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El foco de los inversores está puesto en qué tipo de quita habrá. En el FMI creen que se debe negociar rápidamente.

Fue una semana muy intensa para la Argentina en Washington y no solo por la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: esa fue la excusa formal por la que llegaron a esta capital ministros de Hacienda y presidentes de Bancos Centrales de 188 países. Pero lo más interesante sucedió a puertas cerradas en algunas oficinas del Fondo y en reuniones en distintos hoteles de la ciudad, incluso en algunas cenas privadas donde participaron, juntos y/o por separado, los principales protagonistas de la escena nacional. Gobierno, “albertistas”, inversionistas y representantes del FMI comenzaron a imaginar alternativas para una salida de la crisis argentina.

¿Cómo pagar la deuda? ¿Qué características tendría un reperfilamiento? ¿Quita o no? ¿Qué exigiría el Fondo? ¿Quién sería el mejor ministro para lidiar con lo que viene? Estas preguntas circularon en el Fondo y también en las charlas que importantes bancos y agencias financieras como JP Morgan, Barclays, Itaú, XP Securities, Jeffries, entre otros, ofrecieron estos días en Washington para distintos grupos de inversionistas interesados en el caso argentino, donde los invitados se comprometen a no revelar lo que han dicho o escuchado, aunque Clarín pudo averiguar qué se dijo.

En estas reuniones –y de otras más pequeñas— expusieron entre otros el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; el jefe del Banco Central, Guido Sandleris; el secretario de Finanzas Santiago Bausili; el ex jefe del Banco Nación, Carlos Melconian y los economistas “albertistas” Emanuel Alvarez Agis y Guillermo Nielsen. También habló Alejandro Werner, el jefe del Fondo para el Hemisferio Occidental. En algunas llegaron a asistir 250 inversionistas, otras fueron desayunos o cenas reservadas en hoteles o lugares lejos del edificio del Fondo.

Poco antes de partir de regreso a Buenos Aires, Lacunza fue muy escueto este sábado ante corresponsales argentinos en esta capital: “Creo que hay un camino posible que involucra una negociación voluntaria y rápida con el mercado; la continuidad del acuerdo con el Fondo y un programa de prudencia fiscal”, dijo.

En Washington esto se interpreta como un reperfilamiento de deuda con extensión de plazos de pago y sin quita (nadie aceptaría “voluntariamente” que le saquen capital o intereses), una reformulación de plazos con el Fondo y equilibrio fiscal. Un recorte, estiman, podría lastimar la confianza de los mercados y ver dificultado luego el acceso. Todo esto debería ser “rápido”.

En el Fondo también aseguran que no hay que perder tiempo. En eso están en sintonía con los funcionarios argentinos que estuvieron esta semana en Washington mostrando los números de la economía para saber dónde están parados y que el futuro presidente, sea quien sea, pueda arrancar enseguida a negociar. El FMI quiere definiciones claras para dar cualquier paso. Ya lo advirtió la propia jefa del organismo Kristalina Georgieva, que dijo el jueves que están “muy interesados en ver qué marco de políticas se establecerá” en un futuro gobierno de cara a una renegociación del programa standby de 57.000 millones de dólares.

El FMI quiere ver un programa “consistente” de Fernández porque estiman que sus políticas no son claras. Una renegociación con el organismo podría significar que se suplante el standby por un crédito de Facilidades Extendidas, con plazos más laxos. Pero esto implica, más allá de un compromiso de equilibrio fiscal, la concreción de reformas estructurales. El Fondo vería con agrado cambios rápidos e importantes en el esquema impositivo y previsional. Son señales que esperan de Fernández. Una reforma laboral, en cambio, podría esperar.

Pero sucede que los “albertistas” que estuvieron en las reuniones con los inversores –aunque declaran que solo han venido a Washington a título profesional y no político— no habrían podido despejar las dudas de lo que haría Fernández si fuera elegido presidente. Algunos de los asistentes dijeron a Clarín que los economistas hablaron en forma nebulosa de un programa más bien de corto plazo, basado en un “acuerdo social con expansión monetaria y cierto control de cambios” y “sin demasiado énfasis” en el equilibrio fiscal. Uno de ellos, dicen, estuvo “muy duro” con el Fondo y los bonistas, por lo que infirieron que podría estar a favor de una quita de capital.

