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Derechos Humanos

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El Ministerio de Gobierno y Justicia del Chubut, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Carla Sánchez Galindo, continúa realizando un trabajo de asesoramiento en el marco de la Ley Micaela.

En este sentido, la directora General de Capacitación y Promoción de Derechos de la Subsecretaría de DDHH, María José Llanes, destacó que «seguimos trabajando en la implementación de la Ley Micaela a través de procesos de formación integral, los cuales aportan a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su abordaje».

Y añadió: «Se están realizando asesoramiento a distintas instituciones, como la Secretaría de Ciencia; al Instituto de Asistencia Social (IAS); el Banco del Chubut; Chubut Deportes; la Administración de Vialidad Provincial, entre otras, invitándolos a que elaboren sus dispositivos de capacitación, y de esta manera las instituciones interesadas pueden presentar sus proyectos para la realización de un único, o presentar un plan de capacitaciones que contemple el desarrollo de varios cursos, conforme a diferentes niveles de profundización de contenidos relativos a género y violencia de género».

Para finalizar, Llanes agregó que «los mismos deben elaborarse en base a orientaciones generales y específicas, en las cuales se centran en el marco teórico, marco normativo, la necesaria transversalidad en las políticas públicas y distintas herramientas o recursos para orientar ante una situación de violencia de género”.

Presentación de proyectos

El procedimiento para la presentación de proyectos de capacitación es enviarlo por correo electrónico a: derechoshumanos@chubut.gov.ar y en soporte papel en la Subsecretaría de Derechos Humanos (Av. Sarmiento 668 Rawson), tanto a la propuesta como el/los currículum vitae de los/as capacitadores.

El mismo, luego de analizar las cuestiones formales se remite a la Comisión Evaluadora (conformada al efecto) de la Mesa de Enlace Interpoderes para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género y Promover la Igualdad de Oportunidades para que esta evalué la propuesta de manera integral; luego se inicia el trámite administrativo correspondiente para acreditar la misma en los términos de la Ley Micaela.

 

Luego de las polémicas declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, contra el colectivo de Derechos Humanos, a quien acusó de no querer trabajar y de ser «puro bla bla», las Abuelas de Plaza de Mayo, junto a la mayoría de los organismos de Derechos Humanos, salieron a repudiar sus palabras. «Ofenden nuestra historia y nuestra lucha», denunciaron a través de un comunicado. El ministro se vio obligado a pedir disculpas.

«Llamamos al funcionario a la reflexión y a abocarse a los temas que atañen a su cartera, entre ellos el reclamo policial y los casos de violencia institucional», sostuvieron en una carta firmada por las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el CELS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros grupos de Derechos Humanos.

Los organismos salieron a responder, así, a las declaraciones de Sergio Berni, quien el domingo pasado arremetió con dureza contra el colectivo de Derechos Humanos: «Siempre le ofrecí el manejo de Asuntos Internos de la fuerza al sector de Derechos Humanos, porque me parecía que estaba bien. Ninguno aceptó. No aceptaron porque hay que trabajar. Porque el sueldo de un director es cinco o seis veces menos que los que viven del Estado, dando charlas, viajando», indicó despectivamente en diálogo con Romina Manguel en A24.

«Llamamos al ministro a ocuparse de los graves problemas que atraviesan la Provincia y el país. Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense –bajo su mando– reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro», sostuvieron los organismos, que agregaron: «Sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia».

Texto completo del comunicado
Repudiamos las palabras del ministro Berni sobre el colectivo de Derechos Humanos
Llamamos al funcionario a la reflexión y a abocarse a los temas que atañen a su cartera, entre ellos el reclamo policial y los casos de violencia institucional.

Las declaraciones vertidas en la señal A24 por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, refiriéndose al «sector de los derechos humanos» de manera despectiva y estigmatizante, ofenden nuestra historia y nuestra lucha.

Los Organismos abajo firmantes, que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia.

Llamamos al Ministro a ocuparse de los graves problemas que atraviesan la provincia y el país. Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense –bajo su mando– reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro.

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO / MADRES DE PLAZA DE MAYO – LINEA FUNDADORA / FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS / H.I.J.O.S. CAPITAL / CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS) / ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS / LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS / MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS (MEDH) / ASOCIACION BUENA MEMORIA / FUNDACION MEMORIA HISTORICA Y SOCIAL ARGENTINA / ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS LA MATANZA / FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE LOS 12 DE LA SANTA CRUZ / COMISION MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA ZONA NORTE

El pedido de disculpas de Berni
Una vez conocido el duro documento de los Organismos de Derechos Humanos en respuesta a sus despectivas acusaciones, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires recurrió a su cuenta de Twitter para intentar reparar el daño que se había hecho. «Vale la pena una aclaración. Cuando me preguntan por Verbitsky, tengo claro que no me refiero ni a la historia, ni a las luchas de los organismos de DDHH, a quienes respeto, reconozco y admiro, me refiero a quien aprovecha esos espacios para construir su propia trayectoria», intentó circunscribir el choque a uno solo de los organismos.

Enseguida recurrió al clásico expediente de ofrecer sus disculpas «si alguien se sintió ofendido». El siguiente tuit decía testualmente: «Mis disculpas si alguien se sintió ofendido o aludido por mis declaraciones vertidas en el día de ayer, sobre todo mi respeto a Madres, Abuelas, Hijos, y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar. Les debemos parte importante de la reconstrucción de la democracia.»

