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Cristobal López

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En un mano a mano caliente, el multiempresario le pidió al conductor radial que fundamente sus acusaciones. En su cara y en su casa, López tuvo un duro cruce con Astete, en el estudio de Radiovision. El periodista había señalado una estafa y pedido de coimas a su familia y le retrucaron levantando la apuesta.

Un jugoso debate se produjo entre Astete y el empresario López. El primero lo acusó de haber estafado su padre por el incumplimiento de un contrato de compra y venta. En tanto, Cristóbal aseguró que Astete “pidió coimas de 400 mil dólares a través de Ricardo Benedicto -dueño del Casino Club- para no hablar más de él”.

En este sentido, el empresario Cristóbal López señaló que “a mí no me adjudicaron nada porque CPC esta intervenida por la Justicia. No puedo ni pisar las oficinas. Yo soy accionista de la sociedad y cuando una empresa está concursada los dueños no pueden manejar más nada”.

“La Dra. Silvina Martínez es parte de un entramado de persecución contra mí del Gobierno anterior. Deberías explicarme por qué estuve preso durante 22 meses”, dijo en diálogo con Radiovisión.

Asimismo, aclaró que “yo me dedico a laburar, no tengo tiempo de andar ensuciando a la gente. Vos me trataste de estafador, quiero que me digas en que estafe a tu padre”.

“Los periodistas tienen la ventaja de decir lo que se les dé la gana. No tenés hombría de nada, yo las cosas las puedo decir delante de la gente cuando quiera”, indicó.

En ese marco, destacó que “muy buen lugar tenés, se ve que la extorsión sirvió para algo. El peronismo permite que los periodistas digan lo que quieran. No hay represalias como en el caso del macrismo”.

“Yo necesito que me digas en qué estafe a tu padre para poder defenderme. Cuando las personas no están presentes vos te la pasas hablando pero cuando estamos cara a cara no decís nada”, aseveró el empresario.

A su vez, recordó que “durante 22 meses te llenaste la boca diciendo por qué estuve preso y ahora no me lo querés decir en la cara”.

“Yo no hablo desde hace seis meses con mis socios, vos sí hablás con ellos, así que decime vos cómo están”, expresó.

“Yo voy a venir como reportero de C5N para que me digas en la cara porque estuve preso”, resaltó.

Finalmente, López concluyó que “para estar en la radio, sí servís, ahora para escribir un libro la verdad es que no tenés la capacidad intelectual para hacerlo”.

Duelo picantísimo. ¿Habrá segunda parte?

Es conocido que Cristóbal López acumuló una fortuna incalculable con la complicidad de los Kirchner, pero es interesante recordar que su riqueza la comenzó generando al principio de la década del 90, de la mano del gobernador Carlos Maestro quien le otorgó múltiples prebendas con el negocio de los casinos en la Provincia de Chubut.

El primer casino de su propiedad lo tuvo en Comodoro Rivadavia en julio de 1.992, luego se extendió a otras ciudades: Trelew, Rada Tyilly, Rawson, Playa Unión. En todas ellas, en el gobierno de Maestro se realizaron contratos leoninos que fueron denunciados por mí cuando ejercí una banca como diputado provincial.

Estas son algunas de las prebendas otorgadas por Carlos Maestro a Cristóbal López:

1) Las licitaciones se realizaban por contratación directa sin llamado a concurso, luego se continuó con la misma modalidad cuando se renovaban los contratos.

2) Dejaban establecido que mantenían la exclusividad del negocio en cada una de las ciudades. Ningún hotel, ni nadie podían hacerles competencia.

3) Alícuotas: Se dispuso que se cobraba mensualmente, de acuerdo a las ganancias obtenidas, pero quienes fijaban el monto sobre lo que debían pagar eran los mismos propietarios de las casas de juego, ellos, mediante declaración jurada, decían cuanto ganaron al finalizar el mes y sobre ese monto se aplicaba un porcentaje preestablecido. Lo mismo que las explotaciones mineras.

4) El valor del alícuota fijado fue de 4,5%, una cifra que POR LO BAJA RESULTABA RIDÍCULA, a pesar de las fabulosas ganancias que dejaba este negocio, Maestro la mantuvo durante sus dos periodos de gobierno en el mismo valor.

