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Consejo de la Magistratura

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El Consejo de la Magistratura interviene en una denuncia realizada por el gremialista judicial José Luis Ronconi contra el juez Gustavo Toquier.

Se declaró la admisibilidad, se procedió a una sanción interna administrativa  y se instruyó un sumario luego de que Ronconi prestara declaración testimonial en abril en Rawson y el cuerpo sesionara, planteándose los argumentos y detalles del caso derivado desde el Superior Tribunal de Justicia.

El denunciado es el juez de Ejecución 1, Gustavo Toquier a quien se acusa de tener “una mesa de dinero y una financiera” y que siendo juez de ejecución ejecutaba los títulos de crédito emitidos por esos organismos. “Se quedaba en las ferias judiciales trabajando porque en ese contexto cobraba la realización de determinados trámites” declaró Ronconi, quien se desempeña como secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut y de Relaciones Internacionales de la Federación Judicial Argentina y vocal de la Mesa Nacional de Trabajadores Autónomos.

Paralelamente por el audio radial de una entrevista surgió un sumario de la Superintendencia Administrativa del STJ quien desde el 19 de marzo de 2017 dispuso iniciar sumario administrativo para investigar los hechos.

Ronconi denunció por corrupción en la tramitación de causas que involucran a magistrados y funcionarios judiciales que demandaron sobre cuestiones patrimoniales del Estado luego de que se firmara un acuerdo con el exgobernador Martín Buzzi. “Se indujo a firmar algo que iba en desacuerdo con la provincia y en contra de las leyes vigentes” se consideró en este caso, que además derivó en un amparo polémico presentado por magistrados y funcionarios por la remuneración salarial. “Si bien el doctor Toquier era amparista materialmente el amparo era resuelto por conjueces y no por él, sino por profesionales de la matrícula convocados”.

No obstante se tuvo en cuenta que los magistrados de la provincia que habían ejercido la acción de emparo por esta temática, el expediente se materializó en el propio despacho de Toquier. “Éste tomaba determinadas decisiones a pesar de ser actor, utilizando esa existencia material del expediente en su Juzgado. Hubo manipulación de Toquier aprovechando que el expediente estaba materialmente en su Juzgado”. La denuncia original cuestiona que el entonces presidente de la Asociación de los Magistrados, Jorge Criado, hubiera firmado un convenio con el exgobernador Buzzi induciendo a equivocación por ser “ilegal”.

Ronconi prestó declaración testimonial el 22 de marzo de 2017 en el STJ en Rawson advirtiendo en la misma instancia que operadores, diputados y los jueces nombrados “violentaban” dos leyes: que solamente el STJ determinada la porcentualidad salarial. Y que se habilitaba a los magistrados a iniciar acciones legales con altísimas probabilidades favorables. “Lo que a posteriori ocurrió”, expresó.

“Sabiendo que existía un acto de corrupción, siguieron adelante con un acuerdo ambiguamente redactado en beneficio propio. Buzzi expresó que el acuerdo alcanzaba sólo a magistrados y funcionarios comprendidos en el artículo 170 de la Constitución Provincial dejando fuera del convenio a gran parte de los trabajadores judiciales”. Ronconi denunció que esta situación se produjo teniéndose “pleno conocimiento de las consecuencias gravosas que el acto iba a provocar” por generarse posteriores juicios y embargos contra el Estado.

Según el Consejo, lo que se perseguía era que todos los profesionales no amparados bajaran sus salarios. “Como conocedores de las leyes, debiera conocerse que por la escala de porcentualidad no puede existir un acuerdo para jueces por la ley que fija el Superior. El acuerdo llegaba a algunos jueces y no a todos”.

El Consejo de la Magistratura decidió abrir un sumario administrativo en forma independiente a las denuncias penales que se instruyan a través del Ministerio Público Fiscal y juzgar por competencia la conducta administrativa. Y consideró admisible el trámite designando un sumariante para continuar el proceso tras el cual podría caberle a Toquier la máxima sanción dispuesta por el STJ. La denuncia que incluye aspectos estrictamente penales se conoció en agosto del 2017 aunque la causa estuvo “un año sin moverse”.

