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Fueron detenidos un total de 21 personas en 39 allanamientos simultáneos que se realizaron este martes en unas cinco provincias y que fueron dispuestos por el Juez Federal de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires; Juan Pablo Augé.

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La investigación se encuentra a cargo de Fiscal Federal Nº 2 de esa ciudad, Cecilia Incardona; e inició hace unos 8 meses atrás por un caso de presunta contaminación, lo que derivó en la detección de operaciones irregulares que se realizaban en una destilería en Valentín Alsina, en Lanús.

Así se detectó que los detenidos habían “pinchado” un oleoducto de YPF que transporta el petróleo desde Puerto Rosales a la refinería más grande de la petrolera, en Ensenada. La perforación se hizo en inmediaciones de Bahía Blanca, se hizo un “bypass” en medio de la nada y a partir de datos precisos iban al lugar, se conectaban y retirar el crudo en camiones.

Luego lo trasladaban a la destilería donde lo refinaban para comercializarlo de manera clandestina, provocado un desfalco que superaría los 5 millones de dólares según las primeras estimaciones.

Una vez descubierta la maniobra, se trabajó para intentar determinar quiénes eran los integrantes de la banda y así se pudo establecer que existían conexiones en la región patagónica, puntualmente en Catriel y Roca, en Río Negro; y en Neuquén, Cutral Co y Plaza Huincul, en la provincia neuquina.

Las más de 30 órdenes de allanamiento, incluyeron también procedimientos en la Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en La Pampa.

Participaron varias divisiones de Policía Federal Argentina, técnicos de YPF y funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Una vez se aprendieron los 21 detenidos, las autoridades informaron que además de secuestrar elementos de interés para la causa, también descubrieron una posible contaminación ambiental en una empresa de tratamientos de residuos peligros en la Comarca Petrolera neuquina.

Precisamente, en la Capital neuquina, a uno de los aprehendidos se le secuestraron herramientas de precisión muy específicas que podrían haber sido utilizadas para la maniobra del “bypass”.

En tanto, en Roca, se detuvo a otro hombre y le secuestraron elementos electrónicos e informáticos vinculados de manera directa a la pinchadura del oleoducto. También incautaron distintas herramientas, un arma de fuego y muestras de tierra contaminada.

En Catriel, hubo otra persona detenida y vinculada a la organización, a la que le secuestraron herramientas, vehículos y cañerías que podrían estar relacionadas con el delito investigado.

Los detenidos fueron trasladados a un establecimiento carcelario de Neuquén capital donde están a disposición de la Fiscalía de Lomas de Zamora.

Finalmente, se detalló que se secuestraron 12 millones de pesos, 3.700 dólares, 2.485 euros y 1.010 pesos bolivianos, 7 camiones, 6 cisternas y 12 livianos, una bombas de succión, 15 tramos de manguera para camión cisterna, soldadores y herramientas especiales.

También se incautaron 17 teléfonos celulares, 5 armas de fuego (una pistola Glock calibre 40, 3 escopetas calibre 16 y una carabina calibre 22 de precisión) todas en buenas condiciones de mantenimiento y de funcionamiento, 130 balas y cartuchos de diferentes calibres.

Sucedió este lunes a las 3 am, en circunstancias que un patrullero realizaba su recorrido de control habitual y durante el mismo, los policías pudieron notar que en calle 25 de Mayo y Maipú, un hombre parecía estar inhalando cocaína. Se trataba de uno de los tres ocupantes de un Volkswagen Polo, que estaba estacionado frente a un bar muy conocido de Dolavon.

Los uniformados se acercaron al Polo gris, y solicitaron que desciendan los sujetos para identificarlos y corroborar que tipo de sustancia transportaban. Los tres hombres eran mayor de edad y oriundos de la vecina ciudad de Trelew. Efectivamente se trataba de cocaína, ya que ante la presunción se dio intervención a la División de Drogas de Trelew, y los mismos confirmaron la presencia de droga.

Si bien desde la Fiscalía de dispuso que los mismos queden imputados por tenencia de estupefacientes, y se secuestró tanto la droga como el rodado, los mismos fueron puestos nuevamente en libertad.

Debido a la llega de presos del penal de Ezeiza, enviados para alojarlos en Rawson, hay malestar entre las autoridades.

Ayer ingresaron 17 detenidos provenientes de Ezeiza al penal de Rawson y los mismos tendrán que cumplir quince días de aislamiento obligatorio por provenir de una zona con circulación comunitaria del virus.

