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Corrupción

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Se realizará en la Oficina Judicial de Rawson. Se prevé que dure al menos tres meses y declararán veinte testigos por día.

El juicio oral y público por El Embrujo que comenzará el 12 de marzo costará más de 20 millones de pesos. Se prevé que dure al menos tres meces y el tribunal ya reclamó que los empleados judiciales, fiscales, defensores y querellantes respeten estrictamente los horarios, para no perder tiempo y hacer rendir el presupesto.

El dato lo aportó Karina Brekle, titular de la Oficina Judicial de Rawson, al encabezar ayer una audiencia con la mayoría de las partes para organizar el complejo debate, que será en la misma sala donde se viene realizando todo el proceso. Mudarse significaría más gasto.

Un sorteo decidió que Alejandro Soñis, juez de Comodoro Rivadavia, será el presidente del tribunal. Su papel lo sacó el fiscal Omar Rodríguez. Los vocales serán Ricardo Rolón, de Esquel, y Marcela Pérez, de Puerto Madryn.

El debate será martes, miércoles y jueves de cada semana, de 8.30 a 13 y de 15 a 19. Se espera que cada día declaren 20 testigos. Sin embargo, los testimonios comenzarán recién el martes 19 ya que la primera semana se dedicará a los alegatos de apertura y a decidir las cuestiones previas que planteen las defensas.

Los magistrados solicitaron “encarecidamente” que las jornadas se aprovechen al máximo y si, por ejemplo, un testigo falla, el siguiente esté disponible de inmediato. Breckle adelantó que el tribunal resolverá las incidencias el mismo día que se presenten.

No quieren dilaciones ni tiempos muertos. “Todos debemos velar para gastar lo menos posible y eso se logra con un juicio ágil y al que le demos continuidad”, explicó la funcionaria, quien advirtió que “no conozco el temperamento del tribunal”. Los jueces viajarán a Rawson cada lunes a última hora.

La titular de la OJ confirmó que se instalará el sistema de videoconferencias más moderno del que dispone el Poder Judicial.

Es probable que los imputados se sienten junto con sus abogados para facilitar las consultas. Y al mediodía, quienes estén detenidos recibirán una vianda en la sede de Jefatura de Policía, donde probablemente sean trasladados a la espera de cada reinicio de audiencia.

Revisación

El defensor Omar López advirtió que pedirá una audiencia para el 7 de marzo. Es que se cumple un año de las detenciones y varios quieren revisar la situación de sus clientes. Pero la Unidad Anticorrupción insistirá con que sigan presos.

La lista original es de 213 testigos. De esa cifra, 171 son de la acusación. A su vez, hay 73 policías. Pero el fiscal Alex Williams adelantó que quieren depurar los nombres y quedarse con no más de 120 testimonios. Evitarán citar, por ejemplo, a policías y funcionarios que sólo escribieron y firmaron actas e informes.

Williams confirmó que pedirán una inspección ocular de los bienes embargados en la causa, coches y propiedades, a excepción de los lotes en Las Golondrinas. “No es la misma impresión que si los vemos en fotos y videos”, justificó. Sobre las escuchas telefónicas, ya están seleccionados los tramos más sabrosos de los 29 CD´s.

Entre computadoras, dinero, celulares y documentación, el volumen de secuestros es formidable. Cabe recordar que hay hasta consolas, micrófonos y juegos de luces. En Rawson no hay lugar disponible. Por eso si alguna parte pide inspeccionar algún elemento, un coche oficial lo buscará en el mismo instante o deberá solicitarlo el día anterior. Y aunque como prueba se ofreció menos material que los secuestros originales, lo disponible igual es mucha cantidad. Para terminar de organizar el juicio, habrá otra audiencia el 1 de marzo.

