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Propietarios de lotes ubicados en el paralelo 42, que divide a las provincias de Chubut y Río Negro, denunciaron la usurpación perpetrada en un principio por alrededor de 50 familias en la localidad de Lago Puelo. Martín Lozowski, uno de los afectados, reside en Comodoro Rivadavia y presentó la denuncia judicial por la toma de su terreno, en el que impulsaba un proyecto de urbanización. “La policía me dijo que no puede hacer nada, porque no son tierras fiscales”, lamentó en declaraciones a ADNSUR el vecino de esta ciudad.

En una modalidad que tiene epicentros en Villa Mascardi y sectores de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chubut también se han realizado tomas de terrenos, de alto valor inmobiliario por la ubicación turística de los mismos. Parte de esto ocurrió también en Lago Puelo, en la provincia de Chubut, en el límite con la ciudad rionegrina de El Bolsón.

Aunque algunos residentes de la zona, propietarios de terrenos tomados, lograron desalojar a quienes usurparon, quedan dos lotes, de alrededor de una hectárea cada uno, que han sido tomados. Los hechos comenzaron a producirse semanas atrás y pese a que se dio aviso de inmediato a la policía, ésta informó que no podía intervenir para evitar la ocupación, por tratarse de terrenos privados.

“Cuando me entero de esto, me comuniqué con la policía, pero me dijeron que no podían hacer nada”, detalló Lozowski, propietario de uno de los terrenos usurpados y vecino de Comodoro Rivadavia. “Como es imposible viajar en este momento por la pandemia, me comuniqué desde acá y presenté la denuncia ante la Fiscalía de El Hoyo, pero todavía no me asignaron el número de causa”, lamentó.

“Tengo toda la documentación, soy propietario del lote, mandé todo a la Fiscalía, pero no me dieron ni el número de causa todavía. Esto lleva varios días. Incluso otro de los propietarios afectados, que es abogado, presentó una denuncia en el mismo momento que se estaba haciendo la toma, era flagrante la usurpación, pero la policía no lo evitó”, lamentó.

Lozowski dijo entender la situación social de muchas personas, pero pidió que también las autoridades se pongan en su lugar: “Yo entiendo la necesidad de la gente que no tiene vivienda y no niego que haya gente con necesidades, pero también hay gente que aprovecha y especula con esto –cuestionó-. Y si vamos a ser solidarios, seamos solidarios todos. Entonces el intendente, el fiscal y el policía o todos los vecinos deberían tener una familia (sin techo propio) en sus casas”.

También detalló que apuntaba a instalar un emprendimiento familiar del tipo mini complejo de cabañas, para lo cual debió presentar toda la planificación y requerimientos exigidos por el municipio. “Tengo entendido que el intendente también hizo declaraciones a medios de El Bolsón y dijo que no puede hacer nada, porque no son terrenos fiscales y es un problema de privados”, cuetionó.

También advirtió que ahora deberá destinar tiempo y recursos para una denuncia penal y una demanda civil, cuando es un legítimo propietario de las tierras. “No niego que haya que resolver el problema de la gente –enfatizó-, pero de este modo se está perdiendo el respeto por la propiedad privada. Hay otras formas de buscar solución, entregando tierras que la gente pague dentro de sus posibilidades”.

También precisó que por lo que le informaron vecinos del lugar, en un principio las familias eran más de 50, pero algunos propietarios de terrenos afectados que residen en la zona pudieron revertir la toma, por lo que al día de hoy quedan alrededor de 30 familias ocupando su lote y el de otro propietario, ubicado en la misma zona del paralelo 42.

Otro propietario reclama el desalojo judicial y la restitución

Otro de los propietarios afectados, Emilio Trionfetti, es abogado y reside en Mar del Plata.
“Es deseo de esta parte dejar debidamente aclarado que esta fortuita e inesperada situación no sólo priva del uso y goce del inmueble a quienes resultamos sus dueños, sus titulares, sino que literalmente interrumpe con consecuencias sumamente gravosas –señala el propietario en su denuncia- un proyecto de loteo y venta del referido inmueble que lleva años de gastos y planeamiento conforme se acredita con la prueba documental que en este acto se acompaña sobre la referida propiedad, entre otras obrantes en poder de esta parte”.

