Tag

cuadernos

Browsing

La medida fue tomada por la sala del tribunal penal y lleva la firma de los juecez Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso hoy el cese de la prisión preventiva que pesaba sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa de los Cuadernos, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, cuyos integrantes entendieron, entre otras cuestiones, que no se verifican los riesgos de fuga o de entorpecimientos de la investigación invocados para una medida de ese tipo.

Tras el fallo firmado por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña no quedan prisiones preventivas pendientes de ejecuciones contra la ex mandataria, según pudo saber este medio.

La prisión preventiva sujeta al desafuero de la entonces senadora Fernández de Kirchner había sido dispuesta por el extinto juez Claudio Bonadio en septiembre del 2018 en el marco de la causa de los Cuadernos.

Bonadio también le había dictado la prisión preventiva en el marco de la causa por la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, medida que quedó sin efecto en diciembre pasado.

La Justicia designó un interventor informante para una red de farmacias patagónicas vinculadas a las supuestas maniobras de lavado de activos adjudicadas al entorno del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.

Se trata de las sociedades farmacéuticas «Del Pueblo SA», «Del Sur SA», «Farmacia Río Turbio SCS», «Farmacia Moderna SCS», «Llaneza Hermanos SA», «Llaneza y Asociados SA», «Llaneza y Asociados Río Grande SA», «Llomar SRL», «Patagonia Sur Salud SA» y «Santa Cruz Salud SA».

Sus representantes legales, los hermanos Rubén y Leonardo Llaneza, están procesados como presuntos coautores de «lavado de activos de origen delictivo agravado» en la derivación del caso cuadernos que investiga a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti y su supuesta red de testaferros.

El interventor informante fue designado por 12 meses con posibilidad de prórroga por el juzgado de Claudio Bonadio, en una decisión avalada por la Cámara Federal.

Para intervenir las sociedades farmacéuticas, se sostuvo que «en virtud de la investigación llevada a cabo, podía sostenerse que parte de los bienes y sociedades propiedad de los nombrados habrían sido adquiridos con dinero espurio o podrían haber sido utilizados para el lavado de dinero, por lo cual resultaba prudente designar un interventor informante en las empresas».

El interventor deberá confeccionar primero un «informe de situación económica de las firmas al comienzo de la actividad, dando cuenta de la composición societaria y patrimonial y movimientos financieros» y luego enviar informes cada 30 días.

La defensa de los dos empresarios intentó sin éxito revocar la medida porque, argumentó, «es falso lo señalado» en cuanto al origen del dinero utilizado para la adquisición de las empresas. Según esta postura, Muñoz y Pochetti «no invirtieron fondos» en las farmacias sino que el fallecido ex secretario de Kirchner, «sólo compró acciones de algunas sociedades» y el dinero de esa compra «quedó en manos de los accionistas y no de las firmas en cuestión».

Además aludieron a falta de definición de las tareas encomendadas al interventor informante.

La Cámara ratificó el nombramiento. «La medida dispuesta resulta razonable, ante la necesidad de asegurar los elementos de prueba y demás fines del proceso».

En esta parte de la investigación se analiza la «posible» participación de los Llaneza y los demás imputados en la hipótesis delictiva: la adquisición de las firmas con «dinero espurio o su utilización para el lavado de dinero». Aparecieron como socios de otro procesado, Temístocles Cortez.

«El camino comercial de ambos indica que el ex secretario del presidente Kirchner se asoció con Cortez y los socios de éste -Rubén y Leonardo Llaneza-, al instituirse en accionista del grupo «Llaneza y asociados». De este modo, mediante el aporte de U$S 3.000.000, cuyo destino fueron diversas cuentas suizas, Muñoz se vinculó al rubro farmacéutico en el sur de la Argentina», sostuvo la Cámara cuando confirmó los procesamientos.

La Justicia confirmó hoy que son originales los seis cuadernos del remisero Oscar Centeno, en donde figuran sus anotaciones sobre viajes con exfuncionarios kirchneristas para cobrar sobornos de parte de contratistas del Estado.

El material lo aportó este mediodía en los tribunales el periodista Diego Cabot, después de haberlo recibido anoche por parte de una persona anónima en un local situado a unas 15 cuadras de la redacción del diario. Cabot declaró hoy ante el fiscal Carlos Stornelli en qué circunstancias se produjo ese encuentro. Más tarde, el mismo Stornelli confirmó la autenticidad de los seis ejemplares. «Hay un alto grado de certeza de que los cuadernos son los originales».

