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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con llevar a la Justicia a las autoridades del estado de Nevada por aprobar el voto por correo general para las próximas elecciones de noviembre, un sistema que el mandatario vincula sin pruebas a un posible fraude y que la oposición analiza para evitar una nueva ola de contagios de coronavirus.

Nevada, con frontera con California y Arizona -dos de los principales brotes de coronavirus del momento-, decidió aprobar y promulgar el sistema de voto por correo que garantizará que todos los ciudadanos empadronados reciban las boletas en sus domicilios y luego puedan emitir su voto de manera presencial, el 3 de noviembre, o enviarlo de vuelta por correo.

El estado no es uno de los que tienen más casos -51.200- o más muertos -847-; sin embargo, ante el potencial de un posible rebrote o una segunda ola en el invierno estadounidense, el Congreso y el gobernador, el demócrata Steve Sisolak, no duraron ayer en aprobar rápidamente este sistema que ya existe en otros siete estados.

La decisión de Nevada desató de inmediato la reacción de Trump, quien la semana pasada volvió a denunciar a este sistema de votación como posible causal de fraude -pese a que existe hace décadas y no ha enfrentado problemas significativos en el pasado- y hasta llegó a sugerir una postergación de los comicios para enfrentar los riesgos de la pandemia.

«En un golpe ilegal llevado a cabo por la noche, el gobernador de Nevada ha hecho imposible que los republicanos ganen en el estado. El servicio de correo postal jamás podrá gestionar el gran número de votos por correo sin una preparación previa», sentenció el mandatario en Twitter. Y agregó: «¡Nos veremos en los tribunales!».

Igual de molesta se mostró la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, quien acusó a la mayoría demócrata en el Congreso de Nevada y al gobernador de estar tratando de «hacerse con los comicios mediante una votación masiva por correo».

«Los demócratas quieren usar la pandemia para destruir la integridad electoral», denunció la dirigente, según el canal Fox News.

Tanto las autoridades de Nevada como el Partido Demócrata sostienen que el sistema de votación por correo ha existido hace años y nunca provocó cuestionamientos significativos como para poner en duda un resultado electoral, ni local ni federal.

A exactamente tres meses de las elecciones generales, en las que Trump buscará la reelección, el escenario federal es complicado para el oficialismo republicano no solo por las crecientes cifras de la pandemia, sino también por el desplome económico que ésta provocó.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se confirmó que esa será la nueva modalidad para la entrega, reemplazando los operativos, dado las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del Coronavirus y la aglomeración de personas.

A partir del próximo 25 de Marzo, el Banco de la Nación Argentina enviará, a través de Correo Argentino, las más de 12 mil Tarjetas Alimentar que se destinan a los beneficiarios de toda la Provincia del Chubut. La entrega será sin intermediarios ni gestores, y respetando el cronograma de entrega acordado con el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de la Provincia, que conduce Cecilia Torres Otarola.

Estas entregas, se concretan tras el esfuerzo mancomunado y coordinado entre Provincia y Nación, lo que convierte a Chubut en una de las primeras provincias en recibir la tarjeta, que integra una de las medidas del “Plan Argentina Contra el Hambre”.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmó a las autoridades provinciales, que los titulares de la tarjeta deberán validar su identidad y domicilio de forma previa a través del sitio web “Mi Argentina”, el portal del Estado argentino (www.argentina.gob.ar/miargentina). Luego de esa validación, les llegará al hogar por medio del Correo Argentino.

El objetivo es garantizar que las tarjetas y el dinero de las mismas lleguen a los beneficiarios de cada familia, aún en medio de emergencia por la contingencia sanitaria. Se busca además, fortalecer las economías regionales y sociales, fomentando el consumo a pequeños y medianos comercios para darle mayor impulso al mercado local de cada localidad.

En nuestra Provincia, se distribuirán unas 12.753 tarjetas distribuidas a lo largo y ancho de nuestra Provincia, que significarán más de 60 millones de pesos destinados a garantizar el acceso a la alimentación a quienes más lo necesitan. Respecto al número de beneficiarios, en nuestra Provincia hay 6.991 titulares de tarjetas con un hijo, y 5.762 beneficiarios con dos o más hijos.

Las mismas están divididas por diferentes regiones, las principales ciudades de nuestra provincia recibirán: Comodoro Rivadavia 4.419 tarjetas, equivalente a $21.762.000; seguida por la ciudad de Trelew, que recibirá 2.459 por $12.072.000; mientras que Puerto Madryn 1.750 tarjetas por $8.494.000; y Esquel 835 tarjetas alcanzando la suma de $4.088.000.

