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La reconocida jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg murió este viernes. Esto tras complicaciones de salud. La magistrada fue ingresada en julio al Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, para recibir tratamiento por un nuevo cáncer que le fue encontrado a principios de este año.

“Mi deseo más ferviente es que no sea reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente”, comunicó Clara Spera, nieta de la jueza.

Ginsburg ocupaba uno de los cargos más importantes en EE UU. Su enfermedad preocupó al Partido Demócrata debido a que su salida del cargo obliga a que el presidente Donald Trump nombre a un nuevo juez en la Corte Suprema, el cual sería más conservador que Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los dos magistrados que el republicano ya nombró en el tribunal.

Considerando que la Corte Suprema cuenta con cinco jueces conservadores y cuatro liberales, incluyendo a Ginsburg, un nuevo cambio bajo esta administración cimentará la mayoría conservadora en el tribunal

El procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, ya sabía desde la noche del miércoles que trabajaría todo el fin de semana. Pasó buena parte del jueves y el viernes en las oficinas del Gobierno porteño de la calle Uspallata. Es quién lleva adelante la estrategia técnica de la presentación que Horacio Rodríguez Larreta pretende llevar a la Corte Suprema, hacia mediados de la semana próxima. Será un largo escrito judicial, con la intención inmediata de paralizar el recorte de 1,18 puntos porcentuales que dispuso por decreto Alberto Fernández, y la pretensión ulterior de lograr la declaración de inconstitucionalidad de la decisión presidencial.

Astarloa no será el único que remará durante todo el fin de semana. Rodríguez Larreta deberá atender tres frentes: el judicial, el económico y el político. Y en cada uno de ellos encontrará dificultades. El jefe de Gobierno sabe que Cristina Kirchner lo tiene apuntado y eso implica que su relación política con el Presidente quedó congelada hasta nuevo aviso.

Rodríguez Larreta ya leyó innumerables veces el inesperado decreto simple de Alberto Fernández y asumió que no se trata de un recorte de un punto de la coparticipación porteña. El artículo 2 de ese decreto prevé que la coparticipación de la Ciudad quedará reducida al 1,40%, la cifra que percibía CABA antes de que Mauricio Macri la duplicara por decreto en 2016, aunque un importante recorte frente al 3,50% que el gobierno porteño podía desplegar antes de la crisis policial bonaerense y los consejos de CFK.

Sin diálogo con la Casa Rosada desde la noche del miércoles, cuando Rodríguez Larreta mantuvo un tenso y breve diálogo telefónico con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, y de no responder al mensaje del jefe de Estado, que le avisó un minuto antes del anuncio de Olivos que avanzaría con la quita de parte de los recursos, en las oficinas de Uspallata aseguran que serán el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Salud, Fernán Quirós, los encargados de interactuar con sus pares de Nación para empezar a definir cómo será la continuidad de la cuarentena.

 

La Corte Suprema confirmó la condena a cuatro años de prisión para el dirigente piquetero Luis D’Elía​, quien actualmente cumple domiciliaria por coronavirus. Fue condenado por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004.

La sentencia ya había sido confirmada anteriormente por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Ante esta situación, su defensa interpuso un recurso extraordinario ante el máximo tribunal, que lo desestimó por unanimidad al considerar que el recurso resultaba inadmisible en virtud de lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Además de su sentencia de cuatro años de cárcel, la Corte también ratificó su inhabilitación especial por el plazo de ocho años para el ejercicio de la función pública.

El 26 de junio de 2004, cuando era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social en el gobierno de Néstor Kirchner, el ex piquetero tomó junto a unas 40 personas la comisaría 24 de La Boca en reclamo por el asesinato de un miembro de su agrupación, Martín «Oso» Cisneros, por la que responsabilizó a las autoridades y efectivos de esa dependencia policial.

En 2017, la Justicia lo consideró autor de los delitos de «atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de las fuerzas de seguridad, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación, en concurso ideal».

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 (TOCF6), integrado por los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero. Sin embargo, en ese momento no se dispuso su detención por no estar firme.

«Si tengo que ir a la cárcel cuatro años y ocho meses por esto, a los 60 años y después de 40 de militancia, lo hago con orgullo y dignidad y mirando a la cara», había señalado D’Elía en ese entonces al salir de los tribunales.

La causa, que tuvo su condena después de 13 años, evitó la proscripción por haberse sumado a la denuncia por agresiones durante las protestas del campo en Plaza de Mayo en 2008, hecho por el que finalmente fue absuelto.