El fiscal de la causa “Revelación”, Marcos Nápoli, indicó a RADIO 3 que en la audiencia de este jueves los ex funcionarios imputados Víctor Cisterna, Alejandro Pagani, Pablo Oca y Gonzalo Carpintero, recuperaran la libertad, al vencer los plazos de la preventiva. Además, unos 15 empresarios pedirán la Probation. Esperan que el juicio iniciaría a fines de este año o principios del próximo; y dio detalles de las expectativas de pena. “Probablemente surja que había una anuencia del entonces gobernador Das Neves”, sentenció.

Domiciliarias y libertad

El fiscal Marcos Nápoli confirmó a RADIO 3 que este jueves se realizará una nueva audiencia por la Causa “Revelación” en la que se abordarán diferentes cuestiones. Una de ellas será la finalización de las prisiones preventivas y el recobro de la libertad de los ex funcionarios imputados y con domiciliaria.

A varios de los detenidos “se les cumple un término, que de prolongarse, sería excesivo en términos de la preventiva. Más allá de lo repulsivo que sean los delitos cometidos y lo antipático que sea la medida para la audiencia, estamos a instancias de un proceso donde el juicio todavía no han llegado”, sostuvo el fiscal.

Explicó que se trata de personas que “aún tienen el derecho de inocencia”, y que el objetivo es “no agotar posibles penas con prisiones preventivas”. En este sentido explicó que “para la ley penal, los días en prisión preventiva domiciliaria consumen a futuro una pena de efectivo cumplimiento”.

De esta forma los ex funcionarios imputados Víctor Cisterna, Pablo Oca, Alejandro Pagani y Gonzalo Carpintero, recobrarán la libertad. Añadió que en esta causa también quedarían en libertad diego Luthers y Diego Correa, pero que ellos permanecerán detenidos porque “están siendo acusados en ‘Embrujo’, por lo que pesa sobre ellos otras medidas cautelares”.

Por último, explicó que esta libertad a la que acceden los mencionados “requiere de seguridades que son comunes a cualquier hecho delictual como: no tener contacto con personas coimputadas, testigos, personas que hayan declarado, tener un domicilio fijo, presentarse ante cualquier requerimiento y en principio pueden salir del país, pero tienen obligación de dar cuenta y nosotros evaluamos”.

Pedidos de probation

En cuanto a los pedido de Probation que realizarían unos 15 empresarios, el fiscal Marco Nápoli, indicó a RADIO 3 que para este jueves “están convocados varios empresarios imputados que han requerido la Probation”, sin precisar un número exacto.

Sostuvo que “vamos a evaluar los ofrecimientos que han realizado para hacer reparaciones a favor de la comunidad”, y recordó que será una audiencia numerosa con empresarios de Esquel, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Trelew.

En cuanto a las reparaciones, aseguró que no tienen el exacto global de las mismas, pero que “todas rondan el millón de pesos cada una y hay otras cercanas a los 10 millones”. En este contexto reveló que el empresario Juan Carlos Villegas “hizo uno de los ofrecimientos más grandes”.

Personalmente, el fiscal consideró que algunas de las propuestas de los empresarios “son interesantes”, porque “son obras que si bien no son grandilocuentes, son importantes en cuanto a los intereses de la comunidad”.

Entre estas recordó que se encuentra “un centro de rehabilitación para personas discapacitadas, trabajos en clubes e instituciones intermedias y redes de agua potable”.

Reveló incluso que podría haber otras audiencias por este motivo porque “algunas no llegamos a chequearlas en esta audiencia -por lo que- probablemente la semana que viene haya otra”.

Aclaró que hay empresarios imputados que no han requerido acceder a la suspensión de juicio a prueba porque “creen que pueden demostrar en el juicio que no han tenido ninguna responsabilidad”, lo cual para la Fiscalía “sirve para visualizar cual la operatoria a través de los privados y no solo la cara de los funcionarios públicos”.

Señaló en este marco que los funcionarios no pueden acceder a Probation “lo prohíbe expresamente la ley”.

