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Santiago Igón, diputado nacional por el Frente de Todos, manifestó que “si es culpable, que le caiga todo el peso de la ley. Pero que también se hagan responsables los distintos funcionarios municipales”.

Esto lo dijo el diputado Igón refiriéndose al caso de presunta corrupción del Ómnibus y Andrea Rowlands exsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Esquel.

Al respecto, el intendente Sergio Ongarato hizo público que recibió la carta de renuncia de Andrea Rowlands al cargo de secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, quien al parecer está involucrada en una situación irregular de fondos públicos con la Terminal de Ómnibus.

 “El intendente Sergio Ongarato confirmó que se hizo una denuncia penal”. Así lo dio a conocer el diputado, quien aseveró que esperan que se esclarezca el caso.

“Los ciudadanos de Esquel tienen que saber qué ha pasado con esos dos millones cuatrocientos mil de peso. Y comenzar a investigar si en otra área del municipio pasó lo mismo”, manifestó.

El diputado, aseguró que los contribuyentes de Esquel quieren que esa plata vuelva al municipio.

Este hecho es de profunda gravedad, y se trata de la funcionaria Andrea Rowlands, que fue electa para el cargo de concejal, después pasó a ser secretaria de Gobierno.

Pasado ese lapso, en menos de dos meses de gestión, se hizo público este caso de corrupción.

“Tiene muchísima gravedad, y esperamos que se pueda solucionar”, aseveró el diputado.

 

Está avanzando la denuncia penal por responsabilidad concurrente del Ejecutivo de Río Negro, y la secretaria de la SENAF, que fuera presentada por la diputada nacional por el Partido Justicialista Silvia Horne, como consecuencia del asesinato de la pequeña Sofía en un grave caso de violencia familiar en Lamarque. El miércoles citaron a declarar a personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para corroborar las irregularidades.

Horne había solicitado a la Justicia, en el mes de febero, que investigue al gobernador Alberto Weretilneck para determinar “si incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en los términos del artículo 248 del Código Penal Argentino, por  Varias irregularidades cometidas en el control de un organismo  dependiente del Ejecutivo Provincial ‘SENAF’, de acuerdo a facultades otorgadas por Ley 5238”.

La diputada rionegrina había señalado que “fecha 11 de noviembre del  año 2018, trabajadoras de la SENAF alto valle, presentaron una denuncia, ante los organismos administrativos de la SENAF correspondientes por mal trato laboral, ante el silencio de la administración, las trabajadoras, se dirigieron mediante nota al Ejecutivo provincial, y atento que este ejerce el control del organismo, no obteniendo ninguna respuesta hasta el día de la fecha”.

Otro de los temas que planteó es que “a consecuencia de esta situación la SENAF alto valle se encuentra sin Cinco profesionales que se encuentran de licencia por enfermedad profesional derivara de la persecución laboral denunciada”.

También planteó que “la segunda irregularidad y las más grave es la falta de intervención de la SENAF y el control de su órgano superior, en el hecho delictivo de fecha 4 de febrero del 2019, donde ocurre el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, doblemente agravado de la niña Sofía.  De acuerdo a los dichos de la fiscalía interviniente en el caso, Sofía era víctima permanente de abusos y golpes, que también padecían sus hermanas de cinco y un año. La madre las habría golpeado con diversos objetos, y les provocaba cortes y quemaduras”.

Horne destacó que “estos abusos y ataques constantes, fueron denunciados por una vecina en Lamarque, donde residía la familia, el 14 de octubre del año 2018. El día 15  de octubre funcionarios policiales, se presentaron en el domicilio de la familia, pero no pudieron comprobar el abuso, y entonces, giraron el caso a la Jueza Paz de esa ciudad, Claudia Bascuñan. Ese mismo día, la jueza de paz, tomó como medida librar un oficio a la Policía para que notifiquen al padrastro y a la madre la prohibición de “ejercer actos violentos en contra de las niñas”. En aquella oportunidad, se notificó a la  SENAF para que “evaluara una aparente situación de violencia familiar y tome las medidas al respecto como resguardar a las niñas”. A pesar de ello, el organismo, no contestó a la notificación y tampoco hay una constancia en el expediente de que haya ido a ver a la familia”.

Siguiendo la trama de la denuncia, Horne sostuvo que “el día 16 de octubre, el expediente fue remitido a la jueza de familia de Beltrán, Dra. Marisa Calvo, quien ratificó la medida cautelar contra la pareja. Incluso, notificó nuevamente a la SENAF para que intervenga en este caso, pero tampoco hubo respuesta por parte de las máximas autoridades en Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Río Negro.  Con fecha 2 de noviembre de 2018, la jueza de Beltrán, reiteró el pedido a la SENAF, nuevamente sin respuesta; y además, requirió auxilio al hospital de Lamarque sobre una aparente situación de violencia infantil, el nosocomio tampoco contestó. A mediados de diciembre la jueza Marisa Calvo, volvió a requerirle al Hospital, y recién el 2 de diciembre contestaron diciendo que el equipo técnico fue “reiteradas veces al domicilio pero no encontraron a la familia”. Fue recién el 15 de diciembre, luego de una serie de reiteración de oficios, cuando desde la SENAF contestaron telefónicamente, a la jueza “que recibieron todas las notificaciones pero el caso estaba en lista de espera”.

