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Esta mañana un hombre  de 23 años que aguardaba ser atendido en el exterior del Correo Argentino sufrió un accidente al caerle el escudo y mampostería del edificio encima y tuvo que ser trasladado al Hospital.

Este lunes poco antes de las 9 de la mañana un accidente se produjo un accidente al desprenderse el escudo y mampostería de la fachada frontal del Correo Argentino, ubicado en San Martín 180 en pleno centro de la ciudad.

De esta manera, los escombros cayeron sobre un hombre de 23 años de edad identificado como Alexis Exequiem Ainol quien aguardaba en el exterior del edificio ser atendido junto a otras personas, a partir de las restricciones vigentes que restringen la cantidad de clientes en el interior del edificio.

A raíz de ello, el hombre presentaba una herida cortante en la cabeza y fractura expuesta en el empeine izquierdo, de manera que tuvo que ser trasladado al Hospital Regional para su atención.

Además del personal sanitario, en el lugar tomaron intervención Seccional Primera de Policía, Criminalística y el Ministerio Público Fiscal.

La sucursal de Correo Argentino en Rada Tilly dejó el antiguo edificio que ocupaba en Avenida Seguí, para mudarse a uno de los modernos locales en Plaza Domus.

Resaltaron desde la sucursal la posibilidad de contar con un local moderno, que cuenta con playa de estacionamiento y donde próximamente los vecinos, podrán ver el cartel del Correo del lado externo del local dado a la calle.

Por el momento y hasta que no coloquen la linea de teléfono, que permitirá habilitar internet para poder usar el sistema, se están realizando algunos servicios. Sin embargo, estiman que la atención será normal a partir del próximo.

El horario de atención será de lunes a viernes 8 a 15:30 horas.

Una mujer estaba siendo víctima de una estafa cuando se encontraba en un cajero de Esquel. La Policía advirtió la situación, intervino y evitó que la mujer sea despojada de sus ahorros. La llamada fue grabada para que los vecinos estén atentos. El estafador se hacía pasar por empleado bancario y argumentaba necesitar información para depositar el IFE.

El hecho sucedió este viernes, cerca de las 13, cuando personal de la División Investigaciones de Esquel se encontraba en inmediaciones de un cajero automático ubicado en Lezana y avenida Holdich.

En este contexto, los uniformados observaron a una mujer que se encontraba operando una de las terminales siguiendo instrucciones que le daban desde un teléfono celular.

Ante la posibilidad que la mujer estuviese siendo víctima de una estafa, la policía le consultó si estaba hablando con algún familiar o conocido, a lo que ella respondió que era un supuesto empleado de un banco que le indicaba como debía hacer para que se le deposite el IFE (ingreso Familiar de Emergencia).

Al detectarse la posible maniobra fraudulenta, los agentes le informaron a la mujer que no continuara con los pasos que le estaban indicando y no facilitará a estas personas el “alta token” (una clave de seguridad), evitando que le vacíen su cuenta.

Ante la intervención de los uniformados, lograron evitar que la mujer otorgara estos datos personales y de esta forma evitó ser víctima de una estafa.

Es importante señalar que uno de los agentes intervinientes se hizo pasar por familiar de la mujer y extendió la comunicación telefónica, la cual fue grabada, para alertar así a los vecinos sobre esta maniobra y que estén atentos.

Por este caso, se le dio intervención al personal de la Comisaría 2ª de Esquel, quienes asistieron a la víctima para que radique la denuncia penal correspondiente.

A todo esto, también es importante informar a la comunidad que el IFE, que abona el ANSES, se tramita por intermedio de formularios y el cobro es a través del Correo Argentino o por transferencias pero en ningún caso los agentes se comunican por teléfono para dar instrucciones en un cajero automático para el depósito.

La Policía demoró a un camionero en el acceso norte de Trelew, al que le detectó al hacerle la prueba de alcoholemia «2.65» gramos de alcohol en sangre.

El hombre conducía un camión del «Correo Argentino», que venía de Buenos Aires con destino a Rawson transportando correspondencia, según se dijo.

El operativo, que fue encabezado por el ministro de Seguridad Federico Massoni, se concretó anteanoche, momentos antes de las 22, en el puesto policial que está ubicado a la vera de la Ruta Nacional 3.