Tarjeta Alimentar

Cabe señalar, que la tarjeta es un instrumento para que todos accedan a la canasta básica alimentaria, por lo que permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. Está destinada a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

En un procedimiento surgido desde el Centro de Monitoreo policial de Puerto Madryn, la Policía se anotició sobre una serie de disturbios que incluían una peleas a golpes, aparentemente entre personas que habían asistido a los bares del sector céntrico.

Un lío

En medio de ese desorden, se registraron roturas en los vidrios del Correo, que se ubica en la esquina de 28 de Julio y Alejandro Maíz. La pelea, había comenzado en Maíz y Belgrano, según reportaron las cámaras de vigilancia pertenecientes a la fuerza provincial, así lo informó Diario Jornada.

Como consecuencia de ello, en la esquina de San Martín y Roque Sáenz Peña, detuvieron al joven de 21 años, al que señalaron como el autor de las roturas de los vidrios de la Oficina Postal. No se registraron otras detenciones.

Al menos tres ladrones se llevaron una caja metálica con unos 50 mil pesos y unas computadoras del Correo de Dolavon, en un hecho que fue descubierto ayer, pero que ocurrió el fin de semana. Es el cuarto robo que ocurre en ese lugar situado en el centro de la localidad y a metros de la Comisaría; y los investigadores no descartan que los autores sean los mismos.

El jefe de la Comisaría habló del caso  y consideró que allí no se ha invertido nada en seguridad frente a la sucesión de los robos que hubo. «No le han colocado alarma, tampoco rejas a las ventanas. Las puertas no tienen más que la seguridad de la llave común, es un predio que tiene libre acceso y no le han colocado luz al patio trasero, o sea que se puede observar una dejadez respecto de las autoridades del Correo», observó el subcomisario Fernández.

Se le consultó si no tenía cuidador el lugar. «No hay ningún sereno y la casa contigua está abandonada. No está ocupada por nadie. Está sin habitar hace bastante tiempo ya», dijo.

«¿Y en esta ocasión volvieron a ingresar por esa dependencia, como en los hechos anteriores?», se insistió. «Correcto, este fin de semana también; entraron por una ventana de la vivienda que está conectada al Correo por la parte interna», explicó.
Al consultársele si habían hecho mucho daño, Fernández indicó que «forzaron una puerta y para ingresar a la vivienda empujaron una ventana. En la división entre la casa y el Correo había un candado y lo rompieron, nada más».

Luego consignó, cuando se le preguntó si tenían idea de cuántos delincuentes habían entrado al Correo, que se levantaron tres rastros «de zapatillas diferentes» y también dijo que se observaron huellas de cubiertas de un auto; «muy borrosas debió al clima, a la lluvia de estos días», acotó.

Finalmente, el subcomisario Fernández, quien hace pocos meses que está al frente de la Comisaría de Dolavon, aseguró que hasta el momento no han recibido denuncias de faltantes de cartas o encomiendas, aunque detalló que el lugar en donde se encontraba la correspondencia «estaba revuelto».

El Chubut

Fue en 28 de Julio y Mitre. Los dos ladrones ingresaron con lentes oscuros, redujeron a la propietaria y se llevaron un celular, elementos y dinero.

Dos hombres que ingresaron con camisas violetas simulando ser empleados de un correo privado, robaronn este martes una inmobiliaria en la zona céntrica de la ciudad de Trelew.

Ocurrió en la inmobiliaria Vincenzi, ubicada en 28 de Julio y Mitre. Los dos personas ingresaron con lentes oscuros y redujeron a la propietaria. La encerraron en una oficina y se llevaron un celular, elementos personales y algo de dinero en efectivo. Al parecer, los delincuentes no estaban armados.

 

Diario Jornada

El Gobierno habilitó la opción al voto postal o por correo para los argentinos que vivan en el extranjero, mediante el decreto 45/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial. La iniciativa reglamenta a la Ley 24.007, de 1991, por la que se creó el Registro de Electores Residentes en el Exterior e incorpora seis capítulos que se ocupan de voto postal, el envío y recepción de sobres, la calificación de los votos, el escrutinio y la fiscalización de la elección.

“El voto de los residentes en el exterior es hoy un derecho reconocido por la mayoría de las democracias del mundo, a partir de la aceptación de que la ciudadanía no se extingue con el hecho de residir fuera de las fronteras del Estado”, se señala en los considerandos del decreto.

También considera que “teniendo en cuenta la imposibilidad de ciertos electores residentes en el exterior de presentarse en el lugar de votación” y para garantizar su derecho al voto, “resulta pertinente modificar la reglamentación vigente en la materia, otorgando la posibilidad de votar ya sea de manera presencial como postal”.

Acerca del voto opcional por correo postal, determina un plazo de inscripción de hasta 90 días antes del día de la elección, que se puede hacer personalmente en sede diplomática o por internet.

