Tag

Cura Segundo

Browsing

La Legislatura aprobó la autorización para que el Gobierno del Chubut pague las indemnizaciones de los bienes expropiados de la ex Alpesca. La tasación efectuada por Fiscalía de Estado determinó que el monto asciende a $ 142.395.551, aunque será una jueza la que fije el valor final. El cobro alcanza a más de 1.000 exempleados.

La expropiación de Alpesca tuvo un avance importante y llega a su etapa final. Los diputados del Frente Para la Victoria, el Frente de Agrupaciones y Chubut Somos Todos aprobaron la autorización para que el Gobierno provincial desembolse las indemnizaciones por los bienes de la empresa pesquera que ahora está en manos Red Chamber.

El pago que materializará la gestión de Arcioni alcanza a todos los trabajadores de la pesquera que tienen juicios contra el Estado.

El proyecto de ley le otorga facultades al Ejecutivo que conduce Mariano Arcioni de pagar indemnizaciones por un monto de hasta 300 millones de pesos. La estimación diseñada por Fiscalía de Estado sobre los bienes de la pesquera fue valuada en 142,3 millones de pesos. El relevamiento alcanza a terrenos, edificios, instalaciones, máquinas, rodados, mobiliarios y siete barcos.

El 29 de septiembre de 2014, el valor esbozado de los bienes por la Sala B del Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó el valor en $ 114.478.800. Esta cifra fue actualizada a este año, derivando en el monto que supera los 140 millones de pesos.
A la cifra final, que será fijada por la jueza Civil y Comercial de primera instancia de la ciudad de Puerto Madryn, se le descontarán 5 millones de pesos por el pago del Ministerio de Coordinación de Gabinete con fecha 26 de noviembre del 2014.

Reactivación del juicio

El Juzgado Civil y Comercial deberá ahora correr traslado al dueño de la ex Alpesca. Los abogados que conocen la causa aseguraron que no será sencillo, principalmente por la venta fraudulenta de la firma pesquera.

Vaticinan que la jueza resolverá que Omar «Cura» Segundo y AP Holding son los titulares de la compañía.

«Antes de fin de año estará resuelto. El Gobierno está interesado que esto se resuelva cuanto antes», confió una fuente de la Justicia.

Un dato importante, es que por el nivel de endeudamiento de Alpesca, los titulares no cobrarían nada por la expropiación.

 

 

El Chubut

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría los recursos de casación interpuestos por las defensas de Héctor Omar Segundo, Juan Eduardo Burgos y Nicolás Seoane, condenados en 2017 por el intento de traficar –en el año 2013- más de 110 kilos de cocaína ocultos en cajas de langostinos, que estaban en una cámara de frío de la empresa Poseidón, propiedad de Segundo.

Con la firma de los tres integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi y Carlos Alberto Mahiques, se denegaron los recursos y ahora podrían pedir la detención de los tres condenados, que desde 2017 estaban en libertad a la espera de una sentencia firme.

Aquel fallo del Tribunal Oral de Comodoro (TOF) resolvió condenar a Segundo, Seone y al español Alfredo Aranda Barberá (detenido desde entonces en la Unidad 6 de Rawson), a la pena de 9 años de prisión, en tanto que el taxista Burgos recibió una pena de 4 años.

En tanto que Alejandro Pennisi, expresidente de la empresa madrynense involucrada, no fue acusado y fue absuelto por falta de evidencias. Mientras que otro ciudadano español involucrado, Salvador Parra Gómez, fue detenido en el marco de la causa pero el gobierno español rechazó el pedido de extradición.

“Cura, tengo la cura”

En el fallo de la Cámara se repasa varios puntos de la sentencia del TOF y situaciones que, a juicio de los camaristas, confirman los términos de la condena. Por ejemplo, el fluido contacto telefónico que hubo en 2013 entre los condenados Seoane y “Cura” Segundo durante el traslado de la carga desde Mar del Plata a Puerto Madryn.

Luego de frustrarse el primer intento de embarque, Seoane y el “Cura” sostuvieron conversaciones sugerentes respecto a la búsqueda de alguna solución. Por ejemplo, un mensaje de texto de Seoane a Segundo que reza: “Cura, tengo la cura”, efectuado durante la madrugada siguiente a que se comenzara con el reempaque de las cajas de langostinos que escondían la cocaína.