La versión corrió la pasada semana y se concretó ayer domingo cuando 17 presos del penal de Ezeiza fueron trasladados a la cárcel de Rawson generando gran malestar entre las autoridades municipales y provinciales.

La cartera de Salud de la provincia y la intendencia de Rawson intentaron sin éxito evitar el traslado. El intendente Biss, que expresó su rotundo rechazo a las autoridades del penal. En tanto varios grupos de vecinos llamaron a movilizarse esta semana

Así lo informó el comisario Mayor Javier Guzmán, jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, quien precisó que algunos detenidos ingresaron por delitos en tanto que otros por contravenciones.

Al respecto el comisario detalló que también se concretaron varios allanamientos por parte de la Brigada de Investigaciones, cinco en total, donde además de diversos secuestros de elementos robados se encontró en un domicilio del barrio Pujol una máquina para recargar municiones la cual dijo “en manos de los delincuentes es muy peligrosa”, señaló Radio Chubut.

Campo de Mayo es el mayor complejo militar de Argentina. En sus 8.000 hectáreas alberga numerosos edificios, entre ellos una cárcel con detenidos por crímenes de lesa humanidad en la que se registra uno de los mayores brotes de la covid-19 detectados hasta ahora en penitenciarías argentinas: 28 presos y siete guardiacárceles han dado positivo.

El Ejército ha confirmado la muerte de dos exmilitares encarcelados. Se trata de Juan Domingo Salerno, exrepresor de la policía bonaerense durante la última dictadura (1976-1983), y Edberto González de la Vega, condenado por la voladura de una fábrica de armamento militar en la ciudad de Río Tercero, en 1995.

El primer contagio detectado en esa unidad penitenciaria se remonta a finales de junio. Luis Muiña, condenado a 13 años de cárcel por secuestrar y torturar a cinco trabajadores del Hospital Posadas, dio positivo después de una salida médica y fue trasladado a un hospital público de Buenos Aires. El nombre de Muiña quedó asociado a la masiva movilización de la sociedad argentina en 2017 contra el fallo de la Corte Suprema que le redujo la condena y abría la puerta a la excarcelación de otros represores. Las sospechas sobre el origen del brote actual recaen en uno de los penitenciarios. Ante la aparición de síntomas en varios presos, se decidió hacer hisopados a todo el pabellón.

“Son grupo de riesgo porque son grandes, de edad avanzada, pero presentan un cuadro sin inconvenientes”, asegura por teléfono la titular del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori. Otras fuentes, en cambio, hablan de un preso en estado crítico. La unidad penal alberga a 70 reos, en su mayoría por delitos de lesa humanidad, con un promedio de edad de 74 años. Los que dieron positivo de covid-19 fueron trasladados a distintos centros hospitalarios y están bajo supervisión médica, mientras que los demás permanecen aislados en la cárcel de Campo de Mayo, el mayor predio militar de Argentina, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

El pasado marzo, cuando Argentina declaró la cuarentena obligatoria por la pandemia de la covid-19, cinco presos murieron en motines en cárceles en las que los presos reclamaban excarcelaciones y medidas preventivas contra los contagios. Las visitas de familiares y las salidas transitorias de reos fueron suspendidas para reducir al mínimo la circulación del virus y la Justicia morigeró las penas de cientos de presos considerados de riesgo por su edad o por presentar patologías previas. Los represores encarcelados en Campo de Mayo solicitaron también conmutar la prisión por arresto domiciliario. Sus peticiones fueron denegadas en casi todos los casos por tratarse de delitos graves o por considerar que existía riesgo de fuga.

Los últimos recursos ante los tribunales, por ahora, también han chocado con la negativa judicial. “No puede pasar por alto que el encausado [Gonzalo ] Sánchez, imputado por la comisión de crímenes contra la humanidad, se mantuvo fugitivo desde el año 2005, y se ocultó en Brasil, desde donde eludió la orden de captura, hasta que con motivo de los ingentes esfuerzos mantenidos por la diplomacia argentina fue recientemente prendido por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Paraty (estado de Río de Janeiro), para definitivamente poder ser extraditado a nuestro país y sometido al proceso”, sostuvo el juez Alejandro Slokar en un fallo reciente de la Cámara de Casación citado por el diario Página 12.

