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El fiscal federal Fernando Gélvez pidió la elevación a juicio oral y público de la histórica Causa 500, que investigó múltiples violaciones a los Derechos Humanos en la Unidad 6 de Rawson. Es el expediente más extenso y complejo sobre un caso de lesa humanidad en Chubut.

Hay imputados 24 jubilados del Servicio Penitenciario Federal, un médico y un retirado del Ejército. Están procesados por privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público y mediando violencia, y amenazas y torturas agravadas por ser las víctimas perseguidos políticos. El médico está acusado de encubrimiento.

En un texto de más de 1.600 páginas, al explicar la represión ilegal en la U-6, Gélvez precisó que la mayoría de los presos políticos llegó de cárceles como Resistencia, La Plata, Córdoba o Bahía Blanca. Otros pasaron por centros de represión y tortura, como el Regimiento de Infantería Nº 8, General Bernardo O’ Higgins (RI8). También por delegaciones de la Policía Federal. Salían torturados.

Los detenidos que llegaban a la Base Aeronaval Almirante Zar habían sido castigados severamente con puñetazos, patadas y culatazos en pleno vuelo, encapuchados y con las manos atadas. En la Base los subían a camiones a trompadas. La requisa volvía a golpearlos salvajemente, les sacaba sus pertenencias, en ocasiones se los rapaba e iban a celdas de aislamiento (en la jerga carcelaria, “chanchos”) para un “período de adaptación” de hasta un mes. Eran dos metros cuadrados para diez personas. Casi sin luz, no tenían higiene ni abrigo. Tenían una mínima ración alimenticia aunque pasaban días sin comer.

El preso estaba incomunicado. Rara vez podía ir al baño: hacía sus necesidades en ese espacio. Eran insultados, amenazados y golpeados. En noches bajo cero los desnudaban y les echaban baldes de agua fría en la celda. Ya “adaptados”, iban a pabellones.

Desde 1976 el régimen se basó en la destrucción física y psíquica, para “despersonalizar” a los presos. En 1977 cambió la Dirección del penal y se recrudeció la tortura psicológica: maltratos, empujones y trompadas, palos de goma o de madera, culatas y puntapiés en los pasillos, el baño y el recreo. Había requisas vejatorias; baños prolongados con agua helada en invierno varias veces al día y a cualquier hora; escasa o nula alimentación y negación de atención médica. Al menos dos internos murieron. Un golpe frecuente era el “teléfono”: aplastar los oídos y el cráneo entre las palmas de las manos.

Hasta 1980 se instauró un régimen de amenazas, violencia física, amedrentamiento, simulacros de ataques al penal con disparos de madrugada; incomunicación con el exterior y limitada entre los compañeros; o visitas muy esporádicas, vidrio de por medio, comunicación por micrófono y grabación de las conversaciones.

Según la pesquisa de Gélvez, el régimen los sometió a más de 200 órdenes: formas de atarse los zapatos; prohibición de compartir pertenencias, o un mate; forma de hacer la cama y de sentarse; prohibición de levantar la mirada y de mirar por las ventanas; tiempo para afeitarse, entre muchas otras. Las reglas cambiaban según la guardia.

Solían inmovilizar al preso: le colocaban en la cara un trapo o algodón con cloroformo y lo arrastraban a “los chanchos”. Volvía en estado deplorable, con llagas y tan débil que no podía levantarse, visiblemente golpeados, habiendo bajado más de veinte kilos, con alucinaciones y serias dificultades motrices. Eran sometidos a interrogatorios. “Cuando los sacaban de sus celdas, vendados y esposados, los detenidos sufrían la angustiante incertidumbre de no saber su destino final: un interrogatorio, ´los chanchos´, un centro clandestino o la muerte”.

“Perdían la autovaloración y el sentido de las relaciones con sus compañeros; se iban quebrando emocionalmente por vivir en un estado de terror y amenaza constante a su integridad psicofísica. Al menos tres reclusos se suicidaron”, explicó Gélvez.

Los detenidos y sus familiares denunciaron estos episodios al juez federal Omar Garzonio, quien visitaba el penal, y a otros magistrados. Las presentaciones fueron rechazadas o ignoradas.

