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La Justicia secuestró ayer más de 11.000 cheques por una suma superior a los $400 millones, ligados a la causa de la obra pública por la que en febrero enfrentará su primer juicio oral la ex presidenta Cristina Kirchner, como jefe de una banda que integraron el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros. Los enviados del juez Julian Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita se presentaron en las casas centrales de los bancos Macro y Santa Cruz, en el microcentro porteño, para secuestrar los cheques.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, de un muestrario del 35% de los cheques secuestrados se puede inferir que el dinero fue a parar a las cuentas de Ernesto Clarens, señalado como el financista de los Kirchner y ahora “arrepentido” en la causa de los cuadernos de la corrupción.

En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario de la firma Invernes SA, que pertenece a Clarens; y el secreto fiscal de la firma Juan Felipe Gancedo SA, una constructora de Viedma que creció durante la era K y que también aparece en la cadena de cobros.

Por las obras concedidas y pagadas a Lázaro Báez durante la gestión k en Santa Cruz, Cristina Kirchner, De Vido, el ex secretario de Obras Publicas José López, Carlos Kirchner –el primo de Néstor que está preso- y Báez, entre otros, enfrentarán a partir del 26 de febrero un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 2. Y aunque otras investigaciones indican que el dinero que Báez recibía volvía en “retornos” a la familia presidencial, a través de alquiler de propiedades como Los Sauces y Hotesur -por los que la ex presidenta y su familia también está procesada-, lo cierto es que el fiscal Pollicita puso ahora el foco en los mecanismos a través de los cuales se habría logrado, luego de un complejo proceso de ficticias intermediaciones comerciales y financieras, la libre disposición de una porción importante de esos fondos.

El análisis apuntó a las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Loscalzo y Del Curso, así como a la sucesión de Adelmo Biancalani, todas del grupo Austral, en donde se “podrían haber simulado costos inexistentes con el fin de generar una salida contable que les permitiera disponer ilícitamente de esos fondos”. Con esa hipótesis, se le pidió a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz que remitieran toda la información disponible sobre “cómo fueron abonados los anticipos financieros otorgados en las 51 obras públicas viales financiadas con fondos nacionales” de la causa conocida como obra pública, y que ya llegó a juicio.Con entrecruzamiento de datos contables, se detectaron las facturas apócrifas que tenían esas cuatro empresas. Y se interrogó a los funcionarios de la AFIP, Horacio Castagnola y Jaime Mecikovsky, que defendió Elisa Carrió en los últimos días.
Según se reconstruyó, los ingresos de Austral Construcciones “se originaban, en su abrumadora mayoría, en los pagos que la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz le giraban con motivo de las obras públicas viales irregularmente asignadas”, que provocaron un “millonario perjuicio al Estado”. Pero más de un cuarto de los ingresos fueron derivados hacia Gotti.

Los funcionarios de AFIP que declararon en la causa contaron cómo se impugnó como falsas operaciones de compra de Gotti entre 2003 y 2007 “por un total de 495 millones de pesos, a nombre de 96 proveedores”. Pero “cuando se inició la etapa del procedimiento administrativo conocida como fiscalización propiamente dicha -en la que Gotti pasó a intervenir activamente, presentando escritos y cuestionando el accionar de la AFIP-, se puso en marcha un conjunto de maniobras por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional tendientes a obstaculizar el avance de la fiscalización y remover a los funcionarios de AFIP comprometidos con ello”. Y luego de ello, dijo Pollicita ante Ercolini, la entonces presidenta Cristina Kirchner elevó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que preveía una moratoria general por evasión tributaria, la cual fue finalmente sancionada como Ley de Regularización Impositiva bajo el n° 26.476. Gotti se acogió a la moratoria.
La investigación detalló que “en el curso del procedimiento administrativo ante la AFIP la empresa GOTTI acompañó una copia del Contrato de Cesión de Cobranza suscripto entre dicha firma e Invernes SA, por medio del cual se acordó que esta última actuara como agente cobrador de las ventas y pagador de las compras de Gotti SA” y fue “por esa razón que las compras cuestionadas por la AFIP fueron abonadas mediante cheques girados contra cuentas bancarias a nombre de INVERNES SA”.

