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El Gobierno habilitó la opción al voto postal o por correo para los argentinos que vivan en el extranjero, mediante el decreto 45/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial. La iniciativa reglamenta a la Ley 24.007, de 1991, por la que se creó el Registro de Electores Residentes en el Exterior e incorpora seis capítulos que se ocupan de voto postal, el envío y recepción de sobres, la calificación de los votos, el escrutinio y la fiscalización de la elección.

“El voto de los residentes en el exterior es hoy un derecho reconocido por la mayoría de las democracias del mundo, a partir de la aceptación de que la ciudadanía no se extingue con el hecho de residir fuera de las fronteras del Estado”, se señala en los considerandos del decreto.

También considera que “teniendo en cuenta la imposibilidad de ciertos electores residentes en el exterior de presentarse en el lugar de votación” y para garantizar su derecho al voto, “resulta pertinente modificar la reglamentación vigente en la materia, otorgando la posibilidad de votar ya sea de manera presencial como postal”.

Acerca del voto opcional por correo postal, determina un plazo de inscripción de hasta 90 días antes del día de la elección, que se puede hacer personalmente en sede diplomática o por internet.

El Comodorense

Es en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en el trámite de la deuda de la empresa propiedad de la familia Macri con el Estado.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que se cite a declarar como acusado al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y otros tres imputados en la investigación de irregularidades en el acuerdo de pago de deudas del Correo Argentino, empresa propiedad de la familia Macri, al Estado nacional, en 2016.

 

En un dictamen de 59 carillas puesto a consideración del juez federal Ariel Lijo, el fiscal también pidió llamar a declarar como acusados a Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher por considerarlos corresponsables de una “quita abusiva” en la deuda de la empresa de correo que por tanto perjudicó a la Administración Pública. Al momento de los hechos, Mocoroa se desempeñaba como director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, en manos de Aguad, mientras que Robirosa presidía el directorio de Correo Argentino y Kleidermacher era el abogado patrocinante.

El fiscal sostuvo que “se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa”, que mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados “obligaron abusivamente” a la Administración Pública “con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino S.A”.

El acuerdo de pago en cuestión consta en el expediente 94.360/01, Correo Argentino S.A. s/concurso preventivo del registro del Juzgado Nacional en lo Comercial 6 de Buenos Aires, según el dictamen.

Pollicita afirmó que cuando Aguad tenía bajo su responsabilidad “el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado Nacional verificó” (en el expediente 94.360/01) “contra Correo Argentino, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios”.

En este sentido, consideró que esa conducta “exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la Administración Pública a aceptar una quita abusiva de su crédito, con el interés de beneficiar a la empresa involucrada y para lo cual contó con el aporte necesario de sus consortes de causa”.

En este sentido, sostuvo que por el acuerdo en cuestión el Estado nacional “resignaba una porción inadmisible de la suma de $ 296.205.376 adeudada por Correo Argentino S.A., lo que implicaba el otorgamiento de un beneficio injustificado y directamente proporcional para la concursada”.

“Las convocatorias (a declarar) que se solicitan por medio del presente dictamen versan sobre aquellas personas respecto de las cuales obran en la causa elementos objetivos que permiten atribuirle participación en la maniobra”, puntualizó.

Pollicita aclaró que pide indagar a Aguad y la los otros tres acusados “sin que pueda descartarse que el avance de la pesquisa o incluso las declaraciones postuladas permitan establecer la intervención de otros sujetos que motiven la realización de futuras presentaciones en términos similares”.

Ambito

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue imputada penalmente para ser investigada por una resolución en la que desvinculó al presidente Mauricio Macri de haber cometido alguna falta ética en la causa del Correo Argentino, empresa que estuvo vinculada a su familia.

La fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa a partir de una denuncia que presentaron diputados nacionales del Frente Renovador contra Alonso por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.

La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, a quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente.

Los legisladores Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron el 17 de octubre pasado a Alonso por haber dictado la resolución 2018-24 “cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades” a Macri, al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, según argumentaron.

En ese dictamen, Alonso sostuvo que ninguno de los tres funcionarios cometió alguna falta ética en su intervención en el caso.

Se trata de un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino -una empresa que estuvo vinculada a la familia Macri- tiene con el estado por originalmente 296 millones de pesos cuando en 2001 dejó de pagar el canon por la privatización.

El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín se opuso y pidió rechazarlo por “abusivo y perjudicial” para el Estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda ya que no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.

Finalmente, el gobierno retiró la propuesta de cobro de la deuda, tras las críticas que recibió.

Alonso analizó el caso en base a la ley de ética pública y sostuvo que “no se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Señor Presidente de la Nación”.

Explicó que cuando se hizo el acuerdo Macri no tenía intereses financieros en Socma Americana -la empresa de la familia Macri que controla Sideco Americana, la compañía que tiene el Correo- y que de la causa comercial no surge que haya tenido intervención. Agregó que Macri dejó en 2009 las acciones de Socma y se las transfirió a sus tres hijos.

Pero los diputados del Frente Renovador objetaron en tribunales el dictamen y señalaron que Alonso “soslayó deliberadamente información que comprometía al presidente de la Nación”.

Al plantear la denuncia, explicaron que en 2014 Macri sostuvo en su declaración jurada que tenía acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización de Socma en el país y que tenía desde 2001.

“El Presidente no contaba con la facultad de tomar decisiones sobre la empresa que tuvo durante tantos años y continúa teniendo a su cargo, es decir que, hubo faltas a la ley de ética pública en cuanto a la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del presidente, que buscaba saldar su deuda con el estado de su concurso preventivo”, sostuvieron los legisladores en su denuncia.

La denuncia llegó a la fiscal Ochoa que abrió formalmente una investigación.

En su dictamen señaló que “resulta imputada en autos Laura Alonso” pero “ello sin perjuicio de que con el devenir de la investigación se formulen otras imputaciones”.

La Fiscalía pidió las primeras medidas de prueba y la encargada de ordenarlas ahora es la jueza Servini de Cubría.

 

 

 

 

Diario El Sol