La lista de acusados incluye a Héctor Gamen, preso en Marcos Paz y retirado del Ejército. Los penitenciarios jubilados son Ricardo Mejías, Héctor Cantero (martillero público), Juan Castillo, Guido Díaz y Antonio Bienvenido Olmedo.

También César Wahnish, Jorge Osvaldo Steding, Ramón Govi, Miguel Ojeda, Juan Roldán y Serapio Sotelo.

La lista sigue con Rogelio Nicanor Recio, Tomás Núñez, Juan Carlos Abraham, José Roberto Chaparro y José de la Cruz Molina, de Resistencia y voluntario de Caritas.

Otros imputados son José Antonio Casanova, Ramón Aníbal Rodríguez, Julio Orlando Acevedo, Jorge Bernardo Vicente, Cipriano González, Ramón de Jesús Sosa y Rafael Ruiz Díaz. Todos son vecinos de Rawson. Emilio Dambra, otro acusado, vive en Esquel. El último imputado es Raúl Barck. Es médico y vive en Jerusalén.

 

 

Jornada

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este martes, en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, la firma de la carta de adhesión, por parte de la provincia, al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.

Del acto participaron los ministros de Familia, Valeria Saunders; la subsecretaria de Derechos Humanos del Chubut, Carla Sánchez Galindo; distintos funcionarios del Poder Ejecutivo; el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj; la directora de Gestión del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, Agustina Bendersky; miembros del Superior Tribunal de Justicia y público en general.

Día histórico

Al respecto, el mandatario provincial manifestó que “éste es un día histórico y muy importante para la provincia del Chubut y para el país, porque cuando nos presentaron este Plan no dudamos en adherir porque se basa en el respeto al derecho de todas las personas en sus distintos ámbitos en el que conviven a diario”.

En el mismo sentido, Arcioni expresó que “somos la provincia 14 que se suscribe a este plan Nación de Acción en Derechos Humanos, buscando acompañar este tipo de políticas que son trascendentales para las personas en su conjunto”.

Cambio paradigmático

Por su parte el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj se mostró “muy contento porque Chubut es una provincia más que se suma a entender esta construcción de todo el país, en cuanto a una política de Derechos Humanos, dando un paso muy importante en el cambio paradigmático sobre la materia porque estos son de y para la gente”.

A su vez, el funcionario nacional explicó que “nosotros no venimos a imponer nada, sino a pensar e interactuar en conjunto, buscando trabajar todos con entusiasmo porque es bueno para la gente, y dejando en claro que las prioridades las pone cada una de las provincia, mientras que desde Nación colaboramos con los recursos para llevar adelante este plan”.

Reafirmar nuestro compromiso

Asimismo, la subsecretaria de Derechos Humanos del Chubut, Carla Sánchez Galindo repasó que “estamos acá para reafirmar nuestro compromiso como provincia de generar políticas públicas con perspectiva de Derechos Humanos”.

“Desde su creación la Subsecretaria de Derechos Humanos trabaja sobre tres ejes, la promoción, el cumpliendo efectivo y las políticas de memoria, porque concebir a los Derechos Humanos como una política de Estado implica construir ejes que articulen todas las áreas estatales y es por eso que venimos a comprometernos a trabajar en este plan que va a ampliar la articulación de todos los ministerios y secretarias”.

Saldar una deuda

Por último, la directora de Gestión del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, Agustina Bendersky remarcó que “este Plan es un instrumento de gestión que permite  fortalecer las políticas públicas con perspectiva y enfoque de Derechos Humanos, y viene a saldar una deuda histórica que tenía la Argentina no solo con sus ciudadanos sino con organismos internacionales en este camino de reinserción al mundo”

Cinco ejes

“Desde la Secretaría Nacional estamos impulsando la agenda federal de este plan, y con la firma nos va a permitir empezar a trabajar junto con las provincias partir de diagnósticos locales en un plan de Derechos Humanos, basado en 5 ejes que incluye inclusión, no discriminación e igualdad;  Seguridad pública y no violencia;  Memoria, verdad y justicia; políticas reparatorias; acceso universal a derechos; Cultura cívica y compromiso con DDHH, entre otros puntos”, finalizó la funcionaria.