El fiscal también apuntó a la firma Juan Felipe Gancedo SA, una constructora patagónica a la que el propio Báez señaló en el inicio de la causa por la ruta del dinero k como una de las que había obtenido más obra pública que él. Carrió también la había denunciado en los inicios de su denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner.
El dictamen fiscal señaló también que “según explicaron los funcionarios de la AFIP que efectuaron las investigaciones contra Gotti SA en la Dirección Regional Comodoro Rivadavia, en el caso de la firma Juan Felipe Gancedo SA no sólo existía una matriz coincidente de proveedores apócrifos, sino que los cheques eran cobrados por las mismas cooperativas, a las cuales se había llegado a fiscalizar”.

En base a todo esto, se activaron los procedimientos en los bancos del microcentro por los que pasaron esos cheques y ayer quedaron secuestrados en la causa. Según señalaron las fuentes a Infobae, “se secuestraron once mil cheques en los procedimientos. Con solo dos mil cheques, aparece el 80% de los montos, arriba de $400 millones y de un muestrario del 35% de los cheques, se puede sospechar que la plata fue a parar a las cuentas de Clarens”.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un texto donde afirmó nunca haber recibido pagos por firmar decretos. Así se defendió de los dichos del empresario arrepentido, Gabriel Romero, quien admitió haber pagado una presunta coima para continuar con la explotación de Hidrovía.

La actual senadora tildó de “remisero arrepentido” a Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, quien plasmó en sus cuadernos los detalles de la causa.

Cristina también se refirió a “ex funcionarios de cuarta línea” arrepentidos, que no formaron parte de sus dos mandatos presidenciales, “pero que describen excursiones casi turísticas” a su casa, donde la habrían visto en pijama.

El ex dueño grupo Emepa, Gabriel Romero, pidió sumarse a la lista de arrepentidos e indicó que había pagado para que Cristina Fernández le renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía, en el tramo del Río Paraná-Paraguay que permite conectar Asunción y el océano Atlántico.

“Sería muy interesante que el señor Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos”, espetó la ex jefa de Estado en su sitio web.

Luego apuntó contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de hacer un “manejo extorsivo de la figura del arrepentido”.

Además, se refirió a la administración del presidente Mauricio Macri. “Este gobierno ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas”.

 

 

Los Andes

La ministro de Seguridad,  Patricia Bullrich, confirmó a través de una resolución firmada por ella que quienes aporten información que sirva para recuperar parte del dinero que se esfumó en medio del escándalo de corrupción en la obra pública tendrán una recompensa.

“Las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Ministerio de Seguridad al número de acceso rápido 134“, indica la resolución que otorga un 5% del valor recuperado, con un tope de $ 2.000.000.

La medida se anunció el jueves y en el primer día de implementación, el ministerio registró 556 llamadas con datos de corrupción, en el marco de la causa conocida por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

A pesar de estos cientos de llamadas, la veracidad de las comunicaciones mayormente fue puesta en duda y solamente 70 comunicaciones aportaron información clave y fueron derivados a la Justicia para convertirse en denunciantes.

“Si se comprueba o esa propiedad tiene un testaferro, que fue comprada por uno de los tantos corruptos que tiene el país, al momento de la comprobación se hace un acuerdo con el fiscal y ese bien es tomado por la causa, por elEstado en la Justicia y se le paga a la persona el 5% del valor o hasta 2 millones de pesos“, detalló Patricia Bullrich.

Según explicó la ministro, el procedimiento es “secreto” y la identidad de la persona que aporta datos es “preservada”.

“El objetivo es que toda aquella persona que pueda dar información fehaciente de dinero, propiedades, testaferros, personas que saben que son cosas del pueblo que están en manos de corruptos puedan volver a la gente, porque eso se va a convertir en hospitales o equipamientos para las fuerzas de seguridad“, indicó.

 

 

Radio Mitre

“Lo primero que vi es que no había faltas de ortografía, puntuación perfecta en una persona que habla a medias”, señaló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto tras una reunión con el gobernador de Mendoza,  Alfredo Cornejo, con quien firmó un convenio para colaborar en la recuperación de nietos desaparecidos. Carlotto apuntó contra Oscar Centeno y sus cuadernos cuestionando la veracidad de ellos y sugiriendo que fueron escritos por otras personas.

“¿Cómo un chofer va a tener semejante escritura perfecta?”, se preguntó y señaló que se “está sentando un precedente de acuerdo a cuadernos que son fotocopias que no sirven como pruebas. Hoy escuché a una persona de la política que respeto decir que es la caligrafía de varias personas”. Siguiendo con la defensa a la expresidente Cristina Kirchner, Carlotto agregó que “la han destrozado, no le han encontrado nada” y afirmó que la investigación la “espanta”.

