Tag

destitución

Browsing

Huisman habló sobre su suspensión y la calificó de ilegal y antidemocrática, en un un comunicado de prensa dirigido a la comunidad, el intendente de El Hoyo cuestionó que el suceso haya tenido lugar a poco de iniciar un “proceso de regularización de tierras para terminar de una vez y para siempre con los negociados que todos y todas conocen”, apuntó.

En un video compartido desde el Municipio de El Hoyo, el intendente, Pol Huisman, ratificó que su suspensión, llevada adelante por el Concejo Deliberante de la localidad cordillerana sin su presencia y sin previo aviso, fue una decisión ilegal y antidemocrática.

🔴🗣️ MENSAJE A VECINAS Y VECINOS DEL INTENDENTE DE EL HOYO POL HUISMAN: "QUIEREN DESTITUIRME CON EL ARGUMENTO DE QUE CUMPLÍ CON LA LEY, ES MUY EXTRAÑO ESO ¿NO?"#CholilaOnline #ElHoyo #Cordillera #Comarca

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Domingo, 19 de julio de 2020

 

Asimismo, cuestiona por qué la “ultra veloz” suspensión tuvo lugar a poco de iniciar un proceso de regularización de tierras “para terminar de una vez y para siempre con los negociados que todos y todas conocen”.

Luego amplió Huisman : “Nos preguntamos quiénes verían afectados sus negociados si por primera vez el Municipio se pone al frente de un Plan de Regularización Territorial para que las tierras de El Hoyo dejen de ser un festín impune para los mismos de siempre”.

El comunicado completo:

“Queridos vecinos y vecinas

Me quiero comunicar directamente con todos para informarles que el viernes a última hora en una sesión express el concejo deliberante de El Hoyo votó la suspensión del concejal Gustavo Flak y mi suspensión por 40 días.

Me acusan de supuestamente entorpecer la tarea de una comisión investigadora porque denuncié en la justicia a un exagente municipal que confesó haber cometido el grave delito de falsificación de documentos.

Yo hice lo que debía hacer, lo que la Ley me obliga como funcionario público. Si tomo conocimiento de un delito, debo denunciarlo de inmediato, y eso hice.

Quieren destituirme con el argumento de que cumplí con la Ley, es muy extraño eso, ¿no?

Como muchos otros, tomé conocimiento de esa decisión ilegal del Concejo Deliberante, viendo la sesión por video en las redes sociales, porque se me impidió presenciarlo y ejercer mi derecho a la defensa. Eso fue lo que sucedió.

Obviamente apelamos esa suspensión ilegal ante el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, que se expedirá en las próximas horas por la gravedad de lo sucedido en el Concejo Deliberante.

Espero con serenidad que los jueces apliquen la ley.

Como todos los vecinos y las vecinas nosotros también nos preguntamos, ¿por qué lo hicieron? ¿qué hay detrás?

Nos preguntamos qué intereses esconden bajo la suspensión ultra veloz de un intendente.

Por qué se produce justo cuando estábamos por comenzar un fuerte proceso de regularización de tierras para terminar de una vez y para siempre con los negociados que todos y todas conocen.

Nos preguntamos quiénes verían afectados sus negociados si por primera vez el Municipio se pone al frente de un Plan de Regularización Territorial para que las tierras de El Hoyo dejen de ser un festín impune para los mismos de siempre.

De todas maneras, todos y todas me conocen y saben que para mí la democracia es una convicción. Y en democracia, los problemas se solucionan con diálogo. Yo no tengo rencores, les tiendo la mano a quienes incurrieron en el error. Cualquiera puede equivocarse.

Le ofrezco una mesa de diálogo franco al Concejo Deliberante, y obviamente al presidente de ese cuerpo. Mientras tanto, reitero, esperamos el pronunciamiento de la Justicia que pondrá las cosas en su lugar.”

Los colectivos de Rawson se expresaron duramente este viernes frente al Ministerio Público y pidieron la renuncia del fiscal general, gravemente cuestionado por sus declaraciones en torno a la causa conocida como «La Manada de Chubut». Consideraron que «hablar de desahogo sexual es un burla para todas nosotras». Una de las voceras comparó la violación grupal con el deliberado avance megaminero: «el patriarcado hace con nuestros cuerpos lo que el neoliberalismo hace con nuestros recursos naturales».

