Tag

Corcovado

Browsing
El Gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, hizo hincapié en la compleja situación energética en los pueblos del interior, el cual colapsó debido a la falta de mantenimiento e inversión.
“El problema energético en el interior de la provincia no se resolvió en años y ese problema hoy colapsó. Estamos con una matriz energética vetusta, los equipos no han tenido ni un solo mantenimiento en 6 años por falta de pago. Aún en las mejores épocas de la provincia nunca se pensó en buscar una reconversión de la matriz energética”, expresó Arcioni.
Asimismo, señaló que “tenemos un problema serio y lo estamos solucionando. Estamos alquilando equipos, manteniendo otros, pero lo solucionamos a corto plazo y, en paralelo, debemos pensar en una reconversión de la matriz energética en el interior”.
A modo de ejemplo, el Gobernador Arcioni manifestó que en Corcovado “un equipo térmico consume entre 4 mil y 5 mil litros de gasoil por día, con el costo y contaminación que ello implica y hoy estamos trabajando en un proyecto para poder instalar una turbina hidráulica y poder darle energía renovable a Cerro Centinela, Corcovado y Carrenleufú”, concluyó Arcioni.
La Justicia Federal condenó a cinco años de prisión a una pareja de comerciantes bolivianos por el delito de trata de persona para explotación laboral. Ancelma Alina Quena y Germán Janco Choque, alias “Choco”, reclutaron a la joven P.C. en Oruro, Bolivia, y la llevaron a la “Tienda Universo” en Corcovado, abusando de su situación de vulnerabilidad. El local fue decomisado. La sentencia fue comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones y la firmaron Nora Cabrera de Monella, Alejandro Ruggero y Jorge Chávez. La pareja tenía otra tienda en Trevelin.
La causa se inició en julio de 2014 cuando la víctima denunció en la Comisaría de Corcovado que un tiempo antes, Quena la había traído a Chubut desde Bolivia con una promesa laboral, hecha en la calle de Oruro. El acuerdo se cerró con consentimiento de los padres. Ingresaron al país por un camino no habilitado del paso Villazón – La Quiaca. El destino era Buenos Aires pero sólo estuvieron tres días en un hotel frente a Retiro. Quena le quitó la documentación.
Siguieron viaje a Corcovado y P.C. terminó trabajando en “Tienda Universo”. Estuvo unas tres semanas y se animó a ir a la Policía. Según denunció, “tiene miedo por su integridad física ya que es una persona muy agresiva verbalmente, prohibiéndole hablar con su papá, mamá o tía que vive en Baradero en Buenos Aires. Tiene miedo de quedarse sola en la tienda por miedo que venga la señora Anselma y su marido y le hagan algo”.

Operativos
La Justicia Federal de Esquel dispuso allanamientos en Trevelin y Corcovado. El 21 de julio de 2014 de medianoche hubo procedimiento en avenida San Martín 419 de Trevelin, tienda “La Elegancia”. Estaba la pareja acusada. Quedaron detenidos.
En simultáneo se allanó “Tienda Universo”, calle Los Radales en Corcovado. La propia víctima abrió ya que tenía llave. Había una habitación grande con mucha ropa y en el fondo un cambiador; una cocina, un baño y una precaria habitación donde P.C. dormía y vivía desde que llegó al local. Se secuestró una cédula de identificación de Quena. Se llevaron dos bolsas de ropa de la denunciante, quien entregó la llave del negocio y $ 9.434. Era plata de Quena y de ahí sacaba para comer y otros gastos.
Rescatada, fue alojada en el Hogar Refugio Cumelcan de Esquel. Le devolvieron su Cédula de Identidad y su certificado de nacimiento de Bolivia.
A las 3.30 del otro día se allanó otra vivienda de calle Coronel Holdich s/n de Trevelin. Ya detenido, los acompañó Choque para abrir. Había una habitación, un baño y en una cocina comedor y un TV. Todo desordenado. “La vivienda lucía abandonada, en malas condiciones de higiene, el colchón estaba tirado en la cocina, papeles, cosas sucias, ropa desparramada en el piso y utensilios sucios”. Estaba el certificado de nacimiento de P.C., documentos de identidad de la pareja, $ 15.020 y tickets de pasajes de Liniers a Bariloche.
Se probó que los imputados y P.C. habían ingresado al país el 23 de mayo del 2014. La pareja pagó todos los gastos del viaje. La habían contactado en Bolivia para ofrecerle trabajo en Buenos Aires por una paga mensual de 250 dólares y “bienestar económico”. Pero en cambio la llevaron a Corcovado. Trabajó y vivió en “Tienda Universo”. Eran condiciones precarias: dormía sobre un elástico de madera con cartones, sin colchón, en pleno invierno.
Se aprovecharon de la situación personal de la joven: deseosa de trabajar, pobre, extranjera, incomunicada y sin familiares en la zona. “Con la generación lógica de incertidumbre sobre su presente y futuro que significaba un estado de vulnerabilidad. P.C. estaba atrapada en esa situación hasta que pidió auxilio a la Policía”. A miles de kilómetros de sus afectos y su país, “constreñida a trabajar y vivir en ese lugar, con poca libertad para moverse en un lugar desconocido, aislada y en situación de precariedad”.
“Los imputados querían en beneficio propio la fuerza laboral de otro de manera abusiva y P.C. no tendría más opción que someterse dado el lugar en donde se hallaba, en otro país, y no se abonaría su salario”.
Sometida a la servidumbre, sólo obtenía cama y comida. El alimento “es una mínima inversión de aquel que se aprovecha del reducido a servidumbre para sostener su capacidad de producción, son instrumentos de que se vale el autor para que subsista y para que el sometimiento carezca de complicaciones”. La intención era pagarle en un plazo incierto, de tres meses a un año.