Una tercera opción que circuló estos días en Washington es que una renegociación debería incluir una quita, pero solo de intereses. Y después ver cómo reacciona el mercado con el hecho consumado.

¿Pero quién sería el ministro capaz de lidiar con el delicado escenario que viene? En el Fondo creen que debería ser alguien con conocimiento y espaldas suficientes como para pilotear la renegociación con los privados y con el organismo, además del caótico día a día de nuestro país. Pero algunos inversionistas señalan que, de ganar, Fernández podría poner una figura de menor peso para que luego pague el costo político de las reformas, que podrían no ser muy populares. Una tercera podría unir las dos cosas: un ministro sin demasiado nombre, pero con alguien de más peso y manejo macroeconómico detrás, en las sombras, moviendo los hilos de lo que viene, informó El Clarín.

Así lo informó el Ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la Provincia, quien inició este jueves gestiones en Buenos Aires para destrabar la medida.

El ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos del Chubut, Gustavo Aguilera, mantuvo este jueves una reunión con representantes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía (CAMMESA) para destrabar un embargo sobre las cuentas de la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia.

En declaraciones con la prensa, Aguilera comentó que “han embargado las cuentas de Servicios Públicos, y es por eso que concurrimos a Cammesa, en Buenos Aires, para ver cómo encarar la situación y destrabar el embargo, y de esa manera ver opciones de pago”.

«La deuda es de aproximadamente 358 millones de pesos y el embargo es por 138 millones de pesos, que son parte de esta deuda», detalló Aguilera y explicó que “ayer nos notificaron de la medida judicial y nos dieron un plazo de 12 días, para contestar la demanda. Hoy entró la instrucción de embargo de las cuentas de Servicios Públicos”.

A su vez, el Ministro precisó que “a medida que se vaya depositando ingresos por la venta de energía o por otros ingresos, se va descontando la deuda. La idea es lograr cancelarla con algún descuento financiero y poder destrabar el embargo en los próximos días para no tener mayores problemas”.

Y agregó: “Si todo sale bien entre 5 y 10 días levantaríamos el embargo. De esas cuentas se paga los viáticos del personal, gastos de combustible, descuentos judiciales. No son cuentas que puedan llegar a cancelar el reclamo en forma inmediata, porque no se maneja esa cantidad de fondos».

«De ninguna manera (la deuda es impagable). La deuda argentina son 314.000 millones de dólares, eso es el 68% del Producto Bruto Interno del país. Es una deuda de una magnitud razonable. No tenemos un problema de solvencia, por lo que no hay incobrabilidad», dijo el funcionario.

En declaraciones a radio La Red antes de su participación en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Lacunza sostuvo que la Argentina tiene ahora «un problema de liquidez».

«Esto es como si vos cobraras 100 pesos por años y tenés una deuda de 70, pero cada vez que vencen los plazos tu acreedor no te quiere renovar nada porque tiene dudas sobre tu futuro», afirmó el funcionario.

Según dijo, después de las elecciones primarias a la Argentina «no le están renovando nada», lo que llevó al Gobierno a implementar el reperfilamiento de la deuda de corto plazo y enviar un proyecto de ley al Congreso para avanzar con la extensión de los plazos del pasivo que vence en los próximos cuatro años.

«Es una situación transitoria de iliquidez: hay recursos, hay reservas para solventar ese fenómeno transitorio, pero tenemos que recuperar el mercado de crédito voluntario. En el primer trimestre del año que viene tenemos que tener resuelto esto», dijo.

El funcionario dijo que el Gobierno «no está evaluando» ajustar el control de capitales, es decir, bajar el techo de 10.000 dólares para la compra mensual de divisas, dada la escasez de billetes estadounidenses en el país. .

«Tomamos las medidas que tomamos con el objetivo y la prioridad de preservar al ahorrista y al ciudadano de a pie. Esas medidas que fueron reperfilar la deuda de corto plazo y los controles de capitales están funcionando», aseguró el funcionario.

Señaló en ese sentido que en el primer mes posterior a las PASO se fueron 15.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central y en el segundo mes, 2.500: «Es decir, bajó a un sexto y básicamente todo asociado a pagos de la deuda».

