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El juez de garantías Marcelo Nieto De Biase hizo suya la postura de los fiscales y resolvió endurecer las medidas coercitivas contra otros dos ex funcionarios de la gestión de Mario Das Neves al frente de su última gobernación en la provincia del Chubut.

Se trata de quien fuera su director de ceremonial Oscar Alarcón que durante tres meses deberá ir de su casa al trabajo y del trabajo a la casa –único deambular permitido-, con una tobillera electrónica que mediante un satélite controlará sus movimientos.

El otro es David Dahhur, ex director de relaciones institucionales de la Lotería provincial que está imputado de organizar las maniobras en lo que los investigadores consideran, se trató de una asociación ilícita encargada de estafar al estado mediante contrataciones realizadas por el Instituto de Seguridad Social del Chubut.

La medida de prisión preventiva se hizo extensiva a Diego Correa considerado el jefe de la asociación ilícita que desde la Unidad Gobernador que conducía, está considerado el cabecilla de varios ilícitos a tal punto que ya se encuentra en prisión desde el mes de marzo pasado, involucrado en las causas “Embrujo” y “Revelación”.

Fiscales

La decisión se tomó ayer en una audiencia de apertura de investigación solicitada por fiscales de la Unidad Fiscal Especial que atiende casos de corrupción en la administración pública del Chubut y que fuera creada a principios de este año por el procurador general Jorge Miquelarena.   Se trata de los fiscales generales Alejandro Franco, Fabián Papaiani y Héctor Iturrioz que llegaron a esta instancia del proceso mediante una paciente y engorrosa investigación previa, acompañados por los ex comisarios Julio Blanco y Fernando Amandi, del Equipo Técnico Multidisciplinario con el que cuenta el Ministerio Público Fiscal del Chubut.

En la investigación  surgieron lazos de estas maniobras en Lotería, con el accionar del grupo que se encuentra involucrado en la causa “Embrujo”. Los fiscales indicaron que este grupo de imputados “montaba toda una infraestructura con dineros obtenidos ilegalmente y que ahora son parte de la causa Embrujo”, para destinarlos a seguir estafando al Estado mediante las contrataciones en Lotería”. Consideran que los imputados pueden entorpecer la investigación o fugarse habida cuenta de la pena que les podría caber.

“Prestanombres”

Por el mismo caso fue imputado Martín Vallejos, un joven del barrio Río Chubut de Rawson propietario de una pequeña empresa de sonidos y considerado por los fiscales un “prestanombre” al momento de la necesidad de simular concursos de precios para concretar espectáculos de promoción en los sorteos y telebingos que realizaba ese organismo. Vallejos no podrá salir del país ni mantener ningún tipo de contacto con testigos o los otros imputados.

Los fiscales consideraron que la estafa mediante las contrataciones de casi dos centenares de eventos a la empresa Sono Eventos ligada directamente a Dahhur, perjudicó al Estado provincial en unos dos millones de pesos. Por ello, el caso fue considerado como grave, teniendo en cuenta además la expectativa de pena en contra de los principales imputados, que prevé un mínimo de cinco años de prisión.

Ausencias

Otros imputados en este caso como Diego Luter y  Federico Verdeau no estuvieron en la audiencia. Luter se encuentra detenido involucrado también en los casos “Embrujo” y “Revelación”. Si bien fue trasladado por la Policía hasta la Oficina Judicial, su abogado defensor Lisandro Benitez llegó tarde por el corte de rutas que se produjo ayer por parte de manifestantes del gremio SUPA.

En el caso de Federico Verdeau, no asistió porque su abogado defensor Emilio Galende se encuentra en la Capital Federal. Para ambos se realizará otra audiencia.

Dahhur fue defendido por Carlos Conti, Correa por Fabián Gabalachis, Alarcón por ..Santos y Martín Vallejos fue asistido por el defensor oficial Miguel Angel Moyano. La audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, se inició pasadas las 12 de ayer y terminó cerca de las 17.

