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CuadernosK

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“Lo primero que vi es que no había faltas de ortografía, puntuación perfecta en una persona que habla a medias”, señaló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto tras una reunión con el gobernador de Mendoza,  Alfredo Cornejo, con quien firmó un convenio para colaborar en la recuperación de nietos desaparecidos. Carlotto apuntó contra Oscar Centeno y sus cuadernos cuestionando la veracidad de ellos y sugiriendo que fueron escritos por otras personas.

“¿Cómo un chofer va a tener semejante escritura perfecta?”, se preguntó y señaló que se “está sentando un precedente de acuerdo a cuadernos que son fotocopias que no sirven como pruebas. Hoy escuché a una persona de la política que respeto decir que es la caligrafía de varias personas”. Siguiendo con la defensa a la expresidente Cristina Kirchner, Carlotto agregó que “la han destrozado, no le han encontrado nada” y afirmó que la investigación la “espanta”.

“Es un escándalo jurídico, social y humano, querer destruir a una persona por el solo hecho de pertenecer a otra ideología política”, dijo al referirse a la causa de los cuadernos K y agregó que “avanza porque a los acusados le han dicho: “Te arrepentís y te dejamos libre””.

Por último se refirió al juez federal a cargo de la causa, Claudio Bonadio, y estableció que el caso es un “avasallamiento increíble” por parte de un juez “intocable que parece que fuera el poder absoluto de la Justicia”.

A pesar de las declaraciones de Estela de Carlotto, los escritos de Oscar Centeno, de los cuales sólo se tienen fotocopias porque el remisero declaró haber quemado los originales, la Justicia los homologó como pruebas válidas. Además, a esto se le suma el hecho de que ya varios empresarios y un funcionario K nombrados en los cuadernos hayan confesado el pago y recaudación de coimas.

 

El Intransigente

En el marco de una nueva jornada en la investigación por las presuntas coimas en la obra pública, el juez federal Claudio Bonadio tomará declaración indagatoria al exsecretario de Obras Públicas José López.

Preso desde que fuera sorprendido escondiendo bolsos en un convento de General Rodríguez, el exfuncionario fue involucrado en la causa, acusado de formar parte de la cadena de recaudación ilegal de fondos durante el kirchnerismo.

También será hoy el turno de declarar del empresario Aldo Roggio, titular de la centenaria constructora que lleva su nombre.

El empresario está imputado como “partícipe necesario” de la asociación ilícita que describió el fiscal Carlos Stornelli en función de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. Esa presunta organización ilícita, dice el fiscal, recaudaba dinero de empresarios ligados a contratos de obra pública.

Roggio se presentó a la Justicia el viernes pasado. Según trascendió, pese al secreto de sumario, el empresario admitió haber hecho “pagos aislados” por unos cien mil dólares, sin que se conocieran más detalles. El fiscal y el empresario habrían acordado en esa oportunidad el ingreso de este al régimen de “imputado colaborador”.

La jornada del lunes, que contó con la presentación en Comodoro Py de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, finalizó con un allanamiento de departamentos situados en el edificio donde vive, en Recoleta.

“Esto es un amedrentamiento, un circo mediático”, dijo su abogado Gregorio Dalbón.

 

Ambito

Efectivos de la Policía Federal allanaron dos departamentos del edificio de la calle Juncal al 1300, esquina Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, habitual residencia de la ex presidenta Cristina Kirchner. Pero no ingresaron al departamento de Cristina porque está protegido por sus fueros de senadora.

Operativo de la Policía Federal en el edificio de Cristina Kirchner en Recoleta: buscan dinero en dos departamentos. Foto: Marcelo Carroll

El operativo fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa conocida los cuadernos de las coimas. Fuentes judiciales aseguraron a  Clarín que el objetivo de la búsqueda está concentrada en los departamentos del 1° y 4 ° piso, donde habría dinero en efectivo. Ambos inmuebles están a nombre de Osvaldo De Sousa, hermano de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López y preso en el penal de Marcos Paz.  La abogada de la ex diputada Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, explicó que en el 2014 De Sousa vendió los departamentos al titular del grupo Indalo.

