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Mucho se ha escrito y muchos ejemplos existen en la historia de la Humanidad, sobre la pérdida de los derechos ciudadanos en tiempos de extrema emergencia o catástrofe natural.

La instalación del pánico, la paranoia y el miedo hacen generar situaciones restrictivas hacia la ciudadanía, dejándolas al límite de la pérdida de los derechos constitucionales.

Está delgada línea que vive todo ciudadano se agrava cuando los mandatarios asumen el rol del «todo poderoso» y una excesiva manifestación de paternalismo institucional que se demuestra como el antiguo squetch del padre que cuando se sentaba en la mesa, el resto de la familia se callaba la boca.

Sin embargo, la realidad es otra. La ciudadanía ha conquistado derechos, individuales y colectivos. No sólo las sociedades han establecido su carta magna de convivencia conocida como Constitución, sino además, han desarrollado pactos internacionales sobre Derechos Humanos y Ciudadanos donde los gobiernos del mundo han expresado su adhesión.

Esta comprensión del Estado de Derecho que parece muy obvia se estrella cuando suceden situaciones de emergencia como la que estamos viviendo con la Pandemia del COVID19.

Es así, que algunos mandatarios contraen un cierto virus dictatorial que bien supo describir en su ensayo sociológico la exdiputada chilena Laura Rodríguez y que llevó el nombre de: «El virus de Altura».

Lo que en dicho ensayo se describe es básicamente, el padecimiento que produce en los funcionarios políticos un estado febril de tal grado que terminan creyendo que ellos son los únicos que saben, los que tienen la razón en todo y entran en un estado involutivo cuando asumen la postura de: «yo hago lo que se me da la gana».

Cuando se llega a esa «altura» de la enfermedad, el antídoto más eficaz es el ejercicio de la defensa de los derechos conquistados y consagrados por parte de la ciudadanía.

Es afirmarse en las leyes fundamentales que nos hacen sociedades de esta época y momento histórico. Ciudadanos comprometidos con una vida social amparada por nuestra Constitución.

Los ciudadanos pasamos de ser objetos políticos a ser sujetos de derechos. El buen vivir conlleva una responsabilidad social que se representa en la puesta en valor de nuestros derechos más esenciales.

De esta realidad insoslayable, nadie escapa. Más temprano que tarde, la fuerza espiritual de todos los hombres y mujeres que han dado su vida en la conquista de los derechos humanos y sociales se hace presente.

De esta realidad, no existen atajos ni fuerza capaz que puedan vulnerarla.

Por: Sergio Espinoza

El ministro de Educación, Andrés Meiszner, ratificó que a los docentes que adhirieron a las medidas de fuerza se les descontará el día no trabajado, y avisó que ya están haciendo las cargas correspondientes.

«Somos respetuosos del derecho de los trabajadores de hacer medidas de fuerza, pero también en este caso el Estado tiene el derecho de descontar el día no trabajado», aseguró.

Asimismo, Meiszner sostuvo que las cifras oficiales muestran que el acatamiento del paro no superó el 30 por ciento en toda la provincia, muy inferior al 80 y el 60 por ciento que maneja la Atech. «Los niveles de concurrencia de los docentes a los establecimientos educativos fue realmente muy buena, y en toda la provincia rondó un 70 por ciento en los diferentes niveles», concluyó.

Este viernes el mandatario se presentó en la Facultad de Derecho de la UBA a evaluar a sus alumnos de la cátedra de Teoría General del Delito y Sistema de Pena. Algunos fueron desaprobados.

El líder del Frente de Todos, como jefe de la cátedra de Teoría General del Delito y Sistema de la Pena, constituyó puntualmente la mesa de examen a las 10 en el aula 235, donde una de las primeras acciones fue solicitar que se retirara del lugar a «la prensa», según trascendió de parte de los alumnos.

Luego de encabezar los exámenes orales, en los cuales debió desaprobar a alguno de los alumnos que se había presentado, el jefe de Estado realizó breves declaraciones a los periodistas que se habían acercado hasta la sede universitaria y desmintió que fuera a pedir licencia del puesto docente, ya que legalmente no es incompatible ese cargo con el de Presidente.

«No voy a pedir licencia, voy a seguir dando clases, una vez cada 15 días: le voy a pedir a la Facultad un adjunto para poder hacerlo», explicó.

En ese sentido, el Decreto 1033/2001 establece que «el desempeño de horas de clase o de cátedra no se encuentra alcanzado por la incompatibilidad prevista en el Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional».

Alberto Fernández se desempeña desde 1985 como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA): dos años antes, el dirigente peronista se había recibido de abogado en esa misma casa de altos estudios con un promedio de 7,80.

El actual Presidente dicta la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena, que trata sobre temas como la política criminal, el dolo, la culpabilidad, la tentativa, las consecuencias jurídicas del delito y las penas, entre otros.

