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El proyecto prevé un gasto del capital del 2,2% del Producto Bruto Interno, y contempla destinar más del 60% de los recursos a gastos sociales.

El Gobierno nacional enviará este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2021, que prevé un déficit equivalente al 4,5% y un gasto del capital del 2,2% del Producto Bruto Interno, y contempla destinar más del 60% de los recursos a gastos sociales.

La iniciativa será enviada en tiempo y forma, como establece la Ley de Administración Financiera, que fija como fecha tope al 15 de septiembre para presentar el proyecto que establece el detalle de gastos y recursos para el año siguiente, así como las previsiones de crecimiento del PBI, el valor del dólar y la evolución de la inflación.

El primer proyecto de Presupuesto 2021 de la gestión del presidente Alberto Fernández que se presentará ante la Cámara de Diputados demandará al menos un mes de debate, en cuyo transcurso los funcionarios explicarán cada uno de los aspectos centrales, los datos macroecónomicos, los subsidios al transporte, las obras públicas y las relaciones con las provincias.

El tratamiento se efectuará en un cuerpo legislativo donde existe una fuerte paridad de fuerzas ya que el Frente de Todos tiene 117 votos -teniendo en cuenta la licencia del funcionario José de Mendiguren y que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, solo vota en caso de desempate- y Juntos por el Cambio 116.

En ese marco, los votos de los interbloques Federal y de Federal para el Desarrollo adquieren una fuerte relevancia al convertirse en los árbitros para definir la aprobación del presupuesto, ya que Juntos por el Cambio es difícil que vote a favor luego de la pelea que está planteando por la copartacipación de la ciudad de Buenos Aires.

Además, junto con la sanción del proyecto de presupuesto se deberá sancionar la nueva ley de movilidad jubilatoria, donde se fijará cómo se actualizarán en el 2021 las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y por Hijo, a cuyo pago se destinan junto con los planes sociales más del 60 por ciento de los recursos previstos para el próximo año.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que los cinco objetivos del Presupuesto son «inclusión social, que requiere crear trabajo; dinamismo, agregar valor a la producción; estabilidad, que requiere que el país a medida que se recupera genere condiciones para que las exportaciones crezcan y no volver a chocar con un problema de falta de dólares; equidad regional, para que el desarrollo sea federal, y soberanía económica».

El ministro ratificó que el déficit previsto será del 4,5 % y dijo que «dentro de ello hay una redefinición de prioridades, porque el gasto de capital se duplica respecto del de 2019. Va a ser de 2,2% del producto, y este es un rubro fundamental para la recuperación, porque hay un multiplicador macroeconómico grande asociado a la expansión de la obra pública, que le permite al sector privado enfrentar un ambiente más vibrante en condiciones de demanda».

El Gobierno nacional enviará este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2021, que prevé un déficit equivalente al 4,5% y un gasto del capital del 2,2% del Producto Bruto Interno, y contempla destinar más del 60% de los recursos a gastos sociales.

La iniciativa será enviada en tiempo y forma, como establece la Ley de Administración Financiera, que fija como fecha tope al 15 de septiembre para presentar el proyecto que establece el detalle de gastos y recursos para el año siguiente, así como las previsiones de crecimiento del PBI, el valor del dólar y la evolución de la inflación.

El primer proyecto de Presupuesto 2021 de la gestión del presidente Alberto Fernández que se presentará ante la Cámara de Diputados demandará al menos un mes de debate, en cuyo transcurso los funcionarios explicarán cada uno de los aspectos centrales, los datos macroecónomicos, los subsidios al transporte, las obras públicas y las relaciones con las provincias.

El tratamiento se efectuará en un cuerpo legislativo donde existe una fuerte paridad de fuerzas ya que el Frente de Todos tiene 117 votos -teniendo en cuenta la licencia del funcionario José de Mendiguren y que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, solo vota en caso de desempate- y Juntos por el Cambio 116.

En ese marco, los votos de los interbloques Federal y de Federal para el Desarrollo adquieren una fuerte relevancia al convertirse en los árbitros para definir la aprobación del presupuesto, ya que Juntos por el Cambio es difícil que vote a favor luego de la pelea que está planteando por la copartacipación de la ciudad de Buenos Aires.

Además, junto con la sanción del proyecto de presupuesto se deberá sancionar la nueva ley de movilidad jubilatoria, donde se fijará cómo se actualizarán en el 2021 las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y por Hijo, a cuyo pago se destinan junto con los planes sociales más del 60 por ciento de los recursos previstos para el próximo año.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que los cinco objetivos del Presupuesto son “inclusión social, que requiere crear trabajo; dinamismo, agregar valor a la producción; estabilidad, que requiere que el país a medida que se recupera genere condiciones para que las exportaciones crezcan y no volver a chocar con un problema de falta de dólares; equidad regional, para que el desarrollo sea federal, y soberanía económica”.