D’Elía cumple prisión domiciliaria desde abril pasado por orden de la Justicia, tras haber estado internado anteriormente en el Sanatorio Anchorena por un estado febril.

A principios de julio estuvo ocho días internado en el Sanatorio Otamendi por haberse contagiado de coronavirus.

Durante estos días, el dirigente se mostró activo en las redes sociales. Participó de una videoconferencia con el ministro bonaerense y titular de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque​. También volvió a pedir por los funcionarios K presos y se solidarizó con Hebe de Bonafini por las amenazas que recibió.

Otro fallo de la Corte

La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Andrés Galera, contador y presunto testaferro del ex secretario de Obras Públicas kirchnerista José López​, para que no se realice una investigación integral sobre su patrimonio.

El juez que lleva la causa por enriquecimiento ilícito a López ordenó la investigación porque se habían reportado movimientos patrimoniales y financieros sospechosos y sin justificación.

La defensa de Galera pidió la nulidad pero fue desestimado por el tribunal de alzada, corrió la misma suerte en casación y finalmente fue rechazado por la Corte. El máximo tribunal lo desestimó por unanimidad, al sostener que «no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal».

Los trabajadores de la Justicia Federal del país cobrarán el medio aguinaldo en tres cuotas, según lo dispuesto este martes en una acordada de la Corte Suprema de la Nación.

La disposición incluye a los juzgados nacionales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no abarca a los Poderes Judiciales provinciales.

La decisión del máximo tribunal del país se alinea con la tomada por el Poder Ejecutivo en relación con el sueldo anual complementario para los empleados estatales nacionales.

En la acordada difundida por la Corte, los magistrados expresan que en el Poder Judicial de la Nación “se verifican” las mismas circunstancias invocadas por Presidencia para abonar en tres veces el aguinaldo.

La primera parte se abonará dentro del plazo previsto hasta la suma de 40 mil pesos brutos y el excedente se repartirá en dos veces cuotas iguales junto con las remuneraciones de julio y agosto.

Cabe señalar que los motivos del pago en tres veces se enmarcan en la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

El tribunal dispuso frenar el fallo del juez Víctor Violini, quien había habilitado mediante un Habeas Corpus colectivo las prisiones domiciliarias de miles de detenidos en la provincia de Buenos Aires.

El pleno de la Suprema Corte, al aceptar tratar la cuestión a partir de un recurso del fiscal Carlos Altuve, suspendió los efectos del fallo dictado por la Cámara de Casación bonaerense.

Ahora, el tribunal de la provincia de Buenos Aires debe resolver la cuestión de fondo, esto es, si termina o no por confirmar la resolución del juez Violini.

Por el momento, queda sin efecto el trámite de aquellos pedidos de prisión domiciliaria o excarcelaciones que se hayan solicitado a diferentes jueces en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la resolución del juez Violini.

A partir de esta decisión, la Corte pidió a la presidencia de Casación que remita el cuerpo principal del expediente y, luego de ello, le trasladará la posibilidad de opinar primero al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, y después al defensor ante Casación, Mario Luis Coriolano, que representa a las 19 defensorías generales, que pidieron el hábeas corpus colectivo.

Los jueces de la Corte Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres decidieron aceptar el tratamiento del tema en virtud de la «gravedad institucional» que provocó el tema.

En ese sentido, aclararon que es una «postulación colectiva en el marco de la emergencia dispuesta como consecuencia de la pandemia del COVID 19» y que existe «preocupación con el dictado de normas para garantizar la atención de los asuntos urgentes y que no admitan demora desde sus inicios».

Luego de conocer la opinión del Procurador General bonaerense y del Defensor ante Casación, a quienes les da un plazo de 24 horas a cada uno, el Tribunal resolverá la cuestión de fondo, que es si avala las prisiones domiciliarias de manera colectiva, tal cual lo habilitaba el fallo de Violini.

En el ámbito federal, una misma decisión de Casación quedó sin efecto a raíz de que el juez de instrucción Jorge Santos declaró inconstitucional el fallo que habilitaba las domiciliarias para casos de presos con enfermedades preexistentes, mayores de 60, las madres con hijos, los que estén próximos a alcanzar la libertad o quienes tenían salidas transitorias.

Lo donarán al Hospital Muñiz para la compra de insumos. Podrían extender la decisión.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia​ decidieron este viernes reducir sus sueldos en un 25% y donar esa diferencia al Hospital Muñiz para la compra de insumos necesarios en la pelea contra el coronavirus.

En una resolución que lleva las firmas de Elena Highton de Nolasco, Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte destaca la necesidad de que los «esfuerzos del Estado» sean acompañados por todas las «contribuciones personales y de la sociedad civil que sean posibles» debido a la «magnitud de la crisis».