El infractor terminó demorado y trasladado a una Comisaría de Trelew. También le secuestraron el camión y le hicieron una infracción.

Cabe aclarar que quienes conducen camiones no deben tener ni un gramo de alcohol. Esto quiere decir que les está totalmente prohibido consumir alguna bebida alcohólica mientras están manejando.

Los trabajos contemplan pintura general, instalación de luminaria y colocación de cartelería en su exterior y forman parte de las acciones de preservación de edificios históricos que lleva adelante el Ejecutivo. La propuesta fue presentada por el gremio de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) y contó con una rápida respuesta por parte del intendente Carlos Linares, quien señaló que “no podíamos permitir que este patrimonio histórico siga en las condiciones en las que estaba”.

Este sábado en horas de la mañana, comenzaron los trabajos de reacondicionamiento del exterior del Correo Argentino, para poner en valor al primer edificio institucional y nacional que se construyó en Comodoro Rivadavia, con fecha de inauguración el 8 de marzo de 1943.

 

En la ocasión, el intendente Linares se acercó hasta las instalaciones para supervisar las tareas, acompañado por el viceintendente Juan Pablo Luque; el secretario de Gobierno y Función Pública, Ricardo Gaitán; la secretaria Privada, Liliana Peralta; el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Luis Romero; el presidente de Comodoro Deportes, Othar Macharashvili; y el diputado provincial, Gustavo Fita. En tanto, un importante grupo de personas, nucleado en la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, también se hizo presente junto a su Secretario General Jorge Alberto Camparo.

Al respecto, el jefe de la ciudad, Carlos Linares, explicó que “se trata de un pedido gestionado por el gremio del Correo que rápidamente tuvo una respuesta positiva por parte del Municipio. En lo que va de esta gestión, volcamos una fuerte inversión al mantenimiento y la puesta en valor de edificios públicos por su contenido histórico, y no podíamos permitir que el Correo siga en las condiciones en las que estaba”, subrayó.

Siguiendo en esa línea, indicó que “los trabajos de pintura forman parte de una primera etapa, que se completará con la instalación de luminaria y colocación de cartelería. En tanto, desde el Correo asumieron el compromiso de reacondicionar el interior del edificio y la tradicional puerta giratoria para lograr una refacción integral de las instalaciones”.

Por último, Linares volvió a insistir en la importancia de llevar a cabo esta remodelación, manifestando que “es un edificio histórico ubicado en el corazón de la ciudad. No tenemos muchos espacios de estas características y hay que mantenerlos porque son la historia viva de la ciudad”, concluyó.

“Valoramos la predisposición del intendente”

Por su parte, el Secretario General de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, Jorge Alberto Camparo, destacó la predisposición del Ejecutivo local para reacondicionar el edificio, que desde hace muchos años mantenía la misma fachada con el deterioro propio del paso del tiempo.

En representación del personal del Correo, dijo que “pertenecemos y queremos a este edificio, por lo que era nuestra responsabilidad gestionar mejoras en su exterior. Valoramos la predisposición del intendente –Carlos Linares- para poner en las condiciones que se merece a este patrimonio de la ciudad”.

Detalle de los trabajos

Desde la Dirección Gral. de Mantenimiento, se informó que las tareas de pintura en las paredes exteriores del Correo se extenderán durante todo el fin de semana; y, de ser necesario, continuarán el sábado y el domingo próximo. Asimismo, en una segunda etapa de intervención, se procederá a la colocación de cartelería y luminaria.

Cabe destacar que, el Municipio ya realizó trabajos similares para su preservación con la colocación de vereda con banda táctil, diseñada desde el área de Planeamiento Urbano para facilitar la circulación de las personas con discapacidad visual.

Mientras la campaña avanza, también lo hace la Justicia. En el marco de la causa penal que se inició en 2017 por la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín contra funcionarios del Gobierno de Cambiemos por el intento de acuerdo entre el Estado y Correo Argentino SA para condonar (perdonar) una deuda de la empresa, la jueza en lo comercial Marta Cirulli ordenó la intervención de Correo Argentino SA (de la familia Macri). La magistrada cree que la compañía presentó información falsa sobre el estado de sus cuentas para obstaculizar la investigación por vaciamiento de la empresa.

