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El organismo de crédito pidió “una mayor restricción en el gasto público” para lograr el déficit fiscal primario cero. Indicó, asimismo, que existen “buenas perspectivas” para la recuperación gradual.

El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un comunicado en el que informó que la misión técnica que visitó Argentina el mes pasado llegó a un acuerdo con las autoridades argentinas sobre el programa económico. En consecuencia, el país podría acceder a un nuevo tramo del crédito stand by por u$s 10.800 millones, tras la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo.

Los resultados se conocieron a través de una declaración de Roberto Cardarelli, jefe de la misión que visitó el país entre el 11 y el 22 de febrero y mantuvo conversaciones que continuaron en Washington luego del final de la misión. En el comunicado se elogian los esfuerzos y la determinación de las autoridades nacionales por “abordar los desequilibrios macroeconómicos y promover su plan de estabilización económica”. No obstante, reconoce que “la actividad económica ha sido débil” y que “la inflación mensual sigue siendo alta y romper la inercia inflacionaria será un proceso largo”.

En los mercados se descuenta que la tercera revisión del programa argentino por parte del Directorio Ejecutivo del FMI -que tendrá lugar “en las próximas semanas”- tendrá un visto bueno, un dato clave en momentos en que el Gobierno intenta llevar tranquilidad al mercado de cambios.

Cardarelli sostuvo que “los altos déficits fiscales y externos, los dos desequilibrios al centro de la crisis financiera de 2018, se encuentran en medio de una corrección significativa”. También se señala que la actividad económica fue débil, pero el Fondo cree que “hay buenas perspectivas para una recuperación gradual”.

En materia de control de la inflación, los técnicos del FMI dieron “la bienvenida a la decisión de las autoridades de extender el crecimiento monetario de base cero hasta noviembre y de disminuir el ritmo al que aumentarán los límites de la zona de no intervención”. Esta medida restrictiva anunciada la semana pasada por el titular del Banco Central, Guido Sandleris “contribuirá a reducir la inflación y a volver a anclar las expectativas de inflación”, según el Fondo.

En el comunicado también se afirma que las autoridades han cumplido con su objetivo de déficit primario de 2018, pero advierte que “lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental”. Según el FMI, “estos esfuerzos colocarán a la deuda de Argentina en relación al PBI en un camino decisivo a la baja”. También se considera “fundamental” que los programas de gasto social de alto impacto se conserven durante este año y más allá.

El personal técnico apoyó asimismo el “plan del Gobierno para realizar subastas de divisas diarias transparentes y anunciadas previamente (de u$s 60 millones por día que comienzan a mediados de abril) para satisfacer las necesidades de gasto fiscal del gobierno federal de u$s 9.600 millones”.

Una de las pocas novedades es que, según el comunicado, “en la medida en que la moneda esté más apreciada que la zona de no intervención del Banco Central, las ventas se realizarán directamente al Banco Central en la cantidad correspondiente a su anunciada política de compra de divisas no esterilizada”, es decir, asegura la punta compradora (el BCRA) al Tesoro en el caso que el dólar se encuentre por debajo de la zona de no intervención. En medios del mercado se considera que no se avanza mucho con esta medida, ya que el problema para las autoridades se presentaría si el dólar supera la banda superior (no inferior) de la zona de no intervención.

A tono con el discurso que viene sosteniendo el Fondo a favor de los sectores vulnerables, en el comunicado se señala que “apoyamos firmemente los esfuerzos de las autoridades para mitigar el impacto social de las políticas de estabilización necesarias, incluso a través de aumentos recientemente anunciados en el gasto social (que se ajustarán al programa a través de un aumento en el gasto de asistencia social de 0.2 a 0.3 por ciento de PBI).”

Ámbito

Provincia desembolsó subsidios para que los 25 operarios puedan subsistir mientras Petrominera retomaba la operación y se realiza la licitación del área.

El Gobierno del Chubut perdió la paciencia con las empresas petroleras del empresario detenido Cristóbal López y le revirtió dos áreas. La primera fue Cerro Negro, operada por Petrolera Cerro Negro, y luego le tocó el turno a Pampa María Santísima, a cargo de Oil M&S. Las deudas por regalías y el cánon de explotación, además de varios incidentes ambientales e irregularidades con los convenios laborales desde 2015, llevaron a esta situación.