La resolución, que no fue firmada por Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti porque estaban fuera del tribunal pero dieron su conformidad, destaca que un área en que ese esfuerzo es crítico es el sistema de salud y, en particular, los hospitales públicos. En ese marco, los jueces decidieron donar ese 25% a la Cooperadora del Hospital Francisco J. Muñiz para la compra de insumos.

La decisión de los jueces el máximo tribunal es todo un mensaje en medio del reclamo de buena parte de la sociedad para que la clase política reduzca sus ingresos y ese dinero se destine para la compra de insumos para el sistema de salud.

También se reclama desde dentro de la política. Así lo hicieron desde el espacio de Juntos por el Cambio, donde los jefes parlamentarios pidieron crear un «fondo de emergencia» destinando el 30 por ciento de los ingresos de la totalidad de los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo Nacional y Poder Judicial de la Nación.

Y también lo dejaron trascender desde el oficialismo. Primero lo esbozó el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, y más tarde fueron algunos senadores los que, sin una posición conjunta, comenzaron a donar sus sueldos.

La polémica en torno al reclamo, que llegó a convertirse en cacerolazos por las noches en distintas ciudades del país, llegó hasta el Gobierno.

Ese debate también llegó al presidente Alberto Fernández. El ex mandatario Eduardo Duhalde lo visitó en Olivos y le recomendó que reordene la escala salarial de los políticos.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, fue otro de los funcionarios del oficialismo que se refirieron a la cuestión. El jefe de los ministros de Axel Kicillof no desestimó la posibilidad de hacerlo pero como un hecho simbólico porque, según consideró, «no soluciona nada», publicó El Clarín.

Podría reforzar aun más los derechos de los propietarios de fusiles y revólveres. En el país mueren unas 40.000 personas al año por disparos.

La Corte Suprema de Estados Unidos abordará este lunes por primera vez en casi diez años la cuestión del control de armas, con una mayoría de sus jueces de tendencia conservadora que podrían reforzar aun más los derechos de los propietarios de fusiles y revólveres.

En Estados Unidos, donde cerca de 40.000 personas mueren cada año por disparos de arma de fuego, la Constitución consagra a través de su segunda enmienda el «derecho de las personas a poseer y portar armas».

Un fallo de la Corte Suprema considerado un hito dictó en 2008 que la enmienda garantizaba el derecho individual de poseer un arma y anuló una ley que prohibía las pistolas en Washington. Luego, en 2010, dijo que esa decisión era aplicable a nivel estatal y federal.

Sin embargo, según Joseph Blocher, profesor de derecho en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, el máximo tribunal «no ha dicho demasiado sobre cómo las cortes deberían evaluar la constitucionalidad de otras leyes de armas, como las restricciones a las armas de asalto, los cartuchos de alta capacidad y el porte encubierto«.

Desde 2010, la Corte Suprema ha rechazado sistemáticamente casos vinculados a las armas.

Pero este año ha aceptado por primera vez en casi una década resolver uno sobre restricciones a las armas impuestas en la ciudad de Nueva York en nombre de la seguridad pública y a las que se opone la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Al abordar este caso, puede que la corte aproveche la oportunidad para aclarar cómo pueden decidir los juzgados si el control de armas es legal o no.

Los defensores de un control más estricto sobre las armas de fuego temen que el fallo de la Corte Suprema perjudique su causa. Bajo la presidencia de Trump, quien prometió durante su campaña que nombraría jueces que creyeran en el derecho a las armas, el tribunal ha tenido una marcada inclinación a la derecha.

Desde su llegada a la Casa Blanca, llenó dos vacantes en la corte con jueces conservadores, que superan así por un miembro a los liberales, 5 a 4.

Uno de su nominados, Brett Kavanaugh, ha asentado por escrito que las leyes sobre las armas deben evaluarse «solamente en base a su texto, la historia y la tradición, en vez de por su efectividad para abordar los problemas contemporáneos de la violencia con armas», explicó Blocher.

«Estoy preocupada», dijo Larisa Méndez Downes, voluntaria de una asociación de madres que exige acciones contra las armas, quien llegó a Washington desde Nueva Jersey para manifestarse.

La corte «parece más abierta a una interpretación amplia de la segunda enmienda en apoyo de los derechos sobre las armas», señaló.

En el centro de la discusión está una ley de la ciudad de Nueva York que prohibió el porte de armas fuera del hogar, salvo cuando se llevan a un polígono de tiro.

