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Cristobal López

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El 6 de septiembre de 1930, el general José Felix Uriburu, derrocó al presidente electo Hipólito Yrigoyen, estableció el primer gobierno de facto de la Argentina, asumió el cargo de presidente del gobierno provisorio y sustituyó el régimen constitucional liberal por un régimen totalitario inspirado en la doctrina fascista de Benito Mussolini, sellando de esa manera el futuro del país hasta nuestros días.

En su primer mensaje, el presidente de facto anticipa el apartamiento del gobierno argentino del régimen constitucional al rechazar la supremacía de la Constitución Nacional, el rechazo de los límites se impone a los gobernantes y el ejercicio del poder público, el desprecio al estado de derecho y a los derechos fundamentales que garantiza, así lo informó Ambito.

A partir del gobierno de Uriburu, conceptos como el bienestar general, el orden público, la función social del Estado como garante del bien común, la redistribución de la riqueza, la voluntad popular representada en el Gobierno Federal, reestablecer el orden, las necesidades del desarrollo del país, han sido invocadas por los gobernantes argentinos para someter a los argentinos a un sistema extractivo de su renta y de sus bienes y, a una destrucción de riqueza sin precedentes, en 1930 la carga tributaria representaba 7% del el PBI, la pobreza era inferior al 5% y, había empleo para millones de inmigrantes, en el 2019, la carga impositiva representa más del 33% del PBI y, la pobreza se encuentra por encima del 33%.

El punto de partida de la decadencia argentina y el apartamiento del régimen constitucional, ocurrió en dos fechas. La primera, el 10 de septiembre de 1930, día en que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acordaron reconocer la constitución del gobierno provincial por entender que al asumir su cargo, el presidente de facto, se apresuró en prestar juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes fundamentales de la Nación, mostrándose dispuesto a prestar auxilio de la fuerza para hacer cumplir las sentencias judiciales. En consecuencia, los magistrados del máximo tribunal consideraron que el nuevo sistema no merecía reparos constitucionales.

Para salvar el desorden de las finanzas públicas y asegurar la subsistencia ordenada, satisfaciendo los fines superiores del grupo social y el desarrollo de la Nación con equidad, el gobierno provisional, el 19 de enero de 1932, dictó un decreto-ley estableciendo el Impuesto a los Réditos en todo el territorio nacional, el cual, el 7 de junio de 1932, fue convertido en ley por el Congreso de la Nación.

De esa manera, el Congreso de la Nación aprobó un impuesto que la Constitución Nacional le atribuye su creación y cobro expresamente a las provincias, por ser un impuesto directo y, solo en cuando el bienestar general, la seguridad o defensa de la Nación, lo exija, podrá establecerlo por tiempo determina el Poder Legislativo Federal.

Para fines de ese año, se sancionó la Ley 11.683, dentro de la cual, se incorporaba la distribución de lo recaudado. Así nació lo que ahora se denomina federalismo de concertación que no es otra cosa que la violación sistemática a la Constitución Nacional que establece el régimen federal como defensa de las comunidades del interior a no quedar desamparadas frente al Estado Federal, teniendo un control de cercanía sobre las autoridades y un conocimiento respecto de los gastos y de los ingresos.

De esa manera, la República Argentina para de ser federal a unitaria, de republicana a centralista y, invocando en forma permanente el bien común, el bienestar general, la equidad y redistribución, se fue aumentando la presión impositiva a medida que se aumentaba la pobreza y, junto con ello, las facultades, cada vez más arbitrarias e ilegítimas que el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, le otorgaban al Fisco Nacional para no detener la actividad del Estado hacia el bien común del país.

Así las cosas, el régimen inconstitucional que dio inicio Uriburu, nunca se abandonó, por el contrario, cada vez cobrando más vigor y, el Poder Judicial de la Nación, nunca puso el freno que debía.

En ese marco, recientemente Prat Gay afirmó que fue perseguido por la AFIP, a través de una denuncia penal efectuada por el entonces Administrador Federal, Ricardo Echegaray. Pero no es el único caso. Cristóbal López y Fabián de Sousa se encuentran en la misma situación, fueron denunciados por la AFIP, sin siquiera tener competencia, sobre afirmaciones periodísticas que se habían apropiado de fondos de los contribuyentes que percibían y, diferían su pago mediante la obtención de planes fraudulentos por cuanto no habían demostrado los el estado de necesidad financiera que exige el art. 32 de la Ley 11.683.

