habían sido suspendidas en julio del 2019, y realizar sendos canjes de deuda, y operaciones de reconversión de activos, entre otras iniciativas.

En diciembre de 2019, la deuda bruta del Sector Público Nacional alcanzaba niveles insostenibles, ubicándose en torno al 89,4% del producto, con cerca del 80% de dicho stock denominado en moneda extranjera.

El Palacio de Hacienda sostuvo que el reperfilamiento de títulos públicos dispuesto en agosto de 2019 -tras las elecciones PASO-, que incluyó a las

Letras del Tesoro Capitalizables (LECAPs) en pesos, impactó negativamente en el mercado de deuda local.

Este evento afectó a los tenedores de títulos en pesos, que ya habían padecido el deterioro en el valor de sus tenencias a raíz del deslizamiento cambiario y la aceleración inflacionaria de los años 2018 y 2019.

Para el Tesoro Nacional, por su parte, implicó una fuerte acumulación de vencimientos de capital e intereses en 2020, concentrados principalmente en el primer semestre del año, y la imposibilidad para acceder al financiamiento en el mercado doméstico, con títulos que cotizaban en promedio en torno al 35%-40% de paridad.

Entre las medidas tomadas para recuperar las condiciones de financiamiento en el mercado de deuda en pesos, el Ministerio de Economía reseñó que a través de los Decretos 141/2020 y 193/2020, se postergó el pago de los servicios de amortizaciones del Bono dual AF20, al tiempo que se permitió intercambiar letras en moneda extranjera (Letes) por un total cercano a US$ 2.730 millones en valor nominal, por instrumentos en pesos ajustables por CER.

«El resultado de estas dos operaciones redujo el stock nominal de Letras en dólares en un 26,6% y el Bono AF20 en un 94,5% respecto al existente a diciembre del año 2019», subrayó la cartera económica.

Los profesionales que reclaman que se los declare “profesión de riesgo”, suman a los pedidos que la obra social del estado provincial salde la deuda de las prestaciones que mantiene desde el mes de febrero.

Según indicaron los profesionales, el ultimo pago que hicieron efectivo corresponde al 50% del mes de febrero. Si bien aclararon que la mayoría de las obras sociales suelen tener un retraso en los pagos, la provincial Seros excede a toda la capacidad por sostener el servicio.

“El Estado provincial es el principal empleador, lo cuál en esta crisis sigue en aumento. Esto implica que cada vez es mayor el número de grupos familiares que poseen la obra social estatal. Cuando se presentan crisis a nivel provincial se suman los de índole nacional y se potencian con un contexto internacional donde hasta el valor del barril de petróleo toca el piso en una provincia cuyo mayor ingreso depende de las regalías” indicaron ante AzM.

Sobre el pago en cuotas de las prestaciones

En el año 2017 comenzó el pago de las prestaciones pero en cuotas de los servicios prestados por parte de estos profesionales, los cuales ya en ese momento sobrepasaban el límite de tiempo estipulado para la realización del mismo rondando los 30 días de atraso por sobre los 60 días pactados en los convenios.

“En esos convenios ya se establecen los aranceles que se fijan para las diferentes prácticas se veían ligadas a las paritarias de los empleados estatales, por lo que se les otorgaba el mismo porcentual de aumento. Esto último no se cumplió hasta hoy, siendo el estado provincial el primero en no cumplir con los convenios”.

Incrementos de los costos

Los odontólogos tambien indican que las obras sociales y prepagas aumentaron el costo de las cuotas mensuales un 2500% entre enero de 2005 a enero de 2018, sin embargo a los profesionales solo les otorgaron un aumetno del 1500%, en ese lapso los insumos aumentaron un 1800%.

Desde enero de 2018 a diciembre de 2019 aumentaron las cuotas un 106,6% repartidos entre 4 y 5 aumentos anuales, registrándose en promedio un aumento arancelario del 27%, incluso hubo obras sociales que no presentaron aumentos arancelarios.

En Chubut se creó el Consejo Provincial de Obras Sociales y Prepagas siendo vangardistas y pueden reunirse y determinar el valor de las diferentes prácticas profesionales.

El aumento de los alquileres, insumos, servicios específicos, sueldo del personal, impuestos, readecuaciones, incorporación de prácticas adecuadas a la pandemia han generado una delicada situación entre los odontólogos.

