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Costa Rica cumple tres semanas de cierre de fronteras y mandó policías como nunca antes a vigilar su frontera norte; ordenó cancelar cualquier estatus migratorio a los millares de nicaragüenses que salgan a su país; instaló una base aérea en las barbas del territorio de su vecina Nicaragua y suspendió hasta nuevo aviso la recepción de solicitudes de refugio.

El coronavirus ha cerrado la ruta de escape de los perseguidos de Daniel Ortega. Dos años después de la detonación de la agitación social y la represión gubernamental, la vecina Costa Rica da un giro de 180 grados en la política migratoria que hasta marzo dio acogida a 350.000 nicaragüenses, el 7% de la población costarricense. El pequeño país centroamericano conocido por recibir más migrantes de los que expulsa fue un remanso para 77.000 solicitantes de refugio procedentes de Nicaragua desde 2018, pero la epidemia del COVID-19 ha cambiado el mundo para todos.

Ahora el gobierno de Costa Rica trata de blindar sus 309 kilómetros de frontera con Nicaragua. Insiste hasta a la saciedad a los residentes nicaragüenses que no vayan a su país; que no podrán volver, al menos dentro de los márgenes de legalidad que aún quedan. En tres semanas, la Policía ha rechazado a 5.357 extranjeros en la frontera norte, el doble de la cantidad rechazada en las nueve semanas anteriores. Todo vale para consolidar un “cerco sanitario”, ha dicho la vicepresidenta Epsy Campbell, a cargo de los operativos migratorios.

Al Gobierno de Costa Rica, con 577 casos de COVID-19 hasta este domingo y tres fallecidos, les preocupa la manera en el gobierno de Ortega responde a la pandemia, aunque se han cuidado de decirlo públicamente. “El tema migratorio es de altísima vigilancia y preocupación”, dijo el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, la entidad estatal que administra todas las clínicas y hospitales del país. Fuera de micrófonos, otras autoridades suenan alarmadas por los llamados gubernamentales a las aglomeraciones públicas, por mantener las lecciones y por invitar al turismo a disfrutar esta época, en paralelo a la desaparición pública del presidente Ortega por casi un mes.

Lo resumió el viernes la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, al hablar de Nicaragua. “Nos preocupa la falta de distanciamiento social, la convocatoria de reuniones masivas; nos preocupan las pruebas, el rastreo de contactos, la notificación de casos”. En Costa Rica crece el temor a un contagio masivo y silencioso en suelo nicaragüense, y a una posible propagación sobre la población costarricense. La inquietud cunde en sectores opuestos a recibir migración, pero también en los que han apoyado las políticas de acogida, a pesar de esporádicos llamados a evitar brotes de xenofobia.

La tensión no es solo sanitaria; la economía también juega en contra. La epidemia del coronavirus destruirá miles de empleos y agravará la debilidad de las finanzas públicas, lo que reduce a mínimos la posibilidad de los migrantes de conseguir un trabajo o ayudas. “En esta semana estamos comiendo las verduras que nos regaló un señor campesino porque ya los restaurantes ya no le compran, pero no sé qué vamos a hacer después. Lo seguro es que a Nicaragua no vamos, pero sé de otros que sí tuvieron que volver”, contó a EL PAÍS E. M., un profesor de Managua que llegó en octubre de 2018 con sus dos hijos adolescentes.

La Policía costarricense también ha reforzado la vigilancia en la frontera sur, con Panamá, por donde desde 2016 entran miles de migrantes africanos y haitianos que cruzan Centroamérica por tierra hasta Estados Unidos. Un acuerdo para trasladar de manera controlada 2.600 de ellos fracasó porque Nicaragua también aumentó la presencia militar en su frontera; las autoridades migratorias costarricenses tampoco quisieron arriesgarse a aglomeraciones de migrantes en su territorio y avisó a Panamá, en la última semana de marzo, que no recibiría más.