Para la Cámara “todas esas ‘casualidades’ vinculadas al hallazgo de una descomunal cantidad de cocaína de máxima pureza que iba a ser recibida en España por quienes luego de remitirse el cargamento con destino a la planta de Poseidón, egresaron del país dejando la responsabilidad de la carga en cabeza del acusado Seoane, quien había gestionado su almacenamiento en la planta de Segundo. En definitiva, conforme a todo lo expuesto, entendemos que en el caso el a quo no ha considerado en forma fragmentaria y aislada los elementos de juicio arrimados al proceso, no ha incurrido en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la solución del litigio, ni ha prescindido de la visión en conjunto y de la necesaria correlación de los testimonios entre sí y de ellos con otras pruebas.”

“Advertimos en conclusión, que el pronunciamiento impugnado se apoya en una selección y valoración de la prueba ajustadas a las reglas de la sana crítica racional. Por lo tanto, consideramos que el fallo se encuentra exento de vicios o defectos en sus fundamentos, los que además no han resultado demostrados en los recursos intentados, ni tampoco advertidos después de realizado el esfuerzo impuesto a este Tribunal por la vigente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.”

 

 

Diario Jornada

Alquilaron una casa y la convirtieron en un cabaret. Se beneficiaron de la ganancia por los servicios sexuales. Los denunciaron y fueron a juicio.

Ernesto David Dejodas fue condenado a 5 años de prisión en una cárcel federal por promoción y facilitación de la prostitución de nueve víctimas, agravado por abuso de una situación de vulnerabilidad; Lorna Fabiana Ruiz, como partícipe secundaria, a dos años y seis meses en suspenso. Hará 100 horas de trabajos no remunerados a favor del Estado o de una institución de bien público. El fallo fue del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

La causa empezó con la denuncia de María Lourdes Schlemminger, delegada de la Dirección Nacional de Migraciones de Puerto Madryn. Recibió llamados anónimos de una mujer muy alterada denunciando que en Roberto Gómez al 200 tenían a una jovencita de Paraguay engañada para explotarla sexualmente. La vivienda ya había sido mencionada en la línea telefónica de la Municipalidad: habían denunciado que Héctor Omar “Cura” Segundo “llevaba prostitutas y narcotráfico” al cabaret.

Grupo

Prefectura Naval y Policía verificaron que allí un grupo de mujeres ejercía la prostitución –algunas extranjeras-, vivían y vendían alcohol. El encargado era Dejodas. Se movía en una Renault Kangoo. En la barra atendía un travesti –Luciana- que cobraba pases y bebidas, y repartía las ganancias. Los hombres iban de noche. No había cartel: tocaban timbre. El lugar era conocido por el boca a boca. Dejodas tenía la llave y llevaba cajones de bebidas, hielo y elementos de limpieza. En ocasiones llevaba y traía a las mujeres.

Su domicilio era Colón al 600. Allí vivía con su mujer Ruiz y un nene de 3 años. Ella también descargaba mercadería en el VIP y se retiraba.

En el burdel, a las 23 llegaban las mujeres. Se iban a las 8. Los pases se cobraban $ 500 la media hora y $ 1.000 la hora, y $ 200 la copa con las alternadoras.

El primer allanamiento fue el 15 de junio de 2016 a las 23.20. Se halló el contrato de alquiler. Ruiz era locataria y Dejodas, garante. Había preservativos, una bolsa con pulseras de colores, bebidas alcohólicas, documentación, un pendrive y $ 485,75 en una caja fuerte abierta sobre el mostrador.

Había mesas, sillas, una barra, una fonola, tres baños y tres habitaciones. Al menos 5 mujeres vivían y trabajaban. La casa no tenía habilitación ni matafuegos. Tenía cables sueltos, suciedad y olores nauseabundos. La Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas entrevistó a las chicas. Varias eran paraguayas. Por eso ayudó una civil de Prefectura, intérprete de guaraní.

Hubo otro operativo la madrugada del 17 de septiembre de 2016. Estaba Dejodas junto con 12 hombres y 9 mujeres, la mitad extranjeras, todos bajo una luz tenue. Uno era el “Cura” Segundo: le incautaron plata y un cheque.

Se secuestraron 49 preservativos, 7 sobres de gel íntimo, condones usados en un tacho, un carnet de discapacidad de una de las mujeres, 103 litros de alcohol y tarjetas con la leyenda “Si andas buscando un buen momento Roberto Gómez”. Había un guante con $ 12.710.

En la pared un cartel: “Después de las 05:00 AM todo compartido”. Vasos, botellas y una bolsa con algo de cocaína. Se hallan una tarjeta con la inscripción “Director Espiritual” con un telefóno. Cuadernos y libretas con anotaciones. También comprobantes de transferencias de Wester Unión. Cuando amanecía apareció la madre de una de las chicas y se la llevó.

