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Mauricio Macri dijo que en su gestión las obras públicas han «dejado ser sinónimo de corrupción y escándalos» y afirmó que se hacen con «licitaciones transparentes y a precios competitivos».

Luego de tomarse fotos y saludar a vecinos, el mandatario habló desde uno de los tramos de la ruta 8, a la altura de Pergamino, y se refirió al «momento difícil de incertidumbre política» por el que «es más difícil llegar a fin de mes», aunque destacó que «por eso, haciéndome cargo, hemos tomado medidas que todos conocen».

«Quiero decirles que en este momento difícil hoy estamos en un proceso electoral y debatiendo sobre le futuro de los argentinos, y sé que todos al final del día queremos lo mismo: trabajo y paz», sostuvo durante el acto, en el que estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, autoridades municipales, trabajadores y vecinos de Pergamino.

En ese sentido, señaló que «también hay que ocuparse del futuro» y manifestó que las obras viales, como las que recorrió, son para que «tengamos futuro» y «cuidemos la vida de los argentinos», porque solamente «entre 2015 y 2018 se perdieron 168 vidas».

«No es solamente esta Ruta 8 que estamos transformando en autopista. Esto es en todas las rutas de la Argentina. Rutas que son la imagen de la desidia y por las que había que hacer algo. Por eso, lanzamos un plan de vialidad como hace años no se hacía en el país», sostuvo. Y, agregó: «Estas máquinas cambian vida y nos cuidan, porque hacen una nueva realidad. No son obras que hemos encarado por un tema electoral, rápido, mal hechas, con parches. Son obras de máxima calidad para que duren toda la vida. Lo mismo que las escuelas, los hospitales, las cloacas, el agua potable, los aeropuertos, los trenes».

El Presidente aseguró que «todo lo hemos encarado con la misma seriedad y el mismo amor, para que esto funcione y nos ayude a crecer», porque «estas son las herramientas para que tengamos futuro, y las hemos hecho trabajando y con seriedad porque las obras ya han dejado de ser sinónimo de corrupción y escándalos», informó El Chubut.

«En estos avances que hemos hecho, y que son muchos, aunque sabemos que falta mucho más, quiero reiterar que mi máximo compromiso es trabajar día a día junto a ustedes”

MAURICIO MACRI.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fueron imputados por el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. Se da por la denuncia generada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines.

El dictamen asegura que el Estado habilitó a varias empresas (entre las que se encuentra IECSA, propiedad del primo del presidente Macri) a seguir cobrando peajes y certificados de obras por más de 30 mil millones de pesos, pese a que los contratos se habían vencido.

A ambos se los imputa por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica. Deberán comparecer ante el juez Sebastián Casanello.

Iguacel emitió una resolución prolongando los plazos de los contratos de los corredores viales, que se habían firmado en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016 con la posibilidad de extenderse un año más, omitiendo el decreto 1288 de 2016 que ordenaba que esos corredores debían volver a licitarse.

Los denunciantes sostienen que los funcionarios buscaron “beneficiar un pequeño grupo, de influyentes constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”. El texto continúa diciendo que por quince meses, “las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”, así lo reseña El Fuegino.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams destacaron la importancia que significa que  los jueces puedan tomar contacto con los bienes adquiridos de manera presuntamente ilegal a fin de realizar una futura valuación. Lo hicieron tras la inspección ocular en los terrenos, chacras, vehículos y propiedades de los que se había hecho la asociación ilícita que se llevó a juicio oral.

Los fiscales Rodríguez y  Williams volvieron a ratificar la buena marcha de las audiencias de la causa denominada “Embrujo” que investiga emblemáticos casos de corrupción de exfuncionarios y empresarios durante el gobierno de Mario Das Neves y dieron un dato trascendente: de confirmarse una condena, será la primera en el país por lavado de dinero de la corrupción. Y creará además un antecedente a nivel jurisprudencial.

