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La Justicia revocó el sobreseimiento contra la exmandataria después de que el excontador de la familia contara cómo fue la operatoria.

A pocos días de convertirse en vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner recibió un nuevo revés judicial: la Cámara Federal porteña revocó este viernes su sobreseimiento en una causa en la que había sido denunciada por la supuesta adquisición de una embarcación de lujo a través de terceros.

Los jueces de la Sala II del Tribunal de Apelaciones sostuvieron que la decisión de jueza María Romilda Servini había sido «prematura» porque no se habían realizado casi ninguna de las medidas de prueba sugeridas por el fiscal Guillermo Marijuan en su requerimiento de instrucción.

La única prueba incorporada tras el requerimiento fiscal fue «el legajo de la firma MARPATAG S.R.L. remitido por la Inspección General de Justicia de la Provincia de Chubut», sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irúrzun.

La causa se originó tras una denuncia formulada por la ex diputada del GEN Margarita Stolbizer en base a la declaración como arrepentido del excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, en la causa de los cuadernos donde sostuvo que el barco era de la familia expresidencial.

En la denuncia se sostenía que el crucero denominado «Santa Cruz» había sido adquirido por la vicepresidenta electa utilizando como supuesto prestanombre al arquitecto Pablo Miguel Grippo, quien junto a María Alejandra Ruani, en 2008 compraron la firma Marpatag S.R.L.

«La verificación de las diligencias propuestas por los señores representantes del Ministerio Público Fiscal, incluyendo la obtención de la declaración brindada por Víctor Manzanares mencionada en la denuncia, aparecen como medidas de necesaria producción a los fines de corroborar o descartar su hipótesis sobre los hechos, máxime frente a los términos en que se dispuso el sobreseimiento», le indicaron los camaristas a la jueza Servini.

En este expediente también se denunció un supuesto favorecimiento a MARPATAG SRL en la adjudicación de la concesión de un servicio de excursiones turísticas de navegación de crucero en jurisdicción del Parque Nacional Los Glaciares, según TN.

El juez Luis Rodríguez procesó este viernes (06/12) al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Al primero lo procesó por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que a la funcionaria la procesó por encubrimiento y abuso de autoridad.

Estas medidas las tomó el magistrado en el marco de la causa que investiga presuntos beneficios concedidos de manera irregular a la multinacional petrolera Shell.

La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes acusaron al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su «doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.».

Los diputados denunciaron que en su declaración jurada patrimonial, Aranguren, ex presidente de la filial argentina de la petrolera, declaró poseer «más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell».

El 28 y 29 de marzo de 2016 se dictaron las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.

También se autorizó la «compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia«, lo que, según la denuncia puso «en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino».

Aranguren ya había sido indagado el pasado 19/11 por negociaciones incompatibles con la función pública, y declaró que «en ningún momento» benefició a Shell. Explicó que “el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración”.

“El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado”, explicó. «Las empresas no se beneficiaron con los aumentos, no fue a las empresas, sino que redujo los subsidios que se pagaban a los usuarios”.

También argumentó que “en ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público”.

Una pericia realizada en el teléfono de Cristian Eguillor, quien en su momento estuvo vinculado en la causa «Embrujo» pero luego fue sobreseído, fue convalidada por dos jueces y es la base probatoria de otra causa penal que se desprendió contra el expresidente de Seros.

La nueva irregularidad que se investiga tiene como protagonista a otros exfuncionarios del actual gobierno provincial. En concreto, tiene que ver con el monto de las prestaciones de la obra social Seros en favor de la firma Tesla, que se dedica al diagnóstico por imágenes en la ciudad de Trelew y uno de cuyos propietarios era Pablo Mamet, fugaz ministro de Producción de Mario Das Neves y Mariano Arcioni.

El tribunal revisor, integrado por los jueces Mirta Moreno y Sergio Piñeda, resolvió aceptar las pericias presentadas por la Unidad Fiscal Especial (UFE), en discrepancia con el juez Marcelo Nieto Di Biase que en octubre pasado había favorecido a Eguillor.

Por lo tanto, seguirá el proceso en su contra por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

La empresa en cuestión es prestadora de esa obra social, tiene sede en la ciudad de Trelew y se dedica a complejos estudios de diagnósticos por imágenes. Ahora se espera la audiencia preliminar al juicio oral y público que se cree se realizará el próximo año.

La disposición de Nieto Di Biase había beneficiado a Eguillor, pero en una audiencia realizada este miércoles los jueces revisores Moreno y Piñeda modificaron la situación.

Sobreseido en “Embrujo”

Sospechado de ser parte de la asociación ilícita liderada por Diego Correa, que fuera desbaratada y con la mayoría de sus integrantes condenados en la causa “Embrujo”, a Eguillor le allanaron su casa y le secuestraron un teléfono celular.

Eguillor era contador de la empresa SEPAT –una de las empresas creadas para cometer los ilícitos-, además de ser gerente del GIRSU y presidente de SEROS.

Las escuchas en esa investigación derivaron en el ilícito que ahora lo tiene involucrado. El perito informático Guillermo Figueredo halló un grupo de whatsapp integrado por el imputado y socios de la firma Tesla en donde se referían a “facturas truchas” y la posibilidad de incrementar las tarifas de los servicio brindados a afiliados de la obras social Seros.