«Nos preguntamos como todo el sistema judicial, comprado históricamente por apellidos importantes y políticos corruptos ha podido dar vuelta una causa de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal por la participación de dos o más personas por un abuso sexual simple basado en una acción dolosa de desahogo sexual. ¿Fue por el resultado de la investigación de más de 60 testigos que confirmaron el hecho, porque le pagaron bien para torcer la causa, porque llegaron al final más cómodo para todos?», cuestionó una de las oradoras.

«Fue porque el sistema judicial y estatal lo permiten, porque el patriarcado y el capitalismo creen que pueden tapar la violencia con un arreglo entre partes negando las aberraciones ejercidas sobre nuestros cuerpos. Hoy en Chubut, provincia de la vergüenza y la injusticia, nos pretenden violar a todas y todes, a cada uno de nosotres y a nuestra lucha», reprocharon.

«Querer hacernos creer que la violencia sexual de individuos o de grupos organizados como el de La Manada son un acto de desahogo, casi basado en instintivo de seres animales, es una burla para todas las mujeres y disidencias de la tierra», aseveraron.

«No sólo queremos la destitución del fiscal Fernando Rivarola, queremos a los violadores presos; queremos que todo el sistema judicial se haga cargo de sus graves falencias en perspectivas de género, que la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal haga el trabajo que le corresponde y deje de ser un adorno para el sistema judicial de la provincia, queremos cumplimiento y presupuesto de la ley 1.526 de Protección Integral de Igualdad de Oportunidad de Género, queremos que estos violadores y violentos, y de todos los días, vayan presos, como los violadores de Rawson, quienes también violaron en grupo, y fue este mismo fiscal Rivarola el que los dejó libres», exigieron.

«El rol del aparato judicial en el armado de esta causa se sostiene en una red de complicidad demasiado profundo. La Fiscalía no sólo hizo lo suficiente para beneficiar a los imputados, sino que atentó contra todas nosotras», recriminó otras de las voceras.

«Que se aproveche la oportunidad de un fallo histórico, exigimos que ningún fiscal del país participe en un caso de estas características sin haberse capacitado en la Ley Micaela sobre perspectiva de género», reclamó otras de las mujeres.

«Todo está relacionado en esta Provincia, la política y la Justicia se dan la mano para gobernarse entre ellos y no al pueblo. El primer arrepentido y liberado es Joaquín Pérez, el hermano de Genaro Pérez, el intendente de Gastre, el lobbysta minero más grande que hay en Chubut, que ha hecho hasta un hotel para recibir a las mineras y de ese modo ir en contra del pueblo quiere», acusó otras de las oradoras.

«Si uno empieza a rever los hechos, nos damos cuenta que la torta se corta entre cuatro o cincos. Fui una de las presas el año pasado en la Legislatura en una protesta en contra de la megaminería, y quien nos está culpando es el fiscal Rivarola», expuso.

«Genaro Pérez, el intendente de Gastre, viola nuestra tierra, es un ecocida; y su hermano, Joaquín Pérez, viola nuestros cuerpos. El patriarcado hace con nuestros cuerpos lo que el neoliberalismo hace con nuestros recursos naturales», sentenció.

En todos los casos está abierta la posibilidad de iniciar juicios de destitución. Se trata del juez Gustavo Toquier, que tiene un sumario tras su cuestionado accionar ante el concurso preventivo de Oil Combustibles, y de los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli, junto con el juez Sergio Piñeda, por su conducta en la causa “Revelación”.

Consejo de la Magistratura sesionará entre miércoles y juevesen Comodoro Rivadavia, para resolver las acusaciones que pesan contra el juez Gustavo Toquier, por un lado, mientras que en otro sumario se evaluará la situación de los fiscales Héctor Iturrioz, Marcos Nápoli y el juez Sergio Piñeda, por su conducta en la causa “Revelación”.  En todos los casos está abierta la posibilidad de iniciar juicios de destitución, aunque las decisiones podrían postergarse.

