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Un grupo de ex presidentes, diputados, legisladores y funcionarios de América Latina armaron una solicitada para respaldar a Florencia Kirchner de lo que denominan “una persecución política, mediática y judicial”. El texto, que salió publicado en el diario Página 12, lleva las firmas del ex presidente de Brasil y detenido en una causa por corrupción, Inacio Lula Da Silva; la ex presidenta Dilma Roussef, el ex mandatario de Ecuador Rafael Correa, el senador y ex presidente de Paraguay Fernando Lugo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros dirigentes de la región.

La solicitada no hace ninguna mención a las dos causas que afronta la hija de la ex presidenta y que ya fueron elevadas a juicio oral -el caso Los Sauces y Hotesur- y tampoco hace mención a que sigue en Cuba a pesar de que la Justicia le había pedido que regrese el pasado jueves 4 de abril.

El texto está titulado “con los hijos y las hijas no” y arranca denunciando una “persecución política, mediática y judicial que se ha transformado en una constante en América Latina”.

Según los firmantes, estas prácticas “debilitan las democracias y pretenden imponer un disciplinamiento político para todos aquellos que promovieron el inicio de transformaciones”.

Entre las firmas, también se destaca la del actor norteamericano Danny Glover, el dirigente del partido español Podemos Pablo Iglesias, el juez español Baltazar Garzón, el ex canciller de BrasilCelso Amorín, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper, el ex mandatario de Honduras José Manuel Zelaya Rosales, la presidenta del Senado boliviano Adriana Salvatierra Arriaza entre otros.

“Quienes tomamos la decisión de transitar el compromiso político sabemos que conlleva enormes costos personales”, admiten en la solicitada. “Pero nuestros hijos e hijas, los de todos los que nos dedicamos de una u otra forma a estar expuestos de una manera pública, no eligieron eso y deben estar exentos de cualquier maniobra persecutoria”, dicen.

Y cierran: “El asedio a Florencia Kirchner es un ejemplo de estas prácticas que denunciamos y no pueden pasar desapercibidas. Por eso afirmamos: con los hijos y las hijas no”.

Lo cierto es que más allá del apoyo, Florencia Kirchner está procesada en dos causas por lavado de dinero por los negocios de sus dos compañías con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Son los expedientes Hotesur y Los Sauces. Ya fueron elevados a juicio oral y también serán juzgados su madre y su hermano Máximo.

Tras la muerte de Néstor Kirchner, Florencia fue heredera de las acciones de las firmas de sus padres. Además, pasó a figurar como gerenta de Los Sauces SA. Su patrimonio fue investigado en la causa Hotesur SA y le secuestraron cerca de cinco millones de dólares que tenía en cajas de seguridad en el Banco Galicia.

También se comprobó que cobraba sueldos de esas sociedades aunque no iba a trabajar.

Hoy Florencia Kirchner permanece en Cuba según asegura su madre y su defensa realizando un tratamiento médico por diversos problemas. El parte que presentaron en la Justicia dice que sufre estrés post traumático, bajo peso y linfedema, entre otras patologías. Pero para la Justicia esas explicaciones que brindó el centro médico CIMEQ de Cuba son incompletas.

El Tribunal Oral 5, donde debía presentarse el jueves pasado, le dio un nuevo plazo hasta este martes para que se presente o entregue datos médicos completos.

 

 

Clarín

El fiscal Omar Rodríguez que actúa en la causa El Embrujo, hizo esa referencia al participar hoy de una audiencia efectuada para saber si existe algún tipo de convención probatoria en cuanto a acordar el ingreso o prescindir de algún testigo que está ofrecido.

“Generalmente todos los instrumentos, la documentación, es ingresada a través del testimonio por ejemplo un acta de allanamiento y en ese acta firman varias personas varios policías nosotros ofrecimos todos los que han firmado el acta, pero por ahí con el acuerdo de las partes podemos prescindir de algunos de los policías y en vez de hacer venir a cuatro policías para que ratifiquen el acta y el contenido de la misma, con dos ya sería suficiente, entonces esa es una forma de achicar al menos la cantidad de testigos”, dijo Rodríguez al término de la misma.

