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Posponen diligencias una y otra vez, y tienen a las víctimas a las vueltas para no avanzar hacia la conformación de un proceso penal. Hace más de tres meses que se denunciaron la mayoría de los casos y todavía no han pedido la apertura de ninguna causa penal contra nadie en las Oficinas Judiciales. ¿Tan endebles serán las denuncias? ¿O alguien les está dando una mano a los Gómez y a Massoni?

En un caso de violencia policial, allanamiento ilegal y amenazas con arma que ocurrió en mayo en las Mil Viviendas de Trelew, por ejemplo, los denunciantes tenían la esperanza de que la Justicia iba a ir a fondo tras una serie de procedimientos que incluyó allanamientos a una comisaría y la individualización de los sospechosos pero se quedó en esas diligencias y no avanzaron más.

Para estos días estaba programada una rueda de reconocimiento con los policías que habrían participado en el hecho y en las últimas horas la pospusieron hasta nuevo aviso.

El pibe que fue víctima de los apremios y las vejaciones hoy tiene problemas de salud y debe operarse de los testículos por los golpes que recibió en ese feroz episodio que se registró en las Mil Viviendas de Trelew. Fue en medio de una de esas verdaderas “razias” que en los primeros meses de la cuarentena encabezaba el ministro de Seguridad Federico Massoni.

El caso de este chico figura entre los enunciados por Amnistía Internacional, en un informe que hizo esa organización mundial mostrando su preocupación por la proliferación en la provincia de los hechos de violencia y abuso institucional.

El jovencito, de 18 años, de nombre Federico, corre el riesgo de quedarse con alguna secuela por aquellas patadas que le dieron en los genitales, aquella madrugada en que allanaron ilegalmente el departamento de un amigo en donde él se encontraba circunstancialmente.

Desde ese lugar momentos antes había visto cómo varios policías corrían a balazos a unos individuos que habían querido usurpar un departamento cercano y parece que eso fue lo que despertó la ira de quienes terminaron agrediéndolo ferozmente.

Mientras lo golpeaban –según denunció– le apuntaron a la cabeza con una de las armas reglamentarias, lo hicieron arrodillar y le exigían que les pidiera perdón.

Por el caso allanaron una comisaría de Trelew y hay al menos diez policías señalados, pero el jefe de la institución, Miguel Gómez y el ministro de Seguridad Federico Massoni nunca hablaron públicamente del tema. Ni siquiera prometiendo una investigación, y eso se puede interpretar como un apoyo tácito a los que actuaron indebidamente.

Así las cosas, ahora la víctima y su madre deberán esperar a que la Oficina Judicial de Trelew les dé una fecha y un horario para que se concrete el reconocimiento en rueda de personas y después de esa diligencia, recién sabrán si se abrirá una causa penal contra los policías señalados o no.

Durante el periodo más estricto de la cuarentena obligatoria, momento en el cual en todo el territorio de la provincia se realizaban numerosos controles policiales ordenados por Massoni, algunas personas se preguntaban constantemente qué podía pasar si los paraban en un control, justamente, porque muchos dudaban si necesitaban o no el certificado de circulación provincial.

El miedo de muchos luego se tradujo en secuestros de autos, multas e incluso detenciones que, en muchos casos fueron injustificadas, algunas incluso ilegales. Ahora bien, con las aguas un poco más calmas, muchos seguramente querrán reclamar, por ejemplo, por qué les secuestraron su vehículo. Gastón Bordier analiza esta cuestión.

«Previo a presentar la denuncia, tuvimos comunicaciones con el Juzgado Federal de Rawson. Hubo alrededor de cuatro mil denuncias presentadas en el valle por las fuerzas policiales en contra de ciudadanos.

El juzgado ya analizó cerca de dos mil seiscientas denuncias. De ese número, el noventa y cinco por ciento se cerró por nulidades y atipicidad. Atipicidad quiere decir que la conducta denunciada y desplegada por el sujeto no se circunscribe a lo descrito por el Código Penal.