Un grupo de demandantes cuestionó la ley en una corte diciendo que violaba sus derechos, al no permitir transportar sus armas a una segunda residencia o a polígonos de tiro fuera de la ciudad.

Los querellantes perdieron en un tribunal de primera instancia, pero cuando la Corte Suprema tomó la decisión de intervenir la ciudad reformó la ley para permitir a los portadores registrados llevar sus armas a segundas residencias o a polígonos fuera de la ciudad.

Con los cambios vigentes, Nueva York pidió a la Corte que declare el caso obsoleto, petición que será la primera en discutirse en la sesión del lunes.

Si la decisión de la corte es seguir adelante con la discusión, el fallo será anunciado en junio del año que viene, en plena campaña para las elecciones de 2020.

En un paísdonde 30% de la población adulta posee al menos un arma, el caso toma relevancia nacional.

Unas 50 organizaciones proarmas han presentado escritos de «amicus curiae», presentaciones que realizan terceros ajenos a un litigio ofreciendo su opinión.

Incluso la administración Trump, a través de un escrito presentado ante la Corte Suprema, ha apoyado a los defensores de los derechos de tenencia, haciéndose eco de los argumentos esgrimidos por Kavanaugh.

En la posición contraria, una organización llamada March for Our Lives (Marcha por nuestras vidas), fundada tras el tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, que dejó 17 muertos, ha dejado a un lado la retórica legal y apuesta por convencer a los jueces con testimonios de sobrevivientes de ataques.

Estas historias «representan a decenas de miles de otros jóvenes agobiados por la amenaza de la violencia de las armas cada día», escribieron.

El domingo por la noche, el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, denunció un esfuerzo «peligroso» de la NRA. «La Corte Suprema debe apoyar a los millones de estadounidenses que hacen campaña por la seguridad y deshacerse de la NRA», tuiteó el precandidato presidencial demócrata, informó Clarín.

Los magistrados conservadores que integran el tribunal de nueve miembros cuestionaron la viabilidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La Corte Suprema de Estados Unidos celebró una audiencia para evaluar la continuidad de un programa que da protección a miles de jóvenes indocumentados conocidos como «soñadores», y la mayoría conservadora del tribunal indicó su voluntad de suspenderlo y respaldar la política migratoria del presidente, Donald Trump.

Los cinco magistrados conservadores que integran el tribunal de nueve miembros cuestionaron la viabilidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), decretado en junio de 2012 por el ex mandatario Barack Obama.

Tras escuchar los argumentos a favor y en contra, el presidente de la Corte, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh indicaron que el gobierno tiene razones suficientes para querer acabar con DACA, mientras que los magistrados Neil Gorsuch y Samuel Alito se preguntaron incluso si el tribunal debía revisar una decisión discrecional del Ejecutivo.

Si bien el fallo de la corte -compuesta también por cuatro jueces progresistas- se espera para junio, las declaraciones de la mayoría conservadora suponen un espaldarazo a la política migratoria de Trump.

En septiembre de 2017, el magnate republicano anunció la suspensión de DACA, un programa creado por su antecesor para proteger de la deportación a miles de inmigrantes que llegaron al país de menores junto a sus padres y no cuentan con un visado.

Desde entonces, diferentes tribunales federales bloquearon la decisión del gobernante, y el caso terminó en manos de la Corte Suprema.

Horas antes de la audiencia, Trump aseguró hoy que muchos de estos jóvenes indocumentados «no son angelitos» y «algunos son criminales muy curtidos».

«Muchas de las personas de DACA ya no son tan jóvenes y están lejos de ser ‘angelitos’ y algunos de ellos son criminales muy curtidos», escribió el mandatario en la red social Twitter.

Pese al tono incisivo del tuit, en el mismo mensaje, el gobernante republicano prometió un acuerdo con los demócratas del Congreso para que los «soñadores» se queden en el país si el máximo tribunal suspende el programa.

Pero, hasta ahora, las promesas pasadas de Trump de trabajar con los demócratas en una solución legislativa para estos inmigrantes no han llevado a un acuerdo.

Datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) indican que hasta marzo de 2017, unos 787.580 jóvenes indocumentados habían sido aceptados en este programa, pero del 10 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019 la cifra bajó a 425.760 beneficiarios.

Desde que anunció su candidatura presidencial en 2015, Trump calificó en diversas ocasiones a los inmigrantes, en particular a los mexicanos, como criminales, violadores, traficantes de drogas y miembros de pandillas.

Durante la campaña de 2016, el magnate destacó entre sus promesas estrella la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México para impedir la entrada de indocumentados, y la deportación masiva de inmigrantes ilegales, que se calcula ascienden a alrededor de 12 millones de personas.