Y sobre si se espera algún otro tipo de audiencia antes del juicio y la morigeración de algunas presiones, dijo que va a haber una de la que están a la espera para ver si la fijan o si hay alguna interpretación de que no, en el sentido de que mañana se cumple un año de las detenciones del primer grupo.

“Generalmente se revisan cada seis meses, pero nosotros entendemos que no se debe fijar fecha mañana porque la audiencia preliminar donde se volvió a discutir toda la cuestión de las medidas de coerción fue en octubre, y todavía no transcurrió el plazo de 6 meses”, indicó en declaraciones emitidas por FM La Petrolera 89.3 MHz.

En tal sentido, dijo Rodríguez que “será una modalidad de tres veces por semana: martes miércoles y jueves de mañana y de tarde es el horario que han fijado para la actividad del debate”.

En cuanto a la situación del detenido Federico Gatica, dijo que el Juzgado Federal rechazó la postura de la cuestión Federal: “entiendo que el defensor ha apelado, pero el Tribunal hasta ahora no ha resuelto ninguna situación o ha solicitado al Federal pedir el expediente o la carpeta relacionada con Gatica. En principio va a ser juzgado en la órbita ordinaria”, deslizó.

Mientras tanto en torno a cómo llegan el Ministerio Público Fiscal y él en lo personal a este juicio, sostuvo que arriban bien, con mucha expectativa. “Nosotros somos muy optimistas en el sentido que existe muchísima información y evidencia que si logramos pasar eso en el juicio, creo que vamos a conseguir las condenas que estamos buscando”.

“La situación de Diego Correa como jefe y en función de todo lo que se le reprocha, tiene un piso de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, como también los distintos miembros de la banda como por ejemplo Luthers para quien hemos pedido seis años -siempre de mínimo- y de ahí en más puede ser que suba la pretensión”, concluyó.

El Comodorense

El jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, anunció que el titular de seguridad interna de Alcaidía, Pedro Muñoz, y un agente de apellido Casteli fueron pasados a disponibilidad. Constataron que Diego Correa le consiguió un hotel gratis en Puerto Madryn a uno de los denunciados.

El Chubut adelantó en forma exclusiva en la edición del sábado sobre un allanamiento al pabellón Nº 7 de la Alcaidía de Trelew, donde se encuentra alojado Diego Correa, exfuncionario que está imputado por la conformación de una asociación ilícita para lavar dinero y conformar una caja negra de la política. En diálogo con El Chubut, Gómez confirmó los procedimientos y agregó que también hubo un allanamiento en la celda de la Comisaría Primera de Puerto Madryn en donde está detenido Sandro Figueroa, imputado en la causa Embrujo por lavado de activos.

“La semana pasada verificamos que había actitudes del jefe de seguridad interna de la Alcaidía, Pedro Muñoz, que ameritaban esclarecer la situación”, relató Gómez. En este marco y con elementos probatorios contundentes, presentaron la denuncia en Fiscalía.

“Cuando entramos encontramos a Correa en su celda hablando por teléfono”, precisó el Jefe de la Policía. Asimismo, un agente de la fuerza de seguridad que se desempeña en la Alcaidía, reconoció en el allanamiento que “le había prestado el teléfono a Correa”, algo que para Gómez “es claramente incorrecto”.

Remarcó que del calabozo de Correa “secuestramos el teléfono que le había dado el policía Casteli, chips de celulares, pen drive y una tablet”. No obstante, también secuestraron el celular de Muñoz, porque tenía prueba fehaciente de que le otorgó beneficios a Correa a cambio de alojamientos gratuitos.

“Le daban beneficios a Correa a cambio de que el detenido le consiguiera alojamiento gratis a Muñoz en un hotel céntrico de Puerto Madryn”, aseveró Gómez . El líder de la fuerza policial provincial ratificó que pudieron constatar que el jefe de seguridad interna de la Alcaidía se alojó gratis en un Hotel y aclaró que las gestiones “las hizo Correa”.