Fuente: El País

De un grupo de 350 argentinos varados en Costa Rica, 150 podrán regresar al país este viernes en un vuelo comercial de Latam.

Angie Durán, una de las voceras del grupo aseguró que también “se pusieron al hombro la organización de los varados de otros países” porque los consulados «no les dieron respuesta».

“Estamos desde el 13 de marzo con pocas horas de sueño y trabajando porque nos hemos puesto al hombro la organización de los varados en otros países, no solamente en Costa Rica sino en otras partes del mundo”, afirmó la joven que estaba viviendo en ese país desde diciembre pasado.

Según explicó, en total son cerca de 350 personas y poco menos de la mitad podrá volver a Argentina en un vuelo que ellos mismos debieron informar a las autoridades nacionales porque no está dentro de los que se conocen como “vuelos de repatriación”.

“La mitad de los argentinos tenían pasajes de Latam y otro de Copa, Aeroméxico o Avianca, pero no tuvieron ninguna respuesta de las autoridades”, reclamó a Cadena 3.

En este marco, Angie aseguró que “la cantidad de varados a nivel internacional es elevadísima y con la extensión de la cuarentena se incrementará”. “No todos estaban de vacaciones. Hay muchos que estaban exiliados por la crisis económica del país, otros por intercambio de estudio, por experiencia laboral y la situación es amplia”, explicó.

“Hay que desmentir también que estamos recibiendo una asistencia VIP. La asistencia de cancillería no está siendo aplicada y los varados no llegan a ser el 1% acá. Hay gente que se ha quedado sin documentos o dinero y en esos casos se trató de conseguir algún tipo de asistencia, pero también es mentira que nos dan 30 dólares o que hay gente que rechaza los hoteles por no estar cerca de las playas”, planteó.

“Las playas están cerradas y los argentinos estamos en autocuarentena viviendo -muchas veces- en condiciones de hacinación en cuartos con cuchetas”, comentó y detalló que “Costa Rica es uno de los países más caros del mundo con un costo de vida que asciende a los 50 dólares por día”.

Días atrás, el grupo de varados en Costa Rica escribió una carta al Presidente pidiéndoles asistencia para que Cancillería instrumente vuelos chárter con alguna de las tres compañías que operan en ese país para arribar a Ezeiza.

Fuente: Cadena 3

Costa Rica estudia acciones internacionales para vigilar la respuesta al nuevo coronavirus por parte de Nicaragua, donde el gobierno no ha ordenado medidas de aislamiento social y ha celebrado manifestaciones y fiestas masivas, informó este domingo una autoridad costarricense.

Las poblaciones de estos países mantiene una estrecha relación, con entre 400.000 y 500.000 nicaragüenses radicados en Costa Rica que pasan regularmente de un país a otro.

Nicaragua es el único país centroamericano que no ha ordenado medidas de aislamiento social ni ha cerrado fronteras para evitar la entrada de personas del exterior.

«Ese es un tema que se está valorando a nivel de gobierno, la cancillería está trabajando en ese sentido», dijo a periodistas Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, al ser consultado si el país pediría a la OMS supervisar las acciones de Nicaragua.

Recordó que los dos países fronterizos han celebrado reuniones bilaterales con autoridades sanitarias para discutir acciones para frenar la propagación de la COVID-19, pero admitió que «falta mucho más».

«Es cierto que las cifras de Nicaragua en este momento no están acorde con lo que a nivel mundial se observa», agregó Marín.

Nicaragua registra seis casos detectados del nuevo coronavirus, entre ellos un fallecido, cifras que distan de las del resto de Centroamérica.

En Costa Rica se han confirmado 454 casos de la COVID-19 y dos fallecidos.

Para este fin de semana, cuando los países centroamericanos endurecieron las restricciones a la movilidad de personas ante el feriado de semana santa, Nicaragua anunció actividades festivas en todo el país.