Prórroga, juicio y expectativas de pena 

En otro tramo del diálogo con RADIO 3 el fiscal Nápoli indicó que la Causa “Revelación” “va a tener una acusación formal en dos meses a más tardar”, con lo cual este jueves se pedirá una prórroga del plazo de investigación.

“Estamos en vistas de un juicio oral y público que comenzaría a fines de este año o principios del otro”, adelantó y detalló que la expectativa de pena de los involucrados “depende de la participación que les atribuyamos en cada delito”.

Precisó que “para quienes consideramos los jefes de la asociación ilícita, la pena mínima es de 5 años de prisión”, mientras que “para los miembros de la asociación son 3”. En tanto, para los otros delitos aislados, “depende del delito. Por ejemplo, los cohechos tienen penas mínimas de 2 años -pero- lo importante es determinar quienes han formado parte de la asociación ilícita”.

En este sentido, precisó que en cuanto al jefe de la asociación ilícita “estamos evaluando como se desarrolló esa Jefatura. Al principio estaba a cargo de Cisterna y luego, cuando dejó el Gobierno, quien tomó el manejo de la organización fue Diego Correa y Gonzalo Carpintero”, hipótesis que “tenemos bastante corroborado”.

Remarcó en este sentido que “no perdemos de vista que había una cabeza de Gobierno que era el gobernador Mario Das Neves. Si bien queremos evitar descargar responsabilidades en personas que no pueden defenderse, tampoco podemos evitar lo obvio de la realidad de lo que ocurrió”, sentenció Nápoli.

Concluyó sentenciando que: “Probablemente surja, como habíamos dicho al comienzo de la investigación, que había una anuencia (consentimiento) expresa o tacita del entonces gobernador Das Neves”.

Radio 3

Con un extenso dictamen de más de 100 páginas, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, pidió que el juez Gustavo Lleral rechace el planteo de Javier Patricio Romero, defensor de Federico Gatica en la causa “El Embrujo”.

El contador –imputado con otras 11 personas- está acusado de lavado de dinero proveniente de la corrupción. Romero planteó que este delito es competencia federal y que la Justicia provincial debe inhibirse de juzgar a su cliente y la Oficina Judicial de Rawson debe enviarle el expediente a Lleral. Pero según Gélvez, el reclamo es “extemporáneo” ya que vencieron los plazos procesales para el recurso del defensor. El juicio oral y público para la banda que presuntamente lideró Diego Correa está previsto para el 12 de marzo.

Para su reclamo, Romero se basó en un adelanto de este diario de noviembre del año pasado: la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Juzgado Federal capitalino investigue otro antiguo caso de lavado de dinero, pero en la Cooperativa Eléctrica de Trelew. El defensor consideró que la situación de Gatica es similar y debe ocuparse Lleral “de modo exclusivo y excluyente”.

Sin embargo, el fiscal opinó que el juez federal debe rechazar el pedido porque el expediente ya se elevó a juicio tras la acusación de los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams, y el auto de apertura del 30 de octubre de 2018 que firmó el juez Sergio Piñeda.

Oportunidad perdida

“La oportunidad procesal para plantear la inhibitoria como toda cuestión de competencia es en cualquier estado de la investigación penal preparatoria, lo que comprende el inicio de la investigación y abarca la etapa intermedia hasta el dictado del auto de apertura a juicio”, explicó Gélvez. El planteo de Romero “no puede proceder porque la instrucción preparatoria o investigación preliminar terminó”.

“Corresponde expresar concretamente que caducó el derecho invocado por el Dr. Romero referente al planteo de la inhibitoria en la etapa procesal investigativa –instrucción preparatoria, instrucción previa, investigación preliminar al juicio-, por lo tanto es dable añadir que dicha pretensión es extemporánea, ya que se está en el caso ante la etapa que se denomina juicio”.

Sólo quedaría analizar si al estar fijada la fecha de debate oral y público, “sería procedente tal inhibitoria, o en su defecto también caducó el derecho a deducirla”.

