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Daniela Souza

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La imputada tenía una tobillera y gozaba de la autorización para ir por sus propios medios al psicólogo. Pero ayer visitó a Natalia McLeod, otra imputada.

El juez Sergio Piñeda resolvió esta tarde revocar el arresto domiciliario a Daniela Souza, una de las imputadas en la denominada Causa Embrujo, y la mujer se encuentra nuevamente en prisión preventiva.

La audiencia de revisión de la prisión domiciliaria de Souza se realizó este mediodía en la Oficina Judicial en Rawson a pedido de la Fiscalía, quien solicitó la medida luego de que se comprobara que la imputada visitó a Natalia Mc Leod, quién también goza de prisión domiciliaria.

Souza tiene una tobillera electrónica y goza de permisos para asistir al psicòlogo por sus propios medios. Pero ayer, según los fiscales, al regresar del profesional que la asiste pasó a visitar a Mc Leod en el domicilio en donde pasa su prisión domiciliaria.

Tras analizar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de Souza, y escuchar el testimonio de Sebastián Olave, el joven que acompañaba y manejaba el auto en el que se movilizó la mujer, aseguró que la trasladó desde el consultorio del psicólogo hasta la casa de Natalia Mc Leod.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se declaró incompetente para conocer y decidir los agravios consignados en el planteo que hacen los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams para que se retrotraiga la medida de prisión domiciliaria por el lugar de detención anterior, es decir la Comisaría Seccional Primera de Trelew para la imputada, Daniela Souza.

“Que según la ley”, informa la Sala Penal en su resolución, “cuando sea indebidamente denegado un recurso que procediere ante otro Tribunal, ante éste podrá presentarse directamente en queja el recurrente a fin de que se declare mal denegado el recurso (Código Procesal Penal, art. 388)”.

“Que, entonces”, continúan los ministros firmantes, Mario Vivas, Miguel Donnet y Alejandro Panizzi, “si los Fiscales no suscriben la presentación, no articularon un control que proceda ante la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, tampoco están facultados a comparecer directamente ante esta, en razón de la más completa ausencia de fundamento jurídico que explique la competencia del Tribunal”.

En otro tramo de la resolución, se indica, “Que, por cierto, la Sala tampoco es órgano de consulta a disposición de los litigantes; negada su competencia para juzgar, no es posible emitir desde aquí cualquier pronunciamiento que directa o indirectamente contribuya a satisfacer el parcial interés que ahora persigue”.

Por lo tanto, los jueces resolvieron declarar la incompetencia de la Sala Penal para conocer y decidir en los agravios esgrimidos por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

 

 

El Chubut

Los fiscales presentaron un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia porque se le otorgó domiciliaria a Daniela Souza, imputada de ser parte de una asociación ilícita liderada por Diego Correa. También el juez la autorizó para ir al psicólogo sin custodia y los fiscales no fueron notificados.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron hoy un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia por la decisión de beneficiar con arresto domiciliario a Daniela Souza, imputada como integrante de la asociación ilícita en la causa denominada “El Embrujo”.

La medida la tomó el juez Marcelo Nieto di Biase a raíz de un “habeas corpus” colectivo presentado por la defensa otorgando no sólo la prisión domiciliaria sino también un permiso para ir al psicólogo sin la debida custodia policial.

“Habiéndonos notificado al tomar contacto directo con la carpeta de la Oficina Judicial, toda vez que esta parte no fue notificada de manera formal, que además de la morigeración del arresto domiciliario se le otorgó a la imputada la posibilidad de conducirse por sus propios medios en la vía pública sin custodia policial, advertimos que ambas disposiciones agravian a esta parte porque la medida originaria dispuesta por el Juez Natural de la causa se desvirtúa por la intervención de otro magistrado sin competencia para la modificación de la medida dispuesta” afirman Rodríguez y Williams en su escrito y sostienen que “es por ello que venimos a solicitar se nos haga lugar al recurso de revisión de una medida cautelar  y de manera inmediata se disponga la revisión de la morigeración concedida a la imputada Souza”.