 

 

La subsecretaria de Derechos Humanos del Chubut, Carla Sánchez Galindo, acompañada por la directora de Asesoría Jurídico-Social, Ioana Barcena, participó de la presentación de las recomendaciones del Comité Nacional para prevención de la Tortura para la constitución e implementación de los mecanismos locales de prevención en Argentina.

El encuentro se realizó de manera virtual y contó con la participación de representantes de los organismos de Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, organismos públicos nacionales y provinciales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la materia.

Desde el organismo provincial señalaron que “vienen trabajando con el Comité Nacional desde principio de año en pos de articular una agenda en conjunto, así como también se solicitó la asistencia técnica al presidente del Comité, Juan Irrazábal, para la creación del Comité Provincial de

Evaluación del Seguimiento y aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante, así como también del Director Nacional contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylsky de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos”.

Continuando, explicaron que “es de suma importancia constituir un mecanismo local de Prevención Contra la Tortura, adecuado para nuestra provincia, siempre en equilibrio con los principios básicos establecidos por el Protocolo Facultativo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y la Ley Nacional N° 26.827”.

En este sentido, indicaron que “fueron elevadas las recomendaciones a la Comisión de Género y Derechos Humanos sobre el Proyecto 058/20 presentado por el Diputado Juan Pais, entendiendo la importancia del trabajo colectivo entre los distintos actores institucionales, para saldar una deuda histórica para prevenir la violencia institucional”.

Más de 160 grupos de derechos humanos firmaron una carta en la que piden al Comité Olímpico Internacional (COI) revocar su decisión de celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing. La misiva cita acusaciones de abusos generalizados a los derechos por parte del gobierno de China.

La carta está dirigida al presidente del COI, Thomas Bach, y la firmaron organizaciones de derechos humanos en todos los continentes. Según la misiva, las acciones del gobierno central chino en Xinjiang, Tíbet, Hong Kong y Mongolia Interior demostraron que el país no es digno de ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno.

«La reputación del COI se vio manchada indeleblemente por su creencia errónea de que los Juegos Olímpicos (de verano de Beijing) de 2008 mejorarían el historial de derechos humanos de China», se lee en la carta. «En realidad, el prestigio de albergar los Juegos Olímpicos simplemente envalentonó las acciones del gobierno chino», añadió la comunicación.

«Imploramos al comité que revierta sus errores pasados ​​y que demuestre urgentemente que tiene la voluntad política de cumplir con los principios fundamentales de la Carta Olímpica sobre la ‘dignidad humana’. El COI no debe permitir que su autoridad moral se vuelva a poner en peligro», continuó.

China rechaza carta sobre Olímpicos

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que la carta sobre los Juegos Olímpicos intentaba «politizar» los deportes. Una medida a la que China «se opone firmemente», completó.

CNN se ha comunicado con el Comité Olímpico Internacional para obtener comentarios sobre la carta. En un comunicado a Reuters, el COI dijo que se mantuvo neutral en cuestiones políticas. Y añadió que la concesión de los Juegos Olímpicos «no significa que el COI esté de acuerdo con la estructura política, las circunstancias sociales o los estándares de derechos humanos en su país».

El COI dijo en 2017 que agregaría cláusulas de derechos humanos, anticorrupción y desarrollo sostenible a los contratos de las ciudades que sean sedes olímpicas en el futuro, comenzando con los Juegos Olímpicos de Verano de 2024.

Los llamados a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 son cada vez más comunes. Incluso, a los precandidatos demócratas de EE.UU. se les preguntó si el país debía enviar su equipo a las próximas Olimpiadas durante un debate en diciembre de 2019.

El exvicepresidente y ahora candidato presidencial demócrata, Joe Biden, no respondió a la pregunta.

Prestigio olímpico
China fue sede de los Juegos Olímpicos de Verano por primera vez en 2008, los cuales se realizaron en Beijing. Muchos consideraron esto la llegada del país al escenario mundial como una gran economía y una superpotencia aspiracional.

El gobernante Partido Comunista Chino invirtió enormes cantidades de dinero y esfuerzos para asegurar que el evento fuera un éxito. Todo, a pesar de las preocupaciones sobre los antecedentes de derechos humanos del país, incluyendo al entonces presidente de EE.UU., George W. Bush.

Yaqiu Wang, investigador sobre China de Human Rights Watch, dijo que la celebración de un evento prestigioso como los Juegos Olímpicos es una fuente de “orgullo enorme» para el gobierno chino. «(Los Juegos Olímpicos de 2008) les dieron una forma de legitimar sus abusos contra los derechos humanos, es como un lavado de reputación para Beijing», dijo. Human Rights Watch no fue signatario de la carta que pidió que los Juegos de 2022 fueran retirados de Beijing.

En 2015, Beijing obtuvo los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, lo que significa que se convertirá en la primera ciudad en albergar tanto los Juegos de Verano como los de Invierno. Solo Beijing y Almaty, Kazajstán, estaban en la carrera por los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, después de que se retiraran Oslo, Múnich y Estocolmo.

Ante la pregunta sobre las preocupaciones por asuntos de de derechos humanos tanto en China como en Kazajstán en ese momento, el presidente del COI, Bach, dijo a CNN que el papel del comité era «garantizar que durante los juegos, y para todos los participantes, se aplique la carta olímpica».