En otro orden, Gélvez aclaró que si en cualquier provincia argentina ocurren delitos como el lavado, dañando el orden económico y financiero de la jurisdicción, “el órgano judicial competente para investigar y juzgar todos los hechos delictuales es el de la provincia donde se produjeron”.

“Nada tiene que juzgar por carecer de competencia la justicia de excepción enclavada en la provincia argentina que fuere (…) Tal atribución no fue delegada expresamente a la Nación o Estado Federal, impide que intervenga otro órgano judicial, que no sea el provincial”.

Tener cuidado

Si se interpretara “sin profundidad” que la competencia de ciertos delitos es únicamente federal, “no sólo se estaría afectando a nuestra forma de estado federal, sino que se dejaría sin protección a los distintos órdenes económicos y financieros de la provincia, lo cual implicaría que en la realidad del funcionamiento de tal o cual Estado provincial, las autoridades designadas no puedan ejercer las funciones que poseen para resguardar tal orden económico y financiero”.

Si se juzgan hechos cuyos protagonistas son el Estado provincial y sus funcionarios públicos, y se lavó dinero del mismo Estado, “claramente la competencia es del órgano jurisdiccional de la provincia en cuestión y no del estado federal (…) La competencia para investigar y juzgar es de la justicia ordinaria como regla general y excepcionalmente de la justicia extraordinaria o de excepción”.

No hay daño federal

Gélvez precisó en su dictamen que en El Embrujo no se afectaron bienes federales o al menos tal dato no se demostró.

“La competencia es de la justicia del Estado provincial donde habrían acontecido tales episodios y el Poder Judicial de dicho ente estatal debe ser quien juzgue los mismos cuando la calificación legal sea la de lavado de activos del art. 303 del C.P”.

Por eso, advirtió, “resolver lo contrario, es violentar todo lo que se ha decidido en otros precedentes jurisprudenciales respecto de la competencia”.

El Comodorense

Se cerraron las listas, luego de tensos días de negociación en los distintos frentes conformados.

Por los pasillos de Fontana 50, se comentaba que Alfredo “Peludo” Di Filippo caía con asistencia casi perfecta todos los días con una bolsita de una reconocida librería a la oficina de Mariano Arcioni: era para regalarle libros de autoayuda y vaya a saber uno de que otros temas.

Ningún método funcionó: ni la extorsión, ni la desestabilización legislativa, ni las campañas mediáticas ni las amenazas a Cholila Online, ni arrastrarse en silencio a lo más bajo de la dignidad de un Diputado, ni regalar una librería entera, ni rogar, ni sacarse fotos en el acto de lanzamiento ni con Arcioni ni con Maderna.

Alfredo Di Filippo quedó afuera de las distintas listas de diputados que presentaron antes de las 23:59 hs del día sábado y en esto tuvo que ver mucho este medio que publico semanas antes las denuncias contra Alfredo Di Filippo y su hijo Sergio por el supuesto lavado de dinero de 75 millones, enriquecimiento ilícito y la anterior denuncia en la Oficina Anticorrupción en donde un abogado de la zona denuncia coimas con los permisos de pesca. Las causas pasarían al fuero federal, inclusive irían a la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), y a la UIF (Unidad de Información Financiera).

Así que nadie quiso pagar el boleto del Peludo y todos los sectores políticos le picaron el boleto, por eso el Peludo está pegando los últimos coletazos desquiciado porque le hicieron el cuento del oso.

Luego de un oscuro desarrollo de su tarea como legislador, regresa a casa con “casi nada”. No pudo “sacar” permisos de pesca, no pudo “sacar” la minería, arrastró a su familia a una furiosa denuncia penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que sin dudas le traerá en el corto plazo grandes dolores de cabeza, pierde los fueros, terminó desconocido por sus compañeros de trabajo y abandonado por todas las fuerzas políticas: SOLO, DENUNCIADO Y CON LAS MANOS CASI VACIAS, regresa a casa.