El juez de Ejecución Gustavo Toquierafronta un nuevo sumario. Este es consecuencia de una sanción anterior, que derivó en una suspensión temporal aplicada por el Superior Tribunal de Justicia, luego de que fuera cuestionada su conducta durante el concurso preventivo de la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López.

Como consecuencia de ese primer proceso, la corte provincial requirió al Consejo de la Magistratura que evalúe una serie de conductas que fueron reprochadas al mismo juez –durante la misma etapa instructoria-, de las que hoy la consejera sumariante intentará exponer sus conclusiones.

Sin embargo, es posible que esa instancia definitoria se postergue. Esto es a raíz de un nuevo recurso de amparointerpuesto por el magistrado, quien cuestiona que los plazos para el sumario se encuentran vencidos (el nuevo proceso comenzó en agosto de 2018). El mismo planteo había formulado en febrero de este año, pero la Cámara de Apelaciones entendió que no le asistía la razón y dio luz verde para continuar adelante con el sumario, en el mes de abril. Según detallaron fuentes del Consejo de la Magistratura ante ADNSUR, ahora el pleno de consejeros debe resolver si espera una vez más a que  la Cámara de Apelaciones se expida, o si sigue adelante con la exposición de las conclusiones del sumario.

Si se resuelve esta última opción, el sumario a presentar resultaría concluyente en al menos una de las acusaciones que se plantearon contra el juez. De un total de 5 conductas investigadas, 4 fueron descartadas como causales de sanción. Sin embargo, sí se sostuvo el cuestionamiento por haber actuado “como juez y parte”, según las conclusiones de la sumariante, en una serie de resoluciones que involucraban a una empresa de carácter financiero, en la que la esposa del magistrado tendría participación accionaria.

“Como el juez tomó decisiones para ejecutar algunos créditos impagos, esa resolución le favoreció indirectamente por beneficiar a su sociedad conyugal”, se explicó desde el seno del Consejo. Esta es al menos la argumentación del sumario, lo que deberá ser evaluado por todos los consejeros y resolver si hay fundamentos para sostener la acusación y, en tal caso, si cabe una sanción de tipo administrativo o si se debe iniciar unjuicio para remover al juez de su cargo.

Vale recordar que el mismo magistrado afronta un proceso penal, llevado adelante por la fiscal Verónica Dagotto, a partir de la derivación que tuvo su actuación en la causa de Oil Combustibles (independientemente de la sanción administrativa ya aplicada). También en esa vía, la fiscalía apunta a una pena que derive en la destitución del juez, según lo planteado en la audiencia preliminar, en la que se lo acusó por los presuntos delitos de “prevaricato” y “retardo de justicia”.

La detención de Bortagaray en la causa Revelación

El otro sumario que será tratado en esta sesión del Consejo de la Magistratura se vincula a la situación de los fiscales y el juez de la Causa “Revelación”. Los tres son cuestionados por la detención de Martín Bortagaray cuando todavía era ministro de Familiay como tal, estaba protegido por fuerosque garantizan inmunidad. Esto significa que no se puede detener al funcionario público, según la Constitución Provincial, salvo que se lo encuentre cometiendo un delito en flagrancia. Esa inmunidad, vale aclarar, no impide la investigación penal y posterior quita de los fueros por parte de los eventuales involucrados.

En este caso, la conclusión del sumario reparte responsabilidades en modo diferente: se solicita una sanción administrativa para el juez interviniente, mientras que para los fiscales se solicita el inicio del juicio de destitución. Una vez expuestas las conclusiones del sumariante, el pleno del Consejo deberá resolver si adopta el mismo criterio del sumariante, o si toma otra decisión. La sesión del jueves promete ser caliente, ya que el fiscal Iturrioz solicitó hacer uso de su derecho a réplica contra la acusación, lo que llevará los plazos de definición hasta la próxima sesión del Consejo, informó ADN SUR.

Donald Trump ha destituido este martes al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El presidente de EE UU ha anunciado en Twitter el cese de una pieza clave de su Administración. Se trata del tercer asesor de Seguridad Nacional destituido por el mandatario estadounidense, que en su mensaje en la red social sostuvo que «discrepaba profundamente con muchas de sus propuestas, así como lo hacían otros miembros de la Administración».