«Eso significa tolerancia, no discriminación (y) comprensión del diálogo», dijo.

Críticas a China por derechos humanos
Pero desde 2015, el gobierno de China enfrenta crecientes críticas por las denuncias de abusos a los derechos humanos. Especialmente, por la detención masiva de ciudadanos musulmanes en Xinjiang y la erosión de las libertades civiles en Hong Kong.

Hasta 2 millones de minorías musulmanas en la región occidental de Xinjiang han sido detenidas dentro de enormes instalaciones de reeducación, según el Departamento de Estado de EE.UU. También han surgido informes desde el interior de los campos de abuso, adoctrinamiento y control masivo de la natalidad.

 

 

Cynthia Castro, abogada y especialista en derechos humanos, formalizó una denuncia junto a su socio, contra cinco funcionarios del Gobierno Provincial por irregularidades y violación a los derechos humanos.

En cuanto a la denuncia hecha de manera formal ante las autoridades sobre estos cinco funcionarios del Gobierno, entre ellos incluido Federico Massoni, por el exceso accionar durante la pandemia, la abogada detalló que “permitir, sin decir nada respecto a estas violaciones a los derechos humanos, era una especie de complicidad”.

Este caso se originó, gracias a que algunos  videos que circularon en las redes sociales reflejaron el avasallamiento claro de los derechos humanos. Al respecto, Castro explicó refiriéndose a Massoni que “siempre en un circo tenés que tener a alguien que llame la atención”.

Prosiguió la entrevista, en exclusiva para Cholila Online, asegurando que “dieron órdenes ilegales y arbitrarias para violar los derechos de todas las personas”.

La abogada Castro entiende que el ministro ha cometido delitos de lesa humanidad. Por eso, durante la entrevista, confiesa que analiza iniciar acciones legales contra el gobernador Mariano Arcioni, por pedido de tres organizaciones de derechos humanos.

Dijo que “si permitimos que todo el mundo haga lo que quiera, entonces quien ostenta el poder va a ser impune siempre”.

Mencionó que “el exceso de las fuerzas policiales se da en el marco de órdenes por parte del ministro de Seguridad… él entiende que la represión es la forma de dirigirse a toda la sociedad, y no así a la prevención”.

Finalmente, sobre las irregularidades, dijo que “es una cuestión ilegal, porque no es una cuestión irregular…los ilegales son delincuentes siempre porque violan la ley… el salir a golpear gente…”.

Recordemos que los ciudadanos manifestaron que el ministro de Seguridad Massoni, al inicio de la cuarentena habría propiciado medidas, ante la ciudadanía, durante la emergencia de COVID-19, por las cuales las personas denunciaron haber sufrido «abusos policiales» . Fue así que, muchos de estos casos fueron registrados a través de videos y difundidos en las redes sociales. De esa manera,  se dieron a conocer los mismos.

Entrevista completa

🎥🎙️🔴 CYNTHIA CASTRO: "DIERON ÓRDENES ILEGALES Y ARBITRARIAS PARA VIOLAR LOS DERECHOS DE TODAS LA PERSONAS"Hablamos con…

Publicado por Cholila Online Streaming en Jueves, 13 de agosto de 2020

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones, Michelle Bachelet, indicó que la ONU estaba preocupada por las medidas y leyes en algunos países y que teme un “desastre” para los derechos humanos por las medidas que algunos países han introducido para contener el virus.

La República de Argentina, ha sido ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos (superando el caso Nüremberg como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial) al defender desde sus propios tribunales los delitos de lesa humanidad del periodo de la última dictadura militar que fue desde 1976 hasta 1983.

Sin embargo, en la Provincia del Chubut de Argentina, existe un Ministerio de Seguridad con la convicción de replicar los peores años de oscuridad de Argentina en materia de derechos humanos y de ilegalidad institucional, con la gran excusa de que la pandemia por COVID-19 así lo demanda.

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, se arrogó la suma del poder público yendo en contra del orden constitucional. A pesar de que la Constitución Provincial Chubutense adhiere a la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) dispuesto por la Constitución Nacional Argentina, el ministro se puso a dictar normas a las cuales les dio un alcance general, es decir, para toda la población, cuando la ley se lo prohíbe ya que, se encuentra en cabeza del Poder Legislativo la potestad de emitir leyes y, excepcionalmente, en el gobernador -como el caso del Presidente a nivel Nación-, a través del dictado de un DNU (decretos de necesidad y urgencia). No hay constitución o ley que autorice a ningún ministro a dictar leyes o resoluciones de alcance general.

Esto conllevó a que el ministro Massoni impartiera órdenes arbitrarias e ilegales a la policía de la provincia, para detener personas y restringir aun más los derechos y garantías fundamentales de la gente.

Como consecuencia de este accionar ilegal, intervinieron en la Provincia del Chubut organismos de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, interponiendo un HABEAS CORPUS COLECTIVO y PREVENTIVO en contra de este ministro por las “denuncias sobre detenciones ilegales a ciudadanos que realizan actividades habilitadas por el Decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas; hostigamientos; propagación del Covid-19 a raíz de las detenciones ilegales; y hasta incluso la orden de una autoridad policial solicitando a sus subordinados que salieran ‘a detener gente’ porque así se lo pedían sus superiores políticos […] denuncias acerca de resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia, que resultan más restrictivas de la libertad ambulatoria que el Decreto Nacional 297/2020, sirviendo las mismas como supuesta justificación para detener gente. Todas estas conductas que detallaremos a continuación, resultan una clara evidencia de la constante amenaza que sufren todos los ciudadanos de la provincia de Chubut, de ser ilegalmente detenidos por las fuerzas de seguridad, lo que motiva esta presentación”, indicaron los abogados de Derechos Humanos de la Nación Argentina.