Ahora bien, conforme la ley de combustibles líquidos los sujetos pasivos del impuesto son las refinadoras o, las importadoras, es decir, no eran percepciones. A poco que se analiza el art. 32 de la Ley 11.683, no establece dos categorías de planes sino una sola y no requiere ninguna presentación de una situación económica financiera particular, sino que, autoriza a la AFIP a otorgarlos incluso a quienes se encuentren en tal situación. El art. 32 es la única norma que habilita a la AFIP a otorgar planes de facilidades de pago, por lo tanto, no eran fraudulentos, como lo demuestra que no haya ningún otro contribuyente en la misma situación, a pesar de haber sido otorgados más de 1500 planes idénticos.

Lo que sí es diferente respecto de los restantes fue cómo se emplearon los recursos públicos, la exposición en los medios y la persecución que terminó con dos personas presas, una empresa quebrada y que, encima, tras permanentes oposiciones de la AFIP a la venta y cesión de sus exaccionistas, incluso ofrecieron pagar 300 millones de dólares inversores del exterior, se terminó rematando en 24 millones de dólares pagados por YPF, en una de las más claras persecuciones del Estado hacia los administrados.

En la misma situación de hostigamiento se encuentran millones de contribuyentes a los que diariamente se les da de baja la CUIT que equivale a sacar el DNI a una persona física. Incluir por meros incumplimientos en padrones de riesgo y factura APOC a otros, agravando su situación fiscal y la de quienes operan con estos, los que ven cómo los fiscos los mandan a la quiebra con ilegales regímenes de recaudación de sumas en exceso que no tienen intención de devolver y, se puede seguir mencionando arbitrariedades del sistema extorsivo al que se somete a los contribuyentes y todo, en pos del bienestar general, sin advertir que cada punto de mayor presión fiscal incrementa un punto más la pobreza, como muestran las estadísticas desde 1930 hasta hoy.

Y el Poder Judicial entiende que no hay reparos constitucionales por primar el bien común, la justicia distributiva y, la necesidad de no detener la actividad del Estado, ratificando las ilegítimas conductas de un Estado centralista/unitario, que es representado exclusivamente por el Poder Ejecutivo que comprende las necesidades del pueblo y, la división de poderes es ilusoria cuando de dar más facultades y subir los impuestos se trata.

Los casos de López, Prat Gay y De Sousa, son ejemplos de cómo es usado el poder del Estado para esquilmar a los contribuyentes y perseguir a aquellos que molestan o dan rédito político. Lo que sí es cierto, es que con el bien común, el bienestar general y, la prosperidad de la Nación nada tienen que ver, por el contrario, han destruido un país próspero y pujante con un sistema productivo que generaba riqueza, en un país donde ni siquiera los que lo habitan quieren invertir y los jóvenes solo piensan en irse y, el Poder Judicial continúa debatiendo la equidad de los impuestos y la redistribución en lugar de proteger a los ciudadanos del sistema extractivo e ilegal al que estamos sometidos por un Estado Nacional cada vez más poderoso, con mayores recursos frente a un país cada vez más pobre y los contribuyentes cada vez más oprimidos.

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) dará inicio este jueves al juicio oral por corrupción contra los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray.

Los dueños del Grupo Indalo y el el extitular de la AFIP están procesados por el delito de administración fraudulenta agravada al haber cometido un perjuicio contra el Estado. Es por la deuda generada con el fisco durante el último gobierno de Cristina Kirchner, por más de $ 8.000 millones a través del impuesto al combustible que la petrolera Oil Combustibles SA (OCSA) no tributó.

Con más de 30 testigos y una audiencia semanal, se estima que el juicio durará cinco meses. El TOF 3 está integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

En el expediente, a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, se analizó el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales-, que “habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray -actividad en la que habrían actuado mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional-“, durante los periodos comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015.

Se trata del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que debía tributar Oil Combustibles SA (OCSA) ante la AFIP. Por ello los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray se encuentran procesados por haber defraudado al Estado en $ 8.000 millones al no pagar a la AFIP.

El Gobierno, por su parte, reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.

Mientras López y De Sousa fueron procesados por el juez Ercolini como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado, Echegaray fue señalado como coautor de la maniobra.

De esta manera, los dueños del Grupo Indalo generaron una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaban los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, según determinó la Justicia.