De allí que se abrió una nueva investigación, con la autorización primero y luego la prohibición de Nieto Di Biase, de profundizar en la búsqueda de datos en el teléfono por temor a “afectar garantías constitucionales y el derecho a la privacidad”.

En la audiencia que se realizado en Rawson, los jueces revisores Moreno y Piñeda hicieron lugar al reclamo de los acusadores. Antes, el abogado defensor Federico Ruffa había pedido la nulidad de la pericia informática llevada a cabo por Figueredo, perteneciente al departamento de informática forense del Ministerio Público Fiscal.

Ruffa intentó sostener y defender la decisión de Nieto Di Biase. Dijo que las pericias en el teléfono “violaban su intimidad” y que los datos hallados sobre la empresa Tesla no eran el objetivo de la pericia original.

Para los fiscales, la pericia consumada en los aparatos electrónicos secuestrados fue fundamental para fundamentar la investigación en contra de Eguillor en el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

Según los acusadores, Eguillor cuando era presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) benefició económicamente a la empresa Tesla Imágenes Médicas, que era propiedad de Pablo Mamet (exministro de Producción) y Juan Ignacio Blasco.

El fiscal Rodríguez defendió la validez de la pericia.

De esta manera quedó destrabado el proceso judicial en contra de Eguillor y se aguarda para el próximo año la realización de la audiencia preliminar al juicio oral y público.

De la presentación realizada en la Oficina Judicial de Rawson este mediodía, los dos hechos investigados por los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez, dicen textualmente lo siguiente:

Primer hecho: sueldos y propiedades

“Desde el año 2003 a la fecha, el ciudadano Carlos Albero Barbato, se viene desempeñando como funcionario público. En fecha 12/12/03 ingresó a la administración pública en el cargo de Gerente General del Instituto de Asistencia Social. Luego, a partir de diciembre del año 2007 ocupó el cargo en el Ministerio de Coordinación de Gabinete. Posteriormente en el periodo 2011 – 2015 cumplió funciones en la Legislatura de la Provincia de Chubut. Finalmente, por Decreto nro. 27/15, en fecha 11/12/2015 se lo designó en el cargo de presidente del Instituto de Asistencia Social, cargo que ocupó hasta el 5/7/2019, fecha en que por decreto nro. 742/19 se le aceptó la renuncia al cargo aludido.

De lo expuesto surge que Barbato, nunca perdió su calidad de funcionario público, en los términos como lo define la ley, en el Articulo 77 del Código Penal, el cual reza: ‘funcionario público y empleado público, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente en el ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. –

Que de la investigación preliminar se desprende que el imputado no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo proveniente de la administración pública.

Que, además, surgió que al momento de desempeñar función pública estuvo en pareja con Erica Perrone, con quien tuvo dos hijos.

Que la nombrada Perrone, mientras su pareja Barbato cumplía funciones públicas, se desempeñó como “Ama de Casa”, no percibiendo ningún tipo de emolumento que nutriera el patrimonio de ambos. Recién en el corriente año, en el mes de Julio comenzó a percibir un salario aproximado de unos 31.000 $ mensuales al haber ingresado como agente de la administración pública provincial.

De las constancias obrantes en la presente investigación surge que el ex funcionario, con la colaboración necesaria de su pareja adquirió de manera apreciable e injustificada bienes muebles registrables y un lote ubicado en Playa Unión donde posteriormente construyeron una casa de dos plantas con quincho.

En el año 2016, Barbato sirviéndose de su pareja Erica Perrone como interpósita persona a fin de disimular la adquisición por parte del nombrado, adquiere un vehículo Cuatri marca Can-am, por un monto 232.000 $, un vehículo Cuatri marca Gama por un monto de 190.000 $, un vehículo marca Ford Mondeo por un monto de 538.025 $ y un Ford fiesta por un monto de 302.500 $, percibiendo el ex funcionario durante ese año un salario promedio de 76.500 $, habiendo comprado vehículo por un monto de 1.262.500 $.

En el mes de abril del año 2017, Barbato utilizando la misma modalidad, es decir sirviéndose de su pareja Erica Perrone como interpósita persona a fin de disimular las compras, adquiere un lote ubicado en la villa balnearia de Playa Unión sobre calle José Coronel entre Canónigo Vivaldi y Laura Vicuña, por un monto de 200.000 $, matrícula N° 77.799 según constancias del Registro de la Propiedad de la Provincia, el cual fue registrado a nombre de Erica Perrone. A su vez ese mismo año, siempre con Perrone actuando como interpósita persona, adquirió un vehículo marca Ford, modelo Kuga por un monto de 786.807 $. Respecto de la Ford Kuga, fue permutado en el corriente año (2019) por un vehículo marca BMW Modelo 418-X1- 207, año 2013, dominio LZX-548, el cual pertenecía a Rodrigo Lasaga, quien además le entregó una suma de 350.000 $.

Además, Carlos Barbato en el mes de Julio del año 2017, compró una camioneta marca Chevrolet, modelo S10, Año 2017, dominio colocado AB371VK, la cual la registró a su nombre. Dicha camioneta fue pagada con dinero en efectivo por un monto de 545.000 $. Cabe destacar que el sueldo promedio del nombrado en el año 2017, según las constancias obrantes, era de 88.103 $.

