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Cuadernos de las coimas

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La Justicia congeló hoy una cuenta en Suiza con 20 millones de dólares a nombre de Carlos Wagner, el ex jefe de la Cámara Argentina de la Construcción que está acusado de haber ocupado un lugar clave en la asociación ilícita de los cuadernos de la corrupción.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, el juez Claudio Bonadio dispuso embargar el dinero que hay en la cuenta, a raíz de un aporte de la Unidad de Información Financiera y su acuerdo de cooperación con las autoridades de Suiza.

Wagner es uno de los empresarios claves en la causa de los cuadernos. Como arrepentido, el empresario explicó cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos. También confesó que él mismo pagó coimas.

El empresario quedó procesado como miembro de la asociación ilícita. Pero los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron porque lo señalan como uno de los organizadores de la banda, algo que tendrá que revisar la Cámara Federal.

Wagner generó uno de los primeros cimbronazos en la causa judicial cuando describió las reuniones en la sede de la Cámara Argentina de Empresas Viales, donde se arreglaban las licitaciones públicas.

El empresario cercano a los Kirchner y amigo personal de Julio De Vido también fue uno de los primeros que dieron cifras concretas: dijo que los empresarios pagaban casi todo el anticipo, que rondaba entre el 10% y el 20% del monto total de la obra.

Infobae

La Justicia secuestró ayer más de 11.000 cheques por una suma superior a los $400 millones, ligados a la causa de la obra pública por la que en febrero enfrentará su primer juicio oral la ex presidenta Cristina Kirchner, como jefe de una banda que integraron el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros. Los enviados del juez Julian Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita se presentaron en las casas centrales de los bancos Macro y Santa Cruz, en el microcentro porteño, para secuestrar los cheques.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, de un muestrario del 35% de los cheques secuestrados se puede inferir que el dinero fue a parar a las cuentas de Ernesto Clarens, señalado como el financista de los Kirchner y ahora “arrepentido” en la causa de los cuadernos de la corrupción.

En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario de la firma Invernes SA, que pertenece a Clarens; y el secreto fiscal de la firma Juan Felipe Gancedo SA, una constructora de Viedma que creció durante la era K y que también aparece en la cadena de cobros.

Por las obras concedidas y pagadas a Lázaro Báez durante la gestión k en Santa Cruz, Cristina Kirchner, De Vido, el ex secretario de Obras Publicas José López, Carlos Kirchner –el primo de Néstor que está preso- y Báez, entre otros, enfrentarán a partir del 26 de febrero un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 2. Y aunque otras investigaciones indican que el dinero que Báez recibía volvía en “retornos” a la familia presidencial, a través de alquiler de propiedades como Los Sauces y Hotesur -por los que la ex presidenta y su familia también está procesada-, lo cierto es que el fiscal Pollicita puso ahora el foco en los mecanismos a través de los cuales se habría logrado, luego de un complejo proceso de ficticias intermediaciones comerciales y financieras, la libre disposición de una porción importante de esos fondos.

El análisis apuntó a las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Loscalzo y Del Curso, así como a la sucesión de Adelmo Biancalani, todas del grupo Austral, en donde se “podrían haber simulado costos inexistentes con el fin de generar una salida contable que les permitiera disponer ilícitamente de esos fondos”. Con esa hipótesis, se le pidió a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz que remitieran toda la información disponible sobre “cómo fueron abonados los anticipos financieros otorgados en las 51 obras públicas viales financiadas con fondos nacionales” de la causa conocida como obra pública, y que ya llegó a juicio.Con entrecruzamiento de datos contables, se detectaron las facturas apócrifas que tenían esas cuatro empresas. Y se interrogó a los funcionarios de la AFIP, Horacio Castagnola y Jaime Mecikovsky, que defendió Elisa Carrió en los últimos días.
Según se reconstruyó, los ingresos de Austral Construcciones “se originaban, en su abrumadora mayoría, en los pagos que la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz le giraban con motivo de las obras públicas viales irregularmente asignadas”, que provocaron un “millonario perjuicio al Estado”. Pero más de un cuarto de los ingresos fueron derivados hacia Gotti.

