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Delincuencia

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“Nuestro objetivo siempre será acompañar y fortalecer a todas las instituciones sociales que trabajen por el bien común”, sostuvo el Jefe Comunal luego de dialogar con Ángel Gersi, presidente de la institución.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recorrió la Asociación Víctimas de la Delincuencia, que hace poco tiempo logró inaugurar una nueva sede que les permitirá ampliar su intervención territorial. La institución, que lleva más de 10 años brindando asesoramiento a personas que han perdido seres queridos por hechos delictivos, busca instalarse como generadora de actividad sociales.

Durante la recorrida, estuvieron presentes el presidente de la institución, Ángel Gersi; la secretaria administrativa, Patricia Yoslem y, acompañando al Intendente, estuvo el secretario de Gobierno, Martín Ebene y el subsecretario de Cultura, Diego Lacunza.

“Es grato poder darse el tiempo para salir a recorrer cada institución de nuestra ciudad, saber cómo vienen trabajando y cuáles son sus metas. Nuestro objetivo siempre será fortalecer todas las acciones que tengan un fin social. Desde sus inicios, esta Asociación ha sido acompañada permanentemente por la gestión de Ricardo (Sastre), primero facilitando un espacio para que puedan funcionar y luego mediante el otorgamiento de un terreno; no tengan dudas que nosotros lo vamos a seguir haciendo”, explicó Gustavo Sastre.

Y agregó: “Al recorrer su nueva sede, vemos con enorme alegría como han logrado a través de los años y con mucho esfuerzo, concretar este sueño de tener un lugar propio que les permita ampliar su labor social”. En ese sentido, remarcó que “durante la visita, dialogamos con los integrantes de la Comisión Directiva para coordinar actividades deportivas y culturales a través de la Municipalidad, que serán destinadas a niños y jóvenes de los barrios cercanos a donde se encuentra emplazada la institución”.

Por otra parte, Patricia Yoslem, secretaria de la Asociación, valoró la importancia de contar con la presencia del Intendente, “porque nosotros en septiembre inauguramos esta nueva sede y la idea es que el Municipio conozca nuestro lugar para poder realizar un trabajo social, con adolescentes del barrio y tratar de hacer trabajos en conjunto con los vecinos del barrio. La idea es estar en contacto directo con las actividades del Ejecutivo y poder sumarnos tanto tanto en talleres culturales como deportivos”.

La creación de la Asociación Víctimas de la Delincuencia en la ciudad de Puerto Madryn surge en 2009 con la necesidad de buscar el bien común, la justicia, la seguridad para aquellas personas que perdieron seres queridos por hechos delictivos. Y en septiembre del año pasado se realizó la inauguración de la sede propia, ubicada en la calle Williams 867, frente al Barrio Rucal Hue, indicó El Chubut.

La Cooperativa de Trelew denunció que, durante el fin de semana, delincuentes robaron varios elementos de una obra que está realizando la prestataria en el barrio Guayra, remarcando que sin embargo no pudieron alzarse con el «botín mayor»: una bomba de líquidos cloacales instalada en el lugar.

Según denunció el titular de Agua y Cloacas, Federico García, los ladrones se llevaron cables y el tablero de mando, pero por la logística para extraerla y el peso que tiene no pudieron hacer lo mismo con la bomba.

La obra está ubicada en la intersección de las calles María Humphreys y Maestros Puntanos, en la zona este de la ciudad. Allí la Cooperativa lleva adelante un recambio de cañería de 350 mm de asbesto cemento que será reemplazada por una de PVC.

El desarrollo de la tarea implica la realización de un by pass para que la afectación a los domicilios de la zona se vea reducida.

En ese sentido, la bomba está ubicada dentro de la cámara de inspección por lo que resulta difícil extraerla. No obstante, los delincuentes sí pudieron llevarse 20 metros de cable de energía, 20 metros de cables de señal y el tablero de mando de la bomba de líquidos cloacales.