5) Cánon. El otro impuesto que se cobraba era el canon que es una cuota fija, con un valor muy bajo, pero además que la cifra era despreciable en relación a las ganancias que producía este negocio, los montos cobrados se iban depreciando por la inflación mes a mes sin que se actualizarán a través de los años. Este tema se analizará con datos oficiales, en una próxima nota.

6) No se fijó como condición que los concesionarios se hicieran cargo del tratamiento de ludópatas, generados por el mayor ofrecimiento de los juegos de azar.

Dr. Fernando Urbano. Presidente de la Fundación FUSSO.

Con la ley de moratoria aprobada en el Congreso y a la espera de su reglamentación, el abogado de Cristóbal López ya presentó un escrito ante la jueza en lo Civil y Comercial, Valeria Pérez Casado, que lleva adelante la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, señalando que tienen «la voluntad de lograr el avenimiento ante la AFIP adhiriendo a la misma (moratoria fiscal) una vez que resulte reglamentada y puedan cumplirse los requisitos formales respectivos».

Con dos medidas, el dueño del Grupo Indalo espera salvar a su empresa de la quiebra ya decretada y que comenzaba a transitar en el fuero Civil y Comercial, la instancia final para la liquidación de sus activos valuados en 100 millones de dólares. Cristóbal López buscaba por un lado, lograr un acuerdo con todos los acreedores -siendo el principal de ellos la AFIP-, y en segundo término -y quizás más importante- que el Congreso aprobase la nueva ley de moratoria fiscal.

Con esta última medida cumplimentada, ahora buscan que la petrolera pueda acogerse a un plan de facilidad de pagos y evitar así la liquidación final de sus activos. Es una carrera a contrarreloj, pero como la ley aprobada por el kirchnerismo en el Congreso aún no está reglamentada, a través de un escrito que lleva al firma del abogado Eduardo Favier Dubois anticiparon que buscan acogerse a la moratoria fiscal.

2003: Cristóbal López con Néstor y Cristina Kirchner en el casino de Río Gallegos.

La justicia en lo Civil y Comercial ya había rechazado uno de los reclamos de Cristóbal López, con el cual se pretendía que se suspendan los trámites que son inherentes a la conclusión del proceso de quiebra de Oil Combustibles. Esto es, informar vía Boletín Oficial que hay un proyecto de distribución de fondos entre los acreedores de la compañía y que tienen un plazo de diez días para realizar cualquier tiempo de observación.

En ese proceso está pendiente la distribución de 100 millones de dólares producto de la venta de los principales activos de la petrolera, que se realizó en el marco de la quiebra.

La defensa de Oil Combustibles -la firma bajo juicio oral en el fuero federal por no tributar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles generando una deuda de 8.000 millones de pesos-, sostuvo que ya habían hecho un reclamo anterior contra la resolución de la Jueza del 27 de julio. En la misma, Pérez Casado resolvió no esperar más a que la moratoria se convierta en ley ni al acuerdo con los acreedores para que acepten otra modalidad de pago (el avenimiento), y reactivó la quiebra. Esa pelea para evitar la liquidación sigue abierta.

Con la petrolera en proceso de quiebra, apostar a una moratoria para saldar su deuda era impensado. Pero el oficialismo aprobó hace dos semanas el proyecto en el Congreso, lo que allanó el camino para Oil Combustibles: la nueva normativa incorporó como excepción que podrán acceder al beneficio fiscal aquellas empresas que estén en proceso de quiebra.

«Ante la nueva moratoria impositiva sancionada el pasado 13.08.2020 bajo la Ley Nº 27.562, la cual se encuentra en curso de promulgación por el Poder Ejecutivo Nacional, esta parte manifiesta la voluntad de lograr el avenimiento ante la AFIP adhiriendo a la misma una vez que resulte reglamentada y puedan cumplirse los requisitos formales respectivos», señaló el abogado de Oil en el escrito al que accedió Clarín.

Así, López busca que la deuda de Oil ingrese en la moratoria y obtener una plan de pagos que además proporciona una quita de intereses. El proceso no es inmediato y deberá cumplir con algunos requisitos excluyentes.

Al acogerse a la moratoria, lo hará provisoriamente, y la misma quedará efectivizada sólo si logra concluir su quiebra en un plazo de 90 días. Para hacerlo, requiere de la conformidad de al menos dos tercios de sus acreedores. En el caso de Oil, el principal damnificado es la propia AFIP, que conduce Mercedes Marcó del Pont.