Como era de esperarse la juez Moreno, a cargo de decidir en este habeas corpus, resolvió el cese de la totalidad de las resoluciones del ministro Massoni y ordenó que se cumpla con las resoluciones del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ante esta decisión judicial, el gobierno de la Provincia del Chubut, encabezado por el Gobernador Arcioni, esa misma noche, el día lunes 20 de abril de 2020, protegiendo a su ministro, permitió el ingreso sin control de mas de 300 vehículos a la provincia. El día 21 de abril en declaraciones públicas dijo para deslindarse de responsabilidades: “preocupa esa ventana que quedó por el dictamen judicial, en ese lapso ingresaron más de 300 vehículos sin ningún tipo de control”.

Amnistía Internacional Argentina, luego de todas las denuncias y de la vitalización de videos escandalosos en los medios nacionales, alertó sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad durante el aislamiento por el coronavirus en Chubut y exigió a la provincia información pública relativas al ejercicio de la competencia de las fuerzas de seguridad, manteniendo observada a la provincia en materia de Derechos Humanos.

Ahora bien, frente a este accionar de ilegalidad, contrario a derecho, violador de los derechos humanos y de las garantías fundamentales de las personas, dos abogados de la Provincia del Chubut, el Dr. Gastón BORDIER y la Dra. Cynthia CASTRO, interpusieron JUCIO POLITICO contra el Ministro de Seguridad Massoni por “[…] por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, inobservancia del Orden Constitucional, abuso de autoridad, comisión de delitos en el desempeño de sus funciones, Art. 246 inc. 3 y Art. 248 ambos del Código Penal […]. Además por impartir órdenes Ilegales a la Policía de la Provincia y la violación de Derechos y Garantías de la población en general, arbitrar detenciones sin orden de autoridad judicial competente, por atribuirse facultades extraordinarias que exceden su función, como lo es arrogarse funciones legislativas y emitir normas con alcance para toda la población chubutense, usurpando funciones propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en cabeza del Organo Gobernador; entre otras que se investigarán por parte de la correspondiente Comisión Investigadora”.

La Legislatura de la Provincia del Chubut, con 27 miembros, presidida por el vice gobernador Dr. Ricardo Sastre, son hoy los responsables de determinar hasta cuando un ministro utilizando la función pública, apañado por su Gobernador, va a continuar violando los Derechos Humanos en la provincia, Derechos Humanos, por cierto, que costaron conseguir a costa de sangre de miles de millones de hombres, mujeres y niños a lo largo de la historia de la humanidad.

En un país como Argentina, que ha sido pionera en la región latinoamericana en la defensa de los Derechos Humanos; es que en estos momentos, en que una provincia integrante de esa Nación, la Provincia de Chubut que transita por la noche en materia de Derechos Humanos; la Dra. Cynthia Castro, especialista en Derechos Humanos y firmante junto al Dr. Bordier del juicio político contra el ministro, cuando fue consultada sobre la posibilidad de que no se alcancen a juntar los votos necesarios para destituir a quien viola los Derechos Humanos en su provincia respondió “las probabilidades de perder a nadie debe disuadir de apoyar una causa que cree que es justa” y añadió sobre la legislatura chubutense, aplicando la frase de Platón “de noche especialmente es hermoso creer en la luz”.

Los abajo firmantes en repudio masivo y enérgico a  la propaganda antidemocrática del Ministerio de Seguridad de Chubut publicada el día 11 de julio en su página oficial de facebook.

En ella podemos ver una serie de fragmentos de entrevistas periodísticas editadas en forma publicitaria donde el Ministro de Seguridad Federico Massoni, expresa su postura contra el narcomenudeo, su lucha por la vuelta del “ORDEN” y atacando a “la gente de Derechos Humanos”, quien según sus palabras “terminan defendiendo al delincuente”.

Vemos con gran preocupación que un funcionario público que tiene a su cargo el área que posee el monopolio del uso de las fuerzas estatales, realice tales declaraciones en una provincia regada de sangre debido al accionar ilegal de las fuerzas de seguridad a su cargo. Desaparecidos en comisarías, asesinatos, violaciones, vejaciones, todo tipo de prácticas de tortura y persecución ideológica, por parte de las fuerzas de seguridad, son solo algunos de los hechos que deberían ocuparlo y no atacar a “la gente de derechos humanos” por velar por ellos, trabajo que por otra parte es, justamente, algo que debería estar realizando el propio estado.

Espanta también saber que un funcionario público que publicita estas opiniones sobre los derechos humanos, haya estado a cargo de un área tan sensible y fundamental en nuestra provincia como es la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuando asumió en el cargo de Coordinador de Gabinete en 2019. No es difícil comprender la poca prioridad que el gobierno le ha dado a dicha área, y el escasísimo o nulo margen de acción que tiene en la defensa de los derechos humanos.

Recordemos que Massoni, fue removido del cargo el 7 de noviembre de 2019 tras la brutal represión frente a la casa de Gobierno y atroz detención del Secretario general ATECH Santiago Goodman, y vuelto a nombrar, un mes más tarde, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia, ante el estupor de la comunidad toda.