«Las medidas están funcionando y no tenemos un cambio en cartera sobre ese tema», sostuvo Lacunza.

Sin una perspectiva de un avance en los proyectos de » reperfilamiento» enviados al Congreso semanas atrás, el Gobierno pidió hoy una renegociación de la deuda «rápida y voluntaria» para poder volver a los mercados voluntarios tras las eleciones presidenciales, negó un ajuste mayor del cepo y ratificó, antes del viaje a Washingtondel equipo económico para participar de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que usando todas las flexibilidades permitidas logró cumplir con la exigente meta del tercer trimestre.

«Es necesaria una renegociación de la deuda voluntaria y rápida», afirmó el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza,en la conferencia de prensa en el quinto piso del Ministerio de Economía,luego de presentar los datos fiscales-en rojo- de septiembre y luego de una revisión de la cronología de la deuda pública con cierto tufillo a respuesta electoral al kirchnerismo luego del primer debate presidencial que se llevó a cabo del domingo.

«Hay que conversar con los acreedores sobre la sustentabilidad de la deuda. La Argentina necesita recuperar el crédito voluntario. Los niveles actuales de deuda no son tan importantes, pero ningún país puede pagar cash sus compromisos», estimó Lacunza, acompañado duramte su presentación por Sebastián Katz(viceministro), Santiago Bausili (secretario de Finanzas) y Rodrigo Pena(secretario de Hacienda).

«No hay tiempo para perder. Hay que encarar una conversación sincera y voluntaria», agregó el ministro, que descartó nuevas medidas de control de cambios. «No está en el tapete», cerró.

Lacunza, que viaja mañana a Washington para participar de la Asamblea Anual de FMI, dijo que se reunirán el viernes con la directora gerente del organismo, Kristalina Giorgeva,y con el subdirector, David Lipton.«No va a haber definiciones sobre el desembolso (de US$5400 millones previsto para septiembre). Será un seguimiento», afirmó el ministro, que destacó nuevamente que en la actualidad el país tiene un problema de liquidez y no de solvencia.

Con relación a las metas del tercer trimestre del año, el resultado fiscal de septiembre mostró un déficit primario de $25.368 millones, y otro financiero de $76.224 millones. Los intereses de la deuda tuvieron una significativa suba de 54%. El rojo fiscal tuvo que ver en parte, resaltó el ministro de Hacienda, con las medidas «paliativas» lanzadas por le Gobierno post PASO. Lacunza resaltó que son 27 los meses en los que los ingresos crecen por encima del gasto, y que se trata de los primeros nueve meses del año con superávit primario desde 2011. «Entre 2011 y 2015 no hubo desendeudamiento», dijo.

En los primeros nueve meses del año, el resultado primario mostró un superávit de $22.892 millones,mientras que el rojo financiero fue de 456.091 millones.Lo intereses de la deuda en ese lapso crecieron 107,7%. La meta con el FMI del tercer trimestre, la mas difícil de lograr, imponía un superávit acumulado a septiembre de $70.000 millones.A su vez, el FMI habilitó al Gobierno una flexibilidad (0,3%del PBI en gasto social y 0,2%en gasto de capital), que suavizaban esa meta. Sólo usando esos amortiguadores, el Ministerio de Hacienda logró un sobre cumplimiento, según oficializaron hoy, de 25.375 millones.Para fin de año, Lacunza volvió a ratificar que esperan un déficit de 0,5%del PBI, tal como se presentó al Congreso.

Varias consultoras privadas, en cambio, vienen estimando para el cierre de 2019 un déficit primario de cerca de 1%,ya que el último período del año es estacionalmente menor en ingresos que en gastos (pagos de aguinaldos, entre otros egresos). «Hay un sendero de cumplimiento más allá de la estacionalidad de diciembre», dijo Lacunza, que destacó la «conducta fiscal responsable (del Gobierno) no es un comportamiento aislado».