El ministro ratificó que el déficit previsto será del 4,5 % y dijo que “dentro de ello hay una redefinición de prioridades, porque el gasto de capital se duplica respecto del de 2019. Va a ser de 2,2% del producto, y este es un rubro fundamental para la recuperación, porque hay un multiplicador macroeconómico grande asociado a la expansión de la obra pública, que le permite al sector privado enfrentar un ambiente más vibrante en condiciones de demanda”.

En un reportaje al diario La Nación y al ser consultado sobre las vías del financiación, Guzmán dijo que se espera que “el financiamiento por parte del Banco Central vaya bajando, aunque no se va a poder prescindir del todo por un tiempo”.

“Por eso buscamos normalizar las finanzas públicas, ir reduciendo las necesidades de financiamiento por parte del Banco Central, e ir bajando la inflación, que es un objetivo central”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Guzmán también puso en valor que el presupuesto “establece proyecciones plurianuales y busca marcar el horizonte por el cual la Argentina va. Es un camino de consistencia macro y es normal que tras el colapso del sistema que rigió entre 2015 y 2019 haya falta de confianza. Creemos que la Argentina va a transitar ese camino, pero no sucede de un día para el otro la resolución de estos problemas”.

También confirmó que el Gobierno no mantendrá el próximo año los planes de Ingreso Familiar de emergencia (IFE) y de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), al sostener que “se asume que esas partidas eran necesarias en forma extraordinaria por la pandemia”.

El primer presupuesto de la gestión del presidente Alberto Fernández se realizará en la misma jornada que la comisión de Presupuesto y Hacienda-conducida por Carlos Heller-comenzará a debatir el proyecto que permite refinanciar las deudas entre las provincias y la Anses.

El grupo parlamentario recibirá ese día a funcionarios del Anses que darán detalles como se renegociarán los prestamos por ese organismo y que establece un nuevo mecanismo para pagar la reparación histórica para evitar la venta de activos del FGS.

El titular del Instituto de la Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Miguel Arnaudo, se refirió a la situación que está atravesando la entidad que lidera y remarcó que durante las últimas horas mantuvo reuniones con distintos actores para dialogar sobre la caja de previsión.

En una entrevista con AzM Radio, precisó que “la caja de previsión tiene un déficit, que es económico y creciente”. Cabe aclarar que al año 2019, el déficit de la misma “fue de alrededor de 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de ingresos devengados, aportes devengados de los trabajadores, contribuciones patronales devengadas, más los déficits que deben cumplir Rentas Generales, menos los beneficios otorgados y menos los gastos de administración”.

Al ser consultado sobre si hay un plan desde el ISSyS para reducir este rojo, el titular de la entidad dijo: “No, el Instituto es un organismo administrador del sistema. Los parámetros del sistema se establecen en la ley. Nosotros no podemos modificarlo, porque se requiere de una ley. Nosotros podemos trabajar y brindar algunas herramientas técnicas e informar, pero no podemos desarrollar un plan para modificar esto”.

“Actualmente la situación se ha invertido con respecto a otros períodos de tiempo. En el pasado, los ingresos que percibía el Instituto eran menos que los fondos que se devengaban y por eso se generó lo que hoy conocemos como deuda histórica. Hoy se están depositando más fondos en el sistema, que los fondos que genera el sistema”, apuntó Arnaudo.

En cuanto a la cantidad de personas que son alcanzadas por el ISSyS, el titular de la entidad remarcó que actualmente hay unos 18.000 beneficiarios. Además, insistió con que desde 2017 “los ingresos devengados son menores a los egresos devengados. Por eso se genera esta situación de déficit”.

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, indicó que aggiornar esa medida a un plan productivo para la provincia, sería fundamental para poder afrontar alternativas que permitan que la deuda no se genere nuevamente con el correr del tiempo.

“Fuera de la pandemia, tenemos una crisis socioeconómica-financiera que viene desde hace varios meses, donde hay que tratar de que perdure lo menos posible para que no siga afectando tanto al trabajador estatal, que a la vez repercute directamente en el sector privado también porque si el empleo público no cobra, hay menos circulación en la calle. Esa es la realidad que vemos desde hace mucho tiempo y los chubutenses esperan de los dirigentes soluciones”, expresó esta mañana Ricardo Sastre

Y agregó sobre la óptica que tiene el Gobernador Mariano Arcioni en tal sentido y las diferencias que pueda tener con él, que “en ese rumbo hay que trabajar, sabemos que a veces hay diferencias que se suscitan y no es nuestro estilo callarlo ni ocultarlas. Simplemente son distintas formas de ver las cosas y de lo que hay que tratar de hacer con este tema que es de público conocimiento como lo es el reperfilamiento, la renegociación o reordenamiento de la deuda, para tratar de que no se vuelvan a cometer los errores que se han cometido en el pasado y que podamos buscar la alternativa y solución definitiva para poder salir adelante”.