Angustia
El informe psicológico del Juzgado de Familia entrevistó a la muchacha y expuso un “relato con angustia y temor” ya que advirtió “no querer estar en un lugar donde no se podía ir, no tenía su DNI, pedía pruebas que quería llevar para demostrar porque quería volver, las condiciones económicas que la determinaron a venir, no estaba en condiciones de decidir”.
“Estaba entrampada en condiciones económicas de subsistencia; la decisión de irse la tenía pero había variables como la falta de documentos, estar lejos, incomunicada, no había tenido contacto con su familia, pensaba que después tenía que rendir cuentas en Bolivia. No le era fácil volver”.
Sus pocas comunicaciones fueron mensajes de texto para rendir a su patrona Quena la recaudación diaria.
Es muy sugerente la conversación del imputado con un hombre interesado en una chica para llevarla a trabajar a Buenos Aires. Choque aparece como intermediario. Era junio de 2014: “Don German La chc. Cuantos años tiene” y del mismo abonado: “Don German ablamelo ala chica yo boya ocupar un año y si se costumbra puede ser mas ! y d pasaje d bol.ablamos ?”.
Gregorio y Sebastiana, padres de la chica, dijeron que habían autorizado el viaje y acordado las condiciones de trabajo con Choque. Serían tres meses con opción a un año, por el pago mensual de 250 dólares más techo y comida. El 21 de julio de 2014, fecha de los allanamientos, Choque les dijo por teléfono que su hija quería irse y ellos le pidieron que no, por seguridad de su hija. “Sin embargo su hija en forma caprichosa abandonó el lugar, lo que ocasionó malentendidos y perjuicios tanto para Choque como para su hija. Sólo estuvo un mes y quince días”.
Pero desde la Secretaría de Niños, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hubo otra versión: se comunicaron con el padre en agosto de 2014 y denunció que recibía llamados de los imputados amenazándolo para que le hiciera cambiar la declaración a su hija. Incluso la hermana de Quena fue hasta la casa familiar en Oruro y les pidió viajar a Chubut para resolver la denuncia. Se acordó retrasar el regreso de la víctima hasta garantizar su seguridad.

ADN Sur
En el marco del Programa de Prevención que se lleva adelante fuera de la temporada de incendios, Personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Subsecretaría de Bosques e Incendios del Ministerio de la Producción, trabaja en la concreción de actividades preventivas en las localidades de Corcovado, Carrenleufú y Alto Río Senguer.
Por un lado, la brigada de Corcovado se encuentra colaborando en el acondicionamiento del camping municipal de la localidad. Allí se están manejando los sauzales que dificultan el acceso a la costa del río,con el fin de facilitar el ingreso en caso de incidentes, pero también para mejorar el espacio de recreación.
También, se están llevando adelante tareas de extracción de árboles propensos a caerse en caso de tormenta o nevada, de todos los predios de las escuelas locales. 
Por su parte, la base de Carrenleufú, está extrayendo árboles que afectan el tránsito sobre la ruta provincial N°44, entre la localidad y el puente a Corcovado. El objetivo de dicha actividad realizada de manera coordinada con el municipio, es disminuir el material combustible a la vera de la ruta y al mismo tiempo mejorar la visibilidad para los automovilistas. 
Finalmente, en Alto Río Senguer el personal está haciendo podas de altura en árboles frente a la escuela provincial N°106, para minimizar el peligro de que las ramas caigan sobre el establecimiento.

La semana pasada se conocía la decisión del juez Martín Zacchino, de dictar la absolución de todos los acusados por los delitos de violación de los deberes de funcionarios públicos y defraudación por administración fraudulenta. Realizamos aquí un extracto de algunos de los argumentos en los que fundó su decisión.

Zacchino inició su sentencia destacando la calidad y amplitud de los argumentos llevados por las partes e indicando que esto facilitó su tarea.

Es a mi criterio que hay solo dos andariveles posibles para abordar este caso: uno, centrando toda la atención en la historia de la ocupación Torres/Larrea, su antigüedad, su forma de ejercerla, su duración y permanencia, el reconocimiento estatal de la misma, las aristas más salientes del derrotero administrativo que pudieron haber tenido las actuaciones, ya sea, bajo la órbita de administración del Instituto Autárquico de Colonización y I Fomento Rural (en adelante, IAC), ya sea bajo la administración del municipio de Corcovado y, fundamentalmente, la validez y alcance de aquéllas decisiones del poder administrador respecto de los ocupantes de la tierra y respecto de la tierra misma.

El otro, enfocando exclusivamente en la acreditación o descarte de la comisión de alguna conducta prohibida por la ley que pueda constituir un delito. La segunda opción no sólo es la correcta, sino que es el caso que se me trajo para resolver.

Esta elección no significa, de ninguna manera, que los aportes vinculados al trámite administrativo deban ser descartados; por el contrario, he de abrevar de aquél para descubrir y resignificar contenidos y poder emparentar conductas con resultados logrados a través de aquéllas.

El análisis particular

El juez se ocupó de resaltar que su decisión pone la lupa en el caso concreto, con sus aristas y características propias, lo que no implica un modo de interpretación general, ni es aplicable a otros casos que pudieran tener algunas semejanzas. 