“Medidas como las tomadas generen contradicciones e incoherencias. Y decimos esto porque personas en la misma situación que Souza se encuentran cumpliendo la medida en los centros de detención y la nombrada está en su casa con posibilidad de ir al psicólogo sin ningún tipo de medida de control” dice el escrito presentados por los fiscales. Y agregan: “De lo expuesto surgen cuestiones que resultan sumamente graves. La primera es que un juez que no es el juez natural del caso resuelve cuestiones propias del mismo, como son las salidas al psicólogo de una detenida que no está a su disposición. La otra cuestión, más grave aún, le permite a la detenida Daniela Souza que vaya al galeno sin ningún tipo de control, custodia, etc., aumentando de manera palmaria los riesgos procesales, que por otra parte se encuentran vigentes”.

Ahora deberá resolver el planteo el Superior Tribunal de Justicia.

El rol de Souza en la banda de Correa

La Fiscalía imputa a Daniela Souza como integrante de la asociación ilícita que lideraba Diego Correa, quien – de acuerdo a la versión de los fiscales –  se escondía detrás de Souza para las contrataciones. Con respecto a Souza, marcaron que “su función era la compra venta y manejo de las personas de las empresas de Correa. Incluso adquiere terrenos en la cordillera y vehículos a nombre de una de las empresas”.

“Daniela Souza, según las conversaciones que mantiene con Correa solicitándole dinero para diversos pagos, tenía una vida ostentosa donde tendría gastos por unos 100 mil pesos por mes y no registraba ingresos. Esta suma total incluye alquiler del departamento, tarjeta de crédito y otros”.

 

 

Fuente: MPF / Foto: Daniel Feldman

Al juez Marcelo Nieto Di Biase no le tiembla el pulso por haberle dado la prisión domiciliaria de Daniela Souza, imputada en la causa “El Embrujo”, y a dos mujeres detenidas por el crímen de Rosa Acuña. Sabe que tarde o temprano podría tocarle decidir en el caso de corrupción en la administración pública que conmueve a la sociedad y la clase política de Chubut

Por eso aclara que nunca resolvió sobre los “peligros procesales” ni tomó contacto con el expediente de al causa “El Embrujo” al concederle la domiciliaria a Souza. “Capaz que en algún momento puedo ser juez de la causa. No me interesa qué es lo que pase. En la causa no tengo nada que ver, me importan condiciones de detención”, diferenció.

Di Biase recibió en su despacho a EL CHUBUT y comentó que nunca podría guiar sus fallos por «lo que dice la gente». Cuenta en el ambiente judicial lo felicitaron porque «es una decisión difícil de tomar». Dice que la palabra «garantismo está tergiversada», y no tiene nada que ver con ser «permisivo». No tiene ningún prejuicio en saludar a los delincuentes que él encerró y después se los encuentra en la calle.

Derribando mitos, Di Biase confiesa que está lejos de la doctrina de Eugenio Zaffaroni, y nunca nadie le reprochó haber liberado a un preso. «Hay dos Zaffaroni: uno cuando yo estudiaba y otro en los últimos tiempos. Era el libro de cabecera de todas las universidades. Ahora la última postura quizá yo no la comparto, aunque no le llego ni a los talones para poder cuestionarla. Estoy muy lejos de esa corriente, si alguien piensa que es de esa manera», aclara.

-¿Cree que lo pueden catalogar como un juez que libera presos?

-Te voy a responder con esto. Me invitaron a dar clases en Corrientes, me lo preguntaron y yo respondí esto: «El juez garantista es el que da garantías de que se va a respetar la ley; lo otro es discurso político».

-Es todo un mensaje a la dirigencia política. 

