Tag

Corrupción

Browsing

Le corresponderían 4,5 millones de dólares a cada uno, dado que el tribunal dispuso que los fondos decomisados se repartan en partes iguales. Esa suma equivale al 4% y al 8% de los presupuestos anuales del Garrahan y del Gutiérrez, respectivamente.

El Garrahan incorporó el mes pasado un microscopio neuroquirúrgico HD y otros dos equipos por 10 millones de pesos.

El teléfono del presidente del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian, empezó a sonar inmediatamente después que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 condenara al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. Los llamados y mensajes estaban vinculados al anuncio de los jueces, que dispusieron que los 9 millones de dólares contenidos en los bolsos que el funcionario intentaba esconder en un convento en 2016 serán repartidos en partes iguales entre los hospitales pediátricos Prof. Dr. Juan P. Garrahan y Ricardo Gutiérrez.

Los 4,5 millones de dólares que le corresponderían al Garrahan -situado en el barrio porteño de Parque Patricios- representan un 4% del presupuesto anual de la institución, cercano a los 5.000 millones de pesos, confirmó a Clarín Kambourian, quien comentó que se enteraron por televisión de la noticia y que fue recibida con alegría. Para el Gutiérrez -ubicado en Palermo- equivalen a casi el 8% de su presupuesto 2019, que es de 2.653 millones de pesos.

“Proyectos tenemos un montón, pero todavía no nos pusimos a analizar finamente, hasta tener la certeza de que esto va a ocurrir y cuándo -respondió Kambourian ante la consulta de a qué objetivos podrían conducirse los fondos en el hospital situado en Parque Patricios-. Pero para tener un parámetro: ahora estamos en el proceso de compra de un resonador de última generación, que está cerca de 2 millones de dólares, más o menos la mitad de lo que nos correspondería. La inversión en este tipo de equipamientos nos ayudaría enormemente a avanzar en un montón de trabajos de investigación para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento y que también insumen dinero”.

Además de a equipamiento e investigación, los fondos podrían invertirse en obras, especuló. “Estamos en proceso de refacciones porque el hospital tiene 30 años y sobre todo las áreas de internación necesitan refacciones o ampliaciones para sumar más cantidad de camas. Lo tenemos planificado y el presupuesto lo contempla, pero es como si recibieras un regalo: si este dinero llega al hospital podemos destinar el que teníamos pautado para eso a otras cosas.”

“Es un volumen de dinero muy importante, que nos ayudará a acelerar y hacer un montón de cosas, siempre y cuando se confirme y se entregue pronto”, comentó. Para dar una idea de los costos hospitalarios, precisó que el precio de un tomógrafo de última generación ronda hoy los 600.000 dólares. En tanto, el vacunatorio inaugurado en diciembre en el predio de la institución -y que se convirtió en el más grande del país- demandó 20 millones de pesos; mientras que un microscopio neuroquirúrgico, un neuronavegador y un sistema de videoendoscopía digital con captura HD incorporados el mes pasado demandaron 10 millones de pesos.

Los 9 millones de dólares decomisados equivalen al cambio de hoy a unos 400 millones de pesos, por lo que la suma que recibirá cada hospital ronda hoy los 200 millones de pesos.

Hasta esta mañana no habían recibido una comunicación formal, por lo que el departamento jurídico del hospital iba a ponerse en contacto con el tribunal, para poder tener más certezas sobre la forma en la que serán entregados los fondos y, sobre todo, en lo relativo a los tiempos. “Aun habiendo recibido la noticia informalmente, se va a pedir que todas las cuestiones proyectuales se aceleren al máximo, para que si ese dinero llega, tener todo listo y en puerta para poder acelerar las cosas y que el hospital tenga lo que se merece”, afirmó el presidente del consejo de administración del Garrahan.

A diferencia de ese hospital, cuyos fondos provienen en un 80% de la administración nacional, la financiación del Gutiérrez depende de la Ciudad de Buenos Aires. Su presupuesto financiero 2019 es de 2.653 millones de pesos, de los cuales 110 millones corresponden a bienes de uso: construcciones (102,3 millones) y maquinaria y equipo (7,75 millones).