Solo le queda el presente año calendario como legislador, en el que puede intentar enmendar tanto daño causado. Hay que ver como se escribe ese ultimo capítulo. Y si se lleva a Silvina Cabrera a su casa o si la sigue mandando a sacar fotos a la casa de Cholila Online.

Por lo pronto y hasta tanto suceda: FELIZ JUBILACION PELUDO!!! Disfruta de tu casa y ojo con tus declaraciones una vez que pierdas la indemnidad legislativa y con tomar acciones de mafioso porque te va a caer todo el peso de la ley. Dentro de la Ley todo fuera de la Ley Nada.

Darío Fernández

Periodista de Investigación de Cholila Online

 

El próximo 25 de febrero se conocerá la resolución.

En la mañana del viernes se presentó en sede de los tribunales penales la propuesta de juicio abreviado para el entonces delegado local del IPV, Abel Reyna, en base a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, cohecho pasivo y activo; y tráfico de influencias. La jueza dará a conocer si homologa, o no el acuerdo, y dará a conocer su decisión el próximo lunes 25 de febrero.

El imputado aceptó voluntariamente su participación y responsabilidad en los hechos, como también la pena propuesta por la fiscal general, de tres años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos políticos. Tanto la pena como la inhabilitación la que se merita como adecuada en su monto por las partes atendiendo a las características de los hechos, la extensión del daño causado y los antecedentes del imputado.

Presidió el acto la jueza penal Daniela Arcuri, por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; por la querella María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

A partir de la solicitud del abogado del contador Federico Gatica, se puso en duda que el juicio por la primera de las grandes causas de corrupción que estallaron en Chubut el año pasado, comience el 12 de marzo. Además, la provincia no recuperaría algo de lo mucho que se habrían llevado a sus bolsillos Diego Correa y compañía.

El abogado penalista Javier Romero presentó el martes un escrito para que el delito de lavado de activos que le imputan a Federico Gatica quede en manos del fuero federal. Como hay un antecedente reciente en el que la Corte Suprema consideró que esta tipificación correspondía a ese fuero, hasta podría trabarse el comienzo del juicio oral y público previsto para el martes 12 de marzo.

El contador Gatica está imputado de lavado de dinero y fue de los últimos en ser detenido, ya que cuando el 7 de marzo estalló la causa se hallaba de vacaciones en Playa del Carmen, México. Hasta entonces, Gatica era un respetado profesional que hasta presidía el selecto club Patoruzú de Trelew, conocido en el resto de la provincia sobre todo por su equipo de rugby.

Según dio cuenta El Chubut, el 19 de diciembre de 2018 Romero analizaba sacar la causa “Embrujo” de la Justicia ordinaria para trasladarla a los tribunales federales. Esta decisión estuvo motivada en que el contador Gatica está sindicado de instrumentar mecanismos para lavar activos a través de la conformación de empresas, entre ellas Mezeta Consulting.

Anteayer, el abogado penalista presentó en el Juzgado Federal de Rawson un escrito para solicitar que el caso puntual de Gatica sea investigado y juzgado en los fueros federales.

Romero explicó que como a Gatica no le imputan ningún delito asociativo, “la Justicia bien podría separar este caso del resto de la causa”, aunque consideró que “hay millones de variables”. Las caras más visibles de esta causa que tiene a más de una decena de imputados son Diego Correa (extitular de la Unidad Gobernador); Diego Lüthers; Natalia McLeod; Daniela Souza; Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón. “Embrujo” se podría sintetizar en las defraudaciones que supuestamente instrumentaba Correa, al desviar fondos públicos en su propio beneficio. Los mismos eran controlados por Lüthers, mientras el resto serían testaferros y pseudo empresarios que facturaban al Estado servicios que no se hacían, o bien se sobrevaluaban.

