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Lo aseguró la propietaria de un gimnasio en medio de la marcha que realizaron este viernes para manifestarle a las autoridades municipales contra el cierre de sus espacios de trabajo. “No están escuchando las necesidades que tiene la población” aseguraron.

En diálogo con FM La Petrolera, Alejandra Pylipczuk del Gimnasio Pylypz Gym de kilómetro 8 dijo que “es urgente la apertura necesitamos trabajar ya hace 7 meses que estamos inactivos con parates de 15 días, y no se puede sostener la economía ni la salud qué es lo que nosotros estamos pidiendo la gente necesita hacer actividad física para no desarmarse más”.

En este sentido, dijo “Creo que se tienen que sentar a escuchar a la población, qué es lo que no están haciendo, sentarse y escuchar de verdad las necesidades que tiene el pueblo que son básicas ellos pueden revertir la situación, simplemente tiene que animarse a ser lo que es lo que no hacen”.

Asimismo la propietaria del gimnasio de km. 8 indicó que “cada gimnasio, cada institución debe tener alrededor de 15 o más personas, multiplícalo por 70 gimnasios y me estoy quedando afuera de lugares de danzas o de otras instituciones que de beber más de 150 son 500 personas capaz, que me quedo corta que se están quedando sin puestos de trabajo”.

Finalmente, sobre la posibilidad de ser atendidos por autoridades municipales, aseguró “ojalá alguien, se anime a contactarnos y a resolvernos la situación porque estamos esperando una respuesta concreta y no discursos que sea los venimos escuchando desde hace mucho para resolver esto lo más pronto posible”.

El gobierno decidió extender la prohibición de los despidos y las suspensiones de personal por otros 60 días, por lo que la medida estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre. El decreto correspondiente seria publicado mañana en el Boletín Oficial.

Se trata de la tercera prórroga que se aplica sobre esta medida, sancionada por primera vez el 1 de abril, también por 60 días. Luego se dictaron dos extensiones, siempre por el mismo plazo, a fines de mayo y de julio.

El decreto renovará la prohibición de despedir con exactamente las mismas condiciones en que viene rigiendo hasta ahora. Así, las empresas seguirán sin poder echar a sus trabajadores sin justa causa, por los motivos de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

Con esta decisión, el Gobierno sostener los puestos de trabajo existentes en medio de la crisis económica que se profundizó producto de la pandemia y la cuarentena. No obstante, la pérdida de puestos de trabajo es importante. De acuerdo con la información del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), en julio se perdieron respecto de marzo 251.476 empleos registrados, ya que cayeron 263.400 del sector privado pero creció el número de empleados del sector público en 11.924. Cabe destacar que estos datos no comprenden a los trabajadores del sector informal.

A su vez, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, entre marzo y julio se produjeron 309.000 desvinculaciones, de las cuales 161.451 fueron por decisión de la empresa (31.700, despidos con o sin causa). En ese período, las suspensiones alcanzaron las 568.000.

Según la Cámara de Comercio, durante la cuarentena se cerraron en forma definitiva entre 25.000 y 30.000 comercios.

El decreto 624/2020, que mantiene la prohibición hasta el 30 de septiembre dispone en su artículo 4° que “los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”. Ese principio “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia”, se aclaró.

Los fundamentos de la medida de el Gobierno, sostenidos a lo largo de las renovaciones, enfatizan que la decisión se toma “en el marco de la emergencia pública” generada por la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. “Esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”, expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto 624. Y agregó: “Resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar”.

Oposición empresarial

Desde que se sancionó el decreto original, el 1° de abril, las empresas siempre se han manifestado en contra de este tipo de medidas por considerar que no cumplen con su objetivo, ya que los despidos se producen de todas maneras. “La realidad es que por más que por ley o por decreto digan que el sol no puede salir, el sol va a salir todos los días. Aquel que cierra el comercio y no puede abrir, va a despedir igual. Al que no puede pagar los sueldos le importa tres belines lo que dice la ley. Nadie despide porque se levantó una mañana y se le ocurrió”, señaló días pasados a Infobae el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.