Consultados por Clarín, desde el Ministerio de Salud porteño calificaron como “gran noticia” el anuncio de que los fondos decomisados cumplan un fin social. “Celebramos que el dinero vuelva a los contribuyentes, especialmente que sea destinado a la atención de niños y niñas. El hospital, además, atiende a muchos pacientes de otras provincias, por eso es muy importante este recurso que se recupera”, dijeron.

“Cuando seamos notificados oficialmente comenzaremos a trabajar en conjunto con el Hospital Gutiérrez para establecer el destino de estos fondos en base a los objetivos sanitarios priorizados en nuestro Plan de Salud, que tienen que ver con fortalecer la red de cuidados integrales, fortalecer la red de hospitales e implementar nuevos sistemas de información”, concluyeron.

 

 

clarin

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) dará inicio este jueves al juicio oral por corrupción contra los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray.

Los dueños del Grupo Indalo y el el extitular de la AFIP están procesados por el delito de administración fraudulenta agravada al haber cometido un perjuicio contra el Estado. Es por la deuda generada con el fisco durante el último gobierno de Cristina Kirchner, por más de $ 8.000 millones a través del impuesto al combustible que la petrolera Oil Combustibles SA (OCSA) no tributó.

Con más de 30 testigos y una audiencia semanal, se estima que el juicio durará cinco meses. El TOF 3 está integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

En el expediente, a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, se analizó el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales-, que “habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray -actividad en la que habrían actuado mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional-“, durante los periodos comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015.

Se trata del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que debía tributar Oil Combustibles SA (OCSA) ante la AFIP. Por ello los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray se encuentran procesados por haber defraudado al Estado en $ 8.000 millones al no pagar a la AFIP.

El Gobierno, por su parte, reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.

Mientras López y De Sousa fueron procesados por el juez Ercolini como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado, Echegaray fue señalado como coautor de la maniobra.

De esta manera, los dueños del Grupo Indalo generaron una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaban los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, según determinó la Justicia.

Con el juicio en pleno desarrollo, se incorporará una prueba relevante que solicitó Cristóbal López y el ex funcionario K: una pericia contable para determinar si hubo discrecionalidad en la adjudicación de planes de facilidad de pago a favor de Oil Combustibles. Por otro lado, se sumará una pericia impulsada por la AFIP para especificar el perjuicio económico ocasionado al Estado al no ingresar durante casi dos años, el pago del ITC.

El jefe y subjefe y un oficial de la Comisaría distrito Primera de Puerto Madryn fueron desplazados de sus funciones luego de que se descubriera un presunto hecho de corrupción que será investigado retroactivamente, según aseguraron altas fuentes policiales del Chubut.

El descabezamiento de la principal unidad operativa policial madrynense obedeció a que a espaldas de la Jefatura de Policía y de aquella Unidad Regional, efectivos policiales cobraban un servicio adicional y el aporte de un patrullero a la sucursal local del Banco Nación y no se rendía de manera formal. Muy por el contrario, se quedaban con el dinero aportado por la entidad crediticia de la ciudad del Golfo.

Disponibilidad

Gracias al dato de un anónimo, intervino la División de Asuntos Internos de la Policía provincial, se iniciaron los sumarios respectivos y se dispuso disponibilidades simples y preventivas, de acuerdo a la responsabilidad de los actos.

Además de las actuaciones dispuestas por la Jefatura, habrá una denuncia por defraudación al Estado y estafa al Banco Nación. El servicio que se prestaba –de hace dos años a la fecha- se traducía en el servicio de seguridad adicional para la recarga de los cajeros y la disposición de un móvil policial. La investigación incluirá desde 2017 hasta hoy a los efectos de deslindar responsabilidades, como así también averiguar si existen más involucrados y los montos de dinero que se manejaron. Usaron recibos truchos. Desde la Unidad Regional portuaria, ya se hicieron los movimientos necesarios para ocupar los cargos vacantes de la seccional Primera de Policía.

En reemplazo del jefe y segundo de la Comisaría, irán el comisario Soto y el subcomisario Williams. Ambos se estaban desempeñando en la División Operaciones de la Unidad Regional de la jurisdicción y en la Comisaría distrito Camarones respectivamente.