En este contexto, hay otros abogados defensores en la causa “Embrujo” que sostienen que el presunto lavado de activos que le enrostran a Gatica es consecuencia de la conformación de una asociación ilícita y del rol que cumplieron otros acusados, con lo cual especulan que la causa “debería ser girada a la Justicia Federal en su totalidad”.

Antecedentes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en noviembre de 2018 con respecto a esta cuestión de fondo. El caso puntual tenía como protagonista a la Cooperativa Eléctrica de Trelew y el máximo órgano judicial determinó que el lavado de activos es un delito de competencia federal.

Este antecedente tendría una fuerte incidencia a la hora de la resolución porque el fallo tiene dos elementos fuertes: aporta una claridad meridiana sobre la competencia del delito de lavado de activos y, por otro lado, la actualidad que posee la resolución adoptada por la Corte.

“Si el Juzgado Federal admite la presentación que se realizó, lo primero que hay que hacer es una instrucción suplementaria para adaptar lo hecho al procedimiento federal”, confirmó Romero.

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, deberá resolver si hace lugar al pedido de Romero. Dependiendo el resultado, se abren diversos escenarios.

Si Lleral considera que el lavado de activos es de competencia federal, el caso de Gatica será investigado por el fiscal federal Fernando Gélvez.

No obstante, Lleral deberá resolver si la causa entera es transferida a la Justicia Federal, o bien solamente el caso de Gatica.

Como trasfondo de esta disputa con respecto a si es competencia de la Justicia ordinaria provincial o federal, hay un tema sensible: si la causa desembarca en el fuero federal, Chubut resignaría la posibilidad latente de recuperar al menos 40 millones de pesos, de acuerdo a la tarea que los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams pudieron comprobar hasta el momento. Además, el juicio oral y público fijado para el 12 de marzo quedará desmembrado.

En caso de darse este escenario, Rodríguez y Williams apelarán ante la Corte Suprema.

El Patagónico

El abogado defensor de Federico Gatica en la causa de corrupción a nivel provincial, expresó que el pase al fuero Federal es una cuestión de tiempos judiciales, que no está en sus manos. Hoy la situación del imputado es que sigue detenido con autorización de visitas a su domicilio por cuestiones exclusivamente familiares.

“Para el hipotético caso que se declare competente la Justicia Federal, lo primero que hay que hacer es ‘corregir’ los distintos procedimientos: en el ámbito provincial la prueba testimonial con la que se hace la acusación de la fiscalía son entrevistas no juramentadas ante un funcionario de Fiscalía, sin presencia del juez. En el ámbito Federal, el testigo declara bajo juramento ante un Juez”, explicó esta mañana el Dr. Javier Romero.

Y agregó que “por eso, las pruebas testimoniales o declaraciones con los que la Fiscalía quiere fundamentar su pretensión, en el ámbito Federal esas declaraciones son inválidas porque no fueron frente a un juez. Entonces, hay que hacer un proceso de corrección y asimilación de un proceso a otro”.

“No puedo hablar por los demás imputados. En nuestro caso se pediría la morigeración de la medida de coerción hasta que esto se resuelva. En lo personal, considero que no existen los peligros procesales para fundamentar la privación de la libertad”, determinó el letrado.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, Romero indicó que “esta es una causa de once cuerpos solamente en pruebas. El trabajo investigativo fue arduo y hasta meritorio. No obstante tiene ciertas falencias que se van a exponer a la hora del juicio oral y público, algo que será materia de debate”.

“Uno como abogado defensor lo primero que tiene que ver es quién es el Juez competente. Estamos hablando de un fallo muy reciente, emitido el 13 de noviembre de 2018; no se planteó antes justamente porque no había sido dictado. Como profesional del derecho uno tiene que procurar que se apliquen las leyes, los principios jurídicos”, enfatizó.