En simultáneo se allanó la casa de la pareja, en calle Colón. Ruiz estaba con su nene y “en estado de shock”. Le dijo a la Policía que se estaba separando y sólo vendía cosméticos para mantener a su hijo. Hallaron un certificado de discapacidad de una de las mujeres. Había anotaciones en papel de “Lore”, “Anto”, “Sara” y “Cele”.

Ruiz sacó del placard una bolsa de nylon con fajos de efectivo y la guardó entre su ropa. Era “la comida de su bebé”. Pero debió entregarla: eran $5.900.

La pareja había alquilado la casa de calle Roberto Gómez a $ 20 mil para hacerla VIP. Según la sentencia, el hombre decidía quiénes podían trabajar, dando alojamiento en algunos casos. Se quedaba con la mitad de la venta de alcohol. Le pagaban por ser patovica del local y aportaban dinero para el alquiler.

Dejodas y Ruiz aprovecharon que las mujeres eran muy pobres, con hijos pequeños y poca educación. Algunas ni hablaban español, estaban lejos de sus hogares, sin contactos en la zona. Llegaban a Madryn y lo contactaban para ejercer la prostitución, acordando condiciones. Algunos mensaje de WhatsApp, por ejemplo: “La Cele quiere venir con un embarcado veni atender”; “Voy a salir a comer un rato te aviso para que después no me digas que salgo con clientes” u “Hola, soy Mika, me puedo tomar el día?”.

Los jueces Nora Cabrera de Monella, Enrique Guanziroli y Mario Reynaldi consideraron probado que Dejodas y Ruiz alquilaron y pusieron a disposición la casa para promover la prostitución. Él decidía nombres, días y horarios. Se convirtió en un prostíbulo sin habilitación con servicios sexuales, venta de bebidas y música.

Dejodas declaró que “no todo es verdad” y que las chicas decidían las condiciones de trabajo. Usaban su celular porque tenía un buen abono. Se vendía mucha bebida, cerveza, whisky, fernet, champagne. Tenía llave porque cuando llevaba la bebida abría la puerta sin despertarlas.

“Tenía que cuidar a las chicas para que no les pase nada. Llamaba habitualmente a la empresa de remis frente a la terminal para que se llevara a una persona pasadas de copas, y él pagaba”. Reveló que la Policía iba todas las noches, pedía documentos a todos y se retiraban.

Explicó que los mensajes con su hijo eran “chistes” (ver columna). “No tenía experiencia en esta clase de negocios. Generalmente las chicas explicaban las reglas”. Las pulseras de colores eran para contar las consumiciones.

Según la versión de Ruiz, su pareja, con su esposo vendían pescado y esa era la plata hallada. Ella iba a la casa a vender cosméticos a las mujeres. Estudió Abogacía hasta tercer año y tiene dos hijos, de 22 y de 5.

En la causa consta un billete de $ 5 con una escritura “Ayuda soy Celeste me tienen en Roberto Gómez, no me deja salir el dueño de Madryn soy de Paraguay ayúdenme”. Una mujer se lo dio a la Policía en un revistero.

Según el informe de la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas , en varias se constató el Síndrome de Estocolmo: “Las víctimas se identifican con su captor, quedando a expensas de sus decisiones sobre sus cuerpos y vidas y manteniendo un lazo de fusión que atenta contra su libertad de acción y decisión”.

Eran comprensivas y benevolentes con la conducta de Dejodas. “Hubo contradicciones en los relatos cuando se preguntó cuánto ganaban, eso permite inferir que trataban de encubrir al reclutador. Conocían a la esposa del reclutador y según sus palabras, ´ella es muy buena´. Nunca pudieron decir que eran reclutadas sino que se les ofrecía una casa, dinero y comida”.

Tenían bajo nivel de escolarización, sin primaria terminada. Sólo una contaba con secundario completo. “Preguntadas por si podían elegir negarse a atender a un cliente manifestaron que eran obligadas”. De la venta de copas cobraban el 50% de las ganancias. Sólo compartían gastos de la compra de bebidas y limpieza. Trabajan toda la semana de 0 a 6. “En el momento de la entrevista se encontraban muy alteradas”.

