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Corte Suprema de Justicia

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a la jueza conservador Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de Justicia y pronosticó que el Senado, con mayoría republicana, procederá a confirmarla «muy rápido».

Con la nominación de Barrett para ocupar la vacante que se produjo en el máximo tribunal por la muerte de la progresista Ruth Bader Ginsburg, Trump apuesta a dejar armada una corte ultraconservadora para los próximos años.

Si bien los magistrados conservadores detentaban una mayoría de 5 a 4 respectos de los liberales y progresistas, con el fallecimiento de Ginsburg, considerada un ícono del feminismo, esa relación será la de una cómoda mayoría de 6 a 3.

Esa mayoría deja abierta la posibilidad de rever temas de gran debate en la ciudadanía estadounidense, como la ley de aborto, que rige desde 1973, y divide a la ciudadanía estadounidense.

Trump dijo que Barrett, a su lado en el jardín de la Casa Blanca, es «una de las mentes legales más brillantes y dotadas».

En la primer reacción ante la nominación, que desde hace dos días era un secreto a voces, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, llamó al Senado estadounidense a no confirmar a la jueza Barrett antes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

Quién es Amy  Coney Barrett

Nacida en Nueva Orleans como la mayor de siete hermanos, Coney Barrett se graduó en Rhodes College antes de recibir una beca completa en la Escuela de Leyes de Notre Dame, donde se graduó en el primer lugar en su clase.

Coney Barrett y su esposo tienen siete hijos, incluyendo a dos haitianos adoptados.

Trabajó con el juez Laurence Silberman y con el fallecido juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, antes de entrar a la práctica privada. Regresó a la Escuela de Leyes de Notre Dame e impartió clases en 2002 antes de convertirse en profesora en 2010.

La jueza ha elogiado a Antonin Scalia como un mentor intelectual así como por su dedicación al textualismo, que sostiene que la Constitución debería ser interpretada con el contexto con el que fue escrita.

En un evento realizado en noviembre de 2016 en Jacksonville, al referirse a una vacancia previa en la Corte Suprema, Barrett dijo que Scalia “resistió la noción de que la Corte Suprema debería estar en el negocio de imponer sus puntos de vista de costumbres sociales sobre el pueblo estadounidense”, y que él pensaba que debería depender “de la gente decidir” cosas en la Constitución que no estaban explícitamente prohibidas o permitidas”.

La selección de Coney Barrett fue muy anticipada, con muchos medios de comunicación señalándola como la principal candidata para la nominación. Ya había enfrentado antes el escrutinio y la crítica concertada de algunos medios de comunicación debido a su fe católica.

La Corte Suprema de Justicia impuso detención domiciliaria al expresidente  de Colombia y actual senador Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno.

Así lo anunció el mismo senador a través de su cuenta de twitter, “la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”.

La decisión fue tomada de manera unánime por los cinco magistrados que están a cargo del caso. Es la primera vez que un expresidente de Colombia es detenido.

La decisión del alto tribunal tiene efecto inmediato, la detención preventiva en su domicilio podría prolongarse hasta por un año.

Uribe enfrenta una investigación por presuntamente tratar de cambiar testimonios de testigos que lo señalaban de promover el paramilitarismo.

El caso de los testigos

En septiembre de 2014, el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener conexiones con paramilitares y narcotraficantes usando como evidencia los testimonios de varios exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Los testimonios aseguraban que Álvaro Uribe y su hermano Santiago fundaron el Bloque Metro, una rama del movimiento paramilitar que enfrentó a las guerrillas de manera feroz y dejó decenas de miles de víctimas.

Santiago Uribe permanece arrestado desde 2016 y es acusado de haber creado otro grupo paramilitar, los Doce Apóstoles.

Tras el debate promovido por Cepeda, el expresidente Uribe pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigara al senador izquierdista por haber sobornado y manipulado a dichos testigos.

La Corte, sin embargo, no solo absolvió a Cepeda, sino que incluyó a Uribe en su investigación por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal.

Uno de los 42 testigos que declararon en el caso es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC. Primero acusó a Uribe, luego se retractó y después dijo que su cambio de postura había sido por presión de uno de los abogados de Uribe, Diego Cadena.