Con el juicio en pleno desarrollo, se incorporará una prueba relevante que solicitó Cristóbal López y el ex funcionario K: una pericia contable para determinar si hubo discrecionalidad en la adjudicación de planes de facilidad de pago a favor de Oil Combustibles. Por otro lado, se sumará una pericia impulsada por la AFIP para especificar el perjuicio económico ocasionado al Estado al no ingresar durante casi dos años, el pago del ITC.

El Gobierno, a través del SENASA, puede provocar en las próximas semanas la muerte de 30.000 ovejas en campos de la cordillera Patagónica. Esto se debe al bloqueo del organismo para movilizar animales, lo que ha generado sobrepoblación en exceso, y consecuentemente la mayoría de ellos quedarán sepultados bajo los efectos devastadores de las primeras nevadas invernales en la cordillera. Todo ello ocurre pese a la existencia de una medida cautelar dictada por la Justicia, cuyo fin establecía que no debía bloquearse la operación comercial de las compañías.

Los campos pertenecen al empresario Cristóbal López, detenido hace más de un año en el penal de Ezeiza.

En los próximos días se comenzarán a ver imágenes de lo que esa arbitraria decisión está provocando. Animales muertos y campos estériles serán parte del paisaje patagónico, producto del accionar del organismo público que bloqueó sin argumentos el giro comercial ordinario de las compañías. Según dichos de la defensa, este accionar es ilegal y agrede abiertamente las medidas cautelares dictaminadas por el juez de instrucción el 14 y 15 de julio de 2016, cuyo fin era resguardar y preservar los activos societarios, y no por el contrario, pretender destruirlos, informó Ámbito Financiero.

Los directivos de SENASA, tanto de la delegación de Comodoro Rivadavia como a nivel regional y nacional, de forma arbitraria, no permiten que las empresas Ganadera Victoria, Ganadera Santa Elena y Sucesores de Ramón Lorenzo comercialicen el ganado producido de su propiedad. Es por eso que los dueños de estas empresas denunciaron que aparecerán cuantiosas muertes de animales en los campos explotados, producto de la “desmesurada” sobrepoblación. Esto les obliga, según dice la presentación que hizo el grupo empresario a la Justicia, a hacer público el temerario accionar de SENASA, para delimitar su responsabilidad ante cualquier daño ambiental que pueda producirse en la zona afectada, y por sobre todo ante el Estado nacional, quien se supone pretendía preservar dichos activos para el hipotético caso de que el empresario deba responder en un futuro con ellos.

“El paso final del arbitrario accionar del SENASA y sus autoridades está próximo a su desenlace y consiste, ni más ni menos, que en la inminente muerte de 30.000 animales por falta de alimento y condiciones aptas para soportar el invierno”, dice el texto presentado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, a cargo de los Sres. Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Rios, y que al día de hoy se encuentra sin resolver, pese a las urgencias esgrimidas.

La sobrepoblación, que suma aparte el deterioro irreversible de los campos y que los volverá estériles, se debió a “la caprichosa negativa del SENASA a permitir su comercialización” hace más de un año pese a lo dispuesto por la Justicia. Este despropósito “sólo se justifica en el afán del SENASA de dañar” a los dueños de esos campos “por el daño mismo”. Es que la medida cautelar en la que se amparan las empresas subraya que en relación con las sociedades inhibidas, no se deberá afectar el giro comercial ordinario vigente.

Los empresarios también denuncian “la mendacidad con la que el SENASA ha procedido” ya que le aclaró al Tribunal Oral N° 3 que los RENSPA obraban desbloqueados, lo cual no es cierto. Las autoridades de SENASA que han llevado a cabo dichas acciones son principalmente Ricardo Negri, Agustín Medrano, Jorge Luis Darriva y Marcos Apud, y no se descarta la participación de otros. Las sociedades damnificadas han manifestado que ya se encuentran iniciando acciones legales contra el organismo y sus autoridades, a los efectos de resarcir los daños patrimoniales ocasionados.

 

 

ADN Sur

El ex contador del matrimonio Kirchner busca que lo acepten como arrepentido en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Además, ante la Justicia, aseguró que Daniel Muñoz llevaba bolsos con dinero a Río Gallegos para guardarlos allí.

El ex contador del matrimonio Kirchner Víctor Manzanares declaró ante el fiscal Carlos Stornelli y disparó contra la expresidenta Cristina Kirchner al asegurar que “ella estuvo al tanto de todo”, en referencia a las sociedades anónimas Los Sauces y Hotesur, creadas, según su testimonio, para operaciones de lavado de dinero.