Va de suyo que el presente análisis estará dirigido a determinar si el caso “concreto”, con sus aristas salientes, características propias y detalles singulares de su tramitación, ha constituido delito y, en tal caso, si por ello corresponde imponer pena a alguna persona.

Pero de ningún modo puede entenderse esta decisión como un patrón a seguir de aquí en adelante al momento de decidir los funcionarios políticos si este tipo de negocios pueden hacerse o no.

Lejos está la labor de éste Tribunal de zanjar tamañas definiciones sobre asuntos no traídos a decisión y que a priori se desconocen.

Reconocimiento administrativo de derechos

… Es evidente que el poder administrador, ya sea el IAC hasta el año 2000, y el Municipio de Corcovado de allí en adelante, ha reconocido sobradamente en la persona de María Josefa Larrea, derechos de ocupación sobre las tierras en cuestión, ya sea por sí, como la “señora de Torres”, como sucesora del mismo tras su fallecimiento, como administradora de la sucesión y representante de las demás herederas… No ha podido ser probada ninguna circunstancia que haya hecho tambalear la estabilidad del reconocimiento estatal frente a la real ocupación sostenida por Josefa Larrea… El proyecto productivo estaba sobradamente cumplido, evaluado (inspecciones del IAC, por ejemplo), y pacífica y públicamente ejercido desde hacía años. No ha logrado el Ministerio Público Fiscal aniquilar probatoriamente estos extremos con la sola referencia de que Larrea eligió asentarse en Esquel.

El valor de la tierra

Uno de los requisitos para que se tenga por probado el tipo penal es que haya habido perjuicio para la Municipalidad. A criterio del juez no lo hubo y no era exigible otra conducta que la realizada a los Concejales.

No me figuro a los Concejales sopesando beneficios inmobiliarios para hace un buen; negocio en favor de la Municipalidad, pues esta especulación es para ellos prohibida y ajena a sus labores como funcionarios públicos.

No pierdo de vista para hacer esta digresión, que, aun sospechando que la, ocupante vendería luego (o podría vender), el punto a decidir en el seno del Concejo Deliberante no era ponerle un valor al campo, sino un precio de venta a María Josefa Larrea, cosa muy diferente…

¿Pueden hacerse jugar en perjuicio de los imputados todas estas circunstancias prácticamente inmanejables para funcionarios públicos que, antes de serlo son ciudadanos comunes -docentes, amas de casa, carpinteros, electricistas- que fueron, además, asesorados técnica y legalmente? La interpretación posible, al menos en este punto, habré de sopesarla en su favor por aplicación del principio in favor rei y por imperativo legal (arts. 44 de la Constitución Provincial, 28 del Código Procesal Penal)…

En atención a lo expuesto hasta aquí, corresponderá determinar si, de todos modos, ha existido aquél perjuicio económico o patrimonial detectado en la Acusación pública, al autorizarse la venta del campo en los valores discriminados en la Ordenanza 742/11: 13 hectáreas, 00 áreas y 76 centiáreas en un valor de pesos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro ($ 84.994 Y 219 hectáreas, 70 áreas y 19 centiáreas en un valor de 17 U$S 2.070.000. 18 Circunscripción 1, Sector 1, Fracción 51. Página 52 de 64  PROVINCIA DEL CHUBUT PODER JUDICIAL pesos un millón cuatrocientos veintiocho mil ciento setenta y tres con cincuenta centavos ($ 1.428.173,50).

La voluntad de dañar el patrimonio administrado 

Debe remarcarse que la acción típica del delito defraudatorio acusado es el de violar los deberes, en función del manejo, administración o custodia de los bienes ajenos que ejercieran los funcionarios implicados en el caso, esto es, exceder arbitrariamente las facultades conferidas mediante actos no permitidos o incumpliendo obligaciones acordadas.

 Ello debe haber tenido, como resultado, entonces, perjudicar los intereses confiados o el de obligar abusivamente al titular de éstos…

No advierto -con la certeza requerida en este crucial estadio procesal que haya existido un detrimento patrimonial para la Corporación municipal de Corcovado que haya implicado, a su vez, reducción de su patrimonio…

Zacchino indicó que además de probarse el perjuicio es necesario acreditar que las conductas analizadas se emprendieron con la voluntad expresa de dañar el patrimonio administrado, lo que conlleva a considerar, por añadidura, que el dolo debe estar directamente dirigido a ese fin.

Esa voluntad, a su turno, también debe estar direccionada a procurar, para sí o para un tercero, un lucro indebido o causar al titular, un daño de naturaleza económica.

No ha quedado acreditado el perjuicio económico o el lucro indebido en favor de un tercero… no ha sido probada una violación de deberes en función del manejo o administración de los bienes municipales, o un exceso arbitrario de las facultades conferidas al Intendente mediante actos no permitidos.

Desde el punto de vista de la participación achacada a los Concejales, si no ha existido un accionar defraudatorio por parte del autor, mal hubiesen podido participar en él.

Continuó su análisis el juez indicando que no se ha logrado construir probatoriamente el tipo subjetivo de la figura, esto es, la deliberada intención de perjudicar los intereses confiados en base a aquélla administración.

En base a ello, tampoco corresponde sostener la participación necesaria de María Josefa Larrea, lo que a su respecto me conduce necesariamente a inclinarme por la absolución.

Sobre las ordenanzas, indicó que no encuentra ninguna contradicción entre el dictado de la Ordenanza 742/11 y la Ordenanza 751/11 con las Ordenanzas reglamentarias del régimen de Tierra Fiscal de Corcovado 571/08 y su modificatoria 744/11.