En el departamento del quinto piso, donde hoy vive Cristina, hasta fines del 2015 fue alquilado por Cristóbal López, quien a su vez se lo subalquilaba al abogado de Indalo Petróleo, Mauro Ismael Sánchez y su esposa Natalia Inés Lima, tal como reveló Clarín en el 2016 en exclusiva.

La ex presidenta no se encuentra en el lugar, ya que tras pasar por la mañana por el juzgado de Bonadio, en Comodoro Py, donde prestó declaración indagatoria, se recluyó en el Instituto Patria, donde, permanecía pasadas las 19. El juez ya dictó una orden de allanamiento para el departamento de Juncal y Uruguay y otros dos inmuebles de Cristina, pero no se concretaron debido a que cuenta con la protección de los fueros parlamentarios.

La metodología que confesó Carlos Wagner

En el departamento de Recoleta, según los cuadernos que escribió el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, se entregaban bolsos con miles de dólares. Allí, de acuerdo con la reconstrucción que surgen de los cuadernos, el secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido el equipaje cargado de dinero negro.

Ante la imposibilidad de ingresar al departamento de Cristina Kirchner, el miércoles próximo, el Senado podría autorizarlos, en una sesión que se observa con especial atención la actuación del peronismo. Se barajan dos posibilidades. Una sería la aprobación del permiso en el recinto de la Cámara alta. Pero tampoco se descarta que la autorización surja de un acuerdo entre los bloques políticos, que delegarían en la presidenta del cuerpo, Gabriela Michetti , la respuesta al juez.

 

Clarín

Minutos antes del inicio de su declaración indagatoria de este lunes ante el juez Claudio Bonadio, Cristina Kirchner subió a las redes sociales tres escritos que presentará en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción. En este expediente, la actual senadora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos cuando era presidenta de la Nación.

Está señalada como la responsable, junto a Néstor Kirchner, de “comandar” una estructura que habría movido en coimas más de 200 millones de dólares.

Con duras críticas al juez Bonadio, la ex mandataria pidió que la investigación sea remitida al juzgado del juez Julián Ercolini, que la investiga por el direccionamiento de la obra pública, y en cuyo juzgado se encuentran otros expedientes que podrían estar vinculados a esta nueva acusación.

En su presentación, acusa además al presidente Mauricio Macri de perseguirla políticamente y solicita la nulidad de los cargos en su contra.

“A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”, inicia el escrito de Cristina Kirchner. No es la primera vez que acusa al actual Gobierno de estar atrás de las causas judiciales que la rodena.

Bajo esta línea argumentativa, requirió que el Presidente sea llamado a declaración testimonial, al igual que el presidente de Boca, Daniel Angelici, por su rol de “operador judicial”, adjudicándole la negociación por la cual Ángelo Calcaterra -primo de Macri-  se convirtió en imputado colaborador (el ex dueño de Iecsa se convirtió en uno de los ocho empresarios arrepentidos en esta causa).

La asociación ilícita pudo cumplir con sus objetivos porque contó con “aportantes” de los “fondos indebidos” y según el fiscal Carlos Stornelli, fueron los directivos y ejecutivos de las principales compañías de la construcción y del sector energético. Entre ellos, el ex dueño de Iecsa, así como su ex CEO, Javier Sánchez Caballero, ambos imputados colaboradores como otros empresarios que asumieron haber hecho pagos al gobierno kirchnerista.

¿Qué dijo Cristina sobre esta situación? ,”Resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80`!.

Así, arremetió contra los empresarios: “Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas”.