Es por el pago del Bocade, el Fideicomiso Financiero Chubut 2020 y dos emisiones de Letras del Tesoro. Representa casi lo mismo que los haberes del tercer rango, que demanda al Estado $ 2.000 millones por mes.

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El agujero negro que provoca la deuda en las arcas provinciales es exponencial. Entre el 20 de junio y el 20 de julio, la gestión de Mariano Arcioni afrontará vencimientos por $1.761.792.215. El 31 por ciento del total corresponde a Letras del Tesoro y el 69% restante está compuesto por dos bonos.

La semana que viene, precisamente el 26 de junio, opera el vencimiento de las Letras del Tesoro Serie XLVII por un monto de $340.810.000 y una tasa anual del 32 por ciento anual.

En los primeros 20 días de julio entrarán en vigencia los pagos por el Fideicomiso Financiero Chubut 2020 por un total de u$s4.247.384; el Bocade por u$s 12.593.750 y las Letras del Tesoro Serie XLVIII por un valor de $ 200 millones y una tasa del 35,50 anual.

Trazando un paralelismo sobre el impacto de estos 1.761 millones de pesos de vencimientos en los próximos 30 días, la cifra representa el 88% de la totalidad de la masa salarial del tercer rango, que ronda en los $2.000 millones por mes, y el 70% del préstamos restante de $ 2.500 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que llegará en los primeros días de julio.  

ÚLTIMA CUOTA DEL FIDEICOMISO

Con el pago de julio, la Provincia de Chubut terminará de abonar el Fideicomiso Financiero Chubut 2020 colocado en 2010 por u$s 150 millones y que tenía como garantía los ingresos de regalías petroleras.

Esta última cuota de u$s 4.247.384 está conformada por una amortización de capital de u$s 4.166.655 y un pago de intereses de u$s 80.729.

De esta manera, la Provincia del Chubut libera una colocación de deuda por u$s 150 millones que, además, tenía como garantía fondos provenientes de las regalías petroleras.

“ASFIXIA” DEL BOCADE

Después de julio comenzará “la asfixia” del Bocade. En agosto de 2020, el Gobierno provincial no solo pagará intereses de la colocación por u$s 650 millones, sino que iniciarán las retenciones de las regalías petroleras para la cuota de capital, que tendrá su primer vencimiento en octubre.

Desde 2016 -fecha en la que el exgobernador Mario Das Neves emitió deuda en el mercado internacional por u$s 650 millones- hasta julio de 2020, la Provincia solo pagó por el Bocade intereses, pero a partir de agosto, desembolsará intereses y cuota de capital.

De esta manera, pasará de pagar poco más de 12 millones de dólares trimestralmente a u$s 39,6 millones; de los cuales u$s 27 millones serán en concepto de amortización de capital y u$s 12,6 millones de intereses.

En resumen, el monto a pagar por el Bocade a partir de agosto se triplicará, generando mayor estrés a las alicaidas cuentas provinciales. 

Frente a este escenario, se torna imprescindible la reestructuración de la deuda que impulsa el gobernador Arcioni y el ministro de Economía, Oscar Antonena, que tiene como objetivo mejorar el perfil y la sostenibilidad de la deuda, señaló El Comodorense.

El gobierno argentino mejoró para los acreedores la oferta de reestructuración de la deuda reconociendo un valor de 50 dólares por lámina de 100 dólares de valor nominal y un cupón atado a las exportaciones aunque los bonistas han rechazado esa oferta y quieren cobrar más.

En un comunicado, el Palacio de Hacienda señaló que los acreedores «respondieron a la información provista por Argentina proponiendo ajustes (…) con los que Argentina no puede comprometerse de manera razonable, algunos de los cuales son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el FMI».

Más adelante, el gobierno puntualizó que «el proceso de negociación con nuestra comunidad inversora reveló que las demandas de los inversores a menudo divergen y no se pueden conciliar fácilmente. La República evaluará todas las opciones disponibles como parte de un proceso integral para restaurar la estabilidad macroeconómica».

El vencimiento de la invitación está programado para el viernes 19 de junio, si bien el gobierno no descartó la posibilidad de poder ampliar nuevamente ese plazo.

Por el lado de los acreedores, el grupo denominado Ad Hoc Bondholder Group dijo que «la Argentina rechazó una sostenible y sensata solución».