Por otra parte, agregaron su conformidad por la recorrida que realizaron por inmuebles y otros bienes de los imputados ya que “los jueces tuvieron así una real dimensión en cuanto a los bienes decomisados ya que para nosotros la sentencia debería disponer de estos bienes como patrimonio del estado. Si esto se da nosotros queríamos que los jueces tengan contacto directo con esos bienes porque seguramente va a haber controversia en cuanto a la valuación. Y en este sentido es bueno que ellos mismos puedan apreciarlos”, dijo Alex Williams.

Además los fiscales hicieron hincapié en la importancia de las escuchas que se revelaron durante las audiencias. “Revelaron lo que nosotros sostenemos desde el principio y que es cómo Diego Correa bajaba instrucciones al resto del grupo como dueño de una constructora. Pero además se detectó que también se usaba el dinero para arreglo de uñas, pago a empleadas domésticas y otros quehaceres particulares”.

Y fueron claros al expresar que “las escuchas son muy contundentes respecto a cómo funcionaba el grupo”.

“La hipótesis que mantenemos es que esta es una asociación ilícita y dentro del sinnúmero de actividades para cometer delitos está la variedad de hacer planes. Ellos tenían una infinidad de planes como la construcción de complejos turísticos en Puerto Pirámides, terrenos en el Parque Industrial de Trelew, etc. Hicieron un montón de maniobras para hacerse de dinero del erario público y de esa plata siempre a la cabeza estaba Correa”, aseguraron.

También expresaron que aún “faltan varias escuchas sobre inversiones. Sobre todo la que había hecho Correa en la calle Mitre 761 de Rawson. Es allí donde aparece Gatica como una pantalla para el lavado de dinero. Toda “plata sucia” que traía Correa”.

Sobre la detección de los imputados respecto a que los estaban investigando “esto se produce antes de la detención. Fue en febrero de 2018 cuando lo detectan. Entonces Correa comienza a desprenderse de vehículos, sobre todo de la empresa Sepat. Surge de las escuchas cómo le vende uno a una persona de nombre Juan. Y así,  otros también”.

Los fiscales dijeron que “mientras el grupo tuvo plata todo andaba bien. Pero los problemas comenzaron a llegar cuando la plata escaseaba. Entonces empezaron a tener dificultades”.

En cuanto al imputado Ramón y su contacto que dio nombre a la causa (El Embrujo) se detectó una conversación muy ilustrativa donde este hombre que al parecer tenía poderes “paranormales”, por decirlo de alguna manera, le decía que “a Correa le iba a ser difícil desprenderse de él (por Ramón) porque sabía muchas cosas. Y que eso lo tenía que aprovechar”.

El Gobierno nacional estableció que todos los bienes muebles e inmuebles vinculados a causas de corrupción serán subastados de ahora en adelante por la Agencia Nacional de Bienes del Estado (AABE), de acuerdo a lo publicado hoy en el Boletín Oficial.Según el decreto 598, firmado por el presidente Mauricio Macri, el decomiso de bienes se constituye como una «herramienta eficiente del Estado ante la persecución e investigación de delitos relacionados, entre otros, con el lavado de activos», y » se garantiza el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno nacional».
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Ramón Lanús, presidente de la AABE, explicó que «esta decisión tiene un altísimo valor simbólico para todos los argentinos ya que significa recuperar lo que nunca debieron habernos quitado».En ese sentido, Lanús sostuvo que «los países modernos proponen la subasta inmediata de los bienes y nosotros queremos ir en la misma dirección».
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«Es para mantener el valor de los activos y evitar su deterioro. Además, existe un fondo de garantía para el caso en que sus propietarios sean sobreseídos», afirmó el titular de la AABE.
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En un comunicado de esa agencia se indica que «la experiencia de Colombia, donde la ley de extinción de dominio tiene rango constitucional, fue uno de los modelos contemplados para elaborar este decreto».

«El punto central que se tomó como ejemplo es la garantía del derecho a la propiedad privada, siempre que la misma haya sido adquirida en forma legal. A partir de ese marco, todo bien mal habido puede ser incautado, no importa cuándo se haya adquirido: lo que predomina es el origen ilícito del mismo», apunta.

