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Brasil sobrepasó este lunes los 51.000 muertos por coronavirus y los 1,1 millones de enfermos confirmados, en medio de una crisis sanitaria que convive con las serias turbulencias políticas desatadas en torno al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Según el último boletín del Ministerio de Salud, el país llegó este lunes a un total de 51.271 fallecimientos, tiene 1.106.470 de casos confirmados y se ratifica como uno de los grandes focos mundiales de la pandemia.

El Gobierno de Bolsonaro, más preocupado con una crisis política vinculada a asuntos de corrupción que tramitan en tribunales, parece distanciado de la situación sanitaria, cuya resolución ha dejado en manos de las Administraciones regionales y municipales, responsables de las medidas de aislamiento social que el mandatario censura.

Pero las controversias sobre la gestión del Gobierno de Bolsonaro frente al coronavirus, que parece ignorar al punto de que ha tildado a la enfermedad de «gripecita», tienen reflejos también en el ámbito regional y municipal, en los que no son pocas las discordias.

Una de las mayores está instalada en el estado de Río de Janeiro, uno de los más afectados por el patógeno y donde este lunes dimitió el secretario de Salud del Gobierno regional, Fernando Ferry.

Estuvo en el cargo apenas un mes, tras sustituir a Edmar Santos, despedido por presuntos desvíos de recursos destinados a adquirir materiales y montar hospitales de campaña para enfermos de COVID-19.

Ferry anunció su salida en un video difundido por internet en el cual confesó que no soportó la «presión» y pidió disculpas. «Quiero decir que intenté», declaró.

Con esos problemas políticos y la pandemia en pleno ascenso, las autoridades de Río de Janeiro se debaten entre mantener la apertura económica que iniciaron hace unas semanas o retomar las cuarentenas que interrumpieron presionadas por el sector privado, como ocurre en Sao Paulo, otro de los focos de la COVID-19 en Brasil.

LA CRISIS POLÍTICA SE ENREDA EN EL ENGRANAJE JUDICIAL

En paralelo a la crisis sanitaria, Bolsonaro está frente a unas turbulencias políticas que tienen en el ojo del huracán a su hijo Flavio, senador salpicado por asuntos de corrupción que llevaron a prisión a uno de sus exasesores.

Fabricio Queiroz, antiguo jefe de gabinete de Flavio cuando este era diputado regional en Río de Janeiro, fue preso la semana pasada después de estar un año en paradero desconocido, con la supuesta intención de evitar ser intimado a declarar ante la Justicia.

La paradoja es que fue detenido en una casa de campo del abogado Frederick Wassef, quien representaba ante los tribunales a Flavio y hasta actuaba en algunos casos en defensa del propio mandatario.

Tanto Flavio como su padre se desmarcaron del abogado, al punto de que, este domingo, el senador anunció que Wassef ya no era su abogado y que será representado ahora por Rodrigo Roca, cuyo bufete actuó en defensa de militares acusados de torturas en la ultima dictadura (1964-1985).

La primera tarea de los abogados será intentar postergar el proceso, que se refiere a cuando Flavio era diputado regional y tramita en la Justicia de Río de Janeiro, con la excusa de que ahora es senador y responde, por sus fueros, en la esfera federal.

Un eventual cambio de jurisdicción demoraría el proceso y daría tiempo al presidente Bolsonaro para tomar aún más distancia de ese caso y para buscar apoyos en el Congreso tanto para su Gobierno como para su hijo, que podría valerse del Senado para blindarse ante la Justicia federal.

Las presiones contra Flavio se suman a las que ya enfrenta en tribunales el propio presidente Bolsonaro, investigado por supuestas interferencias ilegales en la Policía Federal, y a otras causas que indirectamente afectan al Gobierno, vinculadas a manifestaciones consideradas «antidemocráticas» convocadas por sus partidarios.

Esas protestas, realizadas cada domingo y en las que se demandaba una «intervención militar» y el «cierre» de la Corte Suprema y el Parlamento, han perdido fuerza en las últimas semanas, al punto de que la víspera pasaron casi inadvertidas, igual que las de otros movimientos que se declaran «democráticos» y «antifascistas».

 

El director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, evitó opinar sobre la oferta de restructuración de la deuda que presentó el gobierno a los bonistas externos, aunque sostuvo que espera que se “llegue a una conclusión exitosa”.
En una videoconferencia desde la sede del organismo en Washington en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI, Werner sostuvo que “la propuesta es muy reciente y la queremos conocer, por lo que no puedo agregar mucho más”. Al respecto recordó que el FMI publicó un análisis técnico sobre la sustentabilidad de la deuda y que “el ministro Martín Guzmán anunció que seguiría estos trabajos”.