Durante las primeras horas de este lunes, la Policía pudo hallar a los responsables del robo y recuperar los cables, aunque hasta anoche no había noticias del tablero.

Aunque el continente americano sólo alberga el 13% de la población mundial, la región registra el 42% del total de las víctimas de homicidios en el mundo.

Un informe sobre homicidios en el mundo elaborado por las Naciones Unidas (ONU) alerta que el continente americano registra el 42% del total de las víctimas, pese a que alberga solo el 13% de la población mundial y destaca que la situación es especialmente grave en América Latina a causa de la desigualdad, la debilidad del sistema judicial y el crimen organizado.

Los datos se desprenden del Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2019 publicado hoy en Viena por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), que muestra que la tasa media anual de homicidios en el continente americano es de casi el triple que el promedio mundial y casi seis veces más que Europa.

Centroamérica es, con una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100.000 habitantes, la zona de mayor nivel de muertes violentas del mundo debido a asesinatos por tráfico de drogas y por el incremento de las pandillas.

Otra de las características del fenómeno violento es su naturaleza «fluctuante, imprevisible y errática», indica el documento que coloca a Sudamérica en segundo lugar con 24% y el Caribe, con 15%, como tercero en el ranking de subregiones con más homicidios del planeta, según informó la agencia de noticias EFE.

América es la única región en la que esa tasa ha crecido desde 1990, apunta el informe.

Desigualdad de ingresos

Un total de 464.000 personas fueron víctimas de homicidios en 2017, más que todos los muertos en guerras ese año.

La ONU compara la cifra de 2017 con la de 1992 y concluye que, aunque el número de fallecidos ha subido un 17 %, se ha producido un descenso de la tasa de homicidios, es decir, del número de víctimas por cada 100.000 habitantes, debido al aumento de la población.

Así, de los 7,2 homicidios por cada 100.000 habitantes de 1992, se pasó en 2017 a 6,1, disminuyendo, en términos generales, el riesgo de morir por esa causa.

«En términos de una tendencia a muy largo plazo, estamos en las décadas más pacíficas» explicó a Efe Angela Me, una de las coordinadoras del informe.

Sin embargo, dentro de esa tendencia general, desde 2015 se ha detectado una leve subida, por primera vez en décadas de bajada.

Ese aumento puede explicarse por el aumento en América Latina, la región con la tasa más alta y la única donde sube y, especialmente, en países como Brasil y México, cuyo peso demográfico influye en la tasa de todo el continente.

Dentro del continente americano, con una tasa media de 17,2, destacan los altos índices de Centroamérica (25,9), Sudamérica (24,2) y el Caribe (15,1), lejos de las cifras del resto del mundo: África (13), Europa (3), Oceanía (2,8) y Asia (2,3).

Por subregiones, las tasas más bajas, de 1 homicidio por cada 100.000 habitantes al año, se encuentran en Europa Occidental, el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Al hablar de las causas, el reporte señala factores como la desigualdad, el desempleo, la corrupción, la inestabilidad política, los estereotipos de género y el crimen organizado.

«Los países con una marcada desigualdad de ingresos tienen más probabilidades de tener una mayor tasa de homicidios que aquellos con brechas más pequeñas», resume el informe.

De hecho, la ONUDD destaca que si el crecimiento económico no se reparte equitativamente en la sociedad, la violencia puede subir.

Con todo, Angela Me explica que si, en general, «las diferencias en tasas de homicidios entre países pueden ser explicadas principalmente con el desarrollo socioeconómico», en América Latina no siempre se cumple esa correlación.

«La interpretación es que hay un componente que otras regiones no tienen, que es el crimen organizado y las bandas», señala Me, que añade a esa ecuación el extendido uso de armas de fuego, mucho más habitual que en otras partes del mundo.

Así, en países como Honduras, El Salvador o Venezuela, las tasas de homicidios son mucho más altas de lo que correspondería a su desarrollo socioeconómico.