Tras difundir los datos fiscales, Lacunza se mostró interesado realizar una cronología de la deuda de los últimos años con el objetivo de licuar las críticas del kirchnerismo. Antes destacó que la mejora fiscal se logró con una baja de impuestos a empresas y provincias de 3 puntos porcentuales del PBI y con una reducción de gasto, particularmente subsidios. «Los impuestos en la Argentina son altos, pero menos que hace 4 años», dijo el ministro. Mencionó que las subas de retenciones al campo equivalen a un 7% (gracias a que son montos fijos y fueron licuados tras as sucesivas devaluaciones del peso) y antes eran un 20%.

«Cuando hay déficit, se puede financiar con más emisión, lo que si no hay demanda de pesos genera más inflación; con deuda, que a la larga trae problemas; y con la vía de reducción de activos (uso de reservas)», explicó el ministro, que destacó que «no hubo desendeudamiento» entre 2007 y 2011 (el período en el que gobernó Cristina Kirchner).

Lacunza dijo que se asumió con siete puntos de déficit en 2007 (si se suman los pagos a las provincias y el anticipo de ganancias por el cepo), y recalcó que los US$45.000 millones que ya desembolsó el FMI se usaron para pagar deuda, tanto incluso que el pasivo cayó en US$10.000 millones. «No hay financiamiento de la fuga de capitales», cuestionó, informó Nación.

Cristina Fernández pidió que la deuda «la paguen los que más la disfrutaron» y se burló de Macri.

La ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos (FdT), Cristina Fernández de Kirchner, reclamó que el peso del pago de la deuda externa recaiga «en mayor parte en los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron», dijo que el país «está fundido» y se mofó del jefe de Estado, Mauricio Macri, al que calificó de «chispita».

La ex mandataria volvió a hacer campaña por el FdT tras su regreso de Cuba, donde estuvo junto a su hija Florencia, quien está haciendo un tratamiento médico, con el formato de presentación de su libro «Sinceramente» en El Calafate (Santa Cruz)..

Tras instar a «poner lo mejor que podamos poner» para acuerdos futuros, Cristina Fernández reivindicó su gobierno y el de su marido, Néstor Kirchner, diciendo que «no han podido con la memoria de lo que se hizo durante doce años y medio en los que la gente advirtió que se podía vivir mejor».

«La unidad del peronismo no es poca cosa», en ese marco, aseguró, y alertó: «Los que en algún momento pensaron que tenían destinos individuales adviertan que no hay destinos individuales en el campo nacional, popular y democrático».

Añadió que «puede haber experiencias mediáticas, pero el proyecto argentino requiere de la profunda unidad nacional del campo popular y también de sectores afines que, sin estar de acuerdo en todo, coinciden con lo central del país».

Sobre el debate presidencial, lamentó que no se comentara «absolutamente nada» de cuestiones mencionadas por candidatos que «en otro país serían un escándalo», pero aclaró que no lo vio porque «estaba con gente en casa».

Según se supo en la jornada de ayer, Andes Líneas Aéreas aceptará el pago en bonos Ticadep, como anunció el Intendente Ricardo Sastre, pero depende también de la gestión para que pueda abastecerse de combustible.

De hecho, de suceder esto, de inmediato estaría en condiciones de volver a asumir la ruta a Puerto Madryn, quedando demostrado que la empresa tiene la voluntad de seguir operando Puerto Madryn como hace 14 años lo hace. La empresa confirmó que la deuda es de 180 millones y que no cobraban desde 2016.

Mientras tanto, el vuelo de ayer y el de hoy figuran cancelados en la pagina de Aeropuertos Argentina 2000, y los siguientes, según se supo, están «suspendidos», a la espera de un desenlace favorable del conflicto.

Aeropuerto vacío

La cancelación del vuelo de Andes Líneas Aéreas de ayer viernes hizo que el Aeropuerto El Tehuelche presentara un panorama desolador. Apenas un puñado de trabajadores de la estación portuaria hacían frente a los pocos y frustrados pasajeros que llegaban hasta el aeropuerto para saber qué ocurriría con su vuelo, ya que el personal de Andes no se hizo presente en los mostradores y las oficinas ubicadas sobre la avenida Roca permanecieron cerradas.

Obviamente, las reacciones de quienes llegaban a El Tehuelche fueron dispares: viajeros extranjeros que se lo tomaban con tranquilidad, turistas que se lamentaban por quedar varados y otros, un poco más ofuscados, exigían la presencia de representantes de la empresa. De todas maneras, la gran mayoría de los pasajeros fueron avisados por correo electrónico de la cancelación del vuelo y luego recibieron un segundo mail ofreciendo un boleto abierto para cualquier momento del año o la devolución del dinero del pasaje.