“Esta norma no ayuda para nada porque el Gobierno sabe que no funciona y además conspira contra aquel que quiera generar una nueva fuente de trabajo” apuntó Grinman, quien destacó que según las estimaciones de la CAC durante la cuarentena se cerraron en forma definitiva entre 25.000 y 30.000 comercios.

El presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, apuntó que las empresas “están reorganizándose” y enfrentando el problema de “digerir la cuarentena”. “Tenemos que pagar las deudas viejas, las nuevas, y la mayoría de las empresas tiene que recuperar capital de trabajo. Todo ese proceso va a llevar entre 6 y 18 meses”, agregó el directivo. La industria perdió en estos meses unos 40.000 trabajadores (4% de 1 millón), una cifra similar a los del período 2015-2019.

Fuente: Infobae

Frente a una «crisis excepcional», el decreto prorrogó la medida tomada al inicio de la cuarentena para asegurar a los trabajadores «que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo».

Este miércoles, entró en vigor el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández donde se prorroga por 60 días la prohibición de despidos. De esta forma, la medida de emergencia seguirá vigente hasta el 31 de septiembre próximo.

La medida fue extendida por primera vez a través del decreto 487 firmado por el Presidente el 19 de mayo, que finaliza este 31 de julio, y comprende trabajadores dependientes y a los que disponen de regímenes especiales, como la construcción o trabajadoras de casas particulares, que también sufrieron importantes desvinculaciones.

Entre los considerandos de la medida, el Gobierno consideró que «esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo».

La medida para evitar despidos y suspensiones laborales caducaba el 31 de julio, pero a través de un decreto  extienden hasta finales de septiembre.

El presidente Alberto Fernández firmó este jueves un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el que extienden  por dos meses más la prohibición de efectuar despidos o suspensiones sin causa durante la crisis económica que se profundizó por la pandemia de coronavirus.

La medida del Gobierno fue implementada originalmente el 20 de marzo, cuando se decretaron el aislamiento social preventivo y obligatorio y el estatus de crisis sanitaria, pero caducaba este 31 de julio. De ahí la importancia del acuerdo general de los ministros del Gabinete para que Alberto Fernández ratifique la extensión de la prohibición de despidos.

La decisión de este jueves afecta de manera directa, por ejemplo, a casos como el de LATAM, que anunció su retiro del mercado interno en el país y los despidos de la mayoría de sus 1.715 empleados actuales, informó el canal C5N.

De hecho, el Ministerio de Trabajo rechazó esta semana el concurso preventivo presentado por los ejecutivos de la aerolínea justamente porque rige la prohibición hoy prorrogada. De este modo la empresa no podrá desvincular a su personal con indemnizaciones menores a las vigentes, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno también implementó la doble indeminzación en caso de despido con causa.

El decreto estipula: «Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 487/20», y hace otro tanto en el caso de las suspensiones.

«Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo», se puede leer en el texto legal.

En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional informó este lunes que se prorrogará por 60 días la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

Asimismo, se incluirá la prohibición de efectuar suspensiones por los mismos motivos. No obstante, fuentes oficiales aclararon que quedan exceptuadas de la prohibición las suspensiones que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La normativa, que será formalizada a través de un decreto de necesidad y urgencia, también detalla que los despidos y suspensiones que se produzcan a pesar de la prohibición “no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

“Es necesario llevar tranquilidad a los trabajadores argentinos en un momento de crisis e incertidumbre como el que estamos viviendo”, explicó un funcionario del Gobierno a Infobae.

La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a principios de abril, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y el parate económico producto de la cuarentena obligatoria. A fines de marzo, el Grupo Techint había intentado despedir 1.450 trabajadores de la constructora por el parálisis de la actividad y el Presidente cargó contra Paolo Rocca -titular del holding-: “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, le recriminó.

El nuevo decreto también será por otros 60 días y contemplará los mismos fundamentos que se dieron hasta ahora desde la Casa Rosada: que esta medida se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus.

El tema fue analizado el jueves pasado en una reunión de la cúpula de la CGT con la UIA donde hubo coincidencias entre empresarios y sindicalistas en mantener la suspensión de los despidos. Estas inquietudes se trasladaron luego a la Casa Rosada de manera informal por diferentes canales de diálogo que mantiene tanto el Presidente como los ministros Cafiero y Moroni.