Gonzalo Sánchez, uno de los contagiados, está acusado de participar en el secuestro y la desaparición del escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977. El exoficial de Prefectura, la fuerza policial argentina que custodia las vías navegables, está acusado también de participar en los denominados vuelos de la muerte con los que la dictadura arrojó a cientos de secuestrados al Río de la Plata. Tras permanecer prófugo de la Justicia, fue detenido en Brasil el pasado mayo y extraditado a Argentina, donde fue encarcelado en Campo de Mayo.

Los organismos de derechos humanos se han mantenido en silencio por ahora ante el brote de la covid-19 registrado en la unidad penitenciaria del regimiento militar. En abril, la agrupación HIJOS repudió con dureza la excarcelación del médico Carlos Capdevila, triplemente condenado por crímenes de lesa humanidad. “¿Qué hacía Capdevila en la ESMA? Como médico, participó en el robo de bebés y se encargaba de ver cuánto más podían seguir torturando a las víctimas”, señaló la agrupación a través de las redes sociales, donde pidió que los represores cumplan su condena en la cárcel común y queden excluidos de cualquier beneficio.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) no ha hecho declaraciones públicas, pero en mayo advirtió en un informe de la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles argentinas y se hizo eco de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de morigerar penas a presos considerados grupos de riesgo.

Según los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, fueron denegados el 73% de los 107 recursos de otorgamiento de arrestos domiciliarios y otras formas de morigeración de la pena presentados hasta el 19 de julio. La Procuración Penitenciaria de la Nación tenía contabilizados hasta mitad de julio 120 casos positivos de covid-19 en cárceles federales argentinas.

Fuente: El País

Tres de los cuatro detenidos por el crimen del ex secretario de Cristina y Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, ocurrido hace 14 días en El Calafate, fueron procesados hoy con prisión preventiva, acusados del delito de “homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa”, confirmó hoy a la prensa el juez penal de esa ciudad santacruceña Carlos Narvarte.

La decisión del magistrado recayó sobre los acusados Facundo Zaeta (19), Facundo Gómez (20) y Pedro Monzón (18), quienes continuarán en prisión, mientras que dictó la falta de mérito para el cuarto imputado, Agustín Zaeta (23), sobre quien dispuso una medida cautelar para que no pueda abandonar la ciudad sin previa autorización y deberá presentarse ante el juzgado cada 15 días.

En una conferencia de prensa que comenzó minutos antes de las 17, el juez Narvarte explicó que resolvió “la autoría y la coautoría” del asesinato de Gutiérrez, ya que “en principio sería facundo Zaeta (el autor), pero todos en alguna medida han colaborado para la consumación de este homicidio”.

Por eso, dijo que decidió procesar a Zaeta, Gómez y Monzón por el delito de “homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa” -es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el robo-, cuya pena en expectativa es la de prisión perpetua.

En cuanto a Agustín Zaeta, el magistrado señaló que “no había elementos que indicaran que estuvo en el lugar del hecho”, por lo que dictó la falta de mérito y será liberado en las próximas horas.

Sin embargo, dispuso una medida cautelar por la cual “no puede salir de la ciudad sin previa autorización” del juez del caso “y deberá presentarse cada 15 días en el juzgado durante dos meses”.

Consultado sobre el móvil del crimen, el juez Narvarte manifestó que es “económico”, ya que los imputados “buscaban dinero y sabían que esta persona (Gutiérrez) lo tenía, por la cual empezaron a gestar la idea”.

Asimismo, y de acuerdo a las pruebas recolectadas, estableció que Facundo Zaeta ingresó primero a la casa del empresario, “por la relación que tenían” y que posteriormente entraron a la vivienda Gómez y Monzón.

“La víctima logra reconocer a uno de los imputados y por eso deciden todos terminar la vida de Gutiérrez para lograr su impunidad”, dijo el magistrado y agregó: “Está muy claro en la autopsia, hay una heteroagresión, por la cual fueron varias personas las que lo agredieron en distintas partes del cuerpo, hasta que uno le causa la muerte”.

Por su parte, el juez Narvarte expresó que “faltan muchas pruebas que incorporar” y “mucho trabajo”, y que una de las medidas que tiene pensada llevar a cabo “a partir del lunes” es un careo entre los imputados, mientras aguarda el resultado de las “pericias telefónicas”.