-Juré por la Constitución de la Nación, de la provincia y las leyes. Los argentinos tenemos un discurso en parte hipócrita. La Argentina no deja tratados de Derechos Humanos por suscribir, y está muy bien que así sea, pero cumplimentemos el contenido. Si me dicen que las personas tienen un problema de salud, ya hubo dos incendios, una se ahorcó y no hago nada… Si pasa algo el responsable soy yo.

-¿Acepta las críticas en la calle y en las redes sociales?

-En el mejor de los casos tenemos garantizado el 50 por ciento de aceptación. Los comentarios que surgen en las redes sociales es parte de lo que uno tiene que aceptar. Imaginate que yo esté presionado por lo que digan las redes sociales. Nunca nadie me dijo nada en la calle. La gente cara a cara nunca te dice nada. Me cruzo con personas que he condenado y me saludan.

-¿No se aleja ni le niega un saludo porque sea delincuente conociéndole el prontuario?

-Hay dos trapitos que vienen y me saludan, y jamás nadie me dijo algo en la calle ni me miró mal. Las redes sociales quizás permiten la comodidad de opinar. He leído comentarios de jueces corruptos, y la gente puede poner lo que quiera.

-En El Embrujo se cuestiona la relación de poder político con la Justicia.

-Quiero que se me entienda la analogía. En el Mundial somos todos técnicos de fútbol; en economía somos todos economistas, y quizá lo sean. Quizá otra persona pueda tener más lógica que yo. Yo tengo que actuar desde la lógica jurídica.

-El gobernador Arcioni dijo que ya se está revisando esa medida.

-Está bien, el titular del Poder Ejecutivo puede decir lo que considere y lo respeto. Si hacen cosas positivas bienvenido sea. Esto no es una cuestión de echar culpas. Cada uno dice «no tengo recursos, estamos haciendo licitaciones pero llevan tiempo y en diciembre vamos a ver». Hay un camino largo y todo lleva plata.

-¿Cuáles son las condiciones de las domiciliarias?

-La única autorizada para salir es Souza que cada 15 días va al psiquiatra y me presentaron un escrito diciendo que tiene un turno con el forense. Los comentarios pueden ser miles pero no me puedo hacer eco de ellos.

-¿Por qué las otras detenidas no recibieron ese beneficio?

-Hay una cuestión de sentido común de no descontrolar todo, porque sino sería una locura. Dije que se queden seis personas en ese lugar. Si hay menos va a ser más posible que se pueda hacer. Van a salir una hora por día a ver el sol, probablemente al Centro de Detención. Las juntan a las seis, las llevan una hora y vuelven.

-¿Cree que se podrían haber evitado estas situaciones?

-Hay falta de previsión. ¿Por qué no se dan cuenta esto antes? ¿Por qué no lo hacen ellos sin llegar a la instancia de Hábeas Corpus? Eso sí que es lógica y para eso está la Policía. Hablamos de violencia de género, y en el estado hay violencia de género contra las mujeres que están presas.

-¿Por qué no tomó la misma decisión con respecto a Mc Leod?

-En el caso de Mc Leod el mismo comisario explicó que toma aire, las condiciones son distintas. El planteo también había sido por Mc Leod, y (el abogado defensor) Gabalachis vino y se retiró porque había una revisión, aunque adhirió al planteo. No estaba la voz de Gabalachis, estaba la voz de los demás. Los demás (el defensor público) me dijeron que las condiciones de Playa Unión son distintas. Ese lugar había sido clausurado y yo lo habilité, yo lo conozco.

-¿Alguien le dijo algo después?

-Gente del ambiente me felicitó por la medida, porque es difícil de tomar.

-La madre de Rosa Acuña dice «yo soy pobre y no puedo pelearla».