Aseguran que los datos representan “la punta del iceberg”, ya que el estudio omite al sector informal y se trata del comienzo de un proceso en curso.

A un mes del inicio de la cuarentena, el impacto sobre el mercado de trabajo ya se hizo evidente. Según un estudio del CEPA, en los últimos 30 días se duplicaron los despidos y suspensiones y se registraron casi 300 mil casos de recortes salariales.

Dentro de este panorama, las rupturas contractuales fueron las que pudieron mantenerse más controladas con 5.386 casos producto del decreto 329 que prohibió dicho accionar. A pesar de ello, se destacaron puntuales ejemplos como los de Techint, el frigorífico Penta y la autopartista Mirgor de Nicky Caputo, entre otros.

En tanto, el informe reporta 7.223 suspensiones y subraya los casos de Dabra, Garbarino, Compu Mundo y General Motors. Así, el 58% de los despidos y suspensiones se dio en el rubro servicios en el que tuvo un gran protagonismo la recreación y el turismo, el 19% en la construcción, el 14% en la industria, el 5% en el sector primario y el 4% en el comercio.

Un escenario muy distinto se ve en el ámbito de lo que el CEPA denomina “riesgo salarial”, es decir, aquellas situaciones de reducción de ingresos (ya sea por decisión unilateral del empleador o por acuerdos con los sindicatos), atrasos de pago y combinación de suspensiones con reducción de ingresos.

En este sentido, el estudio muestra una suba exponencial de 9.830 trabajadores afectados por estos motivos en marzo a 287.233 en abril, cuya mayoría se dio por un acuerdo consensuado entre la patronal y el gremio, señala La Política Online.

Aquí fue la industria la que encabezó la estadística con el 79% de los recortes debido al gran peso de los acuerdos de la UOM y los Petroleros, seguida por el comercio (11%), los servicios (5%) y el sector primario (4%) con la mayoría de las afecciones concentradas en la minería.

“En el sector comercio, no se percibe un incremento sensible de despidos, y prevalecen los casos de reducciones salariales, particularmente en las cadenas de comidas rápidas y un número importante de restaurantes”, detalla el CEPA.

Lo más preocupante es que dicho centro de estudios advierte que los datos representan “la punta del iceberg”, ya que “este recorte cubre mayormente las situaciones experimentadas en empresas registradas”.

“Se trata de aquellos casos que han cobrado estado público, por lo que es posible omitir situaciones que ocurren en el mundo informal y en aquellos casos donde la ausencia sindical o ausencia de cobertura periodística ha impedido dar a conocer las rupturas contractuales o pérdidas salariales”, agregan.

A su vez, el período analizado va del 15 de marzo al 15 de abril, por lo tanto, ni siquiera llega a cubrir el primer mes completo de cuarentena. “Los datos relevados resultan sólo parciales, son ilustrativas de un proceso en curso”, aclaran, casi como un anticipo de que lo peor está por venir.

La crisis en el sector petrolero con caída de la producción llevó a los gremios encarar una negociación con las empresas para evitar baja de puestos laborales, y redactaron una propuesta para acordar con las cámaras que esperan refrendar mañana. Además, se elaboró un protocolo sanitario para la reactivación de yacimientos, que contempla medidas para prevenir contagios de coronavirus.
El sindicato de petroleros privados de Guillermo Pereyra, con representación en Vaca Muerta, espera firmar con las petroleras el acta que ya está redactada y que pone en consideración “arbitrar medios que coadyuven a lograr la sostenibilidad y sustentabilidad de la industria”. En ese sentido, como adelantara Pereyra en declaraciones publicadas por este medio días atrás, el sindicato propuso que las empresas paguen a los empleados el equivalente a un salario básico de acuerdo a las escalas y una suma extra no remunerativa en concepto de vianda. Asimismo, el documento al que accedió Ámbito Financiero señala que “los trabajadores que durante el mes calendario cumplan tareas efectivas algunos días y otros días se encuentren en situación de suspensión por fuerza mayor, tendrán derecho a percibir el salario habitual proporcional a los días trabajados y la asignación proporcional por los restantes días, con más la Vianda Ayuda Alimentaria prevista” en el artículo anterior del acta. El sindicato, en tanto, mantendrá sus prestaciones habituales.