En este sentido, Cristina Kirchner cuestionó que Calcaterra se haya convertido en “arrepentido” y se refirió a una frase adjudicada al fiscal Stornelli sobre las “pocas sortijas que hay” para quienes busquen avalar la tesis de la asociación ilícita. “Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra”, y añadió: “quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita”.

Dudas sobre los cuadernos

La causa se inició con los ocho cuadernos que escribió durante diez años, con una interrupción de tres, el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Éste se convirtió en el primer “arrepentido” en la investigación. Según sus anotaciones, se había montado una estructura que recibía órdenes de Néstor y Cristina Kirchner para “la recaudación de fondos ilegales y así enriquecerse de manera ilícita”.

De acuerdo al chofer, quienes recaudaban eran José Baratta, segundo del ex ministro de Planificación Julio de Vido, y otros ex funcionarios de esa dependencia. El dinero era llevado a la casa de los ex presidentes: sólo en cuatro años Baratta realizó 72 entregas por 60 millones de dólares en el departamento de Uruguay 1306, donde vive actualmente la ex mandataria.

En su presentación, la hoy senadora puso en duda la veracidad del actuar del ex chofer. “A raíz de la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un ex militar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, entre cuyas cualidades se destaca no solo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar”, sostiene en el escrito Cristina.

Así, para la ex Presidenta ésta sexta acusación en su contra en la Justicia Federal sólo responde a “la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante”.

En este punto se refirió, sin nombrarla, a María Eugenia Vidal, una de “sus figuras emblemáticas” por “haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta”.

Bonadio el “juez enemigo”

Junto a sus críticas sobre el inicio de la causa, la actual senadora también cuestionó el accionar del juez Bonadio de quien pidió su apartamiento y consideró que ya es investigada en otro expediente a cargo del juez Ercolini, donde se involucra el manejo de la obra pública.

“Estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo”, sostuvo Cristina y añadió: “actor principal del Lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI”.

Sostuvo, en consecuencia, que se está ante una “causa armada” y remarcó: “Resulta inconcebible que Bonadio, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita por la que se me persigue en los procesos que mencionara en el punto anterior”.

 

 

Clarín

José María Olazagasti, ex secretario privado del ministro de Planificación Federal kirchnerista, Julio De Vido, se presentó esta mañana ante la Justicia y quedó detenido. Fue luego de que el juez federal Claudio Bonadio ordenara ayer su detención en el marco de la causa de las cuadernos de las coimas K.

Olazagasti pasó la noche con sus cuatro hijos y a primera hora de este sábado se presentó en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado de Bonadio. Ante la ausencia de personal en el juzgado, se dirigió junto a su abogado defensor a la sede de la Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo.

En estos momentos está haciendo los trámites en la alcaldía de dicha sede de la Policía Federal para cumplir con la orden de detención que le dictó ayer por la tarde el juez .

Olazagasti fue uno de los nombrados, junto a Claudio Uberti y a De Vido, por Luis Betnaza, director de Techint, como uno de los que le había pedido dinero para interceder por la compañía ante el gobierno de Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en ese país.

De esta manera, Uberti, ex director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y conocido como el embajador paralelo de la Argentina en Venezuela, y Oscar Thomas, ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), son los imputados que permanecen prófugos.

 

 

Infobae

El empresario Aldo Roggio se anticipó hoy a la declaración indagatoria que tenían que tomarle el martes y se presentó de forma espontánea en Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas.

Roggio quedó involucrado en la causa porque su nombre estaba incluido en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, detalla TN.

El presidente de BRH debía prestar declaración indagatoria en cuatro días, pero hoy acordó con el fiscal Carlos Stornelli sumarse como “imputado colaborador” a la lista de empresarios “arrepentidos”. Eso deberá definirlo Bonadio.

El empresario es nieto de Benito Roggio, fundador de la empresa que ahora es un holding. En los ’90 fue titular de la Cámara Argentina de la Construcción y es uno de los fundadores de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Es la segunda vez en la semana que Roggio pisa Comodoro Py. El pasado lunes 6 se presentó en declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en una de las causas de Odebrecht en Argentina por la construcción de una planta potabilizadora de Aysa.