Así lo pidió el Cura Omar Sánchez, en el marco del 209° Aniversario de la Revolución de Mayo que se celebró el último fin de semana en José de San Martín. En un discurso dirigido al pueblo y la clase política, el líder religioso señaló que la «corrupción indica falta de trabajo, educación bajísima, salud que reclama, gente que no tiene vivienda, ni trabajo, y una ecología con la que hemos traicionado a Dios, nuestra creador, que nos regaló un universo»


El cura Omar Sánchez continuó su alocución pidiendo que «todos vivamos con dignidad, que no sea un grupo de privilegiados que nunca va a la cárcel, que siempre se defienden», y razonó que «los que van a la cárcel son siempre los pobres, pero nunca los ladrones políticos, ni sindicalistas.»

Al Cura Omar Sánchez no lo pudo censurar Taito y dijo: «Que devuelvan al Pueblo el dinero que han robado»

En su discurso, Sánchez pidió que «aquellos que son corruptos, que se aprovechan de la gente, que le mienten, que se enriquecen ilícitamente, se arrepientan», y señaló «vos, Padre Dios podes hacerlo, vos sos el único que puede hacerlo, porque tu amor es infinito». Y haciendo referencia a los hechos ocurridos en la provincia de público conocimiento, indició «ojalá que se arrepientan, pero ojalá, mas que nada, que devuelvan al pueblo el dinero que han robado, y que se cumpla con la justicia». También pidió que la ley sea pareja: «que así como a un pobre que roba una gallina lo meten preso, a ellos, que no robaron una gallina si no que hicieron de nosotros una gallina, que vayan presos también», remarcó «si, que vayan presos».


Sin dar nombres, pero haciendo referencia a los personajes que existen en la política provincial, el Cura Sánchez declaró «desgraciadamente, triunfa la corrupción de ciertos políticos con su cantidad de asesores, que no sé para que los tienen, con sus punteros, que manejan en los barrios y en las villas, que se sienten perseguidos políticos, cuando son simplemente ladrones, prometen y no cumplen».

Y continuó diciendo que «la corrupción les permite a varios de ellos pasarse de un partido a otro según les convenga y siempre son protegidos por los fueros». Y, en relación con esto se preguntó «¿Y quien protege al pueblo? A veces el pueblo no es que no tiene un fuero, es que no tiene un cuero para cubrirse».

Siguió su discurso refiriéndose a los sindicalistas y denunció que «En el sindicalismo, que hay muchos buenos sindicalistas, pero aparecen esos que son eternos: 30, 40 años en el sindicato como jefes,y cuando quieren dejar algo, heredan sus hijos. Se enriquecen a costilla de que ´dicen´ defender a sus trabajadores».

Por último, respecto al rol de la Justicia, señaló «Hay tantos jueces buenos a lo largo del país, pero también aparece esa Justicia que se acomoda con el poder, que es miedosa para actuar; jueces que reciben coimas y son lentos constantemente, empresarios que han pagado coimas para ganarse todo eso que ellos tienen».

El Cura cerró su discurso diciendo «Esto se lo pido a Dios en nombre de todos los argentinos: estamos buscando el bien común, el pueblo quiere eso, que busquemos el bien para todos»

Una causa silenciosa empezó a preocupar a Cristina Kirchner y a su entorno. No es para menos, allí se conjugan hombres del Departamento de Justicia y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que integran la Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés). La novedad es que aquella pesquisa ya empezó a mostrar resultados concretos.

Hace pocas semanas se conoció que la justicia argentina había logrado embargar una propiedad por 30 millones de dólares ubicada en la paradisíaca isla Turks and Caicos y que fue comprada por el grupo de prestanombres que funcionó en torno a Daniel Muñoz y Carolina Pochetti.

Esa medida fue posible gracias al aporte de aquellos funcionarios americanos que entregaron documentos sobre la ruta que recorrieron los dólares para la compra. Ese movimiento de divisas, llamado técnicamente «trazabilidad del dinero», es el corazón de la investigación. Y lo llamativo es que ya hay algunos paraísos fiscales conocidos en la trama. Uno de ellos, Seychelles, polémica escala de un viaje presidencial realizado el 22 de enero de 2013.

Como adelantó LA NACION, la investigación empezó con la necesidad de conocer el origen de los bienes comprados por el fallecido exsecretario de Néstor Kirchner. Aquellas inversiones se realizaron mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore de varios paraísos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanzó luego a Nueva York y que pudo haberse extendido a otras ciudades.

