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La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, anunció que se extenderá el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que congela alquileres y prohíbe desalojos y el que mantiene las cuotas de las hipotecas UVA, en el marco de la pandemia de coronavirus.

«Las familias todavía no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia»

«Los dos decretos ya están escritos, lo que puedo anticipar, porque todavía no están firmados, es que nosotros vamos a seguir acompañando a la gente que alquila porque entendemos que estos meses han sido difíciles, que las familias todavía no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia», dijo Todesca Bocco en declaraciones a La Red.

«Nos parece que hay que acompañar a la gente que alquila y en el mismo sentido el tema de los créditos UVA para vivienda única de hasta 120 mil UVAs también seguir con el congelamiento, y luego hacer un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota a lo que hubiese correspondido, de manera tal que para las familias no sea un golpe de un día para el otro», destacó.

«La extensión del decreto y la ley de alquileres son dos medidas profundamente protectoras que desde la Federación vamos a defender»

Por su parte, la Federación de Inquilinos Nacional expresó que «transmitimos a las cientos de miles de familias que alquilan que pueden estar tranquilas y les pedimos que no firmen contratos nuevos, que no paguen suma alguna por encima del alquiler, y que no se dejen amenazar, amedrentar ni extorsionar por los locadores».

En un comunicado, el presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, señaló que «la extensión del decreto y la ley de alquileres son dos medidas profundamente protectoras que desde la Federación vamos a defender hasta su total cumplimiento por parte del mercado inmobiliario».

El Gobierno dispuso hoy a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses, en el marco de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico ante la crisis por el coronavirus.

La norma, que se publicará en el Boletín Oficial, suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria hasta el 30 de septiembre.

Asimismo, se congelan los precios de los alquileres al valor de marzo y la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente se pague por el congelamiento, se abonará en 3 cuotas mensuales sin intereses, a pagar desde octubre.

De acuerdo con la normativa, las deudas que se produzcan por falta de pago se pagarán a partir de octubre en 3 cuotas, con intereses compensatorios, pero sin penalidades.

La norma también prevé que quedará exceptuado del pago aquel locador que acredite que depende del monto que destina para el alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su familia primaria conviviente.

En caso de controversia entre las partes del contrato, habrá una instancia de mediación obligatoria, previo a acudir a la justicia.

Los alquileres alcanzados por el DNU son los de inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural; habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares; e inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias.

Asimismo, incluye a inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias; inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; e inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.

El decreto alcanza además a inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.

Los inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES están también abarcados en el DNU, publicó Télam.

Las autoridades del cuerpo deliberativo decidieron cancelar la realización de la sesión por que no están dadas las condiciones de seguridad. Trabajadores de la pesca mantienen la protesta en el exterior. Desalojan el edificio

Jacqueline Caminoa, vicepresidenta segunda de la Legislatura de Chubut, confirmó esta mañana que se suspendió la última sesión ordinaria del año debido a que no están dadas las condiciones de seguridad para el normal desarrollo de las actividades.

Desde primeras horas de este martes trabajadores vinculados al SUPA y el SOMU protestan en los alrededores del edificio y mantienen encendidas cubiertas en el frente del recinto legislativo.

Caminoa, ante la ausencia del vicepresidente primero José María Grazzini, comunicó la decisión de suspender la última sesión ordinaria del año, en la cual estaba previsto el tratamiento de varios temas, entre ellos el presupuesto 2019, el posible veto al llamado a elecciones anticipadas y también un proyecto para otorgar nuevos permisos pesqueros, lo que motivaba la protesta de los gremios del sector.

Iban a tratar los vetos de Arcioni cuando se anunció que debían desalojar por una denuncia anónima. Hubo fuertes discusiones y acusaciones cruzadas. También se filtró en la disputa el proyecto para ampliar los permisos de pesca.

La anteúltima sesión del período ordinario de la Legislatura se debió suspender por un llamado alertando sobre una bomba en el edificio, lo que provocó el desalojo en medio de una gran polémica y descreimiento por parte de los diputados justicialistas.

Es que el alerta llegó al recinto minutos después que la oposición lograra los 18 votos necesarios para poder tratar en el recinto los vetos del Gobernador Arcioni a las leyes que tenían como objetivo evitar el desdoblamiento de las elecciones en Chubut. La intención de los legisladores era insistir con sus proyectos que fueron vetados por Arcioni y así dejar como fechas de los comicios los mismos días que los asignados en el calendario nacional.