“Para que ello suceda, no solamente hay que reperfilar la deuda, sino que también hay que aggiornarla a un plan productivo en el cual el déficit mensual que tiene nuestra provincia desaparezca, o por lo menos se achique a un porcentaje mucho menor y que no contraigamos nueva deuda porque si no, a los doce meses estaremos hablando de que se refinancia la deuda y se ha generado una deuda nueva, porque el déficit mensual seguía y nadie hizo nada”, analizó.

Sastre recordó que “los diputados han solicitado el informe y creo que el ministro de Economía lo estaba enviando, porque querían ver un plan de acompañamiento a la refinanciación de la deuda. De nada sirve refinanciar una deuda que ha contraído la provincia de hace unos años atrás si tenemos un déficit mensual de 2.500 millones de pesos”.

“Para no contraer deuda hay que achicar el déficit, porque si la provincia no es deficitaria, no sería necesario contraer deuda. Acá han ocurrido diferentes situaciones sumado a la baja de la producción del petróleo y la del precio del barril de crudo; hay un déficit muy importante en la provincia que hay que combatirlo, que ronda los 2.200 a 2.500 millones de pesos mensuales. Si no se hace algo a partir de que se refinancie la deuda, para lo cual los diputados querían ver cuáles eran las alternativas y los planes; vamos a estar hablando en poco tiempo de que en diez meses habrá 25.000 millones de deuda; y es lo que uno no pretende”, añadió.

En ese marco, indicó que aumenta la preocupación de refinanciar o autorizar la Legislatura al Ejecutivo a refinanciar la deuda “pero a veces esos apuros terminan convirtiéndose en errores mucho más graves porque el renegociar, reperfilar la deuda, tiene que estar acompañado de un plan que no nos lleve a seguir siendo una provincia deficitaria, que todos los estados en su mayoría lo son pero no en un alto número como lo tenemos en Chubut”.

“Entonces, hay que ser responsables de que se autorice esa refinanciación, pero que paralelamente ese déficit desaparezca o se achique en un alto porcentaje. Hay que ver cuál es el informe que ha enviado el ministro de Economía, que suponemos es parte de la solución a lo que estamos solicitando”, concluyó.

Supongamos que, mientras caminamos por la calle, una persona se acerca para advertirnos que, en la cuadra siguiente, hay alguien dispuesto a asaltarnos. Si ocurriera algo así, seguramente tomaríamos alguna prevención: averiguaríamos más, cambiaríamos de rumbo, llamaríamos a la policía, etc. Bueno, más o menos, eso es lo que está ocurriendo en la provincia. Sabemos quiénes, cuándo y cómo nos quieren robar. Ya estamos avisados.

Por supuesto, hay diferencias entre ambas situaciones. El uso de una analogía permite comparar dos fenómenos, para describir uno en términos del otro. La relación hace posible establecer semejanzas y diferencias.

En estos momentos, hay una fuerte presión del gobierno provincial para lograr que la Legislatura convalide un reendeudamiento que tendrá impactos muy negativos en el futuro de Chubut. Es un paso más en un deterioro financiero que nadie en el gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, quiso o pudo detener.

Las sucesivas gestiones de Das Neves, Buzzi y la actual nos han conducido hacia un abismo. Ahora que estamos en el borde nos piden que, sin protestar, demos un paso hacia adelante.

Crónica de una muerte anunciada

La toma de deuda pública en dólares fue un recurso utilizado en los últimos diez años por varias gestiones provinciales, que contaron con el aval y el silencio cómplice de la Legislatura y de buena parte de la prensa «oficial». Hoy la provincia transita por un camino de déficit progresivo en el que solo puede endeudarse para prolongar su agonía.

Ninguno de los gobiernos de turno explicó públicamente los riesgos que implicaba la deuda que contrajeron o la que desean contraer ahora. Por supuesto, formularon discursos superficiales, simplificadores y engañosos, pero no advirtieron con claridad y sinceridad que finalmente llegaríamos a esta situación: el monto de las deudas es muy superior al de los ingresos y, además, la provincia comprometió las regalías petroleras como garantía de pago. Ahora, pretende asignar «fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos y otros ingresos provinciales» (ver: https://www.elextremosur.com/nota/25264).

Lo cierto es que no sabemos adónde fue a parar la plata que vino a partir de esas deudas, pero sí sabemos que, si el Estado sigue contrayendo deudas para pagar deudas, la provincia tendrá un futuro trágico y desolador. Y la perspectiva es triste porque, potencialmente, Chubut podría tener un mejor presente y un mejor futuro. Y eso es lo que pretenden robarnos (otra vez) en la cuadra siguiente.