Trump también comunicó que tiene previsto nombrar al sustituto de Bolton la próxima semana, así lo reseña El País de España

El actual mandatario de Lago Puelo, Raúl Ibarra denunció un intento golpista y dijo que nunca imaginó que la convocatoria a elaborar una Carta Orgánica iba a tener como objetivo su propia proscripción.

Los siete convencionales que tuvieron a su cargo la redacción de la Carta Orgánica de Lago Puelo (aprobada por unanimidad por la Legislatura chubutense), notificaron ayer al intendente Raúl Ibarra que no le tomarán juramento–en el marco de un acto programado para el próximo lunes-, porque “se desempeñó durante el último gobierno de facto como responsable del Departamento Ejecutivo Municipal, previo destituir a quienes se desempeñaban como legítimas de democráticas autoridades”, al tiempo que le indican que “está en condiciones de ser inhabilitado para ejercer su cargo”.

Cholila Online tuvo acceso a las notas presentadas. La dirigida a los miembros del Concejo Deliberante dice lo siguiente:

Lago Puelo (Ch),  8 de abril de 2019.-

Sres.

Miembros del Concejo Deliberante

De la Localidad de Lago Puelo:

                                                                               Quienes suscribimos la presente, en nuestro carácter de Convencionales Constituyentes de esta localidad, nos dirigimos a ese cuerpo con motivo de la sanción de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Lago Puelo, por parte de la Legislatura de la Provincia del Chubut, cuya Resolución fuera publicada por el Boletín Oficial el día 28 de marzo próximo pasado.

                                                                              Dicha sanción implica que la Carta Orgánica de la Municipalidad de Lago Puelo, realizada por esta convención ha adquirido con ello plena vigencia y fuerza de ley, como norma suprema municipal.

                                                                              Dentro de la segunda cláusula de las “Disposiciones Finales”, se establece que una vez producida la publicación en el Boletín Provincial, por parte de la Legislatura, dentro de los 15 días siguientes se prestará en acto público, el juramento de la Carta Orgánica. Será jurada en primer término por el Presidente de la Convención Constituyente, luego éste tomará el juramento respecto al Vicepresidente 1ro., al 2do. Y restantes convencionales en órden alfabetico, al Intendente y a los Concejales de la ciudad. Luego se invitará a hacer lo propio a los vecinos presentes.

                                                                              Ahora bien, en el texto del instrumento jurídico elaborado por esta convención, en todo de acuerdo a las facultades que le fueran acordadas, aprobó como contenido, el artículo 34 de la Carta Orgánica Municipal, en consonancia plena con el temperamento seguidos por quienes fueran Constituyentes Provinciales y autores de la Constitución Provincial de 1994, para el caso de ruptura del orden institucional, que en su redacción el Artículo 17, hace expresa la inhabilidad absoluta para ejercer cargos públicos a quienes hubiera cumplido funciones previstas en esta Carta Orgánica.

                                                                              Así resulta que el citado Artículo 34 de la Carta Orgánica que resultó sancionada, en su parte pertinente, reza: “… En caso de ruptura del orden constitucional, cualquiera que ejerciere o hubiere ejercido, funciones previstas en esta Carta Orgánica para las autoridades legítimas, será considerado usurpador y quedará inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público alguno en el Municipio. Sus actos serán insanablemente nulos. La autoridad que omitiere el presente mandato será pasible de ser sometido a revocatoria popular. …”.

                                                                              La consagración de esta redacción, pone al señor Intendente Municipal Dn., Raúl Ibarra, quien se desempeño durante el último gobierno de facto, como responsable y titular del Departamento Ejecutivo Municipal de esta localidad, previo destituir a quienes se desempeñaban como legitimas y democráticas autoridades, en condiciones de ser inhabilitado para ejercer su cargo y consiguientemente que se le pueda tomar por parte de esta convención el debido juramento legal.

                                                                              El incumplimiento de este procedimiento por parte de quienes de una u otra forma debemos expedirnos al respecto, nos hace pasible de ser considerados incumplidores de las mandas legales que hemos por unanimidad votado los miembros de esta Convención Constituyente.

