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Cuadernos de las coimas

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A causa de los cuadernos de las coimas sumó en las últimas horas dos nuevos empresarios detenidos. Se trata de Hugo Dragonetti, titular de la firma sanjuanina Panedile, y Gustavo Ammaturo.

A causa de los cuadernos de las coimas sumó en las últimas horas dos nuevos empresarios detenidos. Se trata de Hugo Dragonetti, titular de la firma sanjuanina Panedile, y Gustavo Ammaturo. Las detenciones se produjeron entre ayer  a la noche y esta mañana por orden del juez federal Claudio Bonadio. Dragonetti había declarado esta semana en el comienzo de la ronda de 101 indagatorias que empezó el miércoles y se extenderá hasta la segunda semana de marzo e incluye a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que deberá presentarse este lunes en los tribunales de Comodoro Py.

En tanto que hoy se realizan, entre otras, las indagatorias de Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, y quien fuera su segundo en la empresa, Javier Sánchez Caballero. En 2013 el diario PERFIL había mencionado a Pandelie como una empresa, a quien diversas fuentes políticas, empresarias y periodísticas de distintos puntos del país, no dudaban en vincular con el entonces ministro, Julio De Vido. La frases que se repiten van siempre en el mismo sentido: “Llega con el espaldarazo de Nación”, “tiene la banca del ministro” o, incluso, sin pruebas que lo acrediten, “Panedile es De Vido”.

La detención de Dragonetti se produjo esta mañana, menos de 48 horas después de haber declarado ante Bonadio.  Dragonetti, que con su empresa tiene una fuerte presencia en la obra pública de San Juan y Santiago del Estero, ya había  declarado en el caso y se convirtió en uno de los arrepentidos del caso.

Tras su primera convocatoria fue citado nuevamente por Bonadio. Fue luego de que se conociera el listado aportado por el financista Ernesto Clarens, uno de los arrepentidos que más información sensible aportó en el caso.

Esta semana, Dragonetti negó el pago de los 3 millones de pesos que figuraban en la lista aportada por Clarens. Descartó cualquier relación con él, lo que fue desmentido por decenas de llamados entre ambos que detectaron los investigadores.

Indagatorias

Durante la jornada de hoy se están desarrollando una serie de indagtorias en el caso. Entre ellas está la de Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, y ex titular de IECSA. Calcaterra es uno de los primeros arrepentidos del caso. Fue precisamente su declaración la que facilitó la salida de la cárcel de quien fuera su segundo en la constructora, Javier Sánchez Caballero, quien también será indagado nuevamente hoy.

PERFIL

Según informó el diario La Nación, el juez Bonadio ordenó que personal judicial les tocara el timbre a 74 empresas para pedirles documentación que acredite quiénes eran los ejecutivos entre 2003 y 2015. Todas accedieron.

La Justicia ya tiene en su poder gran cantidad de documentos secuestrados y en pocos días, más de 100 empresarios de la construcción de todo el país desfilarán por los Tribunales de Comodoro Py.

«Con esos movimientos del juez Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, no sólo están preocupados los hombres de la construcción sino también gobernadores e intendentes que también se pusieron inquietos», escribió La Nación.

Muchas de las 74 empresas visitadas por la Justicia son grandes contratistas en la obra pública y, claro está, aportantes para las campañas, por lo que el impacto del llamado a indagatoria no solo tendrá efectos jurídicos sino también políticos, resalta el mismo artículo de los periodistas Diego Cabot y Candela Ini.

En Chubut, las dos empresas en las que la Justicia requirió información son CPC y Burgwardt, dos constructoras con domicilio en Comodoro Rivadavia.

 

El Chubut

El 18 de diciembre pasado el financista Ernesto Clarens se presentó en el juzgado de Claudio Bonadio. Llegó a las 11 de la mañana porque había sido citado a esa hora. En la secretaría 21 del juzgado trabajaban en varias declaraciones al mismo tiempo. Clarens aguardó más de una hora sentado en un banco del pasillo del cuarto piso de Comodoro Py.  Se lo vio conversar amablemente para matizar la espera.

Pasadas las 12 ingresó al juzgado y brindó ante el juez y el fiscal Carlos Stornelli una explicación detallada de las planillas que había aportado cuando en agosto pasado había declarado como arrepentido en el Caso Cuadernos. En aquellas planillas el financista -a quien le confirmaron su procesamiento como organizador de la asociación ilícita que recaudaba coimas durante el kirchnerismo- había anotado los pagos de las empresas a partir de las obras que cada una había recibido.