Cuando un gobierno va a contraer una deuda que va a afectar a los próximos gobiernos y a la vida de los ciudadanos durante cinco o más años, tendría que esmerarse en plantear el escenario con claridad. Es una cuestión básica de honestidad política. En política, se suele decir «el que avisa no traiciona». Bueno, al pueblo nunca le avisaron.

Al final, la culpa es de todos (menos de ellos)

Una forma demagógica de diluir las responsabilidades políticas es decir «Todos tenemos la culpa» o algo parecido. Entonces, quienes ejercen el poder en la provincia y toman estas decisiones estructurales parecen tener la misma responsabilidad que una maestra jardinera o un empleado bancario. «Todos tenemos la culpa» equivale a afirmar «Nadie es culpable». La deuda externa se contrajo sola, la provincia se endeudó por accidente, mágicamente.

El ministro de Economía Oscar Antonena justificó la crisis provincial en esa línea: «Sobran empleados públicos». Un funcionario de ese rango no debería deslizar una afirmación tan ligera.

El análisis de la planta de empleados debería ser objeto de un proceso democrático y riguroso. Puede ser posible que en algunas áreas haya empleados que no estén trabajando como debieran o como podrían y también que, en otras, los empleados sean insuficientes.

Lo que Antonena no dice es que cada gestión es responsable del ingreso de una gran cantidad de ñoquis y acomodados. Pensemos, si no, en las denuncias formuladas contra la exministra de Educación Graciela Cigudosa por los nombramientos de familiares (de ella y de otros funcionarios) en cargos docentes que no ejercían. Esa práctica ya estaba instalada de antes, en el gobierno.

Pero Antonena no se refería a estos casos. Tampoco se refirió a los funcionarios denunciados por causas de corrupción. Esos también sobran. Pero seguro que el ministro, con su dedo acusador, mira para otro lado.

Saqueo y espejitos de colores

También resulta que, en el territorio chubutense hay metales que despertaron la ambición de capitalistas internacionales, que, ante la debilidad del Estado chubutense, ven una oportunidad de oro.

La Ley de Minería aprobada por Menem y mantenida por todos los gobiernos posteriores les asegura un saqueo legal. Se pueden llevar todo y dejarnos unas pocas migajas. Bueno, además de migajas, también pueden dejar mucha contaminación. Por supuesto que, cuando ofrecen su «exitosa alternativa» proponen un control transparente, una tecnología de punta, un extractivismo sustentable y un gran compromiso social.

Estos grupos también están en la cuadra siguiente, esperando su oportunidad para robarnos. Esperan que se habilite la megaminería, que la gente crea sus promesas, que la desesperación y la crisis los obligue a resignarse y que, finalmente, los legisladores levanten la mano.

Trabajan en conjunto, con gobiernos como los que padecemos. Es un mecanismo de tenazas. Por un lado, el gobierno nos conduce a una crisis cada vez más grave, cada vez más asfixiante. Por otro lado, aparecen las cámaras y empresas mineras con sus espejitos de colores.

Solo les falta decirnos «¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto!». Pero no necesitan revelar sus intenciones. Para eso, utilizan medios de comunicación para difundir sus engaños, para legitimar su propuesta, para intentar convencernos de que no son el problema, sino, al contrario, la solución: la única solución.

Pero ya nos dimos cuenta de que eso no es cierto. Solo nos falta organizarnos y ponernos de pie para decirles «No». «No nos roben nunca más».

Y, si hace falta mucha energía para cambiar las cosas, aunque sea difícil, podemos hacerlo, porque no hay energía más fuerte que la de un pueblo despierto.

Por: Sebastián Sayago

La administración de Mariano Arcioni proyectó para la primera mitad de 2020 un déficit de 5.116 millones de pesos. A esa suma se le agregan 7.700 millones de pesos que deberá pagar en capital e intereses de la deuda tomada en moneda nacional. Aunque el problema se profundizó durante la gestión de Arcioni, hace diez años que la provincia vive hundida en el déficit y no atina a establecer medidas para aumentar sus ingresos. La proyección del gobierno chubutense es que necesita una ayuda financiera de al menos 9.600 millones de pesos para equilibrar las cuentas públicas, aunque por ahora recibirá 5.000 millones en préstamo de Nación.

La pandemia, la cuarentena y la baja del precio del petróleo profundizaron la gravedad de la crisis provincial. Sin embargo, el descalabro económico de Chubut viene arrastrándose al menos desde 2011 y se ahondó a partir de 2015.

Pese a ser una provincia rica en recursos naturales y capacidades productivas, por los desmanejos de la clase política Chubut se encuentra en una virtual quiebra financiera y fuertemente endeudada en dólares.

A pesar de haber tomado $9.750 millones por el endeudamiento de 650 millones de dólares en 2016, la provincia no consiguió salir de la crisis económica en la que se hunde cada vez más. Genera sufrimiento para los trabajadores estatales y un raquítico servicio a sus habitantes.

