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Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.

“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.

¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.

Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.

Trabajo en disputa

“A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora”, cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. “Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí”, se descarga.

Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.

En Chubut, los despidos en Agricultura Familiar afectan a 2500 familias rurales

Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.

Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.

El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.

Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.

Despidos estratégicos

Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.

Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que tomó más de 20 años construir.

En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.

“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.

A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.

Territorio en disputa

Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.

¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.

Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí

Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.

Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.

“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.

Pese a haber dejado sin trabajo a decenas de miles de trabajadores del Estado, el Gobierno de Macri creó otros miles. Sin embargo, el ajuste del Estado es uno de los puntales de las políticas de Cambiemos desde que llegó a la Casa Rosada.

Mientras casi todos los sectores económicos reciben el golpe del total desmanejo de la economía macrista, el sector público es uno de los más golpeados. Es que desde que asumió el actual Gobierno se despidieron 33.744 personas.

Los datos publicados por Página 12 corresponden a lo informado por la Secretaría de Trabajo, en base a los registros de la AFIP.

Pese a la cantidad de despidos del Estado, el Gobierno creó unos 10 mil cargos políticos con importantes salarios.

El objetivo de Cambiemos desde el primer momento fue achicar la planta de trabajadores públicos y quien tuvo a cargo esa tarea fue nada menos que por ex Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra.

Entre las carteras que más despidieron a trabajadores son las de Educación, del Congreso Nacional, Desarrollo Social y Cultura, según un relevamiento de ATE.

El hombre de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, a cargo del Ministerio de Agroindustria, ordenó reprimir a los trabajadores de esa cartera, luego que se reunieran en asamblea tras el anuncio de nuevos despidos.

Un fuerte operativo de fuerzas de seguridad crea mayor tensión en las inmediaciones de esa cartera.

Los trabajadores resistieron pero al operativo y la gravedad de las declaraciones del director de Recursos Humanos que anunció que durante el fin de semana próximo saldrán 600 telegramas más, de las cesantías que se conocieron hoy.

Durante la mañana, los trabajadores del Minagro reclamaron a RRHH y mientras hacían un ruidazo, la Policía Federal,los encerró en los accesos y en el de avenida Paseo Colón 922 hicieron cordón policial impidiendo la entrada y salida.

 

 

Portal de Noticias

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Trabajo que encabeza Jorge Triaca, en junio se perdieron 13.500 empleos, lo cual da un acumulado en el semestre de 106.200, una cifra más que alarmante, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene en los próximos meses.

En los datos de julio los monotributistas sociales aparecen como el sector más perjudicado, con una caída mensual del 2,3%, mientras que en los asalariados del sector privado el descenso alcanzó un 0.4%.

Los índices positivos apenas se notaron en el segmento de trabajadores de casas particulares (0,9%) y en el sector público (0,5%). De este modo, de mayo a junio se sumaron 14.200 trabajadores públicos y desaparecieron otros 26.800 del sector asalariado privado.

La industria continúa presentando un escenario preocupante por la cantidad de puestos de trabajo perdidos: 7800 de mayo a junio. La actividad inmobiliaria, en tanto, perdió 5300 empleos, el comercio 4400 y la construcción 4700.

 

 

InfoNews

El Ministerio de Defensa decidió profundizar el ajuste en Fabricaciones Militares con despidos en las plantas ubicadas en Villa María y Río Tercero. En ambas dependencias trabajan unas 800 personas y según anticiparon sus autoridades a los dirigentes de ATE habrá unas cien cesantías. El aviso de los próximos despidos vino de la mano de un centenar efectivos de la Gendarmería a Río Tercero, que ingresaron a la fábrica para “salvaguardar” las instalaciones.

Los gendarmes llegaron a la planta de Río Tercero poco antes de las nueve de la mañana de ayer. El arribo de la Gendarmería puso en alerta a los 300 trabajadores que en ese momento desarrollaban sus tareas en ese lugar, donde hace días circulaba el rumor sobre la inminencia de un ajuste.