Los cuadernos son los mismos que el propio Cabot tuvo en sus manos entre enero y abril de 2018 y que dieron origen a la causa de las coimas, por la que están procesados Cristina Kirchner y el exministro Julio De Vido, junto a más de un centenar de exfuncionarios y empresarios de primera línea. Coinciden con los anotadores identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8.

Al ser detenido en la causa que instruye el juez Claudio Bonadio, Centeno declaró el año pasado que había quemado los cuadernos originales cuando sospechó que retenerlos podía traerle complicaciones con el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, para quien trabajó como chofer durante toda la era kirchnerista.

La aparición del grueso de los cuadernos originales no implicaría necesariamente un cambio en la situación procesal de los acusados, ya que la Justicia considera probada la veracidad de las anotaciones de Centeno y de los hechos ilícitos reflejados allí, a partir de la confesión del propio remisero y de la admisión de los pagos ilegales que hicieron decenas de empresarios involucrados. Pero sí tendría un fuerte impacto político, al refutar la tesis kirchnerista de que lo único que hay en la causa como prueba son «fotocopias».

Cabot entregó hoy los seis cuadernos al fiscal Stornelli para que se incorporen al expediente.

Los ocho cuadernos originales habían llegado a manos del periodista de LA NACION a principios de 2018. Se los dio Jorge Bacigalupo, un amigo personal de Centeno a quien el chofer le había confiado la custodia de ese material por miedo a sufrir un allanamiento judicial. Cabot trabajó con ese material, lo fotografió página por página y chequeó minuciosamente el contenido con muchos de los involucrados. Su fuente le reclamó que los devolviera tiempo después, porque Centeno -sin saber que estaban en poder de un periodista- se los pedía insistentemente.

La Justicia empezó a intervenir en abril de aquel año, cuando el periodista entregó su investigación y las pruebas que había conservado. El 1° de agosto Stornelli y Bonadio iniciaron una serie de operativos que derivó en decenas de detenciones y abrió la puerta a 23 acusados arrepentidos.

En septiembre, Bonadio elevó a juicio oral el tramo principal de la causa de los cuadernos. Acusó a 53 personas, entre exfuncionarios y empresarios, incluida la expresidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner. A ella la señala como jefa de una asociación ilícita. Esta misma semana la Cámara Federal confirmó la validez jurídica de las declaraciones como arrepentidos de 31 de los involucrados.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que Bonadio «ha dado cumplimiento» a lo dispuesto en la ley 27304, conocida como la ley del arrepentido «en cuanto a corroborar el cumplimiento de las obligaciones que los imputados arrepentidos contrajeron en el marco del acuerdo de colaboración» que firmaron. «Especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que han proporcionado», destacaron los jueces.

 

La ex senadora de la Nación dijo a Cadena 3 que la denuncia del Gobierno nacional ante la Justicia de EE.UU. por la venta de la compañía argentina se tendría que haber usado «desde el día uno».

La ex senadora de la Nacion, María Eugenia Estenssoro, consideró que llega demasiado tarde la denuncia del Gobierno ante la Justicia de Estados Unidos por la «fraudulenta» venta del 25% de las acciones de la petrolera YPF -en el marco del juicio iniciado por un fondo buitre que pretende cobrar u$s 3.000 millones por la «expropiación» de la principal compañía argentina- .

En diálogo con Cadena 3, la ex legisladora señaló que «esta carta se tendría que haber usado hace tres años» por el procurador de la Nación y los abogados de YPF para que «haya una investigación fuerte que dispare las alarmas en Estados Unidos y se dieran cuenta de que no se trata de una estatización de acciones -que es lo que reclaman las empresas Petersen-, sino que son empresas fantasmas creadas por el grupo Eskenazi para quedarse con la mayor petrolera del país sin poner plata».

«Es un fraude escandaloso que sigue impune en Argentina y todo demuestra que vamos a tener que pagar 3 mil millones de dólares a un grupo empresario que tendría que estar en la cárcel», lamentó.

Según explicó Estenssoro, «se trató de una maniobra fraudulenta para que los amigos y testaferros (de los Kirchner) compraran YPF».

«Este fraude es mucho mayor que el de los Cuadernos», remarcó.