 

 

 

Diario Jornada

Los crímenes vinculados al narcotráfico en Puerto Madryn cobraron notoriedad a nivel nacional y así también el contexto en el que sucedieron los hechos, mientras comenzaron a circular imágenes polémicas de miembros de la Policía del Chubut con el condenado por tráfico de estupefacientes Omar “Cura” Segundo.

Como si la historia fuera sacada de un libreto de película, cada vez son más los detalles escabrosos que trascienden de los crímenes, con sello narco, de Héctor López y Federico Lomeña, ocurridos en Puerto Madryn y mientras se detuvo a una sexta persona presuntamente involucrada en los homicidios, Nicolás Valencia, que se suma a los ya aprehendidos Aaron Sepúlveda, Genaro Carrizo, Giulio De Cecco, Nalib Zajur y el menor de 16 años B.B., comenzaron a circular fotografías de miembros de la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn y de la Policía con quien fue condenado justamente por narcotráfico, Omar “Cura” Segundo.

Y es que la llegada de estas fotografías a esta redacción y probablemente a otros medios en este momento, no tiene otro fin que dar cuenta de la gravísima situación institucional que atraviesa la Policía del Chubut, cuando justamente son sus miembros quienes se ven compartiendo un asado con nada más y nada menos que el empresario que fue condenado el año pasado a cumplir nueve años de prisión en el marco de la causa denominada “Langostino Santo” luego de que se descubriera el 10 de junio de 2013 un cargamento de 110 kilos de cocaína en bodegas de la empresa Poseidón, de su  propiedad.

La cocaína proveniente de Mar del Plata se encontraba oculta en cajas de langostinos, preparadas para su exportación desde el puerto madrynense a España.

El contexto bajo el que se da este escandaloso caso y la repercusión nacional que alcanzó hace que cada vez sea mayor la preocupación no solo de los pobladores de Puerto Madryn sino también de la provincia entera sobre los vínculos entre el narcotráfico y otras instituciones del Estado, poniéndose bajo la lupa de la opinión pública las recientemente difundidas fotografías

Los crímenes

Días atrás tres muertes fueron las que sacudieron la pasividad de Puerto Madryn más acostumbrada al auge turístico que a los homicidios, más aún con estos ribetes. Es así que el cuerpo de Héctor López fue encontrado el pasado lunes en El Doradillo mientras que el de Federico Lomeña fue encontrado en playa Paraná.

López tenía las manos seccionadas y había sido enterrado con cal mientras que Lomeña presentaba al menos 20 puñaladas y estaba tapado con bolsas. Ambos eran amigos

A estas muertes hay que sumarse la de Nicolás Cerrudo quien se suicidó ahorcándose dejando la frase “esto pasa por jugar con fuego”, además el joven contaba con algunas lesiones en genitales y manos.

El grupo se dedicaba al narcomenudeo según indicaban fuentes y la hipótesis que se maneja es que se habrían quedado con un cargamento el cual era reclamado por el proveedor.

 

 

Diario Crónica

La decisión del juez Marcelo Nieto Di Biase de sobreseer a Omar “Cura” Segundo en la causa por la venta simulada de Alpesca indignó a los operarios y al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. El vencimiento de los plazos fue clave para la resolución del juez.

El dirigente del STIA, Oscar Hughes, afirmó que “salimos de la audiencia donde el juez dijo que se iba a tomar 72 horas para analizar el expediente pero se lo llevó para firmar y dejar sobreseído a Segundo. No es una buena noticia”.

El gremio dialogará con el jefe de fiscales, Daniel Báez, para saber si apelará. “Él fue el denunciante de la venta fraudulenta de esta empresa. Hablaremos con la jueza Eroles para que siga con la expropiación porque Segundo fue sobreseído pero no declarado inocente y tenemos tres personas que reconocieron la venta fraudulenta. La jueza debe continuar con la expropiación”.

Hughes puso en el centro de la escena la actuación del Estado provincial y de Fiscalía. “Provincia y el fiscal Báez durmieron porque los trabajadores esperaron, recorrieron las Cámaras para que esto avance pero nos encontramos que a 3 años y 2 meses la justicia falló a favor de los delincuentes y no a favor de mil familias que perdieron su trabajo por culpa de esta mafia de empresarios”.

El dirigente del STIA recalcó que los empresarios “se estafaron entre ellos y a los trabajadores; deberemos ver cuáles son los pasos a seguir por parte de Báez y Eroles deberá definir cómo sigue la expropiación”. El gremio insistirá para finalizar con la expropiación que permita transferir los bienes a Red Chamber que significaría la incorporación de todo el personal en tierra y de los marineros a la firma pesquera.