-Yo trabajo desde los 15 años porque a mi papá no le alcanzaba para mandarme a la escuela. Los fines de semana me levantaba a las 4 de la mañana, porque trabajaba en una panadería. Tenía que trabajar para pagarme el secundario. Trabajé de cualquier cosa; sé lo que es la gente que no tiene recursos. Una vez le digo a un preso «te vamos a conseguir un trabajo». «¿Trabajo de qué?», me dice. Yo limpiaba baños antes de llegar acá y con orgullo lo digo. Sé las condiciones de la gente que tiene que remarla todos los días.

-¿No es un juez garantista asociado a ciertas posiciones políticas?

-Muy lejos de eso, la posición de garantista está tergiversada; debería ser otra la palabra. El juez de garantías asegura la aplicación de la ley; que haya jueces permisivos es otra cosa.

Encerrado con un preso

Después de doce años, el juez Marcelo Nieto Di Biase todavía ve la imagen de una mujer que se ahorcó en una celda de la Comisaría 1ª de Trelew donde estaba alojada Daniela Souza. «La estoy viendo colgada; se subió y se colgó», dice. Dibuja un plano del calabozo donde Souza permaneció seis meses sin ver la luz del sol. Explica que según el informe del médico forense sin la luz solar el cuerpo no sintetiza la vitamina D, lo que puede provocar problemas óseos.

Por otro lado, Di Biase revela que conoce el denominado «buzón» de la Comisaría 4ª, donde habían alojado a una detenida por el crimen de Rosa Acuña. «Una vez fui a ver a un preso hace tres años y me metieron adentro y cerraron la puerta.
Traté de manejar la situación con calma, pero si él tenía algo encima me podría haber tomando como rehén y hubiera sido un desastre», comenta.

 

 

El Chubut

Una concurrida audiencia tuvo lugar hoy en la sala de la cámara penal ubicada en el sexto piso de los tribunales en Trelew, a partir de la presentación colectiva de hábeas corpus efectuada por varios defensores particulares y la defensa pública, quienes expusieron sobre las condiciones en que se encuentran alojadas las detenidas por diferentes causas en distintas dependencias policiales, principalmente el lugar destinado a las mujeres que se encuentra ubicado en la seccional primera.

Se encontraban presentes por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Arnaldo Maza, la secretaria de gobierno de la provincia Sara Geneiser , los abogados Abdón Manyauix y Pedro Contreras defendiendo los intereses de Lorena Oyarzo, el defensor Damián Dantonio por la detenida Daniela Souza, la doctora María Laura Martensen representando a la defensa pública, Rodrigo García Palumbo de la oficina de asistencia a las personas privadas de la libertad, quien patrocinaba a todas las presentes, sumadas Tamara Espiasse, Karen Campusano y Laura Vargas, todas ellas en etapa de procesamiento y con prisión preventiva.

Una situación particular se dio con el doctor Fabián Gabalachis y su defendida Natalia Mc Leod, al aseverar el defensor que adhería en todos los términos de la solicitud efectuada en forma colectiva, pero informó que esperaba la audiencia de revisión prevista para esta misma mañana en Rawson, donde se iba a tratar su situación particular, interesándole lo que resultara de esta presentación para sumar elementos a su estrategia, por lo que ambos decidieron retirarse, cuestión aceptada por el Juez Marcelo Nieto Di Biase.

De esta manera, fue el doctor Dantonio quien expuso mayormente acerca de las condiciones carcelarias que estarían soportando las detenidas en la seccional primera, sumándose que hay dos mujeres que permanecen en tal condición en las seccionales tercera y cuarta respectivamente. Según el abogado, en septiembre de 2017 ya se pidió advirtiendo las deficientes condiciones del alojamiento, prometiéndose el mejoramiento en diversos aspectos, pero en julio de 2018 se reiteró con un hábeas corpus, observándose en la actualidad que persisten las condiciones inhumanas, ya que en aquel momento se hablaba también del futuro y eso hoy es presente.