Por ello, el abogado solicita una medida cautelar, “ordenándose el inmediato desalojo y reintegrándose en la posesión libre de ocupantes y/o terceros, lo que menguará los graves daños materiales que se me ocasionan no sólo la privación del uso, goce y libre disposición del inmueble de nuestra propiedad, sino que dicha situación se agrava al no poder finiquitar una operación de venta que aparecía como inminente”.

Y añade, entre otras citas doctrinarias. “Se encuentran dentro de las facultades del Juez instructor ordenar la desocupación del inmueble y entregar al denunciante en carácter de depósito judicial provisorio (doctrina art. 107 del CPP)”.

El diputado Mariano Mansilla, denunciará penalmente a Viviana Canosa por promover el dióxido de cloro. La acusa del “delito de curandería” o “ejercicio ilegal de la medicina” por anunciar su ingesta.

El diputado provincial de Neuquén del Frente de Todos, que presentará la denuncia este martes por la mañana ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, pide que se investigue si Viviana Canosa incurrió en el delito contemplado en el artículo 208 inc. 1 del Código Penal Argentino “que tradicionalmente adquirió el nombre del delito de curandería o ejercicios ilegales de la medicina”.

Como pruebas, Mansilla presenta todas las acciones públicas de la conductora de Nada Personal (El Nueve) que han sido replicadas en distintos medios.

Las penas para ese delito pueden ir desde los 15 días a un año de prisión para “el que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito”.

La denuncia del diputado neuquino afirma que que Canosa “incurre no sólo en una falta ética gravísima, sino que además a nuestro entender, su conducta es típica respecto a los ilícitos que se encuadran en los delitos contra la seguridad pública en este contexto especial de la pandemia del COVID-19”.

La polémica con Canosa comenzó el 2 de agosto, cuando la conductora tuiteó “#AndreasKalcker Yo tomo #CDS”, refiriéndose al hombre, que se define como biofísico y promueve la ingesta del dióxido de cloro como cura del Covid-19 a pesar de haber sido calificado como fraudulento por su alta toxicidad y por la inexistencia de pruebas sobre su efectividad.

Al día siguiente, Canosa cerró su programa bebiendo la sustancia que aseguró que era CDS. “Voy a tomar un poquito de CDS”, indicó la conductora al final de su emisión, y segundos antes de un trago largo. “Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro lo que hago”, sostuvo atajándose.

Los siguientes días profundizó la polémica desde las redes sociales, atacando a los infectólogos que rechazaron sus declaraciones y respondiendo a las críticas por su accionar diciendo que “Prefiero CDS con todo lo que dicen… a una vacuna que los mismos creadores piden inmunidad/ impunidad por sus efectos colaterales”, sentenció. “Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él”, afirmó Viviana Canosa.

Pero la controversia más fuerte llegó luego de que trascendieran dos muertes por ingesta de dióxido de cloro: la de un niño de 5 años y un hombre de 50, y un posterior mensaje en su cuenta de Twitter que terminó por explotar la indignación de muchos.

“¡El miedo paraliza y dinamita la libertad!”, escribió Canosa en su cuenta de Twitter manteniendo su postura frente al tema, horas después de la noticia de la muerte de un niño de 5 años que falleció este sábado en un hospital de la localidad neuquina de Plottier, luego de que sus padres le dieran de beber, a pesar de las recomendaciones, casi un litro de dióxido de cloro (750 mililitros).

Además, el 11 de agosto, en la localidad de San Pedro, Jujuy, murió un hombre de 50 años y se investigaba si fue luego de ingerir dióxido de cloro. Los familiares del hombre contaron que bebió la sustancia debido a un estado gripal en el que se encontraba.”

Trabajadores de la salud denuncian intimidación. Desde la carpa sanitaria apostada a las afueras de la guardia del Hospital Isola hace 45 días por personal de salud, estos denunciaron una actitud de intimidación en la tarde de ayer.

Por este hecho ya se realizó la denuncia correspondiente , hecho que puso en riesgo la integridad física de los compañeros que se encontraban en ese momento .

Ante esta situación es que el día lunes a las 11 hs convocamos a todo el personal de salud y a quienes quieran acompañar a una asamblea en la carpa sanitaria.