Hemos advertido y denunciado públicamente en innumerables ocasiones, nuestra preocupación por el grave estado de vulnerabilidad e indefensión en que vivimos los habitantes de esta provincia. Desde la preocupante designación en el año 2018 del Comisario Miguel Gómez, imputado en numerosas causas por abuso de autoridad, lesiones graves y vejaciones, a cargo de la jefatura de la policía provincial.

Pasando por la aberrante distinción entregada por el Ministro Massoni a Tito Nichols, genocida responsable del secuestro y desaparición del docente y militante Elvio Angel Bel ocurrida el 5 de Noviembre de 1976 en la ciudad de Trelew. Hasta llegar a las masivas detenciones arbitrarias y violaciones constantes a los derechos humanos por parte la fuerza de seguridad provincial en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio lo que causa repudio, momento en el cual debimos interponer junto al Ministerio de la Defensa Pública y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un recurso de Habeas Corpus preventivo para salvaguardar las garantías democráticas de la población.

Estamos convencidos que un funcionario público que ignore que su mayor responsabilidad es la de garantizar el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, no puede ejercer cargos públicos porque pone en riesgo la democracia. Es por esto que toda acción que lleve adelante en pos de fomentar estigmatización, persecución y discriminación se repudia y es una violación a los derechos humanos.

El estado Argentino ya fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres en la Comisaría 1era de Comodoro Rivadavia en el año 2003. Por la gravedad de esta sentencia, quien ocupa el cargo del Ministerio de Seguridad, debería preocuparse prioritariamente por adecuar los protocolos y la formación de las fuerzas para erradicar de una vez por todas, la violencia institucional de nuestra provincia.

Derechos humanos es también que el Estado garantice el derecho a la vida, el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo digno, a un medioambiente seguro y saludable, a políticas públicas de protección de nuestros, niños, niñas y adolescentes. En una provincia arrasada, en la que el poder ejecutivo hace mas de 2 años esta incumpliendo los pagos de sueldos a sus trabajadores, que aun sin cobrar dan la vida por sus vecinos, sin preguntar de qué barrio vienen, qué color de piel tienen o cuál es su ideología.

Por todo lo expuesto y en pos de defender la democracia y garantizar los derechos de la población de Chubut, los abajo firmantes exigimos la inmediata renuncia del Ministro de Seguridad Federico Massoni, del Subsecretario de ese Ministerio, Félix Sotomayor y de toda la Cúpula de la Jefatura Policial que lo acompaña.

¡SIN DERECHOS HUMANOS NO HAY NUNCA MAS!

NI UN PIBE MENOS
NI UNA MENOS
NI UN PASO ATRÁS
COMISIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR LA JUSTICIA EN CHUBUT