Cabe recordar que Andes canceló los vuelos del viernes y sábado, mientras que están suspendidos los correspondientes a domingo y lunes.

Los estados subnacionales tienen en conjunto endeudamientos por más de 20.000 millones de dólares. Hay casos puntuales en donde la deuda no es alarmante.

Chubut está ubicada en un preocupante ranking: En la cuarta provincia con mayor nivel de deuda detrás de Buenos Aires, Córdoba y Ciudad Autónoma. Pero el dato más alarmante es que si se toma como parámetro los ingresos en comparación con la deuda emitida, Chubut ocupa el primer lugar por lejos.

La provincia que conduce el gobernador Mariano Arcioni tiene que afrontar obligaciones por u$s761.655.449 hasta el 2026. Pesificando esta cifra al tipo de cambio oficial, la suma friolera de 45.699 millones de pesos.

Trazando un paralelismo, este monto representa el 70 por ciento del total del presupuesto 2019 de la provincia del Chubut, que de acuerdo a las ampliaciones ronda en los 65.000 millones de pesos.

EL RANKING DE LAS PROVINCIAS

La provincia al tope del ranking de endeudamiento es la provincia de Buenos Aires que conduce María Eugenia Vidal. El dato no es llamativo, tomando como referencia las dimensiones del distrito que posee casi 17 millones de habitantes.

Buenos Aires tiene que afrontar pagos de deuda en los próximos años por u$s9.822 millones, según describe un informe del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (IARAF) al que accedió EL CHUBUT. Esta suma representa el 48,2 por ciento del total de la deuda de los estados subnacionales. 

En segundo lugar, lejos, se posiciona Córdoba con una deuda de 2.594 millones de dólares y cierra el podio la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gobierna Horacio Rodríguez Larreta con u$s1.663 millones. 

En cuarto lugar aparece Chubut con una deuda de u$s761.655.449 producto de las colocaciones y préstamos del Fideicomiso Financiero Chubut 2020, Bodic I, Bodic II, Bocade y Bopro.

Muy cerca quedó Mendoza con u$s736 millones y Entre Ríos con 739 millones de dólares. 

Llamativamente, una de las provincias más grandes del país en cuanto a población quedó con niveles de deuda muy bajos: Santa Fe tiene que afrontar compromisos por u$s645 millones. De acuerdo a entrecruzamiento de datos que realizó EL CHUBUT, este monto representa apenas un 14% del total del presupuesto 2019 del distrito que conduce Miguel Lifschitz, que asciende a los $277.000 millones.

Hay un tercer grupo que está en materia de deuda por abajo de los 400 millones de dólares, como es el caso de Chaco, San Juan y Río Negro, y un último pelotón con menos de 50 millones de dólares como las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Pampa y Santa Cruz. 

El caso más emblemático y que demuestra una gestión prolija en materia de deuda es San Luis, quien no posee endeudamientos en dólares.

PROBLEMAS DE LIQUIDEZ

La falta de mercados externos de deuda y la baja en la recaudación está afectando a las cajas provinciales. Gersan Zurita, Senior Vice President de Moody’s, advirtió que «las provincias y los municipios tendrán problemas de liquidez como resultado de la dificultad para refinanciar los vencimientos de deuda ante la restricción del acceso a los mercados».

La situación es preocupante y según un trabajo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), «en 2018, frente a la caída de ingresos reales, las provincias bajaron el gasto real en mayor medida. Esa dinámica permitió pasar de un déficit primario a superávit primario».

«Para 2019 se repite la situación de caída de ingresos reales. De manera que una provincia que no reduzca su gasto a la misma velocidad estará licuando superávit. Con mayor razón, si el gasto aumenta, muy probablemente entre en región de déficit primario, situación complicada en un año en el que el financiamiento voluntario está cortado», indicó el estudio, informó El Chubut.

La idea de reprogramar los pagos sin modificar los montos se sustenta en la creencia de que así se volvería a conseguir financiamiento internacional. Pero tendría altos costos.