El viernes 1 de febrero, Sofía fue hospitalizada en un centro de salud de Villa Regina, y posteriormente fue trasladada a la Clínica Juan XXIII presunto cuadro de peritonitis. Al ingresar al nosocomio los médicos constataron que Sofía tenía “distintas heridas en su cuerpo y lesiones que permitieron concluir que el hombre abusó sexualmente de ella”.

Finalmente señaló que “el día lunes 4 de febrero de 2019, nuestra provincia conmocionada se enteró que Sofía, tras aquella agonía, había fallecido producto de las lesiones infringidas” y que “fue recién después del trágico y evitable fallecimiento de Sofía, la Secretaria Roxana Méndez, resolvió apartar a las otras dos nenas de la pareja”.

“Es por todo lo expuesto y atento a que la SENAF depende directamente del poder Ejecutivo provincial de Río Negro,  concurro por la presente a incoar formal denuncia contra Alberto Weretilneck, por presunto incumplimiento de la ley 5238 y artículo 248 del Código Penal Argentino”, concluyó Horne.

La Multisectorial de Salud, que nuclea a médicos, odontólogos y laboratorios entre otros, impulsaría una denuncia penal por «malversación de fondos» contra funcionarios del Gobierno Provincial, por supuestos desmanejos de la caja de la obra social Seros.

El titular de la Asociación Odontológica, Mariano Schembari, denunció públicamente que «hay malversación, desvío de fondos e incumplimiento de deberes de funcionario público en muchos de los funcionarios de alto rango de esta provincia». Los odontólogos también podrían cortar el servicio si la obra social no se pone al día con los pagos de mayo y junio.

En diálogo con FM EL CHUBUT, Schembari indicó que en principio van a intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno de Mariano Arcioni a través del diálogo, porque necesitan una «definición inmediata», ya que hoy ni siquiera están cubriendo los costos de las prestaciones. Pero si el Gobierno sigue sin dar respuestas, Schembari convalidó que la acción judicial «es una posibilidad», y harían una presentación colectiva de todos los sectores igualmente afectados.

El odontólogo puntualizó que Seros adeuda a los odontólogos el 60 por ciento de los pagos de mayo y la totalidad de junio. Si bien tuvieron varias reuniones con el directorio de Seros, no hay perspectivas de que estos montos vayan a pagarse. Advirtió que si este esquema no se revierte, no van a poder seguir funcionando. «No estamos llegando a los costos para cubrir la prestación. Sufrimos dos devaluaciones y la inflación, más la incidencia de paritarias de empleados. No estamos ni cerca de tener un valor razonable para brindar una prestación decorosa a los afiliados», señaló. resolvemos ese problema pasamos a atender normalmente, y los afiliados verían que los aportes que hacen todos los meses llegarían a la obra social y ésta cumple lo que tiene que cumplir», concluyó.

Si bien los representantes argumentaron que la presentación legal no tiene nombres y apellidos, incluye a todos los funcionarios con injerencia directa en el incumplimiento de las constituciones Nacional y Provincial. Reclaman la normalización en el pago de sueldos, el depósito de los retroactivos y la normalización de la obra social, entre otros puntos.

Mónica Agenta, vocera de los jubilados, indicó que “nos reunimos para presentar una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal por incumplimiento en el pago de haberes, de retroactivos, para que tengamos de nuevo la obra social que está interrumpida y que no sólo afecta a los jubilados, sino a todos los trabajadores públicos”.

“La denuncia irá dirigida a todas aquellas personas que tengan injerencia directa en el cumplimiento de las constituciones Nacional y Provincial. Evitamos nombre y apellidos porque todos sabemos quiénes son nuestros funcionarios, y a quien le corresponda que se haga cargo”, remarcó, así lo dio a conocer Radio 3.

“La obra social está cortada y no tenemos medicamentos. El presidente de la Asociación Médica dijo que los montos aportados por Seros no eran suficientes y que la iban a volver a cortar, se volvió a cortar la obra social, o sea que estamos aportando a una obra social que no nos brinda ningún beneficio”, cuestionó.

”Nos reunimos con algunos diputados, a quienes les habíamos exigido un encuentro para que nos dieran una solución y quedaron comprometidos a ser los interlocutores con los demás funcionarios”, señaló Agenta.