El área de Oil M&S tenía producción cero y prácticamente no representaba nada para la provincia, pero Cerro Negro es un pequeño yacimiento que podría ser atractivo para algún inversor. De hecho, Petrominera tiene en análisis cuatro interesados para realizar la “operación transitoria” y poner a girar la rueda de Cerro Negro otra vez. Mismo plan tienen para Bella Vista Oeste, el área que dejó vencer la concesión Sinopec y que dejó con varios daños tras el temporal en Comodoro Rivadavia en 2017.

Las empresas interesadas por Cerro Negro son Dapetrol -que ya tiene el yacimiento José Segundo-, Selva María Oil -que opera Mata Magallanes Oeste, revertida a una empresa de Lázaro Baez-, Aconcagua Energía -con antecedentes en las provincias Río Negro y Mendoza- y también se presentó ROCH -con un importante desarrollo en Tierra del Fuego, tanto onshore como offshore-.

“Esta es una operación transitoria de seis meses, con la posibilidad de extenderlo seis meses más. Ese es el plazo máximo”, explicó el gerente general de Petrominera, José Luis Esperón, en El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz. “Mientras tanto, se van a preservar los puestos de trabajo: hay 13 de Comodoro y 12 de Sarmiento”. El área produce 32 m3 por día de petróleo y 300 mil m3 de gas.

En el Boletín Oficial del 29 de enero, Provincia publica un decreto que establece un subsidio para 25 ex trabajadores de Petrolera Cerro Negro, entre todos suman $2.001,212, a pagar a través de Petrominera -la compañía de energía de propiedad estatal-provincial que se hará cargo del área hasta su licitación-. El decreto incluye listado y montos. “La Provincia decidió otorgar un subsidio al personal que estaba sin cobrar desde noviembre”, aclaró Esperón.

El Decreto instruye también a Petrominera “a arbitrar los mecanismos necesarios para que en forma inmediata se dé continuidad a la operación del área Cerro Negro de manera transitoria y hasta que el Poder Ejecutivo acepte la reversión”. A su vez, el Ministerio de Hidrocarburos tiene que “gestionar e intimar a la empresa Petrolera Cerro Negro SA, para que proceda a entregar inmediatamente la documental pertinente para poder aprobar la reversión del área”.

En los fundamentos, el decreto señala que “atento el carácter alimentario de las remuneraciones de los trabajadores involucrados, los mismos hoy se encuentran en una situación de desprotección y vulnerabilidad” y que “el presente acto administrativo se dicta a los efectos de mantener la paz social y brindar un sostén económico que les permita hacer frente a las obligaciones asumidas hasta tanto se resuelva la situación”.

“Jorge Ávila -presidente de Petrominera y titular del sindicato petrolero- ha sido claro en que los yacimientos no se pueden parar. No sólo como líder del sindicato para cuidar las fuentes de trabajo, sino por el daño que se le ocasionan a las instalaciones. Los próximos oferentes podrían cuestionar la situación de abandono del yacimiento”, afirmó Esperón. “Sólo en Bella Vista Oeste, que estuvo parado por cuatro meses, se perdieron 21 mil metros cúbicos de producción, con la consecuente pérdida de regalías y fuentes de trabajo”.

En El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, indicó sobre el caso Cerro Negro: “ahora Petrominera acaba de recibir las propuestas de operación transitoria, así vamos a poner en valor ese yacimiento y a la brevedad sacar a licitación, encontrando un yacimiento en condiciones”. A su vez, remarcó que entre los requisitos, tanto para las operaciones transitorias como para otorgar en un futuro las licitaciones, se analizan los antecedentes, los niveles de producción que tengan en otras cuencas y los balances “para que el pliego lo pida gente con intenciones serias de invertir en nuestra provincia”.

El Comodorense

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se opuso a que el gobierno provincial le pague los alrededor de 3.800 millones de pesos a CAMMESA por deudas que contrajeron las cooperativas de servicios públicos, sobre todo de la costa chubutense.