Entonces, haciendo una valoración un poco más allá de cuáles son los fundamentos de esta atipicidad, nos encontramos con que, en definitiva, las personas a las que les secuestraron automotores fueron detenidas, arrestadas, golpeadas y encima se les hizo el acta de imputación de delito de los artículos 205 y 239, eran personas que, a entender de la jueza, estaban habilitadas para circular”, explicó el abogado Bordier sobre los excesos cometidos por el personal dependiente del titular de la cartera de Seguridad provincial.

En esta línea, el abogado calificó el trabajo hecho por las carteras de Seguridad y Gobierno como algo que entorpeció la vida de la población. Además, se mostró molesto por la sobrecarga de trabajo en la Justicia federal al tener que analizar cerca de cuatro mil causas “de la noche a la mañana porque al ministro se le ocurrió detener personas.

Lo que hizo Massoni fue tapar de causas nulas y atípicas al juez federal, solo por un capricho. Esto se va a probar, porque es un informe que se pidió al juzgado. Se va probar que la actividad del ministro, además de haber sido ilegal, no sirvió para nada más que para entorpecer la justicia”.

El testigo

Otro de los datos que llaman la atención de la denuncia presentada por Gastón Bordier y Cynthia Castro, es el hecho de que el intendente de Trelew, Adrián Maderna, fue propuesto para declarar como testigo en la causa iniciada a Massoni. “Esto tiene que ver con lo que fue el uso del gimnasio municipal de Trelew como centro de detenciones. Massoni también quería usar el COSE (Centro de Orientación Socio Educativo) como centro de detenciones.

Espacios que son públicos y él intentaba convertir en pseudo comisarías para poder detener la mayor cantidad de personas posible. Todas esas detenciones han resultado inútiles, más allá de los abusos policiales. Cuando nosotros hablamos de que se arrogó facultades de otros poderes, no solo hablamos de que emitió normativa, algo que está prohibido por la Constitución Nacional y Provincial. Además de esto, se convirtió en juzgador. Uno solo puede ser detenido por orden de un juez competente y dictado por escrito”, planteó el entrevistado.

“Nosotros hemos visto muchos videos en donde se pudo certificar que Massoni decía ‘llevatelo preso, detenelo’. Eso viola el artículo dieciocho de la Constitución, de que toda persona debe ser detenida por un juez competente y dictado por escrito. No sirve una orden oral de un ministro.

Si se me permite, Massoni es un cuatro de copas, porque no es un juez. Ni siquiera un juez puede hacer esto de forma oral, tiene que firmar la orden y después dársela a la policía. Por un delirio del ministro, la policía terminó cometiendo delitos contra las personas, y esto es algo que la plana mayor tendría que haber sabido interpretar, porque el artículo primero de la Ley Orgánica Policial le impone a la Policía el respeto absoluto por los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía.

La fuerza policial tendría que haber dicho que no a esto, pero eso no pasó. Tenemos una policía que, desde el punto de vista del respeto a la ley, es tan irrespetuosa como cualquier delincuente”.

Fabio Prato indicó que en medio de la cuarentena que la población transita hace ya varios meses, las denuncias ante la Oficina de Defensa del Consumidor en Trelew se duplicaron.. Si bien hoy no están habilitadas aún las audiencias, el trámite se puede realizar de forma online a través de la página de la Municipalidad y con el formulario correspondiente.

Una parte importante de los reclamos estuvieron vinculados con las compras a través de la web. También respecto a la compra de pasajes aéreos y terrestres, teniendo en cuenta que la actividad quedó totalmente paralizada.

“Estuvimos con mucho trabajo. Más allá de que la gente no se podía acercar. Se puso a disposición la página web de Defensa al Consumidor y nos han explotado la cantidad de denuncias. Se dan dos cosas: que la gente está en su casa para hacer el reclamo y la gente que no podía por tiempo, y con el mismo efecto que de forma presencial. No estamos tomando las audiencias, invertimos el procedimiento. La mayoría de los casos llegamos a un acuerdo”. Lo aseguró el titular de la Oficina de Trelew, Fabio Prato, en diálogo con Cadena Tiempo (91.5).