De acuerdo a lo indicado por la AABE, las subastas «se realizarán de forma inmediata, a través del procedimiento que inauguró la actual gestión: la subasta pública y electrónica en la plataforma COMPR.AR, mecanismo que garantizan la transparencia de la operación».«Esto confirma la alineación de la AABE a los procedimientos mundiales establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción», subraya el comunicado.El decreto avanza también sobre los bienes que se encuentren en el exterior. «Para ello se trabajará en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La publicidad, la competencia de precios y el trato igualitario a todos los oferentes son los pilares del procedimiento para estos casos», expresó la agencia estatal.Además, la AABE adelantó a Télam que «comenzará con la subasta de 30 bienes que el juez federal Claudio Bonadio ordenó decomisar y que fueran adquiridos por Daniel Muñoz como resultado de operaciones de blanqueo».»Según esa investigación, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner era el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios», indicó la AABE.»Después de muchísimo tiempo en que «robarle al Estado» era robarle a nadie en particular, hoy queremos romper con eso también; esta medida es un gran paso en esa dirección, y busca poner el beneficio de todos los argentinos por sobre unos pocos. Es un orgullo trabajar institucionalmente en esta dirección», concluyó Lanús, así lo reseña Ámbito.

Desde hace muchos años Cholila Online en soledad denunciaba que Mario Das Neves y sus jóvenes brillantes se estaban robando la provincia, hoy la crisis de está provincia nos da toda la razón y a la luz quedó ante toda la sociedad cada una de las notas que escribimos contándote la verdad sin vueltas. Vaciaron está provincia.

Conocé la acusación y la expectativa de pena para los 12 imputados de la banda de Mario Das Neves el Gobernador más corrupto de la historia de Chubut.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez presentaron la acusación para llevar a juicio a los 12 acusados de conformar una asociación ilícita liderada por Diego Correa, ex secretario privado del gobernador Mario das Neves. El escrito de la acusación tiene más de 170 hojas y se presentaron 130 testigos y 250 pruebas documentales. Rodríguez en un diálogo dijo que la expectativa de pena mínima para Diego Correa, como el comandante de la corrupción de Mario Das Neves sería de 8 años.

¿Queres saber cual es la pena que le tocaría a la banda de Das Neves?Fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez

Correa es Das Neves

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, integrantes de la Unidad de Investigación Especializada Delitos contra la Administración Pública, presentaron hoy jueves al mediodía la acusación para elevar a juicio la causa denominada “El Embrujo”, por la cual se sindica a Diego Correa de liderar una asociación ilícita para cometer delitos dentro del Estado Provincial. “El daño se ve reflejado en la salida del monto millonario del patrimonio del Estado Provincial, que según la valuación, supera los treinta y cinco millones de pesos”, indicaron en su acusación.

Los 12 acusados son: Diego Correa, ex secretario privado de la Gobernación y sindicado como líder de la asociación ilícita; Diego Luters; Natalia Mc Leod; Daniela Souza; Sandro Figueroa; Juan Carlos “Tato” Ramón; el empresario Federico Gatica; los ex funcionarios Christian Gisande y Rubén “Bedo” Reinoso; Darío Correa; Giulana Mc Leod, y Jorge Godoy

131 TESTIGOS Y 230 PRUEBAS DOCUMENTALES

Los fiscales presentaron 131 testigos para que declaren en el juicio oral. Entre ellos hay integrantes de las divisiones de Criminalística y de Investigaciones de la Policía del Chubut; así como profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Procuración General; y distintos funcionarios públicos y empresarios, entre otros. Asimismo, requirieron la incorporación de más de 230 elementos de prueba documental. También los fiscales pidieron que se realice la inspección ocular durante el debate de la totalidad de los inmuebles embargados y requirieron la reproducción de las intervenciones telefónicas obtenidas en la causa.

PEDIRÁN MÁS DE 8 AÑOS DE CÁRCEL PARA CORREA Y DECOMISO DE TODOS LOS BIENES

Williams y Rodríguez sostienen que los acusados cometieron “conductas delictivas con lesión a varios bienes jurídicos, que van desde la tranquilidad pública, pasando por los delitos contra la administración pública, a la luz de las directrices de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hasta llegar al lavado de activos, los cuales afectan el orden financiero y económico del estado”. En su escrito detallan la calificación legal y la pena que podrían solicitar para los acusados en un posible juicio oral y público.

