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Trabajadores y ATE le reclaman al ministro Gustavo Hermida la recuperación. Desde marzo pasó a depender de la cartera de Federico Massoni. El sindicalista Guillermo Quiroga alertó que podría accionar la Justicia contra el funcionario. Esta semana definirán entre los titulares de los Ministerios de Familia y de Seguridad cómo resuelven la situación del Centro de Orientación Socio Educativo (Cose).

«Lo más probable es que haya conflicto en el Cose si no se resuelve en la semana», adelantó el secretario general de ATE, por el reclamo de alrededor de 50 trabajadores que dependen del Ministerio de Familia. Ocurre que, como informara EL CHUBUT, el centro está sin menores alojados y sin actividad desde marzo, cuando se hizo cargo el Ministerio de Seguridad ante la eventualidad de detenciones por inclumplimiento de la cuarentena.

El sindicalista Quiroga insistió en señalar que el Ministerio de Seguridad «hace acto de posesión de las instalaciiones y hasta ahora no lo ha devuelto». Y agregó que «es algo que tiene que resolver el ministro de Familia con el Gobernador; plantearle la gravedad de la situación porque hay intimaciones y de este modo el propio ministro estaría incurriendo en el no cumplimiento de sus funciones».

Incluso Quiroga resaltó que Hermida «no ha tenido que ver con esto» pero «puede estar en la mira de la Justicia». Aunque «acá los responsables han sido otro, también la ex ministra» Cecilia Torres Otarola que cedió el Cose al Ministerio de Seguridad.

«Hay intimaciones de la justicia»

Quiroga recordó que ya hubo una intimación de la Defensoría Pública y un planteo del juez Sergio Piñeda, para que el Cose vuelva a funcionar. «No hay menores porque los trasladan a otros lugares o directamente están en sus casas», dijo el secretario general de ATE.

«Esto es algo que los trabajadores hace rato reclaman, porque están dispersos en distintas instituciones del ámbito del Ministerio de la Familia. Y ellos están capacitados para lo que es el trabajo en la contención de menores y que hoy no encuentran lugar», concluyó Quiroga.

La propuesta, que se efectuará durante dos encuentros más, es dictada por profesionales en la temática.

Con el acompañamiento del Ministerio de la Familia y Promoción Social del Chubut, que conduce Valeria Saunders, y la organización de la Escuela de Capacitación Judicial, comenzó este jueves en Rawson con una importante convocatoria un curso sobre herramientas de facilitación de la comunicación y mediación.

De la propuesta formaron parte integrantes del Poder Judicial cuya materia se vincula con la restitución de derechos, operadores y profesionales del Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), equipos de Penal juvenil de Puerto Madryn y Trelew,  representantes del Nivel Central de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia y de la Dirección de Protección de Derechos, entre ellos, la directora General de Niñez, Adolescencia y Familia, Alicia Chávez, y la directora de Políticas de Protección de Derechos, Cirila Herrera.

Además, estuvieron presentes personal y coordinadores de los Servicios de Protección de Derechos de Trelew, Rawson, Paso de Indios y Gaiman y los operadores del Hogar de Niños de Trelew.

El taller se llevó a cabo en instalaciones de la Escuela de Capacitación Judicial de la ciudad capital y continuará el 3 y el 17 de octubre en el horario de 8 a 12 horas, siendo coordinado por las doctoras Silvia López, Carolina Sequenzia y Jorgelina Ezcurra, funcionarias mediadoras de las Oficinas de Mediación Judicial.

Cabe destacar que teniendo en cuenta la relevancia de los temas abordados y la gran convocatoria obtenida en este primer encuentro, el curso se efectuará próximamente en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel.

Nuevamente se reunieron los ministros del Superior Tribunal de Justicia con el gobernador Mariano Arcioni, en esta ocasión en la Sala de Situación de Casa de Gobierno para continuar evaluando diversas alternativas para mejorar la problemática de lugares de detención en la provincia.

Según el parte de prensa del STJ, estuvieron Alejandro Panizzi y Miguel Donnet, acompañados por el juez de Ejecución Penal Daniel Yangüela.

También estuvieron presentes los ministros del Poder Ejecutivo de las carteras de Familia, Educación, Trabajo, Salud e Infraestructura.

Se avanzó en acciones concretas con miras a implementar futuras mejoras para lugares de detención, marcando como prioridad la situación del Centro de Orientación Socio Educativo, donde se alojan menores. También se planteó la necesidad de trasladar el COSE a un centro urbano, adecuando los lugares de alojamiento a los objetivos de resocialización.

Dicha reunión fue convocada por el mandatario con el objetivo de abordar temas relacionados con los centros de detención, el COSE y programas para personas privadas de la libertad.

Al término de la reunión, el presidente de la Sala Penal del Superior, Panizzi, destacó la decisión política del escribano Arcioni de abordar una problemática que “generalmente los gobernantes prefieren ocultar o eludir”.

El magistrado valoró la presencia en la reunión de los ministros de las áreas que tienen incumbencia en la materia, quienes recibieron instrucciones precisas por parte del gobernador para tomar medidas que permitan arribar a soluciones inmediatas.

Panizzi reveló que los funcionarios se comprometieron a implementar actividades laborales para las personas en situación de riesgo, como por ejemplo, la puesta en marcha de bloqueras y otras actividades lucrativas.

Asimismo, sostuvo el titular de la Sala Penal que la pluralidad de la reunión “es un buen ejemplo para demostrar que los poderes del Estado pueden ir codo a codo en la misma dirección, en la búsqueda de soluciones de políticas públicas”.

Jornada

Durante la madrugada de ayer, personal policial de Puerto Madryn que patrullaba la ciudad tomó conocimiento que un grupo de menores había ingresado a la escuela 750 comenzando un incendio.

Los uniformados los detuvieron en el lugar. Y constataron que habían prendido fuego una pancarta que estaba en una pared, una cortina y un cesto plástico de residuos.

A raíz de ello, personal de los bomberos voluntarios locales tuvo que intervenir para apagar los focos ígneos.

Los adolescentes fueron trasladados a una dependencia policial e imputados por daño agravado.

Los acusados son A. T. (17), J. C. (16), M. F. (17); quienes quedaron alojados en el Centro Orientador Socioeducativo (COSE), señaló la Fiscalía.

La causa está a cargo de la funcionaria de la Fiscalía María Eugenia Vottero, quien formuló cargos por “daño agravado”.

En tal sentido, el Código Penal prevé en su artículo 184 una sanción para el que dañe bienes de uso público, como lo es una escuela.

 

 

Diario Jornada