 

 

Diario Jornada

El presidente del Consejo de la Magistratura, Martín Montenovo, fue consultado sobre una nueva denuncia al juez Gustavo Toquier, aclaró que “lo concreto hasta ahora es que se consideró precedente una denuncia; es algo sumamente preliminar. Después resta mucho para definir”. No obstante, Montenovo dijo que “las conductas denunciadas podían dar lugar, superando algunas etapas, a una destitución”, afirmó y agregó que “hay denuncias vinculadas con delitos”.

Consultado sobre una nueva denuncia al doctor Toquier, Montenovo indicó que “el Consejo abrió la denuncia en 2016 y hubo una instrucción sumarial que se definió en febrero de 2016. El Consejo en esa oportunidad decidió remitir esas actuaciones al Superior Tribunal de Justicia. Se consideró que existían ciertas irregularidades, fue al Superior Tribunal, ordenó un sumario y en ese contexto se tomaron declaraciones testimoniales cuyo contenido abarcaba otras conductas; es por eso que el Superior Tribunal decide remitirlo nuevamente al Consejo en carácter de denuncia”.

“Esto ocurrió, en el medio estuvo la suspensión de actividades en el Consejo por el tema presupuestario y ahora se reanudaron las actividades. La sesión con los 14 consejeros en distintas ciudades de la provincia se realizó la semana pasada en Puerto Madryn. A raíz de la suspensión se acumularon varios temas, y uno de ellos fue éste”, indicó.

En función al sumario por su actuación en el concurso preventivo de Oil Combustibles, Toquier recibió una sanción disciplinaria como consecuencia del sumario del Consejo de la Magistratura, el cual concluyó que no había mérito para una destitución pero sí sanción. Al respecto, Montenovo remarcó que “el Superior Tribunal decide extraer copias sobre otras conductas e ingresar una nueva denuncia al Dr. Toquier. El Consejo determinó que se abre un proceso sumarial para evaluar la conducta del juez”.

“Las conductas denunciadas podían dar lugar, superando algunas etapas, a una destitución”, afirmó y agregó que “hay denuncias vinculadas con delitos”.

Además, planteó que “el Superior Tribunal comunicó el contenido de alguna declaración testimonial obtenida en el marco de un sumario a raíz de la remisión del Consejo, y en función de esto, el Superior Tribunal extrajo las copias y remitió al Consejo y Ministerio Público Fiscal. Luego de analizar esto, la denuncia ameritaba la apertura sumarial”.

Montenovo consideró que “es bueno aclarar que lo único que analiza el Consejo es si el contenido bajo algún punto de vista muy preliminar y si esas conductas denunciadas podrían dar lugar, de acreditarse y superarse todas las etapas, a una destitución. Consisten en delitos cometidos en ejercicio de la función o no, inhabilidad o mal desempeño”.

“Las que tienen que ver con delitos, tienen el inconveniente de que la única que tiene competencia para dirimir es la Justicia Federal, con lo cual es un incidente que se suele analizar cuando hay denuncias”, concluyó.

Y remarcó que “no podemos efectuar calificaciones porque nosotros tenemos un instructor que está trabajando. Una vez que se hace cargo el instructor corren 90 días, pero ese término puede suspenderse”.

“En la ley de enjuiciamiento a magistrados, hay causales que hablan de delito y otras que no. Cuando se hablan de causales, es necesario que intervenga la justicia penal” y “lo concreto hasta ahora es que se consideró precedente una denuncia; es algo sumamente preliminar. Después resta mucho para definir, esto quiere decir de qué causal estaríamos hablando”.

Presupuesto 2018

Ante la falta de partidas presupuestarias, el presidente del Consejo de la Magistratura, Martín Montenovo, confirmó  que “lo comprometido por el Poder Ejecutivo fue cumplido y la Legislatura aprobó el presupuesto del Consejo, por lo que estamos con presupuesto aprobado del 2018”.

 

 

ADN Sur