Dirigentes de ATE se reunieron con los responsables de la fábrica, quienes les comunicaron la decisión de Defensa de continuar con la reducción de personal. Daniel Albornoz, de ATE, contó a este diario que están previstos 70 despidos en Río Tercero y 42 en Villa María. “Nos conminaron a irnos en forma pacífica y así dejar en portería la lista con los 70 despedidos”, explicó sobre la situación en la fábrica de Río Tercero.

La llegada de los gendarmes fue tomada como una provocación por el gremio de estatales. Los trabajadores decidieron levantar la ocupación pacífica de la planta que habían resuelto en una primera instancia y abrir una ronda de diálogo con autoridades y dirigentes políticos de la ciudad, con el intendente radical Alberto Martino a la cabeza.

A comienzos de la semana, las autoridades municipales de Río Tercero enviaron un petitorio al Gobierno para pedir que no se tomaran medidas de reducción de personal. Incluso firmaron referentes políticos de Cambiemos. Martino no obtuvo precisiones del director de la fábrica en su encuentro de ayer por la mañana. Cuando se produjeron los despidos de diciembre, había conseguido el compromiso del Ministerio de Defensa de que no habría más recortes de personal.

Por la tarde se realizó una marcha en el centro de Río Tercero en protesta por los despidos. En diciembre pasado ya había habido recortes, con los despidos de 25 contratados en Río Tercero y 28 en Villa María.

El propio Aguad confirmó los recortes. “Estamos redefiniendo el rol de Fabricaciones Militares. Y esto significa hacer sacrificios que son dolorosos, que son graves”, manifestó a Cadena 3 el ministro de Defensa, quien explicó que “es probable que no haya renovación de contratos” y que se anticiparían jubilaciones. Habló de un déficit de 1600 millones de pesos en el área y que “nadie puede pensar que el país, después de 70 años de dilapidar recursos y de la corrupción sistemática, pueda salir sin sacrificios”.

Además de las plantas en Córdoba, Fabricaciones Militares tiene instalaciones en Fray Luis Beltrán (Santa Fe) y Jáchal (San Juan), además de la fábrica en Azul, que en el verano se llevó la peor parte del ajuste: el Gobierno decidió el despido de los 220 empleados y su cierre definitivo. “Habrá que luchar, aunque la experiencia marca que es muy difícil dar marcha atrás una decisión como esta en un contexto de achicamiento del Estado”, graficó Albornoz.

 

 

Sin Mordaza

En su época de esplendor empleó a 660 trabajadores. En los últimos dos años había ido destruyendo puestos de trabajo. Ahora cerró definitivamente y dejó en la calle a los casi 50 operarios que quedaban.

Extreme Gear de Esteban Echeverría cerró su planta y dejó en la calle a los trabajadores que todavía formaban parte de la empresa que se dedicaba a la confección de zapatillas, que luego eran compradas por la firma Adidas. El presidente de la planta, Emanuel Fernández, lamentó que deba abandonar la producción y alertó que las compañías “importan los productos terminados”.

Los trabajadores de la planta finalizaron ayer su turno y se retiraron con la certeza de que no podrán volver a la planta. “La verdad que los trabajadores no estaban tranquilos, estaban tristes, porque saben que no van a poder conseguir en otro lugar”, afirmó Fernández, quien contó que fueron a una audiencia al Ministerio de Trabajo, pero que no tuvieron una respuesta a su reclamo.

La firma Extreme Gear se fue desguazando en etapas. Primero echaron a algunos trabajadores por la merma en el consumo, luego echaron a más de 500 empleados hace dos mes y ahora cerraron la planta con el despido de los restantes 47 obreros.

“Para mí es muy triste, porque nosotros invertimos más de 15 millones de dólares”, explicó Fernández. La planta había sido instalada en 2011 cuando se redujo la posibilidad de importar y las empresas estuvieron obligadas a fabricar en la Argentina.

Fernández explicó que en noviembre pasado debió cerrar una planta que tenía en Lanús, donde fabricaba la suela de zapatillas para running. En total fueron 120 los despedidos en aquella fábrica de la zona sur del Conurbano.

