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Consejo de la Magistratura

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El senador peronista Mario Pais jurará este martes como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura en reemplazo del senador Miguel Ángel Pichetto. El rionegrino dejó la vacante que le corresponde a la oposición tras su decisión de acompañar a Mauricio Macri como compañero de fórmula para las elecciones presidenciales.

La jura de Pais como consejero se concretará en horas del mediodía ante la Corte Suprema en un acto que se desarrollará a puertas cerradas en el Palacio de Tribunales ubicado en la calle Talcahuano.

Según destaca ámbito, todo parece indicar que el senador nacional por Chubut sea también quien encabece la estratégica Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, un lugar que también ocupaba Pichetto y que ahora se encuentra vacante a la espera de una definición.

Vale recordar que el 19 de junio pasado Pichetto presentó su renuncia ante el juez Ricardo Recondo, presidente del cuerpo que se encarga de designar jueces y evaluar su conducta, luego de que se hiciera pública su precandidatura a vicepresidente de la mano del oficialismo.

Aunque en principio el senador reionegrino había asegurado que permanecería en el Consejo de la Magistratura finalmente resolvió dar un paso al costado y dejar así el lugar disponible para que el bloque del PJ designara a un reemplazante.

De esta forma, la bancada del PJ encabezada ahora por el cordobés Carlos Caserio, luego del paso al costado dado por Pichetto a la conducción del bloque, resolvió que sea el chubutense Mario Pais quien ocupe el lugar que el rionegrino dejó vacante en el Consejo de la Magistratura, dado que se trata de un legislador que ya tuvo una experiencia como consejero durante un período.

ADNsur

El juez federal de Dolores pidió que el senador oficialista y el representante del Ejecutivo no intervengan en el expediente que busca su remoción. De lo contrario, reclama la nulidad del caso.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se defiende del ataque que sufre por parte del Poder Ejecutivo, que pretende removerlo del cargo luego de que destapara una red de espionaje ilegal que salpica al Gobierno. En ese marco, su abogado defensor, que es su padre, el magistrado Juan Ramos Padilla, presentó un escrito este martes en el Consejo de la Magistratura en el cual recusa a los consejeros Miguel Ángel Pichetto y Juan Bautista Mahiques en el proceso que busca su remoción. Si esto no sucede, pide la nulidad de todo lo actuado.

Pichetto y Mahiques integran la comisión de Disciplina y Acusación del consejo en donde se sustancia el pedido de apartamiento contra Alejo Ramos Padilla. Allí se unificaron dos expedientes: el que se abrió a instancias del juez Claudio Bonadio, quien investiga si el caso de Dolores formó parte de una operación de exfunconarios kirchneristas detenidos en Ezeiza para derribar la causa cuadernos (esta causa insólita se basa en escuchas ilegales). Y el pedido de remoción del juez que impulsó el Poder Ejecutivo apenas se destapó el D’Alessiogate. Como ambos casos son fogoneados por el Gobierno, Pichetto y Mahiques (representante del Ejecutivo en el consejo) son parciales en el proceso.

El senador pejotista ingresó como representante de la oposición y desde la semana pasada integra el espacio oficialista, ya que es candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Mauricio Macri. El segundo es el representante del Poder Ejecutivo en el órgano que selecciona y sanciona jueces y fue quien formalizó el pedido de remoción del juez de Dolores en el consejo.

“La manifiesta intención de apartar del cargo (a Ramos Padilla) y de la investigación de hechos que involucran al Poder Ejecutivo y a sus aliados políticos y judiciales y la utilización para ello de escuchas obtenidas y utilizadas ilegalmente exceden en mucho a la mera enemistad que prevé el Reglamento en el inciso b del artículo 12, y me obligan a formular la presente recusación y nulidad en busca de transparentar la actuación de este Consejo de la Magistratura en el trámite de este expediente”, se afirma en el escrito que presentó Ramos Padilla padre.

Las razones

El inicio del proceso de remoción contra Ramos Padilla tiene su origen en una entrevista del 17 de marzo pasado, cuando en el programa del periodista Luis Majul, Macri anunció públicamente su intención de destituir al juez de Dolores. Entonces afirmó que había hecho una denuncia en el Consejo de la Magistratura.