Adhieren al documento:
Nora Cortiñas – Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
José Ernesto Schulman- presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
APDH Nacional (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Liga Argentina por los Derechos Humanos.
MEDH Nacional (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos).
ADESAM – Asociación por los Derechos en Salud Mental.
Frente Educadores del Sur: Marina Leticia VILTE
A.R.E.P.A. Colectivo Red de Educadorxs Populares de Argentina.
ATECH Celeste (Asociación Trabajadores de la Educación Chubut).
CTA de los trabajadores Chubut.
Liga por los Derechos Humanos – Mendoza.
MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) Regional Santa Fe.
MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) Regional Mendoza.
MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) Regional Viedma-Patagones.
MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) Regional ROSARIO
CCVI (Coordinadora Contra La Violencia Institucional Jujuy).
Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes Mendoza.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy.
H.I.J.O.S. Jujuy.
RUV (Registro Único de la Verdad) Chaco.
Asociación de Derechos Humanos «Casa de la Memoria Catamarca».
Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes en defensa de los Derechos Humanos.
Fundación Memorias e Identidades del Tucumán.
Asamblea Permanente del Comahue por el Agua – Río Negro y Neuquén.
Asociación de ex Presas y Presos Políticos de Mendoza.
Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia.
Yo no fui Colectiva feminista Mendoza.
Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Provincia Chubut.
Asociación Civil Sobrevivientes, Familiares y Compañerxs de Campo de Mayo.
Asociación Civil Moreno por la Memoria.
Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores.
CTA Autónoma Misiones.
Espacio para la Memoria ex CCD Brigada de Investigaciones de Las Flores.
CTA-Autónoma Entre Ríos.
Secretaría de Derechos Humanos CTA- A Entre Ríos.
CDP ATE Entre Ríos.
Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
CTA-Autónoma San Juan.
Secretaría de Derechos Humanos CTA –A San Juan.
CDP-ATE San Juan.
Flores Solidario.
Asociación Civil La Cantora
Maestría en Comunicación y Criminología. UNLP
Azucena Racosta. Cátedra Comunicación Criminología y Medios. FPyCS UNLP
Observatorio de Derechos Humanos Comuna 7.
Asamblea por el agua Mendoza.
Asociación Seré por la Memoria y la Vida.
Espacio para la Memoria EXCCD Virrey Cevallos.
Mesa de Derechos Humanos de Salta.
Asociación Familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas y gremiales – Salta
Asociación Derechos Humanos Coca Gallardo – Salta.
Asociación Derechos Humanos Lucrecia Barquet – Salta.
H.I.J.O.S. Salta.
CTA Autónoma de Salta y sus Gremios de Base.
Espacio para la memoria y promoción de los DDHH de Avellaneda, ex CCDTYE el infierno.
Secretaría de Derechos Humanos CTA-Tucumán.
Red por un Hábitar Justo. Trelew
Construcción Colectiva Madryn
MACH -Movimiento Antinuclear Chubut.
Asociación Pensamiento Penal Chubut.
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Géneros de la CTA-A Chubut.
H.I.J.O.S Zona Oeste.
Grupo San Pablo.
Partido Solidario-PSol Jujuy.
MIJ (Movimiento de Integración Jujeña).
Secretaria de DDHH CTA A – Santa Cruz.
Multisectorial contra la represión Bariloche.
Departamento DDHH de los pueblos ATE Rio Negro.
Secretaria de DDHH de la CTA-Autónoma de Capital Federal.
Comisión directiva central de la asociación gremial del magisterio de Entre Ríos.
Frente Nacional de DDHH del partido Nuevo Encuentro.
Ateneo Elvio Ángel Bel – Trelew.
AGARRE Acción Grupal Antirrepresiva – Comodoro Rivadavia.
H.I.J.O.S Puerto Madryn.
Red por la Identidad Esquel.
Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNPSJB, Comodoro Rivadavia.
Lof Tata Angkamilla de la ciudad de Trelew.
Cátedra Abierta Edward Said y Otros Estudios Subalternos de la UNPSJB Trelew.
Trabajadorxs del Centro Cultural x la Memoria de Trelew.
Acción Colectiva Puerto Madryn.
Lila Regional Este ATECH.
Multi ATECh Noreste.
Radio Sudaca – Asociación Civil Palabra Abierta.
Lujo Popular en Marabunta.
Frente de Mujeres Por Trelew.
Nuevo Espacio en Humanidades, agrupación de docentes y graduades, UNPSJB.
Corriente Sur Comodoro Rivadavia.
Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Provincia Chubut.
Multisectorial de Mujeres Comodoro Rivadavia.
La Asamblea de vecinxs Rawson – Playa contra la Megaminería.
Asamblea de Vecinxs de Epuyen.
Biblioteca Popular Manuel Porcel de Peralta.
Lista lila ATECH Regional Sur.
Colectiva por los Derechos en Salud La Minga Chubut.
UYO (Unidos y Organizados) – Puerto Madryn
Octubre Rebelde – Agrupación Estudiantil Facultad de Humanidades y Cs Sociales UNPSJB, Comodoro Rivadavia.
Socorro Rosa Rabiosa, feminista y socorristas, Comodoro Rivadavia.
Entropía, conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Cs. Naturales y Cs. de la Salud, UNPSJB Trelew.
Espacio Docente, agrupación docente de Trelew.
Instituto Futaleufú
MTL Chubut
Juan S. Arcuri- Subsecretario de Derechos Humanos de Chubut 2007-2011.
Ana M. Barletta, Coordinadora de la Maestría en Historia y Memoria Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
Dra. Verónica Heredia.
Sergio Maldonado.
Lic. Aníbal Aguaisol (Integrante Comisión Directiva ARDA).
Carola Noriega – Trabajadora del EMS (Espacio Mansión Seré) Morón. Bs.As.
Gloria Canteloro – Ex presa política y trabajadora del Espacio de Memoria-Ex CCD Servicio de Informaciones de Rosario.
Hugo Colaone. Secretario Gral. del Movimiento Peronista Autentico NK. Y miembro del colectivo Quilmes, memoria, Verdad y Justicia
Longko Ancamil Silvia.
Silvia Asaro.
Mariana Arruti.
Martín Majersic Secretario Gral. Corriente Nacional Martín Fierro en Chubut.
Eva Zurrian, militante DDHH.
Juan Baraj.
María Eloísa Pilotti.
Lic. Pablo Blanco.
Hilda Fredes.
René Pérez Durán.
Ana Amato.
Ana Cristina Ibáñez, Ex Presa Política (Catamarca).
Emperatriz Márquez, Ex Presa Política (Catamarca).
Ana Cristina Ibáñez, Ex Presa Política (Catamarca).
Estela María Assaf (Tucumán).
Noemí Toledo, fliar. de detenidos desaparecidos (Catamarca).
Alejandra Sepúlveda Locutora Nacional Matrícula 7.133.
Fabricio Cardelli- Periodista.

El padre Juan José Soto Vargas, obispo de la Patagonia en Bariloche, denunció que “violan los derechos humanos de una familia en la Provincia del Chubut”.

La denuncia fue hecha a través de este medio de comunicación Cholila Online este sábado. El caso trata de una familia chilena integrada por 4 personas, entre ellos dos menores, que están varados en Chubut y no tienen donde alojarse.

La situación, al parecer está siendo atendida por el director del Hospital local, doctor Leonardo Boquet, el propio Intendente de Trevelin, Héctor Ingram, entre otras autoridades.

Sobre el caso, el padre Juan José Soto Vargas aseveró que “el gobierno de la Provincia del Chubut no ayuda a nadie. Tuvimos una comunicación con la ministra de Familia, donde le rogamos y suplicamos, para que atienda esta señora con dos bebes que fue expulsada del país”.

Viola Soto Barrientos tiene a su favor una resolución del ministro Federico Storani del año 2000, que les había dado una radicación a ella y a su familia.