En el año 2019, en el mes de febrero, Carlos Barbato adquiere un vehículo tipo todo terreno denominado UTV, marca Artic Cat, de 700 centímetros cúbicos, en la firma que giraba bajo la razón social “El Trébol Motos”, por el cual abonó un total de 450.000 $ en dinero en efectivo. Así también, en el mes de mayo, adquirió una camioneta marca Chevrolet modelo S10, MODELO 2017, dominio AB281GV, por un monto de 566.000 $, siendo su titular anterior Gonzalez Guillermo Martín, sirviéndose de su pareja Perrone como interpósita persona, para consumar la operación comercial.

A su vez, en este mismo año, en el mes de abril, Erica Perrone compró una camioneta Marca Nissan, modelo Murano, año 2013, dominio NDT-410, abonando un monto de 590.000 $ en dinero en efectivo.

Por otra parte, respecto de la construcción de la casa en la localidad de Playa Unión, se pudo establecer que la misma comenzó a ser construida en agosto del año 2017. Que la misma cuenta con dos plantas y un quincho, alcanzando una superficie de 200 metros cuadrados cubiertos. Que la pareja Barbato – Perrone contrataron a Hugo Conrad como responsable de la construcción de la obra, quien presupuestó la misma en monto de 1.300.000 $ en concepto de mano de obra. La dirección de la misma estuvo a cargo del arquitecto Alejandro Bertorini quien estipuló sus honorarios en 8.000 $ mensuales. Además, se pudo establecer que los nombrados compraron materiales en el comercio Ferretería Argentina de Rawson, discriminándose de manera provisoria de la siguiente manera: Año 2017: 258.000 $; 2018: 619.201 $; 2019: 412.801 $. Asimismo, en el Año 2017 hicieron una erogación 80.000 $ en concepto de pagos de aberturas. En esta misma dirección se ha podido establecer que el constructor en los años: 2017: recibió las suma de 473.196 $; en el 2018: 782.044 $; y en el 2019: 58.724 $. Por otra parte, se pudo establecer que en el año 2018 Erica Perrone, quien tenía cuenta corriente en VS DECO SRL. abonó en dinero en efectivo la suma aproximada de 1.000.000 $, en concepto de compra de amoblamientos y materiales para la casa de Playa. Así mismo, se ha podido verificar que, a partir del año 2019, período de tiempo comprendido entre los meses de enero a junio, se realizaron trabajos de electricidad, herrería, carpintería, albañilería, en la construcción de Playa Unión, los cuales fueron pagados por la ciudadana Erica Perrone en dinero en efectivo por un monto superior a los 400.000 pesos”.

Segundo hecho: el accidente

El segundo de los hechos en el que queda involucrado el chofer, Adrián Quinteros, expresa. “Con fecha 23 de Agosto del año 2018, Carlos Barbato adquirió el vehículo marca Audi, dominio colocado LHV-731 cuyo titular era José Carlos Barcelona. Dicha operación se materializó en el domicilio de Barbato y Erica Perrone, sito en calle Soler nro. 1643, del Barrio Cooperativa de Trelew.

En dicha circunstancias Barcelona le entregó el vehículo de mención, junto con la documentación respectiva, y a cambio recibió en parte de pago un cuatri marca Can- am, y la suma de 180.000 $ aproximadamente en dinero (pesos) en efectivo.

A los fines de mantener oculta la operación de compra venta, y que dicho rodado no aparezca dentro del patrimonio de Barbato, el nombrado se valió de Adrián Quinteros como persona interpósita, quien en fecha 23 de agosto del mismo año inscribió dicho rodado a su nombre, otorgando en idéntica fecha autorización para conducir el vehículo aludido, a Carlos Barbato, Erica Perrone, y el hijo de ambos Laureano Barbato. Cabe destacar que Adrián Quinteros, en la época de referencia era el chofer de Barbato en el IAS, lo que demuestra que el nombrado tenía pleno conocimiento de quien era Barbato y su clara intención de colaborar en mantener oculta la operación comercial de compra-venta con el claro fin de disimular el incremento patrimonial en cabeza de su jefe Barbato.

Posteriormente, en fecha 23/04/2019, dicho vehículo era conducido por Laureano Barbato, en la intersección de las calles Soberanía Nacional y Edison sufrió una colisión con destrucción total del rodado. Como consecuencia de ello siendo que el titular del vehículo era Adrián Quinteros, con fecha 28/05/2019, ante el escribano público, Nicolás Caucich, el nombrado firmó un poder especial a favor de Erica Griselda Perrone, con domicilio en calle Soler 1643 del Barrio Cooperativa de Trelew, “para que actuando en su nombre y representación con las más amplias facultades que fueran necesarias y exigibles realice los siguientes actos: cobre y perciba de la compañía de seguros denominada “SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERTATIVA LIMITADA”, la indemnización que asciende a la suma de Pesos quinientos veintiocho mil ($528.000), correspondiente a la cobertura amparada por póliza de la precedentemente mentada compañía, 22/383003 que cubre el vehículo marca y modelo 011-Audi-204-A1, modelo 2012, dominio LHV-731 por el siniestro referencia 22/58207 ocurrido el 23 de abril del año 2012.