El grupo Ad Hoc -en un comunicado- afirmó que «dado el fracaso de las negociaciones de los tenedores de bonos, nuestro Grupo ahora está considerando todos los derechos y recursos disponibles en nuestro capacidad como fiduciarios para los millones de ahorradores que servimos alrededor del mundo».

El documento de Ad Hoc sostiene que «nuestra última y mejorada propuesta proporciona un amplio espacio fiscal para que Argentina implemente políticas responsables para abordar los desafíos económicos y sociales inmediatos que enfrenta Argentina, incluso en respuesta a la crisis de Covid-19, mientras que al mismo tiempo se preserva el derecho para los tenedores de bonos internacionales».

Según este grupo, la última oferta de Ad Hoc «proporcionó un alivio de unos 38 mil millones de dólares de flujo de efectivo, durante un período de 9 años, al tiempo que proporcionó otro alivio adicional de 23 mil millones de dólares de alivio de efectivo entre 2020-2023».

De acuerdo con el comunicado de Ad Hoc, la oferta incluyó reducciones de cupones con un promedio de 42%.

El grupo destacó también que «con los nuevos bonos emitidos bajo nuestra nueva propuesta se han extendido vencimientos en comparación con el stock de deuda existente, con un promedio de vencimientos de 12,7 años y sin pagos de amortización hasta 2025».

Otro grupo, en este caso el compuesto por ACC, Gramercy, Fintech y Oaktree – denominado «Grupo de titulares de bonos» o «BG»- dijo que su oferta «cumple con el marco de sostenibilidad de la deuda de Argentina».

Según BG, su oferta «utiliza los mismos bonos de salida que en la propuesta de Argentina y reduce el recorte al 1% en bonos globales y establece fechas de pago en enero y julio de cada año para todas las categorías de bonos».

Para los tenedores que acepten la oferta en primera instancia habrá incentivos como el acceso al primer bono de salida con vencimiento en 2030, una tarifa de incentivo adicional y un instrumento de recuperación de valor (VIR) equivalente a un cupón móvil atado al exceso de las exportaciones en un período de 5 años, tomando como base un monto exportado de 47.000 millones de dólares para 2020, ajustado al 1% anual.

Este martes Ángel Sierra de APEL aseguró que sin “propuesta concreta” legislativo no cederá para que se realicen las sesiones de la Legislatura.

Según publica el medio de comunicación El Patagónico, Sierra aseguró que “esta vez no prestarán colaboración”.

“Nosotros ya hemos sido más que solidarios cuando nos han solicitado sesionar en varias oportunidades y hemos accedido”, enfatizó Sierra.

Agregó que “hasta que no nos traigan una propuesta concreta, no vamos a prestar más funciones, ni con guardias mínimas ni con nada que se requiera para prestar otra vez servicio a una sesión o lo que necesiten. Queremos recibir nuestro salario”.

“Pareciera que los únicos responsables de la crisis de Chubut fuéramos nosotros; y ahora vamos a ser seguramente los responsables de que no puedan tratar la Ley de Refinanciación de Deuda ni el proyecto de que se van a cortar los suministros de energía a la gente”, dijo.

«Queremos recibir nuestro salario, pero se han encargado de parte del Ejecutivo de dejar mal parados a los empleados de la Legislatura, al sindicato APEL y al presidente de la Legislatura”, dijo.

Sierra indicó que “si la provincia no puede hacer frente a tener 60 millones de pesos para hacer funcionar la Legislatura en estas circunstancias de crisis, quiero que me expliquen los responsables del Poder Ejecutivo a qué organismo le pagan en su totalidad los haberes con esa cantidad de dinero”.

Por último, señaló que “no queremos ser más rehenes del Poder Ejecutivo para ver si va a poder funcionar el Legislativo y si se van a poder tratar temas esenciales. Necesitamos una respuesta concreta de ambos poderes y de sus autoridades”.

 

La diputada provincial del Interbloque Xenia Gabella en entrevista con La Cien Punto Uno habló sobre el reperfilamiento de la deuda de la Provincia del Chubut. Dijo que “al mismo tiempo que salimos del conflicto, estamos incrementando la deuda para el año próximo”.

Remarcó que “nosotros insistimos con que es necesario abordar esa situación con un paquete de leyes”.