Denuncian que está nombrada en la secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia desde diciembre y hasta junio fue la directora de Cultura de Epuyen. Lo admitió el intendente Reato quien argumenta que no hubo doble sueldo porque Arcioni paga tarde los salarios.

Antonio Reato es el intendente de Epuyen. Fue reelecto el año pasado en la lista de Chubut al Frente que encabezaba Mariano Arcioni. En una asamblea de vecinos de esa localidad denuncian que existen varias irregularidades en el manejo del Gobierno e incluso algunas las presentó en la Justicia.

Según publica La Tecla Patagónica, la actual pareja de Antonio Reato, Carla Olivet, habría percibido durante seis meses una doble remuneración. La mujer fue nombrada en un cargo provincial en la Secretaría de Ciencia y Tecnología en diciembre pasado y al mismo tiempo se desempeñó, hasta junio, como directora de Cultura del Municipio, manteniendo un doble cargo, situación prohibida por la Constitución provincial y por la Ley de Ética Pública provincial.

De hecho por ello fue condenado el exdirector de Protocolo provincial, Oscar “Chito” Alarcón, quien también cobraba como empleado municipal de Trevelin.

En el caso de Olivet, la funcionaria renunció recién en junio a su cargo municipal a pesar de haber sido nombrada en Provincia en diciembre pasado. Durante seis meses habría mantenido un doble cargo.

En declaraciones a radio 3 Cadena Patagonia, el propio intendente Reato reconoció esta situación y advirtió que no hubo doble sueldo porque «Provincia estaba atrasada con los pagos».

“El gobernador y el secretario de Cultura de la Provincia, Matías Cutro, le habían pedido a Carla que sea coordinadora de Cultura en la Comarca Andina, pero la Provincia viene muy atrasada con los sueldos y ella era ya hace 10 años directora de Cultura de la Municipalidad de Epuyen”, indicó Reato.

“Seguía en el cargo y era el único ingreso que tenía, mientras se definía lo de Provincia. A fines de junio se le liquidó todo junto, desde diciembre de 2019 hasta abril de 2020 que implicó una suma de alrededor de 200 mil pesos”, sostuvo.

“Ante la aparición de esa liquidación, pidió la renuncia a la Municipalidad de Epuyen que ya no le pagó el sueldo de junio. Pagamos el 30 de junio y aparte solicitó que le dijeran de qué forma iba a devolver todo lo que había cobrado desde el 10 de diciembre a la fecha en el municipio”, señaló.

En los registros públicos del Gobierno provincial, Carla Olivet aparece como funcionaria de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con un sueldo de $ 44 mil.

El artículo 67 de la Constitución del Chubut establece que “una misma persona no puede acumular dos o más empleos aunque uno sea provincial y el otro u otros nacionales o municipales, con excepción de los cargos docentes o de carácter técnico profesional, cuando la escasez de personal hace necesaria esta última acumulación. La caducidad es automática en el empleo o función provincial de menor remuneración, quedando a salvo la facultad de opción del interesado”.

Por su parte, la Ley 231 de Ética de la Función Pública indica en el artículo 20 que quedan prohibidos los empleos simultáneos. «Sin perjuicio de lo que dispongan otras normas aplicables, ninguna persona podrá desempeñarse en más de un empleo, cargo o función públicos remunerados, cualquiera sea su categoría o característica, dentro del ámbito de cualquier administración estatal provincial. Es incompatible el desempeño de cualquier cargo, empleo o función en el ámbito provincial con otros remunerados del ámbito nacional o municipal. La única excepción que se reconoce es el desempeño de la actividad docente, cuando no hubiere superposición de horarios que afecten en forma sustancial el desempeño eficiente del cargo o función públicos».

Denuncian intento de secuestro ocurrido el martes, cerca de las 22 horas, en la calle San Martín cuando la joven salía de trabajar. Un hombre frenó el auto que conducía e intentó subirla. “Me imaginé que me subían al auto, que me violaban, que me lastimaban y que me tiraban en un campo, el miedo es terrible”, relató.

Una mujer denunció que el lunes por la noche, fue víctima de un intento de secuestro en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia. Mirta, su mamá, denunció lo sucedido y relató el difícil momento que le tocó pasar a su hija Carolina.

