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Esta mañana se desarrolla la audiencia en Trelew donde los abogados de los imputados en la causa tratarán de anular las condenas impuestas por el juez.

La audiencia es presidida por los camaristas Rafael Lucchelli, Adrián Barrios y Alejandro Defranco.

Este lunes por la mañana, los abogados defensores de los imputados en la Causa Embrujo, una de las más grandes de la Provincia del Chubut, piden la impugnación de las condenas establecidas por el juez el año pasado, informó El Chubut.

En un hecho inédito, los magistrados y funcionarios judiciales de Chubut participan de las medidas de protesta que llevan adelante los empleados del Poder Judicial.

Integrantes de la judicatura, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública de Chubut participan este jueves de las medidas de fuerza y protestas que realizan los trabajadores del Poder Judicial, reclamando por el pago de salarios atrasados.

En Trelew, tanto los empleados de la Justicia como jueces, fiscales y defensores se manifestaron fueran de las escalinatas del edificio de Tribunales, sobre calle 28 de Julio. Allí pudo observarse, entre otros, a los jueces Alejandro De Franco, César Zaratiegui, Ivana González, Marcelo Nieto Di Biase y Fabio Monti, además de los fiscales Silvia Pereira, Fabián Moyano y María Tolomei. También pudo observarse en la protesta a defensores públicos, como Sergio Rey y Lisando Benitez, junto a una importante cantidad de empleados judiciales.

Con carteles alusivos al Gobernador Mariano Arcioni y la crisis provincial, los magistrados y funcionarios judiciales se plegaron a la medida impulsada por el SITRAJUCh a principios de semana.

En Rawson los trabajadores judiciales realizaron una protesta fuera de la sede del Superior Tribunal de Justicia, donde se expresaron en reclamo de los salarios adeudados por parte del estado provincial, señaló Diario Jornada.

Con las exposiciones de los defensores Javier Romero y Fabián Gabalachis, se inició la ronda de los alegatos de los defensores en el marco del juicio oral y público ya en su etapa final y luego de más de un mes de audiencias en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson.

Cerca del mediodía de este  miércoles ambos profesionales pidieron la absolución para seis de los doce imputados.

Gatica “no necesitaba lavar dinero”

El comienzo de los alegatos de los defensores, estuvo a cargo del abogado Javier Romero, defensor del contador Federico Gatica. “No está claro el delito que se le enrostra a Gatica ni los fiscales hicieron un relevamiento de los bienes y las potencialidades económicas” del imputado que asiste. Romero además cuestionó la metodología de investigación sobre la base protocolos internacionales sobre aspectos a tener en cuenta para investigar el lavado de dinero.

Al momento de cuestionar las pruebas apuntó directamente a algunos de los testigos como como el médico Juan José Blasco, socio de Gatica en el complejo médico que se construía sobre la calle Mitre de Rawson. “Era una inversión legítima, lo prueba toda la participación de Blasco en el proyecto de construir consultorios desde el inicio y que la inversión de Gatica era genuina.  No está claro el engaño argumentado por los fiscales. Gatica firma todo y aparece como titular de esa empresa. Agregó que los fiscales no demostraron “en qué se beneficiaba Gatica lavando dinero de Correa, es decir que no se pudo probar el beneficio económico de mi cliente”. También desligó a Gatica del movimiento de dinero del grupo investigado relacionado por ejemplo con la compra de los vehículos que luego los fiscales secuestraron.

Respecto de la empresa Sepat dijo que Gatica “no tuvo ninguna participación en los movimientos económicos de esta empresa”. También cuestionó el agravante de “habitualidad” en cuanto a la figura de lavado de dinero que se le imputa, “ya que Gatica se sustentaba con sus ingresos profesionales”, dijo Romero.  Antes de finalizar cuestionó argumentaciones de los querellantes en alusión a la Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción e Iniciativa Ciudadana.

Romero concluyó que “la empresa Mezeta Consulting no fue usada para lavar dinero de nadie”, por lo que pidió la absolución para Gatica o subsidiariamente no se tengan en cuenta los agravantes, así lo informó el chubut.

Los cinco  clientes de Gabalachis

“No estamos juzgando perjuicios potenciales, debemos juzgar hechos concretos. Mucho menos juzgar desde la bronca generalizada que tiene la sociedad, incluso a nivel internacional, por los delitos de corrupción”, dijo Gabalachis en la primera parte de su exposición. Defiende a Diego y Domingo Correa, Natalia y Giuliana Mc Leod y a Sandro Figueroa.