La compañía aludida informó que en fecha 11 de junio del año 2019 se efectuó un pago a Erica Griselda Perrone DNI 26.326.921 por la suma de 528.000 $ correspondiente al siniestro nro. 22/05/058207 por el cual se indemnizó por la destrucción total del vehículo dominio LHV 731.

De los expuesto surge que, Barbato presidente de lotería, ideo dicha ingeniería jurídica para incorporar bienes a su patrimonio sin que pueda ser detectado por los órganos de control. Para dicha adquisición apreciable e injustificable, acudió a la colaboración de testaferros, como es el caso de Quinteros, a fin de que figure como titular del rodado en el registro de la propiedad del automotor. A su vez nuevamente se sirvió de su pareja Erica Perrone, quien prestó su nombre a fin de materializar el cobro indemnizatorio el cual finalmente ingresó al patrimonio del ex funcionario y de la nombrada.

No hay dudas que los verdaderos dueños del vehículo marca Audi eran Barbato – Perrone, quienes fueron los que hicieron el desembolso dinerario, y la entrega del cuatri como parte de pago. En este contexto pergeñaron la maniobra descripta, de común acuerdo entre Barbato, Perrone y Quinteros con miras en ocultar los incrementos patrimoniales en la persona de Carlos Barbato, presidente del Lotería en ese tiempo”.

El empresario dueño de Industrias Bass explicó a través de una línea de tiempo todo el proceso de la presunta maniobra ilegal. Su abogado, Abdon Manyauik pidió el sobreseimiento y el fiscal Marcos Nápoli solicitó que afronte el juicio oral y público.

La audiencia preliminar por la causa que investiga el presunto pago de retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política continuó durante la jornada de ayer y se extenderá durante la semana que viene.
Hasta el momento, el común denominador fue el pedido de sobreseimiento de las defensas y la elevación a juicio oral y público de los imputados por parte del fiscal Nápoli.

En la audiencia de ayer que se desarrolló en la Oficina Judicial de Rawson y que estuvo a cargo del juez de Garantías, Sergio Piñeda, el empresario Martín Castillo de la firma Industrias Bass declaró y explicó su participación en todo el proceso analizado.

«Yo necesito el sobreseimiento señor juez. Fundé la empresa hace 23 años y no la empecé con la obra pública. Es vergonzoso que no pueda tener relaciones con proveedores de Estados Unidos y Europa porque estoy imputado en una causa de corrupción», esbozó Castillo en su declaración frente a Piñeda.
Castillo respondió preguntas de su abogado defensor, pero también del fiscal Nápoli.

Nápoli enumeró el envío de cartas documentos de la empresa Industrias Bass con el remitente del estudio jurídico de Diego Martínez Zapata, exfiscal de Estado y asesor del actual gobernador Mariano Arcioni, informó Diario El Chubut.

El primer ministro respondió así a los cargos contra él que presentó la fiscalía israelí por fraude, cohecho y abuso de confianza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que los cargos por corrupción anunciados por el fiscal general del país, Avichai Mandelblit son «un intento de golpe» contra él. Y remarcó que son «falsas acusaciones por motivos políticos».

«Estamos presenciando un intento de llevar a cabo una revolución legal. Es un proceso contaminado por intereses extranjeros con el objetivo de derrocar a un primer ministro derechista», declaró, en una comparecencia ante la prensa en Jerusalén, poco después de que el fiscal anunciara que lo acusaba formalmente de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres causas abiertas contra el primer ministro.

«Todo esto tiene como objetivo mi caída», enfatizó. «Este es un día triste. Hay que estar ciego para no ver que algo malo está sucediendo en el sistema legal», agregó el premier. 

Netanyahu se convirtió este jueves en el primer jefe de gobierno en la historia de Israel acusado de corrupción, lo que podría acabar con la carrera política del líder que más tiempo ha gobernado desde el nacimiento del Estado hebreo.

La acusación del fiscal Mandelblit podría tener importantes consecuencias políticas, pues ocurre horas después de que el presidente Reuven Rivlin encargara al Parlamento encontrar un primer ministro, luego de que Netanyahu y su rival Benny Gantz fracasaran en formar un gobierno, informó Clarín.

Hay departamentos, locales, casas, estancias y aviones, varios de los cuales eran de Lázaro Báez, el contador de Cristina y su ex secretario, Daniel Muñoz.

Casas, estancias, departamentos, embarcaciones, aviones privados, terrenos, locales comerciales. La lista de propiedades decomisadas en casos de corrupción y que quedaron bajo organismos del Estado es variada y cuantiosa. La actual gestión no logró avanzar con todos los remates y esta decisión quedará en manos del gobierno del Frente de Todos. Muchos de los bienes pertenecieron al ex contador de Cristina Kirchner, a su ex socio comercial Lázaro Báez, como también al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

La primera subasta online que el gobierno de Mauricio Macri iba a realizar respecto a un conjunto de propiedades vinculadas a Muñoz, en una causa por lavado de dinero vinculada a los cuadernos de las coimas, fue suspendida. Y por los plazos necesarios para reprogramarla, será la próxima gestión, la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la que decida cómo proceder con estos bienes, como también con dos aviones de Lázaro Báez dispuestos para ser rematados, incluso sobre casas, departamentos y un campo del ex contador de la electa vicepresidenta.