Anteriormente, habían presentado el Proceso Preventivo de Crisis las firmas de servicios agrupadas en la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE), que no contó con aval de los gremios. Sin embargo, las operadoras darían aval a la propuesta sindical.

Asimismo, tras el anuncio de que se reactivarían dos yacimientos en Neuquén, se avanza en un protocolo para el retorno de los trabajadores al campo. Tras una serie de puntos generales de prevención, el documento avanza en aspectos como la ocupación de tráiler habitaciones, campamentos y departamentos: “La capacidad máxima por habitación será de 2 camas asegurando un distanciamiento de 2 metros como mínimo (boca a boca). Ubicar los cabeceros de las camas de forma opuesta”, dice el texto. También se regula la forma de trabajo, la limpieza de las máquinas y dispone de mayores frecuencias en los traslados a los yacimientos para procurar mayores distancias dentro de los transportes. También se toman una serie de medidas en los comedores tendientes a asegurar el distanciamiento.

Por otra parte, el titular de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible (FASiPeGyBio), Pedro Milla, manifestó su preocupación por los efectos económicos de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus.

«La pandemia tuvo un gran impacto, no sólo en nuestro sector, sino en la economía mundial. En relación al petróleo, afectó también la ruptura de la OPEP, donde el conflicto entre Arabia Saudita y Rusia redujo los valores del crudo, por lo que disminuyó el precio a nivel mundial; el cual no cubre los valores de producción», explicó y dijo que «estos días definieron recortar la producción para que la industria continúe su labor».

Sostuvo que «en la Federación, los salarios se siguen pagando normalmente, pero no sabemos qué pasará a futuro» y añadió que «todavía los valores están atrasados y no se actualizaron, y ello impacta en nuestra economía de manera directa».

Fuente: Ámbito

El secretario general del sindicato Petrolero de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció que acatarán la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco del paro multisectorial contra la compañía Sinopec, a raíz del proceso de desinversión de los últimos años.

En el año 2019, la petrolera invirtió una tercera parte de lo que había desembolsado en 2015, mientras su producción se redujo en un 65%.

Con la conciliación obligatoria, la empresa china deberá retrotraer los telegramas de despidos, mientras que los gremios que habían iniciado medidas de fuerza (además de petroleros -convencionales y jerárquicos-, se sumaron Camioneros y UOCRA) deberán dejar sin efecto dicha modalidad, mientras dure el período de negociación.

El jueves hubo una reunión de todos los sectores involucrados en el conflicto, convocados por el gobierno nacional e intervinieron representantes del gobierno provincial, de los gremios y de la operadora.

Tras el cónclave, Vidal calificó al mismo como “positivo”, por lo que planteó su expectativa de que en próximas reuniones, se pueda avanzar en el cumplimiento de los planes de inversión, el sostenimiento del empleo, y el incremento de la producción en los distintos yacimientos operados por Sinopec.

Por parte de la provincia, participó el vicegobernador Eugenio Quiroga, junto al ministro de Producción, Leonardo Alvarez, de Trabajo, Teodoro Camino y el presidente del Instituto de Energía, Matias Kalmus. Por Nación asistieron los secretarios de Trabajo y de Hidrocarburos, mientras que por la empresa china asistieron miembros del Directorio Nacional, Relaciones Laborales, Legales y Gubernamentales, según informó oficialmente el sindicato.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recibirá a empresarios y gremios del sector. El Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley especial para impulsar la inversión.

El Gobierno se reunirá el lunes con empresarios y gremios petroleros tras conocerse que enviará un proyecto de ley con un nuevo marco normativo para el rubro de hidrocarburos y en medio de las tensiones por despidos en Vaca Muerta. En este caso, buscará resolver la tensión gremial por las cesantías de los últimos meses en ese yacimiento.

Según comentaron fuentes oficiales a TN.com.ar, el anfitrión del encuentro será el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con quien abordarán el conflicto sindical en distintas empresas de Vaca Muerta. Los gremios denuncian que se paralizó la actividad tras las PASO y que eso pone en riesgo miles de puestos de trabajo, en un sector que el Gobierno considera clave para la generación de dólares.

