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Lo hizo a través de un decreto que fue publicado hoy en el Boletín Oficial. La medida impide que un mismo candidato figure en más de una lista de aspirantes a otros cargos en una misma jurisdicción. Para que sea operativa en las provincias, las mismas deberían adherir.

Las colectoras no están previstas en la Constitución ni en la ley electoral. La ex presidente Cristina Kirchner llenó ese vació en 2011 al avalarlas por decreto. Pero a lo largo de los considerandos, el decreto remarca que las “colectoras generan confusión en el electorado e inequidad entre los competidores”, algo que “conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”.

A la hora de fundamentar esta afirmación, el texto que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro del Interior Rogelio Frigerio asegura que su eliminación “constituye una recomendación persistente de los expertos en la materia y un reclamo de las asociaciones de la sociedad civil abocadas a la mejora de la calidad de los procesos electorales”.

Para que sea operativa en las distintas jurisdicciones electorales, sus respectivas administraciones deberán adherir a la norma. Se descuenta que aquellas aliadas al Gobierno lo harán inmediatamente, mientras que las demás presentarán objeciones.

No obstante, miembros de Cambiemos también se han beneficiado con la herramienta electoral. En 2015 hubo nueve listas distintas que llevaron como candidato a gobernador de Jujuy al radical Gerardo Morales.

El efecto de la iniciativa tiene particular relevancia en la provincia de Buenos Aires. La adhesión de María Eugenia Vidal evitaría una eventual alianza por parte de Alternativa Federal y el kirchnerismo para presentar boletas con el mismo candidato a gobernador.

El decreto hace expresa referencia a los escenarios en los que las elecciones provinciales se produzcan en simultáneo con las nacionales, algo que sucederá en cinco distritos, entre ellos la provincia de Buenos Aires.

En este caso, indica que “cada agrupación política de orden nacional y cada agrupación de distrito sólo podrá adherir sus boletas con una agrupación política de orden provincial de idéntica denominación”. En otras palabras, sólo podrá haber un candidato provincial por partido.

Además, la norma establece que únicamente cuando no participe en la elección una agrupación de orden provincial con esas condiciones -es decir, de ese partido- “podrán hacerlo con una única agrupación de orden provincial de diferente denominación”.

Sin embargo, el decreto elimina cualquier posibilidad de especulación en este sentido al indicar que no se permitirá que una agrupación provincial adhiera sus boletas con las de más de una agrupación de distrito o nacional.

En términos más simples: aún si los partidos dejaran vacante el puesto a gobernador para que el candidato de otro partido ocupara ese lugar, esto no sería posible debido a que su boleta sólo puede estar presente en una lista.

Los lineamientos son los mismos para las elecciones municipales y nacionales. En este caso, el decreto agrega que “para las elecciones generales sólo se admitirá la adhesión de boletas entre agrupaciones que hubieran adherido sus boletas en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”.

En consecuencia, determina que “las agrupaciones que no adhieran sus boletas para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias no podrán adherir sus boletas definitivas en las elecciones generales”.

 

 

 

Infobae

La diputada Gabriela Dufour presentó un proyecto de Ley para derogar el decreto del Gobierno provincial que prohíbe el ingreso y expulsa a los delincuentes extranjeros. La legisladora cuestionó que se viola la Constitución Nacional y advierte una “frontera interna”.

La diputada Gabriela Dufour presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto N° 136/19 del Gobierno provincial, que prohíbe el ingreso y expulsa de Chubut a los ciudadanos extranjeros condenados o que se encuentren cumpliendo condena, que tengan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en el país o en el extranjero.

El decreto data del pasado 6 de febrero y ahora la legisladora del Frente para la Victoria presentó un proyecto para derogarlo, advirtiendo que “se estableció una barrera o frontera en los límites provinciales que impide el ingreso, tránsito y permanencia de una categoría de personas”.