Clarens recibía las coimas de las empresas en pesos, compraba dólares, ganaba su comisión y luego entregaba los dólares a Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner, y a José López, ex secretario de Obras Públicas durante los doce años del gobierno kirchnerista y encargado de manejar la relación con las empresas constructoras que obtuvieron millonarios contratos.

El martes pasado aportó más datos a pedido de los investigadores del caso. Hizo un amplio listado de personas con las que se contactaba para concertar los pagos. Entre ellos nombró a Ángelo Calcaterra como uno de los integrantes de la firma IECSA con los que acordaba los pagos. Los otros dos integrantes de esa compañía eran Javier Sánchez Caballero–procesado por el Caso Cuadernos- y Santiago Altieri, hombres de confianza de los dueños de la empresa.

En la declaración -a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales- Clarens nombró a los contactos de las empresas Roggio, Rovella Carranza, Juan Carlos Relats, Esuco y Cartellone, entre otras tantas. En esa declaración Clarens también se comprometió a aportar los nombres de los contactos de todos los que combinaban con él el pago de las coimas.

También señaló que había un grupo de empresas que obtenían millonarios contratos de obra pública que no pasaban por sus oficinas porque tenían línea directa con el kirchnerismo. En esa lista puso a “Electroingeniería, Vialco, CPC, Austral y Sucesión Biancalani”. Las primeras dos compañías estaban en manos de Gerardo Ferreyra, CPC pertenecía a Cristóbal López y las dos últimas a Lázaro Báez, empresarios ligados al kirchnerismo.

Clarens explicó cómo era el sistema para aparentar licitaciones cartelización-, cómo se instrumentaba la falsa competencia entre la empresas y cuánto tenía cada contrato en sobreprecio. Además señaló algunos casos en los que al no haber acuerdo, las compañías compitieron “de verdad” por las obras.

En las planillas Clarens también había anotado los montos que debían pagar las empresas que hacían obras en los corredores viales bajo la supervisión recaudatoria de Claudio Uberti, quien encabezó el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI). Aclaró Clarens que ese dinero no le llegaba a sus manos.

Cuando le preguntaron de dónde habían surgido los listados de las empresas de obra pública y sus pagos, Clarens dijo que “sé que circulaba en la Camarita, nunca supe quién lo confeccionaba, creo recordar que alguna vez, Perales -en referencia a Perales Aguiar- me pudo haber acercado estos listados. De todos modos, todos los integrantes de la Camarita contaban con estos listados y se valían de los mismos para lograr que le fueran otorgadas obras. En cuanto a las firmas o personas que integraban La Camarita, debo indicar que la totalidad de las empresas que figuran en el ránking eran quienes compraban los pliegos de las obras, pero reitero que las primeras 40 empresas eran las que definían, mayoritariamente, las asignaciones”. Clarens se refirió a Rodolfo Perales, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como “La Camarita” para diferenciarla de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Clarens había declarado que hizo aportes de campaña de dinero proveniente de coimas pagado por empresas que le entregó a López entre los años 2011 y 2013. En su última declaración agregó que en 2015, cuando se realizó la última campaña presidencial, le entregó dinero negro a López.

La última declaración de Clarens aportó varios nombres que si bien ya fueron indagados  y procesados en la primera parte del Caso Cuadernos,  pueden llegar a ser llamados nuevamente a declarar por uno de los tantos desprendimientos de la causa original: la cartelización de la obra pública civil. A pesar de la feria judicial se vaticina un verano movido en Comodoro Py.

 

 

Infobae

El juez Claudio Bonadio dictó además la falta de mérito del director de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, en el marco de la misma causa.

Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, fue procesado por orden del juez federal Claudio Bonadioen el marco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno por pago de sobornos en obra pública.

Vale recordar que por la causa ya estaba procesado Luis Betnaza, director de la compañía Techint, a quien Rocca le atribuyó la responsabilidad por el pago de las coimas durante el kirchnerismo.

De esta manera, para el juez quedó comprobado el pago de coimas por parte de esa compañía a exfuncionarios en el marco de la estatización de la empresa Sidor en Venezuela.

Asimismo, el magistrado dictó la falta de mérito para el director de Pampa Energía, Marcelo Mindlin.

El 5 de octubre pasado, al prestar declaración indagatoria ante Bonadio, Rocca dijo que no estaba al tanto de los pagos indebidos que admitió haber hecho al gobierno anterior el ejecutivo del grupo Luis Betnaza.