Los funcionarios de AFIP que declararon en la causa contaron cómo se impugnó como falsas operaciones de compra de Gotti entre 2003 y 2007 “por un total de 495 millones de pesos, a nombre de 96 proveedores”. Pero “cuando se inició la etapa del procedimiento administrativo conocida como fiscalización propiamente dicha -en la que Gotti pasó a intervenir activamente, presentando escritos y cuestionando el accionar de la AFIP-, se puso en marcha un conjunto de maniobras por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional tendientes a obstaculizar el avance de la fiscalización y remover a los funcionarios de AFIP comprometidos con ello”. Y luego de ello, dijo Pollicita ante Ercolini, la entonces presidenta Cristina Kirchner elevó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que preveía una moratoria general por evasión tributaria, la cual fue finalmente sancionada como Ley de Regularización Impositiva bajo el n° 26.476. Gotti se acogió a la moratoria.
La investigación detalló que “en el curso del procedimiento administrativo ante la AFIP la empresa GOTTI acompañó una copia del Contrato de Cesión de Cobranza suscripto entre dicha firma e Invernes SA, por medio del cual se acordó que esta última actuara como agente cobrador de las ventas y pagador de las compras de Gotti SA” y fue “por esa razón que las compras cuestionadas por la AFIP fueron abonadas mediante cheques girados contra cuentas bancarias a nombre de INVERNES SA”.

El fiscal también apuntó a la firma Juan Felipe Gancedo SA, una constructora patagónica a la que el propio Báez señaló en el inicio de la causa por la ruta del dinero k como una de las que había obtenido más obra pública que él. Carrió también la había denunciado en los inicios de su denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner.
El dictamen fiscal señaló también que “según explicaron los funcionarios de la AFIP que efectuaron las investigaciones contra Gotti SA en la Dirección Regional Comodoro Rivadavia, en el caso de la firma Juan Felipe Gancedo SA no sólo existía una matriz coincidente de proveedores apócrifos, sino que los cheques eran cobrados por las mismas cooperativas, a las cuales se había llegado a fiscalizar”.

En base a todo esto, se activaron los procedimientos en los bancos del microcentro por los que pasaron esos cheques y ayer quedaron secuestrados en la causa. Según señalaron las fuentes a Infobae, “se secuestraron once mil cheques en los procedimientos. Con solo dos mil cheques, aparece el 80% de los montos, arriba de $400 millones y de un muestrario del 35% de los cheques, se puede sospechar que la plata fue a parar a las cuentas de Clarens”.

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, sostuvo que la ex presidenta Cristina Kirchner debería perder los fueros parlamentarios para quedar “inmediata y efectivamente detenida”, una vez que ese Tribunal de apelaciones resuelva si confirma el procesamiento que se le dictó en la causa por los “cuadernos de la corrupción K”.

“Es precisamente la resolución de esa Cámara, un doble conforme”, dice Moldes, “la que habilitará, ante un más que previsible pedido de desafuero, la desafectación de ese resguardo para que la jefa de la asociación ilícita investigada y procesada en autos por ese grave ilícito resulte inmediata y efectivamente detenida”, sostuvo el fiscal en el dictamen presentado ante los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La sala I de la Cámara Federal inició ayer las audiencias para revisar el fallo del juez federal Claudio Bonadio, que procesó a la actual senadora de Unidad Ciudadana como supuesta jefa de una asociación ilícita con prisión preventiva, aunque esto último no se concretará mientras tenga fueros parlamentarios.

Los camaristas Bruglia y Bertuzzi escucharon en audiencia al abogado del detenido ex funcionario Rafael Llorens, quien pidió la excarcelación y reclamó que se dicte la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del arrepentido en el caso de los cuadernos del ex chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.