En el medio de estas discusiones se metió otro tema en el debate: el tratamiento por parte de los diputados de un proyecto de los legisladores del bloque Convergencia, Di Filippo y Brúscoli, por el cual se amplían los permisos de pesca. Esta iniciativa provocó que se acercaran hasta Legislatura cerca de 150 trabajadores de la pesca de distintos gremios que los representan y también los empresarios del sector que se oponen a la misma.

Los trabajadores siguieron lo que ocurría en el recinto desde las veredas, arrojando bombas de estruendo hacia el edificio, lo que provocó el nerviosismo de varios de los diputados sobre su seguridad personal. Es por eso que se decidió cerrar las puertas y evitar que nadie ingresara al sector de gradas para visitantes.

Con la sola ausencia de los diputados Jerónimo García y Carlos Gómez, se dio inicio a la sesión y Blas Meza Evans pidió que se vote para poder tratar nuevamente e insistir con las leyes -aprobadas previamente y luego vetadas por el gobernador- sobre las fechas de las elecciones en Chubut, el pago a proveedores y el aumento al monto de la tarjeta social.

Esta decisión fue reprochada por el diputado de Chubut Somos Todos, Roddy Ingram, quien se preguntó “¿por qué se están cambiando los votos de esto? ¿Por otras cosas? La verdad que es un vergüenza, ¿qué tiene que ver la tarjeta social con un tema electoral? No tienen nada que ver, y se está mezclando todo”.

“¿Qué se negoció? O la pesca también tiene que ver con esto, o los permisos de pesca tienen que ver con esto. No se puede jugar así con las necesidades de la gente. Menos mal que hay prensa porque cerraron hasta las gradas para que no entre la gente, cuando esto es público y la gente que está afuera puede entrar. ¿O es por conveniencia para algunos? Hay que sacarse las máscaras de lo que está ocurriendo en esta Legislatura”, se enojó el diputado oficialista.

La moción del FPV se puso a consideración de los diputados y se tuvo que votar dos veces porque había dudas sobre la cantidad de votos afirmativos que habilitaban tratar las leyes sobre la fecha de elecciones. Finalmente fueron dieciocho los que acompañaron la iniciativa, sumando a los integrantes del bloque FPV (Javier Touriñan, Blas Meza Evans, Gabriela Dufour, Gustavo Fita, David González, Estela Hernández, Alejandra Marcilla, Viviana Navarro, Mario Mansilla y José Grazzini) y los integrantes del bloque Frente de Agrupaciones (Javier Cunha, Florencia Papaiani y Leandro Espinosa) además de Cambiemos (Manuel Pagliaroni, Eduardo Condey Jacqueline Caminoa) y del bloque Convergencia (Sergio Brúscoliy Alfredo Di Filippo).

Una vez habilitados los diputados para insistir con el tratamiento de los vetos, fueron notificados de la amenaza de bomba con el consecuente desalojo del edificio. Esto provocó una catarata de insultos, gritos y acusaciones cruzadas de los mismos diputados entre sí mientras abandonaban el recinto y se aglutinaban en los respectivos bloques porque, en un primer momento, nadie atinó a irse de la Legislatura. El jefe del Área de Operaciones Policiales, Crio Mayor Néstor Ángel Vargas, acordó con el presidente José Grazzini la salida de los empleados, diputados y visitantes del edificio. El legislador del FPV dijo que toda la situación le provocaba mucha preocupación ya que le dijeron que debían aplicar un protocolo ante la amenaza de bomba pero “en realidad no se sabe cómo evacuar la Cámara y no se sabe cómo dar seguridad”. Según le explicaron se recibió un llamado al 101 avisando de la bomba, aunque ya se había podido identificar el número del cual se llamó.

Momentos de tensión se vivieron a la salida del edificio cuando un grupo de trabajadores de la pesca enrolados en el STIA y que habían sido autorizados a ingresar al recinto, al momento de salir fueron atacados y golpeados por los enrolados en el SUPA, porque ambos gremios tenían posturas opuestas en torno al proyecto que autoriza sumar nuevos permisos de pesca.

Fuente: Jornada