                                                                              Es por ello, que nos hemos visto obligados por expresa aplicación de la norma citada, a notificar al señor Intendente Municipal Raúl Anibal IBARRA, que no se procederá a tomarle el juramento correspondiente a la Carta Orgánica, en consideración a encontrarse dentro de una causal de inhabilidad para el desempeño del cargo que detenta, conforme la expresa letra de la norma.

                                                                              Asimismo, deberá ese cuerpo representativo, adoptar aquellas medidas tendientes a poner en vigencia el orden jurídico establecido.

                                                                                                                                                            Sin más, saludamos muy atentamente.

En su defensa, Ibarra dijo hoy en rueda de prensa que “la convocatoria para contar con una Carta Orgánica fue con la sana intención de producir un cambio profundo en la legislación municipal de cara al futuro, con la gran participación de los sectores jóvenes en su redacción, los herederos de este pueblo. Pero nunca imaginé que iba a tener como principal objetivo mi propia proscripción y la salida inmediata del cargo.

El argumento que esgrimen, en paralelo con el artículo 17° de la Constitución no es tal, porque es hacia adelante y no tiene efectivo retroactivo. No hay ninguna causal para que yo me tenga que ir”, subrayó. Advirtió enseguida que “voy a seguir en el cargo y gobernando, ya estamos trabajando con un equipo de juristas para presentar los argumentos y revertir esta situación y ser nuevamente candidato en el próximo turno electoral, aún cuando no pueda jurar la Carta Orgánica el lunes”.

Con todo, reconoció que “mañana puede venir el primer concejal y decirme ‘Ibarra usted se tiene que ir’, o el Concejo Deliberante puede sancionar una ordenanza en tal sentido”. Sobre el rol de los convencionales oficialistas que propuso ante sus vecinos, dijo que “fui uno de los que votó y trabajó para que estén en ese espacio, respondiendo al mandato de un partido político. No me siento traicionado, pero sí desilusionado y decepcionado”, puntualizó.

Textualmente, la nota remitida al intendente de Lago Puelo dice lo siguiente:

Sr. Intendente

Dn. Anibal Raúl Ibarra

Municipalidad de Lago Puelo:

  1. / D. 

                                                                              Quienes suscribimos la presente, en nuestro carácter de Convencionales Constituyentes de esta localidad, nos dirigimos a Ud., con motivo de la sanción de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Lago Puelo, por parte de la Legislatura de la Provincia del Chubut, cuya Resolución fuera publicada por el Boletín Oficial el día 28 de marzo próximo pasado.

                                                                              Dicha sanción implica que la Carta Orgánica de la Municipalidad de Lago Puelo, realizada por esta convención, ha adquirido plena vigencia y fuerza de ley, como norma suprema municipal.

                                                                              Dentro de la segunda cláusula de las “Disposiciones Finales”, se establece que una vez producida la publicación en el Boletín Provincial, por parte de la Legislatura, dentro de los 15 días siguientes se prestará en acto público, el juramento de la Carta Orgánica. Será jurada en primer término por el Presidente de la Convención Constituyente, luego éste tomará el juramento respectivo al Vicepresidente 1ro., al 2do., y restantes convencionales en orden alfabético, al Intendente y a los Concejales de la ciudad. Luego se invitará a hacer lo propio a los vecinos presentes.

                                                                              Ahora bien, en el texto del instrumento jurídico elaborado por esta convención, en todo de acuerdo a las facultades que le fueran acordadas, se aprobó el Artículo 34, en consonancia plena con el temperamento seguidos por quienes fueran Constituyentes Provinciales y autores de la Constitución Provincial de 1994, para el caso de ruptura del orden institucional, que en su redacción el Artículo 17, hace expresa la inhabilidad absoluta para ejercer cargos públicos a quienes hubiera cumplido funciones previstas en esta Carta Orgánica.

                                                                              Así resulta que el citado Artículo 34 de la Carta Orgánica que resultó sancionada, en su parte pertinente, reza: “… En caso de ruptura del orden constitucional, cualquiera que ejerciere o hubiere ejercido, funciones previstas en esta Carta Orgánica para las autoridades legítimas, será considerado usurpador y quedará inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público alguno en el Municipio. Sus actos serán insanablemente nulos. La autoridad que omitiere el presente mandato será pasible de ser sometido a revocatoria popular. …”.