En cuanto a la tarea conjunta con el Gobierno, el funcionario de FMI señaló que trabaja con la Argentina para programar consultas para Artículo IV. En referencia a como el país encaró la crisis de la pandemia del coronavirus, Werner dijo que el gobierno la enfrentó «de lleno, de frente, siendo uno de los primeros países de la región que puso en práctica medidas para contener la diseminación del virus». Y agregó que “en la parte de contención de la crisis, hemos visto medidas importantes por el lado de salud pública y también dentro de los márgenes tan limitados que tiene la República Argentina, hemos visto una reacción importante para cuidar a las familias y a las empresas más afectadas”.

Efectos sobre la región

“Mientras la pandemia continúa propagándose por la región, los países enfrentan la peor recesión económica desde que se comenzaron a producir estadísticas de cuentas nacionales los años cincuenta”, señaló.

Werner precisó que suman 16 los países de Latinoamérica han solicitado ayuda al organismo multilateral y aseguró que el FMI está “firmemente comprometido a apoyar a los países miembros”.

“Hasta la fecha, alrededor de 3.000 personas han fallecido a causa del virus Covid-19 en América Latina y el Caribe”, comienza el FMI blog donde se analiza la “Política Económica en América Latina y el Caribe en tiempo de Covid-19.

Para Werner las condiciones externas a lo que se suman “las muy necesarias medidas de contención de la pandemia” provocaron una importante caída de la actividad económica en toda América Latina.

Se estima que este año se enfrentará una contracción de 5,2% en 2020. Si bien, el FMI calcula una “una marcada recuperación en 2021” advierte que aun en este escenario de rápida recuperación, “la región tiene ante sí el espectro de otra «década perdida» durante 2015–25”.

En el trabajo de 8 páginas resulta llamativo que no hay ni una sola mención a la situación de Argentina, solo se consignan datos en los cuadros.

Así en materia de los paquetes de ayuda Argentina destinó menos de dos puntos del PIB, siendo uno de los países que menos recursos asignó, le siguen Honduras, Costa Rica, Jamaca, Belize, México y Bahamas.

En sentido contrario Perú fue el país que afecto casi 12 puntos del PIB, seguido por Brasil y luego Chile.

Se destaca que la mayoría de los países de la región han adoptado medidas sanitarias importantes para contener la propagación del virus, como entre otras, restricción de las actividades no esenciales. Y, que la prioridad ha sido prepararse para hacer frente a la peor etapa de la pandemia.

Dado el nivel de informalidad de la región indica que los países han recurrido a transferencias directas a los hogares vulnerables (incluida la ampliación de programas existentes), expansión de los sistemas de seguro de desempleo, subsidios al empleo, desgravaciones y prórrogas tributarias temporales y garantías de crédito.

También señala la dificultad de hacer llegar la asistencia a las empresas más pequeñas y las del sector informal y recomienda que los países deberían “usar todos los registros disponibles y métodos posibles para llegar a las empresas más pequeñas y los trabajadores informales”.

En otro punto, advierte que la pandemia y la recesión sumada a las ayudas estatales “provocarán considerables aumentos del déficit público y la deuda”.

En este sentido afirma Werner que se “tendrán que crear espacio fiscal reduciendo el gasto no prioritario y mejorando la eficiencia del gasto”.

Una recomendación llamativa y que podría basarse en el ejemplo de Argentina, aunque no hace mención, es cuando indica que los países “tendrán que cerciorarse de que las políticas adoptadas en respuesta a la crisis no sean percibidas como permanentes para que no se perpetúen y generen distorsiones, en especial la asistencia focalizada a ciertos sectores”.

Impuestos al petróleo

Para dotar a los países de los recursos necesarios, Werner propone que “podría ser apropiado incrementar la tributación de los productos petroleros en un momento en que los precios mundiales están en niveles más bajos, siempre que no suban los precios internos que pagan los consumidores finales”.

Advierte que “los bancos comerciales pueden mostrarse renuentes a prestar a sectores riesgosos durante una recesión profunda, de modo que el riesgo de crédito podría mitigarse con préstamos directos o garantías explícitas proporcionadas por el gobierno”.

Fuente: Ámbito

Argentina registró en marzo pasado una inflación del 3,3 % y quebró así la tendencia a la desaceleración de los últimos meses, con precios al consumidor que cobraron nuevo impulso en medio de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus.

Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor se incrementó en marzo un 48,4 % en términos interanuales y acumuló en el primer trimestre del año un alza del 7,8 %.