«Ayuda en el examen. Si no sabes algo, te ayuda en el examen para que lo sepas. No tiene intenciones de que desapruebes», contó una de sus alumnas en declaraciones a la prensa.

Y agregó: «Al otro día de su asunción nos mandó al grupo de WhatsApp el aviso de que iba a venir a tomarnos el examen y a firmar las libretas».

Tras cumplir con sus responsabilidad de docente, Alberto Fernández regresó a la Casa Rosada para reunirse con el vicepresidente de Google, Philipp Schindler.

El mandatario asistió este viernes a la Facultad de Derecho para integrar la mesa que evalúa a los alumnos de la cátedra «Teoría General del Delito y Sistema de la Pena».

Rosada a bordo del helicóptero y seguidamente se subió a un auto oficial con rumbo a la sede universitaria, en avenida Figueroa Alcorta 2263, en el barrio porteño de Recoleta.

A las 9,30, el helicóptero del Presidente, que había partido cinco minutos antes desde la residencia de Olivos, aterrizó detrás de la Casa Rosada y, en lugar de dirigirse hacia su despacho, abordó su vehículo y se dirigió por la avenida de Mayo en dirección hacia la Facultad de Derecho de la UBA.

Fernández, abogado, dicta la materia «Teoría General del Delito y Sistema de la Pena», y al día siguiente a su asunción, el miércoles 11, tenía que tomar exámenes a sus alumnos, por lo que pidió posponerlos hasta este viernes, en la que sería su última actividad como docente puesto que tenía pensado pedir licencia, dijeron fuentes oficiales.

El Decreto 1033/2001 establece que «el desempeño de horas de clase o de cátedra no se encuentra alcanzado por la incompatibilidad prevista en el Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional».

Alberto Fernández se desempeña desde 1985 como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA): dos años antes, el dirigente peronista se había recibido de abogado en esa misma casa de altos estudios con un promedio de 7,80. .

El actual Presidente dicta la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena, que trata sobre temas como la política criminal, el dolo, la culpabilidad, la tentativa, las consecuencias jurídicas del delito y las penas, entre otros.

Encabezará el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Abogada, defendió a la dirigente social.

«Como avisé, vamos a crear el ministerio de la Mujer, Género y Diversidad y al frente de ese ministerio va a estar una abogada excepcional que trabajó y trabaja mucho por los derechos humanos tanto como por los derechos de la mujer. Es Elizabeth Gómez Alcorta. Miembro integrante del CELS y una mujer que también en términos de conocimiento del derecho y todo el aporte que puede dar en favor de la igualdad sin dudas en un aporte enorme». Con estas palabras Alberto Fernández presentó a quien estará al frente del flamante ministerio. 

Elizabeth Gómez Alcorta es una abogada feminista y militante por los derechos humanos. Tiene 47 años, un hijo de 8, y desde el martes 10 de diciembre será la primera ministra de la Mujer de la historia argentina.

Gómez Alcorta nació en San Isidro a fines de 1972. Es abogada, forma parte del Centro de estudios Legales y Sociales y es docente en la Universidad de Buenos Aires.

La abogada se hizo famosa por defender a la dirigente social Milagro Sala, líder de la Organización Tupac Amarú. Gómez Alcorta es una de las referentes del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP).

Pero Gómez Alcorta tiene una larga carrera en la Justicia. Un paso breve por un juzgado, pero de nutrida trayectoria en la defensa de derechos humanos y organizaciones sociales. Llevó adelante el primer juicio que una nieta restituida -María Eugenia Sampallo Baragán- le hizo a sus apropiadores. 

También es muy conocida entre los movimientos feministas. Las mujeres, lesbianas, travestis, trans, la conocen por verla en las marchas y en todas las movilizaciones que reclamen por igualdad de género.

Gómez Alcorta usa su pañuelo verde a favor del aborto legal. Está presente en cada Encuentro Nacional de Mujeres. Camina, participa, habla, levanta banderas.

El nuevo Ministerio deberá marcar políticas de igualdad de género, planes, programas. El fallido Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) no logró sus objetivos porque no contó con presupuestos acordes a la problemática. Se espera que al ser un Ministerio ahora se cuenten con partidas presupuestarias acordes con la función de esta nueva cartera. Gómez Alcorta tiene, al menos, el apoyo inicial de todo el feminismo y las organizaciones de derechos humanos, según Clarín.

El titular de la cartera educativa provincial además sostuvo hoy en conferencia de prensa en Casa de Gobierno que “no se está respetando el derecho a la educación”.

El ministro de Educación del Chubut, Paulo Cassutti aseguró esta mañana desde Casa de Gobierno que luego de la reunión del Gobierno Provincial con los gremios docentes, que “vemos que hay intransigencia y no se está respetando el derecho a la educación”.