Se mostró totalmente en contra del intento porque “es dinero que debe ser invertido en obras para las comunidades” que, en el caso de Esquel implica entre otros módulos carcelarios, refacción de escuelas y trabajos viales; enumeró.

Recordó que del global que se le debe a las cooperativas, la “16 de Octubre” que le presta a Esquel y a Trevelin los servicios apenas llega al 2% por lo que considera injusto que se los involucre en lo que denominó “el desmanejo” del resto que “hicieron macanas que ahora hay que pagar”.

También atendió al sindicato de luz y fuerza que se queda con el 18% de los aportes que terminan pagando los usuarios cuando otros sindicatos, como comercio, perciben solamente el 3%.

“De acuerdo al seguimiento que hace la municipalidad, la cooperativa nuestra tiene dos problemas que son el convenio colectivo de trabajo y el servicio de sepelios que no es obligatorio” enumeró.

Radio Chubut

El intendente no fue al encuentro del Consejo Consultivo Provincial de servicios públicos y cuestionó que los esquelenses paguen deudas de otras cooperativas.

Recientemente el gobierno anunció que hará frente a las deudas que tienen las cooperativas con Cammesa para paliar la crisis energética que se viven en varias regiones a nivel provincial.

Hoy se reúne el Consejo Consultivo en Rawson para abordar esta situación. El intendente Ongarato no asistió y expresó su disconformidad con la situación a FM SOL: “Lo que advierto es que con la plata de la ampliación de nuestro hospital, de la planta de líquidos cloacales, de la cárcel provincial, de la escuela 735… con todo ese dinero y mucho más se va a pagar el desmanejo de las cooperativas de la costa, que tienen una deuda de más de 3800 millones de pesos. Y nos quieren meter a nosotros en la misma bolsa, esto no corresponde. Nuestra deuda es chiquita y se puede solucionar” comentó, en relación a la deuda de la Coop 16 de Octubre.

“Realmente ir allá a sacarme fotos mostrando que estamos todos contentos, con el sindicato metido en el medio, porque no sé qué hacen ahí. Acá se mezclan muchos actores que tienen que ver con la mala política, yo no quiero prestarme en absoluto a formar parte de eso” enfatizó después.

“Mi postura es que los que hicieron que las cooperativas no pagaran las tarifas y las llevaron a esta situación de crisis financiera y en la prestación de los servicios que no nos hagan pagar a nosotros en la cordillera las macanas que se mandan a 600 km de distancia. Si en Comodoro, por poner un ejemplo, no tienen agua y se les corta la luz, es problema de la cooperativa de ese lugar, lo mismo para el resto, pero no es de los chubutenses que vivimos en la cordillera. Que lo arreglen ellos y lo paguen ellos” sentenció.

EQS Notas

El funcionario del Ministerio de Economía del Chubut, aseguró que “mediante resolución 2019/40 de la Secretaria de Hacienda de Ministerio de Economía de la Nación fue aprobada la emisión de los TICADEP”.

El subsecretario de Coordinación Financiera, Luis Tarrío, confirmó que este lunes se logró la aprobación de títulos públicos para pagar deudas a proveedores anteriores a febrero de 2018.

En este marco, Tarrío explicó que “en el día de hoy mediante resolución 2019/40 de la Secretaria de Hacienda de Ministerio de Economía de la Nación nos fue aprobada la emisión de los TICADEP (Títulos de Cancelación de Deuda Pública Provincial), que estaban autorizados a emitir por la Ley VII 82 de Chubut para la cancelación de deudas con proveedores anteriores a febrero de 2018”.

“La demora se debió a que recién ahora estamos en condiciones de cumplir con los requisitos de la ley de responsabilidad fiscal en cuanto a los índices que son de exigencia”, precisó el funcionario.

A su vez, Tarrío detalló que “en consecuencia se viene desarrollando un trabajo interno de relevamiento final de todas las acreencias que tienen los proveedores y todos aquellos que estén en orden y aprobados por contaduría, los títulos les van a ser entregados a finales de la semana próxima”.

Lo confirmó Villagra, vicepresidente de la CAME. Algunos embargos “empezaron a ejecutarse”, precisó.