 

 

Infogremiales

Dejó de presentar servicios y se declara insolvente. Hay 200 trabajadores en la incertidumbre.

Más de 200 empleos corren peligro luego de la quiebra de la empresa de transporte interurbano TUS en la provincia de Córdoba.

En una reunión que encabezaron ayer autoridades de la Secretaría de Transporte de la provincia se intimó a la firma a que en el plazo de las próximas 24 horas se defina el pago de los salarios adeudados del personal.

“La empresa fue intimada el mismo día viernes, que dejó de prestar servicio. Están corriendo los plazos para que no les suspendamos el permiso que tienen para operar”, aseguró al portal Cadena 3 luego del encuentro Gabriel Bermúdez, secretario de Transporte de la provincia.

Tus tiene como principales destinos desde Buenos Aires las localidades de Río Cuarto y Villa General Belgrano.

“La decisión del juez será en función a lo que la empresa presente y de no ser viable, tendrá que tomar medidas de fondo. En ese caso, cursaremos a ambas cámaras empresarias la situación para que algunas firmas nucleadas en Asetac y Fetap propongan una alternativa para operar el servicio”, agregó el funcionario.

Miguel Herrera, de Aoita, indicó al mismo portal, que les preocupa “el tema de salarios”.

“La empresa no solucionó el tema de salarios, que es lo que nos preocupa. Le debe un mes de salario y la mitad del aguinaldo. La empresa se declara insolvente”, sostuvo.

 

 

InfoGremiales

El conflicto ya registra más de dos meses sin ningún tipo de devolución por parte de la firma, por lo que Cristian Jones, miembro de la comisión del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) de Chubut, y trabajador de Algas Soriano, denunció “abandono e irresponsabilidad empresarial”.

Tras confirmar que hace 65 días están fuera de la fábrica manifestándose y haciendo cortes parciales, Jones remarcó que “hoy nos encontramos en una situación de incertidumbre”.

“No hay ninguna definición de parte de la empresa en el plano económico, donde se nos está adeudando cerca de tres meses de sueldo. También han caído las obras sociales y las asignaciones familiares no se pueden cobrar”, dijo Jones.

“Tampoco hay nada concreto en el plano laboral. No hay definiciones de continuidad laboral por lo que la incertidumbre es generalizada”, aseguró el gremialista.

Además, el miembro de la comisión del STIA adelantó que “ya hubo cerca de 40 despidos durante el año pasado. Eso ya fue un golpe grande y esto es una estocada dura para sobrellevar para toda la comunidad”. Al respecto, precisó que a la mayoría de esos cesanteados “se les complicó” reinsertarse en otro trabajo, por lo que tuvieron que optar por lanzar emprendimientos particulares.

El diálogo con la empresa

Respecto al diálogo con los dueños de la compañía y las respuestas que les dan sobre los inconvenientes que están viviendo actualmente, el empleado de la empresa consideró que “Soriano S.A. tiene un directorio amplio por lo que nosotros desconocemos los caminos y decisiones que ha tomado la empresa en estos últimos tiempos”.

Al mismo tiempo, detalló que “hasta el momento no hay una respuesta concreta” de lo que sucede en la compañía por parte de sus autoridades.

Gestión ante las autoridades

Asimismo, precisó que “hemos hablado con todas las autoridades de la Provincia, incluido el Gobernador Mariano Arcioni y varios ministros, pero nadie puede hacer que nos den una respuesta concreta de lo que sucede”. Por lo que si ellos no pueden lograr nada para nosotros es mas difícil aún”.

Si bien reconoció que la mayoría de los empleados no tiene la necesidad de pagar un alquiler para poder vivir, afirmó que todos deben afrontar gastos mensuales y “se hace difícil”, debido a la demora en el pago de sus haberes.

En tanto Jones enfatizó que “si tuviéramos alguna respuesta concreta de la empresa, nosotros podríamos encaminarnos hacia algún lado en medio de esta situación, pero si no tenemos respuestas concretas se hace muy difícil saber como seguir”.