«En el año 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner refrendó un acuerdo entre Repsol -que era accionista de casi el 100% de YPF- y el grupo Petersen de la familia Eskenazi, dueños del banco de Santa Cruz. Néstor Kirchner ideó esta maniobra para reestatizar YPF y que Eskenazi comprara el 25% sin poner plata», recordó.

«El tema es que los Eskenazi adquirieron el 25% de YPF con 3.500 millones de dólares, cuya mitad se lo prestó Repsol y un consorcio de bancos internacionales. Acordaron que iban a retirar el 90% de las ganancias de la empresa y de años anteriores», agregó.

Y recapituló: «Fue una maniobra fraudulenta porque no Enrique y Sebastián Eskenazi no tenían ninguna experiencia en petróleo ni dinero, y así fue como compraron YPF».

Estenssoro, señaló que cuando Cristina Fernández decide estatizar YPF, Axel Kicillof va al Senado y «hablando de manera soberbia dice que no íbamos a pagar ni un peso por YPF y que los españoles nos iban a indemnizar a nosotros y no fue así».

«Las empresas Petersen entran en quiebra en España y este fondo inglés (Burford) compra la quiebra para litigar en Estados Unidos contra YPF y el Estado argentino y el Gobierno de 2016 en adelante tiene que hacerse cargo de esta nueva deuda», contextualizó.

«Ahora las empresas Petersen en la quiebra piden 3 mil millones de dólares adicionales por su parte y hasta ahora Argentina dijo que el juicio debería hacerse en Argentina y no en Nueva York donde cotizan las acciones de YPF, pero la Justicia americana en tres instancias dijo que no que la jurisdicción es esa», manifestó.

En este marco consideró que la nueva denuncia del Gobierno nacional que sostiene que el grupo Eskenazi adquirió de manera fraudulenta YPF «llega tarde porque debería haberse hecho desde el día uno».

«El Gobierno argentino se tendría que haber presentado como un querellante muy activo en la causa donde este fraude se denunció desde 2008, que están dormidas en el juzgado de Ariel Lijo», evaluó.

«En los tribunales acá no pasa nada y el Gobierno no hizo nada significativo como se hizo en las denuncias de fraude en la obra pública, por eso es demasiado tarde», cuestionó.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Adrián Simioni

Cadena3

El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este martes la elevación parcial para que vaya a juicio oral la causa de los cuadernos por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, un caso que estalló en agosto pasado y derivó en una lluvia de empresarios y ex funcionarios arrepentidos, y sacudió el mundo político y económico, sea elevada a juicio oral y público.

En un escrito de 678 páginas –las mismas que requirió el último procesamiento de Claudio Bonadio sobra la cartelización de publica-, la fiscalía -a cargo de Stornelli y del fiscal Carlos Rívolo- pidió mandar a juicio por como jefa de una asociación ilícita a la ex presidente Cristina Kirchner, y como organizadores de esa banda al ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y al financista Ernesto Clarens.

A José López, el ex secretario de Obras Públicas condenado por enriquecimiento ilícito que se convirtió en arrepentido, la fiscalía lo consideró un miembro más -pese a la que la Cámara Federal lo consideró a la hora de los procesamientos un organizador-.

«López, (los ex funcionarios de Planificación) Rafael Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Nelson Lazarte,  (el chofer) Centeno, (los empresarios de Electroingeniería) Gerardo Ferreyra, Germán Nivello y (el ex director de Yaciretá) Oscar Thomas resultaron ser miembros porque, a diferencia de otros imputados, cumplían ciertas directivas dependiendo del rubro en el que se encontraban. Sobre todo de los organizadores, quienes al esquematizar parte de la asociación tenían más conocimiento acerca de las demás actividades que se desarrollaban», se afirmó.

El fiscal apuntó por cohecho activo (haber pagado coimas) a los empresarios Angelo Calcaterra, Hector Sánchez Caballero, Juan Carlos De Goycoechea, Armando Loson, Néstor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Aldo Roggio, Alejandro Ivassinevich, Raúl Vertua, Benjamin Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raúl Copetti, Rubén Aranda, Carlos Mundín, Miguel Angel Marconi y  Claudio Glazman.

Por haber recibido dinero (cohecho pasivo) se pidió mandar a juicio al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su asesor Hugo Larraburu; y a los ex funcionarios de Planificación Hernán Gómez, Fabián Ramón y Walter Fagyas, junto al remisero Hernán del Río.