“No es la primera vez, de Ramos Padilla. Ya ha hecho varias, así que espero que el Consejo con todas las pruebas que hay evalúe seriamente destituirlo”, había afirmado el primer mandatario ante las cámaras.

“Esa declaración mereció el repudio de muchas organizaciones nacionales e internacionales, como Human Rights Watch, cuyo Director para las Américas, José Miguel Vivanco, señaló que: ‘…el gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez Ramos Padilla. Por el contrario, pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa’”, resalta el documento que se presentó este martes en el consejo.

“A partir de ese momento, mi defendido ha sido objeto de todo tipo de ataques por parte del Poder Ejecutivo, sus aliados políticos y los medios afines al gobierno que se vienen incrementando a partir del avance del proceso electoral, y en los que no se duda en apelar a cualquier clase de método o ilegalidad para separarlo del cargo y cumplir los deseos del Presidente”, se añade.

En la causa que tramita en Dolores se investigan numerosas actividades de espionaje e inteligencia ilegal y hay todo tipo de imputados e investigados, entre los que figuran integrantes del Gobierno. En el expediente aparecen desde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hasta el de Justicia, Germán Garavano. Por tal motivo, en el escrito se resalta que Ramos Padilla es víctima de una manifiesta “persecución política”.

“Es evidente que a partir de la obtención de las primeras pruebas que daban cuenta de la gravedad institucional que podía alcanzar la investigación de Dolores, comenzó una evidente persecución que encabezó el propio presidente de la Nación contra el magistrado a cargo de dicha causa”, se especifica en la presentación.

En esa línea se hace hincapié en las escuchas ilegales que alimentan la causa conocida como “presos K”: “También se recurrió a la utilización ilegal de escuchas a partir de la Agencia Federal de Inteligencia, que depende directamente del P.E.N.- y que, aunque nada prueban, son incorporadas a expedientes judiciales con malicia y animosidad y divulgadas a través de periodistas afines al gobierno nacional”.

Pichetto y Mahiques

En este orden, Ramos Padilla cuestiona los roles de los consejeros Pichetto y Mahiques. Respecto sostiene que “está claro que ‘el traspaso’” a las filas del oficialismo “afecta el equilibrio” en el consejo “entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular” pero “en el caso de la persecución a mi defendido se vuelve especialmente grave, pues las actuaciones ante este Consejo fueron iniciadas a instancias del propio presidente de la Nación, su actual compañero de fórmula”, quien fue el que hizo la denuncia en el consejo.

En lo que refiere a Mahiques, resalta que “nadie puede ser juez y parte, y que el Poder Ejecutivo ha iniciado, impulsado y demostrado un interés concreto en la destitución del juez federal de

Dolores”, por lo que no pide que no intervenga en el proceso. “Esta petición no es un mero artilugio para evitar la investigación que el presidente Mauricio Macri propone contra mi asistido. La cuestión es simple, la intervención de su representante, Dr. Juan Mahiques, hace que todo lo actuado por esta Comisión sea nulo de nulidad absoluta”, se concluye.

El rol del Presidente

Para Juan Ramos Padilla, Macri “dio públicamente instrucciones para la destitución del Juez Federal de Dolores” y “fueron varias las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuyeron a este proceso”. Menciona al Ministerio de Justicia y a Mahiques (funcionario de aquella cartera) y afirma que “para fortalecerlo se utilizaron ‘escuchas filtradas’ por la Agencia Federal de Inteligencia –también dependiente del P.E.N.- o, lo que sería aún más grave, por jueces, fiscales o legisladores vinculados a la investigación”. La mención es por el rol que jugaron la diputada Paula Oliveto y Carlos Stornelli.

Respecto a las escuchas, señala que “no cabe duda que el Presidente siempre estuvo informado por la propia AFI de esta ‘operación escuchas’, al punto tal que el tema incluso fue tratado en reuniones de gabinete.