Oscuro panorama para la primera mitad de 2020

Si bien la administración arcionista escamotea la información sobre las cuentas públicas y las manipula parcialmente, la posibilidad de acceder a fondos nacionales la obligó a tener que difundir algunos números para que Nación le habilite el acceso a un nuevo crédito en pesos.

De esa información oficial que el Ejecutivo envió al Legislativo como proyecto de ley para que se apruebe el préstamo nacional por los 5.000 millones de pesos, se puede concluir que el panorama por venir será mucho peor que el que viene teniendo la provincia en los últimos meses.

El Ejecutivo informó a los legisladores que para el primer semestre del año tendrá un déficit primario de $2.775 millones y que solamente en julio prevé una ampliación de ese déficit en otros $2.341 millones. Esos resultados negativos arrojarán en los primeros siete meses del año un déficit total de $5.116 millones.

Ahí no terminan los problemas financieros para Chubut, porque además deberá afrontar los pagos por endeudamientos en pesos emitidos en Letras del Tesoro que significarán la cancelación de $3.219 millones por intereses y otros $4.484 millones para el pago del capital.

Para poder cubrir el enorme descalabro financiero, la provincia necesitará como mínimo $9.600 millones. Por ahora solamente consiguió la autorización para acceder a financiamiento nacional por 5.000 millones de pesos, por lo que le quedarían por obtener otros $4.600 millones.

El préstamo de Nación otorgado a través del Fondo Fiduciario comenzó a llegar en tres tramos y tendrá una tasa de interés del 0,10% -ajustable por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que fija el Banco Central y que en la actualidad ronda el 20%-.

Los 5.000 millones comenzaron a llegar a Chubut en tres cuotas. Una de 850 millones para el mes de mayo. Como no se había aprobado la ley no se pagó ese mes, pero se sumó al pago de los 1.650 millones de junio y habrá un último desembolso de 2.500 millones de pesos más en julio.

A pesar de tamaña cantidad de fondos tomados como préstamo de Nación, Chubut seguirá necesitando hasta julio $4.600 millones extras para equilibrar en parte sus cuentas públicas, por lo que seguramente buscará que el Gobierno nacional le cubra todo o una parte con Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Un regalo del cielo sin devolución, que por ahora no ha sido confirmado y no se sabe en cuánto consistirá más allá de que se anunciaron 60.000 millones de pesos en ATN a repartir entre las provincias.

¿Cuándo arrancó el problema?

Arcioni se deslinda del problema económico y financiero de Chubut aduciendo por un lado que la crisis es «heredada» de administraciones anteriores, y no se cansa de adjudicarle toda la culpa a las actuales condiciones generadas por la baja del crudo y la cuarentena.

Si bien sus argumentaciones son parcialmente ciertas, no menos verdadero es que él mismo integró el gobierno del fallecido Mario Das Neves como vicegobernador entre los años 2016 y 2017, para luego gobernar en soledad todo 2018 y 2019.

Está claro que los problemas de Chubut no se remontan a 2016 ni mucho menos son consecuencia de los impactos actuales. Su origen se retrotrae a 2011, cuando la provincia comenzó un largo proceso de años consecutivos de déficits primarios permanentes.

2011 fue el último año de la segunda gestión de Das Neves en la provincia y allí arrancaron los déficits. Tuvo un saldo primario de -45,6 millones de pesos a pesar de que en 2010 Chubut tomó deuda por un total de 150 millones de dólares. El resultado financiero de ese año fue de -151 millones de pesos.

Los cuatro años siguientes del gobierno de Martín Buzzi fueron también deficitarios en las cuentas públicas. Durante su gestión se produjeron dos emisiones de deuda en dólares (220 millones en 2013 y 89 millones en 2015). El endeudamiento se volvió a mostrar como una solución inválida y que generaría más problemas a futuro.

2012 cerró con un déficit primario de -58 millones de pesos y un déficit financiero (luego de la toma de préstamos) de -84 millones. 2013 arrojó -193 millones como saldo primario y -249 millones en el ítem del déficit financiero. 2014 concluyó con -908 millones de déficit primario y uno financiero de -1.014 millones. Finalmente 2015 terminó con un déficit primario de -2.263 millones y el financiero trepó a los -2.454 millones de pesos.

La etapa Das Neves – Arcioni

Con la nueva gobernación de Das Neves y Arcioni las cosas no cambiaron para mejor a pesar de haber tomado 700 millones de dólares en deuda. En 2016 el saldo primario fue de -4.411 millones de pesos y el financiero ascendió a -5.166 millones. 2017 cerró con un déficit primario de -5.241 millones y en saldo financiero negativo de -7.213 millones.

Recién en 2018 la provincia concluyó sus cuentas públicas con saldos positivos, pero no fue causa de una buena gestión del recién asumido provisoriamente Mariano Arcioni sino de un ajuste brutal que aplicó sobre los salarios de los estatales.