Cadena rindió indagatoria este lunes bajo los mismos cargos que imputan a Uribe. La Corte investiga si los abogados fueron los ejecutores de la presión y si el exmandatario financió el soborno.

Todos los implicados niegan los cargos y aseguran que detrás hay una persecución política contra el uribismo, movimiento que cambió a Colombia bajo una política de «seguridad democrática» y acorralamiento de las guerrillas, pero que tiene a varios de sus prominentes líderes arrestados, prófugos y exiliados.

La abogada de la familia del tatuador anarquista, desaparecido tras la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen y aparecido muerto en el río Chubut en octubre de 2017, apelará ante la Cámara de Casación la decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que designó a cargo de la investigación judicial otra vez al juez Gustavo Lleral, y también tiene cita en la Corte Suprema.

“No voy a dejar firme esa resolución. Mientras tanto Lleral no debería tomar ninguna medida en la causa, y además el tema de las escuchas ilegales a Sergio Maldonado está en la Corte, es la cuarta vez que vamos al máximo tribunal”, explicó a Página/12 Verónica Heredia, que representa a los familiares de Santiago.

“Es volver y volver, una y otra vez, la imagen perfecta de esta causa”, agregó al referirse a la maraña armada por todas las instancias judiciales que están interviniendo en un expediente en coma. “Juegan al desgaste”, sintetizó Sergio Maldonado.

Además de haberlos ninguneado cuando Santiago estaba desaparecido y el anterior gobierno negaba que hubiera estado entre los mapuches, y de haberlos atacado con los ejércitos de trolls –con funcionarios digitando los primeros pasos del juzgado de Guido Otranto–, la administración macrista y la gestión de Patricia Bullrich intervino de manera ilegal las comunicaciones de su familia y allegados.

El espionaje se completó con seguimientos para nada discretos mientras Sergio Maldonado, su esposa y sus abogadas recorrían desesperados la Patagonia en su búsqueda. Esta actividad, penalizada por tres leyes nacionales, es objeto de una causa federal en la que están imputados ex funcionarios del ministerio de Seguridad.

Pero lo que lleva a la abogada de la familia de nuevo al Palacio de la calle Talcahuano es la necesidad de ratificar la nulidad de esas escuchas, que detectó el juez Lleral cuando se hizo cargo del caso en reemplazo de Otranto y las anuló.

El problema es que las resucitó un fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia, presidido por Javier Leal de Ibarra, a la sazón integrante de la oficina que se dedica a las intervenciones telefónicas. El caso ya pasó por la mayoría de los despachos de la Corte y ahora estaría en la vocalía de Horacio Rosatti.

Así, la investigación en sí misma está detenida en primera instancia, a la espera de decisiones de escalones superiores.

El último día de la feria de verano, tal como informó Página/12, Casación envió el caso a Lleral quien ya se había apartado dos veces, una por iniciativa propia y la segunda al ser recusado, y la familia dio la noticia bajo el título de “el loop infinito de la justicia”.

La imagen que remite a una repetición que no lleva a ninguna parte fue acompañada con una infografía que puso en evidencia los rostros de quienes, a criterio de los parientes de Santiago, son los responsables de una maraña que los aleja de la verdad y la justicia que exigen. Ahora se agregan los del Máximo Tribunal.

“Una vez más queda claro que el Poder Judicial es una trampa, un laberinto del terror sin fin, y que siempre son los mismos jueces los que van resolviendo arbitrariamente el recorrido”, lamentaron los Maldonado al informar las novedades.

En un mensaje por Twitter, en el que se dirigió a la ministra de Justicia y al presidente Fernández, Sergio Maldonado agregó que la llave del laberinto la tiene el juez Leal de Ibarra, uno de los camaristas que validó las intervenciones a su teléfono mientras su hermano aún estaba desaparecido.

“Necesitamos con suma urgencia verdad y justicia, en Argentina no hay justicia, juegan al desgaste todo el tiempo”, sintetizó.

En diálogo con Página 12, Heredia anticipó: “Voy a presentar un recurso extraordinario federal contra la decisión de la Cámara de Casación, que en diciembre ratificó la reapertura del caso pero por mayoría los camaristas rechazaron el planteo de Sergio Maldonado para que sea investigada la desaparición forzada de su hermano por parte de un equipo de expertos independientes de los poderes del Estado”.