Otra discusión se abre en este punto. El juicio se centra en el lapso de mayo de 2013 a agosto de 2015. En ese período, la deuda acumulada -según una pericia oficial- era de 4.200 millones de pesos, y los intereses calculados ascienden a poco más de 6.000 millones. Por eso, la AFIP de la anterior gestión iba a reclamar 10.000 millones de pesos en concepto del ITC impago.

Cristóbal López sostiene que a diciembre de 2015 sólo debían 600 millones de pesos, porque Oil se había acogido a dos planes de facilidades de pago otorgados por el controvertido Artículo 32, una potestad discrecional del Administrador de la AFIP.

Hay otro reclamo reciente por parte del fisco: le reclaman una deuda de 20 millones de pesos generada durante estos dos años de su proceso de quiebra. La cifra que Oil finalmente podría incorporar a la moratoria, abre así, otro gran interrogante.

Otra vía que no descarta la petrolera es al acuerdo con los acreedores para que acepten otra modalidad de pago. La jueza Pérez Casado decidió que, cumplidos 90 días y sin haber llegado a un acuerdo, no se debía esperar más y decidió reactivar la quiebra. A esto se opuso la defensa de López, y una vez más pidió que dicho proceso quede suspendido.

Sobre este punto, el escrito sostiene se encuentran «recopilando y analizando la documental» de la quiebra «que corresponde al legajo verificatorio de la AFIP y donde se detallan, mes por mes y concepto por concepto, las obligaciones fiscales a incluir en los planes de pago», Asimismo, indicaron que aún prevalece la feria fiscal «lo que impediría que corran los plazos para el dictado de resoluciones por el Organismo».

Los procesamientos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice quedaron confirmados hoy por la Cámara Federal porteña en la causa que los investiga por lavado de dinero y asociación ilícita.

La Cámara Federal porteña tenía pendiente esta decisión desde hace un año.

Se trata de un importante avance del expediente, con los votos de dos jueces cuyos traslados son cuestionados por el kirchnerismo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, según consignó el diario La Nación.

La Cámara se expidió luego de un año, ya que los procesamientos fueron dictados por el juez Julián Ercolini el 5 de junio de 2019, en una causa que investiga supuestas maniobras delictivas efectuadas a través de la empresa Agosto SA y compañías del Grupo Indalo. Además, el falló confirmó los embargos ordenados en la causa.

La hipótesis que se investiga en este caso es que millones de pesos del impuesto a los combustibles que Cristóbal López habría evadido fueron lavados mediante préstamos entre las sociedades del Grupo Indalo, y luego reinvertidos en la empresa Agosto, que se dedicaba al alquiler de maquinaria.

El otro juez del tribunal, Mariano Llorens, votó en disidencia. Dijo que consideraba «estrictamente necesaria la realización de un peritaje contable» para que la causa tuviera «fundamentos suficientes» para avanzar hacia el juicio oral.

Bruglia y Bertuzzi son dos de los diez jueces cuyos traslados cuestiona el kirchnerismo, que impulsó desde el Consejo de la Magistratura una revisión de sus nombramientos en la Cámara Federal, a la que llegaron durante el macrismo, por traslado, sin haber concursado para ese tribunal.

“No me voy a referir a ninguna persona en particular porque el nombre poco nos importa en el Ministerio de Seguridad”, respondió Massoni este jueves en conferencia de prensa cuando fue consultado sobre el caso de Cristóbal López.

El empresario con residencia en Rada Tilly fue obligado el miércoles por la noche a irse de Río Senguer cuando volvió del Lago La Plata para pedir explicaciones porque la gente se autoconvocó en la ruta para impedir el ingreso de su hijo Nazareno.

“Estamos hablando de un ganadero, una persona que tiene un campo, actividad que está excepcionada por el DNU nacional, también se tramitó la autorización provincial pertinente para concurrir a su establecimiento ganadero, máxime que estamos en una época donde existen muchos trabajos en esos lugares”, justificó Massoni.

“De hecho estamos haciendo autorizaciones en forma permanente porque en algunos se está haciendo la vacunación contra la sarna, en otros hay peladas de ojos, distintas tareas que están permitidas”, reforzó el ministro.

“Lo que ocurrió ayer es algo que nos llama la atención por lo peligroso que está ocurriendo, hay una paranoia que se está gestando contra la cual como Estado vamos a ser contundentes, no la podemos permitir, nadie tiene el derecho a prohibirle a alguien hacer una actividad que está permitida”, sostuvo.