“Es un escándalo jurídico, social y humano, querer destruir a una persona por el solo hecho de pertenecer a otra ideología política”, dijo al referirse a la causa de los cuadernos K y agregó que “avanza porque a los acusados le han dicho: “Te arrepentís y te dejamos libre””.

Por último se refirió al juez federal a cargo de la causa, Claudio Bonadio, y estableció que el caso es un “avasallamiento increíble” por parte de un juez “intocable que parece que fuera el poder absoluto de la Justicia”.

A pesar de las declaraciones de Estela de Carlotto, los escritos de Oscar Centeno, de los cuales sólo se tienen fotocopias porque el remisero declaró haber quemado los originales, la Justicia los homologó como pruebas válidas. Además, a esto se le suma el hecho de que ya varios empresarios y un funcionario K nombrados en los cuadernos hayan confesado el pago y recaudación de coimas.

 

El Intransigente

En el marco de una nueva jornada en la investigación por las presuntas coimas en la obra pública, el juez federal Claudio Bonadio tomará declaración indagatoria al exsecretario de Obras Públicas José López.

Preso desde que fuera sorprendido escondiendo bolsos en un convento de General Rodríguez, el exfuncionario fue involucrado en la causa, acusado de formar parte de la cadena de recaudación ilegal de fondos durante el kirchnerismo.

También será hoy el turno de declarar del empresario Aldo Roggio, titular de la centenaria constructora que lleva su nombre.

El empresario está imputado como “partícipe necesario” de la asociación ilícita que describió el fiscal Carlos Stornelli en función de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. Esa presunta organización ilícita, dice el fiscal, recaudaba dinero de empresarios ligados a contratos de obra pública.

Roggio se presentó a la Justicia el viernes pasado. Según trascendió, pese al secreto de sumario, el empresario admitió haber hecho “pagos aislados” por unos cien mil dólares, sin que se conocieran más detalles. El fiscal y el empresario habrían acordado en esa oportunidad el ingreso de este al régimen de “imputado colaborador”.

La jornada del lunes, que contó con la presentación en Comodoro Py de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, finalizó con un allanamiento de departamentos situados en el edificio donde vive, en Recoleta.

“Esto es un amedrentamiento, un circo mediático”, dijo su abogado Gregorio Dalbón.

 

Ambito

Efectivos de la Policía Federal allanaron dos departamentos del edificio de la calle Juncal al 1300, esquina Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, habitual residencia de la ex presidenta Cristina Kirchner. Pero no ingresaron al departamento de Cristina porque está protegido por sus fueros de senadora.

Operativo de la Policía Federal en el edificio de Cristina Kirchner en Recoleta: buscan dinero en dos departamentos. Foto: Marcelo Carroll

El operativo fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa conocida los cuadernos de las coimas. Fuentes judiciales aseguraron a  Clarín que el objetivo de la búsqueda está concentrada en los departamentos del 1° y 4 ° piso, donde habría dinero en efectivo. Ambos inmuebles están a nombre de Osvaldo De Sousa, hermano de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López y preso en el penal de Marcos Paz.  La abogada de la ex diputada Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, explicó que en el 2014 De Sousa vendió los departamentos al titular del grupo Indalo.

En el departamento del quinto piso, donde hoy vive Cristina, hasta fines del 2015 fue alquilado por Cristóbal López, quien a su vez se lo subalquilaba al abogado de Indalo Petróleo, Mauro Ismael Sánchez y su esposa Natalia Inés Lima, tal como reveló Clarín en el 2016 en exclusiva.

La ex presidenta no se encuentra en el lugar, ya que tras pasar por la mañana por el juzgado de Bonadio, en Comodoro Py, donde prestó declaración indagatoria, se recluyó en el Instituto Patria, donde, permanecía pasadas las 19. El juez ya dictó una orden de allanamiento para el departamento de Juncal y Uruguay y otros dos inmuebles de Cristina, pero no se concretaron debido a que cuenta con la protección de los fueros parlamentarios.

La metodología que confesó Carlos Wagner

En el departamento de Recoleta, según los cuadernos que escribió el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, se entregaban bolsos con miles de dólares. Allí, de acuerdo con la reconstrucción que surgen de los cuadernos, el secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido el equipaje cargado de dinero negro.