El integrante de la Federación Empresaria de Chubut (FECh) y vicepresidente de CAME, Rubén Villagra, se refirió a las deudas del Estado Provincial con proveedores y precisó que “el fin de semana empezarían a emitirse los bonos de la deuda de 2015, 2016, 2017 y parte de 2018 y en 10 o 15 días empezaría el proceso de consolidación”. Por otra parte, confirmó a Actualidad 2.0 que buscan una prórroga de la emergencia comercial para PyMEs “por seis meses o un año” y precisó que de ese modo se intentará “frenar embargos” de AFIP, que suman casi 2000 en la provincia y empezaron a ejecutarse.

“No se avanzó nada el año pasado Estuvimos un año atrás de los funcionarios pensando que esto salía pero la provincia tenía una situación económica que no le permitía al Banco Central emitir esos bonos. Ayer finalmente parece que el fin de semana estará la autorización de los bonos este viernes y en 10 o 15 días empezaremos a recibir los bonos los que somos acreedores del Estado en la deuda consolidada del 2015, 2016, 2017 y parte del 2018. Son deudas de hace 4 años que proveedores no cobraban en un 100%”, detalló.

“Fue quedando colgado y en el momento en el que el gobernador se hizo cargo decretó una emergencia económica y quedó todo supeditado a la emisión de ese bono para poder cancelar la deuda. Nadie estaba de acuerdo, pero una emergencia es una emergencia. Se aceptó y se siguió negociando para recibirlo lo antes posible. Pasó un año y se ha licuado todo. En febrero del año pasado había un dólar de 17 y ahora a más de 40”, explicó.

Comentó que “tiene una actualización por un sistema bancario a partir de que se consolida la deuda. El 2015 tenía un 25% de esa tarifa y después iba subiendo para adelante. Lo bueno es que, si la deuda la tenemos consolidada a febrero de 2018, no llegaremos al 50% que fue la inflación, pero andará en el 40%”.

Villagra valoró que “hay voluntad del Poder Legislativo y de Economía y el Banco Chubut de darles una solución incluso a quienes queden retrasados con los intereses. Puede haber algún arreglo después de que aparezcan los bonos”.

Afirmó que “la esperanza es que antes del fin de semana estén emitiéndose los bonos y en 10 o 15 días empezará el proceso de entrega y consolidación para los acreedores. Son entre 2500 y 3000 millones de pesos”, precisó.

Además, confirmó que se pagaron “95 millones a proveedores chicos, que eran por menos de 300 mil pesos y se seguirá pagando”.

Emergencia para PyMEs

En cuanto a la prórroga de la situación de emergencia para PyMEs en la provincia, explicó que ésta “terminó en diciembre de 2018” y ahora buscan una prórroga “por seis meses o un año más porque sigue la emergencia económica en la provincia y necesitamos que diga comercial” con el fin de que estamentos del Estado puedan “dar facilidades”.

Indicó que “el que no tiene facilidad de pago es AFIP. Esta ley permite desde CAME a nivel nacional gestionar estas facilidades o frenar embargos que llegaron a los bancos y paralizan toda la economía”, dijo y precisó que el número de embargos a pequeñas y medianas empresas de Chubut es de entre 1800 y 2000 en la provincia por parte del organismo.

Aclaró que se necesita una prórroga de la emergencia en marzo porque los embargos “ya empezaron a ejecutarse. Ya tuvimos quejas de algunos comerciantes que recibieron los embargos de las cuentas en los bancos. Ahí es muy difícil ya negociar”.

En ese sentido, dijo que la idea es que las ejecuciones queden en suspenso con la prórroga, que se conseguiría la semana próxima. “Vemos que AFIP accedió a eso en zonas de inundaciones o en Santa Cruz”, ejemplificó y resaltó que harán “las gestiones para que el 7 de marzo se apruebe” la prórroga y el 8 empezar a pelear para conseguirlo en Buenos Aires.

ADN Sur

 

Carlos Linares, intendente de Comodoro Rivadavia, criticó el anuncio del gobernador Arcioni, quien ayer aseguró que provincia cancelará la deuda que las cooperativas de servicios mantienen con Cammesa.