Habló de situaciones que no son las adecuadas debido al hacinamiento en un sitio reducido donde hay siete mujeres y está preparado solo para ocho. Actualmente hay algunas condenadas y otras procesadas, lo que infringe la normativa vigente. Puso énfasis en la existencia de cuatro celdas sin luz natural, con camas de cemento y sin colchones ignífugos, luz artificial escasa, ventilación deficiente, calefacción precaria con riesgos de probables incendios, cableado eléctrico por el aire y también mala alimentación, contando además en el lugar con una sola ducha y una pileta donde lavan la ropa y los alimentos. Por otro lado, tanto Dantonio como Manyauix refirieron a las cuestiones de salud, debido a que no tienen posibilidad de tomar aire ya que no hay destinado lugar a tal fin, privándose hasta de la luz del sol, para lo que expuso inclusive el doctor Heredia, del cuerpo médico forense, quien explicó las consecuencias negativas que esto produce. Ante todo lo expuesto solicitaron la morigeración de las medidas de coerción para las detenidas, proponiendo el arresto domiciliario con tobilleras electrónicas, teniendo en cuenta este nuevo sistema.

A su turno, tuvo posibilidad de informa la secretaria general del gobierno provincial, quien admitió las dificultades para contar con lugares de detención adecuados y expresó que nunca se prometió nada en tal sentido, sino que se pusieron a trabajar tratando de dar respuestas. Entre las alternativas indicó que había lugares disponibles para alojamiento de mujeres en Comodoro Rivadavia y Telsen, aunque tienen previsto contar con otras disponibilidades en el centro de detención provincial, lo que podría suceder en el mes de diciembre aproximadamente. Planteó algunas dificultades para la obtención de tobilleras electrónicas, aunque en ese mismo instante realizó gestiones para observar la posibilidad de contar con algunas que pudieran utilizarse.

La posición de la fiscalía, a través del doctor Arnaldo Maza fue la de tomar nota de todo lo que allí se estaba exponiendo y manifestó que se podría revisar la situación de cada una de las detenidas, pero cada una con la observancia de los jueces que pertenecieran a las causas por las cuales se encuentran sometidas a las diferentes medidas adoptadas. Cabe destacar que también expusieron los comisarios Williams y Chavero de las seccionales primera y Playa Unión, ratificando el primero la imposibilidad que las internas puedan salir al exterior y proponiendo como alternativa que en algún momento del día se las busque y se las traslade por ejemplo al patio de la alcaidía policial.

Resolución y medidas

Luego de escuchar todos los deponentes, el Juez Marcelo Nieto Di Biase aseveró que existe una contradicción ya que el Estado adhiere a todos los postulados nacionales e internacionales sobre derechos humanos, los fija inclusive en la constitución pero luego no se cumplen con los mínimos requisitos. Dijo que los tiempos han cambiado y no se tuvo en cuenta a la mujer como tal, ya que no se había previsto la detención de tantas mujeres y todo lo que se hizo tuvo como objetivo al hombre. Aseguró mas adelante que él juró por la constitución y la debe hacer cumplir: “sería mas fácil para mi no resolver nada y salir de esta audiencia pasando el problema, pero no es cuestión de echar culpas y no me voy a sacar el problema de encima sino que voy a resolver”, expresó. Aludió luego a cada uno de los problemas presentados, y trajo a colación dos incendios registrados en la seccional primera con dos muertes en diferentes pabellones, lo que representa los riesgos que se corren, y tras otras aseveraciones al respecto, luego de un breve cuarto intermedio y tras las gestiones realizadas por las tobilleras resolvió que Daniela Souza, Lorena Oyarzo y Karen Campusano deberán continuar la medida en arresto domiciliario con los elementos disponibles. Souza cumple hoy seis meses de detención por la causa “el embrujo” y se disponía a participar en Rawson de la correspondiente revisión, mientras que las dos restantes están vinculadas al homicidio de Rosa Acuña y fueron impuestas de dos meses de prisión.