 

 

La Gaceta

López inició: “Voy a declarar porque quiero que se demuestre que no me enriquecí ilícitamente en la función pública ni yo, ni mi esposa, ni ningún miembro de la familia en los doce años y medio que estuve al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación”.

La audiencia del juicio oral se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí, el ex funcionario manifestó que si bien hará uso de su defensa, no caerá en detalles ni precisiones con el fin de “no poner en riesgo” la seguridad de su familia.

López criticó que hasta el momento había sido limitado en su defensa ya que no tuvo la libertad para elegir a su abogado, y ahora sí lo pudo hacer.

De esta manera, señaló: “Esto quedó claramente evidenciado con mi primera defensora, que me la pusieron, que jamás la hubiese elegido voluntariamente y que me costó mucho esfuerzo que la cambiaran”.

Por otro lado, López aseguró que el dinero de los bolsos que llevaba al convento en General Rodríguez no era suyo sino de “personas vinculadas a la política”.

En este sentido, añadió: “Me usaron como chivo expiatorio, como una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar agregando además ridiculeces inexplicables y que yo no tuve otra alternativa que obedecer”.

“Cuando antes señalé que es dinero de la política es porque así me lo indicaron pero en realidad lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar. No es una persona sino varias y yo mismo no sé bien quiénes son todos ni quiero saberlo”, manifestó.

También informo que en unas reuniones “algunas personas” le encomendaron una “diligencia” que”consistía en que debía trasladar esos bolsos al convento” al que él conocía y tenía entrada, “entendiendo que a partir de allí se los iba a ir retirando para darle otro destino”.

“Al lugar no llegué solo, me escoltaron tres personas, una en una moto y dos en un auto. Cuando digo que me escoltaron no digo que eran simples acompañantes, digo que son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control”, disparó el ex funcionario.

Y continuó: ” A mediados del año 2016 estando en Montevideo, Uruguay para las sesiones de parlametnarios del Mercosur un parlamentario me dijo a vos, a mí, a Rossi y a otro parlamentario más nos están investigando, esto me dijeron fuentes allegada a la SIDE, a los servicios”.

“Cuando me dijo este parlamentario me hizo este comentario veníamos en su auto y venía en el asiento de atrás una parlamentaria y su secretaria”, detalló.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 está integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini.

Cronica

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, declaran por la causa de los cuadernos con pagos ilegales de empresarios y en la deenriquecimiento ilícito, respectivamente.

López fue trasladado desde el penal de Ezeiza en tanto que De Vido desde Marcos Paz, y ambos están alojados en la Alcaldia de Tribunales.José López detenido

Bonadio le tomará indagatoria a De Vido por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en tanto que López en instancia de juicio por los bolsos que le encontraron con casi 9 millones de dólares.

 

 

Diario 26

La investigación periodística devenida en causa judicial sobre presuntas coimas en la obra pública y basada en las anotaciones del exchofer de un exfuncionario y entregados por la ex esposa de este, Oscar Centeno, a la prensa; configura una de las burradas jurídicas más destacadas de los últimos años. Desde la falta de la prueba material, que habría sido quemada por el propio autor, hasta los aprietes del fiscal Carlos Stornelli a los empresarios imputados para que se arrepientan. Pero el desaguisado judicial no termina allí. Al Forum Shopping que permitió que la causa quede en manos de Claudio Bonadío,  ahora se le suma otra noticia indecorosa. María Pía Monkes, hija de María Teresa Calcaterra, hermana de Ángel Calcaterra, o “Ángelo” como le dicen en la familia, sería una de las encargadas de investigar a su tío.