La letrada, que en 2011 obtuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la condena al Estado argentino por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres, está convencida de que esa es la única salida: la intervención de profesionales ajenos a los gobiernos cuyas fuerzas de seguridad son las imputadas. Y así lo sigue expresando la familia en su solicitud al Poder Ejecutivo para que “tenga la voluntad y la decisión política para avanzar en la conformación del grupo de expertos independientes a partir de nuestra expresa petición del 20 de enero de 2020”.

Desde la semana pasada está alojado en un calabozo ciego, sin luz y sin inodoro.  Su caso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia y de ser factible a un tribunal internacional.  Desde su cercano entorno denuncian que es ilegal lo que los jueces están haciendo con él y lo consideran un “adelantamiento de pena”; pese a que aún no ha sido enjuiciado por el delito de tentativa de homicidio que le imputan, y no se sabe si es inocente o culpable. Este martes a la mañana volvieron a confirmarle la prisión preventiva.

El letrado está detenido imputado de haber intentado matar a tiros a un tapicero en un intrincado suceso que ocurrió el año pasado en Trelew y este miércoles se cumple un mes de que comenzó una huelga de hambre, justamente, quejándose de las condiciones en la que lo tienen preso. Ya bajó 15 kilos.

Jessica Romero, la hija, tras otro revés que tuvieron pidiendo la libertad o en todo caso la tobillera con un arresto domiciliario, les solicitó públicamente a los jueces que “dejen las cuestiones personales de lado y que resuelvan conforme a Derecho. Y respetando las garantías y derechos constitucionales que todo procesado debe tener”. Antes aseguró: “Acá está en juego la libertad y la vida de mi papá”, a continuación el audio de lo que dijo este martes a la tarde en el programa que conduce Darío Brandan por Radio 3 AM 780.

El exsenador colombiano Álvaro Uribe se convertirá este martes en el primer expresidente de ese país en tener una audiencia en la Corte Suprema de Justicia por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y manipulación de testigos, un caso que tiene en vilo a Colombia por las repercusiones que podría tener en la política interior.

La Sala de Instrucción II de la Sala de Casación Penal de la máxima corte anunció el 24 de julio de 2018 que había obtenido las pruebas suficientes para investigar a Uribe, tras las denuncias del senador Iván Cepeda, los testimonios de testigos claves y las conversaciones interceptadas a un grupo de sus conocidos.

El pasado 16 de agosto de 2019, la Corte fijó el 8 de octubre, a las 8:00 de la mañana (hora local) como fecha para la indagatoria a Uribe. Tras esta cita, los magistrados tienen por lo menos diez días para determinar si siguen con la investigación o si archivan el caso.

«Amor por Colombia»

Horas antes de la comparecencia, el senador expresó que nunca se imaginó que su «amor por Colombia» le causara «dificultades judiciales».

«Nunca pensé que la defensa del honor y mi amor a Colombia me creara estas dificultades judiciales que enfrento con espíritu patriótico y con el estímulo solidario de miles de colombianos con quienes tengo gratitud del alma», afirmó.

Por su parte, Cepeda anunció que no asistirá a las audiencia de este martes, que se llevará a cabo en el Palacio de Justicia, para «evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte».

Los seguidores del político derechista han convocado una concentración en el Parque Nacional, en Bogotá, a partir de las 11:00 de la mañana (hora local).

Batalla legal de Cepeda y Uribe

Durante unas visitas a centros de reclusión en 2011, Cepeda mantuvo conversaciones con varios exparamilitares que le aseveraron que el fundador del derechista Centro Democrático había propiciado la existencia de un bloque narcoparamilitar en los años 90.

A partir de 2012, se inició una batalla legal entre ambos, que se señalaban mutuamente de realizar compras de testigos para perjudicar al otro. Tras años de idas y venidas, en 2018 el caso fue retomado y tuvo un giro cuando la Corte Suprema decidió que paralizaba la investigación contra Cepeda y que abría una contra Uribe por presuntamente haber cometido delitos de soborno y fraude procesal.