Coincido con los Fiscales en considerar que la tierra no había sido pagada íntegramente, extremo que obstaba al dictado tanto de la ordenanza como de su promulgación…

Sin embargo, y pese a ello, la disposición patrimonial se materializó efectiva y constitutivamente el 12 de marzo de 2012 al suscribirse la Escritura traslativa del dominio.

Dicho de otra manera, amén del desacierto de la ordenanza y la resolución municipales anticipadas, para el caso de no haber pagado la señora Larrea, bien pudo no firmarse la Escritura.

Si bien esta afirmación es hipotética, no menos cierto es que nos aleja sensiblemente del potencial perjuicio constitutivo de la acusada maniobra defraudatoria y aún en el supuesto de subsistir, como adelanté, el tipo penal del art. 248 del Código Penal, debiera haberse probado el carácter abusivo y arbitrario de las acciones contenidas en el tipo

El nuevo establecimiento se puso en marcha en la Escuela Nº 568 CSAC, a la que concurren niños con capacidades diferentes.
La secretaría de Pesca del Chubut, que conduce Adrián Awstin, a través de la Dirección General de Pesca Continental a cargo de Randal Thomas, inauguró una nueva estación de piscicultura en la Escuela Nº568 de la localidad de Corcovado, a la que concurren niños con capacidades diferentes.
Durante el acto inaugural, Thomas celebró la “puesta en marcha de un nuevo emprendimiento piscícola dentro de un establecimiento educativo, lo que deja en evidencia que cuando las cosas se quieren hacer, se pueden hacer”.
“Se trata de una piscicultura que se había comenzado a construir hace muchos años atrás y había quedado en desuso, con lo que se tuvo que restructurar completamente”, señaló y destacó que “contamos con la colaboración del municipio de Corcovado”.
Y agregó que “tal y como hicimos con las otras pisciculturas que se fueron reactivando en diferentes puntos de la Provincia, aportamos mano de obra y asistencia técnica que será permanente, con colaboraciones de alimento balanceado y peces provenientes de la Estación de Piscicultura Arroyo Baguilt”.
Thomas aseguró también que “para la zona es fundamental la reactivación de éste establecimiento, porque permite el desarrollo de nuevas potencialidades en los jóvenes, además de una fuente de producción de alimentos propios”.
“Estamos en permanente trabajo para fomentar y alcanzar un desarrollo pleno de la actividad en todo Chubut”, cerró.

El Juez de Primera Instancia de Esquel, Dr. Martín Zacchino, dio a conocer esta mañana en esa ciudad el fallo en el cual resolvió absolver a todos los imputados en el caso por la venta de 240 hectáreas con costa del río en la ciudad de Corcovado, las cuales pasaron del Municipio de Corcovado a manos de inversores.

El fallo de primera instancia los encuentra a todos absueltos en relación a la acusación presentada por la fiscalía de la ciudad de Esquel por defraudación a la administración pública.

La fiscalía solicitó oportunamente el dictado de sentencia de responsabilidad respecto de Héctor Raúl Diez como autor penalmente responsable del delito de Defraudación por Administración Fraudulenta contra el Estado. De María Josefa Larrea viuda de Torres, María Roxana Novella, Gladys Raquel Austin, Héctor Jorge Bustos, Jorge Alberto Pereyra, Alejandra Cecilia Ocampo e Irma Díaz como partícipes necesarios en ese mismo delito. Y de todos, con excepción de Larrea, como autores del delito de Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos.

Los hechos
 
En el expediente del IAC, Josefa Larrea presentó una nota el 15/11/2002, donde reconoció que tiene adjudicación en venta con condiciones incumplidas (pago parcial y no hizo mensura) por 150 hectáreas.

Por las otras 90 reconoció que no tiene nada, ni nunca logró adjudicación en venta. Los fiscales creen que podría haberse amparado en estos derechos pero no lo hizo, tomó otro camino.

Cuando pasó la administración de tierras fiscales al municipio, Larrea y sus hijas contaban con la adjudicación en venta de 150 hectáreas, aunque no habían regularizado el pago y no se les había aprobado la mensura “que había sido observada por la propia comunidad de Corcovado quienes ya por entonces solicitaban poder tener acceso al balneario municipal”.

Los Fiscales sostienen que “poseían un derecho litigioso sobre las tierras evidentemente revocables…”

Cabe subrayar que diez días tomó el pase de titularidad de 240 hectáreas con costa del río Corcovado, de manos del Estado a las de dos inversores privados, quienes fraccionarion, lotearon y vendieron por importantes sumas.

Con la presencia de Héctor Raúl Diez, su defensora Graciela Conesa pronunció el alegato procurando graficar el proceso que llevó a la sanción y promulgación de las ordenanzas cuestionadas, la falta de perjuicio para el Municipio, la inexistencia de los elementos de los tipos penal acusados o en su caso, el error de los imputados. La tesis principal de las defensas es que se concluyó un trámite administrativo de un modo justo y que los acusados actuaron en ese entendimiento, no con intención de beneficiar a terceros o perjudicar a la comuna.

Conesa también basó su dictamen en la historia de vida de Larrea en el predio en cuestión y en los derechos que a su entender se desprenden de esta historia. Sostuvo que realizó actos de ocupación de ese predio durante cuarenta años “¿después de 40 años de todo esto, podemos pedirle un proyecto productivo?”, preguntó. También argumentó en contrario a la postura de la Fiscalía, que no se trataba de un derecho controvertido o litigioso, ya que había un reconocimiento generalizados de ese derecho, incluso por la gestión municipal que vetó el proyecto de ordenanza que años antes quiso regularizar su situación.