Ese año la masa salarial de Chubut apenas aumentó 18%, con lo que se les arrebató 32 puntos porcentuales a los sueldos estatales por la vía de no actualizarle los ingresos en un porcentaje acorde a la inflación -que según el IPC Patagonia había llegado al 50,6% interanual-.

Fue así como Arcioni consiguió que le cierren los números y obtuvo un superávit primario de $6.053 millones y uno financiero positivo de $2.412 millones.

Ese mecanismo de ajuste sobre los salarios fue quebrado por los estatales, que lograron la aplicación de las cláusulas gatillo para equiparar los sueldos, tanto hacia el futuro como con el 32% que habían perdido hacia atrás.

2019 concluyó -según los últimos datos oficiales- con un déficit primario de -8.281 millones de pesos y el déficit financiero ascendió a los -8.263 millones de pesos.

Durante el año pasado la masa salarial total del Estado provincial se incrementó 84% frente a la del año anterior, pero la inflación en la Patagonia fue de 54%. Allí se vuelve a observar que la diferencia de variación está dada por los más de 30 puntos porcentuales perdidos en 2018 y recuperados al año siguiente.

El problema no son los gastos, sino los escasos ingresos

El gobierno y la oposición lanzan culpas por el déficit y la crisis financiera de los últimos meses a los aumentos en los sueldos estatales que Arcioni otorgó a los trabajadores con el objetivo de ganar las elecciones del año pasado. Sin embargo, nadie dice una sola palabra sobre los superávits generados cuando le recortaron 32% los salarios a los empleados públicos.

Hasta fines de 2019 las cuentas públicas todavía se estaban equiparando producto de la recuperación de esos puntos porcentuales perdidos en los sueldos, pero de ninguna manera el principal problema se concentra en los incrementos salariales de los estatales.

Es más, en este 2020 es de esperar que la variación de la masa salarial esté inclusive por debajo de los incrementos inflacionarios, producto de los atrasos en los pagos de las cláusulas gatillo.

Esta forma de mirar la realidad que tiene la clase política, con la inmensa mayoría aferrada a sus cargos y sus sueldos suculentos, explica su propia incapacidad para aportar ideas y generar soluciones al problema de fondo.

Habitualmente terminan proponiendo recortes en el gasto público -al que se le deben extirpar los despilfarros políticos y de la corrupción- pero la madre de los desequilibrios se produce porque los ingresos son insuficientes para atender y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia. La gran respuesta a generar es cómo deberían incrementarse los ingresos y no solamente cómo achicar los gastos innecesarios.

Los últimos cuatro gobiernos chubutenses han recurrido al endeudamiento en dólares y al ajuste como únicos mecanismos para resolver los desequilibrios de las cuentas públicas.

Una década después, los resultados están a la vista. Los déficits en las arcas públicas y una provincia que cada vez puede contener menos a sus trabajadores y brinda menores o peores servicios al pueblo ponen de relevancia los fracasos y la necesidad de hallar otro tipo de soluciones.

Fuente: El Extremo Sur

El Presupuesto 2020 de la provincia del Chubut será de $ 121.619.049.164, casi el doble del simulado a principios de 2019 por el extitular de la cartera económica, Alejandro Garzonio, cuando proyectó un total de gastos por $ 63.000 millones, aunque por el incremento en las paritarias, que rozó en casi todos los casos en el 40% más cláusula gatillo, finalizó muy por encima de lo calculado.

Uno de los datos más rígidos del presupuesto 2020 que elaboró el área de Economía es el desequilibrio entre ingresos y gastos, que supera los 11.000 millones de pesos, transformándose en el déficit más grande que tuvo Chubut en toda su historia.

El déficit de 2017, cuando Mario Das Neves aún era gobernador, el déficit rondó en los $ 7.000 millones. Este año, si bien el balance aún no cerró, se espera que el rojo se ubique por encima de los $ 9.000 millones.

Cabe aclarar, que este resultado financiero negativo que prevé el Gobierno de Mariano Arcioni para el año que viene es el proyectado, con lo cual el déficit podría ser menor o incluso mayor, como ocurre en el mayor de los casos.

Este desbalance se produce por el nivel de ingresos y gastos que evalúa materializar el Gobierno provincial durante el 2020.

Los ingresos previstos por Antonena para el año que viene ascienden a $ 102.581.894.861, mientras que la «fuga» de fondos fue estimada en $ 113.770.987.467, arrojando un déficit de $ 11.189.092.606.

La sangría más grande se da en la Administración Central de Gobierno, en donde el Gobierno de Chubut contempla ingresos por 100.600 millones de pesos y un gasto de $ 108.100 millones, dejando un rojo de $ 7.500 millones.

En los organismos descentralizados el pasivo trepará a los $ 3.688 millones, producto de ingresos por $ 1.896 millones y egresos por $ 5.584 millones.