Para acceder al DACA, los inmigrantes deben cumplir con ciertos requisitos, incluido el haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años de edad, haber vivido en el país desde al menos 2007, y haber obtenido un diploma de la escuela secundaria o haber servido en las fuerzas armadas, informó Télam.

El Gobierno nacional le pidió a la Corte Suprema la convocatoria a una audiencia pública con gobernadores y que además aclare el fallo dictado por ese tribunal que obliga a la Nación a compensar a las Provincias por la quita del IVA en alimentos y por las sumas devueltas a empleados por el Impuesto a las Ganancias.

De este modo, el Gobierno nacional intenta frenar el fallo del máximo tribunal del país que intima al Ejecutivo a devolver a las Provincias, sólo por la rebaja del IVA en productos básicos, casi 5.700 millones de pesos.

En el escrito presentado, el Ejecutivo le solicita a la Corte que aclare cómo debe realizarse esa compensación a través de la cautelar interpuesta por las gobernaciones.

También le pide que convoque a una «audiencia pública entre el Estado Nacional y las provincias» para poder negociar con los delegados de todas las gobernaciones.

Según la presentación, firmada por los ministros de Hacienda, Hernán Lacunza y de Producción, Dante Sica, la sentencia de la Corte «omite cualquier referencia al modo en que debe implementarse la cautelar impuesta».

Asimismo, alegaron que «no es posible acatar» la sentencia, sin «afectar el bienestar general, que en el caso es permitir niveles mínimos de consumo de productos de primera necesidad para las familias argentinas de bajos ingresos, en un contexto de emergencia social y alimentaria dictado por ley».

«La ausencia de precisiones de la resolución, la complejidad técnica y las dificultades para su implementación ponen en serio riesgo su mantenimiento», indicaron los ministros firmantes del escrito.

De acuerdo con los cálculos oficiales, el costo fiscal total de la rebaja del IVA a los alimentos alcanzará para todo 2019 los 10.000 millones de pesos, con lo cual, según el fallo, la compensación a las provincias llegaría a 5.660 millones.

Esto es así ya que la ley de Coparticipación Federal de Impuestos indica que el 42,34% va al Tesoro Nacional y el 56,66% a las provincias.

Con la rebaja del IVA y la devolución de Ganancias, el Gobierno nacional intentó compensar a trabajadores por la fuerte pérdida producida por la devaluación.

El gobierno de Mauricio Macri le pidió hoy por escrito a la Corte Suprema que aclarara los alcances de los fallos contra los decretos que rebajaron IVA y Ganancias, y que convocara a una audiencia con los gobernadores para «conciliar» cómo se cumplirán esas sentencias.

Esta semana, la Corte dictó una serie de medidas cautelares a favor de 15 provincias que cuestionaron los decretos de Macri con el argumento de que las rebajas impositivas afectaban fondos coparticipables. Por mayoría, la Corte hizo lugar a los planteos y ordenó «que los efectos fiscales de la aplicación» de esas normas fueran «asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación».

«La sentencia omite cualquier referencia al modo en que debe implementarse la cautelar», sostuvo el Gobierno en un escrito que reprodujo en los 15 expedientes. Las presentaciones las firmaron los ministros de Hacienda, Hernán Lacunza, y de Producción, Dante Sica.

«Advertimos que no es posible acatar la voluntad jurisdiccional sin afectar el bienestar general, que en el caso es permitir niveles mínimos de consumo de productos de primera necesidad para las familias argentinas de bajos ingresos, en un contexto de emergencia social y alimentaria dictado por ley», sostuvieron.

Los ministros advirtieron que «los beneficios de los decretos» no han sido «menguados» por los fallos de la Corte, pero dijeron: «La ausencia de precisiones de la resolución, la complejidad técncia y las complejidades para su implementación ponen en serio riesgo su manetemiento, todo lo cual aquí denunciamos».

En la misma línea, manifestaron que es «imprescindible que se aclare cómo deberá determinarse el quantum a afrontar (dijeron que no está claro el perjuicio a las provincias) y las circunstancias de tiempo y modo» y que es «indispensable» un encuentro con las provincias para preservar el «interés público comprometido».

Además, los ministros hicieron mención a un aspecto de los fallos que había sido muy cuestionado por el Gobierno: el momento de su dictado, a menos de un mes de las elecciones presidenciales. «Por último -escribieron- no podemos concluir esta presentación sin señalar la oportunidad elegida por el tribunal para expedirse», informó La Nación.