El exjefe de la Unidad Gobernador y principal imputado en la causa Embrujo, Diego Correa, se mandó a hacer en enero de 2017 una parrilla de acero inoxidable para su casa por $272 mil pesos, según contó el fiscal Omar Rodríguez en la audiencia preliminar que comenzó este martes y continúa hoy miércoles en la Oficina Judicial de Rawson. Este martes, su esposa, Natalia Mac Leod -también imputada en la causa- sumó otro dato de color con una original remera con la frase: “Te obedecí hasta donde pude, mi genio amor”, en alusión a un tema de Los Redondos.

Luego de que una de las imputadas en la causa Embrujo, Natalia Mac Leod -esposa del supuesto jefe de la asociación ilícita, Diego Correa- luciera una remera con una original frase en la audiencia preliminar que comenzó este martes en Rawson, se conoció que la parrilla que se mandó a hacer en enero de 2017 del ex jefe de la Unidad Gobernador costó $272 mil pesos, dato que ya genera indignación de usuarios en redes sociales que cuestionan el elevado monto de dinero para realizar tan sólo un fogón hogareño.

La polémica parrilla de acero inoxidable realizada por Diego Correa para su casa de la esquina de French y Beruti, en Playa Unión, salió $272 mil pesos hace casi dos años, cuando el ex jefe de la Unidad Gobernador imputado como presunto jefe de la asociación ilícita todavía no era investigado.

 

 

ADN Sur

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez ampliaron las imputaciones por la causa «Embrujo». A Diego Correa los investigan por asociación y enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, revelaron que Dual Core compró seis terrenos en Lago Puelo.

En la audiencia estuvieron presentes Correa, Diego Luthers, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa y Juan Carlos Ramón. La única ausencia fue la de Federico Gatica, quien no asistió porque su calificación como imputado no tuvo cambios.
Las nuevas imputaciones recaen sobre Correa, Mc Leod y Figueroa. En el caso del exsubsecretario de Unidad Gobernador y Figueroa, se añadió la figura de lavado de activos a través de las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting. En el caso de Mc Leod, los fiscales le atribuyen ser «interpósita persona», es decir, aparentaba obrar por cuenta propia, pero intervenía por encargo y provecho de otra, en este caso, su pareja Diego Correa.

Williams precisó que Correa «incrementó su patrimonio al menos en 35 millones de pesos entre 2003 y 2017». Esta valuación solo involucra bienes como la construcción en Playa Unión con pileta y tres dúplex, chacras, propiedades en Trelew y Rawson, seis terrenos en Lago Puelo y siete vehículos: una Hyundai Tucson, un Mercedes Benz, una Hyundai H1, una Ford Ranger, un Fiat Palio, una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.

En las audiencias estarán presentes Diego Correa y el ex ministro de Economía, Pablo Oca. Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz imputarán a los dueños de las compañías por «cohecho activo».

Los empresarios Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanelli de Constructora Capman; Carlos Manuel Castro Blanco de Apicons Elaborados S.A.; Luis Igarzábal de OCP Ingeniería y Construcciones S.R.L.; Gustavo Moretta de Libra Construcciones S.A.; Fernando Quistani de Habitar S.R.L. y Jorge Andrés Barrionuevo, José Rossi y Juan Riquelme de Ingeniería y Proyectos Electromecánicos (IPE) S.R.L. serán imputados formalmente hoy por la causa «Revelación» que investiga el pago de retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política.

Los titulares de las siete empresas serán imputados por «cohecho activo» en concurso real, mientras que la tipicación del delito para Correa y Oca es por «cohecho pasivo» en concurso real, por lo cual deberán responder en carácter de autor (Correa) y partícipe primario (Oca).
EL CHUBUT accedió en forma exclusiva al documento de imputación que leerán los fiscales en las audiencias de hoy.
«Existen elementos de convicción suficientes para tener a Capandeguy y Manzanelli como presuntos coautores de los delitos que se investigan», precisa la imputación para los siete empresarios de la construcción.

RETORNOS POR $ 897.000

Según consta en la imputación, la empresa que está bajo la órbita de Barrionuevo liberó 12 cheques vinculados al pago de coimas por un total de $ 896.929,02.

El primero de ellos fue despachado en abril de 2017 por un total de $ 109.746,03. El 22 de mayo del mismo año, la empresa giró tres cheques por $ 114.487,66, $ 42.936,80 y $ 64.716,80.