Dufour citó al abogado Enrique Hidalgo, que en una nota del portal “El Cohete a la Luna” realiza un “análisis jurídico y ético del decreto y creo que es la mejor fundamentación -el cual considera Dufour- sólo busca que tengamos claro las aberraciones jurídicas que se realizan con el dictado de esta norma por parte del Ministro de Gobierno (Federico Massoni) y el gobernador (Mariano) Arcioni”.

Le diputada provincial aseguró que “desde el punto de vista moral, la medida es aberrante porque constituye una discriminación xenófoba, pero lo más grave es que los datos estadísticos del Poder Judicial confirman que no hay mayor proporción de extranjeros incursos en la comisión de delitos, desautorizando los fundamentos de la norma emitida”.

Precisó que “las estadísticas oficiales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia establecen que el 3% de extranjeros están comprometidos en delitos penales”.

Dufour insistió en remarcar así que el decreto del Gobierno provincial “viola las garantías individuales que la Constitución Nacional reconoce a los extranjeros (en los artículos 20 y 21); desconoce el derecho al libre tránsito (artículo 14) y pretende ejercer facultades que son exclusiva del Gobierno nacional”, como el ejercicio de reglar las relaciones exteriores.

Con el instrumento, para la legisladora, se plantea “crear una aduana de personas o frontera interior”.

“Hacer efectivo el decreto impediría el ejercicio de lo establecido en la Constitución en relación al libre derecho a transitar, a radicarse, a ejercer industria lícita, trabajar, es decir, el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos que intenta restringir con el dictado de esta norma”, insistió la diputada.

Radio 3

El Gobierno Nacional le propondría al Ejecutivo de Chubut dejar sin efecto el decreto y coordinar el tema a través del Consejo de Seguridad Interior.

El polémico decreto que lanzó el Gobierno Provincial para expulsar de Chubut a los extranjeros que hayan cometido delitos no tendría el visto bueno de Nación, según confirmó el diputado nacional Gustavo Menna.

El legislador aseguró que el instrumento es inconstitucional y, en este sentido, dio a conocer que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se comunicó con él para anticipar que le propondrá al Gobierno del Chubut “dejar sin efecto el decreto y coordinar el tema a través del Consejo de Seguridad Interior”.

“Personalmente comparto el criterio de procurar la expulsión de aquellos ciudadanos extranjeros incursos en hechos delictivos”, dijo Menna, y sostuvo en ese sentido: “De hecho, el Gobierno Nacional, desde la gestión del presidente Macri, viene actuando de esa manera a través de la Dirección Nacional de Migraciones”.

En este marco aclaró que “si bien compartimos la preocupación por la situación de extranjeros incursos en hechos delictivos, el decreto emitido por el Gobierno del Chubut no se ajusta a lo que dictan la Constitución y las leyes migratorias”, ya que “es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, el que como nunca antes en la historia se está encargando de la cuestión”.

“En todo caso se trata de coordinar esfuerzos con normas jurídicamente aptas”, explicó, ante lo cual agregó que “la ministra Patricia Bullrich me transmitió que le propondrá al Gobierno Provincial dejar sin efecto el decreto, y coordinar la cuestión a través del Consejo de Seguridad Interior”.

De esa manera se podrá activar “el acceso a la base de datos de extranjeros, tal como se convino en el acuerdo firmado el año pasado entre el Gobierno Provincial y la Dirección Nacional de Migraciones, el que incluso contempla el uso de una aplicación para los teléfonos celulares, para que de esta forma los agentes de Policía puedan acceder en forma directa a esa base y efectuar una detección de aquellos casos que ameritan expulsión”.

ADN Sur

La Comisión bicameral de Trámite Legislativo podría reunirse el próximo miércoles 6 de febrero para comenzar a analizar el decreto del Poder Ejecutivo sobre extinción de dominio, para recuperar los bienes de la corrupción y el narcotráfico.