Este jueves 21 de noviembre, pocos días antes del cambio de gestión, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) iba a subastar un conjunto de propiedades vinculadas a la trama de lavado del entorno de Muñoz. Se llamó a subasta pública sobre un departamento de Sergio Todisco, señalado testaferro del ex secretario privado de Néstor Kirchner. Pero al quedar desierta, fuentes oficiales señalaron a Clarín que no se llegará a realizar otro remate antes de que Mauricio Macri deje la Casa Rosada. Su valor de mercado es de 620.000 dólares.

Después de la orden de decomiso del juez Claudio Bonadio en un tramo de la causa de los cuadernos de las coimas que se centra en operaciones de lavado de dinero encabezadas por Daniel Muñoz y su entorno, el Estado había tomado de la decisión de vender inmuebles ubicados en Miami, Capital Federal, Santa Cruz y otras provincias patagónicas.

Los dueños de esas propiedades fueron el financista Ernesto Clarens, al ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares; Carolina Pochetti -viuda de Muñoz-, Sergio Todisco, el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, entre otros.

Hace pocos meses, el Gobierno buscó cuantificar el perjuicio generado por maniobras de corrupción. La Unidad de Información Financiera (UIF) estimó que sólo en materia de lavado de dinero se cautelaron a la fecha bienes por 500.000 millones de pesos, es decir unos 11.000 millones de dólares. En esta misma línea, el gobierno buscaba avanzar en el decomiso de una extensa lista de bienes de Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Cristóbal López, Ricardo Echegaray, entre otros.

Los números son aún más grandes. El gobierno de Macri contabilizó que desde 2016 los embargos ordenados en causas de corrupción donde se investigó a Cristina y ex funcionarios kirchneristas ascienden a 483.115 millones de pesos, un equivalente a 8.524 millones de dólares.

Sólo en la causa de los cuadernos de las coimas se cautelaron bienes por unos 20.000 millones de pesos. En ese expediente, el juez Bonadio firmó el decomiso 38 propiedades y bienes por unos 20 millones de dólares.

La lista incluye casas, departamentos con sus cocheras, una farmacia en Tierra del Fuego, un terreno en Mar de las Pampas, en Neuquén y varios terrenos y propiedades en Santa Cruz. Entre los bienes, Respecto a los bienes, hay una embarcación -“Sea Ray Cummins”- propiedad de Ernesto Clarens, al igual que una propiedad en Miami que el financista puso a disposición del juzgado.

La próxima gestión deberá decidir si todos estos bienes continuarán en manos de la AABE, desde donde se sostuvo que era imperioso avanzar en el remate de los bienes para que no sufran deterioro y pierdan valor, como ocurrió con uno de los aviones de Lázaro Báez, que fue a remate por un valor de 55.800 dólares cuando supo tener un valor de 211.300 dólares, informó Clarín.

«A escasos metros del despacho del(entonces) Gobernador se determinaba de modo activo el desempeño y el rol de cada funcionario, necesariamente Das Neves estaba al tanto, y allí también se discutían los montos para cada uno», reveló.

Lo aseveró el fiscal Marcos Nápoli en diálogo con Radio 3, en el que confirmó que el próximo lunes 25 de noviembre se realizará en Rawson la audiencia preliminar del debate oral y público en el caso donde hay 15 imputados, más algún otro que podría apelar a determinado recurso para tratar de evitar el juicio. «Vamos a probar que se pagaba entre el 3 y 5 por ciento del costo de las obras en coimas», aseguró el funcionario. Ejemplificó que «ni por asomo Bonadio tiene en la Causa de los Cuadernos la calidad de prueba documental que nosotros tenemos acá».

“Nosotros la llamamos audiencia intermedia, en la que tenemos la potestad de discutir una variedad de cuestiones, principalmente la elevación a juicio como objetivo del Ministerio Público Fiscal y en el caso de las defensas tratar de mellar nuestra teoría del caso para evitar el juicio y lograr el sobreseimiento para cada uno de los imputados, incluso varios de ellos ya adelantaron su tesitura y presentaron escritos previos a la audiencia en los que solicitaron efectivamente el sobreseimiento», explicó Nápoli sobre la jornada del próximo lunes 25.

«Desde luego que esto será resistido por la fiscalía, tenemos un caso potente y vamos a poder comprobar durante el debate cual ha sido la maniobra de una magnitud superlativa para poder generar una caja dineraria que después era repartida en el Ejecutivo entre los funcionarios de alto rango», remarcó el funcionario judicial.

«Son 15 imputados, sumado a algún otro que seguramente pedirá una salida diferente al juicio oral y público porque la audiencia permitirá a los defensores plantear nuevas suspensiones de juicio a prueba, reparaciones o juicios abreviados, habrá que ver que camino adoptan y vamos a estar atentos para evaluar esos planteos y dar un dictamen razonable sobre nuestra posición», adelantó.

Aclaró que «la situación de Bastida y Piccione se diferencia de las otras personas que integran la asociación ilícita porque son los únicos que no eran funcionarios públicos al momento de la comisión de los hechos delictuales».