La coparticipación al tope de los ingresos

En el rubro ingresos, Arcioni embolsará $ 35.048 millones por Coparticipación Federal de Impuestos, transformándose en el recurso más importante para la caja provincial.

En los ingresos corrientes de origen provincial, Chubut estipula absorber 21.201 millones de pesos, principalmente a través de Ingresos Brutos e Impuesto a los Sellos.

El trinomio de ingresos para la Provincia lo completa el rubro de regalías hidrocarburíferas, que de acuerdo al precio del barril fijado y el valor del dólar para el 2020, fue estimado en $ 25.370 millones.

Por la venta de bienes y servicios de la Administración Pública, Chubut aspirará fondos por $ 322,8 millones, en tanto que por regalías hídricas, el gobernador inyectará a las arcas $ 144,8 millones.

En el ítem «Derechos», el Ministerio de Economía prevé ingresos por $ 5.402 millones y por el cobro de Tasas $ 1.406 millones.

Este impuesto solo aporta el 0,5% de la recaudación total. Y abarca al patrimonio superior a US$ 33,000, aunque exceptúa a la vivienda única.

La propuesta del candidato presidencial Alberto Fernández de aumentar la presión sobre el impuesto a los Bienes Personales para cubrir el déficit fiscal genera dudas entre los especialistas. Hoy, la incidencia de este tributo sobre la recaudación general es muy baja: apenas explica el 0,5%. Y abarca a todas las personas que tiene un patrimonio superior aUS$ 33.000 -$ 2 millones- , aunque en la última reformaquedó exceptuada de este tributo la vivienda única de hasta $ 18 millones.

Para lograr que el aporte de Bienes Personales (BP) sea significativo habría queincrementar de forma marcada la alícuota-que hoy va de 0,25 a 0,75%-. En lo que va del año, BP recaudó $ 19.000 millones, el0,5% de los $ 3.610.000 billones que ingresaron al fisco entre enero y septiembre. 

Como el peso de Bienes Personales en el sistema tributaria es tan bajo solo un salto exponencial de la alícuotalo llevaría a niveles suficientes como para cubrir lo 7 puntos de déficit fiscalde los que habló Alberto días atrás.

Según el economista Fausto Spotorno, “para eliminar el déficit fiscal con el impuesto a Bienes Personales se necesitaría llevar la alícuota como mínimo al 10%. En esas condiciones alguien que tuviera activos por US$ 100.000 -tres veces el mínimo imponible- debería pagar $ 50.000 por mes«.

Para el economista Miguel Boggiano, el anunció se trata de “más fantasías de Alberto Fernández. Bienes Personales es el sexto impuesto por recaudación. No hay forma de cerrar el déficit fiscal subiendo este impuesto. Había que poner la alícuota en la luna”.

En declaraciones radiales, el tributarista César Litvin sostuvo que “BP es un impuesto de la década del 90 que nació con un pecado original: sólo considera los bienes sin deudas. Cuando nació, nació con un mínimo no imponible de 100.000 pesos/dólares de ese momento. Hoy el mínimo no imponible es de $ 2 millones”.

Litvin explicó que “pocos países lo aplican. España tiene un mínimo no imponible de 700.000 euros, Francia tiene un mínimo 1.200.000 euros. De aplicarse un aumento de Bienes Personalesoriginará la fuga de residentes financieros«.

Es imposible que un impuesto como BP cubra el déficit por sí mismo”, dijo Nadín Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

“Tenemos permanentes cambios tributarios que claramente atentan contra la previsibilidad. Argentina necesita discutir una visión tributaria integral, perosin la mirada puesta en la recaudación, sino permanentemente estamos cambiando los impuestos por cubrir el hueco fiscal”, señaló.

En esa línea, Argañaraz marcó dos de las inconsistencias que hay en el sistema tributario. Una es la alta alícuota inicial de Ganancias: “Apenas el contribuyente supera el piso, empieza a tributar el 20%”.

La otra es la imposición de la renta financiera, que hace que «quienes hayan hecho plazos fijos tengan que pagar aunque hayan perdido contra la inflación».

Tenemos que tener un sistema tributaria adaptado a la inflaciónpara que esto no ocurra y para que tampoco con cada salto de los precios sean más los contribuyentes atrapados en estos tributos”.

Según los cálculos del IARAF, la carga fiscal consolidada (la Nación más provincias y municipios) es del32/33% del PBI.“Pero si se toma la presión fiscal efectiva -los contribuyentes que efectivamente pagan los impuestos-es del 50%. Hay que pensar muy bien que cambios hacer para que no siga subiendo esa brecha entre la carga y la presión efectiva. Es muy difícil recaudar si seguimos subiendo alícuotas. Tendríamos que ver si el camino no es bajar alícuotas para recaudar lo mismo de manera mas eficiente y más equitativa”.