Desde Seros se hizo la presentación y no descartan realizar otras acciones en la Justicia. Desde el sector pasivo aseguran que se sienten “abandonados” ante las dilaciones y el corte que persiste en la obra social. Se podría llegar a avanzar con un paro por categorías también para los adultos mayores.

Los jubilados provinciales todavía no tienen fecha de cobro de haberes. Esto generó malestar en todo el sector por lo que desde Seros se presentó una denuncia penal contra el Ministro Tarrío y analizan más presentaciones judiciales.

Sara Gianardo, vocal por los pasivos del ISSyS condenó “esta decisión de no pagar a los jubilados, pero si a algunos sectores de los activos, es una medida totalmente arbitraria que provoca muchísima indignación en la gente. Se deja de lado al sector más vulnerable que tiene la sociedad que son los jubilados, pensionados y retirados”.

Agregando que están esperando información “pero no hay nada concreto del pago. Son 17 mil jubilados que no saben cuándo van a percibir sus haberes”.

Reunión

En la reunión mantenida con el Ministro de Economía, Luis Tarrío “le planteamos que pareciera ser que el Banco del Chubut es de cualquier provincia menos de Chubut, que no está enterado cómo estamos viviendo acá, que no cobramos los sueldos, que cuando se venció la tarjeta de crédito 365 que tenemos casi todos los empleados públicos y la poca plata que tenían de aguinaldo se cobraron todo lo que se debía al Banco sin importar nada. Entonces la gente está muy indignada también por eso, porque en muchos casos la poca plata que tenían se la tomó el Banco y hay muchos que tienen que pagar alquiler, un remedio, que tienen enfermedades crónicas, que se vencen la luz, el gas. Y no todos los jubilados tienen un gran sueldo, hay jubilados que cobran 13.200 pesos”.

Sin pago a prestadores

La demora en el pago de haberes trae además como consecuencia que el Instituto no pueda pagar a los prestadores que tiene la obra social. Este miércoles a las 7 finalizaba el corte desarrollado por la Federación Médica desde el sábado pasado.

Pero Gianardo reconoció que “tampoco podemos cumplir con los médicos en función que ni siquiera se cumplió con los sueldos de todos los empleados, por lo que acá no hay ningún aporte de los obligatorios que tiene que realizar la Provincia al Instituto”.

“Hasta que no se termine el pago completo de haberes, la Provincia tiene cinco días para que este acá todo lo que corresponde a contribuciones y retenciones y por supuesto todavía no llegó nada”.

Denuncia penal a tarrío

También la vocal por los pasivos confirmó que el lunes concretó una denuncia penal contra el Ministro de Economía por el incumplimiento en el pago de haberes de los jubilados y están evaluando “qué otras medidas íbamos a hacer porque los jubilados planteaban un recurso de amparo”.

La denuncia es “por incumplimiento de los deberes de funcionario público y retención indebida de haberes” y no descartan pedir el embargo de las cuentas de la provincia en el Banco”.

“Es una provincia que está siendo manejada como un quisco, no hay ningún tipo de previsión, de plan, no sabemos si esto va a continuar en el tiempo y qué es lo que van a hacer. La gente se enteró el viernes 12 que no cobraban los sueldos, no hay ningún tipo de planificación y previsión”.

Desde Economía ayer no podían confirmar si se iba a avanzar con el pago a jubilados. La respuesta es siempre la misma: “Hasta donde lleguemos”. Según trascendió, una de las posibilidades era que ayer se depositara a aquellos que tienen haberes hasta los $ 80.000, que cubriría un poco más del 70% del sector pasivo. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado y recién hoy en los cajeros se podrá tener una parámetro real.

Hilda Fredes, referente de los jubilados, aseguró que en cierta forma nos sentimos “abandonados” por el Estado, no sólo por no percibir los haberes, sino porque también tenemos cortada la obra social. No puede ocurrir esto, hay una gran preocupación y mucha indignación”.

Lo adelantó el dirigente socialista en diálogo con Radio Chubut.

Será por “retención indebida” de los gastos de bloque cuando él era diputado y Argentina Martínez era presidenta de la bancada que ambos integraban.

Como se recordará Montes se había negado a percibir ese monto por cuestiones éticas, al interpretar que era un “pago en negro” que se hacía cuando estaban todos reunidos y “Martínez llegaba con una caja de zapatos, sacaba sobres del interior y los repartía” describió el diputado.

Montes recordó que él había aceptado sobre el fin del mandato recibir el total de los fondos que supuestamente estaban a resguardo en una caja de seguridad bancaria para donarlos al hospital, pero jamás se pudo hacer del monto a pesar de intimar a la ex presidenta del bloque por carta documento.

Ahora esperará que termine la feria judicial para interponer una denuncia penal por retención indebida que tramitará el abogado del foro local Eduardo Hualpa.

Radio Chubut