Diego Correa el amor incondicional de Mario Das Neves

Diego Miguel Correa: Está sindicado como jefe de la asociación ilícita y además se lo acusa por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. La pena prevista por todos estos delitos parte desde los cinco años. Los fiscales adelantaron que al momento de pedir pena la misma no será inferior a los ocho años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Diego Luters
Diego Luters

Diego Luters: Los fiscales lo califican como “un eslabón esencial en la estructura delictiva”. Está acusado como miembro de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. La pena parte de un piso de tres años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los fiscales estiman que la pena no será inferior a los seis años de prisión, más la inhabilitación perpetua.

Daniela Souza
Daniela Souza

Daniela Souza. Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en concurso real con enriquecimiento ilícito. La pena parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima en no menos de cinco años de prisión.

Natalia Mc Leod
Natalia Mc Leod

Natalia Mc Leod. Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real enriquecimiento ilícito. La pretensión punitiva se estima que no será inferior a los cuatro años y seis meses de prisión.

Matías Federico Gatica
Matías Federico Gatica

Matías Federico Gatica: Lavado de activos agravado por habitualidad. Es alcanzado por una escala penal que va desde los cuatro y seis meses, a los doce años y seis meses de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima que partirá de cuatro años y seis meses de prisión, con más multa que partirá de los 5 millones de pesos por el lavado concretado.

Juan Carlos “Tato” RamónTato Ramón el segundo de derecha a izquierda

Tato Ramón

Juan Carlos “Tato” Ramón: Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es abarcado por una escala penal que parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima no inferior a los cuatro años y seis meses de prisión.

Sandro Figueroa 
Sandro Figueroa al lado de Diego Correa

Sandro Figueroa: Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con enriquecimiento ilícito, y lavado de dinero. La escala penal que parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima en un reproche no menor de los cuatro años de prisión.

Jorge Aníbal Godoy
Jorge Aníbal Godoy

Jorge Aníbal Godoy: Enriquecimiento ilícito. La escala penal va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima partirá de los tres años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Giuliana Mc Leod
Giuliana Mc Leod

Giuliana Mc Leod. Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, cuatro hechos consumados, y dieciséis hechos tentados, los que a su vez concursa idealmente con Negociaciones incompatibles. De conformidad con la calificación escogida, el nombrado es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima que partirá del mínimo en los dos años de prisión.

Darío Domingo Correa
Darío Domingo Correa

Darío Domingo Correa. Se lo acusa por Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, los que a su vez concursa idealmente con Negociaciones incompatibles. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión. La pretención de pena partirá en los dos años y seis meses de prisión.

Rubén Darío Reinoso
Rubén Darío Reinoso

Rubén Darío Reinoso: Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva partirá de un reproche en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargo públicos.

Christian Daniel Gisande
Christian Daniel Gisande

Christian Daniel Gisande: Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, dos hechos consumados y ocho en grado de tentativa, en carácter de coautor, la que a su vez concursa materialmente con el delito de Usurpación de autoridad. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva partirá en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Mario Das Neves
Mario Das Neves

MARIO DAS NEVES: No sería condenado por estar fallecido, pero su socio Patricio Musante del GRUPO de Jorge Aidar Bestene y Walter «Toco» García Moreno ya lo acusó o como se llama en la «Jerga» lo vigilantearon dejando en claro desde donde viene la operatoria para quedarse con la caja negra de esta provincia.

Grupo Jorge Aidar Bestene
Grupo Jorge Aidar Bestene

Las expresiones en las redes sociales han sido suficiente condena para Das Neves y su nombre ha sido desterrado de la memoria del Pueblo pasando al olvido y recordándoselo como el Gobernador más corrupto de la historia de Chubut.