Asimismo, el magistrado consideró que de esta manera se reduce la condición de hacinamiento para las demás internas, y exigió que las mismas deberán ser sacadas a recreos y beneficiarse con la luz solar, para lo que deberán tomarse las medidas adecuadas en la misma seccional primera o en otro sitio. También Daniela Souza fue autorizada para concurrir a tratamiento siquiátrico, de acuerdo al pedido efectuado por la defensa, lo que tendrá el control de la misma tobillera electrónica que contiene GPS, según lo informó la referente gubernamental.

Los jueces de garantías Mirta Moreno y César Zaratiegui coincidieron con el juez Sergio Piñeda en que Daniela Souza,  imputada en la causa “Embrujo” siga detenida a pesar de los planteos realizados por el defensor de la imputada que en sendas audiencias realizadas ayer y hoy, pretendió que la misma goce de libertad o en tal caso con arresto domiciliario durante el tiempo que resta en el proceso.

Pasadas las 14 de este viernes se inició la audiencia de revisión de la decisión que ayer tomo el juez Piñeda cuando resolvió que Souza siga detenida por el presunto delito de “asociación ilícita” en la causa “Embrujo” que investiga el Ministerio Público Fiscal del Chubut.

Los jueces Moreno y Zaratiegui escucharon los argumentos de los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez por un lado, y el defensor Damian D’antonio por el otro. Las partes mantuvieron sus respectivas líneas argumentales que en la audiencia del jueves expusieron ante Piñeda.

Finalmente, tras un cuarto intermedio para analizar lo que plantearon las partes y a la vez hacerse de los dichos de Piñeda, la jueza Moreno resolvió convalidar lo que ayer decidió el juez Piñeda y su postura fue que la imputada siga detenida. Consideró que no existieron nuevos hechos que alivien la situación de Souza.

Por su parte el juez Zaratiegui opinó de igual manera, es decir en coincidencia  con argumentos de los jueces Moreno y Piñeda. Por lo tanto Souza seguirá detenida.

El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió este jueves que Daniela Souza imputada en la causa “Embrujo” sospechada de ser parte de una asociación ilícita con fondos del Estado provincial, resolvió que continúe detenida tras el pedido de sus defensores para que quede en libertad o con arresto domiciliario. Sin embargo esa medida quedó pendiente por 24 horas hasta que dos jueces revisen convalidando o no lo decidido por el magistrado, tras una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson

La audiencia había sido pedida por la defensa de Souza para aliviar su situación en el marco de esa investigación que llevan adelante los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams. La imputada es asistida por la defensa pública representada por Damián D’Antonio y Pablo Sánchez. Desde el mes de marzo se encuentra detenida en la Seccional Primera de policía de Trelew.

La defensa pidió la libertad o el arresto domiciliario mientras dure el proceso. Creen que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Argumentaron que la imputado siempre se sometió a la Justicia “al punto tal de interrumpir un viaje en Europa sabiendo que en Chubut la iban a detener”, tal como finalmente ocurrió. Dijeron además que sobre el arraigo en la ciudad de Trelew y la falta de recursos para evadir el accionar de la Justicia, no existe el riesgo procesal de la fuga. Agregaron que tampoco puede entorpecer la investigación que ya se encuentra avanzada y con pocas pruebas más por reunir. Dijeron también que la imputada está sospechada de cumplir un papel secundario y menor en la asociación ilícita que se investiga, por lo que de ser hallada culpable, la pena que recaería en su contra sería de carácter condicional, sumado a su falta de antecedentes penales.

La audiencia se extendió por más de tres horas. Tras la exposición de D’Antonio, los fiscales Williams y Rodriguez dijeron lo suyo. En la audiencia expusieron una gran variedad de razones por las cuales se oponen a morigerar la situación de Souza. En este sentido Williams indicó que esa audiencia ni siquiera debió haberse realizado porque los defensores no dijeron nada nuevo a lo que en su momento indicó la defensa en la audiencia de control de detención, horas después de ser interceptada la imputada en el ingreso a Chubut por la ruta 3, en el control policial de Arroyo Verde.