Mencionó que “en estos meses hubo alrededor de 400 denuncias formales. Más las informales, que las resolvemos con una llamada. Con temáticas varias, mucho la compra online. Le reiteramos a la gente que se precavida con la compra, que no lo haga a través de Facebook o Instagram, primero porque no hay empresas detrás. Interiorizarse para que tenga un respaldo, porque ponen fotografías de tiendas y con comentarios falso, hasta el momento que pagás tenés comunicación fluida, y cuando pagaste te cortan, te bloquean, sólo tienen comentarios buenos. Hay un fraude ahí, una figura penal”.

“Las denuncias son más del doble que en el mismo período en un año normal. Hay mucha gente que sigue en aislamiento u horario reducido y puede hacer reclamo por la web. Antes lo debía hacer presencialmente”, explicó Prato acerca del importante crecimiento de los trámites.

Respecto a las audiencias, en la semana del 20 de agosto se reiniciarían, aunque con protocolos estrictos y mucha menos gente. “Nosotros tenemos un protocolo presentado y a partir de la semana del 20 de agosto podríamos tomarlo. Con la menor cantidad posible. Fijamos audiencias a partir del 20, no con muchas personas, por una cuestión de respeto pedimos que venga una sola. Y si es mucho veremos cómo lo hacemos. No más de tres personas en un ambiente bastante grande”.

Cuatro denuncias pesan sobre N.E.L por amenazas y daño en contexto de violencia de género. No se inhibía ni ante la presencia de funcionarios.

El próximo miércoles, el juez Alejandro Rosales comunicará su decisión sobre si corresponde -o no- elevar a juicio por amenazas y daño en contexto de violencia de género a N.E.L (59).

En la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento se realizó una audiencia preliminar de juicio. El acusado participó del acto judicial mediante el sistema de videoconferencia desde el juzgado de paz de Río Mayo.

En la ocasión, la fiscal Laura Castagno reseñó los hechos presentados en la pieza de acusación pública. La primera denuncia es del 19 de marzo del 2019 en un domicilio ubicado en el barrio 32 Viviendas.

En esa ocasión, la víctima se presentó en la casa del imputado acompañada por una integrante del Servicio de Protección de Derechos de la municipalidad de Río Mayo.

Según consta en la denuncia, el objetivo era buscar a su hija para trasladarla a Comodoro Rivadavia, a los fines de asistir a un turno médico. En ese contexto, cuando la menor de edad subió al vehículo, N.E.L comenzó a proferir insultos a su ex pareja.

El procesado le expresó: “si llevas a la nena, te cruzo el auto, la bajo y te cago matando… vas a ver, te voy a seguir, total a mí la justicia no me hace nada, vas a ver, te voy a matar”.

OTROS TRES CASOS

El segundo caso ocurrió unos minutos después. Al retirarse de la casa de N.E.L, la víctima y la empleada municipal se dirigieron a la Oficina del Servicio de Protección de Derechos de la municipalidad de Río Mayo. En ese trayecto fueron perseguidas por el sospechoso.

Al llegar a las oficinas del organismo municipal, N.E.L intentó agredir a la funcionaria. Asimismo, le habría manifestado: “¿qué te metes en las cosas mías? A vos te voy a cagar matando, vas a ver, cuídate”.

Una tercera denuncia fue presentada a raíz de la situación ocurrida el 19 de abril del año pasado a las 17 en el domicilio del sospechoso. Allí se presentó la víctima para retirar a su hija, en el marco de un régimen de visita.

En esta oportunidad N.E.L subió a su vehículo, dio marcha atrás y colisionó la camioneta de la madre de su hija. La parte acusadora, refirió que esta acción, también fue enmarcada en el contexto de violencia de género.

Finalmente, la cuarta denuncia tuvo lugar el 17 de mayo de 2019, a las 19. Los hechos ocurrieron en la casa de la víctima. Esta vez, N.E.L fue hasta la vivienda con el objetivo de entregarle un perro a la hija en común.