«Es un fin de semana cargado de mucha alegría, de mucha fiesta que vamos a tener a nivel nacional, de mucha dinámica en cada uno de los municipios», dijo Félix Sánchez, responsable de Promoción Nacional del Instituto Nicaragüense de Turismo, citado por el portal noticioso oficial 19 Digital.

El surfista costarricense Noe Mar McGonagle, fue detenido por la Policía Municipal de Garabito al no respetar los sellos de clausura temporal en Playa Hermosa, ubicada en la provincia de Guanacaste de Costa Rica, sitio el cual no permite el ingreso de personas por el coronavirus.

«Se aprehende a un ciudadano el cual hace caso omiso a la declaratoria de emergencia nacional, se pone a las órdenes de la Autoridad Judicial Correspondiente, la responsabilidad es de todos, no sólo de la Policía», señaló la autoridad de Garabito en sus redes sociales.

«Él estaba en la playa, pero ya está en la casa en este momento y se encuentra bien… Hablé un poco con él, todos sabemos lo que está pasando y él ya está en su casa, ahora debe quedarse ahí tranquilo y ya aprendió la lección. Este es un momento de obedecer y hay que ser responsables de nuestros actos», señaló por su parte Rándall Chaves, presidente de la Federación Costarricense de Surf.

 

El Ministerio de Salud anunció este domingo que hay 314 casos de coronavirus en Costa Rica.

Hay 13 personas hospitalizadas, de las cuales seis se encuentran en cuidados intensivos.

Se registran casos positivos en 51 cantones de las siete provincias, siendo la más afectada San José y la menos afectada Limón. Por edad hay: 280 adultos, 22 adultos mayores y 12 menores de edad.

Se han descartado 3115 personas, 3 personas han sido dadas de alta, y se contabilizan dos fallecimientos, para un total de 19.

El gobierno de la República decretó hace dos semanas el estado de Emergencia Nacional, debido a la amenaza de la COVID-19.

Se suspendieron las lecciones en los centros educativos públicos y privados hasta el 4 de abril.

Además, solo pueden entrar al país las personas costarricenses y los residentes en el país, medida que se extenderá hasta el 12 de abril, y estos deberán permanecer 14 días en cuarentena.

La presente declaratoria de emergencia se mantendrá vigente durante el plazo que el Poder Ejecutivo disponga, según los informes que sean emitidos por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o en su defecto por el plazo máximo que establece la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Ley N° 8488, pudiendo ampliarse o modificarse mediante decreto ejecutivo si las condiciones de la emergencia lo exigen.

El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó que los casos por coronavirus en el país llegaron a 295.

Mediante un comunicado, el Ministerio informó que se tienen a 15 pacientes hospitalizados y que al menos 6 de estos están en la unidad de cuidados intensivos. Hasta el momento, dos personas han fallecido en el país por la enfermedad.

El Gobierno informó que ha ordenado el cierre de comercios por el fin de semana a partir de las 8 pm (hora local) de este sábado, con excepción de los destinados a los envíos de alimentos y medicamentos.

El ministro de Salud, Daniel Salas, informó esta mañana que en total se tienen detectados en Costa Rica 26 casos confirmados de coronavirus.

El Sistema de Emergencias 911, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias habilitaron la línea telefónica 1322 para consultas sobre el COVID-19.

La línea funcionará las 24 horas del día, con el objetivo de disminuir la cantidad de llamadas de carácter informativo que recibe actualmente el 911.

Las llamadas estarán a cargo de funcionarios del Ministerio de Salud, MEP, Seguridad Pública, Instituto Nacional de Seguros y Sistema de Emergencias 911.

Los funcionarios fueron capacitados y preparados sobre COVID-19 y están bajo la supervisión de personal especializado del Ministerio de Salud. Actualmente juntos, 911 y 1322 suman más de 40 posiciones de trabajo.