“Es otro anuncio infundado, no lo puede hacer, tiene que pasar por legislatura, nosotros no le vamos a dar Pass Group. Ellos dicen que van a pagar, cuando la provincia no está pagando lo que le corresponde a Cammesa“, aseguró el Intendente de Comodoro Rivadavia.

“No pueden decir cosas que no van a suceder, me parece que eso tiene que hacerse cargo el gobierno nacional, no nosotros. Los bonos no eran para eso, son los bonos del pacto fiscal”.

“En este estado de situación las cooperativas de la provincia de Chubut, no las pueden pagar. Nosotros desde Comodoro no lo vamos a hacer, no lo vamos a autorizar”.

Política interna de la SCPL

Para Linares “este es un tema de política interna de la cooperativa. A principio del 2011, le dije que presenten a concurso de acreedores. Y los bonos esos que nos corresponden que negoció con el gobierno nacional por el pacto fiscal, esos bonos no pueden ser utilizados“. Y agregó “a los empresarios le dieron la herramienta para cobrar eso, ‘toma este bono y pagame’. Acá hay que plantarse sobre Cammesa. Hay algo que no cierra“.

Auditoría

“Suena raro que José Olveira diga que no vio la auditoría. Me llama la atención que diga que no la leyó y que no la estudió, sin tomar realidad de la cooperativa, no se puede ignorar lo que pasó en la auditoria donde hubo acusaciones muy graves”.

El Intendente cree que “esto que está pasando en la cooperativa es un atropello. Es una extorsión, este sistema que nos quieren complementar no cierra, nos quieren venir a atropellar”.

La cien punto uno

El gerente de la SCPL, José Olveira, se refirió a la deuda que mantienen con la distribuidora de energía CAMMESA. “Nosotros sabemos la situación financiera que está atravesando la población de Comodoro Rivadavia pero esta situación también nos afecta a nosotros como entidad. CAMMESA cobra unos intereses altísimos por no pagar en término el total de la factura”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “a CAMMESA le debemos 800 millones de deuda neta y 500 de intereses y multas, lo que hace un total de 1.300.000 pesos”.

“Cada Cooperativa debe sentarse con su poder concedente para tener un amplio debate. Nosotros sabemos la situación financiera que está atravesando la población de Comodoro Rivadavia pero esta situación también nos afecta a nosotros como entidad”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “hay que llegar a un término de equilibrio para que la situación en las Cooperativas permita garantizar la prestación de los servicios sin generar deuda”.

“La Cooperativa tiene refinanciada parte de la deuda hasta el año 2016. Nosotros ahora tenemos que refinanciar 300 millones para seguir en tratativas con CAMMESA de refinanciar la deuda total”, indicó.

En este marco, destacó que “CAMMESA cobra unos intereses altísimos por no pagar en término el total de la factura”.

Por otro lado, el gerente de la SCPL habló sobre el tema del mantenimiento del Acueducto: “La Cooperativa opera y mantiene el Acueducto y sugiere los cambios que se deben hacer pero son los poderes concedentes quienes encaran estas obras”.

Finalmente, Olveira concluyó que “hace muchos años que no se cambia la cañería de agua y cloacas. Hay instalaciones que datan de 70 años”.

El Comodorense

Son bonos a dos años. La entidad que conduce González Fraga atravesó una situación financiera delicada a fines del año pasado.

El Ministerio de Hacienda, que conduce Nicolás Dujovne, volverá a utilizar al Banco Nación para financiarse, esta vez por 40 mil millones de pesos, a pesar de que la entidad que conduce el radical Javier González Fraga atravesaba a fines del año pasado una situación financiera delicada.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la emisión de bonos por hasta 40 mil millones de pesos (algo más de mil millones de dólares), a ser suscriptos de manera directa por el Banco Nación, “en el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero para el corriente año”. La decisión se tomó a través de una resolución conjunta de las Secretaría de Finanzas y de Hacienda.

Los bonos en pesos tienen como fecha de emisión el 8 de febrero último y de vencimiento el mismo día de 2021. Además, devengarán intereses a la tasa nominal anual equivalente a Badlar más un margen de 200 puntos básicos, pagaderos trimestralmente los días 8 de mayo, 8 de agosto, 8 de noviembre y 8 de febrero, de cada año hasta el vencimiento.