Los cruzados contra la cleptocracia, dieron un paso más. Siguieron la venta de apuro de varios de los inmuebles cuando se publicó la investigación de Panama Papers y se encontraron con la compra de un terreno en Turks and Caicos.

El juez Claudio Bonadio, en el marco de la llamada causa de los cuadernos, pidió el embargo de un terreno que ni siquiera la misma viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, pudo identificar. Vagamente, en su declaración, dijo que estaba ubicado sobre el océano Atlántico, cerca del lujoso resort Aymanara, un hotel que ofrece diferentes precios por noche que van desde 2200 dólares la más barata a 18.000 si lo que se alquila es una cabaña de seis camas.

Pero el problema para el embargo se presentó cuando el oficio judicial llegó a Turks and Caicos. Sucede que la isla caribeña es territorio de la Corona Británica. Entonces, empezaron las disputas.

La Corona se opuso al embargo de aquellas tierras compradas con el dinero de la corrupción argentina. Argumentó que el lugar estaba dentro de un parque nacional (un área protegida por el gobierno local) y que no podía ser embargada. La controversia tuvo un dictamen del Procurador de Turks and Caicos y, finalmente, llegó a la Corte Suprema de la isla.

Desde la Unidad de Información Financiera (UIF) se siguió el proceso, pero también desde los Estados Unidos, portadores de un interés concreto de lograr que la Argentina logre el embargo del bien.

Sucede que desde la publicación de Panama Papers el gobierno americano envió al país el ADN de aquella decena de inmuebles comprados en Estados Unidos, entre los que se encontraban dos departamentos en el Plaza Hotel de Nueva York.

Esa documental se entregó al juez federal Luis Rodríguez. Pero aquellas carpetas quedaron en el cajón de las cosas no urgentes del magistrado. Pese a los pedidos de la UIF, jamás se embargaron aquellas propiedades.

Muñoz y Pochetti iniciaron el proceso de venta alertados por la información periodística y así gran parte del dinero se perdió.

Ya presa y arrepentida en la causa de los cuadernos, la viuda dijo haberle entregado 10 millones de dólares al juez para negar los embargos y dilatar ese proceso, que terminó con el sobreseimiento de todos los involucrados.

Ya en la causa que lleva Bonadio, la UIF volvió a la carga. Los investigadores de Estados Unidos siguieron la venta y entonces llegaron a Turks and Caicos.

Fallo favorable
Pero la oposición de la Corona Británica frenó la causa. La Corte de la isla intervino y finalmente, zanjó la discusión. Le dio la razón a la Argentina por un motivo temporal. El reclamo del país llegó antes del que realizaron los británicos. A nadie escapa que el interés de Estados Unidos por lograr la paralización de ese inmueble fue determinante. Satisfecho aquel interés puntual, los investigadores sobre la cleptocracia se enfocaron en otro camino.

Pese a la colaboración de los Estados Unidos cuando otros países le piden ayuda sobre compra de activos en ese país, es inusual la apertura de una pesquisa dentro de su sistema judicial y con impulso de sus propios fiscales.

Ya se aseguraron que nadie podrá disponer de los bienes en Turks and Caicos.

Ahora, aparecieron los nombres de otras sociedades basadas en otro paraíso de playas y mar turquesa: Seychelles, una isla en la que se detuvo la expresidenta de regreso de Vietnam.

Una escala que jamás pudo ser explicada por aquella administración.

 

 

Fuente: La Nación

 

Pero debe acreditar que se superpongan con sus funciones como senadora nacional. La próxima audiencia es el lunes. El tribunal obligó a Carlos Kirchner a ir al juicio.

El Tribunal Oral Federal 2 autorizó este viernes a la ex presidente Cristina Kirchner a no ir a las audiencias del juicio oral y público por corrupción en la obra pública.

La resolución firmada por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostiene que se puede ausentar «siempre y cuando acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate».

La próxima audiencia es el lunes a las 9:30 y la defensa de la ex mandataria solicitó ayer no ir a la lectura de la acusación del caso, que tiene previsto que se cumpla en las próximas dos o tres audiencias.