Esta comparecencia ha sido catalogada como clave en la historia del país suramericano por su significado judicial y político ante las denuncias hechas contra Uribe por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo.

¿Cómo empezó todo?

En agosto de 2011, Cepeda, del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo, sostuvo un encuentro en la cárcel con el exparamilitar Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, como parte de su labor en la vicepresidencia de la comisión de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Paz.

Sierra García afirmó que el Bloque Centro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) tenía como base la hacienda las ‘Guacharacas’,propiedad del entonces gobernador Uribe y su hermano Santiago, ubicada en San Roque, en el departamento de Antioquia. Junto a ellos estarían otras dos parejas de hermanos:

  • Santiago (condenado por paramilitarismo en 2010 y dejado en libertad el pasado mes de enero) y Pedro Gallón Henado. Ambos relacionados con el asesinato del futbolista Andrés Escobar.
  • Luis Alberto (paramilitar asesinado en 2005) y Juan Guillermo Villegas Uribe.

Este bloque de las ACCU se habría creado para proteger los predios de la hacienda de los Uribe debido a que, meses atrás, un grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se robó 600 cabezas de ganado y seis caballos de la propiedad de los Uribe, que además fue incendiada.

Adicionalmente, Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias ‘Guacharaco’ (detenido y condenado por de secuestro extorsivo y concierto para delinquir), trabajó como paramilitar en la mencionada hacienda y, en una entrevista con Cepeda, ratificó la información sobre Uribe y aseveró que el hermano del expresidente y uno de los Gallón Henao acordaron el transporte de votantes para las presidenciales de 2002, donde Uribe ganó, según cronología del representante de la Cámara David Racero.

Reacción de Uribe

En 2012, Cepeda debatió en el Congreso sobre lo que le habían aseverado los testigos claves tras sus visitas para conocer la situación carcelaria en el país y denunció a Uribe, junto a los otros fundadores de las ACCU, por homicidio agravado, desaparición forzada, tortura, concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por omisión, apoderamiento y tráfico de hidrocarburos, fabricación de estupefacientes, abuso de autoridad y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles.

Como respuesta, Uribe lo señaló de cometer «abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada».

El entonces expresidente aseguró que el congresista había buscado a testigos falsos a los que había ofrecido beneficios penales, retribuciones económicas y su salida de Colombia, a cambio de incriminarlo en actividades relacionadas con el paramilitarismo.

Ese mismo año, la Fiscalía colombiana abrió una investigación y unificó el caso con las denuncias de Cepeda y Uribe. Monsalve Pineda ratificó lo dicho al congresista al ser interrogado por la Justicia.

A principios de 2013, un testigo interpelado a petición de Uribe desmintió lo dicho por Monsalve Pineda sobre el supuesto robo de las 600 reses.

A mediados de ese año y en 2014, Uribe amplió la denuncia contra Cepeda, tras un nuevo debate en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia. Dijo que se había excedido en sus funciones de senador, puesto que había visitado 21 veces a Monsalve Pineda, y ratificó sus denuncias de beneficios a cambio de vincularlo con las ACCU.

Investigación de la Corte Suprema

En 2014, ya Uribe era senador por lo que la investigación que llevaba inicialmente la Fiscalía fue remitida a la Corte Suprema de Justicia.

Un año más tarde, ante denuncias de presiones a familiares de Monsalve Pineda, la Corte interceptó el teléfono de su padre. Tras esta acción, quedaron en evidencia las llamadas de Villegas Uribe, uno de los fundadores de las ACCU, a los allegados de Monsalve Pineda para presionarlos a favor del expresidente.

En la víspera de Navidad, Uribe publicó en su cuenta de Twitter que sus comunicaciones estaban siendo escuchadas, lo que se debía a sus llamadas a los números interceptados previamente por la Corte.

Esta primera comparecencia ante la Justicia colombiana como consecuencia de la disputa legal con Cepeda ha polarizado las opiniones sobre el fundador del partido político actualmente gobernante.

El sector más conservador considera que se trata de una artimaña política, a menos de un mes de las elecciones regionales, para darle un golpe al partido más votado en las presidenciales donde Iván Duque obtuvo el triunfo.