                                                                              La consagración de esta redacción, lo pone a Ud., quien se desempeñara durante el último gobierno de facto, como responsable del Departamento Ejecutivo Municipal de esta localidad, previo destituir a quienes se desempeñaban como legitimas y democráticas autoridades, en condiciones de ser inhabilitado para ejercer su cargo y consiguientemente, imposibilita que se le pueda tomar el debido juramento legal, como Intendente.

                                                                              El incumplimiento de este procedimiento por parte de quienes de una u otra forma debemos expedirnos al respecto, nos hace pasible de ser considerados incumplidores de las mandas legales que hemos por unanimidad votado los miembros de esta Convención Constituyente.

                                                                              Es por ello y por expresa aplicación de la norma citada, que nos encontramos en el deber de notificarlo, que no se procederá a tomarle el juramento correspondiente a la Carta Orgánica de la Municipalidad de Lago Puelo, en consideración a encontrarse comprendido por una causal de inhabilidad para el desempeño del cargo de Intendente Municipal, que establece la norma citada.

                                                                                                                                                                                         Sin más, saludamos muy atentamente.

En este contexto, vecinos de Lago Puelo decidieron autoconvocarse en el patio del municipio este jueves, a las 18, “para decir no al golpe institucional; no a la prohibición de acceder al título de propiedad de los ocupantes históricos; no a la politización de la Carta Orgánica; no al despido masivo de los contratados municipales y no a la proscripción del intendente Raúl Ibarra. Basta de los dinosaurios de la política”, rezan en un comunicado.

El Superior Tribunal de Justicia no hizo lugar al planteo de conflicto de poderes alegado por el destituido jefe comunal de Río Pico.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el conflicto de poderes alegado por el intendente de Rio Pico, Marcos Machado, quien pretendía que se deje sin efecto el procedimiento de Juicio Político impulsado por el Concejo Deliberante, que derivó en su destitución.

La Defensa sostuvo que en la audiencia de debate convocada por los ediles se ocasionó una flagrante afectación de sus derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y legalidad y afirmó que existían elementos para declarar la admisibilidad de la acción como un conflicto de poderes.

Adujo también que el Concejo Deliberante ignoró una medida cautelar dictada por el Juez Colabelli mediante la cual se ordenaba la suspensión de la audiencia de debate en la que fue apartado del cargo.

Al respecto, los ministros Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet señalaron que “resulta evidente que la orden jurisdiccional de suspender la audiencia de debate fue notificada con posterioridad a la finalización de aquella, motivo por el que la medida devino abstracta”.

En relación a la denuncia por un supuesto conflicto de poderes, el Superior Tribunal sostuvo en el fallo que el objeto de la acción no fue debidamente argumentado. Recordó que cuando el actor inició el camino judicial ante el Juez Penal (Dr. Colabelli), sostuvo como propósito de su presentación el de obtener amparo judicial a los derechos constitucionales que consideró se le habían cercenado, pero que, en esa oportunidad, no refirió ningún conflicto de poderes.

Los magistrados recordaron que la intervención de la Corte Provincial en los conflictos de poderes municipales tiene carácter “especialísimo” y afirmaron que no les corresponde invadir atribuciones privativas de los poderes municipales. Aclararon que “la atribución de este Superior Tribunal se circunscribe al análisis de legalidad de los actos cumplidos” y en ese sentido,” se ha podido verificar el cumplimiento de los pasos procesales previstos en la legislación aplicable al caso”.

Panizzi, Vivas y Donnet subrayaron que el Concejo Deliberante designó una Comisión Investigadora que emitió un dictamen acusatorio y que fue aprobado por unanimidad, es decir con absoluta suficiencia para determinar que excedió el mínimo de la mayoría agravada exigida por ley.

Concluyeron que “ello impide achacarle al Concejo Deliberante incumplimiento alguno respecto de la manda judicial. Por el contrario, es posible afirmar que el procedimiento realizado es conteste con las previsiones legales”.

Diario Jornada