Los magistrados señalaron en su resolución que «el cumplimiento de tareas oficiales con motivo del cargo que ostenta como Senadora Nacional luce razonable» para que no asista al jucio. Para eso, su abogado, Carlos Beraldi, deberá acreditar las funciones ante el tribunal.

Los jueces explicaron que el Código Procesal Penal fija que es una «obligación ineludible» la presencia de los acusados en la lectura de la acusación, que es la etapa en la que se encuentra el proceso.

Pero señalaron que hay algunas excepciones: que la ausencia esté debidamente fundada y motivada en razones sólidas;  que el imputado retome su asistencia al debate una vez que cese o desaparezca el motivo temporal de su ausencia; que durante su ausencia esté debidamente representado por su abogado defensor; y  que su participación no se juzgue indispensable para los actos que se desarrollarán en la audiencia para la que solicita no estar presente.

Así para los jueces la función de Cristina Kirchner como senadora justifica su ausencia. Agregaron que la defensa se comprometió a informarle lo que ocurra en la audiencia y que la parte esencial de la acusación ya fue leída en el inicio del juicio.

«En conclusión, es que habremos de hacer lugar a la petición de Fernández de Kirchner para no comparecer a las próximas audiencias de lectura, siempre y cuando se acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencia de debate que, de momento, únicamente se desarrolla los días lunes. De no ser así, deberá concurrir en forma personal a esos actos procesales», concluyeron los magistrados.

Si la ex mandataria justifica sus ausencias en las sesiones restantes de la acusación la próxima audiencia en la que deberá estar presente es en la de su indagatoria.

En tanto, a Carlos Kirchner, ex funcionario del Ministerio de Planificación, primo del fallecido presidente Néstor Kirchner y uno de los 13 acusados del juicio, le rechazaron el pedido de no ir al juicio y lo obligaron a estar presente.

Preso en la cárcel de Ezeiza, Kichner pidió seguir la audiencia por videconferencia por lo que implica un trasladado. Pero los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu señalaron que «las motivaciones esgrimidas no resultan de una entidad mínima suficiente».

«No constituye un argumento de peso el vinculado a los horarios en los que se producen los traslados de los detenidos porque, por un lado, las audiencias en este debate están previstas para únicamente los días lunes de la semana; y por otro, el Servicio Penitenciario Federal extremó las medidas para que aquellos sean realizados en el menor tiempo posible, sin establecimientos intermedios entre la unidad en que se aloja y la Alcaidía del edificio. Máxime, cuando más allá de las referencias generales acerca de su estado de salud, no ha acreditado ni requerido que se verifique la existencia de impedimento de orden médico que obstaculice su traslado», señalaron.

 

Infobae

Ayer la Cámara de Apelaciones de Trelew dio un importante fallo según destacaron los fiscales anticorrupción. Se trata de una resolución que les quita el privilegio de juicio a prueba a los empresarios y personas que colaboraron con los funcionarios.

El fiscal Alex Williams se explayó sobre la resolución destacando la importancia del fallo como antecedente para la provincia. “La audiencia fue clave, fue minuciosa y estableció criterios generales que marcan lo que viene” dijo. El mismo funcionario aseguró haber salido sorprendido de la audiencia.

“En un 80% de las causas por perjuicios al Estado se tramitan en Rawson” dijo y destacó que es esta cámara la que los juzga. A partir de la resolución de ayer, “los particulares que ayudan a los funcionarios públicos a cometer defraudación contra el Estado no tienen derecho a juicio a prueba”. Williams aseguró que muchas veces “tenemos que investigar y el sistema no te acompaña. No te ayuda”. Lo cual se vio revertido por esta resolución.

Finalmente, destacó el fallo como “un hito en la jurisprudencia provincial” y adelantó que a fines de junio o principio de julio comenzaría el juicio. La defensa sólo tiene una instancia para apelar que es el Superior Tribunal de Justicia.

 

 

ArgentAr

En la mañana de este viernes, en la Oficina Judicial, estaba previsto que se llevara a cabo la audiencia de impugnación de sentencia que fue presentada por la defensa de Abel Reyna, quien fue condenado a tres años de prisión por coimas en el IPV.

A una semana de que se cumpla el vencimiento total del proceso de la causa por coimas en el IPV,  la Cámara Penal iba a tratar la impugnación de sentencia que presentó la defensa de Abel Reyna.