El Comodorense

Es en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en el trámite de la deuda de la empresa propiedad de la familia Macri con el Estado.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que se cite a declarar como acusado al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y otros tres imputados en la investigación de irregularidades en el acuerdo de pago de deudas del Correo Argentino, empresa propiedad de la familia Macri, al Estado nacional, en 2016.

 

En un dictamen de 59 carillas puesto a consideración del juez federal Ariel Lijo, el fiscal también pidió llamar a declarar como acusados a Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher por considerarlos corresponsables de una «quita abusiva» en la deuda de la empresa de correo que por tanto perjudicó a la Administración Pública. Al momento de los hechos, Mocoroa se desempeñaba como director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, en manos de Aguad, mientras que Robirosa presidía el directorio de Correo Argentino y Kleidermacher era el abogado patrocinante.

El fiscal sostuvo que «se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa», que mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados «obligaron abusivamente» a la Administración Pública «con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino S.A».

El acuerdo de pago en cuestión consta en el expediente 94.360/01, Correo Argentino S.A. s/concurso preventivo del registro del Juzgado Nacional en lo Comercial 6 de Buenos Aires, según el dictamen.

Pollicita afirmó que cuando Aguad tenía bajo su responsabilidad «el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado Nacional verificó» (en el expediente 94.360/01) «contra Correo Argentino, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios».

En este sentido, consideró que esa conducta «exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la Administración Pública a aceptar una quita abusiva de su crédito, con el interés de beneficiar a la empresa involucrada y para lo cual contó con el aporte necesario de sus consortes de causa».

En este sentido, sostuvo que por el acuerdo en cuestión el Estado nacional «resignaba una porción inadmisible de la suma de $ 296.205.376 adeudada por Correo Argentino S.A., lo que implicaba el otorgamiento de un beneficio injustificado y directamente proporcional para la concursada».

«Las convocatorias (a declarar) que se solicitan por medio del presente dictamen versan sobre aquellas personas respecto de las cuales obran en la causa elementos objetivos que permiten atribuirle participación en la maniobra», puntualizó.

Pollicita aclaró que pide indagar a Aguad y la los otros tres acusados «sin que pueda descartarse que el avance de la pesquisa o incluso las declaraciones postuladas permitan establecer la intervención de otros sujetos que motiven la realización de futuras presentaciones en términos similares».

Ambito

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue imputada penalmente para ser investigada por una resolución en la que desvinculó al presidente Mauricio Macri de haber cometido alguna falta ética en la causa del Correo Argentino, empresa que estuvo vinculada a su familia.

La fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa a partir de una denuncia que presentaron diputados nacionales del Frente Renovador contra Alonso por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.

La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, a quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente.

Los legisladores Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron el 17 de octubre pasado a Alonso por haber dictado la resolución 2018-24 “cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades” a Macri, al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, según argumentaron.

En ese dictamen, Alonso sostuvo que ninguno de los tres funcionarios cometió alguna falta ética en su intervención en el caso.

Se trata de un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino -una empresa que estuvo vinculada a la familia Macri- tiene con el estado por originalmente 296 millones de pesos cuando en 2001 dejó de pagar el canon por la privatización.

El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín se opuso y pidió rechazarlo por “abusivo y perjudicial” para el Estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda ya que no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.

Finalmente, el gobierno retiró la propuesta de cobro de la deuda, tras las críticas que recibió.

Alonso analizó el caso en base a la ley de ética pública y sostuvo que “no se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Señor Presidente de la Nación”.

Explicó que cuando se hizo el acuerdo Macri no tenía intereses financieros en Socma Americana -la empresa de la familia Macri que controla Sideco Americana, la compañía que tiene el Correo- y que de la causa comercial no surge que haya tenido intervención. Agregó que Macri dejó en 2009 las acciones de Socma y se las transfirió a sus tres hijos.

Pero los diputados del Frente Renovador objetaron en tribunales el dictamen y señalaron que Alonso “soslayó deliberadamente información que comprometía al presidente de la Nación”.

Al plantear la denuncia, explicaron que en 2014 Macri sostuvo en su declaración jurada que tenía acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización de Socma en el país y que tenía desde 2001.

“El Presidente no contaba con la facultad de tomar decisiones sobre la empresa que tuvo durante tantos años y continúa teniendo a su cargo, es decir que, hubo faltas a la ley de ética pública en cuanto a la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del presidente, que buscaba saldar su deuda con el estado de su concurso preventivo”, sostuvieron los legisladores en su denuncia.

La denuncia llegó a la fiscal Ochoa que abrió formalmente una investigación.

En su dictamen señaló que “resulta imputada en autos Laura Alonso” pero “ello sin perjuicio de que con el devenir de la investigación se formulen otras imputaciones”.

La Fiscalía pidió las primeras medidas de prueba y la encargada de ordenarlas ahora es la jueza Servini de Cubría.

 

 

 

 

Diario El Sol