PEDIRÁN EL DECOMISO DE LOS BIENES

Los fiscales solicitaron en el escrito “el decomiso de los bienes que resultan el fruto de las conductas ilícitas enrostradas, consistiendo en todos los bienes muebles e inmuebles” “como así también, todo el material de electrónica secuestrado”. El pedido se basa en el artículo 23 del Código Penal que sostiene que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de tercero”.

LOS SIGUIENTES PASOS PROCESALES

Los siguientes pasos procesales en el proceso judicial son la fijación de la audiencia para formular acusación. Y luego se realizará la denominada “audiencia preliminar” donde se definirá si el caso va a juicio, que deberá estar conformado por un Tribunal Colegiado ya que la pena en expectativa es superior a los 6 años de prisión.

El precandidato a Diputado Nacional por Juntos Somos el Cambio, Ignacio Torres, se reunió con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el candidato a Vicepresidente, Miguel Pichetto, en cuyo marco expresó que «la lucha contra la corrupción es una de las banderas que el Gobierno Nacional viene llevando adelante desde 2015 y que seguirá impulsando. Porque la calidad de vida de la gente también se mide en la calidad institucional y la transparencia de sus gobernantes. A eso apuntamos como parte de este proyecto político, trabajando para la gente y con dirigentes que refresquen la política».

Torres hizo hincapié en el compromiso por parte del Gobierno Nacional y su equipo de trabajo provincial «en erradicar la corrupción, una bandera que se viene sosteniendo desde 2015 y que seguiremos impulsando para que la gente pueda tener la calidad de vida que se merece. Y que esto se refleje en que los ciudadanos argentinos, y en este caso los chubutenses, sepan en qué se invierte su dinero, lejos del esquema de «cajas políticas» que utilizaba el kirchnerismo para hacer negocios con la plata de toda la sociedad. Así como las obras ahora son para siempre, la lucha contra la corrupción también es definitiva».

Asimismo, el precandidato recalcó que «el presidente Mauricio Macri no sólo respalda la iniciativa que tenemos para mejorar la provincia, sino que apoya una de las cuestiones fundamentales de la construcción política, que tiene que ver con el surgimiento de nuevas figuras y generaciones que apuesten a un cambio que la misma sociedad viene pidiendo. Necesitamos dirigentes que refresquen la política y que entiendan que lo importante es trabajar para la gente y no para un partido en particular. Tenemos que levantar la bandera de Chubut por sobre la de cualquier espacio político partidario».

La triste realidad de Chubut, representada por una dirigencia política que tiene muchas deudas con la sociedad, y una historia que se repite en un incansable círculo vicioso.

La corrupción estructural es una de las enfermedades que más padece en general la sociedad Argentina y en particular el pueblo de Chubut. –

En los últimos meses, algunos trolls y personajes han cuestionado el silencio de Cholila Onliine como medio digital en época electoral. La respuesta es simple: nosotros no queremos intervenir en las decisiones electorales y que la sociedad se haga responsable de las decisiones que toma cuando va a la urna.

Sin embargo, al mejor estilo Cortazar, estamos cansados de ver “cronopios” que sueñan con ser “famas” y están dispuesto a hacer de todo para conseguirlo.

Desde la política hablan de trasvasamiento generacional política, nosotros hablamos de “Jóvenes Brillantes” y de “Dinosaurios de la política” para darle un contenido humorístico e intelectual, a un grupo de gente Jóvenes y Profesionales (llamados Cronopios) y de “viejos garcas” que no tienen valores familiares, ni ética profesional ni mucho menos vocación política para quien o quienes trabajan.

Solo están en la búsqueda permanente de la trascendencia política y pública, para pertenecer a un grupo de personas que añoran (llamados Famas), pero no están dispuesto a recorrer el camino largo, el del trabajo y el esfuerzo. Cualquier atajo que puedan tomar, lo van a hacer y lamentablemente siempre tiene relación directa o indirecta con la corrupción.

Señores Dirigentes Políticos: “NO SOMOS BOLUDOS”. Sean serios y responsables y compórtense con la sociedad que tanta confianza depositó en ustedes en las URNAS.

Le corresponderían 4,5 millones de dólares a cada uno, dado que el tribunal dispuso que los fondos decomisados se repartan en partes iguales. Esa suma equivale al 4% y al 8% de los presupuestos anuales del Garrahan y del Gutiérrez, respectivamente.