Los procedimientos y guías de atención para todas las consultas fueron elaborados por los equipos técnicos del Ministerio de Salud. De esta forma, el 1322 permitirá:

• Aclarar y explicar los síntomas de COVID-19.
• Recibir información de posibles casos COVID-19.
• En caso de que una llamada sea considerada de emergencia, será traslada al 9-1-1

El ministro de Salud, Daniel Salas señaló que «instamos a la población a utilizar la línea 1322 de forma responsable y para temáticas únicamente relacionadas con el COVID-19. A la vez que reiteramos hacer caso omiso a informaciones no oficiales que pueden generar pánico innecesario en la población».

A la vez que solicitó a la población quedarse en casa este fin de semana, para evitar posibles contagios. «Desde la institucionalidad estamos haciendo todo lo posible por protegernos, pero nos protegemos entre todos. Si no tenemos labores imprescindibles que atender este sábado y domingo, quedémonos en casa este fin de semana y no olvidemos el lavado de manos constante y protegernos a la hora de toser y estornudar, esta pelea la damos juntos», agregó el jerarca de salud.

La recomendación es si deben salir a lugares como ferias del agricultor, que continúan habilitadas, mantener todas las acciones de prevención recomendadas y el distanciamiento entre personas.

Las autoridades sanitarias comentaron que se trabaja con las organizaciones no gubernamentales y ayuntamientos para el abordaje de personas en condición de calle, así como adultos mayores. En esa línea hoy se efectuó una reunión en el Estadio Nacional con alcaldes y representantes de 40 municipios de todo el país, para articular acciones.

Las autoridades del Ministerio de Educación Pública indicaron que a partir del lunes se suspenden lecciones en 344 centros educativos: 253 por faltante agua y 91 por área de influencia con algún centro educativo cerrado por orden sanitaria.

Los datos registran 26 casos confirmados con un rango de edad de 10 a 87 años. Se trata de 14 mujeres y 12 hombres, de los cuales 23 son costarricenses y 3 extranjeros, registrándose casos positivos en San José, Heredia, Guanacaste, Alajuela y se suma Cartago.

Por edad tenemos: 21 adultos, tres adultos mayores y dos menores. De todos los pacientes todos confirmados, solo tres están internados. A este momento se han descartado 289 personas.

Las autoridades de Costa Rica informaron este miercoles que los casos confirmados del nuevo coronavirus COVID-19 en el pais aqscienden a 22, de los cuales solo uno ha desarrollado un cuadro grave a raiz de su condicion de diabetres.

El ministro de Salud, Daniel Salas, indico en una conferencia de prensa que las personas contagiadas  están en un rango de edad de 10 a 73 años. Se trata de 14 mujeres y 8 hombres, de los cuales 19 son costarricenses y tres extranjeros, registrándose casos positivos en San Jose, Heredia, Guanacaste y Alajuela.

Por edad se trata de: 18 adultos, dos adultos mayores y dos menores.

De los casos confirmados 16 son contactos del médico internado en condición delicada, previos a su diagnóstico.

Los pacientes están aislados en sus casas de habitación o centros médicos y con seguimiento total por parte de las autoridades sanitarias.

Además, tal y como lo hizo público hoy una paciente confirmada, existe en ese grupo una embarazada.

Mientras que se descartaron 118 sospechosos.

El análisis de la situación realizada hoy por los jerarcas de Salud y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) determinó que la alerta sanitaria vigente por el COVID-19 se eleve a alerta amarilla.

Esta alerta amarilla activa mesas operativas temáticas, permite movilizar recursos de manera interinstitucional y convoca al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dos veces al día, a partir de este lunes 9 de marzo a las 7:30 a.m., en esta primera ocasión, en Casa Presidencial.

El ministro de Salud, Daniel Salas y el presidente de la CNE, Alexander Solís informaron esta decisión a la población luego de un análisis de la difusión actual del virus, donde se registran 9 casos confirmados y 34 casos sospechosos.