 

 

Portal de Noticias

El affaire de (las fotocopias de) los cuadernos del ex chofer del ministerio de Planificación, pica cerca de los negocios de la familia de Mauricio Macri, aunque es evidente que los empresarios vinculados a ellos que quedaron implicados, por ahora les son funcionales y sólo se muestran como supuestas víctimas de las administraciones kirchneristas. El diputado Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) pidió que Juan Carlos de Goycoechea, el ex CEO de Isolux Corsán que fue excarcelado ayer después de firmar un acuerdo para colaborar como arrepentido, sea citado también para declarar bajo esa misma figura en la causa en la que se investiga si el gobierno de Cambiemos, a través de una maniobra del ministerio de Energía, favoreció a empresas del Grupo Macri en la venta de seis parques eólicos. La denuncia que originó ese expediente señalaba que los seis parques que llegaron a quedar en manos de Isolux, fueron vendidos a firmas creadas para la ocasión, vinculadas a los Macri, sin licitación y con ganancias estimadas en cerca de 48 millones de dólares.

Una de las principales sospechas en esta investigación, que se inició con una publicación de la periodista Emilia Delfino, en Perfil, es que habría existido un pacto previo entre Isolux, Sideco (del Grupo Macri) y el ministerio de Energía. Lo que plantea Tailhade es que es altamente probable que De Goycochea, el ex CEO de Isolux en teoría implicado en estos negociados, debería poder aportar información como arrepentido, la misma figura que se usa en la causa de los cuadernos para que algunos de los hombres ligados a históricos contratos de obra pública, hablen. Por eso le plantea al fiscal Eduardo Taiano que lo cite con esa posibilidad.

En el momento en que asume Macri la presidencia, Isolux estaba en una muy mala posición, en crisis y con sospechas de corrupción en España, su país de origen. Durante el kirchnerismo había obtenido licitaciones para la construcción de cuatro parques eólicos, aunque avanzó solo en la construcción de uno. Pese a que era una empresa en retirada, investigada y cerca de la quiebra, el gobierno de Cambiemos le daría dos contratos más.  La hipótesis que planteó en su dictamen original Taiano es que cuando Isolux entró en crisis habría negociado en forma secreta la transferencia de sus concesiones de parques eólicos al Grupo Macri y, para que no apareciera la familia en forma tan evidente, hicieron un armado societario para camuflar la adquisición. Según publicó Delfino, de esa ingeniería se habría ocupado un contador llamado Mariano Payaslian, de confianza de los Macri, síndico de Sideco y de Iecsa (la empresa que tuvo al frente a Angelo Calcaterra), y de una sociedad entre Isolux y Iecsa. Las firmas fueron creadas desde el 29 de diciembre de 2015, apenas asumió Cambiemos. Primero se creó Usir Argentina, luego en marzo de 2016 Parques Eólicos Miramar, Sideli y  Sidsel. La sospecha, reconocida en parte a Perfil por el contador, es que Sideco controlaba buena parte de estos negocios. Las empresas ligadas al grupo familiar adquirieron los parques pero finalmente en 2017 vendieron todo a Genneia y la china Goldwind, lo que les habría generado una ganancia cercana a los 50 millones de dólares.

Tailhade aportó algunos datos nuevos a la causa, que hasta ahora no marchó con la premura de los expedientes contra ex funcionarios del kirchnerismo: entre ellos, dictámenes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de noviembre de 2017 que acreditaría que Sideco estaba detrás de todas las sociedades  y que la operación de compra (para obviar la licitación) fue autorizada por la Secretaría de Comercio.

De Goycoechea, como “arrepentido” en la causa de los cuadernos, se enfocó en decir que otorgó dinero bajo presión, que es menos que lo que dicen los escritos atribuidos a Centeno, que el eje era que se trataba de dinero para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y que además le pedían plata para entregarle los certificados de obra de la central termoeléctrica Río Turbio. Se presentó, como el resto, como víctima de supuestas extorsiones.

 

 

El Comodorense