Desde la Justicia se encontraron con que Correo Argentino SA impide el acceso a sus estados contables y provee datos parciales y contradictorios sobre su vínculo con las empresas Socma (Sociedad Macri) y Sideco Americana (también de los Macri).

Cirulli lo definió como “el reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable”. Por lo tanto, decidió designar a un coadministrador en la empresa, que deberá colaborar con la sindicatura y presentar informes cada 30 días, ante lo que calificó como “renuencia informativa” de los responsables de la empresa. “Enfatizo especialmente que el proceder evidenciado por la concursada [en alusión a Correo Argentino SA] luego de los requerimientos [de la Justicia] el que me impone decidir del modo preanunciado”, remarcó.

La resolución de intervención fue firmada el viernes pasado y define que el interventor/coadministrador trabajará en la empresa durante al menos 30 días. Luego de ese plazo la intervención podría levantarse o profundizarse.

Según publicó LetraP, en la resolución figuran algunos ejemplos de información dudosa que la jueza destacó. Por ejemplo, que Correo Argentino SA afirmó que Sideco Americana le brindaba servicios “presumiblemente recibidos como una “gracia”, pues ninguna contraprestación había sido expuesta como “deuda” en los informes mensuales de la sindicatura controladora, hoy vendría a representar un endeudamiento de US$ 1.144.260 (según afirmación de la concursada), más los otros “gastos legales”. Es decir que habría una deuda de $64 millones a favor de la empresa Sideco Americana.

Hay un contrato que comenzó en 2012 entre Correo Argentino y Sideco Americana, donde la primera le pagaba alquiler a su propio dueño (ambas eran de la familia Macri). El precio pactado eran US$ 18.000 mensuales. Para el momento que firmó ese contrato, Correo Argentino SA tenía 3 empleados, no tenía actividad y no podía producir ganancias. Este fue uno de los tantos gastos que la fiscal Gabriela Boquin identificó como parte del vaciamiento de Correo Argentino, que desviaba fondos hacia empresas del grupo Macri mientras no pagaba su deuda con el Estado.

La causa penal

La fiscal Gabriela Boquín había denunciado en 2017 a Correo Argentino SA, hoy una empresa sin actividad, que cedió fondos a Socma y Sideco y contrató consultoras y estudios allegados a funcionarios. El objetivo: hacer cerrar las cuentas de la empresa en detrimento de sus acreedores reales (como el Estado), además de beneficiar con pagos millonarios a los estudios de Pablo Tonelli (diputado PRO), Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de Macri), Jaime Kleidermacher (abogado de los Macri) y Jaime Cibilis Robirosa (ex presidente de la empresa).

Correo Argentino SA tiene una millonaria deuda con el Estado (originada principalmente por el incumplimiento del canon que la empresa tenía que pagar durante los 6 años que mantuvo la concesión del servicio). La fiscal Boquín denunció que el Gobierno de Macri quiso firmar un acuerdo para eludir el pago de al menos $4.000 millones, pero el mismo no se realizó luego de que la denuncia tomara estado público.

La causa se encuentra hoy bastante paralizada. Hace apenas unos días el juez Ariel Lijo fue denunciado por presunto “encubrimiento” por su demora en resolver la situación de los imputados en la causa Correo Argentino. Como respuesta, el juez ordenó el lunes 9/9 la realización de un “informe técnico contable” en la causa penal por la deuda de Correo Argentino, para establecer si la quita millonaria a la empresa, que era de la familia de Mauricio Macri, fue “abusiva” como sostuvo la fiscal Gabriela Boquin, y si se cometió delito en perjuicio del Estado.

Causa a la CSJN

Además, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial remitió el expediente de la causa a la Corte Suprema de Justicia. En este caso, se trata de la causa comercial (que va en paralelo a la penal).

El expediente fue elevado a la Corte Suprema de Justicia tras admitir el pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclama más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso, dadas sus potenciales “graves consecuencias”.

