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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) envió este lunes al Congreso un proyecto de ley para perdonar los intereses que generó la suspensión desde enero del pago de las cuotas de los créditos a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares.

Según cálculos del organismo, el alivio para las familias tomadoras de esos créditos equivale a unos $47.000 millones, ya que al momento de empezar a cobrar las cuotas, no se percibirán los intereses acumulados desde principios de año. La medida alcanzará a 5,6 millones de personas.

Los primeros días de julio fue la última vez que la Anses prorrogó la suspensión del pago de las cuotas de todas las líneas otorgadas, por los meses de julio y agosto, “con motivo de la extensión del aislamiento social producto de la pandemia mundial”, explicó el organismo al argumentar su resolución.Del total de beneficiarios de la AUH, el 84,6% está endeudado con la Anses, superando 1,8 millones de personas con uno o más préstamos con el organismo, por $30.000 millones.

En tanto que de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sólo el 31,63% tiene créditos, pero también representa más de 1,8 millones de personas, por un total de $126.000 millones pesos.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, los créditos otorgados ascienden a $35.000 millones, y para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), a $12.000 millones.

En la comunicación oficial sobre la decisión de enviar al Congreso este proyecto de ley, la Anses que encabeza Fernanda Raverta cuestionó que “durante el gobierno anterior se reemplazó a la Tarjeta ARGENTA por préstamos acreditados por transferencia bancaria”, tarjeta que se creó porque “no se pensaba a la ANSES sólo como un órgano de préstamo si no que asumía el rol de promover la inclusión financiera responsable y contribuir al desarrollo del mercado interno”.

Deudas de las provincias

En el mismo sentido de asistencia durante la pandemia, la Anses decidió postergó por 45 días el pago de préstamos de 17 provincias y busca pasar a la órbita del Ministerio de Economía el desembolso de la Reparación Histórica para alivianar la situación de los estados provinciales.

La Anses argumentó que la prórroga se debe a que “los vencimientos de capital representan una porción sustancial de los recursos líquidos de las provincias, sumado a ello la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y, el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Fuente: TN

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó este viernes en su despacho en Casa de Gobierno, el Decreto Nº 661, que establece fijar a partir del 1º de julio y por el término de un año, que las cuotas de amortización de viviendas sociales ejecutadas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), no superen el monto de un salario mínimo, vital y móvil mensual vigente, el cual hoy es de $16.870.

El decreto establece que dado el carácter social que revisten las viviendas ejecutadas por el IPVyDU y teniendo en cuenta la situación epidemiológica por el COVID-19 se instruye subsidiar las tasas de interés a los saldos de deuda por amortización de viviendas.

Decisión política

Al respecto la gerenta general del IPV, Ivana Papaianni, expresó que “el Gobernador ha tomado la decisión política de ponerle un tope al valor de la cuota de viviendas durante el término de un año, con posibilidad de prorrogarlo si es necesario. Es decir, se aplicará automáticamente el cobro de las mismas y ninguna tendrá un valor superior al del salario mínimo, vital y móvil que hoy asciende a 16.870 de pesos”.

La funcionaria provincial remarcó que “defendemos el cobro de cuotas de las casas para poder seguir haciendo viviendas y llegar a más vecinos de la provincia. Sin embargo en el marco de la inflación y la situación epidemiológica por coronavirus, hemos tomado la decisión que ningún barrio puesto al cobro supere el salario mínimo vital y afecte aún más su economía”.

Papaianni, recordó que “seguimos tomando como garantía que a ningún hogar le afecte más del 25% del ingreso del hogar. Esto se suma ahora a la decisión política del Gobernador de poner un tope. El espíritu de la decisión política del Gobernador es subsidiar las tasas de interés a los saldos de amortización de viviendas”.

Emergencia climática

Al respecto, la Gerenta general del IPV, informó que “en el marco de la emergencia, por decisión política del Gobernador Arcioni, nos instruyó a suspender el cobro de las cuotas de viviendas sociales en la zona rural afectada por la emergencia climática”.