En su presentación ante el juez, Betnaza aseguró que mantuvo “varias reuniones” con la ex presidenta Cristina de Kirchner para solicitarle “al gobierno argentino que intercediera” como mediador ante el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por “el peligro de nacionalización” de una de las firmas que el holding.

Según el directivo, los pagos tuvieron que ver con una cuestión humanitaria para salvaguardar al personal que se desempeñaba en Sidor.

Al respecto, Rocca negó tener conocimiento de los sucesos, que atribuyó a Betnaza y a otro director de Techint, Héctor Zabaleta, quien en la causa tiene falta de mérito.

El dueño de Techint no aparece mencionado en los cuadernos del remisero Oscar Centeno, pero fue señalado por el financista Ernesto Clarens, quien también declaró ante el magistrado, por entregar supuestas coimas durante la gestión anterior.

ambito,com

La Justicia congeló hoy una cuenta en Suiza con 20 millones de dólares a nombre de Carlos Wagner, el ex jefe de la Cámara Argentina de la Construcción que está acusado de haber ocupado un lugar clave en la asociación ilícita de los cuadernos de la corrupción.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, el juez Claudio Bonadio dispuso embargar el dinero que hay en la cuenta, a raíz de un aporte de la Unidad de Información Financiera y su acuerdo de cooperación con las autoridades de Suiza.

Wagner es uno de los empresarios claves en la causa de los cuadernos. Como arrepentido, el empresario explicó cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos. También confesó que él mismo pagó coimas.

El empresario quedó procesado como miembro de la asociación ilícita. Pero los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron porque lo señalan como uno de los organizadores de la banda, algo que tendrá que revisar la Cámara Federal.

Wagner generó uno de los primeros cimbronazos en la causa judicial cuando describió las reuniones en la sede de la Cámara Argentina de Empresas Viales, donde se arreglaban las licitaciones públicas.

El empresario cercano a los Kirchner y amigo personal de Julio De Vido también fue uno de los primeros que dieron cifras concretas: dijo que los empresarios pagaban casi todo el anticipo, que rondaba entre el 10% y el 20% del monto total de la obra.

Infobae

La Justicia secuestró ayer más de 11.000 cheques por una suma superior a los $400 millones, ligados a la causa de la obra pública por la que en febrero enfrentará su primer juicio oral la ex presidenta Cristina Kirchner, como jefe de una banda que integraron el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros. Los enviados del juez Julian Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita se presentaron en las casas centrales de los bancos Macro y Santa Cruz, en el microcentro porteño, para secuestrar los cheques.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, de un muestrario del 35% de los cheques secuestrados se puede inferir que el dinero fue a parar a las cuentas de Ernesto Clarens, señalado como el financista de los Kirchner y ahora “arrepentido” en la causa de los cuadernos de la corrupción.

En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario de la firma Invernes SA, que pertenece a Clarens; y el secreto fiscal de la firma Juan Felipe Gancedo SA, una constructora de Viedma que creció durante la era K y que también aparece en la cadena de cobros.

Por las obras concedidas y pagadas a Lázaro Báez durante la gestión k en Santa Cruz, Cristina Kirchner, De Vido, el ex secretario de Obras Publicas José López, Carlos Kirchner –el primo de Néstor que está preso- y Báez, entre otros, enfrentarán a partir del 26 de febrero un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 2. Y aunque otras investigaciones indican que el dinero que Báez recibía volvía en “retornos” a la familia presidencial, a través de alquiler de propiedades como Los Sauces y Hotesur -por los que la ex presidenta y su familia también está procesada-, lo cierto es que el fiscal Pollicita puso ahora el foco en los mecanismos a través de los cuales se habría logrado, luego de un complejo proceso de ficticias intermediaciones comerciales y financieras, la libre disposición de una porción importante de esos fondos.

El análisis apuntó a las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Loscalzo y Del Curso, así como a la sucesión de Adelmo Biancalani, todas del grupo Austral, en donde se “podrían haber simulado costos inexistentes con el fin de generar una salida contable que les permitiera disponer ilícitamente de esos fondos”. Con esa hipótesis, se le pidió a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz que remitieran toda la información disponible sobre “cómo fueron abonados los anticipos financieros otorgados en las 51 obras públicas viales financiadas con fondos nacionales” de la causa conocida como obra pública, y que ya llegó a juicio.Con entrecruzamiento de datos contables, se detectaron las facturas apócrifas que tenían esas cuatro empresas. Y se interrogó a los funcionarios de la AFIP, Horacio Castagnola y Jaime Mecikovsky, que defendió Elisa Carrió en los últimos días.
Según se reconstruyó, los ingresos de Austral Construcciones “se originaban, en su abrumadora mayoría, en los pagos que la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz le giraban con motivo de las obras públicas viales irregularmente asignadas”, que provocaron un “millonario perjuicio al Estado”. Pero más de un cuarto de los ingresos fueron derivados hacia Gotti.