Ante la imposibilidad de ingresar al departamento de Cristina Kirchner, el miércoles próximo, el Senado podría autorizarlos, en una sesión que se observa con especial atención la actuación del peronismo. Se barajan dos posibilidades. Una sería la aprobación del permiso en el recinto de la Cámara alta. Pero tampoco se descarta que la autorización surja de un acuerdo entre los bloques políticos, que delegarían en la presidenta del cuerpo, Gabriela Michetti , la respuesta al juez.

 

Clarín

Minutos antes del inicio de su declaración indagatoria de este lunes ante el juez Claudio Bonadio, Cristina Kirchner subió a las redes sociales tres escritos que presentará en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción. En este expediente, la actual senadora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos cuando era presidenta de la Nación.

Está señalada como la responsable, junto a Néstor Kirchner, de “comandar” una estructura que habría movido en coimas más de 200 millones de dólares.

Con duras críticas al juez Bonadio, la ex mandataria pidió que la investigación sea remitida al juzgado del juez Julián Ercolini, que la investiga por el direccionamiento de la obra pública, y en cuyo juzgado se encuentran otros expedientes que podrían estar vinculados a esta nueva acusación.

En su presentación, acusa además al presidente Mauricio Macri de perseguirla políticamente y solicita la nulidad de los cargos en su contra.

“A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”, inicia el escrito de Cristina Kirchner. No es la primera vez que acusa al actual Gobierno de estar atrás de las causas judiciales que la rodena.

Bajo esta línea argumentativa, requirió que el Presidente sea llamado a declaración testimonial, al igual que el presidente de Boca, Daniel Angelici, por su rol de “operador judicial”, adjudicándole la negociación por la cual Ángelo Calcaterra -primo de Macri-  se convirtió en imputado colaborador (el ex dueño de Iecsa se convirtió en uno de los ocho empresarios arrepentidos en esta causa).

La asociación ilícita pudo cumplir con sus objetivos porque contó con “aportantes” de los “fondos indebidos” y según el fiscal Carlos Stornelli, fueron los directivos y ejecutivos de las principales compañías de la construcción y del sector energético. Entre ellos, el ex dueño de Iecsa, así como su ex CEO, Javier Sánchez Caballero, ambos imputados colaboradores como otros empresarios que asumieron haber hecho pagos al gobierno kirchnerista.

¿Qué dijo Cristina sobre esta situación? ,”Resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80`!.

Así, arremetió contra los empresarios: “Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas”.

En este sentido, Cristina Kirchner cuestionó que Calcaterra se haya convertido en “arrepentido” y se refirió a una frase adjudicada al fiscal Stornelli sobre las “pocas sortijas que hay” para quienes busquen avalar la tesis de la asociación ilícita. “Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra”, y añadió: “quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita”.

Dudas sobre los cuadernos

La causa se inició con los ocho cuadernos que escribió durante diez años, con una interrupción de tres, el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Éste se convirtió en el primer “arrepentido” en la investigación. Según sus anotaciones, se había montado una estructura que recibía órdenes de Néstor y Cristina Kirchner para “la recaudación de fondos ilegales y así enriquecerse de manera ilícita”.

De acuerdo al chofer, quienes recaudaban eran José Baratta, segundo del ex ministro de Planificación Julio de Vido, y otros ex funcionarios de esa dependencia. El dinero era llevado a la casa de los ex presidentes: sólo en cuatro años Baratta realizó 72 entregas por 60 millones de dólares en el departamento de Uruguay 1306, donde vive actualmente la ex mandataria.

En su presentación, la hoy senadora puso en duda la veracidad del actuar del ex chofer. “A raíz de la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un ex militar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, entre cuyas cualidades se destaca no solo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar”, sostiene en el escrito Cristina.

Así, para la ex Presidenta ésta sexta acusación en su contra en la Justicia Federal sólo responde a “la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante”.

En este punto se refirió, sin nombrarla, a María Eugenia Vidal, una de “sus figuras emblemáticas” por “haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta”.

Bonadio el “juez enemigo”

Junto a sus críticas sobre el inicio de la causa, la actual senadora también cuestionó el accionar del juez Bonadio de quien pidió su apartamiento y consideró que ya es investigada en otro expediente a cargo del juez Ercolini, donde se involucra el manejo de la obra pública.

“Estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo”, sostuvo Cristina y añadió: “actor principal del Lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI”.

Sostuvo, en consecuencia, que se está ante una “causa armada” y remarcó: “Resulta inconcebible que Bonadio, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita por la que se me persigue en los procesos que mencionara en el punto anterior”.