«Los funcionarios públicos no pueden acceder a los juicios abreviados, lo impide de la ley. Incluso deberían ser juzgados con un jurado combinado, dos letrados y tres populares, lo que nunca se llevó a cabo, pero está claro que no puede haber arreglo de juicio abreviado para los funcionarios público», recalcó.

«Para que Bastida y Piccione accedan a un juicio abreviado deben tener un convenio con la fiscalía, no sólo en la tipificación del delito sino también en la pena. En el caso de Piccione, es una pena de efectivo cumplimiento, así que es muy difícil que la defensa y el propio imputado accedan a un acuerdo, es más factible que lo discutan en el debate oral y público», fundamentó.

Nápoli insistió en que el ex ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna, el ex de Economía, Pablo Oca; el ex de Infraestructura, Alejandro Pagani, el secretario privador de la Gobernación, Gonzalo Carpintero Paterson y el ex ministro de la Familia, Martín Bortagaray, no pueden acceder a un juicio aprobado.

Respecto de las probation que se otorgaron a distintos empresarios, destacó que “no sólo han terminado su compromiso, sino que han hecho obras de magnitud. El balance es positivo, hemos recuperado más de 100 millones de pesos en obras, tal vez no tenga relevancia en la economía de la Provincia, pero sí en el marco del proceso penal respecto de los que la ley exige como reparación”.

Consultado si además de las condenas, la fiscalía pedirá multas y decomisos, puntualizó que “»hay que diferenciar; en el caso de Gonzalo Carpintero al que también se investigó enriquecimiento ilícito, la fiscalía pretende recuperar importantes bienes para el erario público. Pero en el caso de otros funcionarios no investigamos el patrimonio de cada uno de ellos porque la maniobra consistían en pedirles coimas a los empresarios para pagarles los certificados de obra, o sea que el patrimonio que se mellaba era el de los empresarios, aunque siempre hago la aclaración que nosotros tenemos la sospecha que el empresario no perdía dinero, sino que lo cargaban en las licitaciones previamente, como un impuesto que sobrevolaba las contrataciones, aunque no se plasmaba en el papel. Cuando cotizaban tenían en cuenta lo que iban a aportar».

«Vamos a probar que se pegaba entre el 3 y 5 por ciento de coimas por cada certificado, el 5 % era para la obra vieja del anterior gobierno de Das Neves y el 3 % para el período nuevo. Hasta monto fijos tenían, por lo que cuesta creer que los empresarios perdían dinero al momento de la licitación», aseguró Nápoli.

«El núcleo de la investigación son las maniobras y la organización de este grupo de funcionarios políticos de alto rango y su rol dentro de la organización, además de cómo se repartían el dinero, de acuerdo al nivel de llegado con el Gobernador», enfatizó.

«En la asociación ilícita, a diferencia de la Causa Embrujo en la que había un jefe (Diego Correa), partícipes y personas que habían cometido delitos en particular, en este caso tenemos organizadores y miembros, no tenemos un jefe», recalcó.

«Nosotros consideramos que el jefe de la asociación ilícita era el Gobernador ya fallecido. Tenemos una carga probatoria abrumadora para demostrarlo, a tal punto que tenemos los cheques originales suscriptos por los emisores y en las cuentas que fueron depositados. Bonadio, en la causa de los Cuadernos por ejemplo, no tiene ni por asomo la calidad de la prueba documental que tenemos nosotros acá», valoró Nápoli.

«Son cuentas de Dual Core, Cepat, las empresas de Diego Correa, y también fueron a parar a los bolsillos de los secretarios de Das Neves, con los cheques que se cobraban en el banco cuando el monto era inferior a los 50 mil pesos. Era una cantidad de cheques impresionante», sostuvo.

«A escasos metros del despacho del Gobernador, se determinaba de modo activo el desempeño y el rol de cada funcionario, necesariamente Das Neves estaba al tanto, y allí también se discutían los montos para cada uno», reveló.

Respecto de las declaraciones que en su momento hizo el ex presidente de Vialidad Provincial y empresario de la construcción, Patricio Musante, Nápoli consideró: «será una incidencia que se planteará en la audiencia preliminar, aunque los defensores se van a oponer a las declaraciones de imputados probados en el debate, los vamos a sostener porque es absolutamente legal. Dependerá del criterio de los jueces, pero nosotros creemos que deben declarar para que se conozca absolutamente toda la verdad».

«Musante dijo algo muy concreto, todos recuerdan que el propio Gobernador le dijo que a Sudelco se le había acabado la coronita y debía empezar a pagar, claramente coimas», insistió.

«La familia de Das Neves aparece en la planilla de Luthers cobrando montos siderales de dinero, y vamos a intentar demostrar que el Gobernador también estaba al tanto de esto», advirtió.

«El contenido de estas planillas está totalmente corroborado a través de una infinidad de medios probatorios que ya han sido sostenidos en la Causa Embrujo y que también vamos a disponerlos para este caso: testigos, nuevos documentos, informes de entidades financieras. Si uno al azar, de 300 a 400 puntos de la planilla de Luthers, intenta probar 20 y prueba a los 20, quiere decir que los demás puntos son fidedignos», argumentó.