“La expropiación debe seguir adelante porque tres personas reconocieron la venta fraudulenta”, dijo Hughes. “Es más importante lograr la expropiación que la culpabilidad de Segundo. Veremos los pasos que adoptará la justicia”.

 

 

Diario Jornada

El defensor de Omar Segundo hizo el planteo como cuestión previa al inicio del juicio oral y dice que se vencieron los plazos para fijar el debate. La Fiscalía se opone, y deberá resolver el juez Marcelo Nieto di Biase. El resto de los imputados ya fue condenado por estafa en la compraventa de la pesquera, ocurrida en 2014.

Puerto Madryn. La próxima semana se resolverá si finalmente comienza el juicio oral y público al empresario Héctor Omar Segundo, quien está acusado de estafa en la operación comercial de compra-venta de la pesquera Alpesca, ocurrida en 2014. Su defensor, Fabián Gabalachis, pidió hoy previo al comienzo de la audiencia que se dicte su sobreseimiento por considerar que se superó “el plazo razonable” de la duración del proceso.

En la audiencia realizada la mañana de hoy en Tribunales, el abogado particular de Segundo pidió su sobreseimiento afirmando que vencieron los plazos que establece el Código Procesal para realizar el debate. El fiscal Daniel Báez, a cargo del caso, se opuso a los planteos de la defensa y pidió que el debate se realice: “Hay 900 familias que quedaron sin trabajo”, indicó. “Por respeto a las 900 familias, voy a analizar el expediente y si hay algún tipo de responsabilidad”, afirmó el juez Marcelo Nieto Di Biase, quien notificará su resolución la próxima semana.

Planteo de la defensa

“El 18 de Marzo de 2014 se realizó la apertura de investigación, y a la fecha, 21 de septiembre, han transcurrido cuatro años y seis meses. No pierdo de vista que dentro de aquel plazo donde hubo un recurso extraordinario, se suspenderá ese plazo de tiempo. Esto ocurrió: hubo planteos y se mereció la intervención del Superior Tribunal de Justicia. La sala tuvo el expediente hasta el 18 de abril de 2018. Ese lapso temporal suma un año, tres meses y dos días. De los cuatro años, le descuento el plazo que estuvo suspendido, la cuenta es a la que arribo, es que lleva 3 años y 3 meses”, afirmó en su cálculo matemático el defensor. La ley establece que el plazo no podrá durar más de tres años.

Fiscales se oponen y piden plazo de 5 años

La Fiscalía se opuso al planteo. Y pidió al juez que extienda el plazo a cinco años. Además, recordaron que finalizaron la investigación y presentaron la elevación a juicio en el año 2015.  “En este proceso, además de Segundo, estuvieron implicados otros tres coimputados, quienes fueron condenados mediante juicio abreviado. Y voy a poner en consideración que en el marco de este proceso hubo declaraciones de rebeldía de dos coimputados: Federico Otero y Rosa Chico. Entiendo que producto de la rebeldía, suspende el plazo para todos”, indicó el fiscal Daniel Báez. El defensor Fabián Gabalachis replicó a la fiscalía: “No puedo dejar de advertir lo ingenioso del planteo de la fiscalía, pero no es aplicable, porque Segundo siempre estuvo a Derecho en todo el procedimiento”.

Báez, además, pidió “poner en autos la aplicación de extender la duración del proceso a cinco años. Es un instituto previsto por la Ley cuando la tramitación sea compleja. Hay 900 víctimas que por el proceder de los imputados se quedaron sin trabajo”, afirmó Báez y sostuvo que “el imputado y su defensor hicieron uso de todos los recursos posibles, y eso hizo que se extienda el plazo, siempre haciendo uso del derecho que les asiste”.

Gabalachis se opuso a la aplicación de una extensión y el juez Marcelo di Biase deberá resolver la cuestión. Y para ello se tomará el plazo legal de tres días.

“Debe realizarse el juicio», afirman los fiscales

Los fiscales indican que presentaron la acusación para elevar la causa a juicio en el año 2015, hace tres años. “Desde el Ministerio Público presentamos la acusación en tiempo y forma. Luego hubo diversos planteos por parte de la defensa, y la causa fue elevada al Superior Tribunal de Justicia para resolver planteos, que llevaron más de un año. Durante ese tiempo se suspenden los plazos procesales. Nosotros entendemos que se debe realizar en juicio”.