Alberto Fernández anunció que en caso de llegar a la presidencia intentará una renegociación de la deuda pública «a la uruguaya» y abrió un abanico muy amplio de sensaciones y análisis.

Esa forma de encarar la reprogramación de la deuda contemplaría una prolongación de los plazos de pagode los bonos, pero sin contemplar quitas en el capital o los intereses.

La primera sensación de los operadores financieros fue de aliviopor considerar que el candidato del Frente de Todos se acercaba a propuestas moderadas y amigables para encarar un problema de alta sensibilidad para una Argentina estancada y sin posibilidades de financiamiento externo.

Cualquiera sea el candidato que gane las elecciones tendrá que enfrentar una realidad palpable: los pagos de deuda pública entre enero y diciembre del año próximo representan US$29.000 millones repartidos casi en mitades entre obligaciones en dólares y en pesos. Y con esos números se inició una discusión profunda entre los economistas sobre cómo encarar la reprogramación de los pagos.

La posición de los economistas «albertistas» de que el «reperfilamiento» debe consistir solo en el alargamiento de plazos se basa en la creencia de que por esa vía se aceleraría la posibilidad de volver aconseguir financiamiento en el mercado internacional.

El punto difícil de esa posición es que, sin quita, el ajuste que deberá encarar el Gobierno para conseguir un superávit fiscal creíble sería muy importante.

Amodo de síntesis, el dilema de la deuda se resume en que a menor quita en los bonos, el superávit fiscal necesario será mucho mayor para convencer a los acreedores de que los pagos estarán garantizados. Más quita exigiría menos superávit pero, se supone, menos confianza de los mercados.

La urgencia para el próximo Gobierno, además, está en que los compromisos más abultados del año próximo se concentran entre enero y mayo (casi US$23.000 millones).

La sensibilidad del problema, además, se agudiza al ver la necesidad de emitir pesosque tendría el Central y el posible impacto inflacionario, aun cuando un posible Gobierno de Alberto Fernández pondría en una situación destacada un acuerdo de precios y salarios para combatir la inercia inflacionaria.

La moderación de las declaraciones de la oposición contrasta con la baja de las reservas del Central que desde la jornada previa a las PASO del 11 de agosto se redujeron en US$18.000 millones, en torno de 27%, para ubicarse en US$48.000 millones.

Una de las definiciones sensibles de la semana estuvo a cargo del titular del Banco Central, Guido Sandleris: «Hay dólares suficientes para llegar hasta diciembre». La pregunta sin respuesta es ¿y después, qué?

Quien gane las elecciones tendrá a su favor la posibilidad de que el FMI desembolse los dos tramos restantes del préstamo que acordó el Gobierno (unos US$10.000 millones), pero que quedó a tiro de una renegociación.

Fernández despliega su propuesta de un acuerdo con la CGT y la Unión Industrial como su propuesta antinflacionaria de arranque. Habrá que esperar para ver de qué esta acompañado este esquema que ya demostró éxitos de corto plazo y fracasos categóricosen la historia argentina. Sin sustento en la macroeconomía, esos acuerdos terminan haciendo agua.

La Argentina de estos días demuestra que a la hora de sentarse en la mesa de negociación aparecen más los pedidos de ventajas que las concesiones sectoriales para afrontar los costos de los armados políticos.

Para edificar un acuerdo sólido en materia de precios y salarios habría que pensar en dos bases de sustentación: un camino hacia el superávit fiscal y la posibilidad de estabilizar el dólar por un tiempo.

Curiosamente, en estos días el Gobierno y la oposición sostienen que el actual nivel del dólar es adecuado en términos de competitividad, pero todos se cuidan de hacer pronósticos firmes. La incertidumbre sobre si efectivamente habrá un plan económico creíble que permita pensar en bajar la inflación, hacer sostenible el pago de la deuda y abrir las puertas para salir del estancamiento, es muy alta. Y es un freno fuerte para las expectativas y el optimismo, informó El Clarín.

El Gobierno comenzó a usar en las últimas horas dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había prestado para «fortalecer las reservas» en forma precautoria -estaban en una cuenta del Tesoro en el Banco Central- con el objetivo de pagar deuda en pesos y en la divisa estadounidense.