El lunes alrededor de las 22.15 de la noche, a la altura del banco Macro sobre calle San Martín, por la vereda de enfrente- en cercanías a un centro médico- la mujer salía de trabajar, y la interceptó un auto que ella describió similar a un Clio gris oscuro con vidrios polarizados. En su interior estaba el conductor, un hombre joven de unos 30-40 años, “tenía tez muy blanca, cara delgada, mandíbulas grandes, cabello en la zona de la nuca baja pero arriba largo peinado para atrás como si estuviera atado”, afirmó Mirta.

Asimismo, contó que según relató de su hija, el hombre frenó de golpe al costado por donde ella caminaba y comenzó a gritarle: “La insultaba, le decía reiteradamente que se subiera al auto y ella se paralizó, pero después comenzó a gritarle también y lo amenazó con que estaba grabándolo pero no era así”, dijo.

Después de seguirla por unos metros, el hombre arrancó el auto a gran velocidad: “Se fue, pero el miedo no se lo quita nadie, tuvo pesadillas durante la noche, no durmió bien». Mirta afirmó que su hija tuvo mucho miedo de ser raptada o asesinada “me decía me imaginé todo que me subían al auto que me violaban, que me lastimaban que me tiraban en un campo, me hice una película porque el miedo es terrible”, le manifestó.

La mujer pidió a las autoridades mayor presencia policial en la zona céntrica durante las noches “a esa hora, donde muchas mujeres salen de trabajar de clínicas, sanatorios y casas de familia; hay zonas muy oscuras y cuando Carolina salió no había nadie, ni transeúntes ni pasaba nadie más en auto”, afirmó.

Desde la Unión Ferroviaria informaron que se sacó al tren de manera ilegal, sin el personal autorizado, por “un capricho”; además señalaron que esto se denunciará a la CNRT y también se hará una presentación en la Comisaría contra el Intendente Oscar Currilen por violencia contra una trabajadora. Además, el subgerente de la localidad anticipó que presentará la renuncia por no contar con “La Trochita” en la Fiesta Nacional del Tren a Vapor.

los episodios se produjeron este sábado y comenzó con una reunión en la que el Municipio de El Maitén convocó a los trabajadores locales del Viejo Expreso Patagónico (de la Unión Ferroviaria) que resolvieron no realizar horas extras y por ende no realizar salidas de “La Trochita” este fin de semana, cuando se desarrolla la Fiesta Nacional del Tren a Vapor.

Además, remarcaron que se sacó a la máquina sin personal autorizado, de manera ilegal, y ajeno a las tareas de venta de boletos y guarda, agregando que se barretearon los candados y puertas de los vagones.

El viejo expreso está integrado por la Unión Ferroviaria y La Fraternidad. En este contexto, de acuerdo a lo denunciado por la Unión, el Intendente local, Oscar Currilen, agredió verbalmente a una trabajadora y su hijo, además de señalar “prepotencia” por parte del mandatario local.

Lo primero fue denunciado en la comisaría de El Maitén mientras que el segundo hecho será denunciado ante la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte).

A todo esto, el Subgerente del ramal, con funciones en El Maitén anticipó que a partir de la situación, y por la “situación difícil” en la que se vio envuelto y por “el dolo mucho que hoy (la fiesta de “La Trochita”) no tengamos el tren acá”.

En primer lugar, Bruno Peláez, empleado de la Trochita de Esquel e integrante de la Unión Ferroviaria explicó que “este sábado por la mañana se realizó una reunión en la estación del tren con autoridades provinciales, el Intendente y trabajadores”.

Remarcó que “estamos preocupados por la forma en que se desarrolló la reunión, la falta de respeto que hubo hacia nuestros compañeros por parte de los funcionarios públicos –y puntualizó en- el Intendente que en un acto de cobardía se dirigió de mala manera a una compañera mujer, faltándose el respeto a ella y su hijo”, denunció. con información del portal web Radio 3 patagonia.

Una empleada presentó una nota por salarios mal liquidados. Advierte que desde septiembre de 2015 se están haciendo por afuera del Convenio Colectivo de Trabajo. Se modificó el mecanismo para ocultar los aumentos de sueldos a través de la suba de un índice. Podría haber sanciones y no descartan ir por la vía judicial.

La interna feroz dentro del gremio de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos de Chubut (APEL) llegó a su pico máximo y desató un escándalo de grandes dimensiones.