Los funcionarios de AFIP que declararon en la causa contaron cómo se impugnó como falsas operaciones de compra de Gotti entre 2003 y 2007 “por un total de 495 millones de pesos, a nombre de 96 proveedores”. Pero “cuando se inició la etapa del procedimiento administrativo conocida como fiscalización propiamente dicha -en la que Gotti pasó a intervenir activamente, presentando escritos y cuestionando el accionar de la AFIP-, se puso en marcha un conjunto de maniobras por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional tendientes a obstaculizar el avance de la fiscalización y remover a los funcionarios de AFIP comprometidos con ello”. Y luego de ello, dijo Pollicita ante Ercolini, la entonces presidenta Cristina Kirchner elevó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que preveía una moratoria general por evasión tributaria, la cual fue finalmente sancionada como Ley de Regularización Impositiva bajo el n° 26.476. Gotti se acogió a la moratoria.
La investigación detalló que “en el curso del procedimiento administrativo ante la AFIP la empresa GOTTI acompañó una copia del Contrato de Cesión de Cobranza suscripto entre dicha firma e Invernes SA, por medio del cual se acordó que esta última actuara como agente cobrador de las ventas y pagador de las compras de Gotti SA” y fue “por esa razón que las compras cuestionadas por la AFIP fueron abonadas mediante cheques girados contra cuentas bancarias a nombre de INVERNES SA”.

El fiscal también apuntó a la firma Juan Felipe Gancedo SA, una constructora patagónica a la que el propio Báez señaló en el inicio de la causa por la ruta del dinero k como una de las que había obtenido más obra pública que él. Carrió también la había denunciado en los inicios de su denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner.
El dictamen fiscal señaló también que “según explicaron los funcionarios de la AFIP que efectuaron las investigaciones contra Gotti SA en la Dirección Regional Comodoro Rivadavia, en el caso de la firma Juan Felipe Gancedo SA no sólo existía una matriz coincidente de proveedores apócrifos, sino que los cheques eran cobrados por las mismas cooperativas, a las cuales se había llegado a fiscalizar”.

En base a todo esto, se activaron los procedimientos en los bancos del microcentro por los que pasaron esos cheques y ayer quedaron secuestrados en la causa. Según señalaron las fuentes a Infobae, “se secuestraron once mil cheques en los procedimientos. Con solo dos mil cheques, aparece el 80% de los montos, arriba de $400 millones y de un muestrario del 35% de los cheques, se puede sospechar que la plata fue a parar a las cuentas de Clarens”.

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, sostuvo que la ex presidenta Cristina Kirchner debería perder los fueros parlamentarios para quedar “inmediata y efectivamente detenida”, una vez que ese Tribunal de apelaciones resuelva si confirma el procesamiento que se le dictó en la causa por los “cuadernos de la corrupción K”.

“Es precisamente la resolución de esa Cámara, un doble conforme”, dice Moldes, “la que habilitará, ante un más que previsible pedido de desafuero, la desafectación de ese resguardo para que la jefa de la asociación ilícita investigada y procesada en autos por ese grave ilícito resulte inmediata y efectivamente detenida”, sostuvo el fiscal en el dictamen presentado ante los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La sala I de la Cámara Federal inició ayer las audiencias para revisar el fallo del juez federal Claudio Bonadio, que procesó a la actual senadora de Unidad Ciudadana como supuesta jefa de una asociación ilícita con prisión preventiva, aunque esto último no se concretará mientras tenga fueros parlamentarios.

Los camaristas Bruglia y Bertuzzi escucharon en audiencia al abogado del detenido ex funcionario Rafael Llorens, quien pidió la excarcelación y reclamó que se dicte la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del arrepentido en el caso de los cuadernos del ex chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.

Según la agencia Télam, además fijarán un cronograma de audiencias para aquellos procesados cuyos abogados pidieron exponer de manera oral.

Moldes, por su parte, presentó un escrito en el que respaldó lo hecho por sus pares en la causa, Carlos Stornelli y Carlos Rivolo, y reclamó procesamientos por cohecho y que se ratifique en su mayor parte lo decidido por Bonadio.