La mujer salió de la vivienda y le pidió que le entregara allí la mascota y se retirara. La respuesta de N.E.L habría sido: “te voy a matar hija de puta, así te dejas de joder”. La fiscal agregó que la menor de edad llamó por teléfono a la comisaría e informó la situación.

N.E.L y la víctima fueron pareja durante once años. En ese periodo el imputado siempre ejerció violencia hacia la madre de sus hijos, según Fiscalía. Entre las diversas evidencias de esta situación, la documentación registra que el procesado no permitía que la víctima pudiera ejercer sus derechos trabajar o estudiar.

TESTIGOS Y EVIDENCIAS

Castagno detalló los medios de pruebas testimoniales y documentales que la parte acusadora pretende presentar en las audiencias de debate. Solicitó que se acepten los testimonios de once personas y se declaren admisibles doce evidencias documentales.

Por último, señaló que la calificación legal escogida contra N.E.L es la de presunto autor de los delitos de amenazas y daño, producidas en un contexto de violencia de género. Asimismo, explicó que la víctima había fallecido en enero de este año. En consecuencia, solicitó que sus denuncias se incorporen por lectura.

A su turno, el abogado defensor, Gustavo Oyarzún, formuló su oposición al requerimiento de elevación a juicio oral y público de esta causa. Pidió el sobreseimiento de su defendido en todos los hechos relatados por la fiscalía.

Los argumentos del abogado defensor se basaron en que el Ministerio Público Fiscal no contaría con un caso sólido que tenga probabilidades de éxito, luego de atravesar una etapa de debate oral y público, señaló El Comodorense.

“La próxima sesión está prevista para el próximo lunes 27 del corriente a las 15 con la modalidad de videoconferencia. Se tratarán distintos puntos administrativas, entre ellos las dos denuncias contra el fiscal Rivarola” confirmó a Radio 3 el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Enrique Maglione

El funcionario del Ministerio Público fue duramente cuestionado por sus expresiones sobre el “desahogo sexual” en el marco de la causa judicial sobre la violación grupal que ocurrió el 21 de septiembre de 2012, en medio de una fiesta por el Día de la Primavera en una vivienda de Playa Unión y que tuvo como víctima a una adolescente de 16 años, y como victimarios a cinco jóvenes de distinguidas familias de Madryn, Rawson y Trelew. Fue la propia afectada que sacó a la luz los hechos el año pasado con un posteo de Facebook.

No solo las expresiones de Rivarola, sino su actuación en la causa con un cambio de caratula que propició el acuerdo entre las partes y podría minimizar las condenas de los acusados, provocó un fuerte repudio de todo el arco político, judicial y agrupaciones feministas.

El acuerdo de juicio abreviado fue rechazado en principio por el juez Marcelo Nieto Di Biase y como lógicamente hubo una apelación del fallo, ahora debe resolver la Cámara del Crimen de Trelew.

Maglione indicó que “se efectuará el sorteo para la Comisión de Admisibilidad de las dos denuncias, una formulada por el Gobernador y otra por una ciudadana de Rawson, Elena Rubilar Acevedo, que tienen la misma finalidad. Es muy probable que el Consejo unifique ambas denuncias en un solo expediente”.

“La Comisión de Admisibilidad está integrada por cuatro consejeros, uno por cada estamento: uno por los abogados, otro por los funcionarios judiciales, otro por los consejeros populares y el restante a los empleados judiciales”, precisó.

“En la práctica la comisión se expide de una sesión para otra, entre 30 y 60 días, aunque de todas formas ya se han mandado a pedir todos los expedientes de la causa para que la Comisión de Admisibilidad estudie la situación si admite las denuncias presentadas contra el funcionario fiscal”, adelantó Maglione.