Las diferencias dentro del gremio son inocultables y hasta ayer mantenían una “guerra fría”. Sin embargo, el conflicto escaló y se desató un escándalo de grandes magnitudes dentro de la Legislatura.

Irene Vega presentó el martes en la Legislatura una nota dirigida al vicepresidente primero a cargo de la Legislatura, José Grazzini y a los presidentes de cada bloque, solicitando el reintegro de fondos por liquidaciones erróneas desde septiembre de 2015.

“Vengo a reclamar las diferencias de haberes que me corresponden por incorrecta liquidación de mis haberes desde el mes de septiembre de 2015, más los intereses que cada suma haya devengado desde que debiera ser abonada y hasta tanto se cancelen”, inicia la nota de Vega -ex diputada provincial- , que abrió una fuerte discusión dentro de la Legislatura.

La maniobra para ocultar los aumentos

El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de la APEL fue aprobado en 2014 y hasta mediados de 2015, el salario básico y la responsabilidad funcional de los empleados de la Legislatura del Chubut se fijaba porcentualmente sobre la base del sueldo básico de la categoría mayor del agrupamiento del personal de planta permanente del Poder Legislativo, que es el del Secretario de Enlace y el de la Directora General de Administraciones.

Sin embargo, a partir de septiembre de 2015 y sin que exista una reforma del CCT, desde el gremio y los diputados de extracción gremial que participan en la Comisión Paritaria de la Legislatura, delinearon una ingeniería para otorgar “aumentos solapados” que no trasciendan a la opinión pública.

Esto se hizo porque las subas salariales dentro de la Casa de las Leyes siempre generaron polémica, pero principalmente estuvo enfocado en “ocultar” las diferencias exponenciales de los incrementos de las dietas en relación a otras áreas del Estado Provincial.

“Para que no tome estado público, empiezan a tocar el índice, que cambió el mecanismo de liquidación de sueldos. El objetivo era esconder el aumento porcentual de los sueldos”, indicó una fuente a El Chubut.

Sin vacilar, un referente de la Cámara de Diputados señaló a este diario que “alteraron el mecanismo de cálculo de los sueldos” y remarcó que actualmente “el Convenio Colectivo de Trabajo no se está cumpliendo”.

Excede a los diputados

El modus operandi es tan hermético que los diputados no reciben la información en sus bloques.

En la Comisión Paritaria de la Legislatura se confecciona un acta -al que diversas fuentes la consideraron “muy secreta”- con un anexo y ese anexo solo lo reciben en el área Contable de la Legislatura. A presidencia solo llega una Resolución que dice «modifíquese el índice de la categoría de referencia en 0,5%».

“De la paritaria sale un acta que es muy secreta y a la que solo tienen acceso un puñado de personas”, confió una fuente de Legislatura a El Chubut.

Liquidaciones erróneas

“A partir de 2015, los haberes de los empleados legislativos comenzaron a liquidarse de manera errónea, ya que los porcentajes correspondientes a cada categoría no se aplicaron sobre el valor del salario básico y responsabilidad funcional del Secretario de Enlace o Director General de Administración como indica el CCT, sino sobre un ‘un valor índice’ que no respeta el modo de cálculo establecido en la norma”, denunció Vega en la nota a la que accedió El Chubut.

A través de distintas resoluciones de aumento se elevó el índice salarial del cargo de Secretario de Enlace y el Director General de Administración, llevándolo sucesivamente del índice 1 a los índices 1,05; 1,10; 1,15; y 1,17, “y en lugar de respetar lo establecido en el CCT como forma de determinación del haber de cada categoría, aplicando el índice de las mismas al salario básico de esos cargos, se comenzó a calcular el salario de los trabajadores legislativos aplicando el porcentual del nomenclador al valor índice 1”, formula el escrito.

La nota cita un ejemplo: “Por Resolución 121/19, el valor índice del salario básico se fijó en la suma de $ 44.884 y de la responsabilidad funcional en $ 65.981”.

“Por su parte, el salario del Secretario de Enlace se establece en el 1,17% de esas sumas, por lo que la correcta forma de liquidación de los haberes de los restantes cargos del escalafón de la Legislatura debieran haberse calculado la aplicación porcentual que a cada una le corresponde sobre el salario básico del Secretario de Enlace”, cuestiona la nota presentada.