Sin embargo, el padre dijo que “la expulsaron injustamente. Sumado a eso, en marzo dictan una medida cautelar para que ella no se acerque a la casa de la abuela, su mamá o hermanos”.
Ante este hecho “los jueces federales y provinciales meten la cabeza bajo la arena”, dijo.

“Hay un gobierno corrupto”

Para el padre Juan José Soto Vargas “Chubut tiene que ser severamente condenado por los organismos internacionales de derechos humanos, en ese sentido estamos luchando ahora. Porque hay un gobierno corrupto, que no respeta los derechos humanos”.

“Al padre de Viola, Juan José Soto Vargas, un exiliado chileno, le negó Massoni el ingreso a Chubut para visitar a su familia”, dijo.

Mientras que, “el hermano de Viola, el argentino Soto Barrientos, recién acababa de llegar a Chubut, cuando bajó del colectivo en Esquel lo detuvieron, brutalmente le pegaron, y le montaron una causa”, contó el padre.

De momento, esta familia chilena espera ser atendida y obtener una respuesta por parte de las autoridades, para reencontrase con sus demás familiares que viven en la provincia.

De una manera maliciosa y mal intencionado han inducido a Viola Soto Barrientos discapacitada conforme laudo comisión discapacidad bahía blanca, a renunciar, y retractarse, al pedido que por derecho le asiste, apelar la expulsión y con ello, la ejecución de expulsión es un hecho real la próxima semana.

Cabe acotar, que se han vulnerado los derechos de los niños ya que el intendente Trevelin negó auxilio y ayuda desde marzo a la fecha, ahora para figurar se hace el “buenito” y usa a Diario Chubut para justiciar la discriminación que cometió al negar ayuda no solo a esta familia sino a toda su familia chilena del taller mecánico “Los chilenos Barrientos” de Trevelin.

Es importante destacar que el caso se está ventilando en la comisión interamericana derechos humanos OEA y Alto Comisionado Naciones Unidas para los derechos humanos a cargo Michell bacheletm@ohchr.org.

Esto ocurre en la provincia Chubut, basado en una errada interpretación de la estrategia para combatir el corona virus, gestión que tiene como único interlocutor válido al poder Ejecutivo nacional y provincial, quedándose cruzado de manos impunemente el poder legislativo y judicial. De este modo el atropello a los derechos humanos es generalizado y sistemático. Es la acceso Habeas Corpus está como mínimo limitado, en un contexto de una Nación en estado y plan cóndor de excepción constitucional, quiere decir que la discapacidad no solo afecta las víctimas sino que afecta también a los victimarios, algo confuso pero dinámico.

Por causa estas 4 criaturas pretenden excepcionalmente habilitar aduana por Futaleufú

Surge el argumento que para concretar la expulsión y el destino de la familia extranjera, tienen que habilitar la Aduana de ambos países (Argentina y Chile) y a la inversa. Todo esto no es de poca monta, se dispone de un plan contingencia súper especial, en la región que ahora está cerrado todo avanzada río grande/ Futaleufú… Albergues, viáticos para los que lleven adelante los ilícitos consumado, coordinación entre autoridades.

En Chile esperan a Luis Orlando Jiménez Fuenzalida, las rejas carcelarias ya que tiene un largo prontuario 15 CONDENAS cumplidas, nunca tuvo acceso ni posibilidad de limpiar sus antecedentes, huyó a ARGENTINA y aquí la Patria grande ni siquiera le dio la posibilidad de pedir asilo POLÍTICO, a ninguno de los dos. Se ruega revertir el estado psicofísico de torturas en qué los empleados públicos han sometido a estás 4 personitas, como puedes entender que la juez menores Esquel, haya arbitrariamente, dictado sin derecho a defensa alguna, y judicializar algo doméstico producto del hacinamiento y dictar Judicial de prohibición acercamiento de la hija (viola soto Barrientos y sus 2 nietos) a la abuela Eliet Soledad Barrientos Gallardo, habitantes de Trevelin, es algo inaudito y poco serio.

Violación convención derechos humanos OEA, cidh, ser.25, «toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los inexistente jueces y tribunales, no hay como amparar a este grupo familiar, están afectados al derecho a la vida, y a la integridad física y psíquicas de la mentada Conexión Americana suscrita por Argentina ante la organización de Estados Americanos OEA. Lo anterior se ve reflejado en el contumaz interés en concretar la expulsión al grupo familiar que está fuera de las Leyes y Tratados y Constitución ARGENTINA. En suma es una amenaza directa a la vida y libertad de una humilde familia, el caso no fue debidamente ponderado por las autoridades que han y llevan al suplicio al grupo familiar. De su turno Chile sigue enfrascado en la constitución política de Pinochet.

En varias cortes han fallado contra personas en esta PANDEMIA, en el sentido que en el poder judicial chileno NO resulta admisible, que sean los tribunales quienes concurran en defensa derechos jurídicos y humanos de los ciudadanos, gestión afirma es privativa al Ejecutivo, es decir, al presidente Piñera y que no corresponde establecer justicia por otros carriles. Hace horas se publicó ley que quien infrinja cuarentena recibe cárcel inmediata y 5 años cárcel esto en Chile. Todo esto bajo el manto de jueces pinochetistas. La política estatal de Chubut frente a este caso ha sido negligente, aislada, predominante del gobierno Chubut frente actores sociales.