Trabajadores del Sindicato de la Salud Pública se manifestaron en el ingreso al hospital local para hacer saber su descontento ante la posibilidad que el sueldo anual complementario se pague en 6 cuotas.

Así lo indicó el secretario general del Sindicato de la Salud Pública, Carlos Sepúlveda en diálogo con Radio Chubut.

El dirigente agregó que el SISAP no se ha reunido con el gobierno del provincia para acordar este pago, tal como se dice de manera oficial, aunque reconoció que hubo encuentros cuando Andrés Meiszner era secretario de la gobernación.

Sin embargo en aquel momento, tampoco se llegó a un acuerdo, aunque sí hubo acercamientos cuando se estableció que el pago del SAC podría hacerse hasta en dos cuotas.

Agregó que para este jueves está prevista una reunión con representantes del Ministerio, para tratar de destrabar la situación; pero de no prosperar se definirán las acciones a seguir, el viernes próximo.

Mediante un comunicado desde el gremio ATECh que nuclea a los trabajadores estatales de la Educación, ponen de manifiesto que respecto a la posibilidad de que se pague el medio aguinaldo en cuotas, que aun no hubo convocatoria por parte del gobierno Provincial para tratar este tema con ellos, exigen que el mismo sea abonado en tiempo y forma al igual que los salarios y el incentivo docente.

“Rechazamos todo intento de seguir vulnerando derechos de los trabajadores”

Dentro del mismo comunicado exigen la apertura de paritarias 2020 y manifiestan que continuaran con el cese de actividades de virtuales en toda la provincia bajo la modalidad de retención de servicios, realizando movilizaciones teniendo en cuenta el contexto de la pandemia.

Se manifiestan en contra de la actitud de la reciente designada ministra de Educacion de la provincia, Florencia Perata “se desentiende de las cuestiones económicas, ya que no solo estamos reclamando por salarios en tiempo y forma, sino que también lo hacemos en relación a las partidas e infraestructura escolar”

Respecto a un retorno a clases desde el gremio exponen “no están dadas las condiciones ya que no se cumple con la Ley Provincial de Escuelas Dignas y Seguras”

Comunicado: 

El gremio que conduce Guillermo Quiroga presentó un escrito este jueves solicitando que se cumpla el pago en una sola cuota dentro del primer semestre del año, plazo que vencerá el próximo martes 30 de junio. «Hoy el Gobierno de la provincia debe garantizar en este contexto de sufrimiento de miles de jubilados, trabajadores estatales y privados la percepción completa del mismo», fundamentó.

«Rechazamos cualquier pago o propuesta de pago parcial, incompleto, en cuotas, desdoblado, escalonado por no ajustarse a la normativa vigente y por vulnerar derechos irrenunciables de la clase trabajadores», sentenció el escrito que el Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado presentó por Mesa de Entradas de Casa de Gobierno con la firma del secretario general, Guillermo Quiroga.

La reunión se concretó este miércoles entre el intendente Adrián Maderna y un grupo de vecinos del barrio 22 de Agosto, quienes reclaman al IPV que se redefina el valor de las cuotas de sus viviendas.

En este sentido, pidieron al Intendente Maderna, acompañamiento en el reclamo y previo a este encuentro, la coordinadora de Intendencia, Sandra Tribuzio, había participado de una reunión gestionada por el Municipio con autoridades del IPV.

Vale señalar que el reclamo de los vecinos comenzó tras recibir una notificación por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la que se les informaba el inicio del cobro de la primera cuota de las viviendas, luego de 4 años, con montos que rondaban los 30 mil pesos.

Así mismo, se informaba la elección de sistema de amortización de deuda francés o UVI, con un plazo de respuesta de 4 días.

Ante esto, los vecinos argumentaron que en el 2016 los valores de las viviendas rondaban el millón de pesos y en la actualidad se impuso un plan de pago por encima de los $ 8 millones.