«En esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo», sostuvo el dictamen al que accedió Infobae.

Stornelli dejó afuera de este tramo a los empresarios de  Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, éste último quien había declarado como arrepentido al momento de ser arrestado-. Según se explicó, el Ministerio Público promovió profundizar qué había sucedido en Venezuela, en sintonía con lo que había dicho la Cámara Federal al desprocesar a Paolo Rocca. De acuerdo a las fuentes judiciales, esas situaciones quedan pendientes para más adelante. Los empresarios de Techint afirmaron que habían pagado coimas «para salvaguardar la integridad física y la repatriación de más de 200 empleados del grupo y sus familiares en Venezuela, que vivían un contexto amenazante durante el proceso de nacionalización y traspaso hostil de SIDOR por parte del régimen chavista»

Stornelli tampoco se pidió elevar a juicio a Aldo Padoan y a Manuel Santos Uribelarrea. Y se dejó para considerar más adelante (cuando se revise el tema de la concesionarios viales) la situación de Juan Chediack, quien también habían sido arrepentido en el caso y fue procesado en ese tramo de la investigación.

Por último, se pidió mandar a juicio por encubrimiento a los ex secretarios de Néstor y Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez y Daniel Alvarez. Y por tenencia de arma a Fagyas, Otero y Copetti -halladas durante los allanamientos-.

La banda. «La asociación ilícita que funcionó entre los años 2003 y 2015 tuvo como finalidad organizar un sistema de recaudación de dinero ilegal, de manera tal que les permitiera enriquecerse y utilizar, parte de esos fondos, para la comisión de otros planes delictuales», dijo la fiscalía. «Para cumplir con ese objetivo, los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional. Para cumplir con el objetivo se recurrió a la utilización de distintos vehículos oficiales, asignados a dependencias estatales, que eran utilizados en el circuito diagramado para la recolección del dinero facilitado por los privados», afirmó.

Los negocios. A criterio del Ministerio Público, «funcionarios públicos que se desempeñaban en el mismo poder, y/o sus secretarios y/o colaboradores, fueron los encargados de efectuar cada uno de los recorridos predeterminados, que tenían como fin dirigirse a las sedes sociales de las compañías y/u otros lugares establecidos, para poder efectivizar cada una de las transacciones». «Todos esos acontecimientos tuvieron su razón de ser en los réditos que los empresarios obtenían a través de las promesas realizadas por los representantes gubernamentales, puesto que tenían capacidad funcional para incidir legalmente en las licitaciones, otorgamientos de obras, subsidios y/o pagos que los empresarios aguardaban». El dictamen afirmó que «en esas líneas escritas por Oscar Centeno surge que hubo una gran cantidad de transacciones entre los empresarios y referentes de los funcionarios públicos que lideraron y organizaron la agrupación» y «en efecto, Daniel Muñoz, en su carácter de Secretario Privado del ex Presidente Néstor Kirchner, aparece en reiteradas ocasiones, a punto de erigirse como un denominador común entre los años 2008 y 2010, recibiendo el dinero obtenido a través de ese mecanismo de recaudación ilegal instaurado desde el Poder Ejecutivo Nacional en los domicilios presidenciales de calle Uruguay N° 1306 de esta ciudad y en la Quinta Presidencial de Olivos».

Los integrantes de la banda. La fiscalía aseguró que «los elementos de prueba recolectados han permitido demostrar con la certeza que esta etapa procesal impone que Cristina Elisabet Fernández, Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Ernesto Clarens, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Bernardo Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, German Ariel Nivello, y Oscar Alfredo Thomas intervinieron en una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015». Y aseguró que «su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».

«La jefa». Con estas palabras, el fiscalía describe el rol de la ex presidenta.  Le adjudicó 40 hechos de coimas. «La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner –respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-, y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente. La organización fue diagramada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo de la Nación». A lo largo del escrito, detalló que se dio por probada la seguidilla de «cohechos pasivos» que se le achacan a la hoy precandidata a la vicepresidenta del «Frente de Todos»

Los organizadores. En ese lugar la fiscalía colocó a De Vido y Baratta, tal como era el procesamiento inicial de Bonadio en setiembre pasado, e incluyó a Carlos Guillermo Enrique Wagner, por entonces Presidente de la Cámara de Construcción durante el periodo comprendido entre los años 2004 al 2012, y Presidente del directorio de la firma ESUCO S.A., y Ernesto Clarens, financista. Cada uno ellos, desde los cargos que ocupaban, actuaron en su establecimiento y ordenamiento, y se encargaron de que se realizaran los cobros comprometidos.