“Me voy a comunicar por pedido del Gobernador con el intendente del lugar (Miguel López Gutiérrez), sé que también hubo concejales al frente de esta movida, solicitamos que haya tranquilidad en el ciudadano chubutense, venimos haciendo las cosas bien, manejándonos con orden, no empecemos con un frenesí, con una paranoia total, que no nos permitan que nosotros podamos seguir desarrollando las tareas para el cuidado de los chubutenses”, sentenció Massoni.

Horas después de dejar el penal de Ezeiza, en el que estuvo detenido más de un año por la causa de evasión impositiva que enfrenta, el empresario Cristóbal López habló por primera vez públicamente y negó los cargos que enfrenta. “Ahora recuperamos la libertad; el segundo paso será recuperar las empresas”, aseguró.

“Ahora recuperamos la libertad. El segundo paso será recuperar el manejo de las empresa. Cuando tengamos el manejo de las empresas, pagaremos todo lo que debemos. Preguntale a (Marcelo) Tinelli, a (Beto) Casella y a todos si alguna vez no cumplimos con nuestras obligaciones de salarios”, aseguró López en referencia al reclamo de periodistas que trabajaron en los medios que pertenecen a su grupo.

En los tribunales de Comodoro Py, donde debió ir a notificarse de su situación judicial, el empresario se refirió a la supuesta evasión impositiva que lo llevó a la cárcel. “Si lee el expediente, se van a encontrar con una pericia que hizo la Suprema Corte. Y ahí te vas a encontrar que al 1 de diciembre de 2015 Oil Combustible no debía una sola moneda”, aseveró.

El martes, el juez Claudio Bonadio concedió la libertad tanto a López como a su socio Fabián De Sousa, tras aceptar los seguros de caución presentados como garantía de la fianza de $ 60 millones impuesta a cada uno.

Ambos empresarios fueron liberados después de que el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que los juzga por defraudación al Estado por la deuda multimillonaria generada con Oil Combustibles, les concediera la excarcelación al considerar que ya no existían motivo por el cual debían permanecer detenidos.

Pese a haber conseguido su excarcelación, los dueños del Grupo Indalo continuarán asistiendo los jueves al juicio que el TOF 3 realiza en su contra. Es ese expediente el que los llevó a prisión.

El TOF 3 es el responsable de juzgar a los empresarios junto a Ricardo Echegaray por haber defraudado al Estado al no haber tributado el Impuesto a la Transferencia de los combustibles (ITC) con la petrolera Oil. La Justicia determinó que, lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, los empresarios se financiaron con esos fondos que para la AFIP superan los 8.000 millones de pesos, y ampliaron su conglomerado de 170 firmas. Nada podría haber ocurrido sin la connivencia del organismo recaudador, sostiene la acusación.

 

El juez federal Claudio Bonadio aceptó los seguros de caución presentados por  Cristóbal López y Fabián De Sousa y emitió la orden al Servicio Penitenciario Federal para que los empresarios recuperen este mismo martes la libertad.

El magistrado les había impuesto una fianza de $60 millones luego de que la Cámara Federal ordenara la excarcelación de ambos. Sin embargo, como los ejecutivos del Grupo Indalo tienen sus bienes inmovilizados, debieron buscar alternativas para poder cumplir con el requerimiento judicial. Finalmente, terminaron presentando los avales a través de la compañía Testimonios Seguros.

El camino hacia la liberación comenzó con una decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, que sobreseyó a ambos en la investigación por la venta del grupo de medios que administran. Continuó con un fallo del Tribunal Oral Federal 3 que ordenó la excarcelación en el caso Oil Combustibles y terminó de rubricarse la semana pasada, en dos expedientes de la causa de los cuadernos.

López y De Sousa están alojados en la cárcel de Ezeiza. En marzo de 2018, habían sido liberados por un fallo de los entonces camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que generó la reacción pública del presidente Mauricio Macri. Farah fue trasladado a otro tribunal y Ballestero renunció en medio de un pedido de juicio político.

 

 

 

La Cámara Federal porteña excarceló a Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por los cuadernos de la corrupción.

Los empresarios quedarán en libertad una vez que depositen una fianza que fijará el juez del caso, Claudio Bonadio.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se basaron en la postura del fiscal Carlos Stornelli que avaló las libertades debido a que la causa no tiene riesgos procesales.