Explicó que el próximo lunes “tratarán las denuncias, cada uno estará en su lugar de origen, en su oficina, en su casa, a donde nos encuentre la sesión, en mi caso estaré en la sede del Consejo, con el secretario y el personal operativo. Ya hicimos esto en la sesión de mayo, aunque con algunas dificultades propias de la nueva realidad, los problemas de conexión, la falta de coordinación, las cuestiones de audio, etc.”.

“Son tres consejeros de la Cordillera, dos en Esquel y uno en Trevelin; dos en Sarmiento, dos en Comodoro, dos en Madryn y cuatro que somos de Trelew, más el presidente del Superior que vive en Madryn o que podría estar en Rawson”, remarcó.

Maglione reveló que “hay otra denuncia formulada por la señora (Patricia) Bortagaray en contra de los fiscales Rodríguez, Heiber y Pereira Dos Santos”.

“La Comisión de Admisibilidad ya emitió su dictamen y consideró que tratarán los motivos para investigar los hechos denunciados por la señora Bortagaray y ahora tiene que decidir el Consejo en pleno, son 14 miembros en total y se necesita la mayoría simple (ocho)”, señaló.

Destacó que “otros de los puntos que tratarán será la aprobación del nuevo reglamento de Designación de Magistrados y llamados a concursos para que los podamos hacer vía on line por esta situación de pandemia. Hay diferentes dificultades, hasta septiembre al menos los vuelos seguirán suspendidos, que nos impiden los exámenes presenciales. No sabemos cómo va a continuar todo esto en el país”.

“Seríamos el primer Consejo de la Magistratura que podríamos hacer los llamados a concursos y Designación de Magistrados de manera virtual”, ponderó.

Sobre estas eventuales evaluaciones puntualizó que “les hemos pedido tanto a los Ministerios Públicos y al Superior Tribunal que nos remita los pedidos de llamados a concurso y hay varios. Son cuatro a cinco cargos para la Defensa Pública en toda la Provincia, el procurador también lo hizo, son siete u ocho cargos, y también el Superior Tribunal presentó la solicitud un juez penal y otro civil de Comodoro”.

“El llamado a concurso ya está cerrado, hay que tomar las evaluaciones. Para el Consejo estas solicitudes serían la prioridad”, enfatizó Maglione.

Las denuncias de juicio político contra el Gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Seguridad, Federico Massoni, comenzaron a tomar forma con el primer encuentro entre los doce diputados que integran la Sala de Acusar. Los legisladores se reunieron en las últimas horas y quedó así conformada la Comisión Investigadora y la Sala de Acusar, que será presidida por Andrea Aguilera, de Juntos por el Cambio.

De las denuncias presentadas dos son en contra del Gobernador. Una presentada por la madre de una joven que fue asesinada con ensañamiento y que cuestiona que en Chubut “no hay partidas presupuestarias para prevenir y erradicar la violencia de género según lo establecido en la Ley XV N° 26”. Y, en consecuencia, acusa al mandatario provincial de no cumplir con los deberes a su cargo –según publica Ámbito-. La segunda fue presentada por la falta de pago en tiempo y forma de manera reiterada a todos los empleados de la Administración Pública que afecta a jubilados, retirados y pensionados. También arguye incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La diputada Aguilera, a cargo de la Sala de Acusar, sostiene que “el procedimiento es la herramienta que encontró la ciudadanía para pedirle al Gobernador que reaccione y resuelva alguno de los tantos problemas, ya que Chubut está en una situación crítica con un gobierno que no presenta un plan de acción a corto, mediano o largo plazo”.

En este marco, las denuncias contra Arcioni ya tomaron estado parlamentario y se encuentra ahora en la Comisión de Asuntos Constitucionales, también presidida por Aguilera. “No hay plazos de tiempo. Vamos a darle la celeridad que amerita pero respetando el orden cronológico. Tengo claro que todas las miradas están puestas hoy en la Sala de Acusar”, sostiene la diputada.

La Constitución provincial establece dos salas para la remoción de un funcionario público: una para juzgar y otra para acusar. La sala a cargo de Aguilera cuenta con una Comisión Investigadora encargada de estudiar las pruebas y considerar si están las acciones necesarias para llevar adelante el juicio político.