Argañaraz reconoció que tal como asegura Alberto Fernández, en los países desarrollados la carga tributaria de los impuestos a las Ganancias recae sobre las personas humanas antes que sobre las físicas. Sin embargo, advirtió que “hay que ser preciso a la hora de definir la carga tributaria y ver cuál es la incidencia económica del impuesto”, informó El Clarín.

El Ministerio de Hacienda creó el Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera con el fin de asistir financieramente a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, para atender su déficit financiero y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales, a través de la resolución 731/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La resolución puntualizó que las provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen dificultades para acceder a un financiamiento que les permita atender su déficit financiero y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales.

En consecuencia, Hacienda consideró necesario crear un programa para la recomposición financiera de las provincias y de la Ciudad, a ser implementado a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Y precisó que la asistencia financiera se instrumentará contra la cesión de los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo, que se encuentren registrados bajo la titularidad de las jurisdicciones al 31 de julio de 2019 y que las provincias y la Ciudad mantengan en su poder al momento de celebración del convenio.

La ley 25.917 creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública.

El 28 de agosto último, en el marco de una serie de medidas tendientes a recomponer el programa financiero, se dispuso la postergación de las obligaciones de pago correspondientes a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo.

La hemorragia en las cuentas públicas de la Provincia no para y en los primeros tres meses de 2019 superaron los 540 millones de pesos. Solamente en marzo de este año el rojo en las cajas provinciales fue de $ 440 millones.

EL CHUBUT accedió a la planilla del «Devengado y Pagado» del Estado provincial al 31 de marzo de 2019.
Chubut volvió a ingresar a un escenario complejo en materia financiera. Después del repunte y de meses superavitarios durante la segunda mitad de 2018, la gestión de Mariano Arcioni entró en un esquema deficitario durante el primer semestre de 2019.

La sangría en enero y febrero de este año mostraba desajustes «manejables», ya que el déficit solo ascendía a 102 millones de pesos, principalmente provenientes de los organismos descentralizados.

Sin embargo, solamente en marzo de 2019 el desfasaje entre ingresos y gastos se cuadriplicó en comparación con los primeros 60 días del año, estableciéndose en los 442 millones de pesos.

De esta manera, el gobierno provincial cerró el primer trimestre de 2019 con un déficit de 544 millones de pesos.

El descontrol del déficit de marzo está relacionado a los aumentos paritarios que otorgó el gobierno provincial, aunque a partir de abril, mayo y junio, la suma por el pago de sueldos volvió a subir producto de las subas escalonadas que cerraron en las negociaciones.

En este contexto, se espera que el déficit de abril, mayo y junio de 2019 sea aún mayor, como consecuencia de mayores desembolsos por el pago de sueldos de la administración pública provincial.

LOS NUMEROS DE LA HEMORRAGIA
El principal desequilibrio entre ingresos y egresos en el Estado se dio en los organismos descentralizados, donde entraron $ 400.578.692 y consumieron $ 800.595.058, sellando un déficit de $ 400.016.366.

En los organismos de la administración central el desbalance fue menor, pero ayudó a consolidar el rojo del primer trimestre: Ingresaron $ 12.687 millones y gastaron $ 12.842 millones, dejando un descubierto de 155 millones de pesos.

En números generales, el gobierno que conduce Arcioni recaudó $ 16.145 millones y gastó $ 16.689 millones, consagrando un rojo en los primeros tres meses del año de 544 millones de pesos.

LOS SUELDOS DE EDUCACIÓN,
SALUD Y JUSTICIA
En el tercer mes del año, Provincia derramó $ 3.111,4 millones para pagar la masa salarial que incluye a pasivos y activos de la Administración Pública Provincial.

Como es habitual, el volumen más alto de las erogaciones fue destinado a los casi 17.000 agentes de la educación, que le demandaron al gobierno provincial un total de $ 1.435,5 millones.

Los 17 mil agentes que se desempeñan en el área educativa están conformados por 12.630 docentes titulares, interinos y suplentes; y los 5.062 auxiliares de la educación.

El rubro estrictamente compuesto por docentes, representó un total de $ 1.153,9 millones, mientras que la masa salarial de los auxiliares significaron para el Estado 281,5 millones de pesos.

Los empleados nucleados en el Ministerio de Salud se ubicaron en el segundo lugar de mayor masa salarial con 491,5 millones de pesos. El área que conduce el ministro Adrián Pizzi engloba a 6.413 trabajadores, de los cuales 1.526 están en planta permanente y 4.887 en planta transitoria.

El podio de mayores demandas de masa salarial para la gestión de Arcioni la ocupó el Poder Judicial, que con 1.800 empleados, demandaron en el mes de marzo un total de 314,6 millones de pesos.

La justicia es uno de los poderes con los mejores sueldos, tal es así, que solo 1.800 empleados significaron un desembolso de más de 300 millones.