El Garrahan incorporó el mes pasado un microscopio neuroquirúrgico HD y otros dos equipos por 10 millones de pesos.

El teléfono del presidente del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian, empezó a sonar inmediatamente después que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 condenara al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. Los llamados y mensajes estaban vinculados al anuncio de los jueces, que dispusieron que los 9 millones de dólares contenidos en los bolsos que el funcionario intentaba esconder en un convento en 2016 serán repartidos en partes iguales entre los hospitales pediátricos Prof. Dr. Juan P. Garrahan y Ricardo Gutiérrez.

Los 4,5 millones de dólares que le corresponderían al Garrahan -situado en el barrio porteño de Parque Patricios- representan un 4% del presupuesto anual de la institución, cercano a los 5.000 millones de pesos, confirmó a Clarín Kambourian, quien comentó que se enteraron por televisión de la noticia y que fue recibida con alegría. Para el Gutiérrez -ubicado en Palermo- equivalen a casi el 8% de su presupuesto 2019, que es de 2.653 millones de pesos.

“Proyectos tenemos un montón, pero todavía no nos pusimos a analizar finamente, hasta tener la certeza de que esto va a ocurrir y cuándo -respondió Kambourian ante la consulta de a qué objetivos podrían conducirse los fondos en el hospital situado en Parque Patricios-. Pero para tener un parámetro: ahora estamos en el proceso de compra de un resonador de última generación, que está cerca de 2 millones de dólares, más o menos la mitad de lo que nos correspondería. La inversión en este tipo de equipamientos nos ayudaría enormemente a avanzar en un montón de trabajos de investigación para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento y que también insumen dinero”.

Además de a equipamiento e investigación, los fondos podrían invertirse en obras, especuló. “Estamos en proceso de refacciones porque el hospital tiene 30 años y sobre todo las áreas de internación necesitan refacciones o ampliaciones para sumar más cantidad de camas. Lo tenemos planificado y el presupuesto lo contempla, pero es como si recibieras un regalo: si este dinero llega al hospital podemos destinar el que teníamos pautado para eso a otras cosas.”

“Es un volumen de dinero muy importante, que nos ayudará a acelerar y hacer un montón de cosas, siempre y cuando se confirme y se entregue pronto”, comentó. Para dar una idea de los costos hospitalarios, precisó que el precio de un tomógrafo de última generación ronda hoy los 600.000 dólares. En tanto, el vacunatorio inaugurado en diciembre en el predio de la institución -y que se convirtió en el más grande del país- demandó 20 millones de pesos; mientras que un microscopio neuroquirúrgico, un neuronavegador y un sistema de videoendoscopía digital con captura HD incorporados el mes pasado demandaron 10 millones de pesos.

Los 9 millones de dólares decomisados equivalen al cambio de hoy a unos 400 millones de pesos, por lo que la suma que recibirá cada hospital ronda hoy los 200 millones de pesos.

Hasta esta mañana no habían recibido una comunicación formal, por lo que el departamento jurídico del hospital iba a ponerse en contacto con el tribunal, para poder tener más certezas sobre la forma en la que serán entregados los fondos y, sobre todo, en lo relativo a los tiempos. “Aun habiendo recibido la noticia informalmente, se va a pedir que todas las cuestiones proyectuales se aceleren al máximo, para que si ese dinero llega, tener todo listo y en puerta para poder acelerar las cosas y que el hospital tenga lo que se merece”, afirmó el presidente del consejo de administración del Garrahan.

A diferencia de ese hospital, cuyos fondos provienen en un 80% de la administración nacional, la financiación del Gutiérrez depende de la Ciudad de Buenos Aires. Su presupuesto financiero 2019 es de 2.653 millones de pesos, de los cuales 110 millones corresponden a bienes de uso: construcciones (102,3 millones) y maquinaria y equipo (7,75 millones).