En este marco, el padre y abogado del juez de Dolores pide la recusación de Pichetto y Mahiques. Si eso no sucede, reclama la nulidad de todo lo actuado. También requiere que se suspendan los plazos procesales hasta tanto se determine quiénes serán los consejeros que habrán de intervenir en este proceso.

Y, por último, si sus planteos no prosperam se reserva la posibilidad de “recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por arbitrariedad, gravedad institucional, y grave afectación a las normas del debido proceso, a la independencia judicial, a la división de poderes y en definitiva al sistema republicano de gobierno”.

 

 

eldestapeweb

El senador nacional Juan Mario Pais, del PJ-Frente para la Victoria, opinó sobre el salto de su par de bloque Miguel Ángel Pichetto, quien aceptó ser compañero de fórmula de Mauricio Macri y sumarse a las filas de Cambiemos. Un tema pendiente en el Congreso es qué ocurrirá con el rionegrino en el Consejo de la Magistratura, ya que políticamente no se lo puede considerar representante de la oposición.

“Hace dos días que no salimos de la sorpresa. Es una decisión unipersonal de Pichetto. Entiendo que no es compartida por ningún otro legislador de nuestro bloque”, contó Pais en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz. “La semana que viene verificaremos el procedimiento de la conformación del espacio sin el senador”.

“Nosotros entendemos que debemos trabajar en conformar un frente amplio opositor para poder derrocar a Macri y sus políticas, por eso nuestro rechazo a las expresiones de Pichetto que acepta la candidatura y avala las políticas que desde nuestro enfoque han causado un daño enorme a la Argentina”, opinó el senador de origen comodorense.

“La rispidez está dada en el Consejo de la Magistratura ya que Pichetto ocupó una banca y una pretensión de retenerla estaría cuestionada por la deslegitimación que tiene al no representar al bloque de la oposición”, aclaró el senador Pais.

Ante el enojo del ministro de Gobierno Federico Massoni y la Jefatura de Policía por la actuación del fiscal Osvaldo Heiber en el caso de los daños a Casa de Gobierno, el procurador general Jorge Miquelarena consideró que en esta etapa del proceso es “apresurado” pedir una medida al Consejo de la Magistratura.

Explicó que la audiencia a los 13 integrantes de las cooperativas de trabajo detenidos durante la refriega con la Policía, “no era un tema sencillo de abordar por la cantidad de detenidos y la cantidad de hechos que había para describir. El fiscal pidió una prisión preventiva por entender que podría haber peligro de entorpecimiento pero a criterio de la magistrada, no estaría suficientemente fundado y por eso no la otorgó”.

Ante el anuncio del ministro Massoni de pedir el juicio político al fiscal de Rawson, consideró que “sin perjuicio de que no puedo dar demasiadas opiniones porque eventualmente y a futuro puedo llegar a tener que intervenir oficialmente en el tema, quizá es un tanto apresurado algún tipo de pedido al Consejo, toda vez que el caso recién comienza, es una audiencia de control de detención y de apertura de investigación a 24 horas del hecho. Parece medio prematuro alguna medida a esta altura, hay que dejar que corra un poco la investigación para ver por qué carriles toma”.

Miquelarena reconoció que en otra oportunidad “envié al Consejo algún fallo judicial donde concretamente se hablaba de deficiencias de parte del fiscal y lo envié al organismo encargado de hacer los sumarios. Pero hay casos y casos, no tiene que ver lo que hay en el Consejo con esto”, aclaró.

Con el Código vigente en Chubut, “la mayor carga en el proceso penal está en la espalda de los fiscales, que son quienes deben recabar las evidencias, llevar el caso a juicio y defenderlo, y hacer toda la investigación”.

“Es evidente que la sociedad hoy tiene mucho más visualizada la tarea del fiscal que la de otros funcionarios. No sucedía lo mismo en el pasado cuando el fiscal muchas veces era fedatario y la sociedad no sabía quién eran. Hoy en día todo el mundo sabe quiénes son en cada lugar. Esto hizo que el control ciudadano, y en buena hora que es así, tenga muy bajo la lupa la actuación de los fiscales”.