Con respecto al allanamiento a Figueroa en Puerto Madryn, el resultado fue negativo, aunque desde Jefatura de Policía indicaron que “pudimos reconstruir que hacía llamados telefónicos”.

Pase a disponibilidad

“Muñoz y Casteli fueron pasados a disponibilidad preventiva, que significa el cercenamiento de los haberes y la quita de todas las facultades inherentes al servicio policial”, sentenció Gómez.

El Jefe de la Policía describió que con esta medida, los denunciados cobrará entre un 35 y 40 por ciento del total de sus haberes.

El Chubut

En una requisa en la Alcaidía secuestran celular, chips y tablet a Diego Correa y apartan al Jefe de Seguridad del establecimiento carcelario. A uno de los policías le pagó vacaciones en hotel de Madryn.

En una requisa efectuada en el pabellón donde está detenido Diego Correa, el ex secretario privado del gobernador Mario Das Neves, se encontraron celulares, una notebook, una tablet y dos chips por lo que apartaron al jefe de seguridad de la Alcaidía.

Correa está imputado en las causas “Embrujo” (a punto de iniciar el juicio) y “Revelación”, entre otras en las que se investigan hechos de corrupción. Otro policía también fue puesto en disponibilidad.

Este sábado se dio a conocer que el jefe de seguridad interna de la Alcaidía de Trelew, Pedro Muñoz, fue separado de su cargo de manera preventiva después de que se encontrasen en el pabellón donde está Detenido Diego Correa, diversos elementos no autorizados.

Muñoz es investigado ahora por presuntas dádivas, cohecho y tráfico de influencias.

Diego Correa, ex titular de la Unidad Gobernador durante la tercer gestión del gobernador Mario Das Neves, fue funcionario del Gobierno hasta el año pasado, cuando fue detenido por la causa “Embrujo”, la cual fue la “madre” otras tantas que se iniciaron por presuntos hechos de corrupción en el Estado provincial.

El ex funcionario fue aprendido en aquella ocasión en la vía pública acusado de “asociación ilícita, lavado de activos y acciones incompatibles con la función pública”, entre otros cargos. Cabe señalar que las causa de mayor relevancia son “Embrujo” y “Revelación”, la primera a punto de comenzar en juicio y la segunda a la espera de la presentación de la acusación formal.

En cuanto al procedimiento realizado en la Alcaidía local, el jefe de la Policía del Chubut, comisario mayor Miguel Gómez, confirmó que se concretó porque “teníamos una investigación que apuntaba a que el interno Diego Correa lograba condiciones de privilegio a cambio, aparentemente, de beneficios para algunos funcionarios de la repartición policial”.

Por este motivo, el comisario Gómez confirmó que “se decidió poner en disponibilidad al Jefe de Seguridad de la Alcaidía” local.

De acuerdo a lo trascendido, la investigación está a cargo del fiscal Alex Williams y en el pabellón de Correa se secuestraron: una tablet, una notebook, celulares y dos chips telefónicos, uno de Correa y el restante de Ariel Rojas, su compañero de celda, detenido por homicidio.

Además se indicó que al momento de actuar, los uniformados de “asuntos internos” se encontraron con que Correa utilizaba además un celular de otro Policía para comunicarse, agente que también fue puesto en disponibilidad.

Asimismo, y mientras se concretaba esta requisa, se allanó la Comisaría Primera Puerto Madryn y allí le secuestraron elementos a otro de los detenidos por “Embrujo”, Sandro Figueroa, quien actuaba en una especie de “red de tráfico de influencias” en el interior del sistema carcelario madrynense.

De acuerdo a la sospecha de la cúpula de la Policía provincial, Correa estaba ganando poder interno en la Alcaidía gracias a sus contactos políticos y económicos fuera del establecimiento de detención, para lo cual se valía de otros internos con quienes compartía algunos “beneficios” a cambio de “protección”.

Los investigadores tienen acreditado que entre los favores que logró Correa para sus carceleros, figuran vacaciones pagas en un hotel de Puerto Madryn.

madrynoticias.com

El juez de garantías Marcelo Nieto De Biase hizo suya la postura de los fiscales y resolvió endurecer las medidas coercitivas contra otros dos ex funcionarios de la gestión de Mario Das Neves al frente de su última gobernación en la provincia del Chubut.