La Justicia ya había ordenado excarcelar a los empresarios en la causa que investiga una supuesta defraudación a la AFIP por $8.000 millones, pero debido a que tenían dos pedidos de prisión preventiva en dos expedientes vinculados a la causa cuadernos, quedaron en prisión.

La Cámara Federal porteña quedó en condiciones de resolver si excarcela o no a los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa luego de que sus defensas presentaran escritos ante el Tribunal de Apelaciones e insistieran en que se les conceda el beneficio.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi habían convocado a una audiencia para mañana, pero ambos defensores se adelantaron, presentaron argumentos por escrito y desistieron de concurrir a ese trámite, explicaron a Télam fuentes judiciales.

Con estas presentaciones, concretadas ayer, la Cámara quedó en condiciones de decidir, algo que ocurriría hacia fines de esta semana.

Ambos empresarios del grupo Indalo están detenidos con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción, procesados como supuestos miembros de asociación ilícita.

Los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa, presos desde 2017, fueron excarcelados ayer por el Tribunal Oral Federal 3, que lleva adelante el juicio en su contra por presunta defraudación. No obstante, seguirán presosporque tienen ordenada la prisión preventiva en otras causas en trámite en el juzgado de Claudio Bonadio.

El TOF 3 los excarceló porque entendió que hubo un cambio sustancial en la situación de ambos como consecuencia de un fallo de la semana pasada que resolvió que la maniobra que se les adjudicaba y que había motivado las detenciones en realidad no existió.

Ese fallo, citado por la defensa de los empresarios en el pedido de hoy, sobreseyó a ambos en un expediente en el que estaban acusados de haber vendido acciones suyas del Grupo Indalo en un supuesto intento por obstruir la labor de la Justicia.

El fallo que sostiene que esa supuesta maniobra que se había denunciado no existió fue firmado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti el 13 de septiembre pasado y no fue apelado por la fiscalía. Es una decisión determinante en la situación de ambos detenidos porque el argumento central para su prisión preventiva fue la sospecha de que habían intentado sustraer su empresa del accionar de la Justicia, que los había inhibido.

Cuando detectó esa supuesta maniobra, el juez federal Julián Ercolini, que fue quien dictó las prisiones preventivas, dispuso que otro juez investigara si había existido un delito. Fue así como se inició el caso que instruyó Capuchetti.

López y De Souza están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal 3 en un juicio oral y público por retener impuestos a los combustibles por 8000 millones de pesos, según la acusación fiscal. Es ante ese tribunal que hoy pidieron la excarcelación.

Sin embargo, esta no es la única causa por la que están presos. Sobre ambos acusados pesan además otras prisiones preventivas dispuestas por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de causas ligadas al caso de los cuadernos de las coimas. Por eso, para obtener la libertad, López y De Souza necesitarán también ser excarcelados en esos expedientes.

En paralelo con la excarcelación pedida hoy, De Souza tiene presentado además una solicitud para que le concedan la prisión domiciliaria.

En el escrito de la excarcelación de De Souza, la defensa afirmó: «Como puede apreciarse, ha quedado objetivamente demostrado, en el marco de una resolución judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, que el argumento que invocó el Dr. Ercolini para privar de su libertad a nuestro defendido es absolutamente falso, ya que jamás se engañó a nadie y nunca se vendieron las acciones del Grupo Indalo».

La defensa alegó además que la jueza Capuchetti había escrito que las operaciones sospechdas «no tuvieron como finalidad el incumplimiento de las medidas que pesaban sobre las sociedades cauteladas» y que había destacado que la «hipótesis inicial» que se investigó en la causa fue refutada por las pruebas reunidas.

«No se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos», escribió la jueza y transcribió la defensa.

Capuchetti es la última jueza federal designada en Comodoro Py. Juró hace cuatro meses y ocupa el juzgado que tuvo a su cargo Norberto Oyarbide hasta que renunció.

Las prisiones

Ercolini ordenó la detenciones de López y De Souza en diciembre de 2017, cuando los procesó por defraudación al Estado junto con el exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray.

La detención de López y de De Souza fue levantada por la Cámara Federal en marzo de 2018. Los liberaron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Como consecuencia de ese fallo, el presidente Mauricio Macri los criticó públicamente. Después, Ballestero renunció en medio de un juicio político, Farah fue trasladado a otro tribunal y López y De Souza volvieron a la cárcel por decisión de la Cámara de Casación, que en un fallo dividido, volvió a aplicar el criterio original de Ercolini, informó La Nación.