«Tocar fibras de poder causa incomodidad»

«El doctor Iturrioz dejó de participar en la causa Revelación porque le significaba mucha carga laboral, luego surgió lo del Consejo de la Magistratura, en la audiencia en la que lo atacaron salvajemente, aunque él ya había dejado de participar», aclaró sobre el otro fiscal de la causa.

«Iturrioz y yo conocemos el caso en profundidad, lo hemos trabajado desde el primer día, por eso resultará incómodo hacerlo solo», admitió.

«En la audiencia del lunes próximo me acompañaría el doctor Alejandro Franco, pero también está muy cargado de trabajo porque él tiene a su cargo la causa Lotería», indicó Nápoli.

«Cuando nos preguntan si nos hemos sentido presionado o ha habido incidencias externas, uno sabe que cuando uno toca estas fibras poderosas del poder, se disparan mecanismos de presión, de algún modo expresan su incomodidad en estos casos», reconoció el fiscal.

«El Consejo de la Magistratura está cruzado políticamente por funcionarios de distintos colores políticos, por su conformación plural, y hay personas que toman subjetivamente el ejercicio de su rol y otros en cambios respetan el modo republicano y actúan de manera imparcial como corresponde», evaluó.

«Ha habido algunos consejeros que tuvieron la intención solapada, porque no lo van a decir, y también les debe molestar que un fiscal esté diciendo esto, de responder a intereses políticos», reprochó.

“El mensaje es gravitante: el que toca a personas vinculadas con el poder, tiene consecuencias. Enviar a jury al fiscal Iturrioz cuando actuó de la misma manera que yo, que ni siquiera tuve una sanción administrativa, habla de la subjetividad de la actuación”, cuestionó.

«El juicio podría comenzar en marzo o abril, hay que sortear el tribunal y otros actos procesales que llevan su tiempo. Es difícil avisorar si será el más largo, hay muchos testigos, pero veremos qué acuerdos probatorios se realizan con las defensas», analizó Nápoli en el final.

Tiene que juzgar a Cristina en la causa de los cuadernos de las coimas, a Milani, a De Vido y Andrea del Boca, entre otros. Reclamó más personal para poder afrontar esos procesos orales.

Los últimos dos tribunales orales federales que se crearon tienen pocos años en casos de corrupción y narcotráfico. Su juventud es planteada como uno de los motivos, para muchos funcionarios judiciales, por los que aún permanecen «sin contaminarse» con la política.

Uno de ellos es el 7, quien tiene ahora la responsabilidad de realizar los juicios sobre casos de corrupción que tiene entre los principales acusados a la vicepresidenta electa, y otros ex funcionarios como Julio De Vido, César Milani, Roberto Baratta, entre otros, también a la actriz Andrea del Boca. El TOF 7 tiene a su cargo entre otras causas, la conocida como los cuadernos de las coimas. Reclama a la Corte personal y que le reduzcan la cantidad de casos.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero -integrantes del TOF 7- condenaron hace poco, al ex presidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de peculado, en una causa en la que se investigó la sustracción de 50 millones de pesos destinados a la construcción de una ruta que nunca se hizo vinculada a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Haber tenido este expediente derivó que la causa por la que se encuentra preso Julio de Vido por el desvío de fondos vinculados a la mina de carbón, también termina radicada allí.

No es cualquier causa. En la misma el juez Luis Rodríguez procesó al ex ministro junto a otros ex funcionarios, entre ellos Roberto Baratta, por haber malversado 176 millones de pesos que debían dirigirse a la modernización y puesta en valor de YCRT. En este expediente que se dictó la prisión preventiva del ex titular de Planificación Federal.

Es tan sólo uno de los expedientes en los que se investigó a la anterior gestión kirchnerista por maniobras de corrupción. Entre las causas de mayor repercusión mediática y política que este tribunal deberá sustanciar en etapa de juicio oral, se encuentra la causa de los cuadernos de las coimasen la que inició con los ocho cuadernos que escribió el de chofer de Baratta, Oscar Centeno. En este expediente están procesados 52 personas entre ellas Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. La mayor cantidad de imputados son empresarios, la lista incluye a Gerardo Ferreyra, Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Juan Chediack, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Luis Betnaza, entre otros.

A raíz de la magnitud del expediente que además cuenta con otras derivaciones que se irán elevando a juicio oral por parte del juez Claudio Bonadio, con la explicación de que la causa madre ya está radicada en el TOF 7, los jueces solicitaron a través de dos notas –en las que expusieron la sobrecarga de trabajo- reclamaron más personal. Es que además, de los expedientes mencionados este TOF tiene asignado el juicio contra 47 intendentes y ex intendentes K como también los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, por el fraude en contra de la administración pública por medio del programa de gestión de residuos urbanos (Pmgirsu) que representó un perjuicio de 600 millones de pesos.

Para sustentar su pedido de más personal y que a su vez se redujera la cantidad de juicios a su cargo, los jueces del Tribunal sostuvieron que fueron radicados allí dos investigaciones conexas a los cuadernos: el tramo que se enfocó en la trama de lavado de dinero de 70 millones de dólares, encabezada por el fallecido Daniel Muñoz que cuenta con 16 procesados, y la parte de los subsidios a los colectivos, con seis acusados.