Hace varias semanas se difunde la convocatoria de la Procuración de postulantes a cubrir el cargo de fiscales en distintas ciudades, pero sin los resultados esperados.

Miquelarena considera que la exposición y protagonismo de la tarea del fiscal pueden ser parte de los reparos de los profesionales al momento de querer presentarse.

“Es una de las razones por las cuales a la hora de llamar a concurso no tenemos mucha convocatoria. Son pocos los profesionales que se presentan para cubrir el cargo”.

Aclaró que “la Constitución dice que el Ministerio Público Fiscal dirige a la Policía Judicial. Quien hace la investigación de calle es Policía y quien aporta las evidencias al fiscal que es quien dirige. Es fundamental el trabajo de la Policía de investigaciones porque si hace un buen trabajo, el fiscal va a tener un caso sólido y el juez podrá dictar una sentencia”.

 

 

Jornada

María Tolomei juró como nueva jueza penal en Trelew, tras ganar el concurso del Consejo de la Magistratura.

Al acto lo presidió el camarista Adrián Barrios ante una repleta sala de la Cámara Penal, en el 6º piso de tribunales.

Hubo familiares, magistrados, empleados judiciales y fiscales que durante años compartieron el trabajo de investigación y acusación con la flamante jueza. Luego de la ceremonia formaron una extensa fila para saludar a la protagonista de la ceremonia.

Tolomei valoró su experiencia como parte del Ministerio Público Fiscal. “La oportunidad de estar cerca de las víctimas me dio mucho aprendizaje, pero los ciclos se terminan y uno no debe eternizarse en un lugar; creo que como jueza puedo hacer un buen aporte”, definió con emoción.

En su presentación, Barrios destacó el perfil humano y profesional de Tolomei. “En un momento donde la justicia es tan cuestionada, viene muy bien incorporar alguien de su calidad”, elogió frente al aplauso de los presentes.

 

 

Diario Jornada

El Consejo de la Magistratura sesiona en Gaiman. También citaron a declarar al ex ministro Bortagaray, al juez de la causa Revelación, Sergio Piñeda, y a varios testigos. Este jueves declaran los acusados.

En el marco del pedido de jury contra los fiscales de la causa Revelación, Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli, y el juez Sergio Piñeda, por la detención del ex ministro de Familia Martín Bortagaray mientras tenía fueros, este miércoles sesiona el Consejo de la Magistratura en Gaiman. Para este jueves, según pudo confirmar ADNSUR, están citados a declarar Bortagaray, los tres acusados y varios testigos.

Según pudo saber ADNSUR, allí se convocó para mañana a que presten declaraciones testimoniales en el sumario que se está siguiendo a Martín Bortagaray a las 13 horas; a Jorge Valiña a las 14 horas (quien hizo la denuncia), luego a los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz. A las 15:30 declarará -ofrecido por el juez Piñeda, como testigo- el exjuez Jorge Pfleger. A las 18 horas fue convocada la titular de la Oficina Judicial, Ana Karina Breckle, también testigo de Piñeda, quien declarará a las 18 horas.

Cabe recordar que, tal como informó ADNSUR días atrás, el fiscal Iturrioz se refirió al proceso que atraviesa junto a su par Nápoli, en el Consejo de la Magistratura, tras el sumario por la detención del ex ministro de Familia Martín Bortagaray. Iturrioz aseguró en diálogo con Actualidad 2.0 que “van a hacer lo posible por echarme” ya que a algunos “les molesta esta investigación”.

Iturrioz argumentó al respecto: “Yo siempre demostré independencia» y disparó: «no les conviene que haya fiscales como yo”.

El año pasado, el Consejo de la Magistratura abrió el sumario para los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, de la Unidad Anticorrupción, y el juez Sergio Piñeda, luego de que los tres fueran denunciados por la detención presuntamente ilegal de Martín Bortagaray, mientras aún era ministro de Familia, en el marco de la causa Revelación, que investiga el pago de retornos en la obra pública en Chubut.