Para sus detractores, es una ventana que se abre para que el senador sea investigado por otros presuntos delitos relacionados escuchas ilegales, narcotráfico, homicidios, paramilitarismo, masacres, entre otros, con sus gestiones como gobernador de Antioquia (1995-1997), como presidente de Colombia (2002-2010) y como senador (2014 hasta la actualidad).

El expresidente tiene 56 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 ante la Corte Suprema de Justicia, sin que antes haya ocurrido la fase indagatoria de este martes, así lo reseña RT.

En un extenso artículo de investigación, Horacio Verbitsky  da cuenta de las relaciones de negocios mineros entre el  presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz y el presidente Mauricio Macri a través de un directivo dentro del Grupo Macri y del abogado Gabriel Bouzat, socio del estudio Bouzat, Rozenkrantz & Asociados.

La empresa Minera Geometales, una de las tantas que integran el Grupo Macri, cuenta con el contador mendocino Julio Pulisich como su apoderado, quien también es el eslabón perdido entre Macrì y Rosenkrantz en sus negociados ya que Pulisich participa del directorio de la empresa Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá, que tiene entre sus directores a Gabriel Bouzat, el polémico socio de Ronsenkrantz.

Esto se conoció cuando Macri designó Rosenkrantz como comisionado del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia, y tuvo que entregar una lista parcial de los clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. Entre ellos figuraba la empresa Oromin.

La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema. Una grosería que fue corregida por allegados al Gobierno.

Para graficar las consecuencias de este vínculo en las decisiones judiciales y políticas del gobierno de Cambiemos se puede aludir al acuerdo que mantiene el presidente de la empresa Oromin, Chester Idziszek, con la multinacional minera Barrick Gold.

En la lucha por la «Ley de Glaciares», que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente, la Barrick Gold ejerce una fuerte presión para que se declare su inconstitucionalidad. Una puja que tiene a Rosenkrantz con claros intereses en lo que pueda conseguir la empresa asociada a Oromin.

 

 

noalamina.org

La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves que el juicio contra Cristina Kirchner arrancará el próximo martes, tal como estaba previsto. En un comunicado, el máximo tribunal aseguró que el pedido del expediente para analizar los recursos presentados por las defensas no interrumpe las audiencias.

«Dicho pedido no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno», expresa el texto.

Además, aseguran que los integrantes de la Corte tomaron la decisión de pedir el expediente y analizarlo para evitar que, tras finalizar el juicio oral, quede nulo: «Se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificandose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad».

Según fuentes judiciales, la Corte fotocopiará el expediente que este jueves le envió el TOF2que debe juzgar a Cristina Kirchner «en su formato original para que todo siga como estaba estipulado». Además, desde el TOF 2 dijeron que está todo listo para que arranquen las audiencias.

En el comunicado que emitió la Corte, que consta de 10 puntos, dicen que «ante la difusión de diversas informaciones vinculadas al expediente mencionado, que no tienen ninguna relación con los hechos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclara».

Asimismo, aseguran que existe ante el Tribunal, además de la causa de referencia, un total de «ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal».

Y se explayan: «El paso jurídicamente correcto fue solicitar los incidentes de la Cámara Federal de Casación Penal al Tribunal Oral Federal interviniente, que fueron recibidos por el Tribunal en fecha 17 de abril de 2019. Que de la lectura de dichos legajos no surgieron elementos suficientes para poder resolver los planteos de las partes. Que, en función de ello se solicitó con carácter de urgente el expediente principal al Tribunal Oral, medida ésta dispuesta por esta Corte Suprema».

Los magistrados también aseguran que la medida es habitual y que fue utilizada en otros expedientes. Esa aclaración la hacen por el revuelo que se desató tras la medida de la Corte y que podía retrasar el juicio. Incluso el miércoles, el presidente Mauricio Macri y varios funcionarios hablaron de «impunidad» y por la noche hubo un cacerolazo en repudio a la decisión del máximo tribunal.

El punto siete del comunicado es el más firme y el que aclara que la solicitud del expediente no demora el inicio del juicio oral en trámite «ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido».

«La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno», aclaran los jueces de la Corte.