Se trata de quien fuera su director de ceremonial Oscar Alarcón que durante tres meses deberá ir de su casa al trabajo y del trabajo a la casa –único deambular permitido-, con una tobillera electrónica que mediante un satélite controlará sus movimientos.

El otro es David Dahhur, ex director de relaciones institucionales de la Lotería provincial que está imputado de organizar las maniobras en lo que los investigadores consideran, se trató de una asociación ilícita encargada de estafar al estado mediante contrataciones realizadas por el Instituto de Seguridad Social del Chubut.

La medida de prisión preventiva se hizo extensiva a Diego Correa considerado el jefe de la asociación ilícita que desde la Unidad Gobernador que conducía, está considerado el cabecilla de varios ilícitos a tal punto que ya se encuentra en prisión desde el mes de marzo pasado, involucrado en las causas “Embrujo” y “Revelación”.

Fiscales

La decisión se tomó ayer en una audiencia de apertura de investigación solicitada por fiscales de la Unidad Fiscal Especial que atiende casos de corrupción en la administración pública del Chubut y que fuera creada a principios de este año por el procurador general Jorge Miquelarena.   Se trata de los fiscales generales Alejandro Franco, Fabián Papaiani y Héctor Iturrioz que llegaron a esta instancia del proceso mediante una paciente y engorrosa investigación previa, acompañados por los ex comisarios Julio Blanco y Fernando Amandi, del Equipo Técnico Multidisciplinario con el que cuenta el Ministerio Público Fiscal del Chubut.

En la investigación  surgieron lazos de estas maniobras en Lotería, con el accionar del grupo que se encuentra involucrado en la causa “Embrujo”. Los fiscales indicaron que este grupo de imputados “montaba toda una infraestructura con dineros obtenidos ilegalmente y que ahora son parte de la causa Embrujo”, para destinarlos a seguir estafando al Estado mediante las contrataciones en Lotería”. Consideran que los imputados pueden entorpecer la investigación o fugarse habida cuenta de la pena que les podría caber.

“Prestanombres”

Por el mismo caso fue imputado Martín Vallejos, un joven del barrio Río Chubut de Rawson propietario de una pequeña empresa de sonidos y considerado por los fiscales un “prestanombre” al momento de la necesidad de simular concursos de precios para concretar espectáculos de promoción en los sorteos y telebingos que realizaba ese organismo. Vallejos no podrá salir del país ni mantener ningún tipo de contacto con testigos o los otros imputados.

Los fiscales consideraron que la estafa mediante las contrataciones de casi dos centenares de eventos a la empresa Sono Eventos ligada directamente a Dahhur, perjudicó al Estado provincial en unos dos millones de pesos. Por ello, el caso fue considerado como grave, teniendo en cuenta además la expectativa de pena en contra de los principales imputados, que prevé un mínimo de cinco años de prisión.

Ausencias

Otros imputados en este caso como Diego Luter y  Federico Verdeau no estuvieron en la audiencia. Luter se encuentra detenido involucrado también en los casos “Embrujo” y “Revelación”. Si bien fue trasladado por la Policía hasta la Oficina Judicial, su abogado defensor Lisandro Benitez llegó tarde por el corte de rutas que se produjo ayer por parte de manifestantes del gremio SUPA.

En el caso de Federico Verdeau, no asistió porque su abogado defensor Emilio Galende se encuentra en la Capital Federal. Para ambos se realizará otra audiencia.

Dahhur fue defendido por Carlos Conti, Correa por Fabián Gabalachis, Alarcón por ..Santos y Martín Vallejos fue asistido por el defensor oficial Miguel Angel Moyano. La audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, se inició pasadas las 12 de ayer y terminó cerca de las 17.