Así lo hizo saber el presidente de dicha comisión bicameral, el diputado nacional del FPV-PJ por Santa Fe, Marcos Cleri, quien aclaró que aún no convocó a ese cuerpo parlamentario. Cleri no descartó que ese cuerpo se reúna “posiblemente” el próximo miércoles 6 pero aseguró que aún no definió la fecha de esa convocatoria.

La comisión bicameral de Trámite Legislativo analizará el DNU del Ejecutivo, que ingresó formalmente al Congreso con la firma del presidente Mauricio Macri, que establece el régimen de extinción de dominio para que el Estado recupere bienes vinculados a casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros.

 

Diario Punto Uno

El Poder Ejecutivo publicó hoy en el boletín oficial la medida. Tendrá vigencia por un año y autoriza a readecuar partidas presupuestaria. Pide elaborar un proyecto de Sistema Penitenciario Provincial y habilita la incorporación de seguridad privada como auxiliares de la Policía

A través del Decreto 1.353/18 que apareció publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Chubut, el gobierno provincial declaró por un año la Emergencia en Seguridad Pública.

El decreto, con la firma del Gobernador Mariano Arcioni y los Ministros Federico Massoni, Graciela Cigudosa, Marcial Paz y Alejandro Garzonio, comprende una serie de temas relacionados con la seguridad que van desde la creación del Sistema Penitenciario Provincial hasta la incorporación de empresas de seguridad privada como auxiliares de la Policía.

La normativa focaliza en diferentes aspectos de la seguridad provincial, desde dotar de mayores recursos a las áreas de abigeato hasta convocar al Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior con el fin de abordar, entre otros aspectos, todo lo atinente a la actividad de la RAM.
En los considerandos de la norma se asegura que el objetivo de tal resolución es “garantizar la defensa de la integridad física y el patrimonio de sus habitantes, amenazada de modo no excluyente por el delito complejo, el crimen organizado, el abigeato, el robo en despoblado y el delito violento contra las personas.

Según plantea el ejecutivo en el texto de la norma, “la iniciativa comprende la apelación a diversas instituciones, recursos y dimensiones de las cuales se dispone para el desarrollo de una la política criminal y de prevención del delito, apelando para ello a diversos subsistemas del sistema de seguridad pública regulado por el Estado”.

En función de esa situación “el Ministerio de Gobierno entiende necesario convocar al conjunto de entidades que prestan diversos servicios de seguridad, tanto personal como de tecnología, en el sector privado con motivo de integrarlos de forma homologada y en carácter de auxiliares al sistema de seguridad en una función subsidiaria a la Policía de la Provincia”.

Uno de los puntos centrales que el gobierno entiende debe concretarse es la conformación del Sistema Penitenciario Provincial y también se indica como tema de “recurrente preocupación para nuestra provincia el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a cuyos integrantes se les imputan delitos contra la propiedad, la seguridad y el orden público, razón por la cual, con el fin de atender, entre otros, la materia de delitos federales producidos por las actividades de esa organización y en el marco de la planificación desarrollada por el Comando Unificado Patagonia, se convoca al Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior”.

En su parte resolutiva, se inicia con la “declaración por el término de un (1) año, la Emergencia en Seguridad Pública en todo el territorio de la Provincia del Chubut, con la finalidad principal de garantizar la defensa de la integridad física y el patrimonio de sus habitantes, en virtud de lo expuesto en los considerandos que anteceden”.

A partir de la puesta en vigencia del decreto, el Ministerio de Gobierno y la Policía del Chubut deben presentar en un plazo de 60 días “un relevamiento de necesidades materiales y plan de inversión sobre los siguientes aspectos: equipamiento informático para las áreas dependientes de la Policía Judicial, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Seguridad y las áreas de ella dependientes, especialmente Abigeato (Policía Montada)”.