Pero también dijeron que el rol de la mujer en los ilícitos que se investigan lejos de aliviar, agravó aún más su situación. “En los cinco meses creció la gravedad de los hechos en los que está involucrada Souza. Hay una habitación llena de documentación y tres días de grabaciones telefónicas que la involucran”, dijo Williams. Su par Rodriguez fue aún mucho más allá y dio cuenta de seis lotes y terrenos en a chacra 22 de Lago Puelo, además del proyecto de construcción de un complejo turístico en Puerto Pirámide. Adelantó además que se investiga la posibilidad de estar frente al delito de “lavado de dinero”.

“La calificación legal contra Souza puede agravarse, especialmente por la documentación encontrada en una casa de la calle Zapiola de Trelew donde vivía la madre de la imputada”, dijo Rodriguez. Ese era el domicilio legal de la empresa Dual Cuore de la que Souza era integrante.

El juez Piñeda tras un cuarto intermedio para analizar los argumentos de las partes, resolvió mantener en prisión preventiva a la imputada, argumentando fundamentalmente que en estos cinco meses de detención y avance de la investigación, no surgieron hechos nuevos que pudiera aliviar su situación. De esta manera rechazo el pedido de los abogados defensores.

Tras la decisión el defensor D’Antonio pidió que dos jueces revisen la decisión de Piñeda. La audiencia deberá realizarse en un plazo de 23 horas, según lo establece el Código Procesal del Chubut.

 

 

 

Foto Diario Jornada

El juez de garantías Marcelo Nieto De Biase rechazó el pedido del fiscal general Osvaldo Heiber para que se amplíe la imputación que pesa contra Cristian Eguillor, el ex titular de Seros y gerente del Girsu que se encuentra involucrado en la causa “Embrujo” por “negociaciones incompatibles con la función pública en carácter de autor”.

Eguillor se encuentra involucrado en cinco hechos. En una de ellos a criterio de Heiber, se hacía necesario ampliar la imputación. Se trata de la relación personal y profesional que Eguillor mantenía con Daniela Souza en carácter ésta de gerente de la empresa Dual Cuore en momentos en que Eguillor era, además de titular de la obras social SEROS, gerente del consorcio GIRSU de tratamiento de los residuos urbanos.

Se cuestiona el contrato que el GIRSU realizó con la empresa Dual Cuore por una obra que costó casi 190.000 pesos y por la que se pagaron dos cheques iguales, el primero de ellos además en carácter de adelanto de obra. La relación profesional entre Eguillor (gerente del GIRSU) y Souza (socia gerente de Dual Cuore) consistió en que Eguillor también era contador de Dual Cuore.

En cuanto a la relación personal, los fiscales sospechan de la relación estrecha entre ambos, habida cuenta que Eguillor fue garante de un departamento que Souza alquiló en Playa Unión. La contratación que hizo el GIRSU para que la empresa Dual Cuore le realice la obra, es el primero de los hechos que se investiga y sobre éste Heiber pidió la ampliación. Los otros cuatro hechos investigados  –vinculados a Eguillor pero en carácter de titular de la obra social SEROS en contrataciones realizadas también a Dual Cuore- permanecieron inalterables para las pretensiones del Ministerio Público Fiscal.

El defensor de Eguillor, el abogado Federico Ruffa, no se opuso a la ampliación de la imputación, al considerar que no había nada nuevo al respecto. El juez Nieto De Biase -ya había resuelto un cuarto intermedio para que Heiber ordene su acusación- consideró que en la audiencia realizada este jueves, no había elementos nuevos que amplíen la acusación contra Eguillor. De esta manera rechazó la pretensión del representante del Ministerio Público Fiscal.