 

 

InfoAlimentación

Los números de este 2018 dan muestras de una crisis económica y social que comienza a profundizarse en el territorio argentino. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri se refiere a la situación como una “tormenta” que ya pasó. Sin embargo, en lo que va de este año ya se registraron más de 32 mil despidos y suspensiones, un 30% mayor a los sucedidos en 2017. Con las alarmas encendidas, el empleo no repunta y la pobreza aumenta a un ritmo preocupante.

En una semana clave para la economía del país donde una misión del FMI llega al país para evaluar las metas que debe cumplir el gobierno y con un dólar que se disparó a pocas horas de un nuevo vencimiento de las Lebacs, el Centro de Economía Política Argentina elaboró un nuevo informe sobre despidos y suspensiones.

En ese aspecto, solamente en julio se dieron 6.588 casos, el doble que el mes anterior y los sectores más perjudicados fueron los de servicios y la industria, que representó el 77%. De este modo, en los primeros siete meses ascienden a 32.794, los mismos corresponden a 12.532 en el empleo público y 20.262 en empleo privado. Así, se observa un promedio mensual de 4.684.

Si se compara con el periodo de 2017, los números superan en 7.296 casos y representa un incremento de casi 30%. En los primeros dos meses de 2018, los despidos del sector público resultan más significativos pero luego aumentaron los registros en el sector privado.

Desde CEPA indicaron que “la industria protagoniza el proceso de despidos y suspensiones también en 2018. Se observa la continuidad en el proceso de expulsión laboral a lo largo de los primeros siete meses del año, promediando 2.138 casos mensuales”.

“Particularmente en el mes de julio de 2018 los despidos y suspensiones del sector industrial fueron quienes motorizaron el fenómeno, representando el 77% de los casos totales del mes”, añadieron.

 

Infocielo

La concejala de Puerto Madryn, Andrea Moyano, referente también del Sindicato de Empleados de Comercio, dio algunos números más que preocupantes respecto al desempleo en ese ámbito: “En los primeros seis meses del año, en las localidades de Trelew, Rawson Puerto Madryn, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio y Sierra Grande, recabamos números alarmantes porque son 560 despidos en seis meses, que es la misma cantidad de despidos que se dieron en los últimos tres años y lo que preocupa es que a fin de año se pueda duplicar si se sigue así”.

Combo letal

Moyano explicó que las razones radican, básicamente, en los inconvenientes que vive la administración pública a partir del pago escalonado, junto a las bajas ventas y los ajustes que lleva a cabo el Gobierno nacional: “Y no se ve que la situación vaya a mejorar, por eso esta preocupación”. En este contexto, la edil reconoció que Madryn vive una situación un poco más favorable con relación a, por ejemplo, Trelew en cuanto a la cantidad de despidos.

Modalidades

Andrea Moyano explicó que “veníamos con los despidos por goteo, que es un empleado de un comercio chiquito y luego tuvimos cierres de comercios de la zona como Rosbel, Nuncio de Rosa, Electricidad Madryn, varios lugares que directamente cierran y dejan a diez, once empleados en la calle”. A partir de ese momento, la reinserción al mercado laboral es otro paso complicado: “Cuesta mucho reincorporarse al mercado laboral registrado, sí algunas personas han podido salir adelante a través de algún oficio, pero cuesta mucho, sobre todo cuando son personas grandes de edad”.

Positiva

Respecto a los grandes supermercados, la concejala del FPV explicó que no se han registrado despidos, pero sí “hubo arreglos con personal que ha decidido irse por su cuenta y se desvinculan, pero no hay despidos sin causa como sí ocurre en otros lugares”.

En este contexto, y para finalizar, Andrea Moyano expresó que el panorama para esta segunda parte del año “esperemos que mejore con la temporada de ballenas, que en noviembre se termine con el pago escalonado, que se active la obra pública para que haya movimiento económico en Puerto Madryn y alrededores”.

 

 

El Chubut