El decreto también exige una evaluación de condiciones de rehabilitaciones del parque automotor y adquisición de nuevas unidades, como así también un informe sobre el “mantenimiento de las dependencias policiales propiedad el Estado Provincial y deudas sobre bienes inmuebles alquilados destinados a igual fin”.

También solicita “recursos materiales para la capacitación laboral y educativa de personas alojadas en centros de detención provinciales”, además de “recursos para optimizar las medidas de seguridad y prácticas requisitorias” dentro de los establecimientos de detención penal.

En su artículo 3° el decreto autoriza “al Ministro de Gobierno a través de su Dirección General de Administración, a adquirir y/o contratar bienes, recursos y suministros de servicios declarados necesarios para atender la situación extraordinaria”, de acuerdo a la normativa vigente.

Por otra parte encomienda a la Policía a presentar un plan “de reformulación de la División de Seguridad Rural a los fines de revertir el delito de abigeato”.

En materia de formación policial, habilita una revisión del Diseño Curricular de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, como así también a que el Ministerio de Gobierno suscriba acuerdos con establecimientos universitarios públicos de gestión estatal que permitan concluir de manera presencial o a distancia con la carrera de grado de los oficiales egresados del Instituto Superior de Formación Policial N° 811.

Uno de los puntos inéditos del decreto de emergencia es que pide a la Jefatura de Policía que en el marco de la emergencia “elabore y presente ante el Ministerio de Gobierno un informe sobre las personas físicas o jurídicas habilitadas a prestar servicios particulares de seguridad con el propósito ulterior de elaborar un protocolo de actuación a los fines de proporcionar un marco procedimental que eficientice y encuadre legalmente el desempeño de aquellas agencias y de su personal en carácter de auxiliares de las fuerzas de seguridad pública u organismos de persecución penal tal lo señalado por el Artículo 31° del mismo texto legal, cuando se evalúe que la situación conlleve peligro para la integridad física de las personas o la seguridad de los bienes”.

También señala que “aprobado el protocolo, se integrará al plan de estudios de los cursos de capacitación y formación profesional dictados por aquellos centros autorizados”.

En ese contexto plantea el decreto que el Ministerio de Gobierno deberá convocar de manera “inmediata a todos aquellos prestadores del Servicio de Alarmas Particulares comprendidos por la Ley XIX – N° 45, y que de conformidad con la misma Ley se encuentran bajo su órbita, a los fines de analizar vulnerabilidades que pudieran presentarse en los servicios prestados como resultado de la aplicación de dispositivos inhibidores de alarmas domiciliarias como vehiculares y toda otra intrusión en comunicaciones de seguridad sobre los bienes”.

El decreto también obligará a la Secretaría de Trabajo a informar al Ministerio de Gobierno “un informe de situación en lo atinente al Registro Público Provincial de Empresas y Personal de Control de Admisión y Permanencia de empresas que poseen o brindan servicios en eventos nocturnos, tales como “espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general que se lleven a cabo en estadios, clubes, pubs, discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar de entretenimiento de público en general”

Con ese informe en su poder, el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía podrán implementar una guía de procedimiento para la intervención del personal de seguridad de boliches y espectáculos públicos como auxiliares de las fuerzas de seguridad.

Un punto central del decreto es la elaboración de un proyecto de creación de “creación del Servicio Penitenciario Provincial a los fines de comprender, en la medida de lo que de aquel Servicio Penitenciario dependa, lo reglado por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, asignándole para esa finalidad la facultad de convocar a las carteras ministeriales que considere pertinente y dar intervención a fines de asesoramiento al Consejo Federal Penitenciario, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

En su artículo 12°, el decreto autoriza a Convocar “al Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior” y pide que especialmente en el orden del día se de tratamiento “sobre la actividad de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)” y plantea que “una vez formuladas las recomendaciones en materia de políticas relativas al control de las actividades delictivas surgidas del seno del Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior, se autoriza al Ministro de Gobierno a adoptar las medidas necesarias para su efectiva implementación”.