En cuanto al escenario que se presenta con el paro del gremio legislativo la diputada expresó que “estamos tratando de trabajar desde nuestro hogar las cuestiones que van más allá de la localidad, nos comunicamos con la provincia para llamar a la reflexión y ser respetuosos de las normas”.

Por otro lado, ante el proyecto de economía presentado en la legislatura, la diputada dijo que “nosotros habíamos analizado un preproyecto de economía, y había algunos cuestionamientos fuertes. Cuando ingresa el proyecto final, algunas cosas estaban modificadas. Pudimos hablar con Antonena para sacar dudas”.

Sin embargo “tenemos que contar con números, y a veces son números que no podemos analizar solamente nosotros”.

Declaraciones en Twitter  

«Nos urge la aprobación de la renegociación de la deuda pública», afirmó Arcioni en las últimas horas y aseguró que «hoy pensamos que sí» se aprobará la renegociación en el ámbito legislativo. El jueves 18  -o quizás el martes 16- posiblemente vuelva a sesionar la Legislatura para dar tratamiento al proyecto oficial de renegociación de la deuda chubutense en dólares.

Extender en el tiempo los plazos del actual endeudamiento permitirá oxigenar fiscalmente las cuentas públicas, aunque naturalmente no resolverá los problemas de fondo. El déficit por falta de ingresos y la raquítica estructura de la economía provincial se basa en la producción de materias primas sin valor agregado, por lo que el diferimiento de los vencimientos, posiblemente hasta 2038, atará a Chubut por dos décadas al pago de la deuda con los bonistas.

El oficialismo arcionista intentará el martes o jueves venideros que la Cámara de Diputados provincial sesione a pesar del paro de los trabajadores legislativos para buscar la aprobación del proyecto de renegociación de la deuda en dólares.

Lo que dejaron entrever los integrantes del interbloque conformado por el sastrismo y el madernismo y el casi seguro acompañamiento de los diputados de Juntos por el Cambio, hacen pensar que el arcionismo conseguiría los votos necesarios para aprobar el proyecto enviado a la Legislatura.

Aunque no se conoce formalmente la postura del bloque del PJ-Frente de Todos, todo indica que todos o parte de sus miembros terminarán acompañando la propuesta del Ejecutivo; más allá de las críticas «pour la galerie», pero con una bajada de línea nacional debido al seguimiento que hace el equipo del ministro de Economía Martín Guzmán.

En el mejor de los casos, los diputados opositores se plantean conformar una «comisión de seguimiento» de la deuda en Chubut, tal como consta en el proyecto presentado por la legisladora Mónica Saso del PJ. Resulta evidente que jamás se propusieron revisar, investigar o llevar a la Justicia todo lo actuado en materia de endeudamiento desde 2010 hasta 2016.

Algunos por omisión y otros por connivencia, los peronistas chubutenses -aunque hagan evidente en privado su irritación ante la supervivencia de Arcioni- evitan adentrarse en ese farragoso terreno en la que gran parte de la clase política esta salpicada.

Deuda desbordada

Es fácil pensar que la reestructuración de la deuda en dólares es una de las mejores soluciones posibles a la actual crisis provincial, aunque a decir verdad ni el diferimiento de los pagos podrá resolver la cuestión de fondo.

Lo más grave es que extenderá en el tiempo -quizás por los próximos veinte años- el karma de un endeudamiento que despilfarró recursos al menos desde 2010 y que no se tradujo en ninguna mejora para las condiciones de vida de los chubutenses.

A lo largo de la última década Chubut contrajo deuda por 1.159 millones de dólares, y al día de hoy todavía debe 876 millones de dólares.

Es necesario efectuar una preocupante salvedad. Desde el 2011 y hasta el 2019 la provincia pagó por amortizaciones y disminución de otros pasivos la impactante cifra de 24.616 millones de pesos. Al tipo de cambio oficial actual, Chubut aún debe pagar un total de 64.540 millones de pesos por el capital y los intereses, entre el acumulado del 2020 y hasta el 2026.

Hipotecar la provincia por 20 años

«Sustentabilidad» parece ser la palabra clave que el gobierno de Arcioni se empecina en utilizar a través de la boca del ministro de Economía, Oscar Antonena, para justificar una renegociación de la por ahora no se conocen los mecanismos a utilizar tanto en cuanto a la quita de intereses como de capitales.