La discusión es si los investigadores y el juez incurrieron en mal desempeño al encarcelar a un funcionario que en ese momento contaba con fueros.

 

ADNSur

El Consejo de la Magistratura interviene en una denuncia realizada por el gremialista judicial José Luis Ronconi contra el juez Gustavo Toquier.

Se declaró la admisibilidad, se procedió a una sanción interna administrativa  y se instruyó un sumario luego de que Ronconi prestara declaración testimonial en abril en Rawson y el cuerpo sesionara, planteándose los argumentos y detalles del caso derivado desde el Superior Tribunal de Justicia.

El denunciado es el juez de Ejecución 1, Gustavo Toquier a quien se acusa de tener “una mesa de dinero y una financiera” y que siendo juez de ejecución ejecutaba los títulos de crédito emitidos por esos organismos. “Se quedaba en las ferias judiciales trabajando porque en ese contexto cobraba la realización de determinados trámites” declaró Ronconi, quien se desempeña como secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut y de Relaciones Internacionales de la Federación Judicial Argentina y vocal de la Mesa Nacional de Trabajadores Autónomos.

Paralelamente por el audio radial de una entrevista surgió un sumario de la Superintendencia Administrativa del STJ quien desde el 19 de marzo de 2017 dispuso iniciar sumario administrativo para investigar los hechos.

Ronconi denunció por corrupción en la tramitación de causas que involucran a magistrados y funcionarios judiciales que demandaron sobre cuestiones patrimoniales del Estado luego de que se firmara un acuerdo con el exgobernador Martín Buzzi. “Se indujo a firmar algo que iba en desacuerdo con la provincia y en contra de las leyes vigentes” se consideró en este caso, que además derivó en un amparo polémico presentado por magistrados y funcionarios por la remuneración salarial. “Si bien el doctor Toquier era amparista materialmente el amparo era resuelto por conjueces y no por él, sino por profesionales de la matrícula convocados”.

No obstante se tuvo en cuenta que los magistrados de la provincia que habían ejercido la acción de emparo por esta temática, el expediente se materializó en el propio despacho de Toquier. “Éste tomaba determinadas decisiones a pesar de ser actor, utilizando esa existencia material del expediente en su Juzgado. Hubo manipulación de Toquier aprovechando que el expediente estaba materialmente en su Juzgado”. La denuncia original cuestiona que el entonces presidente de la Asociación de los Magistrados, Jorge Criado, hubiera firmado un convenio con el exgobernador Buzzi induciendo a equivocación por ser “ilegal”.

Ronconi prestó declaración testimonial el 22 de marzo de 2017 en el STJ en Rawson advirtiendo en la misma instancia que operadores, diputados y los jueces nombrados “violentaban” dos leyes: que solamente el STJ determinada la porcentualidad salarial. Y que se habilitaba a los magistrados a iniciar acciones legales con altísimas probabilidades favorables. “Lo que a posteriori ocurrió”, expresó.

“Sabiendo que existía un acto de corrupción, siguieron adelante con un acuerdo ambiguamente redactado en beneficio propio. Buzzi expresó que el acuerdo alcanzaba sólo a magistrados y funcionarios comprendidos en el artículo 170 de la Constitución Provincial dejando fuera del convenio a gran parte de los trabajadores judiciales”. Ronconi denunció que esta situación se produjo teniéndose “pleno conocimiento de las consecuencias gravosas que el acto iba a provocar” por generarse posteriores juicios y embargos contra el Estado.

Según el Consejo, lo que se perseguía era que todos los profesionales no amparados bajaran sus salarios. “Como conocedores de las leyes, debiera conocerse que por la escala de porcentualidad no puede existir un acuerdo para jueces por la ley que fija el Superior. El acuerdo llegaba a algunos jueces y no a todos”.

El Consejo de la Magistratura decidió abrir un sumario administrativo en forma independiente a las denuncias penales que se instruyan a través del Ministerio Público Fiscal y juzgar por competencia la conducta administrativa. Y consideró admisible el trámite designando un sumariante para continuar el proceso tras el cual podría caberle a Toquier la máxima sanción dispuesta por el STJ. La denuncia que incluye aspectos estrictamente penales se conoció en agosto del 2017 aunque la causa estuvo “un año sin moverse”.