Un párrafo del escrito presentado da en el centro de la presunta irregularidad en la liquidación de haberes: “Por motivos que se desconocen, en lugar de efectuar el cálculo de los sueldos de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo, los salarios de los distintos cargos del nomenclador se han calculado sobre el valor del índice del salario y no sobre el salario del Secretario de Enlace o el Director General de Administración, provocando las diferencias que se reclaman”.

“Los adicionales de zona desfavorable, presentismo, zona desfavorable sobre responsabilidad funcional y presentismo sobre responsabilidad funcional también se encuentran mal liquidados, puesto que se referencian con el básico y responsabilidad funcional de la categoría, por lo que al abonarse erróneamente estos conceptos impactan en la liquidación de los sueldos”, remarca Vega en la nota.

Montos millonarios

De acuerdo a un cálculo que realizó una persona conocedora del sistema legislativo, indicó que por la liquidación errónea los empleados deberían cobrar una suma entre  $400.000 y $ 800.000, de acuerdo a la categoría.

En el caso de los diputados, la cifra rondaría aproximadamente en los 3 millones de pesos.

La presentación otorga un plazo de 15 días para resolver este presunto error y en caso de no recibir respuesta, acudirá a la justicia.

Si se reconoce el reclamo, la Legislatura tendrá que emitir una Resolución manifestando cómo se pagará la diferencia, pero además, deberá disponer de una partida presupuestaria exclusiva para atender este desfasaje.

 

Las primeras informaciones indican que son unos 20 empleados que ocuparon el edificio en Brasilia. Agentes de la Policía Militarizada se encuentran frente al complejo.

Unos veinte simpatizantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente por el Gobierno de Jair Bolsonaro​, ocuparon este miércoles la embajada de Venezuela en Brasilia.

Agentes de la Policía Militarizada de Brasilia se encontraban en la mañana de hoy frente al predio ubicado en la zona sudeste de la capital, donde se vivieron momentos de tensión y forcejeos entre simpatizantes de Guaidó y de Nicolás Maduro.

«Al ingresar a la sede pudimos verificar que un grupo de funcionarios se encontraba habitando la residencia oficial, que se encuentra contigua a la sección administrativa. Se les notificó de la acción emprendida por sus compañeros e, inmediatamente, se les invitó a incorporarse al trabajo en la embajada garantizándoles todos sus derechos laborales», sostiene el comunicado firmado por la embajadora María Teresa Belandria Expósito.

En este sentido, continuó: «Finalmente, les comunicamos nuestra mejor disposición de mediar con las autoridades brasileñas en caso de que decidan no abandonar el país», resaltó Clarín.

A un comisario que trabaja en la Jefatura de Policía de Chubut lo denunciaron en la Justicia acusándolo de haber abusado de su propia hija y fuentes allegadas a la Fiscalía no descartaban ayer que en cualquier momento puedan ordenar su detención, si es que hay pruebas contundentes que respalden la grave acusación que le hacen.

El caso trascendió durante el fin de semana, en la Justicia trelewense lo confirman -de manera extraoficial- y en las altas esferas policiales hay «silencio de radio».

Por un lado, hay una versión en la que se dice que la denunciante sería la mujer del jefe policial que es también integrante de la fuerza; una sargento primero que trabaja en una de las comisarías del Valle. Y por otro, se aduce que habría sido la propia hija -que ahora tendría 18 años- la que se habría presentado en la Fiscalía a denunciarlo.  Una fuente judicial consultada al respecto reveló ayer que hasta se habría dispuesto una medida de exclusión del hogar para el comisario, entre las primeras diligencias que aparentemente se hicieron; antes que se efectivizara la presentación en el Ministerio Público Fiscal de Trelew. Los mismos informantes no descartaron que haya novedades importantes en el caso en los próximos días, así lo informó Cadena 3.

Un habitante del barrio Isidro Quiroga denunció que su primo de 51 años abusó de su hija de 9.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 2:00, cuando el hombre, previo a haber organizado una reunión familiar, llevó a unos chicos a sus respectivas casas. Al regresar a su vivienda, la menor le dijo lo que había sucedido en el baño.

El padre de la víctima se dirigió junto a la menor a la Seccional Quinta, donde le dieron intervención a la Fiscalía y a la Comisaría de la Mujer.