Asimismo, se preguntó “cuál sería el sentido de tramitar un juicio ante un tribunal que, a priori, parece incompetente. Se podrían llegar a dar incluso nulidades. Se podría dar un escenario por ejemplo qué pasa si Gatica sale absuelto: es válido o no, porque fue dictada por un tribunal que en principio no sería competente. E incluso podría llegar a ser muy perjudicial”.

“Entonces, lo primero que hay que hacer es remover la duda, dejar sobre base firme el Tribunal competente y que éste dicte lo que por derecho corresponde, pero no el no saber siquiera si se va a juicio, si ese tribunal posee la competencia o no, es una cuestión fundamental que hay que revisar desde el principio”, analizó.

Por último, Romero dijo que “básicamente, el fallo de noviembre se origina por una actuación del Juzgado Federal de Rawson, que llevó a la Corte y regresó con la conclusión de que el lavado de activos, es de competencia estrictamente federal”

El Comodorense

Las pruebas aportadas en la causa documentan dos reuniones en Pinamar entre Carlos Stornelli y Marcelo D’Alessio. Otro audio y una captura de Whatsapp revelan que supuestamente el fiscal le pidió al abogado pastillas para “plantar” en un operativo.

La investigación de la extorsión a la que fue sometido el empresario Pedro Etchebest suma más y más elementos que parecen vincular a Carlos Stornelli con el operador Marcelo D’Alessio. El fiscal aduce que conoce desde hace poco a D’Alessio y que la relación es más bien lejana. Sin embargo, se reunió tres horas con él en un balneario de Pinamar el 7 de enero pasado.

El encuentro se coronó con un paseo de ambos en la camioneta del operador. Un audio de D’Alessio –al que tuvo acceso exclusivo PáginaI12– da cuenta de una segunda reunión en Pinamar, el 20 de enero, algo que seguramente debe motivar más medidas de prueba del juez que investiga la maniobra, Alejo Ramos Padilla. Y no menos curioso es otro audio y una captura de Whatsapp, enviado por D’Alessio, en el que supuestamente el fiscal le pide pastillas para “plantar” en un operativo anti-drogas.

Si no existiera la relación, tampoco se entendería el gravísimo pedido del fiscal a D’Alessio para que le haga una cámara oculta a un abogado, José Manuel Ubeira, que defiende a uno de los imputados en la causa de las fotocopias de los cuadernos (ver aparte). Todas esas evidencias por lo menos ameritan una mirada sobre el vínculo D’Alessio-Stornelli. No menos asombroso es que transcurridos cinco días de la denuncia por el pedido de coima, Stornelli no haya presentado a su vez denuncia contra D’Alessio si, como dice, no tiene vínculos con él y el operador pidió 300 mil dólares en su nombre.

Según informó Página 12, Stornelli arrancó defendiéndose de distintas maneras, pero fundamentalmente diciendo que era una “operación” política porque él está avanzando mucho en el expediente de las fotocopias. Aún así, el mismo viernes debió presentar la denuncia contra su operador porque D’Alessio admitió que le pidió dinero al empresario Etchebest con el burdo argumento de que fue “para saber de dónde saca la plata”. Es decir que alguien con quien tuvo trato reconoció que extorsionó y Stornelli no movió un dedo.

Ante el escándalo, Stornelli también reaccionó contradiciéndose en forma permanente durante el viernes. Por la mañana dijo que sólo lo había visto dos veces a D’Alessio mientras que a la noche, en TN, admitió que lo conocía desde hacía tres o cuatro meses y que le trajo a un denunciante. Por supuesto, se dio cuenta de que en la denuncia había bastantes pruebas y tuvo que rectificar el rumbo de forma urgente.

Las respuestas no resisten el menor análisis. Hay decenas de intercambios de Whatsapp, audios y están las imágenes del encuentro del 7 de enero en Pinamar, incluyendo el paseo posterior en la Range Rover de D’Alessio.