También adelantó que va “a convocar a las partes” para conocer si quieren “realizar algún peritaje más en el cuerpo” de la víctima, y en el caso de no surja ningún pedido, poder realizar la entrega “a los familiares”.

Si bien aclaró que “faltan detalles”, aseguró creer “que se ha esclarecido la causa casi en un noventa por ciento”.

El empresario Gutiérrez fue hallado enterrado y envuelto en una sábana el sábado 4 de julio en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, luego de permanecer desaparecido desde el jueves anterior.

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que la víctima murió por “asfixia mecánica” y que había recibido golpes en la cabeza y en el cuerpo y tres puntazos en la zona del cuello.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó por «inadmisible» un habeas corpus para que se ordene la libertad de los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en la ciudad de Villa Gesell el pasado 18 de enero, por lo que los imputados permanecerán presos en la alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión que se conoció hoy fue adoptada el pasado 6 de julio por la sala II del tribunal de alzada, que rechazó un planteo formulado por la defensa de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).

La petición de habeas corpus había sido presentada por el abogado defensor, Horacio Henricot, quien solicitó que se ordene el cese de la «arbitraria privación de libertad» que padecen los imputados.

Según el fallo que lleva la firma de los camaristas Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño, la defensa considera que los rugbiers están detenidos «como resultado de una estructura arbitraria que se construyó mediante la articulación aparente y contradictoria de dos resoluciones jurisdiccionales: el auto de prisión preventiva y la resolución confirmatoria del mismo por parte de la Cámara de Apelación».

Además, considera que existe «un intolerable quebrantamiento de garantías constitucionales y normas establecidas en tratados internacionales de jerarquía constitucional, como el ‘derecho a ser oído’».

«El argumento central del peticionante gira en torno a la pretensión de que se declare la nulidad de las declaraciones de los imputados prestadas el 19 de enero de 2020 en sede de la Fiscalía -a las que tilda de «inexistentes»- y de todos los actos que de ella dependen, ordenándose la inmediata libertad de aquellos», señala.

Ante este pedido, se le corrió vista a la fiscal adjunta de Casación, Daniela Bersi, quien se opuso al planteo y consideró que debía rechazarse el habeas corpus por «inadmisible» y «subsidiariamente por improcedente».

Finalmente, los camaristas Mancini y Budiño coincidieron con la fiscal y determinaron que el planteo era «inadmisible».

«No resulta admisible la interposición originaria en esta sede, cuando no existan motivos de excepcionalidad que la autoricen, porque ello implicaría alterar la función encomendada por la ley a este órgano jurisdiccional a través de la vía recursiva, así como la garantía convencional de la doble instancia», señalaron los camaristas.

Además, explicaron que «la presentación, entonces, no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en este supuesto, podrían estar involucradas cuestiones federales que deben ser atendidas por el superior tribunal de la causa».

De esta manera, los ocho rugbiers continuarán alojados en la alcaidía 3 de Melchor Romero, imputados como coautores del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», en perjuicio de Báez Sosa.

En el marco de la misma causa, están acusados como «partícipes necesario» Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), aunque ellos fueron excarcelados.

El crimen de Fernando se cometió cerca de las 4.40 de la madrugada del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando el joven fue atacado a patadas y trompadas por un grupo de jóvenes.

El ataque quedó grabado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares de eventuales personas que se hallaban en el lugar, por lo que horas después fueron detenidos los diez rugbiers que veraneaban en el balneario bonaerense.

El violento acto fue registrado por un teléfono celular de otro preso. Allí se observa que mientras la víctima solo se queja ante los golpes en el cráneo, el agresor le reprocha haber sido mordido en el brazo que tiene sangrando y le insiste que le pida “perdón”.

La ley del más fuerte parece aplicarse con más rigor en las celdas de Comodoro Rivadavia en medio del asilamiento, mientras presos de distintos puntos de la provincia del Chubut solicitan, además de las visitas familiares, el acompañamiento psicológico necesario para afrontar el encierro.

El agresor le pega varias veces al otro detenido que está arrojado en el suelo y recuerda que él sabe de violencia porque “pelea” desde los 13 años.

Fuentes extraoficiales dan cuenta de que el agresor es un delincuente que purga condena por robo, lo mismo que la víctima. Ambos después de esta situación fueron separados en distintos pabellones.

Al cierre de esta edición no había información oficial sobre la golpiza, ni si la víctima había radicado la denuncia ante las autoridades policiales y judiciales.