Según la agencia Télam, además fijarán un cronograma de audiencias para aquellos procesados cuyos abogados pidieron exponer de manera oral.

Moldes, por su parte, presentó un escrito en el que respaldó lo hecho por sus pares en la causa, Carlos Stornelli y Carlos Rivolo, y reclamó procesamientos por cohecho y que se ratifique en su mayor parte lo decidido por Bonadio.

Respecto al delito de cohecho, que los fiscales reclaman para algunos empresarios procesados por dádivas, Moldes sostuvo que “parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello, simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada”.

Para el fiscal ante la Cámara hubo “una clara existencia de un acuerdo venal y corrupto” con funcionarios del kirchnerismo en busca de un “lucro indebido” con la obra pública.

 

 

La Gaceta

El histórico recaudador del Frente Para la Victoria en Santa Cruz, Raúl Copetti, se entregó a la justicia luego de que el juez Claudio Bonadio ordenó su detención en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.

Copetti fue señalado en el expediente como parte del entramado de personas que participaron de la asociación ilícita destinada a la recaudación ilegal de fondos. La justicia quiere conocer cuál fue su verdadero rol en la organización que habría cobrado coimas de empresarios beneficiados con contratos de obra pública.

El historial judicial de Copetti no es el mejor: tiene denuncias por enriquecimiento ilícito y supuesto lavado. En su propiedad, los efectivos hallaron una gran cantidad de documentación, dinero en efectivo (US$ 90.000 y $2,5 millones), varios vehículos y también armas. En agosto, Periodismo Para Todos (PPT) había mostrado cómo era la mansión que el misterioso hombre construyó en Córdoba, provincia en la que decidió vivir tras un extraño robo en su casa de San Martín de los Andes.

El establecimiento posee un enorme cerco de seguridad que rodea a la propiedad y según los planos de la vivienda, Copetti se hizo construir una habitación de concreto. Los vecinos aseguraron que “le tenían miedo” y que incluso debe dinero a personas que trabajaron para él durante la construcción de la mansión.

Varios denunciantes lo señalaron como la persona que manejaba plata negra en el sur y que les llegó a descontar un porcentaje del sueldo a los empleados públicos provinciales, sin previo aviso y de forma compulsiva, para financiar las campañas electorales del partido de los Kirchner.

En rigor, Copetti incursionó en el rubro hotelero y turístico. Hasta fundó una firma dedicada a la pesca deportiva, su gran pasión.

Además del recaudador, fueron detenidos los dos exsecretarios privados del matrimonio Kirchner, Daniel Álvarez y Fabián Gutiérrez. Resta capturar a dos prófugos: Roberto Sosa y Ricardo Barreiro.

 

 

El Liberal

El juez federal Claudio Bonadio ordenó en las últimas horas la detención de dos exsecretario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que se sigue por las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.

Según publica Infobae, se trata de Fabián Gutiérrez y Daniel Álvarez, quienes fueron apresados en Río Gallegos.

Álvarez había sido mencionado por el expiloto del avión presidencial Sergio “Potro” Velásquez, quien relató a la Justicia varios viajes de Daniel Muñoz en los que el secretario privado de los Kirchner llevaba valijas con candados.

 

La Voz

La expresidenta Cristina Kirchner apeló su procesamiento como jefa de una asociación ilícita ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos del chofer y señaló que al pedir su desafuero el magistrado “agrede” a la democracia.

En un escrito presentado por el abogado Carlos Beraldi se indicó que el pedido de desafuero es una “agresión judicial al sistema democrático argentino”. Señaló además que la lectura del procesamiento, de más de 500 páginas es “agotadora” e “inútil” y sostuvo que el juez en su acusación es impreciso y que viola garantías constitucionales.