El crimen organizado y los «ninis»

La ONUDD destaca también el impacto del crimen organizado, responsable del 19 % de todos los homicidios en 2017.

El informe estima que entre 2002 y 2017, el crimen organizado ha matado a un millón de personas, tantas como víctimas de guerras.

En América Latina, las maras y el narcotráfico son elementos clave en esa relación de crimen organizado y alta tasa de homicidio.

Respecto a las maras, el informe alerta de los altísimos índices de muertes violentas entre adolescentes y jóvenes varones en algunos países de Centroamérica, aunque también en otras naciones.

La ONU se refiere al fenómeno de los «ninis», los jóvenes que ni trabajan ni estudian.

Así, el informe alerta de que «se cree que el creciente número de jóvenes desempleados y socialmente desfavorecidos está contribuyendo al aumento de los crímenes violentos, incluidos los homicidios, en América Latina», debido a la combinación de que hay mucho jóvenes sin perspectivas y bandas criminales dispuestas a reclutarlos.

La ONUDD estima que el 21 % de los jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 24 años caían en la categoría de «ninis» en el año 2015.

La solución, dice la ONU, pasa por más educación, más trabajo comunitario y un desarrollo de las policías de barrio.

«Si no tienes educación, tienes menores oportunidades de empleo y hace más fácil que los niños se unan a esos grupos criminales», alerta Me.

El Estudio dedica un capítulo entero a los crímenes machistas y destaca que, aunque las mujeres suponen sólo el 20 % de todas las víctimas de homicidios, son la inmensa mayoría en los crímenes de pareja.

Así, casi el 60 % de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas en 2017 en todo el mundo fueron víctimas de un crimen machista cometido por sus parejas, exparejas o familiares hombres, lo que hace que el hogar, insiste la ONU, sea «el lugar más peligroso» para ellas.

El reporte también apunta a la cada vez más evidente, pero aún poco estudiada, relación entre crisis climática, y problemas medioambientales en general, con el aumento de la violencia, especialmente por la falta de recursos, como agua o tierra cultivable.

Fuente: EFE. Foto: Télam

Ante la chance de que el Ministerio de Gobierno avance en la compra de pistolas Taser para combatir la delincuencia en Chubut, el Ministerio de la Defensa Público emitió un dictamen con severas advertencias “en el caso que finalmente las autoridades provinciales avancen en la adquisición”.

Lo tituló “Dictamen del Ministerio Público de la Defensa sobre el empleo de armas de electroshock por parte de los miembros de la fuerza provincial de seguridad de Chubut”. Lo firmaron Lucas Lancionti, German Kexel y Jorge Benesperi, letrados de esa cartera.

Según el análisis, no puede incorporarse cualquier tipo de arma de electroshock. “El modelo debe contener una memoria digital encriptada capaz de almacenar datos relativos a las fechas de día de uso, hora y duración de la descarga”. Esta memoria debe ser accesible a una persona autorizada, para resguardar su valor como prueba.

El MDP pidió “dictar una reglamentación sumamente precisa” para habilitar el uso de las Taser, detallando situaciones y “estableciendo una distancia de disparo que encuentre correlato con estudios en materia de salud”. Deben preverse mecanismos para que los policías logren distinguir cuando una persona detente una “condición especial de salud, del modo que se abstengan a aplicarles una descarga”, dice el dictamen.

Según el MDP, para resguardar el derecho a la salud, esta reglamentación deberá incorporar un protocolo que asegure la atención médica inmediata de las personas afectadas, “con los análisis médicos suficientes para determinar la gravedad de los efectos secundarios”.

Una vez escrita la reglamentación, deberán dictarse cursos de capacitación para adiestrar al personal policial. Su eje debe ser “el uso excepcional y subsidiario del artefacto y el tratamiento intensivo de las particularidades de la reglamentación”.