Respecto al delito de cohecho, que los fiscales reclaman para algunos empresarios procesados por dádivas, Moldes sostuvo que “parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello, simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada”.

Para el fiscal ante la Cámara hubo “una clara existencia de un acuerdo venal y corrupto” con funcionarios del kirchnerismo en busca de un “lucro indebido” con la obra pública.

 

 

La Gaceta

El histórico recaudador del Frente Para la Victoria en Santa Cruz, Raúl Copetti, se entregó a la justicia luego de que el juez Claudio Bonadio ordenó su detención en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.

Copetti fue señalado en el expediente como parte del entramado de personas que participaron de la asociación ilícita destinada a la recaudación ilegal de fondos. La justicia quiere conocer cuál fue su verdadero rol en la organización que habría cobrado coimas de empresarios beneficiados con contratos de obra pública.

El historial judicial de Copetti no es el mejor: tiene denuncias por enriquecimiento ilícito y supuesto lavado. En su propiedad, los efectivos hallaron una gran cantidad de documentación, dinero en efectivo (US$ 90.000 y $2,5 millones), varios vehículos y también armas. En agosto, Periodismo Para Todos (PPT) había mostrado cómo era la mansión que el misterioso hombre construyó en Córdoba, provincia en la que decidió vivir tras un extraño robo en su casa de San Martín de los Andes.

El establecimiento posee un enorme cerco de seguridad que rodea a la propiedad y según los planos de la vivienda, Copetti se hizo construir una habitación de concreto. Los vecinos aseguraron que “le tenían miedo” y que incluso debe dinero a personas que trabajaron para él durante la construcción de la mansión.

Varios denunciantes lo señalaron como la persona que manejaba plata negra en el sur y que les llegó a descontar un porcentaje del sueldo a los empleados públicos provinciales, sin previo aviso y de forma compulsiva, para financiar las campañas electorales del partido de los Kirchner.

En rigor, Copetti incursionó en el rubro hotelero y turístico. Hasta fundó una firma dedicada a la pesca deportiva, su gran pasión.

Además del recaudador, fueron detenidos los dos exsecretarios privados del matrimonio Kirchner, Daniel Álvarez y Fabián Gutiérrez. Resta capturar a dos prófugos: Roberto Sosa y Ricardo Barreiro.

 

 

El Liberal

El juez federal Claudio Bonadio ordenó en las últimas horas la detención de dos exsecretario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que se sigue por las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.

Según publica Infobae, se trata de Fabián Gutiérrez y Daniel Álvarez, quienes fueron apresados en Río Gallegos.

Álvarez había sido mencionado por el expiloto del avión presidencial Sergio “Potro” Velásquez, quien relató a la Justicia varios viajes de Daniel Muñoz en los que el secretario privado de los Kirchner llevaba valijas con candados.

 

La Voz

La expresidenta Cristina Kirchner apeló su procesamiento como jefa de una asociación ilícita ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos del chofer y señaló que al pedir su desafuero el magistrado “agrede” a la democracia.

En un escrito presentado por el abogado Carlos Beraldi se indicó que el pedido de desafuero es una “agresión judicial al sistema democrático argentino”. Señaló además que la lectura del procesamiento, de más de 500 páginas es “agotadora” e “inútil” y sostuvo que el juez en su acusación es impreciso y que viola garantías constitucionales.

Según publicó el diario La Nación, la defensa de la exmandataria afirmó que el propio Bonadio escribió que “no se han constatado entregas de sumas ilegítimas a manos de la propia Fernández”, en alusión a Cristina Kirchner.

Y aseguró que, con esa frase, el magistrado reconoció que no hay elementos de prueba contra la exmandataria.

Señaló que en los cuadernos del chofer Oscar Centeno no aparece la expresidenta, sólo sus domicilios de la calle Uruguay y la quinta de Olivos, pero dijo que en esos registros hay anotaciones que se comprobaron que son falsas: apuntó a fechas, y montos de dinero, según lo que dijeron los arrepentidos, a quienes el juez le dio visos de certeza.

El defensor de Cristina Kirchner señaló que los cuadernos son fotocopias escritas por un chofer “que había sido declarado insano por la Justicia” en otra causa. Ademas, Beraldi afirmó que muchos de los empresarios mintieron. Destacó que el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, “insólitamente se presenta como un financista de las campañas del Frente para la Victoria”.

 

 

El Destape Web