Por su parte, el pedido de juicio político al ministro Federico Massoni, es promovido por dos abogados de Comodoro Rivadavia. Los letrados argumentan que el funcionario provincial habría impartido “órdenes ilegales a la Policía de la Provincia” incurriendo en “la violación de derechos y garantías de la población en general” en el marco cuarentena decretada tras el brote del COVID-19 en la Provincia.

El martes pasado también se sumó un pedido de informe dirigido a la Secretaría General de Gobierno, impulsado por la diputada Leila Lloyd Jones, a cargo del bloque se escindió del oficialismo. Al organismo se le pide que explique los fundamentos de las declaraciones del Ministro de Seguridad provincial, quien esta semana afirmó que en algunos barrios de la ciudad de Trelew existe “un transa por cuadra”.

“Se encuentran protegidos por funcionarios del poder Judicial, Ejecutivo y por el Legislativo”, sostuvo Massoni. Ante esto, ahora deberá rendir cuentas de sus dichos.

En algunos casos ya cumplieron los seis meses de formuladas y todavía no se ha conocido que los acusadores –como lo hacen con cualquier ciudadano— hayan solicitado la realización de la pertinente audiencia de apertura. O no quieren investigar o creen que las denuncias carecen de fundamento.

Hace un mes este portal de noticias indagaba acerca de las causas que podrían abrirle al polémico ministro de Seguridad de Chubut y una alta fuente judicial, en aquel entonces, anticipaba que Massoni iba a tener que ir varias veces a tribunales y mencionaba a modo de ejemplo, como uno de los primeros casos que comenzarían a moverse en poco tiempo, al de los productores rurales que lo denunciaron por amenazas con un arma de fuego y por una eventual privación ilegal de la libertad.

Son aquellas personas a las que Massoni les habría apuntado con un arma de fuego, al detenerlas confundiéndolas con delincuentes, en un operativo presuntamente ilegal que él y el nefasto subjefe de la policía, Néstor “El Tero” Gómez, llevaron a cabo en la ruta nacional 3 camino a Comodoro Rivadavia, cuando supuestamente iban al encuentro de unos ladrones que habían escapado de un campo.

De este caso que fue denunciado a principios de año todavía no hay ni noticia, al igual que la denuncia que le hizo a Massoni una psicóloga, a la que habría querido bajar por la fuerza del vehículo cuando el cuestionado funcionario andaba embravecido supuestamente haciendo cumplir la cuarentena.

Fue en el mes de abril –aparentemente cuando todavía no le ponían freno desde la Justicia-. En esos tiempos los detenidos no bajaban de veinte o treinta por día, porque Massoni y “sus muchachos” se llevaban presos hasta a los vecinos que sacaban la basura.

Después está el caso del enfermero y del propietario de una distribuidora de alimentos –que tenía permiso de circulación—pero que de igual manera fue detenido y no una, sino dos veces en un mismo día.

Estos son solo algunos pocos ejemplos de las denuncias que le han hecho a Massoni y que literalmente están “cajoneadas”. La pregunta es ¿hasta cuándo?.

Desde la Subsecretaría de Modernización y Transparencia, se informó que ya está en funcionamiento la aplicación (App) móvil “Vivamos Comodoro”, en la cual los vecinos pueden denunciar la realización de actividades no autorizadas, durante el aislamiento y también comunicar en caso de presentar los síntomas compatibles con el Coronavirus. La misma está disponible para sistemas Android e iOS de Apple.

En ese contexto, la App permite efectuar denuncias acerca de comercios abiertos pertenecientes a rubros no habilitados, reuniones familiares y sociales y otras acciones que no están permitidas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, aquellas personas que sufran síntomas relacionados al Covid-19, pueden informarlo a través del mismo medio.

Las respectivas alertas se recepcionan durante las 24 horas, los 7 días de la semana, tanto en la Secretaría de Control Urbano y Operativo como en la cartera de Salud, de acuerdo a la temática de la denuncia, y, a partir de esto, se inicia el procedimiento correspondiente.