El endeudamiento a través de entidades públicas como el Banco Nación o la Anses fue un mecanismo habitual del kirchnerismo que el macrismo destrozaba desde la oposición pero que utiliza recurrentemente. En los últimos días de diciembre pasado, Dujovne ya había tomado 86 mil millones a través del organismo previsional.

Lo llamativo en este caso es que en los últimos meses del 2018 hubo varias advertencias sobre la situación financiera del Banco Nación, que inclusive hicieron circular versiones de una renuncia de González Fraga. El propio economista radical reconoció que la entidad estaba “en un estrés de liquidez” y que recibieron una indicación del FMI para “no generar capacidad prestable a partir de los depósitos del Tesoro” en pos de no deteriorar la política monetaria.

En el momento de mayores tensiones presupuestarias, el banco tuvo que suspender las operaciones de descuento de cheques y tampoco contabilizó préstamos. Además, no pudo sumarse a un plan de apoyo a las pymes “por falta de fondos” y ofrecía tasas peores que los privados a pesar de que su objeto social es la promoción de la actividad económica.

La toma de fondos de este lunes se suma a lo que establece el Presupuesto aprobado por el Congreso para este año, que obliga al Banco Nación a hacerle un aporte al Tesoro de $15.000 millones, que se suma al giro de utilidades a las que quedó comprometido desde 2018 y que se estima que la cifra total no descenderá de los $25.000 millones.

La Política Online

El secretario del Consejo de Administración de la SCPL, Elías Jones, se refirió a la situación económico-financiera que atraviesa la entidad en relación a la abultada deuda que las distribuidoras mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Al respecto expresó que “la Cooperativa continuará haciendo todos los esfuerzos para no trasladar los costos a los asociados, que se incrementaron por la política que el Gobierno Nacional viene implementando con la quita de subsidios a la energía”.

Tal como se anunció en la conferencia de prensa, respecto a la deuda con CAMMESA, “no vamos a permitir que este incremento tenga que soportarlo la gente que paga sus servicios. La realidad es que nos estamos endeudando para no trasladar los costos a los asociados, por eso es necesario que trabajemos todos juntos para garantizar la continuidad de los servicios y a costos accesibles”, explicó Jones.

Jones se refirió a las declaraciones realizadas en la última conferencia de prensa, “las autoridades municipales tergiversan el mensaje con fines políticos. El 45,95 por ciento representa la desactualización tarifaria. No se envió ninguna solicitud de aumento al Concejo Deliberante, ni tampoco se enviará un pedido de tal envergadura”. Además precisó que “lo que se hizo fue aclarar cuál es la situación en la que se encuentra la Cooperativa. Esperamos que las autoridades municipales reflexionen y se enfoquen en la problemática que estamos atravesando, y no en el cambio de autoridades del Consejo de Administración, que votaron la inmensa mayoría de delegados en la última asamblea, tras una elección democrática y transparente”.

Desde la entidad aclararon que “no hay ninguna solicitud en el Concejo Deliberante por un aumento del 50 por ciento de la tarifa”, lo que “se expresó en la conferencia de prensa fue cuál es la situación que atraviesa la SCPL, que hace diez años viene en una debacle. La deuda de 1.300 millones de pesos con CAMMESA se generó por soportar actualizaciones tarifarias del Gobierno Nacional, y cabe mencionar que, a pesar de la importancia de los servicios públicos, la energía y el agua carecen totalmente de subsidios, a diferencia del transporte, la recolección de residuos e incluso el gas, que están en manos de privados y sí cuentan con ellos”, indicó Jones.

Asimismo, comentó que el jueves pasado, “se mantuvo una reunión con funcionarios provinciales, representantes de la federación de las cooperativas y de las seis distribuidoras energéticas de la provincia, donde se trataron distintos caminos en los cuales la Provincia podría colaborar para arribar al pago con la deuda con CAMMESA”.

Para finalizar, Jones manifestó que “llevamos tres meses al frente de la institución y nuestro principal objetivo es tener una administración transparente, una prestación de servicios eficiente y que nuestra Sociedad Cooperativa recupere el prestigio y la confianza que supo tener de los vecinos”.

El Comodorense