En la noche del martes, y de manera sorpresiva, la Corte le pidió al TOF2 todo el expediente de la obra de Vialidad para analizar los recursos de queja de las defensas. Eran nueve en total, dos de los cuales correspondían a la ex presidenta.

La movida de la Corte dejaba en virtual parálisis el inicio del juicio oral. Todo el arco político salió a criticar la resolución que se leyó como una decisión del máximo tribunal de garantizar la impunidad. El fallo tuvo cuatro votos a favor y una abstención del presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz. A favor votaron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Helena Highton.

En medio de ese contexto ahora la Corte sale a aclarar que en realidad no se demorará el inicio del juicio.

 

 

Clarín

Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, defendió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de analizar los pedidos de las diferentes defensas en la causa por presuntas irregularidades en la obra pública que harían retrasar el primer juicio oral contra la exmandataria.

«No están dadas las condiciones para que se inicie un juicio del que podamos esperar que se resuelva con una sentencia válida. No hay ninguna razón jurídica para que el juicio comenzara el día martes. No tenemos notificación oficial sobre si se suspende o no. La Corte está alertando que este proceso puede ser nulo. El fiscal tendría que tener en cuenta esto», expresó el letrado este miércoles 15 de mayo, en declaraciones al programa Va de vuelta de Radio Nacional.

El abogado mencionó, además, una «sobreactuación» del Poder Ejecutivo y una «interferencia» del poder político en las denuncias que se presentaron contra la senadora nacional por Unidad Ciudadana. «El tribunal oral debería suspender las audiencias hasta que la Corte le devuelva las actuaciones o le indique un camino a seguir, pero es un tema demasiado político y no se si procederá de esta manera», afirmó. No obstante, aseguró que Cristina se presentaría «sin problema» ante la Justicia en caso de tener que hacerlo. «Fuimos a todas las audiencias, si el tribunal decide que ella tiene que ir, por supuesto que vamos a cumplir, sin dejar de marcar que se está llevando a cabo una acción inválida», remarcó.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco firmaron este martes una resolución en la que se instruyó a su secretario penal para pedir el cuerpo principal de la causa y estudiarlo. De esta manera, el máximo tribunal del país hizo lugar a pedidos de la senadora nacional y otros imputados en el caso por corrupción.

El planteo provocaría un retraso en el inicio del primer juicio oral contra la ex presidenta, en momentos en que existe expectativa por su eventual candidatura nacional.

Tras la resolución del máximo tribunal, el fiscal Diego Luciani solicitó que el juicio oral a Cristina por la obra pública comience el martes 21, como estaba estipulado. A su pedido se sumó también el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici.

 

 

Perfil

 

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, la Corte instruyó a su secretario penal para que pida el cuerpo principal de la causa «Vialidad» al Tribunal Oral Federal 2 para su análisis.

El máximo tribunal, por cuatro votos contra uno, reclamó que se le envíe todo el expediente para analizar un pedido de la defensa de la expresidenta. La Corte frenó el juicio por la obra pública que se iba a iniciar la semana próxima, el 21 de mayo, contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y otros imputados. Con esta resolución de la Corte, el juicio se lentifica.

Esta tarde, horas antes del fallo de la Corte, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que las causas conocidas como «Hotesur» y «Los Sauces», donde está procesada la ex presidenta Cristina Fernández, se tramiten juntas en un solo tribunal oral. En esas causas están imputados, además de la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita.

La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal del país se produjo ante un conflicto de competencia que se había desatado entre el TOF 5, designado originalmente para la causa «Los Sauces», y el TOF 8, sorteado para el caso «Hotesur».

Horas más tarde, la Corte justificaba su fallo. El motivo de la resolución sería para evitar futuros pedidos de nulidad de las actuaciones, por eso, antes de dar inicio al juicio, van a revisar en detalle las intervenciones de la Cámara Federal de Casación Penal, que en reiteradas ocasiones rechazó las recusaciones de Cristina.

La Corte revisará no sólo las apelaciones de Cristina, sino también las de Julio De Vido, Lázaro Báez y el resto de los imputados.

La resolución de la Corte Suprema de Justicia, se da no solo casi en simultaneo con la de Casación, sino cuando la expresidenta concurría a la Mesa del Consejo Nacional del PJ.

 

 

La Izquierda Diario