El exjefe de la Unidad Gobernador y principal imputado en la causa Embrujo, Diego Correa, se mandó a hacer en enero de 2017 una parrilla de acero inoxidable para su casa por $272 mil pesos, según contó el fiscal Omar Rodríguez en la audiencia preliminar que comenzó este martes y continúa hoy miércoles en la Oficina Judicial de Rawson. Este martes, su esposa, Natalia Mac Leod -también imputada en la causa- sumó otro dato de color con una original remera con la frase: “Te obedecí hasta donde pude, mi genio amor”, en alusión a un tema de Los Redondos.

Luego de que una de las imputadas en la causa Embrujo, Natalia Mac Leod -esposa del supuesto jefe de la asociación ilícita, Diego Correa- luciera una remera con una original frase en la audiencia preliminar que comenzó este martes en Rawson, se conoció que la parrilla que se mandó a hacer en enero de 2017 del ex jefe de la Unidad Gobernador costó $272 mil pesos, dato que ya genera indignación de usuarios en redes sociales que cuestionan el elevado monto de dinero para realizar tan sólo un fogón hogareño.

La polémica parrilla de acero inoxidable realizada por Diego Correa para su casa de la esquina de French y Beruti, en Playa Unión, salió $272 mil pesos hace casi dos años, cuando el ex jefe de la Unidad Gobernador imputado como presunto jefe de la asociación ilícita todavía no era investigado.

 

 

ADN Sur

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez ampliaron las imputaciones por la causa «Embrujo». A Diego Correa los investigan por asociación y enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, revelaron que Dual Core compró seis terrenos en Lago Puelo.

En la audiencia estuvieron presentes Correa, Diego Luthers, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa y Juan Carlos Ramón. La única ausencia fue la de Federico Gatica, quien no asistió porque su calificación como imputado no tuvo cambios.
Las nuevas imputaciones recaen sobre Correa, Mc Leod y Figueroa. En el caso del exsubsecretario de Unidad Gobernador y Figueroa, se añadió la figura de lavado de activos a través de las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting. En el caso de Mc Leod, los fiscales le atribuyen ser «interpósita persona», es decir, aparentaba obrar por cuenta propia, pero intervenía por encargo y provecho de otra, en este caso, su pareja Diego Correa.

Williams precisó que Correa «incrementó su patrimonio al menos en 35 millones de pesos entre 2003 y 2017». Esta valuación solo involucra bienes como la construcción en Playa Unión con pileta y tres dúplex, chacras, propiedades en Trelew y Rawson, seis terrenos en Lago Puelo y siete vehículos: una Hyundai Tucson, un Mercedes Benz, una Hyundai H1, una Ford Ranger, un Fiat Palio, una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.

En las audiencias estarán presentes Diego Correa y el ex ministro de Economía, Pablo Oca. Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz imputarán a los dueños de las compañías por «cohecho activo».

Los empresarios Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanelli de Constructora Capman; Carlos Manuel Castro Blanco de Apicons Elaborados S.A.; Luis Igarzábal de OCP Ingeniería y Construcciones S.R.L.; Gustavo Moretta de Libra Construcciones S.A.; Fernando Quistani de Habitar S.R.L. y Jorge Andrés Barrionuevo, José Rossi y Juan Riquelme de Ingeniería y Proyectos Electromecánicos (IPE) S.R.L. serán imputados formalmente hoy por la causa «Revelación» que investiga el pago de retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política.

Los titulares de las siete empresas serán imputados por «cohecho activo» en concurso real, mientras que la tipicación del delito para Correa y Oca es por «cohecho pasivo» en concurso real, por lo cual deberán responder en carácter de autor (Correa) y partícipe primario (Oca).
EL CHUBUT accedió en forma exclusiva al documento de imputación que leerán los fiscales en las audiencias de hoy.
«Existen elementos de convicción suficientes para tener a Capandeguy y Manzanelli como presuntos coautores de los delitos que se investigan», precisa la imputación para los siete empresarios de la construcción.

RETORNOS POR $ 897.000

Según consta en la imputación, la empresa que está bajo la órbita de Barrionuevo liberó 12 cheques vinculados al pago de coimas por un total de $ 896.929,02.

El primero de ellos fue despachado en abril de 2017 por un total de $ 109.746,03. El 22 de mayo del mismo año, la empresa giró tres cheques por $ 114.487,66, $ 42.936,80 y $ 64.716,80.