Consultados por Clarín, desde el Ministerio de Salud porteño calificaron como “gran noticia” el anuncio de que los fondos decomisados cumplan un fin social. “Celebramos que el dinero vuelva a los contribuyentes, especialmente que sea destinado a la atención de niños y niñas. El hospital, además, atiende a muchos pacientes de otras provincias, por eso es muy importante este recurso que se recupera”, dijeron.

“Cuando seamos notificados oficialmente comenzaremos a trabajar en conjunto con el Hospital Gutiérrez para establecer el destino de estos fondos en base a los objetivos sanitarios priorizados en nuestro Plan de Salud, que tienen que ver con fortalecer la red de cuidados integrales, fortalecer la red de hospitales e implementar nuevos sistemas de información”, concluyeron.

 

 

clarin

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) dará inicio este jueves al juicio oral por corrupción contra los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray.

Los dueños del Grupo Indalo y el el extitular de la AFIP están procesados por el delito de administración fraudulenta agravada al haber cometido un perjuicio contra el Estado. Es por la deuda generada con el fisco durante el último gobierno de Cristina Kirchner, por más de $ 8.000 millones a través del impuesto al combustible que la petrolera Oil Combustibles SA (OCSA) no tributó.

Con más de 30 testigos y una audiencia semanal, se estima que el juicio durará cinco meses. El TOF 3 está integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

En el expediente, a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, se analizó el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales-, que “habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray -actividad en la que habrían actuado mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional-“, durante los periodos comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015.

Se trata del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que debía tributar Oil Combustibles SA (OCSA) ante la AFIP. Por ello los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray se encuentran procesados por haber defraudado al Estado en $ 8.000 millones al no pagar a la AFIP.

El Gobierno, por su parte, reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.

Mientras López y De Sousa fueron procesados por el juez Ercolini como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado, Echegaray fue señalado como coautor de la maniobra.

De esta manera, los dueños del Grupo Indalo generaron una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaban los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, según determinó la Justicia.

Con el juicio en pleno desarrollo, se incorporará una prueba relevante que solicitó Cristóbal López y el ex funcionario K: una pericia contable para determinar si hubo discrecionalidad en la adjudicación de planes de facilidad de pago a favor de Oil Combustibles. Por otro lado, se sumará una pericia impulsada por la AFIP para especificar el perjuicio económico ocasionado al Estado al no ingresar durante casi dos años, el pago del ITC.

El jefe y subjefe y un oficial de la Comisaría distrito Primera de Puerto Madryn fueron desplazados de sus funciones luego de que se descubriera un presunto hecho de corrupción que será investigado retroactivamente, según aseguraron altas fuentes policiales del Chubut.

El descabezamiento de la principal unidad operativa policial madrynense obedeció a que a espaldas de la Jefatura de Policía y de aquella Unidad Regional, efectivos policiales cobraban un servicio adicional y el aporte de un patrullero a la sucursal local del Banco Nación y no se rendía de manera formal. Muy por el contrario, se quedaban con el dinero aportado por la entidad crediticia de la ciudad del Golfo.

Disponibilidad

Gracias al dato de un anónimo, intervino la División de Asuntos Internos de la Policía provincial, se iniciaron los sumarios respectivos y se dispuso disponibilidades simples y preventivas, de acuerdo a la responsabilidad de los actos.

Además de las actuaciones dispuestas por la Jefatura, habrá una denuncia por defraudación al Estado y estafa al Banco Nación. El servicio que se prestaba –de hace dos años a la fecha- se traducía en el servicio de seguridad adicional para la recarga de los cajeros y la disposición de un móvil policial. La investigación incluirá desde 2017 hasta hoy a los efectos de deslindar responsabilidades, como así también averiguar si existen más involucrados y los montos de dinero que se manejaron. Usaron recibos truchos. Desde la Unidad Regional portuaria, ya se hicieron los movimientos necesarios para ocupar los cargos vacantes de la seccional Primera de Policía.

En reemplazo del jefe y segundo de la Comisaría, irán el comisario Soto y el subcomisario Williams. Ambos se estaban desempeñando en la División Operaciones de la Unidad Regional de la jurisdicción y en la Comisaría distrito Camarones respectivamente.