Jornada

Son más de $3 millones destinados a las 11 asociaciones que tienen al día sus rendiciones y documentación. Además, el Gobernador adelantó que el sábado estará recorriendo la ciudad de El Maitén.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó hoy por la mañana el decreto que permite poner al día la histórica deuda con la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia del Chubut. De esta manera se otorga el subsidio de 3.672.000 de pesos, los cuales serán destinados a las 11 asociaciones que tienen al día sus rendiciones y documentación.

Al respecto, el Gobernador aseguró que “hoy hemos firmado el decreto para cancelar todos los subsidios que le debe la provincia a los bomberos hace muchos años”, y precisó que “la semana que viene tendrán el dinero”.

“El día sábado estaremos por la ciudad del El Maitén, seguramente visitaremos el cuartel de bomberos de la localidad”, adelantó Arcioni.

En tanto, el director de Defensa Civil de la Provincia, Walter Flores, señaló que “el Gobernador firmó hoy, junto a los Ministros Coordinador y de Gobierno, el decreto correspondiente al subsidio de más de 3 millones de pesos otorgado a la Federación de Bomberos Voluntarios para que sea distribuido en los 11 cuarteles que hoy por hoy están al día en lo que son rendición de subsidios anteriores y los balances al día”.

“Existía una deuda histórica que data del año 2013”, precisó Flores y comentó que “en el mes de septiembre el Ministro Massoni se había reunido con gente de la Federación, encabezada por Gastón Alcucero, se pusieron de acuerdo, conste que parte de la deuda había sido archivada y que se desconocía que existía, entonces obviamente lo que se hizo fue hacer todo los trámites correspondientes, involucrando al Ministerio de Economía para hoy poder firmar este decreto y hacer efectivo el dinero”.

“El dinero completo se baja a la Federación de manera tal que ellos lo distribuyan y se hagan responsables de rendirlo en tiempo y forma como corresponde ante el Gobierno”, detalló el Director de Defensa Civil.

El Ministerio de Hacienda anunció que se suspende por 6 meses la baja de las retenciones establecida para aceites y harinas de soja, y se elimina el Fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.

Además, se reduce en un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo con un esquema diferenciado por producto.

Las medidas están contenidas en tres decretos que serán publicados en el Boletín Oficial, mediante los cuales se generará un ahorro fiscal estimado de 12.500 millones de pesos para lo que resta de 2018 y 53.000 millones de pesos para el 2019, informó Hacienda, en un comunicado.

 

Ambito

En una sesión especial, la Cámara de Diputados debatirá un proyecto para dejar sin vigencia la medida que el Gobierno Nacional suspendió por 30 días.

La decisión del Gobierno de suspender recortes en las asignaciones familiares para provincias del Noroeste y la Patagonia no alteró los objetivos de la oposición, que mantiene en pie la sesión especial convocada para este martes, con el fin de derogar el decreto 702/18 y también el decreto reglamentario 683/18, que dispuso una reestructuración de las Fuerzas Armadas.

La convocatoria fue motorizada por el bloque Justicialista y el Frente Renovador, y se sumarán el Frente para la Victoria-PJ, el Frente de Izquierda, el Movimiento Evita y otros bloques minoritarios, con lo cual el quórum estaría asegurado, aunque Cambiemos podrá bloquear el avance de los proyectos del temario.

Las propuestas de los distintos bloques para derogar los dos decretos no tuvieron tratamiento en comisiones, con lo cual se requerirán los dos tercios de los votos para aprobarlas sobre tablas, algo que el oficialismo -con 108 diputados propios- no concederá.

Graciela Camaño aclaró que la decisión del Ministerio de Trabajo y la ANSES de dar marcha atrás con parte de las modificaciones contempladas en el decreto 702/18 no impedirá que la oposición intente derogar la medida.

 

 

La Gaceta