La variación del 3,3 % en comparación con febrero muestra una ruptura en la curva de desaceleración de los precios que se había verificado en los tres meses previos.

Esta aceleración de la inflación se dio en un mes marcado por la irrupción de la pandemia de COVID-19: Argentina reportó su primer caso el 3 de marzo, unos 10 días después comenzaron las primeras restricciones y el día 20 se decretó el aislamiento obligatorio para toda la población, que regirá, en principio, hasta el 26 de abril.

Las medidas de estricto aislamiento han supuesto notables cambios en el consumo, con compradores cautivos de los comercios de cercanías, y algunos problemas en la distribución, factores que han impulsado al alza los precios de alimentos y bebidas.

Según el informe del Indec, estos últimos registraron en marzo un alza del 3,9 % en comparación con febrero y del 51,3 % en términos interanuales, un dato con impacto social, ya que el costo de la cesta básica de alimentos en combinación con una caída en los ingresos familiares por las medidas de aislamiento determinarán un aumento en el nivel de pobreza, que ya era del 35,5 % en el segundo semestre de 2019.

PRECIOS MÁXIMOS Y CONTROLES

Ante los primeros aumentos apenas iniciada la cuarentena, el Gobierno de Alberto Fernández dispuso un sistema de precios máximos para bienes de primera necesidad y fuertes controles en supermercados y otros comercios de cercanías.

«Hubo un incremento inicial de los precios en marzo a raíz de las mayores complicaciones en la actividad económica, pero los controles han tenido importantes resultados», dijo este miércoles el ministro de Desarrollo Productivo argentino, Matías Kulfas.

Con todo, admitió que en los comercios de proximidad sí ha habido aumentos «significativos», mientras que en los supermercados, «si bien hubo algunos desvíos puntuales», los precios retrocedieron luego en línea con las listas de valores máximos.

«No hay motivos objetivos para justificar aumentos de costos que se trasladen los precios minoristas», aseveró el ministro en declaraciones radiales.

ALZA DEL DÓLAR, ¿MÁS INFLACIÓN?

Los precios al consumidor en Argentina han subido fuertemente en 2018 (47,9 %) y 2019 (53,8 %) en un escenario de grandes turbulencias financieras y sucesivas escaladas en la cotización del dólar estadounidense que rápidamente se trasladaron a todos los precios de la economía.

Ahora, con una economía en recesión desde hace dos años y que profundizará su caída por los efectos de la pandemia del coronavirus, el precio del dólar en los circuitos alternativos al mercado oficial ha vuelto a recalentarse, tocando máximos históricos de 110 pesos por unidad.

Varios expertos han advertido en los últimos días que esta nueva escalada, que relacionan con la fuerte emisión monetaria por parte del Banco Central y la creciente desconfianza inversora respecto del rumbo de la economía, podría acelerar aún más la inflación.

El presidente del Banco Central argentino, Miguel Pesce, negó sin embargo que la mayor emisión de pesos para asistir al Tesoro y favorecer los préstamos bancarios tenga efectos inflacionarios.

«Veníamos en una economía en recesión, con un estancamiento muy prolongado, así que creíamos que la expansión del crédito y de la cantidad de dinero no tenía que tener efectos inflacionarios y menos los va a tener ahora en una economía que se deprime por la propia imposibilidad de que la gente vaya a trabajar», argumentó.

Pesce sostuvo que el dinero que se inyecta es para sostener el nivel de actividad y recordó que las tarifas de servicios públicos están congeladas, el tipo de cambio oficial «no tiene movimientos importantes» y los salarios tampoco, «así que no tendría que haber ninguna razón para que haya niveles inflacionarios importantes».

Las últimas proyecciones privadas que recaba mensualmente el Banco Central calculan que la inflación será del 40 % en 2020, aunque algunos expertos proyectan tasas más altas, de entre el 45 % y el 50 %.

DIFICULTADES PARA MEDIR PRECIOS

En su informe de este miércoles, el Indec señaló que debido a la pandemia global de COVID-19, «que alteró el normal desarrollo de los relevamientos presenciales de todas las oficinas de estadística del mundo», se «alteró el normal desarrollo de los operativos de campo» del organismo, incluido el del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Explicó que si bien la metodología del IPC contempla el tratamiento de los precios faltantes y no observados, el Indec «avanzó intensa y anticipadamente en la captura de datos y análisis de relevamiento por vías no presenciales tales como la consulta telefónica, el correo electrónico y la modalidad online con los informantes».