“No puede obviarse”, indicó Saravia Frías al pedir que intervenga la Corte, “que este concurso preventivo ostenta características muy particulares. Los montos en juego y la complejidad de su evaluación, el tiempo transcurrido, la existencia de reclamos recíprocos, la cantidad de partes involucradas y, especialmente, la existencia de diversas causas penales en las que se investiga la conducta de funcionarios públicos intervinientes”

“Habida cuenta de que la decisión atacada es recurrida por el Estado nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social -cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido”, resolvieron los camaristas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini

La CSJN debe evaluar si se trata de un expediente “de marcada excepcionalidad” o si lo devuelve al fuero en lo Comercial. Si finalmente la Corte resuelve rechazar el planteo, el expediente volverá al fuero Comercial para que continúe el proceso judicial que comenzó en 2001. Esta decisión podría ser tomada recién después de las elecciones de octubre.

La decisión de la Cámara implicó una nueva postergación para definir si el Estado nacional acepta o rechaza la propuesta de acuerdo que la empresa de la familia Macri presentó hace más de 31 meses.

Se trata del primer empleado despedido de la sucursal Trelew, en febrero pasado. Javier Gutiérrez tenía 28 años de antigüedad y tanto un jefe de Neuquén y del gremio, le ofrecieron que renunciara a la acción legal por las sumas no remunerativas para que fuera reincorporado. Desmintió al sindicalista que había dicho el día anterior por Radio 3 que habían sido notificados: “llegué el 1º de febrero y me dieron el telegrama, no sabíamos nada”.

El sueldo promedio de un empleado del Correo Argentino supera hoy los 30 mil pesos. Pero las actas refrendadas por las entidades sindicales y avaladas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en contra de los intereses de los trabajadores, muestran datos inequívocos: 10 mil pesos forman parte de la suma en blanco (remunerativa) y los otros 20 mil son no remunerativos (en negro).

En efecto, un trabajador del Correo despedido en abril, con once años de antigüedad, sólo recibió 100 mil pesos como indemnización, porque lógicamente en la liquidación final no se computó su haber no remunerativo.

La misma abogada defensora de los trabajadores, Susana De los Ríos (con base en Capital Federal) le había contado a Radio 3 que eran cerca de 5 mil de los 18 mil trabajadores del Correo Argentino los que habían iniciado el reclamo.

Claro que si el Correo debiera pagar un millón de pesos por cada uno, será imposible pensar que pueda afrontar un resarcimiento de 5 mil millones de pesos.

Sin embargo, mucho de los empleados que iniciaron el reclamo, se mostraron dispuestos a desistir de la acción legal, siempre y cuando la patronal se comprometiera a blanquear las sumas no remunerativas.

La respuesta del Correo Argentino fue totalmente diferente: comenzó a despedir a los trabajadores que iniciaron el juicio y cuando tenían el telegrama en la mano les ofrecía la reincorporación a cambio del desistimiento de la acción legal. Para eso cuenta con la complicidad de los gremios, que operan en el mismo sentido. De hecho, desde que comenzaorn los despidos, no hubo ninguna acción directa impulsada por los sindicatos que permitiera visibilizar la situación.

“No pensé que iba a estar fuera del Correo, arranqué hace 28 años en la sucursal de Camarones, pero hasta acá llegamos”, lamentó en diálogo con Radio 3, Javier Gutiérrez, el primer empleado despedido de la sucursal Trelew, en febrero pasado.

“Al menos a los cinco primeros que nos despidieron, nunca tuvimos un indicio que nos iban a echar por el juicio laboral que le hicimos al Correo. Yo volví el 1º de febrero y me encontré con el telegrama”, explicó.

“Estaban refrendadas en actas firmadas por el gremio, venía todo de Buenos Aires”, dijo sobre cómo se iban aplicando las sumas no remunerativas.

“Nunca fuimos consultados por las sumas no remunerativas, pero nos dábamos cuenta que nos estaba afectando en nuestros aportes”, señaló el ex trabajador.

“En su momento estuve siete años sin estar en el gremio, pero tuve que afiliarme porque el aporte solidario ya era más alto que la propia cuota gremial, no me quedó otra”, sostuvo.

“El día que me echaron, a las 8 de la mañana, me llamaron al mediodía del sindicato para decirme “¿Gutiérrez que te pasó? Nos enteramos de lo tuyo”, cuando ya sabían todo”, recriminó.