Según publicó el diario La Nación, la defensa de la exmandataria afirmó que el propio Bonadio escribió que “no se han constatado entregas de sumas ilegítimas a manos de la propia Fernández”, en alusión a Cristina Kirchner.

Y aseguró que, con esa frase, el magistrado reconoció que no hay elementos de prueba contra la exmandataria.

Señaló que en los cuadernos del chofer Oscar Centeno no aparece la expresidenta, sólo sus domicilios de la calle Uruguay y la quinta de Olivos, pero dijo que en esos registros hay anotaciones que se comprobaron que son falsas: apuntó a fechas, y montos de dinero, según lo que dijeron los arrepentidos, a quienes el juez le dio visos de certeza.

El defensor de Cristina Kirchner señaló que los cuadernos son fotocopias escritas por un chofer “que había sido declarado insano por la Justicia” en otra causa. Ademas, Beraldi afirmó que muchos de los empresarios mintieron. Destacó que el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, “insólitamente se presenta como un financista de las campañas del Frente para la Victoria”.

 

 

El Destape Web

Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, fue detenido esta mañana en la zona de Barrio Norte, en esta capital, en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el hasta ahora prófugo fue detenido en un departamento de Uriburu 1044 por parte de efectivos de la Policía Federal.

 

 

Diario 26

Tras el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, criticó al juez Claudio Bonadio al considerar que se trata de “un fallo tribunero”.

El defensor de la exjefa de Estado sostuvo que la resolución es “arbitraria” y adelantó que apelará la decisión judicial. “El primer agravio es que no tiene contenido jurídico, se apoya en pruebas que no son validas, declaraciones de arrepentidos y después seguiremos con las cuestiones que el Juez no era el que debía actuar”, expresó en diálogo con La Red.

En ese sentido, agregó: “Tengo la obligación como abogado defensor de apelar, presentaremos un escrito indicando los motivos que consideramos que el Juez asintió de manera equivocada”.

Por otra parte, Beraldi sostuvo que “es innegable que el proceso tiene naturaleza política” y argumentó sus dichos al asegurar que “el juez lo muestra cuando dice que la plata era para los planes sociales, para la gente humilde”.

En cuanto al embargo que el magistrado trabó sobre la exmandataria, Beraldi sostuvo que de acuerdo a la cotización del dólar son “4 mil millones de pesos” y criticó nuevamente a Bonadio. “Cristina ya tiene todo embargado en otras causas, comete la torpeza de embargar la jubilación, que no es embargable”, afirmó.

Por último, cuando fue consultado sobre si Cristina Kirchner pudo haberse enterado del sistema de recaudación ilegal, Beraldi respondió: “La prueba es tan endeble que no se puede considerar si existió o no, su hubo procesos de corrupción deben ser sancionados”.

 

 

La Prensa

Mendocino pero radicado en Rawson por años, Ivanissevich fue procesado sin preventiva junto a otros 41 empresarios en la llamada Causa de los Cuadernos. Construyó el gasoducto patagónico durante el kirchnerismo y se asoció con el Gobierno de Chubut, durante la gestión Das Neves, para el proyecto Ingentis que nunca se concretó y que motivó una denuncia penal de nulo avance en la Justicia de Chubut.

El empresario al ser indagado por el juez Claudio Bonadío admitió que pagó 500.000 pesos a pedido del ex funcionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, para la campaña de 2009, pero no dijo haber sido extorsionado. Según declaró, después de la entrega exigió un recibo que nunca le fue entregado.

Sobre el gasoducto patagónico, el radical Carlos Lorenzo cuando era legislador provincial había denunciado que la obra se adjudicó por 243 millones de pesos, cuando seis meses antes había sido presupuestada en 180 millones de pesos y aportó, además, pruebas del modo en que la obra se otorgó a la empresa Emgasud de modo directo. También denunció que el gasoducto fue entregado con 40 kilómetros menos que se había pagado pero no realizado.