Así, el titular de la cartera analizará la situación en Vaca Muerta frente a los reclamos sindicales por la reincorporación de despedidos y la anulación de suspensiones. El conflicto se inició por 600 despidos y más de mil suspensiones durante noviembre, aunque luego entró en vigencia la conciliación obligatoria, que se extenderá hasta el 28 de enero.

El jueves, el presidente Alberto Fernández había concretado un encuentro con referentes empresariales del rubro, a quienes les había anticipado que durante el período de sesiones extraordinarias iba a mandar al Congreso la iniciativa para «incentivar las inversiones en Vaca Muerta». En ese sentido, los gremios habían advertido que analizaban la posibilidad de poner en marcha una medida de fuerza, algo que el Gobierno también intentará frenar.

Según hizo saber el Gobierno a los ejecutivos del sector, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias un proyecto de ley que establece un nuevo marco normativo para el sector de hidrocarburos convencionales y no convencionales «con el fin de impulsar inversiones e incrementar la producción», explicaron.

Según fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo citadas por la agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo buscará con la iniciativa «dar certezas para generar inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo, desarrollar una cadena productiva, impulsar la creación de puestos de trabajo y las exportaciones».

Según el sector empresarial, la iniciativa incluiría acceso a dólares sin el impuesto del 30%, beneficios impositivos para la repatriación de dividendos, la posibilidad de poder resguardar los fondos en un fideicomiso en el exterior y protección de las inversiones frente a eventuales cambios normativos.

El proyecto se envía en momentos en que se da un conflicto en el yacimiento de Vaca Muerta dado que los gremios reclaman la reincorporación de despedidos y la anulación de suspensiones. Los voceros del Ministerio señalaron que el proyecto se encuentra en su tramo final de definición, mientras afirmaron que el objetivo es que ingrese al Congreso en las próximas semanas tras tomar en cuenta todas las propuestas realizadas por parte de distintos actores del sector.

En el acceso a Esquel, frente a la Sociedad Rural, en Ruta 259 que une Esquel con Trevelin, se llevó a cabo ayer una manifestación de los trabajadores de la construcción convocada por la delegación regional de la Uocra.

“Tuvimos una asamblea el día viernes y con todos los compañeros decidimos venir a la ruta para ser escuchados, para que el gobierno municipal, provincial y nacional que la gente de la construcción la estamos pasando mal”, dijo Joaquín López, a modo de vocero de los manifestantes. Advirtió que se produjo el despido de unos 40 obreros que venían trabajando en la construcción de los desagües pluviales.

“Hicimos una panfleteada, sin corte de ruta ni nada, y pedimos disculpas a la la gente pero lo que pedimos es trabajo, necesitamos una respuesta, no queremos subsidios, queremos respuestas del gobierno nacional y provincial. Vamos a seguir luchando hasta que llegue la respuesta, pedimos que hagan algo porque todos los años pasa lo mismo: ahora estamos todos parados y cuando venga la veda invernal vamos a seguir en la misma”.

López hizo hincapié en que ante la falta de respuestas “tenemos que salir a la ruta a movilizarnos para que nos escuchen porque como obreros de la construcción la estamos pasando mal. Queremos que Arcioni vea esto y vaya a pedir respuestas urgentes a la Nación. La gente de la construcción esta toda parada porque las obras están paradas, encima traen gente de afuera”.

El vocero de la Uocra adelantó la intención de “seguir peleando por la mano de obra local. En la empresa Vialtec tienen que reincorporar a los 40 compañeros que despidieron, la obra de la ruta 40 esta paralizada, siempre pasa lo mismo, si no la quieren hacer que se la den a otro porque estamos cansados”.

Desocupados de la construcción 

 Antes de finalizar, el delegado señaló que “hoy por hoy hay más de 2.500 personas desocupadas de la construcción, que no tienen plata para llevar un plato de comida a su casa. Por eso lo único que pedimos es trabajo, por nuestra dignidad y si tenemos que estar un mes en la ruta, vamos a estar un mes”.