En el inicio de su exposición Gabalachis destacó la “armonía”  que reinó durante las audiencias “con fiscales y querellantes a pesar de perseguir intereses contrapuestos”. Agregó que “el tribunal dirigió el debate de manera impecable además de la solvencia demostrada  teniendo en cuenta la cantidad de imputados”. En su introducción también efectuó elogios para los integrantes de la Oficina Judicial.

“Correa solo quería armar una empresa constructora y nada se lo impedía porque no era funcionario público al momento de crear Dual Core, en el año 2014, además las obras se hicieron”, dijo Gabalachis, como parte de su argumentación destacando además que esto ocurrió “cuando Correa no estaba en el poder. Era como cualquier empresa de la Provincia. Trabajaba y generaba empleo llegando a tener a hasta 11 empleados”, incluyendo entre éstos a Daniela Souza y “Tato” Ramón.

La ayuda de Das Neves

Gabalachis cuestionó la “solidez” de la acusación de los fiscales y que “las contrataciones no fueron defectuosas”, en alusión a las obras del Estado ejecutadas por las empresas Sepat y Dual Core  creadas por Diego Correa pero con el nombre de otros de los imputados. “Además los bienes, casas, terrenos y vehículos los adquirió cuando no era funcionario público. Lo hizo con la ayuda del ex gobernador Mario Das Neves”, dijo Gabalachis.

Respecto de Darío Domingo Correa, ratificó a manera formal el pedido de absolución en la que ya habían coincidido los fiscales y querellantes en carácter de acusadores. También cuestionó la existencia del delito de administración fraudulenta

“La situación de Giuliana Mc Leod se desprende de la situación de Domingo Correa (con pedido de absolución de fiscales y querellantes)”, argumentó Gabalachis en alusión a su imputación como partícipe primario del delito de administración fraudulenta contra la administración pública en varios hechos que se le imputa en función de su participación en las empresas Sepat y Dual Core.

También se refirió a Natalia Mc Leod y a Sandro Figueroa indicando que solo ocuparon cargos en las empresas creadas por Diego Correa “por una cuestión de confianza. Eso no  alcanza para endilgarles ser partes de una asociación ilícita, destacó. No podemos condenar a Figueroa por asociación ilícita cuando solo fue el tío de Natalia Mc Leod, tuvo acciones en una de las empresas y puso su teléfono en una camioneta en venta”, expresó el defensor.

Para Gabalachis de los cinco cargos contra Correa, subsisten cuatro y de éstos, “tres tienen severos cuestionamientos constitucionales, en alusión a los delitos de asociación ilícita, el enriquecimiento ilícito y el auto lavado de dinero. No podemos combatir la corrupción violando la Constitución”, destacó.

Los tres jueces deberán decidir esta tarde

Tres defensores de los imputados de la causa “Embrujo” cuestionaron la legalidad de las escuchas telefónicas que permitieron avances sustanciales en la investigación y ahora el tribunal que integran los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón, deberá decidir al respecto y si continúa declarando uno de los principales testigos de la investigación, Juan Carlos Núñez.

A las 12 de este miércoles se pasó a un cuarto intermedio y a las 15,30 los jueces darán a conocer su resolución.

No había transcurrido más de media hora del casi monólogo de Nuñez, cuando los defensores Damián D’Antonio y Omar López, pidieron interrumpir el testimonio y que el principal testigo de los fiscales abandone la sala: objetaron ante el tribunal que el testigo se estaba refiriendo a cuestiones por las cuales no había sido convocado alterando el legítimo derecho a la defensa de los imputados.

Destacaron en el inicio de su argumentación que el Código Procesal obliga a las partes a anticipar los aspectos sobre los que los testigos declararán para de esta manera, ir preparados al debate.  “El cuestionamiento es porque nuestro testigo se está refiriendo a cuestiones que a la defensa no le conviene”, replicó el fiscal general Omar López.

Las preguntas de López al testigo Núñez fueron parte de una estrategia de los abogados de los imputados apuntada a la posible alteración de la cadena de custodia. Nuevamente Núñez tuvo que salir de la sala para que los defensores D’Antonio y López argumentaran sobre sus sospechas sobre las intervenciones telefónicas. “Hay evidencias de que las escuchas fueron alteradas. Por eso no confiamos en la cadena de custodia”, dijo D’Antonio. En el mismo sentido se refirió a la filtración periodística de esas escuchas en algunos medios de comunicación de la zona y a la falta de participación de los defensores en el control de la cadena de custodia. Basándose en una acordada de la Corte Suprema de Justicia de mayo pasado indicaron además que las escuchas de esta causa “con las nuevas tecnologías bien podrían haberse alteradas o editadas”.