Según destaca Jornada, la asignación de cada Taser deberá respetar la reglamentación ya vigente para las armas reglamentarias: precisa individualización de cada agente que la posea.

Bajo ningún punto de vista los agentes designados para estas armas podrán tenerlas al alcance por fuera de su actividad diaria. “Esto supone la imposibilidad absoluta de su tenencia más allá del horario laboral”. Quienes las usen deberían ser seleccionados por sus aptitudes éticas, psicológicas y físicas, con capacitación profesional continua, completa y periódica.

La Defensoría también exige “la imposibilidad absoluta” de que se usen en manifestaciones públicas, con personas bajo custodia o en centros de detención.

En el primer caso, “por el enorme perjuicio que puede generar la aplicación indebida del uso de la fuerza en el marco del ejercicio de un derecho constitucional, la cual claramente se agravaría a través de estos artefactos por la afectación al pudor que pueda generar en quienes presencien una escena en la que se aplique una descarga de este tipo”.

En el segundo caso, “teniendo en cuenta la evidente reducción del ámbito de autodeterminación que pesa sobre los privados de la libertad, en aras de sostener la vigencia de la garantía constitucional de la prohibición de la tortura”.

«Regresivo»

El dictamen subraya que la incorporación de nuevos tipos de armas sin un control adecuado puede resultar “regresivo” en materia de derechos humanos. Cuando se habla de armas de electroshock, la idea es garantizar la prohibición de la tortura y salvaguardar el derecho a la salud.

El documento del MDP incluye abundante jurisprudencia y antecedentes sobre los riesgos de este tipo de armas, incluyendo advertencias de Naciones Unidas y reglamentaciones internas que establecen “el uso excepcional y proporcional de la fuerza”.

“Es palmario que el uso de armas incapacitantes deben utilizarse en situaciones de hecho extremas, como último recurso y luego de que los funcionarios no puedan solucionar el conflicto por medios no violentos”, dijeron los abogados.

Para el MDP, el uso de las Taser “no puede ser entendido como un medio o mecanismo alternativo de uso a otros de menor poder vulnerante, ya que entre los principios y mecanismos de actuación, debe primar otros medios antes de recurrir al empleo de la fuerza”. Para este fin los funcionarios recibirán “capacitación continua, completa y periódica, respetando la ética policial y los derechos humanos”.

El Banco de Datos de Casos de Tortura que elabora el Ministerio “refleja un perfil contundente respecto al uso de la fuerza y los casos de violencia por parte de la fuerza provincial”. La evidencia revela que en Chubut más de la mitad de los casos de violencia institucional ocurren cuando se intenta reducir a una persona.

“Las fuerzas locales detentan serios problemas para regular el uso de la fuerza respetando el principio de estricta necesidad, moderación y proporcionalidad”. Al igual que cuando median insultos, “es necesario profundizar la profesionalidad de los agentes, corregir esta problemática, y así aminorar los niveles de violencia”. La Defensa Pública pide “especial atención en la capacitación en la ética policial y el respeto a los derechos humanos en el tratamiento y solución de conflictos”.

Las Taser interfieren en el sistema nervioso sensorial y motor de las personas con la descarga de pulsos de energía eléctrica. Paralizan la capacidad de movimiento, para poder reducir individuos.

Según el dictamen, sus efectos secundarios incluyen dolor repentino e intenso, contracciones musculares involuntarias, rigidez de piernas, sensación de vértigo, espasmos, cambios en el ritmo cardíaco, aturdimiento y amnesias temporales.

El MDP recordó que ya hubo un proceso judicial en 2010 cuando el actual presidente Mauricio Macri se encontraba a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se frenó una licitación pública para adquirir el equipamiento para la Policía Metropolitana. Aquel fallo entendió que las Taser podían causar la muerte o graves daños en la salud, por lo que esa política de seguridad violaba tratados de Derechos Humanos incluidos en la Constitución.