Las coimas. «En la causa se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio, lo que descartó, desde un primer momento, la posibilidad de que hayan sido efectuados simplemente por el cargo que detentaban», se sostuvo. Y se añadió «ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios».

«Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados», señaló. Indicar que Centeno detallo montos y monedas en sus anotaciones y en otros casos fueron los propios arrepentidos los que dieron esos detalles. «Ambos bandos negociaron, espontánea y voluntariamente, y acordaron un pacto respecto del cual sabían que les iba a generar beneficios económicos recíprocos», se sostuvo.

Tras la elevación parcial hecha por el fiscal Stornelli se espera ahora que hagan sus presentaciones las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Luego, llegará el turno de que las defensas opinen si la investigación está terminada y qué piden. Será el juez Claudio Bonadio el que formalice el pase del caso a un tribunal oral.

 

 

infobae

Se conoció la declaración que el detenido hizo el domingo ante el juez. Dijo que le hicieron “una cama”, que fue víctima de “una operación”.

El detenido Marcelo D’Alessio aseguró que Carlos Stornelli “no tiene nada que ver” con el supuesto pedido de 300.000 dólares a un empresario a cambio de que el fiscal federal lo desvinculara de la causa penal conocida como “los cuadernos de la corrupción”.

D’Alessio fue denunciado por presunta extorsión por el empresario Pedro Etchebest, a quien le habría pedido el dinero en nombre del fiscal, para que el representante de ministerio público lo favoreciera en el sumario que instruye el juez federal Claudio Bonadio.

“Stornelli no tiene la más puta idea (sic) de todo esto”, afirmó el imputado en la declaración que se conoció hoy, brindada el domingo último, cuando fue indagado en la localidad bonaerense de Dolores por el juez federal Alejo Ramos Padilla, según informaron fuentes judiciales.

D’Alessio dijo que le hicieron “una cama”, que fue víctima de “una operación” y aseguró que un “alto directivo” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le había encargado que averiguara “de dónde venía la plata” para el pago de “retornos” durante el gobierno anterior, supuesta investigación a la que se refirió como “la ruta inversa del dinero K”.

Afirmó que el “alto directivo” de la AFI “recibía copia de todo lo que tenía que ver con el tema Etchebest, yo tenía que reportarle todo”.

“Si hacía bien ese trabajo iba a ser director de Asuntos Complejos de la AFI”, expresó D’Alessio y agregó: “No le quise sacar un centavo a ese hombre (Etchebest)”, en contra de la versión brindada por el denunciante sobre la entrega de sumas parciales.

D’Alessio, quién se presentó como consultor cuando se le preguntó la profesión, justificó luego la presentación del habeas corpus porque, enfatizó, en una cárcel federal aparecerá “suicidado o muerto”.

“Le solicito que me deje ir a mi casa, póngame una tobillera, le estoy contando todo, no soy un extorsionador, solo quiero abrazar a mis hijos”, pidió en reiteradas oportunidades al juez, pero el fiscal general de Dolores, Juan Pablo Curi, presente en el acto, se opuso.

“Quiero empezar una vida nueva, me voy a cambiar el nombre cuando todo esto termine”, manifestó D’Alessio, quien a cambio de que lo mandaran a la casa, con custodia de fuerzas de seguridad, había prometido facilitar el código de un teléfono móvil (Samsung Iphone X), incautado en el operativo judicial en su vivienda.

Etchebest denunció que el 8 de enero último D’Alessio viajó con él a Pinamar donde se encontraría con Stornelli en una confitería del balneario “CR”.

En el lugar, según el denunciante, se convino el monto a entregar –“300”- de acuerdo un manuscrito que, según el empresario, D’Alessio le atribuyó a Stornelli, quien si bien estaba en la confitería, no participó de las conversaciones porque el “consultor” se iba a ocupar personalmente de “Pedro”.

Según la denuncia, el acuerdo habría quedado sellado cuando Etchebest se cruzó con Stornelli (que le había sido presentado por el indagado) y se dieron la mano, pero D’Alessio expuso que el encuentro fue por casualidad.