«Los aportes ilegítimos se reeditaron en el mes de julio de 2017 cuando el empresario hizo entrega al funcionario de cuatro cheques: dos de $ 64.716,80, un tercero por $ 57.692,61 y el último por $ 74.673», expresa el documento elaborado por los fiscales Iturrioz y Nápoli.

Por último, en septiembre de 2017 hizo circular cuatro cheques más, de los cuales tres fueron por $ 39.697,16 y el último por $ 1.718,82.

De esta manera, entre agosto y diciembre de 2017, desde el Ministerio de Economía inyectaron en las cajas de IPE un total de $ 13.549.318,99.

CON CHEQUES AJENOS

La empresa Apicons también tenía saldos pendientes y en este marco habría recurrido al mismo mecanismo. En total habría librado cinco cheques, con un detalle llamativo, y es que fueron aportados por otras empresas.

El primero de ellos fue en junio de 2017 por $ 47.869,20; en tanto que los otros cuatro fueron el 1 de septiembre de 2017: $ 20.000; $ 20.008; $ 22.150; y $ 122.355.

La sumatoria de todos los pagos efectuados alcanzó la suma de $ 232.582,20. Como consecuencia de esto, Oca y Correa habrían liberado pagos a Apicons por al menos $ 11.972.870,99 entre octubre de 2016 y junio de 2017.

OCP ENTREGO 9 CHEQUES

«Durante los meses de marzo y abril de 2017, la firma OCP entregó a Correa nueve cheques (varios de distinta nominación) que compusieron un monto total de $ 421.300 de acuerdo a los cheques incautados», enumera el documento de imputación al que accedió EL CHBUUT.

Como consecuencia de estos pagos, el gobierno provincial habría destrabado desembolsos por $ 5.818.539 en beneficio de la firma OCP.

HABITAR RECUPERO $ 13,4 MILLONES

Debido a los presuntos pagos de coima, la empresa Habitar habría recuperado $ 13.480.238,47 que el Estado provincial le debía por obras realizadas. La amortización fue realizada entre octubre de 2016 y junio de 2017.

Para eso, el empresario Quistani habría aportado siete cheques. Los primeros cuatro en agosto de 2016 por $ 24.987,69; $ 20.000; $ 20.000 y $ 22.000.

En mayo y junio de 2017, la empresa habría repetido el mecanismo, entregándole a Correa dos cheques por $ 57.543,89 y $ 18.687,32. Por último, el 28 de diciembre de 2017, la compañía efectuó una nueva entrega al funcionario de Unidad Gobernador por $ 93.062 en dinero en efectivo.
Los siete cheques hicieron una sumatoria final de $ 256.280,90.

EL CASO DE CAPMAN

La empresa Capman tenía créditos pendientes con el Estado provincial, producto de certificaciones de obra ya gestadas y respecto de los cuales no se confeccionaban las órdenes de pago.

«Ante tal situación, Capandeguy, y a sabiendas que Diego Correa era quien decidía qué empresas constructoras percibían las acreencias que tenían con el Estado provincial y cuál no, se reunieron y le ofrecieron pagarle una suma dineraria en concepto de ‘retornoï a fin de que ordenen la liberación de los pagos respectivos», detalla el informe de imputación.

Según el documento, Capandeguy habría entregado tres cheques a Correa por un total de $ 98.645. La operatoria se reiteró en al menos dos ocasiones más: cinco cheques por un total de $ 113.640,88. De esta manera, la sumatoria final por todos los cheques ascendió a $ 212.285,88.

«La entrega de las dádivas generó que Oca, alertado por Correa de la efectiva percepción de las sumas, ordenara pagos por al menos $ 3.268.478,62 entre mayo y octubre de 2017, en beneficio de Constructora Capman», reza el documento.

LA DE MENOS APORTES

Según los fiscales, la empresa Libra Construcciones habría liberado solamente dos cheques por 15.000 pesos cada uno.
Como consecuencia del supuesto pago de coima, la compañía radicada en Puerto Madryn habría recibido el pago de certificados de obras por un valor de $ 1.285.276.