 

 

Diario Jornada

El presidente del Consejo de la Magistratura, Martín Montenovo, fue consultado sobre una nueva denuncia al juez Gustavo Toquier, aclaró que “lo concreto hasta ahora es que se consideró precedente una denuncia; es algo sumamente preliminar. Después resta mucho para definir”. No obstante, Montenovo dijo que “las conductas denunciadas podían dar lugar, superando algunas etapas, a una destitución”, afirmó y agregó que “hay denuncias vinculadas con delitos”.

Consultado sobre una nueva denuncia al doctor Toquier, Montenovo indicó que “el Consejo abrió la denuncia en 2016 y hubo una instrucción sumarial que se definió en febrero de 2016. El Consejo en esa oportunidad decidió remitir esas actuaciones al Superior Tribunal de Justicia. Se consideró que existían ciertas irregularidades, fue al Superior Tribunal, ordenó un sumario y en ese contexto se tomaron declaraciones testimoniales cuyo contenido abarcaba otras conductas; es por eso que el Superior Tribunal decide remitirlo nuevamente al Consejo en carácter de denuncia”.

“Esto ocurrió, en el medio estuvo la suspensión de actividades en el Consejo por el tema presupuestario y ahora se reanudaron las actividades. La sesión con los 14 consejeros en distintas ciudades de la provincia se realizó la semana pasada en Puerto Madryn. A raíz de la suspensión se acumularon varios temas, y uno de ellos fue éste”, indicó.

En función al sumario por su actuación en el concurso preventivo de Oil Combustibles, Toquier recibió una sanción disciplinaria como consecuencia del sumario del Consejo de la Magistratura, el cual concluyó que no había mérito para una destitución pero sí sanción. Al respecto, Montenovo remarcó que “el Superior Tribunal decide extraer copias sobre otras conductas e ingresar una nueva denuncia al Dr. Toquier. El Consejo determinó que se abre un proceso sumarial para evaluar la conducta del juez”.

“Las conductas denunciadas podían dar lugar, superando algunas etapas, a una destitución”, afirmó y agregó que “hay denuncias vinculadas con delitos”.

Además, planteó que “el Superior Tribunal comunicó el contenido de alguna declaración testimonial obtenida en el marco de un sumario a raíz de la remisión del Consejo, y en función de esto, el Superior Tribunal extrajo las copias y remitió al Consejo y Ministerio Público Fiscal. Luego de analizar esto, la denuncia ameritaba la apertura sumarial”.

Montenovo consideró que “es bueno aclarar que lo único que analiza el Consejo es si el contenido bajo algún punto de vista muy preliminar y si esas conductas denunciadas podrían dar lugar, de acreditarse y superarse todas las etapas, a una destitución. Consisten en delitos cometidos en ejercicio de la función o no, inhabilidad o mal desempeño”.

“Las que tienen que ver con delitos, tienen el inconveniente de que la única que tiene competencia para dirimir es la Justicia Federal, con lo cual es un incidente que se suele analizar cuando hay denuncias”, concluyó.

Y remarcó que “no podemos efectuar calificaciones porque nosotros tenemos un instructor que está trabajando. Una vez que se hace cargo el instructor corren 90 días, pero ese término puede suspenderse”.

“En la ley de enjuiciamiento a magistrados, hay causales que hablan de delito y otras que no. Cuando se hablan de causales, es necesario que intervenga la justicia penal” y “lo concreto hasta ahora es que se consideró precedente una denuncia; es algo sumamente preliminar. Después resta mucho para definir, esto quiere decir de qué causal estaríamos hablando”.

Presupuesto 2018

Ante la falta de partidas presupuestarias, el presidente del Consejo de la Magistratura, Martín Montenovo, confirmó  que “lo comprometido por el Poder Ejecutivo fue cumplido y la Legislatura aprobó el presupuesto del Consejo, por lo que estamos con presupuesto aprobado del 2018”.

 

 

ADN Sur