“Nos echaron por el artículo 245, te pagan lo que corresponde y te fuiste. No dice más nada el telegrama”

“El jefe zonal de sucursal, Diego Idiarte, me dijo que hablara Mariano Bauer, uno de los gerentes de la sucursal de Neuquén, que lo primero que me dijo fue que renunciara al juicio. Le pregunté quién me garantizaba que si renunciaba al juicio me iban a reincorporar y me contestó que nadie, solamente él, todo por teléfono”, narró sobre el vergonzoso accionar de las cadenas de mando del Correo.

“Después me llamaron del gremio y me dijeron, che bueno, renunciá al juicio así te reincorporan. Nosotros te salimos de garantes, una vergüenza”, reprochó.

“Fui el primer despedido en la sucursal Trelew, aunque en total son 10, en dos tandas de cinco. En la primera fuimos dos de Trelew y tres de Comodoro”, recordó.

“Yo opté por contratar una abogada particular (Marisa De los Ríos), obvio que tengo que sacar plata de mi bolsillo”, señaló.

“Escuché lo que dijo por radio el gremialista, dijo que la empresa te mandaba un aviso y después te echaba; mentira, nos echaron sin decirnos nada. Nos mandaron el telegrama del Correo Argentino de Buenos Aires”, retrucó.

“Es más, cuando fui a la ANSES para cobrar el fondo de desempleo, para ellos somos del Estado, y si somos del estado, nos tendrían que haber hecho un sumario previo, y a nosotros directamente nos echaron”, sostuvo.

“Es todo muy sucio, pero yo le metí abogado y veremos qué pasa. Yo ni siquiera cobré la indemnización, la última vez que cobré el sueldo fue en febrero, por suerte mi señora es docente, aunque hay que rebuscársela”, remarcó.

“En Comodoro echaron a un empleado de 35 años, aunque él terminó acordando la reincorporación a cambio de renunciar al juicio”, referenció.

“Acá sí tenemos un caso de un cartero que echaron con 9 años de antigüedad, renunció al juicio y lo volvieron a tomar, pero con un nuevo contrato de trabajo. Le “comieron” esos nueve años”, reflexionó.

“Además si vos renunciás, tenés que pagar 20 mil pesos por desestimar el juicio y el 20 por ciento de lo que estamos reclamando, arriba de un millón de pesos, a la abogada”, enfatizó en el final.

EN CAMARONES, CORREO CERRADO

 

El despido del único empleado, Luis Rosas, que recibió el telegrama el último lunes, dejó a la localidad costera sin el servicio de la empresa postal pública.

«Cerrado hasta nuevo aviso», reza un cartel en la puerta de la emblemática sucursal.

 

Radio 3

La empresa Correo Argentino despidió a diez empleados en Chubut desde que empezó el año y hay alerta por una profundización de la medida empresarial, que según expresan los propios afectados se debería a un represalia por juicios laborales iniciados contra esa firma.

Javier Gutiérrez contó que lo echaron el 1 de febrero de este año, pese a contar con 28 años de antigüedad y no haber tenido problemas durante el transcurso de su vida laboral.

“Yo tenía 28 años en el Correo, de los cuales hice 4 en Camarones y el resto en Trelew, siempre en atención al público” indicó el exempleado, quien indicó que su caso no fue el único, y en total 7 personas fueron echadas en Trelew y tres en Comodoro Rivadavia.

“Por un tema de malas liquidaciones se inició un juicio laboral contra Correo Argentino y al salir favorable estos juicios la empresa hoy opta por echarnos; después que te echan te llaman, te dicen que renuncies al juicio y te reincorporan”, contó Gutierrez sobre su caso, aunque aseguró que por el contacto que tuvo con los otros despedidos fue igual y de hecho algunos de los que recibieron telegrama en primera instancia luego fueron reincorporados.

Los juicios contra la empresa de correos se iniciaron tras descubrir que un gran porcentaje de los sueldos se abonaban en sumas no remunerativas. “Cada aumento que venía no iba al básico, lo pagaban con actas, en negro y en cuotas; por eso se llegó a este juicio laboral contra empresa y fue por lo que nos echaron” contó.