El dictamen en Chubut incluye referencias sobre Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, American Civil Libertis, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comunidad Europea y el Comité Europeo contra la Tortura. Varios trabajos advierten sobre el uso de armas de electroshock por paros cardíacos, golpes al caer, aplicación en embarazadas, individuos intoxicados por alcohol o drogas, personas con padecimiento mental, con marcapasos o problemas cardíacos, que ya recibieron una descarga o afectadas por gas pimienta al momento del ataque.

 

 

ADN Sur

Los delincuentes rociaron con nafta 30 bolsones de caucho que iban a ser utilizados para la instalación del césped sintético en la cancha del Club Roca. Los dirigentes estiman que la perdida rondaría los 650 mil pesos.

Según informó el sitio Con Sello Patagónico, el siniestro se produjo alrededor de las 4 de la mañana luego de que un grupo de personas, que no fue identificado hasta el momento, prendió fuego 30 bolsones de caucho que iban a ser utilizados para la instalación del césped.

El siniestro de grandes proporciones obligó a que intervengan los bomberos voluntarios del Destacamento 1, que trabajaron más de cuatro horas para apagar las llamas.

El presidente de la entidad, Carlos Velázquez, aseguró: “esto es una atentado, tiraron nafta e incendiaron el caucho para la cancha. Son más de 30 mil kilos de caucho, todos los bolsones que estaban ahí están quemados. Es una inversión grande que duele, uno trabaja todo el día en el club y faltaba una semana para inaugurarla”.

El dirigente aseguró que es un gran “dolor y tristeza”, y “lo atribuyo a la política”. Velázquez estimó que el valor de los daños asciende a 650 mil pesos.

La jueza de Familia de Comodoro María Marta Nieto se refirió a los delincuentes menores de edad y apuntó contra la falta de centros de rehabilitación para jóvenes adictos en la ciudad. Explicó que “pertenecen a familias con vulneración de derechos” y reclamó: “en Comodoro no hay centros de salud públicos provistos por el Estado. Tampoco hay un hogar de adolescentes. Sólo podemos alojar provisoriamente en Casa del Niño, hasta los 12 años de edad”.

“En materia de atención de víctimas de violencia contamos con La Casa. Las instituciones no dan abasto con la demanda que tiene la ciudad. Esquel o Trelew tienen centros de adolescentes”, comparó. Dijo que se los puede derivar a esos otros puntos de la provincia pero “sufren el desarraigo de su familia y grupo de pertenencia”.

Además, “son establecimientos a puertas abiertas. El adolescente debe querer estar en ese lugar porque no hay una privación de la libertad y hay casos en donde no quieren esa derivación y se escapan”, advirtió la jueza.

En diálogo con La Cien Punto Uno, comentó que “el organismo de Protección de Derechos lo que hace es proponer cuál sería el plan de trabajo para abordar a la familia y revertir esa situación. Este plan puede contemplar a otros operadores; por ejemplo: si hay un problema de adicciones, se da intervención al área de salud de Hospital Regional y se trabaja a través del Centro de Tratamiento de Adicciones y se les consigue turno. De ahí se evalúa si es necesario que el tratamiento sea ambulatorio o psicológico ,detalló .

Dijo que “también hay programas municipales y provinciales que tienen que ver con el acompañamiento de los padres en los cuidados para fortalecer los vínculos, siempre teniendo en cuenta la pertenencia del niño, niña o adolescente en el mismo grupo familiar”.

“Cuando estos programas trabajan con déficit o la intervención llega tarde, interviene la Justicia a fin de dictar medidas que fortalezcan el trabajo de los organizamos de protección. Son medidas de protección y prevención; no estamos en el ámbito punitivo”, aclaró la jueza.

En tanto, reiteró que “el diagnóstico de si una persona necesita un tratamiento lo hace un equipo interdisciplinario, no judicial. Lo hacen psicólogos, trabajadores sociales”.

 

 

ADN Sur