De esta forma, se acordó una próxima reunión para la semana que viene, entre la totalidad de los vecinos que reclaman por esta situación y funcionarios del Municipio.

Maximiliano Brandón, en representación de los vecinos del barrio 32 viviendas, expresó que “es increíble que nos quieran imponer una cuota de 30.000 pesos, cuando en realidad no tendría que llegar a los 10.000 ya que las viviendas fueron entregadas en 2016, con un valor de 14.120 pesos por M2 y la superficie de cada dúplex es de 65.93 M2”.

“Una vivienda que vale un millón de pesos, la quieren cobrar en 8 millones”, cuestionó el vecino.

Si bien reconoció que la voluntad de las familias es pagar, señaló la necesidad que dichas cuotas sean “accesibles y dignas”. Además, denunció que pese a haber sido entregadas hace 4 años, ya presentan problemas estructurales en pisos y paredes.

Por su parte, otra vecina, Natalia Davies, explicó que el objetivo es lograr “cuotas fijas en pesos y especialmente pelear el valor final de los inmuebles”, ya que “el monto de 8.700.000 pesos es irracional, para casas que ya están destruidas, con humedad y agujeros en el techo”.

Gremio estatal se opuso a desdoblamiento del aguinaldo y propuso más impuestos al agro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el pago en cuotas del medio aguinaldo de junio y aseguró que «es preciso aumentar los impuestos a las exportaciones agropecuarias y a los bancos privados para evitar esa medida, porque plata hay, pero es preciso quitársela a quienes la tienen».

El secretario adjunto nacional del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo hoy en un documento su objeción a la segmentación del pago del sueldo anual complementario (SAC) y se pronunció por políticas de redistribución de la riqueza y mayores impuestos a las exportaciones de los complejos agropecuarios.

«Es evidente los problemas que comienzan a demostrar los gobiernos para sostener el pago de los salarios a los estatales. El dinero para los haberes públicos y privados existe, pero hay que buscarlo donde está y sacárselo a quienes lo tienen, como los sectores agroexportadores, que son los que más divisas generan, y la banca privada, que concentra más del 73 por ciento de la liquidez ampliada», puntualizó el dirigente sindical estatal rionegrino.

Para el dirigente nacional, la pandemia de coronavirus ya está siendo superada en los países asiáticos y europeos, por lo que otra vez «se abrirá el mercado externo de granos»; dijo que los bancos privados acumularon «fabulosas rentabilidades» en los últimos años y opinó que «no puede ser que existan sectores que continúen especulando con el hambre y la pobreza» general.

«Los productores de trigo y maíz aportan un 12 por ciento de retenciones. La soja tiene un esquema de segmentación por el que se tributa según el volumen de cosecha. El gravamen sobre los Ingresos Brutos de los bancos es recaudado a través de un funcionamiento aplicado por los Estados provinciales», aseguró.

Aguiar sostuvo que es preciso actualizar los valores de las retenciones al campo y que en mayo último las empresas agroexportadoras liquidaron unos 1.945 millones de dólares y, en lo que va del año, 6.963 millones de esa moneda, pero «los productores conservan en silo bolsas alrededor de 20 millones de toneladas de soja, 3,5 de trigo y casi 6 millones de toneladas de maíz», puntualizó.

Por último, el sindicalista afirmó que «el Estado debe recuperar y aumentar sus ingresos a partir de un sistema de recaudación impositiva progresivo, al que más deberían aportar quienes mayor capacidad tengan» en la Argentina, concluyó el secretario adjunto del gremio que lidera Hugo Godoy.

A través de un comunicado, la MUS expresó su íntegro rechazo a lo anunciado por parte del gobierno provincial de concretar el pago del medio aguinaldo en forma segmentada.

El 18 de junio el diario Jornada publicó que el Secretario de Gobierno, Andrés Meiszner, estaba analizando las formas de pago a concretarse en el mes de junio: ” Explicó que deben consensuar si pagarán en dos cuotas a cada rango o bien el total del medio aguinaldo, pero de a un rango por mes. Tanto el rango 1 como rango 2 implican 400 millones de pesos cada uno en concepto de medio aguinaldo” detalló el matutino. El funcionario también calificó como “clave” que los legisladores traten y aprueben la renegociación de la deuda, para “oxigenar” las finanzas provinciales hasta 2022.