El ex delegado del IPV fue condenado – el pasado 11 de abril – a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la Administración Pública. Y para que el caso no quede impune, antes del 24 de mayo la sentencia debe ser confirmada por la segunda instancia.

Al respecto,  el abogado defensor de Reyna, Guillermo Iglesias, pidió la recusación de los jueces Guillermo Müller y Luis María Pintos, que iban a resolver la impugnación de la sentencia.

“Originalmente se había rechazado por extemporánea y ahora hicimos un nuevo planteo haciendo entender, que está dentro del plazo que se cuenta desde la última notificación”, dijo Iglesias.

Iglesias indicó además que se trata de dos magistrados que intervinieron antes en la resolución de una probation “y la ley nos permite que puedan ser objeto de apartamiento”.

Desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó pasadas las 11 de la mañana, que por unanimidad,  se rechazó revocatoria de Müller y Pintos presentada por Iglesias.

 

 

ADN Sur

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, la Corte instruyó a su secretario penal para que pida el cuerpo principal de la causa «Vialidad» al Tribunal Oral Federal 2 para su análisis.

El máximo tribunal, por cuatro votos contra uno, reclamó que se le envíe todo el expediente para analizar un pedido de la defensa de la expresidenta. La Corte frenó el juicio por la obra pública que se iba a iniciar la semana próxima, el 21 de mayo, contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y otros imputados. Con esta resolución de la Corte, el juicio se lentifica.

Esta tarde, horas antes del fallo de la Corte, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que las causas conocidas como «Hotesur» y «Los Sauces», donde está procesada la ex presidenta Cristina Fernández, se tramiten juntas en un solo tribunal oral. En esas causas están imputados, además de la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita.

La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal del país se produjo ante un conflicto de competencia que se había desatado entre el TOF 5, designado originalmente para la causa «Los Sauces», y el TOF 8, sorteado para el caso «Hotesur».

Horas más tarde, la Corte justificaba su fallo. El motivo de la resolución sería para evitar futuros pedidos de nulidad de las actuaciones, por eso, antes de dar inicio al juicio, van a revisar en detalle las intervenciones de la Cámara Federal de Casación Penal, que en reiteradas ocasiones rechazó las recusaciones de Cristina.

La Corte revisará no sólo las apelaciones de Cristina, sino también las de Julio De Vido, Lázaro Báez y el resto de los imputados.

La resolución de la Corte Suprema de Justicia, se da no solo casi en simultaneo con la de Casación, sino cuando la expresidenta concurría a la Mesa del Consejo Nacional del PJ.

 

 

La Izquierda Diario

Alberto Fernández aseguró que Cristina Kirchner debería ser candidata a presidenta en las próximas elecciones y reconoció que durante la administración de la exmandataria hubo corrupción.

En una entrevista con radio Nacional, Fernández dijo: «Estuve diez años sin hablar con Cristina por diferencias políticas. Hoy nos une la convicción de que estamos con el peor gobierno que la democracia nos ha dado. No nos une el espanto».

«Cristina Kirchner es un divisor de aguas, como lo es Mauricio Macri» , analizó el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner y agregó: «El actual es el peor gobierno que la democracia ha dado, ha dejado resultados espantosos, sociales y económicos. En ese contexto, hay un proceso de autocrítica que me sale preguntar: ¿qué fue lo que hicimos para que Macri esté donde está?».
También habló sobre el secretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, y aseguró: «Sus políticas fueron una gran causante del deterioro del gobierno de Cristina. No podemos hacer cosas que ya se hicieron. Hubo políticas que no deberíamos volver a practicar».

Ante la consulta de si la expresidenta será candidata o elegirá a un sucesor, dijo: «Objetivamente es la que está en mejores condiciones de ser candidata. O es candidata o se va a su casa, no puede haber votos prestados ni términos medios. No podemos recrear errores del pasado. No tengo ganas de que haya un títere en la Casa Rosada, y que el poder esté en Juncal y Uruguay. O se hace cargo de lo que viene, o deja libre a todas las fuerzas».

Por otra parte, señaló: «Seria una necedad de mi parte decir que no hubo corrupción en el kirchnerismo, cuando apareció un secretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en el baúl del auto».