“Desde enero venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud para la coordinación interinstitucional de acciones para la atención de la emergencia, en esa línea hoy tomamos la decisión de establecer la alerta amarilla, la cual faculta otros mecanismos de coordinación entre instituciones, vitales para el abordaje del virus”, señaló Solís.

En línea de la alerta emitida, el jerarca de Salud fue enfático en su recomendación a la población para posponer viajes en la medida de lo posible, dado que es probable que tengan contratiempos en vuelos y aeropuertos por la situación que se vive a nivel internacional.

“Nuestro sistema de salud es altamente sensible por eso ha detectado eficientemente los casos sospechosos y confirmados, así como el abordaje apropiado de estos. Sin embargo, acá es vital la responsabilidad individual para proteger a nuestra población más vulnerable como son aquellos diabéticos, cardiópatas, hipertensos, personas mayores o con padecimientos pulmonares, así como aquellos pacientes con cáncer o con enfermedades que comprometen su sistema inmune, quienes enfrentan con mayor severidad este virus” aseveró el ministro.

Son nueve los casos confirmados que se registran a este momento:

1. Mujer de 49 años, estadounidense.
2. Hombre de 49 años, esposo de la estadounidense. Continúa asintomático.
3. Hombre de 54 años, costarricense, que permanece internado en condición delicada.
4. Mujer de 73 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años.
5. Mujer de 41 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años.
6. Mujer de 54 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años.
7. Mujer de 56 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años.
8. Hombre de 34 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años.
9. Mujer de 70 años, estadounidense, residente en nuestro país, con registro de viaje reciente a Estados Unidos, pasando por dos aeropuertos de dicho país.

De esta forma se tienen confirmados seis costarricenses y tres estadounidenses. Todos aislados en casas de habitación o centros médicos y con seguimiento total por parte de las autoridades sanitarias.

“Insistimos a la población en las recomendaciones vitales para la prevención: lavado de manos, protocolo de estornudo y tos, no tocarse la cara si no se han lavado las manos, no saludarse con contacto físico y evitar asistir a eventos y actividades de concentración masiva cuando se tenga síntomas respiratorios, en especial si se tienen factores de riesgo a la salud” indicó el Ministro Salas.

Adicionalmente se manejan 34 casos sospechosos entre nacionales y extranjeros, en su gran mayoría contactos del costarricense de 54 años. Todos se mantienen aislados en centros hoteleros o habitacionales.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, enfrenta una investigación judicial inédita y consecuencias políticas que colocan en una crisis delicada al Gobierno del país centroamericano reconocido por la estabilidad política y la fortaleza de sus instituciones. Sin llegar aún a la mitad del mandato, el mandatario de 40 años figura como sospechoso en un expediente en el Ministerio Público y recibe un vendaval de críticas de la oposición que han derivado esta semana en la caída del ministro de más confianza del presidente. Además ha visto salir a otros cinco funcionarios de su entorno inmediato, días después del allanamiento policial a la sede de la presidencia como nunca se había visto.

Las denuncias sobre el posible manejo de datos confidenciales en una oficina del presidente Alvarado lo han obligado a suspender actividades públicas y reconocer la necesidad de responder con urgencia a un clima cargado de dudas y críticas, aunque también señala una confluencia de intereses mediáticos, económicos y electorales. Es sospechoso de prevaricar y de violar datos confidenciales, delitos penados con cárcel, en caso de que el Congreso le retirara la inmunidad si el proceso llegara a ese punto.

El mandatario reconoce que se ha agravado una desconfianza de por sí creciente sobre el sistema político. Esto, en medio de una situación fiscal apremiante y una fuerte presión por un desempleo de 12%, entre otras adversidades como el primer caso confirmado de coronavirus que significaría un revés para el Banco Central si se expande la enfermedad.