“Esas pruebas son ilícitas”, agregó el defensor López. Fabián Gabalachis adhirió en nombre de los cinco imputados que defiende. “El comisario Núñez es una persona íntegra, pero no cumplió con lo que dice la legislación sobre la cadena de custodia”, insistió Gabalachis.

Los argumentos de los fiscales     

El fiscal Alex Williams se refirió al protocolo que guía la cadena de custodia, los códigos de barras que identifican los cd de las escuchas y la participación que durante el proceso los fiscales dieron a los defensores. “El propio fiscal Rodriguez le llevó el CD al defensor Gabalachis un fin de semana”, dijo Williams. El fiscal general Rodriguez apuntó que la cadena de custodia que se usó en este caso “es la misma que se aplica en todo el País. La cadena de custodia estuvo garantizada. Si hubiesen tenido los defensores alguna duda en su momento, deberían haber pedido los originales y no lo hicieron”, destacó. Los querellantes adhirieron a los argumentos de los fiscales y pidieron a los jueces que no prospere la nulidad planteada por los defensores.

Lo declarado por Núñez

Durante 21 años el ex comisario Núñez ocupó las jefaturas de las brigadas de Investigaciones de Rawson y Trelew. Comenzó a investigar el caso “Embrujo”  en diciembre del año 2017 por directivas del fiscal general Omar Rodriguez. Todo nació de un informe contable de un contador del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General. La primera tarea fue la de dar con la sede de Sepat S.R.L. de la calle Velero Vesta de Trelew. Lejos de encontrar la sede de una empresa, se encontraron con un domicilio particular. Así  surgieron los nombres de Natalia Mc Leod, pareja de Diego Correa, por entonces a cargo de la Unidad Gobernador del gobernador Mario Das Neves.

De allí en más comenzaron a surgir el resto de las vinculaciones con los otros integrantes de la asociación ilícita que se investigaba, domicilios particulares como sede de empresas, vehículos del grupo, las vinculaciones con la Unidad Gobernador y la contratación de  obras y servicio del Estado.

La identificación de cada uno de los integrantes del grupo y las intercepciones telefónicas para registrar llamadas y mensajes varios que se intercambiaban, fueron determinantes para acelerar la investigación. A esta altura de la investigación ya tenían identificadas las empresas, los vehículos de los integrantes y domicilios de cada uno de ellos.

Los numerosos viajes al exterior de la pareja que integraban Natalia Mc Leod y Diego Correa, no solo llamaron la atención, sino también que profundizaron las sospechas y las pesquisas. “Diego Luters tenía un papel preponderante porque atendía los llamados en nombre de Correa, como si fuera él”, dijo Núñez. Luego comenzaron los planteos de los defensores para tirar abajo su testimonio y en cadena, que caiga toda la investigación.

El juez Marcelo Nieto Di Biase calificó como “compleja” a la causa que investiga la conformación de una asociación ilícita que se hizo de unos dos millones de pesos mediante auto contrataciones o contrataciones directas de servicios que realizaban empresas con relaciones directas con los imputados en la causa Lotería.

Los fiscales Alejandro Franco y Héctor Iturrioz consideraron que la investigación implica una gran cantidad de hechos por investigar y poder probar, en total casi 140 expedientes. A ello sumaron la gran cantidad de imputados con distintas funciones en la asociación ilícita y por lo tantos distinta responsabilidades que se investigan, sumado a todo esto que se trata de “delincuentes organizados” en una asociación ilícita, delito éste considerado uno de los más difíciles para investigar. Los imputados son Diego Correa, Federico Verdeau, David Dahhur, Diego Luters, Oscar Alarcón, Martin Villegas y Emanuel Salinas.

Los abogados defensores de todos los imputados a excepción de Dahhur no se opusieron al pedido de los fiscales. Se trata de los abogados Fabián Gabalachis, Emilio Galende, Lisandro Benítez, Miguel Angel Moyano y Guillermo Santos. Estas posturas dejaron en soledad al defensor de Dahhur, el penalista de Trelew Oscar Romero y además le dio el puntapié necesario al juez Nieto Di Biase para declarar a la causa como “compleja”. El magistrados dijo además que así como está planteada la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal del Chubut, los tres argumentos centrales de los fiscales “se retroalimentan entre sí”.