«Los aportes ilegítimos se reeditaron en el mes de julio de 2017 cuando el empresario hizo entrega al funcionario de cuatro cheques: dos de $ 64.716,80, un tercero por $ 57.692,61 y el último por $ 74.673», expresa el documento elaborado por los fiscales Iturrioz y Nápoli.

Por último, en septiembre de 2017 hizo circular cuatro cheques más, de los cuales tres fueron por $ 39.697,16 y el último por $ 1.718,82.

De esta manera, entre agosto y diciembre de 2017, desde el Ministerio de Economía inyectaron en las cajas de IPE un total de $ 13.549.318,99.

CON CHEQUES AJENOS

La empresa Apicons también tenía saldos pendientes y en este marco habría recurrido al mismo mecanismo. En total habría librado cinco cheques, con un detalle llamativo, y es que fueron aportados por otras empresas.

El primero de ellos fue en junio de 2017 por $ 47.869,20; en tanto que los otros cuatro fueron el 1 de septiembre de 2017: $ 20.000; $ 20.008; $ 22.150; y $ 122.355.

La sumatoria de todos los pagos efectuados alcanzó la suma de $ 232.582,20. Como consecuencia de esto, Oca y Correa habrían liberado pagos a Apicons por al menos $ 11.972.870,99 entre octubre de 2016 y junio de 2017.

OCP ENTREGO 9 CHEQUES

«Durante los meses de marzo y abril de 2017, la firma OCP entregó a Correa nueve cheques (varios de distinta nominación) que compusieron un monto total de $ 421.300 de acuerdo a los cheques incautados», enumera el documento de imputación al que accedió EL CHBUUT.

Como consecuencia de estos pagos, el gobierno provincial habría destrabado desembolsos por $ 5.818.539 en beneficio de la firma OCP.

HABITAR RECUPERO $ 13,4 MILLONES

Debido a los presuntos pagos de coima, la empresa Habitar habría recuperado $ 13.480.238,47 que el Estado provincial le debía por obras realizadas. La amortización fue realizada entre octubre de 2016 y junio de 2017.

Para eso, el empresario Quistani habría aportado siete cheques. Los primeros cuatro en agosto de 2016 por $ 24.987,69; $ 20.000; $ 20.000 y $ 22.000.

En mayo y junio de 2017, la empresa habría repetido el mecanismo, entregándole a Correa dos cheques por $ 57.543,89 y $ 18.687,32. Por último, el 28 de diciembre de 2017, la compañía efectuó una nueva entrega al funcionario de Unidad Gobernador por $ 93.062 en dinero en efectivo.
Los siete cheques hicieron una sumatoria final de $ 256.280,90.

EL CASO DE CAPMAN

La empresa Capman tenía créditos pendientes con el Estado provincial, producto de certificaciones de obra ya gestadas y respecto de los cuales no se confeccionaban las órdenes de pago.

«Ante tal situación, Capandeguy, y a sabiendas que Diego Correa era quien decidía qué empresas constructoras percibían las acreencias que tenían con el Estado provincial y cuál no, se reunieron y le ofrecieron pagarle una suma dineraria en concepto de ‘retornoï a fin de que ordenen la liberación de los pagos respectivos», detalla el informe de imputación.

Según el documento, Capandeguy habría entregado tres cheques a Correa por un total de $ 98.645. La operatoria se reiteró en al menos dos ocasiones más: cinco cheques por un total de $ 113.640,88. De esta manera, la sumatoria final por todos los cheques ascendió a $ 212.285,88.

«La entrega de las dádivas generó que Oca, alertado por Correa de la efectiva percepción de las sumas, ordenara pagos por al menos $ 3.268.478,62 entre mayo y octubre de 2017, en beneficio de Constructora Capman», reza el documento.

LA DE MENOS APORTES

Según los fiscales, la empresa Libra Construcciones habría liberado solamente dos cheques por 15.000 pesos cada uno.
Como consecuencia del supuesto pago de coima, la compañía radicada en Puerto Madryn habría recibido el pago de certificados de obras por un valor de $ 1.285.276.