La abogada del ex intendente Diez, sostuvo que la Ley de Corporaciones Municipales habilita a los municipios a dictar sus propias normas y que esta es la lectura que ha realizado ya el Superior Tribunal de Justicia, según la jurisprudencia mencionada. Resaltó que no hubo ningún favorecimiento personal para los concejales, ni del intendente, ni de Larrea, reconociendo que esto tampoco formó parte de la postulación de la Fiscalía. Cuestionó la pericia contable y resaltó que no hubo perjuicio para la Municipalidad.

Conesa propuso reflexionar sobre el contexto político en que se sancionan estas ordenanzas. Habló de un HCD en el que se vivía un clima de grandes diferencias, que estaba conformado por distintas fuerzas políticas y que nunca se ponían de acuerdo. “Es impensado que un Concejo Deliberante con distinta conformación política se pusiera de acuerdo para delinquir… junto al intendente”.

Planteó la inocencia de su defendido y para el caso en que el juez considere que se dan los elementos objetivos de los delitos endilgados, el error de prohibición por haber recibido asesoramiento en el sentido en que se actuó de parte del asesor legal.

El juicio penal no es juicio moral

En el alegato fiscal, Fernanda Révori, aclaró a los imputados que no se cuestionaba la condición moral de la señora Larrea, por extensión tampoco la de ninguno de ellos. En el derecho penal se juzgan conductas a la luz de tipos penales, pero no las calidades personales de los sujetos.

Al finalizar los alegatos, la ex concejal Ocampo contó a los presentes como vivió el proceso como imputada y vecina de una comunidad pequeña como Corcovado. Su vivencia fue la de un juicio moral, ya que salvo aquella gente más próxima que la conoce, para el resto de la población hay sospecha de que hubiera habido un aprovechamiento personal y eso provocó un daño para ella y su familia. También hablaron Diez y Novella. Defendieron su inocencia, la falta de intención de infringir alguna norma y su convicción sobre el claro derecho de “Muñeca” Larrea de obtener el título de propiedad de esas tierras y luego venderlas si ese era su deseo.

Alegato Fiscal aquí    
Alegato de las defensas  aquí

Comenzaron los alegatos de las partes con ausencia de uno de los imputados. Héctor Raúl Diez se encuentra internado con un problema de salud. El jueves estaría en condiciones de asistir al debate. El juez decidió que alegue la Fiscalía y el resto de las Defensas. La defensora de Diez, Graciela Conesa, alegaría un día después. Diez deberá escuchar los audios y junto al resto de los imputados, tendrá oportunidad de dirigir unas palabras al juez antes de que este se retire a elaborar la sentencia.

Luego del alegato fiscal se dispuso un cuarto intermedio de una hora. Compartimos lo que ocurrió en este primer tramo de la audiencia.

Pasaron diez días desde el inicio del debate. Luego de escuchar a cantidad de testigos, los Fiscales y Defensores alegan ante el juez Martín Zacchino. Diez días, el mismo plazo que tomó el pase de titularidad de 240 hectáreas con costa del río Corcovado, de manos del Estado a las de dos inversores privados, quienes fraccionario, lotearon y vendieron por importantes sumas. “Muchos ganaron y solo perdió el municipio de Corcovado” decía la Fiscal Fernanda Révori en el discurso de apertura. Lo que está en discusión es si el procedimiento solo aparentó legalidad mientras iba en contra de las normas y de ser así, si los imputados (todos o algunos) actuaron con conocimiento de esa irregularidad.

Por qué es difícil investigar y determinar responsabilidad de los funcionarios

La mayor complejidad en la investigación de delitos contra la Administración Pública, está dada por la calidad de los presuntos autores. Se trata de funcionarios públicos que administran los bienes públicos, que emiten resoluciones, sancionan y promulgan ordenanzas. Crean las normas que se ajusten a las políticas que deciden aplicar. Sin embargo este poder no es absoluto. Las nomas, para ser válidas deben encolumnarse en lo establecido por las leyes con jerarquía superior. Las ordenanzas municipales deben respetar las leyes provinciales y todas ellas adecuarse a la Constitución.

Cuál es el régimen legal aplicable

El planteo de los fiscales Fernanda Révori y Fernando Rivarola es el siguiente:

Originalmente la administración y otorgamiento de títulos de propiedad relativos a tierra pública era regulado directamente por la Ley I N° 57. Más adelante se produjo la transferencia de estas facultades a los municipios.

La Constitución provincial establece en su art. N° 95 una administración racional de las tierras fiscales tendiente sobre todo a promover la producción o la mejor ocupación del territorio provincial y la generación de genuinas fuentes de trabajo, estableciendo los mecanismos de distribución y adjudicación de las tierras fiscales en propiedad. El artículo 100 asigna a la tierra una función de tipo social, garantizando su preservación y recuperación. Los fiscales sostienen que es claro su espíritu: evitar la especulación inmobiliaria respecto de la tierra pública, admitiendo la colonización privada siempre que no afecte el bien común.

Con la creación del IAC, como autoridad de aplicación en materia de tierras fiscales, se establecieron requisitos expresos para acceder a ellas. Cuando se transfirió el régimen de regulación a los municipios, Corcovado dictó una serie de ordenanzas. Cómo requisitos el municipio estableció que el adjudicatario debe tener domicilio en el ejido municipal, ser residente en la localidad con antigüedad de al menos cinco años, no poseer otro certificado de ocupación precaria y utilizar dicho terreno solo con el fin de vivienda única familiar. En las tierras rurales, la superficie debía establecerse conforme al proyecto productivo que debe presentar el interesado.