 

🔴😱🎥 || SE FILTRÓ UN VIDEO DE LA GOLPIZA DE UN DETENIDO A OTRO EN LA CELDALa ley del más fuerte parece aplicarse con…

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Miércoles, 1 de julio de 2020

 

Un nuevo domingo en Puerto Madryn y en medio de él un reclamo recurrente. Justicia. Pasadas las 16 horas se llevó a cabo una marcha de pedido de justicia por los casos de Alan Bopp, Marcos Villagra y Beryl Williams y el no a los sucesivos pedidos de liberación por parte de la Defensa Pública a condenados por distintas causas en la ciudad, encabezados por la Asociación Víctimas de la Delincuencia de Puerto Madryn.

La convocatoria se inició en el monumento a la Mujer Galesa desde donde se marchó hasta Fiscalía, Tribunales para luego retornar por las calles céntricas hasta avenida Roca y Belgrano.

Si bien el encabezamiento fue por las últimas causas resonantes de la ciudad, las distintas familias de la ciudad que han sufrido la pérdida de seres queridos también pudieron sumarse a esta marcha para reclamar mayor justicia para toda la sociedad, siempre preservando los cuidados en pleno aislamiento social obligatorio.

“Todos necesitamos reclamar justicia. Todos sabemos que este es un proceso largo y las familias que conformamos la asociación no queremos que sea una actitud pasiva sino que el objetivo es enviar un mensaje a la justicia y a todos los actores respecto a que las familias estaremos atentos. Solo reclamamos justicia para quienes no están”, se señaló desde la organización de una nueva marcha.

Fotos: Asociación Víctimas de la Delincuencia

Unas 250 personas fueron arrestadas durante la noche del jueves al viernes en Nueva York, después de que varias marchas contra el racismo continuasen pasado el toque de queda impuesto en la ciudad y la Policía interviniera con contundencia.

Poco después de las 20.00 hora local, momento en el que se inicia el toque de queda, los agentes comenzaron a rodear a grupos de manifestantes en distintos puntos de la Gran Manzana y a efectuar arrestos, a pesar de que nuevamente las protestas fueron en general pacíficas. Según informó este viernes el Departamento de Policía de Nueva York, al menos 250 personas fueron detenidas.

Horas antes, las autoridades de la ciudad habían avisado de que, aunque respaldan las manifestaciones en respuesta a la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis (Minesota), no se iba a permitir que se ignorase el toque de queda.

La medida fue impuesta después de varias noches con destrozos y saqueos en las calles de la ciudad, problemas que no se han visto en los últimos días.

Las cargas policiales contra grupos de manifestantes pacíficos han desencadenado fuertes críticas, sobre todos tras las escenas que se vieron el miércoles en el distrito de Brooklyn, donde los agentes utilizaron porras y gases lacrimógenos.

Este viernes, en un editorial, el diario The New York Times acusó a la Policía de la ciudad de estar “fuera de control” y consideró que el alcalde, Bill de Blasio, es responsable de la incapacidad de los agentes “para proteger la seguridad de sus residentes”.

El progresista De Blasio, que llegó al cargo prometiendo reformas policiales, se encontró desde el primer momento con fuerte resistencia dentro del cuerpo y en los últimos días ha buscado un difícil equilibrio entre la defensa de la actuación de los agentes y su creencia de que son necesarios cambios para acabar con la brutalidad y el racismo institucional.

El jueves, el alcalde fue recibido con abucheos cuando intervino en un acto en recuerdo de George Floyd, en el que participó su hermano Terrence y que congregó en Brooklyn a miles de personas, que luego marcharon pacíficamente hacia Manhattan.

También ha recibido críticas el gobernador estatal, Andrew Cuomo, que el jueves aseguró no haber visto ningún tipo de exceso policial, a pesar de numerosas imágenes de los últimos días que muestran a agentes excediéndose.

En la última noche, por ejemplo, en un vídeo que circuló a través de las redes sociales se veía la detención de un repartidor de comida, supuestamente por violar el toque de queda, a pesar de que estos servicios están exentos.

A través de Twitter, De Blasio subrayó que el episodio fue “inaceptable” y arremetió también contra las detenciones de periodistas que cubren las protestas, tras varios casos en los últimos días. “También son trabajadores esenciales. Vamos a proteger sus derechos”, señaló el alcalde, que prometió medidas en la Policía para que eso no vuelva a ocurrir.