En la causa ya hay tres personas condenadas, que aceptaron su culpabilidad. Se trata de Rosa Chico y Federico Otero, y de Juan Paulo Segundo, hijo de Héctor Omar. Los tres coimputados reconocieron que la compra venta de la pesquera fue simulada y se trató de “una estafa”.

La expropiación continúa en la esfera civil

El trámite de expropiación de la pesquera tiene su correlato en la vía civil. El juzgado Civil y Comercial a cargo de la jueza María Laura Eroles debe resolver la expropiación de la pesquera. Para los fiscales, “en la causa ya hay tres personas condenadas que reconocieron su culpabilidad. Más allá del resultado del proceso penal respecto a Segundo, entendemos que el trámite civil puede resolverse con el reconocimiento de responsabilidad de los otros coimputados, que incluso admiten la participación de Segundo en la maniobra defraudatoria”, indicó Báez al ser consultado.

Trabajadores de la expesquera Alpesca se manifestaron en Tribunales la mañana del miércoles y solicitan que se realice el juicio por la venta de la pesquera y se defina la expropiación.

Inicialmente se reunieron con Juan Paulo García, subdirector de la Oficina Judicial de Madryn, quien les dijo a los extrabajadores de la pesquera que desde el organismo judicial no fijan fecha de juicio para Omar Segundo «porque no hay jueces» y que para él «los plazos estarían vencidos».

Luego, el fiscal jefe Daniel Baez recibió al dirigente gremial Oscar Hughes y un grupo de trabajadores explicándoles que el subdirector de la Oficina Judicial no tiene autoridad procesal para resolver una cuestión de plazos, pero si es su obligación designar Juez de cualquier jurisdicción y fijar fecha de juicio.

Por lo que trabajadores en conjunto con la fiscalía presentaron un pronto despacho ante la Oficina Judicial solicitando se designe juez y fecha de juicio oral y público por la presunta estafa en la compra-venta de la pesquera

Los trabajadores también buscaran reunirse con la jueza María Laura Eroles, a cargo del Juzgado Civil y Comercial que lleva adelante el trámite de expropiación de los bienes de la expesquera.

En la causa por la compra venta de la pesquera ya reconocieron su culpabilidad mediante juicio abreviado Juan Paulo Segundo (hijo de Héctor Omar), Rosa Carmen Chico y Federico Otero. Los tres coimputados reconocieron que la maniobra fue un acto simulado. En la causa solo queda pendiente resolver la situación procesal de Héctor Omar Segundo.

En junio de este año el Superior Tribunal de Justicia había declarado la nulidad parcial de un fallo que sobreseyó a ex funcionarios en la causa por el crédito express de Corfo al empresario Omar «Cura» Segundo por la crisis de Alpesca. El lunes habrá una nueva audiencia retomando la causa.

A las 8:30 de la mañana del lunes 27 dará comienzo una nueva audiencia preliminar en la oficina judicial en Rawson, en la causa por aquel crédito de 10 millones de pesos concedido por Corfo en tiempo récord al «Cura» Segundo y su hijo Juan Pablo, para la empresa Alpesca en 2013.

De este modo, se vuelve al origen de la causa con una nueva audiencia luego que el Superior Tribunal de Justicia declarara procedente las impugnaciones realizadas por la Fiscalía de Puerto Madryn y la Fiscalía de Estado, declarando la nulidad parcial de la resolución del juez Fabio Monti.

Aquella resolución del magistrado había sobreseído del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al ex gobernador Martín Buzzi; el ex ministro Coordinador, Carlos Eliceche; la ex ministra de Economía, Gabriela Dufour; el ex titular de Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire; los directivos de Corfo durante la gestión de Buzzi; el empresario Omar Segundo; su hijo Juan Pablo; y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina.

Frente a esa resolución del juez Monti, el fiscal Daniel Báez había planteado que se hizo una valoración de la prueba de forma parcial, arbitraria e ilegal, ofreciendo gran cantidad de documentación requiriendo la presencia de más de 30 testigos pretendiendo demostrar los elementos objetivos y subjetivos que requiere la figura y consignó que, en su fallo, Monti no menciona ningún elemento de convicción que le permita sostener la ausencia de dolo en las conductas investigadas.

Fue así que los integrantes de la Corte Provincial declararon procedentes las impugnaciones articuladas por el fiscal general jefe de Puerto Madryn y por el fiscal de Estado, revocando el punto 4 de la sentencia Nº 840/16 del juez penal Monti y reenviando estos actuados a la instancia de origen para la reedición de la audiencia preliminar sobre este tramo.

 

 

El Chubut