En su declaración, además, Manzanares brindó detalles sobre su tarea como contador de la ex familia presidencial y apuntó contra a Cristóbal López y a Lázaro Báez. Se espera que este lunes el juez Claudio Bonadio analice si lo homologa como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas

Manzanres, quien fue responsable de los números declarados oficialmente por Néstor y Cristina Kirchner cuando llegaron a la Casa Rosada, está procesado en la causa de los cuadernos por presunto lavado de dinero, en el tramo donde se investigó al entorno de Daniel Muñoz por operaciones en Estados Unidos, inicialmente por US$ 70 millones.

Ante el fiscal Stornelli, acompañado de sus defensores Alejandro Baldini y Roberto Herrera, el ex contador de los Kirchner brindó detalles de la estructura societaria familiar, y relató que tanto Los Sauces como Hotesur fueron empresas creadas con el único objetivo de “lavar dinero”, según informa Clarin.

Respecto a Los Sauces, la Justicia concluyó que se usó para que “una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional, a través de la obra pública vial y concesiones otorgadas, fuera a parar a los ex presidentes y a su núcleo familiar”.

En ese sentido, Manzanares apuntó contra Lázaro Báez y Cristóbal López, que garantizaron el 86% de la facturación de la empresa, y aseguró que se simularon alquileres con el fin de lavar dinero y que nada se podría haber concretado sin la participación de los dos empresarios K.

En este punto, y según informa el mismo medio, el excontador mencionó a Máximo Kirchner y dijo que se dedicaba a cobrar cheques de los alquileres de los hoteles por adelantado.

Radio Mitre

La modelo comenzó una relación con el marplatense Martín Colantonio, ex de la uruguaya Eunice Castro. “Estoy muy bien”, aseguró.

Después de su mediática separación de Cristóbal López, el empresario kirchnerista detenido por una deuda impositiva millonaria, el corazón de Ingrid Grudke ya tiene nuevo dueño. “Estoy conociendo a alguien, estoy muy bien”, confirmó la propia modelo en diálogo con Intrusos.

El nuevo amor de la rubia se llama Martín Colantonio, es marplatense y empresario, y fue pareja en el pasado de otra famosa: la modelo, actriz y conductora uruguaya Eunice Castro.

El empresario Martín Colantonio, flamante novio de Ingrid Grudke.
El empresario Martín Colantonio, flamante novio de Ingrid Grudke.

Él es comerciante, tiene un local de ropa. Pero lo importante es que estoy conociendo a alguien, no importa lo que haga. Lo conocí en la temporada, pero empecé a salir hace poquito. Dije ‘¿por qué no me puedo dar la oportunidad de conocer alguien?’. La vida es así, si te gusta, te gusta, son cosas que uno no puede explicar con palabras o pensarlas tanto. Lo estoy conociendo y me gusta”, precisó Grudke.

Siempre con una sonrisa en el rostro, Ingrid dejó en claro que la relación va viento en popa. “Ya conocí a su madre y a sus hermanos. Fui a Mar del Plata. Estoy tratando de tener una relación normal, como cualquier pareja. Todas las veces que planeé algo no me salió, así que lo que Dios diga está bien”, precisó.

Los flamantes enamorados ya tuvieron una romántica escapada a Europa. «El cumpleaños de él fue el 9 de octubre y me invitó a España para poder conocernos sin influencias. Y la pasé muy bien», contó.

Grudke estuvo tres años en pareja con Cristóbal López, a quien dijo no conocer hasta que comenzaron a salir. La relación empezó a desgatarse luego de que el “zar del juego” comenzar a ser investigado por la Justicia.

A principio de año, la modelo sorprendió a confirmar un encuentro con López en Oberá, de donde ella es oriunda. «Yo me había tomado una semana de descanso con mi familia y amigos después de la intensa temporada de teatro que tuve en Mar del Plata y sí, él vino a Oberá a saludarme y a despedirse de mi familia», detalló, aunque se encargó de aclarar: “No tengo nada más que ver con él, ya no estoy con él”.

 

 

 

Clarín

Desde junio pasado, Oil Combustibles es gerenciada por YPF en sociedad con Dapsa por decisión del juez que tiene a cargo la quiebra de la firma del empresario Cristóbal López. En el mercado casi dan por descontado que será finalmente YPF la nueva dueña de Oil, aunque hay otras dos ofertas. Se define el viernes.

Tres firmas se pelean la propiedad de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Se trata de un grupo ruso, uno holandés e YPF. La situación se definirá este viernes.