Fuente: El diario.es

La pandemia global por el COVID-19 está causando grandes estragos tanto a nivel social como económico. En Europa varios Gobiernos han solicitado la puesta en marcha de un programa de medidas de estímulo, entre ellas la emisión de Coronabonos. Se trata de un instrumento de deuda para cuya implantación es necesario el acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembro de la Unión Europea.

¿Qué son los Coronabonos?

Los coronabonos son un instrumento para mutualizar la deuda. Es decir, que toda la deuda resultante de la crisis sanitaria por el coronavirus se presente como una deuda conjunta, que deben asumir todos los países de la Unión Europea. De este modo, el Banco Central Europeo podría emitir deuda con mayor garantía y sería más sencillo el acceso a los mercados de capitales.

La emisión de coronabonos conllevaría por lo tanto dos ventajas significativas. Por un lado, cada país podría conseguir más liquidez. Y, por otro lado, la Unión Europea tendría mayor capacidad para competir frente a las emisiones de otras potencias mundiales, como Estados Unidos.

¿Qué dicen los países?

El organismo que tiene la última palabra sobre la emisión de los coronabonos es el Consejo Europeo. Los países que se muestran a favor de esta herramienta y que ya han presentado una solicitud formal a Bruselas son: Portugal, Luxemburgo, Grecia, Irlanda, Italia, Bélgica, Italia, España y Francia.

Por el contrario, Países Bajos, Alemania y los países nórdicos han rechazado esta medida. Sin embargo, algunos expertos consideran que acabarán aceptándola ya que se trata de una crisis conjunta, que afecta a todos los países de la UE.

Mientras, existe también la opción de acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate europeo.

Fuente: ok diario

El ministro de Salud del Chubut, Adrián Pizzi, y los titulares de las carteras sanitarias de otras 14 provincias argentinas, exigieron que el Gobierno nacional «asuma su responsabilidad, frente a la falta de respuestas en reiterados reclamos realizados por distintas vías y ante la situación extraordinaria de emergencia sanitaria y prestacional» que atraviesa el país.

Así lo expresaron a través de una solicitada conjunta, en la que definen a «la Salud como un Derecho Humano básico», y reclaman respuestas a los siguientes puntos: «Abandono de programas nacionales en las provincias y falta de provisión de leche, vacunas, medicamentos, insumos, drogas oncológicas, reactivos, antirretrovirales, entre otros; Deterioro en la cobertura de personas con discapacidad; Falta de regulación que lleva a un aumento explosivo de precios de medicamentos y de bienes y servicios indispensables para la salud de las personas; y Falta de previsibilidad y de decisiones políticas sanitarias para determinar qué cubre el Estado nacional».

«Frente a estos problemas exigimos medidas urgentes y que se recupere el rol de rectoría del Estado nacional hasta el último día del mandato que la Constitución Nacional lo establece», concluye el documento.

ESCENARIO PREOCUPANTE

En este sentido, el ministro Adrián Pizzi manifestó que «el escenario es realmente preocupante, sobre todo lo que hace al contexto de precios y el abastecimiento del sistema de salud y los recursos que Nación tendría que garantizar».

«Pasar estos 81 días que quedan de Gobierno es un contexto muy difícil para la gestión de salud y nosotros pedimos la presencia hasta el último día, no se pueden retirar ni abandonar las políticas públicas», señaló el funcionario provincial.
Además, Pizzi agregó que «cuando hablamos de salud hablamos de cuestiones que son graves, hablamos de reactivos, drogas de HIV, leche, vacunas, es una acumulación de cosas y cada delegación provincial tuvo que hacerse responsable de ciertos puntos que supuestamente estaban garantizados por el Gobierno Nacional».

«La preocupación es extrema. No hay precios de medicamentos, no hay entrega de elementos, nos delegaron la diálisis de pacientes que afrontaban ellos, con una erogación de casi 40 millones anuales, y esto se suma a cuestiones que presupuestariamente no estaban previstas», añadió el ministro, así lo informó El Chubut.

MINISTROS FIRMANTES

Los ministros firmantes de la solicitada, además de Adrián Pizzi, fueron: Alejandra Venerando (San Juan), Andrea Uboldi (Santa Fe), Guillermo Ruckauf (Tierra del Fuego), Judit Díaz Bazán (La Rioja), Luis Zapico (Chaco), María Rocío García (Santa Cruz), Natividad Nassif (Santiago del Estero), Ramón Figueroa (Catamarca), Rossana Chahla (Tucumán), Silvia Sosa Araujo (San Luis), Sonia Velázquez (Entre Ríos), Walter Villalba (Misiones), Roque Mascarello (Salta) y Luis Fabián Zgaib (Río Negro).