Su caso fue el primero pero después fueron se fueron sumando despedidos en la zona. Con respecto a su despido, contó que ya le hicieron la liquidación final, “pero no me pagaron nada de lo que tenían que ganar” e informó que ha iniciado otra acción judicial por esa situación.

 

 

Jornada

El Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri que le debe al Estado más de 4 mil millones de pesos, se resiste a que sean peritados los libros contables de sus controlantes, Socma y Sideco, y ahora pide que la Corte Suprema frene esa investigación. La Cámara Comercial había autorizado esa pericia después de que la fiscal Gabriela Boquin detectara maniobras de vaciamiento a través de las cuales se retiraba dinero de las cuentas del Correo vinculadas al concurso de acreedores, que en realidad está inactiva tras su expropiación. Hubo también pagos de alquileres en beneficio de las dos firmas que son pilares del grupo empresario y, al revés, préstamos –por ejemplo– por 17 millones de pesos de ellas hacia el Correo. No habría explicación para semejantes operaciones. En otro informe, Boquín también detectó desvíos por 35 millones de pesos hacia estudios de abogados, consultoras y empresas de publicidad amigas.

Lo que queda claro hasta ahora es que la empresa postal del Grupo Macri no paga su deuda y no quiere que se investigue si cometió algún tipo de fraude en el trámite del concurso de acreedores, ya que eso podría acarrear consecuencias para sus controlantes. La presentación de la empresa refuta la resolución de la Cámara Comercial que convalidó la actuación de la fiscal Boquín y dio vía libre para la investigación que ella solicitaba sobre las maniobras de vaciamiento detectadas. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini en sus últimas intervenciones respaldaron la actuación de la fiscal. A lo largo de la causa, paradójicamente, colaboraron con artilugios que hacen que pase el tiempo y la deuda siga impaga. Como ya informó este diario, con el gobierno de Macri el Correo llegó a firmar un acuerdo que licuaba el 98,87 por ciento de su deuda, pero fue frenado por la fiscal de Cámara, que dijo que era ruinoso y abusivo. Luego empezaron las dilaciones otra vez.

Los abogados que se presentan por el Correo son Jaime Kleidermacher y Jaime Cibils Robirosa, que están imputados en la causa penal por el intento de licuar la deuda de la empresa y señalados por Boquín en movimientos de vaciamiento.

Argumentan para recurrir a la Corte que la investigación pericial le causará a la empresa un perjuicio irreparable y se afectan normas concursales, que son argumentos clásicos de estas presentaciones. Dicen que Socma Argentina y Sideco Sudamericana no son parte en litigio: sin embargo son controlantes del Correo y la fiscal ya detectó operaciones entre ellas y el Correo en plena etapa concursal y cuando ésta última se declara inactiva. También cuestionan que la Cámara haya habilitado que la pericia la hagan expertos del cuerpo de peritos de la Corte en lugar de las sindicaturas (general, controlante y verificante) que intervienen en el concurso. Por lo general, éstas se han expedido a favor del Correo y propiciado todas las dilaciones. Una de ellas está a cargo de Julio César Rivera, abogado de larga data de la familia Macri. El planteo incluso dice que «un perito externo produciría una dilación de los tiempos y un expendio jurisdiccional». Es un argumento desconcertante en un proceso en el cual la empresa y el Estado han jugado siempre al paso del tiempo.

Hace ya dos años que se discute la investigación del vaciamiento. Respecto de Socma y Sideco, la fiscal Boquín detectó en 2017 que la propia jueza de primera instancia, Marta Cirulli –imputada también en la causa penal–, había autorizado cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos de las cuentas del Banco Ciudad, justo en los meses previos a la firma del acuerdo (28 de junio de 2016) que luego fue suspendido. Dijo la fiscal en ese entonces que eran «en beneficio de las empresas del grupo» y «en perjuicio de las cuentas del concurso». Parte del dinero se utilizó para pagar mensualmente alquileres a Sideco, aunque el Correo no tenga actividad: oficinas por 144 mil pesos; 61.834 pesos en sueldos y cargas sociales; 113 mil pesos de gastos informáticos y contables; 65 mil de honorarios, entre tantos otros. El dinero salía de las cuentas del concurso, directo a Sideco, según la fiscal. Pero, además, Boquín detectó que Socma le vendió al Correo por 2 millones de dólares acciones de Neficor SA, que tenía el 49 por ciento de Chery, para negocios automotrices que nunca le dieron ningún rédito. Luego pagó un extra de 900 mil dólares más.