El Ejecutivo usó con este destino US$1430 millones el viernes y otros US$533 millones el lunes, de aquella partida que en origen había sido de US$7263 millones, según surge de las estadísticas del BCRA. Así, del dinero que aportó el Fondo quedan ahora US$5306 millones. Los dólares fueron adquiridos por la entidad monetaria, explicaron en el Ministerio de Hacienda.

Según aclararon en el Ministerio de Hacienda a LA NACION, se tomaron US$1926 millones del Tesoro con el objetivo de cancelar deuda. Cerca del ministro, Hernán Lacunza, precisaron que los vencimientos pagados fueron Letes en dólares, Lecap en pesos, Bono PAR y préstamos del BID y de la CAF. También se pagó una deuda con el Banco Nación.

«Estos recursos son parte del préstamo acordado con el FMI, son depósitos del Tesoro, previstos para refuerzo presupuestario, de carácter precautorio. Mientras continuamos las conversaciones con el FMI con vistas a la quinta revisión del acuerdo Stand-By y un nuevo desembolso, el Gobierno está haciendo uso de parte de recursos para atender sus distintos compromisos presupuestarios y financieros», dijo la fuente oficial, y aclaró que esta idea se conversó en Washington la semana pasada y que, por lo tanto, el Fondo «está informado».

Fuentes cercanas a la negociación en Washington aclararon a este medio que «estos desembolsos se ponen a disposición de las autoridades de los países miembros para fines de balanza de pagos y, en algunos casos específicos, para apoyo presupuestario».

Desde el Banco Central señalaron a LA NACION que estas operaciones fueron parte de las habituales compras de dólares que la entidad le hace al Tesoro nacional «cuando tiene necesidad de pesos». Pero que esos recursos «siempre fueron de Hacienda».

El dato intranquilizó al mercado, que lo leyó como una demostración más de la escasez de recursos, y estrecha el desfiladero que atraviesa la golpeada economía local, a pesar de que mejora el cálculo de «reservas netas» que algunos hacían, sin considerar estos fondos como «disponibles» en la realidad, dada la restricción que había impuesto el FMI en un principio.

En el Gobierno informaron que esa partida, que fue parte del primer paquete de financiamiento al que país accedió el año pasado tras firmar un acuerdo con el FMI y tenía ese destino específico, quedó habilitada luego de su revisión para ser utilizada para cubrir «gastos presupuestarios o pagos». Y aclararon que el movimiento fue debidamente informado al FMI, que no lo objetó, aunque en los hechos no necesitaba aprobación previa.

En el mercado hubo otras lecturas. «Algunos interpretan que este permiso del FMI fue la contracara de no haber mandado el nuevo desembolso [los US$5400 millones que siguen pendientes de envío]. Si fuera así, y dado que el dinero es fungible, el no mandar el desembolso es más una estrategia de cara a Alberto Fernández que un reto a Mauricio Macri», interpretó el economista Gabriel Caamaño, de Estudio Ledesma, en obvia alusión a que de ese modo le generaría incentivos al hoy candidato para que encare una negociación con el Fondo.

Para el economista Martín Kalos, de la consultora Elypsis, que el dinero que debía ser mantenido en reservas del BCRA pase a ser usado demuestra que casi no queda punto en pié del acuerdo original con el FMI».

«Esto pasó de ser un fortalecimiento a un desfortalecimientode las reservas», evaluó por su parte Santiago López Alfaro, de Delphos Investment, al evaluar la transferencia.

El uso de esta partida por parte del Tesoro nacional se produjo una semana después del regreso del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, de Washington, donde se reunió con los técnicos del FMI y tuvo el primer encuentro con Kristalina Georgieva, la nueva titular de la entidad multilateral.

Allí se había presentado con intenciones de apurar el desembolso pendiente por US$5400 millones, que estaba previsto para mediados de septiembre y quedó postergado y sin fecha. De allí que en el mercado se interpretó que, a cambio, surgió un guiño del organismo para el uso de esta partida. Después de todo eran fondos ya desembolsados.

Informó, La Nación.

Alberto Fernández busca una salida «a la uruguaya» para aliviar la carga que representa en la actualidad la deuda pública. La experiencia del país vecino para reestructurar sus pasivos con los acreedores incluyó un acuerdo voluntario y solo por plazos de pago, sin quitas de capital.