En el caso de que un vecino informe que tiene síntomas compatibles con Covid-19, desde el área de Salud se comunican con la persona e inician el protocolo para determinar si se le debe realizar el hisopado o si debe permanecer en aislamiento.

En ese sentido, los datos que se recopilen serán útiles para observar en qué sectores de nuestra ciudad existe cierta cantidad de personas afectadas o presentando los síntomas, lo que servirá para intensificar los testeos en zonas focalizadas y, de esta manera, optimizar tiempo y recursos.

Asimismo, la mencionada app incluye una serie de informaciones importantes acerca del Coronavirus, sus medidas de prevención, reconocimiento de síntomas y recomendaciones sanitarias.

La aplicación “Vivamos Comodoro” ya se encuentra en pleno funcionamiento y está disponible para su descarga tanto en la Play Store –para dispositivos móviles con sistema operativo Android- como en Apple Store.

La ministra de Familia y Promoción Social de Chubut Cecilia Torres Otarola respondió en forma pública las denuncias que pesan sobre ella por parte del contador oriundo de Esquel y que fue colaborador suyo cuando fue diputada y también funcionaria.

“A las personas que habitan mi querida Provincia: con motivo de las innumerables expresiones en diferentes medios y redes sociales, producto de las declaraciones expresadas por el Sr. Martín Sandoval, voy a realizar esta única declaración que se refiere a mi vida privada y no a mi accionar como funcionaria”, inicia su descargo Cecilia Torres Otarola.

La ministra de Familia considera que “esta declaración en modo alguno representa una autorización directa o indirecta a que mi vida privada (aquella que como marca la Constitución no afecta el orden ni la moral pública) sea expuesta o ventilada en forma indiscriminada, y dejo expresa manifestación en este comunicado que no presto mi consentimiento a que se divulguen”.

Lo cierto es que “el vínculo que nos unía en el lapso de este tiempo fue el siguiente: el señor Martín Sandoval y yo mantuvimos una relación personal y de confianza con acuerdos consensuados entre personas adultas desde el 2017 (siendo conocidos desde mucho tiempo antes). En el marco de esa relación de confianza y acuerdos mutuos, es que el Sr. Sandoval tenía las llaves de mi domicilio en la ciudad de Esquel cobrando alquileres que luego me transfería a mí o a la Sra. Cañumil”.

Sandoval hizo una denuncia pública que ahora investiga el fiscal Omar Rodríguez en el sentido de que Torres Otarola les cobraba a sus colaboradores una parte de su salario para destinarla a “gastos políticos”, siendo la directora Adriana Cañumil la encargada de la recaudación. Según trascendió, esta última funcionaria había sido niñera de Torres Otarola, quien le abonaría sus prestaciones con fondos públicos, para luego la designarla en un alto cargo público, una vez que llegó a la titularidad del Ministerio de Familia, el último 10 de diciembre.

Pero volviendo al vínculo de la ministra con el contador, hay que señalar que –según Torres Otarola- en un momento “la relación comenzó a deteriorarse, informándome que decidió retomar la relación que tenía con su pareja por lo que no viajaría a Rawson con asiduidad”.

La ministra considera “importante aclarar que también existía un vínculo laboral como parte del equipo que me acompañó como legisladora, en donde su función se relacionaba con la profesión que realiza, pero que de ninguna manera guarda relación con los hechos que se ventilan”.

Sostiene Torres Otarola que la ruptura del vínculo personal y laboral fue de mutuo acuerdo ya que ambos evaluaron que “no era beneficioso para nuestro entorno laboral la interacción y ya no podíamos sumarle juntos a la labor, por lo cual él mismo presenta su renuncia”.

En este contexto, “los depósitos que el Sr. Sandoval indica como caja política son producto de transferencias relacionadas a cuestiones privadas (venta de algunos bienes, transferencias, etc). Con el tiempo, la vivienda fue alquilada y el Sr. Sandoval era el encargado de cobrar ese alquiler que transfería o depositaba en la cuenta de la Sra. Cañumil”.