En las últimas horas se filtró desde usinas oficiales que el plazo para extender los vencimientos de la deuda sería de casi 20 años, intentando llevar los pagos mensuales hasta el año 2038.

La justificación que se enarbola es que de alguna manera dicho plazo coincide con los 40 años otorgados en el yacimiento más importante de Chubut, cuya concesión renovó Das Neves hasta 2047. Cuanto menos resulta curioso e intrigante la cercanía en la coincidencia de ambos plazos.

Los voceros del gobierno aseguran que de esa manera se lograría «descomprimir» la presión fiscal de los pagos de la deuda en dólares sobre las regalías petroleras y que al mismo tiempo se conseguiría ampliar la «sustentabilidad» de la deuda.

La expectativa en el gobierno provincial es conseguir la aprobación legislativa y luego comenzar a negociar con los bonistas tenedores de la deuda en dólares para así «alcanzar un perfil de pagos de la deuda reestructura que sea compatible con el perfil de superávit fiscal de la Provincia».

Chubut se encuentra lejos del superávit, ya que transita uno de los peores déficits financieros de la historia reciente.

Según los datos que brindó el propio Antonena, el resultado negativo de las cuentas públicas provinciales alcanzaría a los -2.775 millones de pesos en el primer semestre, y proyecta hasta julio ascendería a los -5.116 millones de pesos.

A ese complicado panorama se le debe agregar el pago de la deuda en pesos, lo que haría que Chubut necesite no menos de 9.600 millones de financiamiento, tanto en préstamos de Nación como en Aportes del Tesoro Nacional sin devolución.

Frente a tamaño «severo déficit», el gobierno de Arcioni busca llevarle tranquilidad a los acreedores y demostrarles que en el futuro tendrá «capacidad real de pago». Se argumenta que la provincia podría lograr superávit en sus cuentas públicas, pero por las dudas el proyecto de renegociación no solamente sostiene la entrega a manera de «cesión» de las regalías petroleras sino que incorpora los fondos por Coparticipación Federal de Impuestos y los ingresos provinciales para el pago de los vencimientos de la deuda en dólares.

Es una notable garantía para los bonistas, que podrían quedarse con cualquiera de los ítems de los ingresos provinciales para cobrar la deuda. Eso no garantiza la obtención de superávit ni mucho menos una provincia con «paz social».

Para no quedarse con elucubraciones no surgidas de la academia, es pertinente mencionar las declaraciones del economista chubutense Facundo Ball, quien no integra grupos de «progresismo» conceptual ni mucho menos del marxismo vernáculo.

«La reestructuración de la deuda es necesaria pero no alcanza para equilibrar las cuentas. Números y detalles mucho no se conocen, hay algunos números sueltos que van diciendo el ministro o el gobernador a los medios, pero no hay una presentación seria, completa de la idea de la propuesta. Si hoy la deuda está garantizada con regalías, una nueva emisión podría estar garantizada con regalías, con coparticipación y con muchísimas cosas más», aseveró Ball.

De alguna manera, el economista selló un debate inexistente que se desarrolla en la nebulosa de la falta de números oficiales y con la ausencia de una claridad meridiana de cara a la ciudadanía sobre los beneficios para el conjunto de Chubut.

Beneficios y especulaciones electorales

Todo parece indicar que habrá al menos dos sectores beneficiados con la renegociación de la deuda, tal como viene planteada.

Por un lado, el gobierno de Arcioni, que intenta sacarse de encima todos los vencimientos de la deuda hasta que se aproxime el final de su mandato en 2023. Resulta obvio este mecanismo de supervivencia política, ya que en el proyecto de renegociación no se estipula fecha clara de pago de los vencimientos de las amortizaciones durante ese año, sino que se los deja librados a que se deberán comenzar a abonar antes de que concluya el mismo.

La jugada política del arcionismo busca no solamente concluir su mandato en tránsito sino que -como aún no hay fecha estipulada para las elecciones de 2023- también deja en la opacidad la fecha del primer pago de capital, especulando justamente con ese tramo electoral.

El proyecto indica que «la primera cuota de amortización de capital que deba afrontar la Provincia no se produzca con posterioridad al ejercicio 2023».