El caso concreto

Las ordenanzas específicas y la documentación existente se refieren a un pedido en venta de tierras fiscales por parte de Josefa Larrea, no como un proceso de regularización de tierras públicas, como lo plantearon los imputados y algunos testigos en el juicio.

En el expediente del IAC, Josefa Larrea presentó una nota el 15/11/2002, donde reconoció que tiene adjudicación en venta con condiciones incumplidas (pago parcial y no hizo mensura) por 150 hectáreas. Por las otras 90 reconoció que no tiene nada, ni nunca logró adjudicación en venta. Los fiscales creen que podría haberse amparado en estos derechos pero no lo hizo, tomó otro camino.

Cuando pasó la administración de tierras fiscales al municipio, Larrea y sus hijas contaban con la adjudicación en venta de 150 hectáreas, aunque no habían regularizado el pago y no se les había aprobado la mensura “que había sido observada por la propia comunidad de Corcovado quienes ya por entonces solicitaban poder tener acceso al balneario municipal”. Los Fiscales sostienen que “poseían un derecho litigioso sobre las tierras evidentemente revocables…”

Larrea no reunía las condiciones exigibles y lucraba con las tierras

Los acusadores sostienen que Larrea se mudó a Esquel cuando sus hijas comenzaron la secundaria, que ya desde 1989 su domicilio fiscal es en Esquel. Sostienen que en 2010 era propietaria de varios inmuebles, por lo menos cuatro en Corcovado, además de los dos predios fiscales. También indicaron que su esposo y ella habían sido adjudicatarios de varios predios fiscales y que desde hacía varios años no ocupaba realmente ninguno de los dos predios que le fueron vendidos, ni desarrollaba en ellos ninguna actividad productiva ni ganadera.

“Contrariamente a lo que prescribe la regulación de tierras fiscales, había arrendado las mejoras adquiridas del anterior ocupante para el funcionamiento de una hostería, arrendaba una parte a la empresa Epa para Rafting, es decir, lucraba con esas tierras”, expuso Révori.

“Su objetivo era venderlo y esta intención era de conocimiento público en el pueblo”, indicó la fiscal añadiendo que así es como tomó contacto con la inmobiliaria de Anselmo Cadene en 2010, quién empezó a ofrecer esas tierras a inversores que pudieran estar interesados, con la idea de realizar un loteo urbano.

La maniobra acusada

Con el plano de mensura registrado, en sesión del 24 de noviembre de 2011 se sanciona la Ordenanza N° 742/11 titulada “Venta de Tierras a Larrea Maria Josefa”, sancionada por el HCD con votos de los concejales Ocampo, Novella, Bustos, Austin, Pereyra y Diaz, por la que se autoriza al Departamente Ejecutivo Municipal a realizar la venta de DOS parcelas fiscales en la suma de 1.513.167,50 a pagar al contado. Esta Ordenanza es promulgada al día siguiente por el Intendente Diez.

10 días hábiles después, ese mismo concejo sanciona en sesión extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2011, mismo día en que se iba a desarrollar la sesión preparatoria para preparar el cambio de autoridades, la Ordenanza N° 751/11 titulada “Autorización a María Josefa Larrea”, por la que estos mismo concejales, visto las facultades otorgadas por la Ley XVI N° 46, la Ordenanza de Tierras Fiscales N° 744/11 y la Ordenanza 742/11 según reza su texto, autorizan a María Josefa Larrea (reciente adquirente de la tierra) a ceder, vender o transferir por cualquier concepto el derecho por la adjudicación en venta.

Si bien Larrea sabía a ese momento quienes eran los compradores, nada se menciona al respecto, pues obviamente Comerci y Torres (domiciliados en la costa) no hubieran podido tener acceso a predios fiscales x esos montos y extensión.

Cabe aclarar que tal como ha quedado acreditado en este juicio, el HCD autoriza a vender sin que los pagos se hayan efectivizado.

Es decir que, 40 o 50 años de intentos de María Josefa Larrea de adquirir esas tierras, se destrabaron en pocos meses y en tan solo 10 días hábiles estos dos predios por aprox. 240 hectáreas con costa del río Corcovado, pasaron del Municipio de Corcovado a manos de los inversores con quienes Larrea había acordado previamente su enajenación y quienes además aportaron el dinero para afrontar las obligaciones para con el Municipio.

La Fiscalía sostiene que, como dijeron Ocampo y Novella, “esto tenía que salir, estaba el compromiso”, sabían que el próximo Concejo no iba a darle curso.

Validez de las ordenanzas cuestionadas

Los acusadores sostienen que las dos ordenanzas que primero otorgan y luego habilitan a vender los lotes en cuestión, no cumplen con ninguno de los requisitos legales para ser válidas. Incluso que la segunda podría ser declarada nula a pedido de cualquier ciudadano que se sintiera afectado por ella.

“…En el caso en análisis, ni se ha tratado como una excepción, ni se ha mencionado la derogación de la ordenanza general de tierras vigentes, ni ha sido materia de discusión en el seno del HCD las razones atendibles de una excepción en el caso de María Josefa Larrea de Torres, ni se han dado cuenta de las razones objetivas que hubieran permitido una excepción razonable de la ley general dictada por el mismo órgano”, expusieron los fiscales. “…Respecto de la última ordenanza cuestionada (751/11 del 7/12/2011), sancionada y promulgada el mismo día, casi en el mismo momento (un ratito antes de la audiencia preparatoria del cambio de autoridades del HCD) y que indudablemente se plasmó por escrito después, comenzó a regir de inmediato sin tener posibilidad de ningún tipo de publicación ni lógicamente control republicano, y todo ello por decisión inocultable de los funcionarios imputados.”