 

 

Clarín

José María Olazagasti, ex secretario privado del ministro de Planificación Federal kirchnerista, Julio De Vido, se presentó esta mañana ante la Justicia y quedó detenido. Fue luego de que el juez federal Claudio Bonadio ordenara ayer su detención en el marco de la causa de las cuadernos de las coimas K.

Olazagasti pasó la noche con sus cuatro hijos y a primera hora de este sábado se presentó en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado de Bonadio. Ante la ausencia de personal en el juzgado, se dirigió junto a su abogado defensor a la sede de la Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo.

En estos momentos está haciendo los trámites en la alcaldía de dicha sede de la Policía Federal para cumplir con la orden de detención que le dictó ayer por la tarde el juez .

Olazagasti fue uno de los nombrados, junto a Claudio Uberti y a De Vido, por Luis Betnaza, director de Techint, como uno de los que le había pedido dinero para interceder por la compañía ante el gobierno de Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en ese país.

De esta manera, Uberti, ex director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y conocido como el embajador paralelo de la Argentina en Venezuela, y Oscar Thomas, ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), son los imputados que permanecen prófugos.

 

 

Infobae

El empresario Aldo Roggio se anticipó hoy a la declaración indagatoria que tenían que tomarle el martes y se presentó de forma espontánea en Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas.

Roggio quedó involucrado en la causa porque su nombre estaba incluido en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, detalla TN.

El presidente de BRH debía prestar declaración indagatoria en cuatro días, pero hoy acordó con el fiscal Carlos Stornelli sumarse como “imputado colaborador” a la lista de empresarios “arrepentidos”. Eso deberá definirlo Bonadio.

El empresario es nieto de Benito Roggio, fundador de la empresa que ahora es un holding. En los ’90 fue titular de la Cámara Argentina de la Construcción y es uno de los fundadores de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Es la segunda vez en la semana que Roggio pisa Comodoro Py. El pasado lunes 6 se presentó en declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en una de las causas de Odebrecht en Argentina por la construcción de una planta potabilizadora de Aysa.

 

 

La Gaceta

López inició: “Voy a declarar porque quiero que se demuestre que no me enriquecí ilícitamente en la función pública ni yo, ni mi esposa, ni ningún miembro de la familia en los doce años y medio que estuve al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación”.

La audiencia del juicio oral se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí, el ex funcionario manifestó que si bien hará uso de su defensa, no caerá en detalles ni precisiones con el fin de “no poner en riesgo” la seguridad de su familia.

López criticó que hasta el momento había sido limitado en su defensa ya que no tuvo la libertad para elegir a su abogado, y ahora sí lo pudo hacer.

De esta manera, señaló: “Esto quedó claramente evidenciado con mi primera defensora, que me la pusieron, que jamás la hubiese elegido voluntariamente y que me costó mucho esfuerzo que la cambiaran”.

Por otro lado, López aseguró que el dinero de los bolsos que llevaba al convento en General Rodríguez no era suyo sino de “personas vinculadas a la política”.

En este sentido, añadió: “Me usaron como chivo expiatorio, como una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar agregando además ridiculeces inexplicables y que yo no tuve otra alternativa que obedecer”.

“Cuando antes señalé que es dinero de la política es porque así me lo indicaron pero en realidad lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar. No es una persona sino varias y yo mismo no sé bien quiénes son todos ni quiero saberlo”, manifestó.

También informo que en unas reuniones “algunas personas” le encomendaron una “diligencia” que”consistía en que debía trasladar esos bolsos al convento” al que él conocía y tenía entrada, “entendiendo que a partir de allí se los iba a ir retirando para darle otro destino”.

“Al lugar no llegué solo, me escoltaron tres personas, una en una moto y dos en un auto. Cuando digo que me escoltaron no digo que eran simples acompañantes, digo que son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control”, disparó el ex funcionario.

Y continuó: ” A mediados del año 2016 estando en Montevideo, Uruguay para las sesiones de parlametnarios del Mercosur un parlamentario me dijo a vos, a mí, a Rossi y a otro parlamentario más nos están investigando, esto me dijeron fuentes allegada a la SIDE, a los servicios”.

“Cuando me dijo este parlamentario me hizo este comentario veníamos en su auto y venía en el asiento de atrás una parlamentaria y su secretaria”, detalló.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 está integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini.

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