“El diálogo continuará abierto pero es la última propuesta económica que podemos ofrecer. Si mañana cambia la situación lo comunicaremos. Uno siempre les pidió reflexión, desde el Gobierno se respondieron las dudas y se acercaron las propuestas que solicitaban”, sostuvo el funcionario provincial.

Continuando explicó que “el pago del primer rango se adelantó una semana, estamos cumpliendo con el cronograma estipulado. Solicitaron el pago de cláusula gatillo, les dijimos que lo íbamos a pagar; aclaramos muchas cuestiones respecto a infraestructura en los establecimientos escolares, además creamos un fondo de asignación específica”.

Además, señaló que “veo una postura de inflexión,  vamos a alcanzar un acuerdo siempre y cuando las partes vayamos cediendo. Desde el Gobierno fuimos avanzando, presentando  propuestas e intentando cumplir pero lamentablemente no encontramos un punto de equilibrio, no podemos seguir cediendo”.

El intendente municipal, Sergio Ongarato, opinó mediante las redes sociales sobre el reclamo que llevan adelante los trabajadores de la educación.

“Comenzó la octava semana sin clases en Chubut”, dijo de arranque el mandatario local y luego reflexionó sobre la situación.

Pidió Ongarato que “prevalezca el derecho a aprender de nuestros chicos por sobre las discusiones de los adultos del gobierno provincial y los sindicatos”.

Los docentes mantienen firme el reclamo, solicitando el pago de salarios en tiempo y forma, el pleno funcionamiento de la obra social y el cumplimiento de los acuerdos paritarios, entre otras cosas.

Las acciones continúan a lo largo de esta semana. Mañana habrá un “escuelazo” en toda la provincia y olla popular con diferentes sectores, al mediodía en SEROS de Esquel, así lo informó Diario la Portada.

 

Minutos antes de la audiencia en los Tribunales Federales de Comodoro Rivadavia, la dirigente mapuche Moira Millán se refirió a la causa en la que busca la absolución luego de reclamar la renuncia del juez Otranto.

En diálogo con el programa Acá Estamos que se emite por Radiocracia, Millán señaló que “se esta utilizando el aparato legal, instrumentalizándolo para reprimir y cercenar los derechos de los pueblos, como así también de todos los sectores que estamos demandando justicia y el respeto pleno de nuestros derechos. Hay una clara criminalización a la lucha y al reclamo”.

A la hora de detallar lo acontecido, Millán pormenorizó que “El 17 de septiembre del 2017 el juez Guido Otranto ordenó el allanamiento a la comunidad mapuche Vuelta del Río. Llegaron efectivos de Gendarmería y cometieron distintos tipos de abuso, vejámenes, ingresaron en helicóptero, entraron a las casitas, tiraron abajo las puertas, arrastraron a nuestra gente, los precintaron en la madrugada sin permitirles ir al baño o abrigarse, los mantiene así durante muchísimas horas”.

Luego agregó que “a raíz de estas barbaridades que cometieron se decidió ir al Juzgado Federal de Esquel y exigir la renuncia del juez Otranto. Entramos de manera pacífica, esperamos en el hall de entrada, pedimos entrevistarnos con el juez, quien se negó a atendernos, recién al mediodía pudimos verlo y manifestarle todo lo que había sucedido y pedirle que se investiguen los abusos para que se haga justicia”.

La referente mapuche puso especial énfasis en que “le exigimos la renuncia porque nos parecía que las medidas que estaba llevando adelante eran sumamente abusivas y que no correspondían a la concepción de justicia que tiene el pueblo mapuche porque entendemos que se trata de reparar el círculo de armonía que había sido quebrantado y lejos de hacerlo, con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, lo que estaba sucediendo era la profundización la represión y la injusticia”.

Tras remarcar que el juez Otranto nunca renunció sino que fue desplazado del caso Maldonado, Millán señaló que “en lugar de investigar todo lo que denunciamos termino yo siendo acusada de coacción doblemente agravada y soy la única imputada aunque no fui la única que ingreso al lugar; lo que demuestra claramente cómo funciona el aparto de presión legal respondiendo a la presión política de quienes detentan el poder”.

Respecto de las denuncias de “espionaje ilegal” efectuado contra integrantes del movimiento del No a la Mina y a la comunidad mapuche indicó que “casi todos los integrantes de la Pillán Mahuiza estamos investigados en esos expedientes y uno de los expedientes más abultados es el mío, me seguían desde hace mucho tiempo y es muy ridícula la elaboración de ese informe, por eso estamos dentro del grupo que demanda colectivamente la investigación de este caso para saber quiénes fueron los que dieron la orden de espiarnos ilegalmente”.

“Esperamos que se haga justicia y se ratifique la absolución porque la solidaridad no es delito y la lucha por la tierra no es un crimen sino un derecho”, manifestó antes de ingresar a los Tribunales Federales de Comodoro Rivadavia.

 

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