Otro de los videos que constan en la causa es de D’Alessio dentro de la fiscalía de Stornelli, asistiendo a la declaración del arrepentido de Pdvsa, Gonzalo Brusa Duvat. D’Alessio no tiene la matrícula vigente, de manera que estaba allí de manera irregular: nadie puede estar durante la declaración de un testigo–arrepentido y menos todavía si ni siquiera tiene matrícula.

El Patagónico

Mientras desde su oficina estudian casos famosos de recuperación de activos en el mundo para aplicarlos en la Argentina, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se refirió al frente judicial que afronta en ese aspecto la ex presidente Cristina Kirchner y apuntó contra ella y quien fuera su marido como dos de los gobernantes “más corruptos de la historia moderna”.

“En la causa de la ruta del dinero K, Lázaro Báez era una pieza fundamental, pero la cadena no terminaba ahí. El eslabón original es el matrimonio Kirchner. Y quiero agregar algo: porque estamos hablando ya no de 5 millones de dólares o de 10 millones, sino que estamos hablando de 150, 200 y hasta, dicen por ahí, 400 millones de dólares, lo que colocaría al matrimonio Kirchner en el Olimpo de los cleptócratas”, afirmó Alonso durante una entrevista con #Feinmann910 en Radio La Red AM 910.

“Estamos frente a una situación impactante no solo para la Argentina, sino a nivel global. Los Kirchner se ubican entre los 10 o 15 gobernantes más corruptos de la historia moderna”, agregó.

Respecto del proyecto para recuperar activos, se trata de casos emblemáticos, como las del matrimonio de Ferdinando e Imelda Marcos, en Filipinas; el nigeriano Sani Abacha; el libio Muhamar Qaddafi y transferencias del fraude y el lavado de activos que se efectuaron bajo el régimen del peruano Alberto Fujimori. La idea es tomar esos ejemplos como referencia y aplicarlos en el país.

A24

El ex contador del matrimonio Kirchner busca que lo acepten como arrepentido en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Además, ante la Justicia, aseguró que Daniel Muñoz llevaba bolsos con dinero a Río Gallegos para guardarlos allí.

El ex contador del matrimonio Kirchner Víctor Manzanares declaró ante el fiscal Carlos Stornelli y disparó contra la expresidenta Cristina Kirchner al asegurar que “ella estuvo al tanto de todo”, en referencia a las sociedades anónimas Los Sauces y Hotesur, creadas, según su testimonio, para operaciones de lavado de dinero.

En su declaración, además, Manzanares brindó detalles sobre su tarea como contador de la ex familia presidencial y apuntó contra a Cristóbal López y a Lázaro Báez. Se espera que este lunes el juez Claudio Bonadio analice si lo homologa como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas

Manzanres, quien fue responsable de los números declarados oficialmente por Néstor y Cristina Kirchner cuando llegaron a la Casa Rosada, está procesado en la causa de los cuadernos por presunto lavado de dinero, en el tramo donde se investigó al entorno de Daniel Muñoz por operaciones en Estados Unidos, inicialmente por US$ 70 millones.

Ante el fiscal Stornelli, acompañado de sus defensores Alejandro Baldini y Roberto Herrera, el ex contador de los Kirchner brindó detalles de la estructura societaria familiar, y relató que tanto Los Sauces como Hotesur fueron empresas creadas con el único objetivo de “lavar dinero”, según informa Clarin.

Respecto a Los Sauces, la Justicia concluyó que se usó para que “una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional, a través de la obra pública vial y concesiones otorgadas, fuera a parar a los ex presidentes y a su núcleo familiar”.

En ese sentido, Manzanares apuntó contra Lázaro Báez y Cristóbal López, que garantizaron el 86% de la facturación de la empresa, y aseguró que se simularon alquileres con el fin de lavar dinero y que nada se podría haber concretado sin la participación de los dos empresarios K.

En este punto, y según informa el mismo medio, el excontador mencionó a Máximo Kirchner y dijo que se dedicaba a cobrar cheques de los alquileres de los hoteles por adelantado.

Radio Mitre