La política del palo y garrote, la del gallinero, la de la vaca empantanada. No hay que olvidar los jugosos sueldos que cobran los Magistrados, los políticos y los trueques por el silencio del colegio de abogados y afines. La Constitución de Pinochet es clara en el art. 45 inciso 1ro.» Los tribunales no tienen nada que hacer en tiempos estado excepción pandemias».

Es importante mencionar que Massoni le prohibió la circulación en Chubut a Juan José Soto Vargas, la negativa de no se asemeja a un documento legal, no tiene fecha, firma, ni escriben el nombre de Juan José Soto Vargas, por tanto, es un modus operandi igual que la dictadura, además Juan José Soto Vargas tiene domicilio legal en Trelew calle cuba 52 barrio Progreso Trelew CHUBUT.

La Defensa Pública, la Comisión de Lucha Contra la Impunidad y Por la Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la última en sumarse con un tercer habeas corpus, lograron derogar las normas provinciales que consideraron abusivas.

«Estas normas derivaron en detenciones ilegales a ciudadanos que realizaban actividades habilitadas por el decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas, hostigamientos, y propagación de covid-19 a raíz de las detenciones ilegales», resumió la secretaría que conduce Horacio Pietragalla en el escrito al que accedió Página 12.

Sin embargo, una fuente oficial explicó que esto no es respuesta suficiente al habeas corpus presentado, ni tampoco debería impedir que declaren los testigos, víctimas de estos abusos, presentados por las autoridades nacionales y la Comisión contra la Impunidad.

Por la tarde, luego de un cuarto intermedio fue el propio ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien planteó que su DNU vuelva abstracto el habeas corpus, a lo cual la defensa pública se opuso así como la Comisión, en la voz de Mariela Flores Torres, concejala de Trelew.

«El ministro nunca nos recibió», dijo Torres en la audiencia, a lo que Massoni negó haber recibido un pedido de reunión.

Los representantes de la Nación aclararon que no pidieron un DNU de flexibilización de la cuarentena sino el fin de los abusos, e insistieron que el mismo no responde todas las violaciones a los derechos humanos planteadas en el habeas corpus.

Cuando llegó el momento de las resoluciones, la jueza no declaró abstracto el habeas corpus hasta tanto entre en vigencia el decreto provincial promulgado hoy. Para la magistrada, el decreto resultó respuesta suficiente para los cuestionamientos que hicieron no sólo la secretaría de Derechos Humanos de la Nación sino también el defensor oficial Omar López, que había presentado un habeas corpus en el mismo sentido.

Pietragalla y el director nacional de políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski​, con el patrocinio letrado de Eduardo Hualpa, promovieron la acción de habeas corpus preventivo y colectivo «en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut, por los graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N°297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las autoridades políticas».

En su pedido a la Justicia, los funcionarios nacionales indicaron que recibieron «denuncias acerca de resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia, que resultan más restrictivas de la libertad ambulatoria que el decreto nacional 297/2020, sirviendo las mismas como supuesta justificación para detener gente». A su criterio, estas conductas «resultan una clara evidencia de la constante amenaza que sufren todos los ciudadanos de la provincia de Chubut, de ser ilegalmente detenidos por las fuerzas de seguridad».

Antes de la resolución de la jueza se expresaron las partes. «Acá se trata de cambiar las prácticas sistemáticas policiales en todas las ciudades, si cambian solo la normativa no sirve, detener a personas luego de las 20 horas a media cuadra de su casa, o porque iban con un chiquito de dos años, entonces eran dos, como pasó este fin de semana, sin un compromiso expreso, así no rigen las garantías constitucionales», señaló el defensor López.

🔴⚖️ || La concejala Manuela Flores de #Trelew, infoma sobre lo decidido por la Jueza Dra. Moreno, en la audiencia por las tres Hábeas Corpus contra #FedericoMassoni#CholilaOnline #Chubut

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Lunes, 20 de abril de 2020

El ministro de Seguridad del Chubut aseguró “hoy tenemos 3826 demorados en toda la provincia y 684 vehículos secuestrados”, y en ese contexto, indicó que hay dos causas con apertura de investigación, una Puerto Madryn y otra en Playa Unión.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, informó este lunes, durante la conferencia de prensa del Comité de Crisis Provincial, que “hasta el día de hoy tenemos 3826 demorados en toda la provincia y 684 vehículos secuestrados, y tengo conocimiento de 5 denuncias por abuso de autoridad”.

En ese marco, el titular de la cartera de seguridad señaló que “tres fueron dejadas sin efecto por Fiscalía. Una en Madryn, que denuncian violencia contra dos femeninas, y la otra en Playa Unión, donde un efectivo policial le propinó un tiro en la vía pública a un perro. Además, una denuncia que me comprende y fue realizada por el bloque de diputados provinciales de la oposición”.

Garantías

Además, Massoni indicó que “invitamos a Defensa Pública y Derechos Humanos para que nos acompañen las 24 horas en los lugares donde se hacen las demoras o detenciones, con el fin de que sean garantes y custodios de que se está cumpliendo con todo lo que establece la normativa y todos los respetos hacia las personas”.

“Por una cuestión de seguridad, y en concordancia con Defensa Pública, se estableció no hacer demoras en comisarías”, y explicó que “entonces, en las distintas localidades se buscó un lugar espacioso para llevar a los demorados por día, para que pueda realizarse la imputación del delito de forma correcta, cumpliendo con los protocolos sanitarios y de seguridad”.