Por otra parte D’Alessio dijo que “a (Roberto) Baratta nunca lo vi en mi vida”, con referencia al ex secretario del Ministerio de Planificación Federal, detenido en la causa de los “cuadernos” sindicado como uno de los recaudadores de las coimas de empresarios a funcionarios.

Río Negro

El funcionario judicial que interviene en el caso de los Cuadernos se refirió a una investigación en su contra que instruye un integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

El fiscal federal Carlos Stornelli aseguró que es víctima de una «operación política berreta» en su contra al ser consultado sobre una denuncia publicada en un blog.

De acuerdo al artículo, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla investiga una denuncia contra Stornelli por una presunta extorsión para evitar involucrar en la causa de los cuadernos al empresario Pedro Etchebest. Se señala como intermediario de la maniobra a Marcelo D’Alessio, a quien identifican como un abogado cercano al fiscal y representante de la DEA en Buenos Aires.

«D’Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. No sé a qué responde todo esto. El denunciante es una persona que no conozco y que ni siquiera está nombrada en la causa de los cuadernos», explicó Stornelli en diálogo con radio Mitre.

Y agregó: «Calculo que todo esto debe tener el objetivo de dañar, de ensuciar, de embarrar la cancha, de desprestigiarme y de sacarme de la causa de los Cuadernos».

D’Alessio también descartó de plano la versión. Negó nexos con Stornelli y con la agencia norteamericana de lucha contra el narcotráfico, y contó que simuló el cobro de una coima como parte de una investigación para determinar dónde se encuentra el dinero negro vinculado a hechos de corrupción.

«Se le pidió el dinero para ver de dónde sale. No es lo mismo que diga que lo tiene en una caja de seguridad, que lo tiene en un banco de Estados Unidos o que lo tiene escondido en tal lugar. Fue una técnica que utilicé para saber la verdad. A mí me obsesiona saber dónde está el dinero que está faltando», explicó.

La denuncia por extorsión, que fue difundida en el blog del ex jefe de inteligencia de Montoneros Horacio Verbitsky, podría tener detrás una trama política. Al menos eso es lo que sospecha Elisa Carrió, quien aseguró que el magistrado Alejo Ramos Padilla responde a la agrupación La Cámpora.

Por lo pronto, Ramos Padilla es integrante y defensor público de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Participó en varias movilizaciones junto a otros jueces y fiscales que forman parte de la organización que integran la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y el polémico Enrique Senestrari, entre otros.

En sus antecedentes, acumula varias decisiones que generaron polémica. Por ejemplo, en Bahía Blanca fue denunciado por el magistrado que lo sucedió en el Juzgado Federal N° 1 por haber «dormido» una causa contra el empresario patagónico Lázaro Báez.

Alejo Ramos Padilla fue además el magistrado que frenó el nombramiento realizado por Mauricio Macri en el inicio de su gestión de los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz -hoy presidente del tribunal- y Horacio Rosatti.

A mediados del año pasado se volvió a enfrentar con la administración nacional al hacer lugar a una medida cautelar que ordenaba al Enargas que se abstuviera de cortarles el suministro de gas a las personas que no hayan pagado la factura.

El pasado de Ramos Padilla generó la desconfianza de Stornelli, que este viernes recordó que al magistrado se lo pudo ver abrazado en diferentes actos a dirigentes vinculados al gobierno anterior. «Yo sé de dónde viene esto, lo voy a denunciar, pero por ahora no lo puedo decir», adelantó.

Infobae

La viuda del ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, declaró hoy en la investigación judicial que investiga pagos de coimas de empresarios de la construcción durante los gobiernos kirchneristas.

Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, se convirtió este martes en la nuevca arrepentida de la causa de los cuadernos que investiga pagos de coimas de empresarios de la construcción durante los gobiernos kirchneristas, luego de que el juez federal Claudio Bonadio homologara su acuerdo como imputada colaboradora.

Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que la audiencia que durante horas se llevó a cabo este martes entre Pochetti y Bonadio en los tribunales federales de Comodoro Py finalizó con la homologación del acuerdo como arrepentida, aunque por ahora seguirá presa.

 

Diario Popular

La Cámara Federal de Casación de Argentina quedó habilitada para resolver la situación de la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), procesada en la causa «de los cuadernos» que investiga si se pagaron coimas durante su Gobierno a cambio de contratos de obra pública.