Esos hallazgos habían dado el puntapié inicial para la investigación sobre vaciamiento, que de comprobarse implicaría fraude concursal, con consecuencias para las compañías del Grupo. Más recientemente, Boquín denunció otras maniobras similares, también para desviar dinero del Correo, 35 millones de pesos, hacia estudios de abogados, como el del diputado del PRO Pablo Tonelli; el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; y el propio abogado Kleidermacher.

Ahora Boquin debe contestar el planteo del Correo para ir a la Corte y luego la Cámara decidirá si lo habilita o no.

 

 

Pagina 12

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) demandó ante la Justicia al Gobierno de Mauricio Macri por haber cerrado en 2018 el sumario administrativo contra funcionarios que aceptaron la oferta del Correo Argentino por una multimillonaria deuda con un aparente daño al patrimonio del Estado.

La denuncia contra la Presidencia de la Nación fue interpuesta ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.

La denuncia de Rodríguez quedó radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del magistrado subrogante Pablo Gabriel Cayssials.

Según informó la PIA, la denuncia también alcanza a la Procuración del Tesoro de la Nación, que lidera Bernardo Saravia Frías.

El objetivo central de esta presentación es lograr la reapertura de la investigación administrativa disciplinaria contra los agentes del entonces ministerio de Comunicaciones que aceptaron en junio de 2016 la oferta efectuada por la firma Correo Argentino SA y todos aquellos que puedan tener responsabilidad administrativa.

El funcionario que representó al Estado en el acuerdo con Socma, controladora del Correo y propiedad del ahora fallecido Franco Macri, fue el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Morocoa.

Este funcionario estaba bajo las órdenes del entonces ministro de Comunicaciones, el radical cordobés Oscar Aguad. Ambos habían sido investigados durante casi dos años por haber presuntamente beneficiado a la empresa de Franco Macri en desmedro de los intereses del Estado.

Pero el 16 de octubre de 2018 el Gobierno clausuró definitivamente el sumario administrativo y disciplinario que se había iniciado para investigar si existieron irregularidades en la negociación que protagonizaron los funcionarios de Cambiemos y Correo Argentino SA en 2016.

MICHETTI. Tiempo atrás. (Télam/Archivo)

MICHETTI. Tiempo atrás. (Télam/Archivo)

Un decreto firmado ese día por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio por agotada la pesquisa administrativa relacionada a la aceptación de la oferta que en 2016 había hecho la empresa controlada por la familia del Presidente, en el marco del concurso preventivo.

Mauricio Macri, por su relación de parentesco con los controlantes de Correo Argentino SA, se excusó de firmar el decreto.

Ese sumario administrativo que ahora la PIA pide sea reabierto se había iniciado como reacción al dictamen que, a principios de 2017, había elevado la fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquin luego de que el Gobierno aceptara la oferta de Correo Argentino SA para saldar su viejo crédito con el Estado.

Ocurre que Boquín consideró que el acuerdo (que se revirtió luego del escándalo en la prensa) hubiera sido «abusivo» y que hubiera implicado «una condonación de la deuda» por más de 4.277 millones de pesos a la familia del Presidente Macri.

Pero además la fiscal que investigó el caso advirtió por el posible conflicto de interés por la relación de Macri con los actuales accionistas del Correo Argentino SA.

Sergio Rodríguez, fiscal titular de la PIA, había exigido a la Procuración del Tesoro que efectuara una investigación por el episodio del Correo.

Rodríguez cuestionó la eventual falta de competencia de los funcionarios públicos que llevaron adelante la negociación con los representantes de Correo en la audiencia llevada a cabo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en junio de 2016.

El fiscal de la PIA pidió también que investigue una posible violación a la Ley de Ética Pública y si se produjo una inadecuada defensa de los intereses del Estado. Como la investigación fue cerrada por Michetti y Peña, ahora se exige su reapertura.

 

 

 

La Voz