Este TOF que dejó de tratar casos de la justicia ordinaria para pasar a realizar los juicios por corrupción y narcotráfico, es decir, delitos del orden federal, tiene además la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe del Ejército durante el Gobierno de Cristina Kirchner, César Milani absuelto recientemente en un caso de lesa humanidad.

Hay más. El TOF 7 deberá llevar adelante el juicio contra Julio De Vido y la actriz Andrea del Boca donde se los acusa por defraudación contra la administración pública en la realización de la novela Mamá Corazón, tira financiada por el ex ministro de Planificación, a través de la Universidad de San Martín (UNSAM), durante la gestión kirchnerista. Pese a que nunca llegó a emitirse. Los embargos fueron de 60 millones de pesos en relación al fraude cometido.

Ante este escenario, el TOF 7 con mayor cantidad de causas contra la gestión kirchnerista, reclamó más personal. Es uno de los Tribunales más nuevo y que no cuenta con jueces subrogantes y es la fiscal Fabiana León quien interviene en el mismo. Sus integrantes Signori y Canero trabajaron juntos en la Corte Suprema de Justicia. El tercer integrante, Castelli, se desempeñó en la justicia federal de San Martín, informó Clarín.

El hecho de salir de la prisión ahora no significa el fin de los problemas judiciales para el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, ya que tiene pendientes otras causas por presunta corrupción.

La Fiscalía sostiene que cuenta con “indicios” y “evidencias consistentes” de que las constructoras involucradas en el escándalo conocido como “Lava jato” -donde sobrefacturaron obras de Petrobras para luego utilizar el dinero como sobornos- le dieron viviendas y muebles a Lula, les realizaron reformas a las residencias y le concedieron otras regalías.

En forma paralela, explican los investigadores, también le pagaron cuantiosas sumas por impartir conferencias.

Las empresas habrían hecho todo esto como retribución por haber sido beneficiadas con contratos millonarios con la empresa petrolera Petrobras y otros organismos públicos.

Biografía del ex presidente Lula da Silva. (AFP)

Biografía del ex presidente Lula da Silva. (AFP)

Un punteo de las denuncias que lleva adelante la Fiscalía expone la delicada situación judicial de Lula, aunque el ex mandatario niega cada una de ellas.

Lujosa vivienda en Guarujá

Se sospecha que Lula es dueño de un lujoso departamento tríplex en Guarujá, en el litoral de San Pablo, que habría sido reformado por la constructora OAS, en obras valuados en al menos 260.000 dólares, y equipado con muebles de lujo por un valor de 75.500 dólares.

El ex presidente niega que sea suyo, y de hecho no hay documentos que acrediten que sea de su propiedad.

Lula, durante su defensa, en 2017. (EFE)

Lula, durante su defensa, en 2017. (EFE)

Para la Fiscalía, la lujosa vivienda pertenece a Lula, y su afirmación se sostiene en testimonios tomados a la gente que trabaja en el lugar, entre ellos los guardias, la portera y el síndico del condominio, así como dos ingenieros de OAS.

Chacra en Atibaia

Se llama Santa Barbara y se encuentra en región paulista de Atibaia. Cuenta con un amplio edificio, una pileta y un lago artificial para pesca. Los investigadores sostienen que Lula compró la quinta en 2010 por 1,5 millones de reales (unos 390.000 dólares) mediante testaferros.

Las reformas de la residencia habrían sido pagadas por José Carlos Bumlai, empresario y amigo de Lula, y las constructoras OAS y Odebrecht, por un valor de 196.600 dólares. También la equiparon con muebles valuados en 44.700 dólares.

Los propietarios formales de la quinta son Jonás Suassuna y Fernando Bittar, socios del hijo de Lula, Fábio Luís, quien también fue llevado a declarar ante la policía.

Conferencias pagas

Otro de los costados de la causa se relaciona con los “pagos voluminosos” realizados al Instituto Lula en carácter de donaciones, por parte de constructoras beneficiadas con contratos en Petrobras. Sumarían unos 6 millones de dólares.

También la empresa de eventos y publicidad LILS Palestras, propiedad del ex sindicalista, recibió unos 3 millones de dólares por parte de estas empresas como honorarios por conferencias impartidas.

La mayor parte del dinero que ingresó en ambas compañías provino de firmas involucradas en la red de corrupción: Camargo Correa, OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y UTC.

Mudanza y deposito

La Fiscalía cree que existen “fuertes indicios de pagos disimulados de aproximadamente 342.000 dólares realizados por OAS en favor de Lula, entre 2011 y 2016, para guardar objetos retirados del Palacio del Planalto –sede de la Presidencia brasileña– cuando acabó su mandato”, resaltò Clarìn.

La contratación del servicio de almacenamiento, afirma la Fiscalía, fue realizada por OAS y la empresa de depósitos “falsificándose el documento para que constara que se trataba de almacenamiento de materiales de oficina y muebles de escritorio pertenecientes a la constructora OAS”.

Según el ex mandatario, él fue el presidente que recibió más regalos en la historia y que llegó a crear un rico fondo personal.

Hijos involucrados

La investigación apunta a que existen pagos realizados por el Instituto Lula y LILS Palestras a empresas de los hijos de Lula, a una nuera del ex presidente y a uno de los dueños de la quinta de Atibaia, entre otras personas.