Ivanissevich con Emgasud fue el accionista privado mayoritario, con el 61%, de Ingenitis que suscribió con el entonces gobernador Mario Das Neves, en abril de 2007, y que se convertiría en el primer polo de ciclo combinado de América Latina para generar energía eléctrica. El primer paso era la construcción de una central en Dolavon. Se prometió una inversión de 509 millones de dólares y promesas de más de 1.000 empleos, una vez concluidas todas las etapas.

A fines de julio pasado, el diputado provincial Blas Meza Evans se refirió al malogrado megaemprendimiento y lo calificó «como la gran estafa que le han hecho a los chubutenses».

Recordó que el proyecto Ingentis «nunca fue puesto en marcha, fracasó y terminó con el retiro de todos los bienes y todo el dinero que había en la empresa por parte de Pampa Energía. Nos dejaron solamente una tranquera en Dolavon y una turbina en Estados Unidos que la vamos a perder por la falta de pago de los seguros».

Recordó, desde su banca en sesión legislativa, que a pesar de las pruebas que demostraban que Ingentis «había sido vaciada», el expediente «nunca se movió» y recalcó hasta la existencia «de un dictamen de una contadora designada por el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena», que ratificaba todo lo presentado en la denuncia».

 

 

Radio 3

El diputado desligó a su madre ante la acusación como arrepentido que hizo el exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo.

La declaración del exsecretario de Obras Públicas José López como imputado colaborador fue contundente: confesó que los 9 millones de dólares encontrados en el convento de General Rodríguez pertenecían a la expresidenta Cristina Kirchner. El diputado del FpV Máximo Kirchner rechazó de plano la acusación del exfuncionario kirchnerista : “Es obvio que no”, manifestó.

Tras desmentir a José López, Máximo Kirchner recordó que le “inventaron no sé cuántas tapas diciendo que tenía millones de dólares con Nilda Garré en Estados Unidos” y vinculó la declaración a poderes fácticos: “A esta altura de la situación hay que tener mucha paciencia porque los factores de poder juegan en la Argentina que estamos viendo hoy”, indicó en radio El Destape.

Según publicó este domingo el periodista Joaquín Morales Solá en La Nación, en el marco de la causa por los cuadernos de las coimas, el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo admitió ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que el dinero de los bolsos pertenecía a la expresidenta Cristina Kirchner.

De acuerdo a la declaración de López, el dinero se lo habría entregado el exsecretario privado de la actual senadora, Fabián Gutiérrez, quien también enfrentó un juicio por enriquecimiento ilícito por haber aumentado su patrimonio en más del 700%. El pedido que le había dado en nombre de Cristina era simple: cambiar el escondite de los dólares.

Sin embargo, la encomienda desconcertó al exsecretario de Obras Públicas cuando llegó a su casa. López contó que no sabía qué lugar seguro podía encontrar para esconder los dólares y las joyas, hasta que se acordó del convento de monjas. El monasterio había recibido varias donaciones de exfuncionarios kirchneristas, entre los que se encontraban el propio López y Julio De Vido.

Elecciones e inflación
De cara a la contienda electoral de 2019, Máximo planteó que el escenario de una PASO entre las diferentes facciones del peronismo es “deseable, pero tiene que haber un mínimo común denominador en lo que se quiere”. “Tiene que ser una PASO lógica. Nosotros no queremos reconstruir lo que fue, queremos construir lo que viene”, indicó.

El diputado reconoció que durante el kirchnerismo la inflación fue un problema, pero fue magnificado: “Uno hubiese deseado que fuera menor, pero fue un problema sobredimensionado. En términos económicos neoliberales, cualquier número es alto de inflación. Fue un problema sobredimensionado y ahora mal resuelto”, agregó.

“Él (por Mauricio Macri) decía que con un chasquido de dedos se solucionaba la inflación, y ¡no! Nosotros entre la paz de los cementerios y la tensión de los precios, elegimos la tensión y la administración del Estado”, cerró.

TN