Según informó el portal MDZ, esta semana se vence el plazo del juez Javier Cosentino, a cargo de la quiebra de la empresa, para la apertura de de los sobres con las propuestas por los activos de la principal compañía que supo tener el ex Grupo Indalo.

Tras el desestimiento de Shell por continuar participando de la compulsa, el nuevo dueño surgirá de las ofertas acercadas al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5 por YPF, los rusos de Lukoil y los holandeses de Trafigura, informó iProfesional.

Hasta ese momento y desde junio pasado, Oil Combustibles es gerenciada por YPF en sociedad con Dapsa por decisión del juez.

Si bien el plazo vence el próximo viernes, la acuerdo le permite a la petrolera que preside Miguel Gutiérrez ampliar el contrato por otros dos meses; es decir, seguir operando la empresa hasta octubre.

En el mercado casi dan por descontado que será finalmente YPF la nueva dueña de Oil Combustibles mas allá de las otras ofertas que puedan acercale al juez Cosentino el resto de los competidores.

Hasta ahora, la dupla YPF y Dapsa viene afrontando en forma directa el abastecimiento exclusivo de combustible de la totalidad de la red de estaciones de servicio de bandera de Oil.

Las propuestas deberían superar los u$s42 millones en los que fue tasada Oil Combustibles por los síndicos de la petrolera, una cifra lejana a los u$s102 millones que Cristóbal López pagó cuando le compró a Petrobras estos activos de la petrolera brasileña en la Argentina.

 

 

Fuente: MDZ / ADN Sur

El juez federal Julián Ercolini llamó a indagatoria al empresario Cristóbal López y a sus hijos por maniobras de lavado de dinero en empresas ligadas al grupo Indalo. También incluyó en el llamado a declarar a Fabián de Sousa y a Osvaldo Sanfelice, socio del diputado Máximo Kirchner.

De qué los acusan

Según el escrito firmado por Ercolini, se investiga si «Cristóbal Manuel López, Cristóbal Nazareno López, Emiliano López, Carlos Fabián De Sousa y Raúl Esteban Zamora, en su carácter de accionistas y/o autoridades de las sociedades que conformaban el grupo Indalo, específicamente Oil M&S SA, CPC SA y Alcalis de la Patagonia SAIC, habrían intervenido en la maniobra en cuestión mediante la circularización de los fondos obtenidos de la defraudación a la AFIP y, específicamente,
en la posterior celebración de operaciones comerciales con Agosto SA que conducirían a que le abonara por diversos conceptos sumas dinerarias superiores a los $300.000 obtenidas ilegítimamente».

Para cuándo fueron convocados

Este es el listado de citaciones:

  • Cristóbal Manuel López, 17/9/18, 10 hs.
  • Cristóbal Nazareno López, 18/9/18, 10 hs.
  • Emiliano López, 19/9/18, 10 hs.
  • Carlos Fabián De Sousa, 20/9/18, 10 hs.
  • Raúl Esteban Zamora, 25/9/18, 10 hs.
  • Osvaldo Sanfelice, 26/9/18, 10 hs.
  • Marta Alcira Leiva, 27/9/18, 10 hs.

En que contexto llega esta indagatoria. Cristóbal López y De Sousa están presos en la cárcel de Ezeiza por la causa Oil Combustibles, en donde se investiga el no pago a la AFIP de impuesto al combustible por 8 mil millones de pesos (que a valor actualizado el ente recaudador convirtió a 17 mil millones de pesos).

Sin embargo, es la primera vez que una investigación judicial alcanza a los hijos del empresarios, quienes son convocados por integrar los directorios de las empresas sospechadas.

 

A24

A pesar de que la Justicia dictó la inhibición general de los bienes del empresario Cristóbal López, este jueves trasladaron desde el obrador de CPC, 60 camiones y 50 máquinas viales con rumbo desconocido. Lo hicieron borrando los rótulos de identificación de las puertas de los vehículos. Esos bienes debería permanecer allí por orden de la Justicia.

Uno de los obradores se encuentra sobre Ruta 3, a la salida de Rada Tilly, y el otro pasando el puesto Ramón Santos. Fueron trasladadas unas 50 máquinas viales y 60 camiones. Una persona allegada al lugar contó a Diario Crónica que “fueron trasladados a la provincia de Buenos Aires porque parece que ahí tiene todavía una licitación. Es mucha plata la que se llevaron de acá, porque son vehículos muy nuevos”.

 

 

ADN Sur