El candidato a presidente del Frente de Todos consideró este jueves que la deuda deberá ser rediscutida «en una negociación seria y sensata con los acreedores» para «ganar tiempo para crecer», según apuntó en un almuerzo de la Fundación Mediterránea en Córdoba.

«No va a ser tan difícil de hacer lo que hizo Uruguay», comparó el exjefe de Gabinete, que encabeza la fórmula secundado por la expresidenta Cristina Kirchner. «He hablado con varios fondos de inversión: es ganar tiempo y no hacer quitas», insistió.

La propuesta de Alberto Fernández se asemeja a la que ya hizo oficialmente el Gobierno nacional para los bonos de mediano y largo plazo: un canje voluntario que no realice ninguna quita de capital y que reprograme las fechas de pago. Bajo esa premisa funcionarios del Ministerio de Hacienda están en conversaciones con bancos internacionales para discutir sobre los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. Un tratamiento similar tendrán los bonos regidos por la legislación local.

La experiencia uruguaya: cinco años más para pagar la deuda
Uruguay empezó a tener problemas de sostenibilidad de su deuda como un coletazo del estallido económico y social de fines de 2001 de la Argentina, uno de sus principales socios comerciales. Hacia 2003 el Gobierno del presidente Jorge Battle decidió encarar una reestructuración de sus pasivos para evitar una cesación de pagos.

El resultado de la negociación con los tenedores de su deuda del sector privado y con el Fondo Monetario Internacional, que también era acreedor de Uruguay, fue un aplazamiento en los tiempos de pago de cinco años, sin quita de capital y de forma voluntaria de casi U$S5000 millones, poco menos de la mitad de la deuda total del país. De esa forma, evitó caer en default.

«El caso uruguayo fue sumamente exitoso. En esa ocasión el FMI también estaba involucrado como acreedor y acompañó la negociación para que sea favorable para todos los tenedores de la deuda. Lo más importante fue que existió una coordinación entre todas las partes. Una reestructuración así requirió una cooperación y que todas las partes cedan un poco para que pueda tener éxito», explicó, a TN Ailín Do Pazo Glave, analista de Criteria.

Martín Vauthier, director de la consultora EcoGo, agregó que como no se trató de un canje forzoso «fue una solución amigable para el mercado». «Si bien no hubo quitas nominales, sí existió una baja en lo que se llama el ‘valor presente’ del bono. No vale lo mismo un título a cobrar el año que viene que otro a cobrar unos años más adelante», comentó a este medio. «Esta postergación mejoró significativamente la capacidad de pago de Uruguay», apuntó.

La sostenibilidad de la deuda argentina en los próximos años, entendida como la capacidad real que tiene el país para afrontar los pagos de intereses y de capital, marcará la conveniencia que tendrá una salida «a la uruguaya». La forma de medir la efectividad que tendría ese método es observar qué consecuencia tendría en el indicador que mide la cantidad de pasivos en relación al Producto Bruto, que algunos analistas ubican cerca del 100%. Si la solución fuera insuficiente, los problemas de solvencia podrían volver pocos años después.

«El objetivo de una reestructuración es restablecer un nivel de deuda de equilibrio y sostenible en el mediano plazo, teniendo en cuenta las posibilidades de crecimiento de la economía, el tipo de cambio y un superávit fiscal que te permita repagar. Si no corrés el riesgo de solo patear para adelante la deuda 2 ó 3 años y volver a estar ‘estrangulado’ de nuevo más adelante», opinó Do Pazo Glave.

En ese sentido, Vauthier consideró que una particularidad clave de la Argentina es que el nivel de riesgo país actual cierra completamente las puertas del mercado. «Cuando uno mira los flujos hacia delante, el ratio de deuda y PBI es manejable. Si ese porcentaje correspondiera por ejemplo a Brasil o Perú no sería riesgoso. Pero con este riesgo país no hay acceso al mercado. Y eso pasa por cuestiones coyunturales -cuál va a ser el programa fiscal y monetario a partir de 2020 y de largo plazo -exportaciones e inversiones que te hagan poder conseguir dólares para pagar la deuda», aseguró el economista de EcoGo.

Fuente: TN