Lo que Arcioni debe garantizar antes de pensar en las elecciones de 2023 es la gobernabilidad actual de una provincia que todavía no terminó de pagar los sueldos de abril y adeuda todos los de mayo, aunque apuesta a calmar las aguas ante los alicaídos sindicatos estatales con un pago imprevisto de los aguinaldos.

El otro sector notoriamente beneficiado es el de los bonistas, ya que a priori no se verán afectados por una quita de intereses y capital; lo que si fuera a suceder no se conocen sus alcances.

Pero además, con el proyecto del arcionismo se garantizan cobrar -más allá de la extensión de los plazos a supuestamente casi 20 años- sí o sí sus acreencias con cualquiera de los ingresos que tienen las arcas chubutenses.

Chubut transitará una semana de grandes definiciones en cuanto a la renegociación de la deuda en dólares, la que de aprobarse como pretende el Ejecutivo generaría un endeudamiento por casi las dos próximas décadas que involucraría buena parte de los ingresos de las arcas provinciales y el futuro del conjunto de los chubutenses.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “todos queremos evitar el default» y que «la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo tratando de hacer una oferta que atienda también el reclamo de los acreedores”.

En diálogo con Radio 10, Fernández dijo que quiere «ser optimista” con el tema de la deuda y que el objetivo es alcanzar un acuerdo que «no condicione a la Argentina» de cara al futuro.

«Yo quiero ser optimista. Todos queremos evitar el default. La Argentina está haciendo un esfuerzo enorme tratando de hacer una oferta que también atienda el reclamo de los acreedores”, señaló el Presidente.

Fernández señaló que «el problema central que tenemos es que es una deuda que se tomó muy rápidamente y que se tiene que pagar en muy corto plazo”, en referencia al exponencial crecimiento registrado entre 2016 y 2019.

“La reestructuración de esta deuda es complejísima”

“La reestructuración de esta deuda es complejísima”, agregó. Tras recordar que las conversaciones comenzaron hace dos meses, Alberto Fernández dijo que “ahora estamos tratado de hacer una nueva oferta, demostrando nuestra buena fe de acordar, con una oferta que se acerque un poco más a lo que piden los acreedores”.

El gobierno intentará cerrar en los próximos días, antes del vencimiento del plazo del 19 de junio, las negociaciones con los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera por US$ 66.700 millones.

De cara a ese objetivo, el Ministerio de Economía decidió mejorar la oferta de renegociación de la deuda sobre la base de las últimas recomendaciones del FMI y lleva adelante -bajo un esquema de confidencialidad que concluirán el martes- una ronda de intercambios con los acreedores para poder cerrar el proceso puesto en marcha formalmente el 17 de abril pasado.

«Yo quiero ser optimista. Todos queremos evitar el default. La Argentina está haciendo un esfuerzo enorme tratando de hacer una oferta que también atienda el reclamo de los acreedores«

Aunque no hubo mayores especificaciones, las mejoras de oferta incluyen dos años de gracia, una rebaja de intereses total de un poco menos de 62% y una quita de capital promedio de 5%.

La oferta no pondrá en riesgo la sostenibilidad de la economía 

«La oferta que vamos a hacer no va a poner en riesgo la sostenibilidad de la economía argentina», remarcó Alberto Fernández días después del respaldo a la iniciativa argentina del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo multilateral la calificó de «consistente» con el objetivo de sustentabilidad de la deuda, si bien consideró que había algún margen de mejora.

La semana pasada, al participar de un encuentro organizado por la CAF-Banco de Desarrollo, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz volvió a apoyar la oferta del gobierno argentino para la reestructuración de la deuda externa y cargó contra los acreedores, a quienes acusó de ser «cortos de vista» y de resistirse «a acompañar los principios de sustentabilidad» en este proceso.

El viernes, al anunciar la decisión de extender una semana el plazo para negociar la deuda, el Palacio de Hacienda reveló que «la República continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los cobros».

En este sentido, agregó que «la República se encuentra analizando estas sugerencias para maximizar el apoyo de los inversores, al mismo tiempo que preserva sus objetivos de sostenibilidad de la deuda».

«Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina», sostuvo la cartera que conduce Martín Guzmán.

En base a esta nueva extensión, salvo que se modifique nuevamente la fecha fijada, el anuncio de resultados será el lunes 22 de junio y la fecha de ejecución, la entrada en vigencia y fecha de liquidación será el 25 de junio.