La publicidad como condición distintiva de los actos de gobierno en un régimen republicano, fue resaltada por Rivarola,  quién indicó que tales actos deben ser comunicados a los ciudadanos de modo que tengan la posibilidad de tener conocimiento preciso de ellos, de su contenido, su motivación, gestación y de su concreción; “solo así podrá ejercer el control del poder que le compete”.

Corroborados los hechos ¿Se probó el dolo?

Révori y Rivarola consideran que lograron demostrar que los imputados eran conscientes de lo que estaban haciendo y obraron con voluntad de llevar a cabo las conductas que configuran el delito de defraudación contra el Estado. Sin embargo ese dolo no se habría logrado demostrar en relación a los inversores privados.

Révori enumeró todo lo que considera probado en relación a Comerci y Torres. Se probó que conocían la calidad de la tierra, quién era el titular del dominio, que no estaba definida la relación de la vendedora con el título, que había trámites municipales no concluidos, la negociación previa y las pretensiones de Larrea, la necesidad de poner dinero antes de concretar la compra. También indicó que conocían que el precio era conveniente “a nuestro criterio un excelente negocio que ahora se quiere disimular”, sostuvo.

Luego la fiscal indicó que la Fiscalía no logró demostrar con el análisis de todos los elementos, que hubieran tenido contacto con el resto de los imputados, como que conocieran la antijuridicidad del accionar del intendente, de los miembros del HCD y de la propia Larrea. Frente a esa falta de comunicación con los imputados, lo que si se acreditó es que fueron aconsejados profesionalmente por el agente inmobiliario y por el escribano público.

“Anselmo Cadene, impresionó contrariamente a los otros testigos como un testigo no solo idóneo, sino sincero, espontáneo, dando cuenta e ilustrando cada una de sus manifestaciones, que se pueden incardinar rápidamente y sin esfuerzos con las defensas materiales antes aludidas”, alegó la fiscal. “En este contexto y sin perjuicio de la colaboración objetiva acreditada (préstamo del dinero para que esto pudiera ser posible) entendemos que no hemos podido acreditar el elemento subjetivo requerido por la figura penal en grado de participación, y aún por beneficio de la duda, debe el juez disponer su absolución lo que así requerimos”. 

El pedido

El alegato de la Fiscalía cerró con la petición de dictado de sentencia de responsabilidad respecto de Héctor Raúl Diez como autor penalmente responsable del delito de Defraudación por Administración Fraudulenta contra el Estado. De María Josefa Larrea viuda de Torres, María Roxana Novella, Gladys Raquel Austin, Héctor Jorge Bustos, Jorge Alberto Pereyra, Alejandra Cecilia Ocampo e Irma Díaz como partícipes necesarios en ese mismo delito. Y de todos, con excepción de Larrea, como autores del delito de Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos.

El juicio podría extenderse por dos semanas. Este lunes fue la primera jornada de debate, la que comenzó con la ausencia de uno de los imputados, Héctor Jorge Bustos. La Fiscalía mantuvo su acusación en tanto que los defensores expusieron al tribunal unipersonal, la interpretación normativa que propondrán probar para sostener el pedido absolutorio de sus defendidos.

La fiscal Fernanda Révori anticipó al juez Martín Zacchino que buscará demostrar a través de la prueba, que luego de varios intentos previos frustrados, se concretan los hechos por los que se llegó a debate, mediante un acuerdo entre Héctor Raúl Diez y la intendente que lo sucedió María Roxana Novella. “Contaron además con la colaboración necesaria prestada por casi la totalidad de los integrantes del HCD de Corcovado, que dictaron dos ordenanzas la N° 742/11 y la N° 751/11 que habilitaron, con violación de las normas vigentes, las transferencias de dominio de estas dos parcelas, en favor de Josefa Larrea y luego a dos inversores inmobiliarios de la costa que son José María Comerci y Agustín Torres”, expuso Révori.
“En solo diez días hábiles, estas 240 hectáreas con costa del río Corcovado, pasaron de manos del Estado a los inversores, quienes de inmediato hicieron un importante emprendimiento inmobiliario, con fraccionamiento, loteo y venta en el mercado por importantes sumas. Muchos ganaron y solo perdió el municipio de Corcovado”, concluyó la fiscal. Para Révori, el eje de la discusión será en torno a si este manejo de la tierra pública es legal o constituye un modo de actuar defraudatorio de los bienes confiados a una administración.

Las defensas

Cinco defensores asumieron la defensa de los también numerosos imputados. El primero en hacer uso de la palabra fue Martín Iturburu Moneff, defensor de María Josefa Larrea de Torres. El letrado indicó que se trata de una antigua pobladora, quién junto a su familia solicitó en calidad de ocupante,  las fracciones en común desde hace más de 40 o 50 años. Resaltó que el expediente del IAC, refleja todo el proceso histórico y cronológico, que existe un reconocimiento formal de la ocupación por parte del IAC y que las fracciones tuvieron autorización de mensura a su debido tiempo. También destacó que la señora Larrea se encontraba en condiciones fácticas para ser reconocida como propietaria de esa ocupación. “Es cierto que decidió venderlas por cuestiones de salud y edad y no por razones especulativas como señaló la fiscal”, dijo.