Con solo el 15% de las curules en el Congreso y el rechazo de numerosos sectores a propuestas del Gobierno para paliar el mayor déficit fiscal en 40 años, la Administraciòn de Alvarado se apresta a una agria celebración de la mitad del período, el 8 de mayo. Han pasado dos años desde que triunfó en segunda ronda sobre el predicador Fabricio Alvarado en una campaña polarizada en torno asuntos religiosos, después de que en la primera vuelta solo el 13% había votado por el actual mandatario. En las encuestas publicadas en 2018 y 2019 lo mostraban como un equilibrista en una cuerda floja, valiéndose de apoyos puntuales o momentáneos y con un equipo de ministros multipartidista que ha debido sustituir en un 50%.

El último cambio ha sido el ministro de la presidencia, Víctor Morales, quien reconoció públicamente que su credibilidad como representante del Ejecutivo estaba «hecha polvo” y así no podía seguir. Alvarado y Morales también enfrentan cargos judiciales por firmar el decreto presidencial mediante el cual se intentó formalizar el funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), aunque lo derogaron solo horas después de que detonaron las críticas por un artículo que mencionaba la posibilidad de acceder a datos confidenciales. El resto fue una escalada de acontecimientos que se coronaron –de momento- con el operativo policial para decomisar computadores, móviles y e información de distintas oficinas de la sede presidencial. La foto que queda es la del edificio acordonado con cinta amarilla y decenas de policías entrando con su chaleco antibalas y armas de reglamento, una escena que algunos estiman desproporcionada.

Es la ley funcionando, dice Emilia Navas, la fiscal general a cargo de la investigación. Navas llegó al puesto después de fuertes cuestionamientos a su antecesor por falta de acciones contra figuras políticas. Aunque dice comprender ciertas reacciones escépticas, asegura que los indicios y las normas sustentan el operativo policial que duró 32 horas del viernes 28 de febrero al sábado 29 y acabó con el decomiso de numerosos aparatos electrónicos, incluido el móvil personal de Carlos Alvarado, el presidente.

Pese a estar expuesto en sus comunicaciones y sus documentos ante las autoridades judiciales, el discurso de Alvarado no riñe con la acción judicial y la admite como la única manera de disipar las dudas generadas por decenas y decenas de informaciones periodísticas en los últimos 10 días. Critica, eso sí, los enfoques noticiosos “populistas” y atribuye oportunismo a grupos económicos y de partidos de oposición para exacerbar esta crisis. El presidente, proveniente del Partido Acción Ciudadana (centro izquierda) también ha designado como nueva ministra de presidencia a Silvia Lara, una socióloga procedente de una asociación empresarial y partidos tradicionales, acompañada por el ministro más veterano del Gabinete, Rodolfo Méndez, un ingeniero de 82 años que parece aplacar las críticas por la inexperiencia de Alvarado y su círculo inmediato.

Ya han salido organizaciones empresariales y dirigentes políticos opositores a pedir cordura, dejar que avancen las investigaciones y pasar la página, después de dos semanas de un Congreso casi paralizado. Algunos piden la renuncia del presidente, pero otros aducen que el sobrecalentamiento político puede generar inestabilidad y eso repercute en una economía de por sí estancada. Hay una conciencia parcial de que la situación es delicada, analiza Jorge Vargas Cullel, director del centro de pensamiento Estado de la Nación, donde ha explicado por varios años la creciente erosión de la confianza popular en las instituciones, aunque aún advierten reservas considerables.

“Hasta ahora es claro que hay una crisis en el Gobierno, pero no es una crisis de gobierno como ha visto en otros países. Es un caso que agarra al Ejecutivo en mal momento en momentos en que debe tomar nuevas medidas en materia fiscal, pero con menos fuerza que cuando logró se aprobara una primera reforma fiscal en 2018”, explicó Vargas. La revisión de exenciones de impuestos, la posibilidad de relajar el secreto bancario y nuevas reglas salariales para empleados públicos están dentro del paquete de medidas planteadas por el Ministerio de Hacienda para este año, mientras organismos internacionales y agencias calificadoras señalan los riesgos por el alto endeudamiento, que se prevé llegue a 60% del PIB en los próximos meses.