«Casación deberá definirse sobre los recursos de las defensas», informaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.

El máximo tribunal penal del país también se pronunciará sobre el caso de otros procesados en el expediente, como el detenido exministro de Planificación Julio de Vido.

También decidirá la situación Gerardo Ferreyra, dueño de Eletroingeniería, único empresario detenido en prisión.
En segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal aceptó los planteos que presentaron las defensas de la exmandataria, del exministro De Vido, y de su colaborador Roberto Baratta, que se encuentran en prisión preventiva.

En una resolución del pasado 11 de enero pero dada a conocer ahora, la denominada Cámara Federal también aceptó el reclamo de otros cuatro exfuncionarios detenidos de manera preventiva.

En cambio, el tribunal no aceptó los recursos de casación presentados por las defensas de algunos empresarios procesados, como Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y extitular de la empresa de construcción; Enrique Pescarmona, del grupo Pescarmona y Luis Bentazza, de la constructora Techint.

Su situación procesal, no obstante, quedó en mejor situación después de que la Cámara Federal les quitara la figura de la asociación ilícita.
En paralelo, el tribunal sí aceptó los recursos de varios empresarios arrepentidos que admitieron haber pagado sobornos como representantes de Electroingeniería, Iecsa, Techint y Pescarmona, por lo que fueron procesados como partícipes de cohecho.

El pasado 20 de diciembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva para Fernández de Kirchner por ser la presunta responsable de una red de sobornos montada entre el Estado y las principales empresas del país, por lo que fue procesada como jefa de una asociación ilícita.

Asuntos relacionados: Un fiscal argentino pide que la expresidenta Fernández vaya a juicio por lavado de dinero

El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación.

Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández. De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.

Una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.

La investigación fue posible luego de la aprobación de la ley del arrepentido, que permite beneficios penales a los acusados que contribuyan con la justicia.

Además: Oficialismo argentino fracasa en intento de desaforar a expresidenta Fernández

La Cámara Federal también confirmó el procesamiento de Centeno, quien también declaró como arrepentido.

sputnikmundo

La Cámara Federal porteña ordenó la liberación del jardinero Ricardo Barreiro y el recaudador Raúl Copetti.

La Cámara Federal porteña revocó este viernes los procesamientos por asociación ilícita, dictó la falta de mérito y excarceló a ex secretarios y empleados de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos el jardinero Ricardo Barreiro y el recaudador Raúl Copetti, en la causa que investiga supuesto pago de sobornos a raíz de los cuadernos de la corrupción, informaron fuentes judiciales.

También quedaron en libertad los exsecretarios Roberto Sosa y Daniel Álvarez. Todos ellos estaban detenidos en el penal de Marcos Paz. El también ex secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez fue excarcelado anteriormente al haber declarado como arrepentido.

El 22 de octubre pasado, el juez Claudio Bonadio los procesó con prisión preventiva por considerarlos miembros de una asociación ilícita que comandaron «Néstor y Cristina Kirchner» y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban las empresas contratistas del Estado.

En una extensa resolución, Bonadio había señalado que se vislumbraba la participación de todos ellos, «en el traslado y ocultamiento del dinero ilícito obtenido por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández mediante las maniobras relatadas por los testigos que declararon en la causa».

Para el magistrado,  «existió el propósito colectivo para organizarse con el fin de cometer delitos en forma indeterminada y permanente.»

«La prueba recolectada en estas actuaciones dejó al descubierto la existencia de varios sistemas de recaudación que funcionaban en el ámbito del citado Ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y el transporte, cada uno de ellos con una forma establecida y personas encargadas de coordinar y retirar los pagos realizados por directivos de empresas que obtenían dichos contratos», recordó en ese momento Bonadio.

Para procesar a los ex secretarios y colaboradores de los Kirchner, Bonadio utilizó -entre otros- los testimonios del ex piloto de la flota presidencial, Sergio Velázquez, y de personal de la Fuerza Aérea. «De estos testimonios se desprende que había equipaje de la comitiva presidencial que se subía al avión sin ser controlado por el escáner, circunstancia que generó reclamo de alguno de los pilotos para que se cumpla con tal requerimiento por que implicaba un riesgo para la seguridad del vuelo, siendo esto ignorado por los pasajeros de la comitiva», remarcó.

Clarin