La ministra concluye que “hubiera deseado que se me Juzgue por mi rol como funcionaria y que estas cuestiones que hacen a mi vida privada no sean ventiladas, pero dadas las expresiones que he mencionado me veo forzada a realizar esta primera y única declaración. Nadie del equipo de asesores de Legislatura o de este ministerio ha depositado, en el presente o pasado, un solo centavo en mis cuentas o en la de la Sra. Cañumil”.

Finalmente, “lamento profundamente tener que aclarar cuestiones relacionadas a mi intimidad, pero debo hacerlo en pos de colocar un manto de verdad ante la opinión pública y las versiones falaces que se han dado. Toda ampliación se efectuará en el marco de la investigación que se realiza desde el Ministerio Público Fiscal, si es que me es solicitado, siendo ese espacio el adecuado para esclarecer los hechos que se investigan y no los medios ni las redes sociales”.

Una de las causas que factiblemente se inicie pronto, vaticinan en la Justicia, sería la del ataque indiscriminado a vecinos del barrio INTA de Trelew. Ahí son varios los denunciantes, esencialmente aquellos que resultaron heridos y en esa investigación la fiscalía ya ha hecho diligencias en Rawson; en dependencias de la Jefatura de Policía. El fin de semana, por ejemplo, secuestraron el minibús de la Guardia de Infantería.

Sería el que aparece en uno de los videos que se viralizaron y que captan el momento en el que alguien desde adentro, dispara a mansalva contra dos personas que aparentemente estaban en el patio de su casa.

A ese vehículo lo incautaron presuntamente para hacer un reconocimiento y después lo restituyeron a la fuerza en una diligencia que se hizo en el más absoluto hermetismo, como otras que se efectuaron antes y después.

Es indudable que los Derechos Humanos están impulsando la apertura de la causa penal y que la investigación inicial tiende a encontrar al o los policías que dispararon contra los vecinos, pero también a individualizar a quienes dieron ordenes o a los que estuvieron al frente de ese operativo que terminó con varios heridos a escopetazos con munición antitumulto en el barrio INTA de Trelew; entre la noche del domingo 14 de junio y la madrugada del lunes 15.

Pero esta no es la única denuncia que apunta al todavía ministro de Seguridad Federico Massoni y a sus edecanes de la Jefatura de Policía, los hermanos Miguel y Paulino Gómez. Como ya se sabe son varias y en todas se ponen en evidencia casos de brutalidad policial y hasta de detenciones ilegales.

El caso del joven al que lo atacaron ferozmente dentro de un departamento de las Mil Viviendas de Trelew, al que habrían ingresado varios policías sin una orden de un juez es otro que se podría convertir dentro de poco en una causa penal ya no contra Massoni y los Gómez sino contra al menos diez efectivos de la fuerza, a los que los someterían a una rueda de reconocimiento delante de la víctima con el uso de un protocolo sanitario.

Según se decía en la Justicia, están estudiando cómo hacer la diligencia y la quieren efectivizar lo más antes posible.

Entre oficios exigiendo la entrega de determinada documentación, allanamientos en dependencias de la policía, el secuestro de un vehículo de la fuerza, reconocimientos en rueda de personas que vendrán y testimoniales; el accionar judicial empieza a agilizarse en investigaciones que terminarían en causas penales por las que Massoni y los hermanos Gómez van a tener que ir seguido a tribunales con el riesgo de tener que afrontar varios juicios en el banquillo de los acusados.

Ahora –por ejemplo—hay un juez de Ejecución de Puerto Madryn muy interesado en conocer porqué hace unos días hicieron un verdadero allanamiento en el Instituto Penitenciario Provincial que está camino a Madryn.

Ahí, entre Massoni y los Gómez encabezaron un operativo con las fuerzas especiales, supuestamente buscando celulares que según ellos eran utilizados para cometer estafas y extorciones desde la cárcel, pero el procedimiento lo habrían hecho sin la orden de un juez.