Ante la confirmación del Gobernador Mariano Arcioni del pago segmentado, este mediodía los gremios que integran la Mesa de Unidad Sindical difundieron un comunicado en el que expresan el total rechazo a la modalidad del depósito y sostienen que hasta el día de hoy no recibieron una convocatoria para dialogar.

Además los trabajadores estatales exigieron por la Ley Tributaria y por el pago en tiempo y forma de sus haberes. Vale destacar que aun no han cobrado sus sueldos del mes de mayo.

El Gobierno presentará esta tarde el decreto con el aumento remunerativo para los trabajadores privados y estatales que sería de $4000 a pagarse en dos cuotas, entre enero y febrero, y mañana se publicaría en el Boletín Oficial. Los últimos detalles de la suba, que servirá como piso para las paritarias, los definieron esta mañana en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Después de ese encuentro, que duró poco más de una hora en el despacho del ministro coordinador, desde el Gobierno anunciaron que el incremento, que también será para los empleados estatales, se dará a conocer en las próximas horas.

La suma fija remunerativa y a cuenta de futuros aumentos en la paritaria 2020 que se oficializará hoy es parte de las facultades especiales que el gobierno nacional obtuvo con la sanción de la ley de emergencia económica, y marcará el piso de las negociaciones salariales para este año.

Cerca de los gremios esperaban una suba de entre $6000 y $9000. Sin embargo, el monto podría ser menor y no superaría los $4000, según confiaron fuentes oficiales.

La reunión de esta mañana fue la culminación del trabajo que tuvieron ayer varios ministerios incluidos en las conversaciones. Es que mientras Moroni mantuvo una línea abierta con los gremios, Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) se encargó de intercambiar opiniones con los empresarios.

Guzmán, con una mirada macroeconómica como base de las decisiones, es quien tuvo la última palabra en el equipo económico. Todo se realizó bajo el estricto seguimiento permanente del Presidente y de su ministro coordinador.

Inflación, el problema
En paralelo, en las últimas horas, en la Casa Rosada reconocieron que el problema de la inflación por ahora no tiene solución y apuestan a que las paritarias no se transformen en un problema adicional. «Hoy por hoy tenemos una inercia muy fuerte del proceso inflacionario y no tenemos muy buenas noticias para dar en esa línea», admitió ayer el jefe de Gabinete.

Así, el ministro coordinador le dio mayor profundidad al pedido que había hecho unas horas antes el jefe del Estado. En ese sentido, en declaraciones radiales, el Presidente les pidió a los sindicatos que no hagan reclamos «desmedidos» para no afectar la economía. Un tiro por elevación sobre todo para el líder de los camioneros, Hugo Moyano, quien presiona para alcanzar un fuerte aumento en su sector.

«Queremos que las paritarias funcionen. Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el fin de lo que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan. Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. No hagamos pedidos desmedidos, todo repercute sobre la economía», describió Fernández.

La primera cuota será de 2 mil pesos, la segunda por un monto similar la percibirán con los salarios de noviembre y la última será de mil pesos con los haberes de diciembre.

Así lo acordaron la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), junto a otras entidades del sector y la Unión Obrera Metaúrgica (UOM).

Según se informó, el acuerdo alcanzado deberá ser homologado por el Ministerio de Producción y Trabajo.

«Llegamos a este acuerdo con gran esfuerzo entre las partes para lograr un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las posibilidades de los empresarios», destacó el presidente de CAMIMA, José Luis Ammaturo, al finalizar el encuentro.

El bono corresponde a un decreto firmado por el Gobierno por el que se dispone que las empresas del sector privado otorguen una suma de 5 mil pesos, como adelanto de futuros aumentos salariales y tendrá carácter no remunerativo.