Iturburu rechazó la participación de su defendida en un acto de administración fraudulenta, destacó que no alcanza a ver cuál fue el perjuicio a la municipalidad ya que ella pagó lo que la municipalidad fijó para la venta y que fuera autorizado por ordenanza.

Luis Codesal, defensor de Jorge Alberto Pereyra, se adentró en el análisis del valor dado a la tierra para el otorgamiento de derechos a Larrea. Se refirió a que el intendente del período previo había intentado ceder la tierra pero no fue habilitado por el Concejo Deliberante porque se consideró irrisorio el valor establecido. “El Concejo con su composición posterior siguió intentando regularizar la posesión de la tierra, por unos cuatro años. Hubo presentaciones de Larrea, discusiones en el Concejo… En noviembre de 2011 se arribó a un precio considerado justo $6.500 la hectárea. Pareciera ser que la Fiscalía considera ese precio una defraudación del municipio”, expuso Codesal. Mencionó en este contexto que la ordenanza tarifaria por aquel entonces vigente, establecía un valor por hectárea de $500, los concejales establecieron un valor promedio, entre el valor de mercado y el fiscal. “Ningún municipio vende al valor real”, recalcó, indicando que el precio de venta totalizaba una suma de casi el 70% del presupuesto municipal de aquel entonces. Fue un valor sustancialmente importante para el municipio. “No fue un valor real, fue un valor de fomento”.

También hizo referencia al aspecto normativo. En este sentido el letrado señaló que los Concejos Deliberantes pueden “excepcionar respecto de la regla general, buscando la equidad del caso, estamos convencidos de que en este caso sucedió eso”. Respecto de la ley del IAC, sostuvo que el municipio no podía vulnerarla porque es autónomo, dicta sus propias normas.

Graciela Conesa defensora de Héctor Raúl Diez, inició su planteo indicando que su defendido, al revestir la calidad de intendente, no tenía a su cargo la administración de la tierra fiscal. Destacó que la propia Constitución Provincial establece que los municipios se organizan con dos Poderes, uno Legislativo y una Ejecutivo, cada uno con sus incumbencias. Por otra parte indicó que tampoco puede considerarse que se trataba de tierra fiscal de uso de la comunidad, ya que en este caso eran tierras de dominio privado del Estado, no de dominio público.

Carolina García defensora de María Roxana Novella, Gladys Raquel Austin, Irma Díaz y Alejandra Cecilia Ocampo, resaltó que estos llegaron al cargo de concejales por el reconocimiento de la comunidad, no en una lista sábana. Que en base a su compromiso político ejercieron el cargo para resolver los problemas de su comunidad. Uno de esos problemas era la regularización de la tierra ocupada por pobladores. Tal el caso de la señora Larrea. En ese compromiso se realizó el trámite de regularización, no fue un proceso de diez días, sino que fue largo, complicado y engorroso, lleno de tecnicismos, para el que debieron asesorarse. “En base a ese asesoramiento es que sancionaron las ordenanzas que se cuestionan. La conducta que el MPF les achaca no le es reprochable de manera alguna”, planteó García.

El último abogado en hacer uso de la palabra fue Fabián Gabalachis, defensor de los inversores José María Comerci y Agustín Torres. Indicó que se los acusa de ser participes primarios de las conductas de Diez y Novela. Sobre ese punto consintió las explicaciones que fueron brindadas por ellos, es decir que no hubo perjuicio al municipio y que esa venta fue la finalización de un proceso histórico.

Por otra parte añadió que sus asistidos no conocían a los autores del hecho (Diez y Novela), ni al resto de los partícipes, a ninguno de los concejales. “Tuvieron total ajenidad y abstracción de este complejo acto administrativo”, resaltó, añadiendo que su participación se limitó a consultar con asesores, una inmobiliaria y una escribanía de indiscutible prestigio. “Basados en el prestigio, honestidad y experiencia de las personas que menciono, de ninguna manera se puede sospechar una complicidad de los señores Comerci y Torres, con los autores y partícipes del hecho que aquí se endilga”, cerró Gabalachis.

En diálogo con Notas de Radio, Fabiana Salinas, una de los 70 padres que están tomando a la Secundaria N° 779 de Corcovado, denuncia que el Director de la Delegación Administrativa Región III, Gastón Brinna, “nos mintió, tenemos más de 25 notas del Director de la escuela que no fueron respondidas como prometió”.

Desde las 7:30, padres y alumnos de la única secundaria de Corcovado, a la que asisten 170 chicos, están reclamando porque desde 2008 vienen con diversos problemas edilicios:

“Es un edificio antiguo.

Nos arreglaron la electricidad hace poco, tuvimos problemas con el agua, las cloacas y ahora con el gas.

Los chicos se llegaban a marear  por la pérdida que teníamos y nos sacaron el medidor el 16 de noviembre así que los chicos terminaron las clases en otro edificio que pertenece a una escuela primaria”, manifestó Salinas.

Los padres, están acompañados por el personal que no pudo ingresar al edificio, se quedarán ahí hasta recibir alguna respuesta:

“En 2015 nos prometieron un edificio nuevo y nunca pasó.

Sólo pretendemos que lo arreglen porque algunos padres van a llevar a sus hijos a clases a Trevelin pero otros no podemos y los chicos tienen derechos”, explicó Salinas .

Mas tarde agregó: “Hasta ahora nadie se comunicó pero estamos con los chicos reclamando por sus derechos y no nos vamos a mover de acá hasta que nos lo resuelvan”.

eqsnotas.com